reforma
Los retrasos en la tramitación y el copago hacen que las familias dejen de solicitar las ayudas a la Dependencia
Un claro ejemplo es Asturias, en el 2007 se registraban 54 solicitudes diarias, actualmente se registran solo 10 solicitudes al día. El exceso de burocracia, los retrasos administrativos y el copago son las principales causas que hacen desistir a las familias de ejercer sus derechos.
Navarra aumenta los requisitos para optar a la ayuda de cuidador no profesional
Navarra está preparando una nueva orden foral que establezca la convivencia como un requisito imprescindible para optar a la ayuda por cuidador no profesional. Antes la convivencia no era un requisito sino una recomendación.
Las reformas introducidas en la ley de Dependencia han hecho que el 90% de cuidadores hayan dejado de cotizar a la SS
Las mujeres son las grandes afectadas por estas medidas. La reforma de la ley de Dependencia supone un retroceso gravísimo en la igualdad de genero.
Cantabria tarda en reconocer la prestación por dependencia casi un año, seis meses más de lo establecido en la Ley
Cantabria tarda en reconocer la prestación por dependencia casi un año, según el último informe de fiscalización del Sistema para la Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que ha elaborado el Tribunal de Cuentas con datos del primer cuatrimestre de 2013,
El Tribunal de Cuentas pone de manifiesto las graves deficiencias existentes en la aplicación de la ley de dependencia
El Tribunal de Cuentas en su informe ‘Informe de fiscalización sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las Comunidades Autónomas para la adecuada aplicación de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia’ denuncia incoherencia normativa, demoras, diversidad de criterios de clasificación,…
Munté lamenta que los discapacitados intelectuales no hayan podido votar
80.000 discapacitados intelectuales que están incapacitados judicialmente en España, no han podido ejercer su derecho al voto, algo que «vulnera derechos y es contrario al principio de igualdad».
Ya hay menos beneficiarios de la ley de Dependencia que cuando Rajoy llegó al gobierno
Se van cumpliendo los planes de desmantelamiento de la Dependencia, ya se ha reducido el número de beneficiarios a niveles inferiores a Diciembre de 2011, cuando Rajoy llegó al gobierno.
Los ciudadanos vascos conservarán sus derechos de dependencia
El consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, desmiente que el gobierno vaya a aplicar recortes a la ley de dependencia. Acusa a la Diputación foral de Guipuzkoa de haber creado alarma social manipulando información.
Nuevo cálculo del copago para dependientes, renta y patrimonio
Para los dependientes catalanes se utiliza una nueva fórmula para el cálculo del copago, se utilizará tanto la renta disponible como el patrimonio del dependiente. La nueva fórmula despierta recelo entre las entidades del sector.
Ley de Dependencia Europea, una demanda de la Agrupación de Electores de Discapacitados y Enfermedades Raras
Está claro que para construir un espacio europeo común tenemos que avanzar en la harmonización de muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. La Agrupación de Electores de Discapacitados y Enfermedades Raras, grupo político que se presentan a las próximas elecciones europeas, solicitan una Ley de Dependencia común para todo el ámbito de Europa.
Dependientes 2, Bienestar Social 0
Dos sentencias del TSJ valenciano dan la razón a dependientes que reclamaron en contra de la resolución de la consejería de Bienestar Social que rebajaba su grado de dependencia. Los dependientes que luchan consiguen revertir las resoluciones arbitrarias de Bienestar Social.
Respaldo unánime al papel representativo de AERTE para regenerar un sector, el de la Dependencia, con futuro
En tiempos complejos, la Asociación logra la adhesión de 10 asociados más en 2013. Durante los últimos tres años, ha aumentado en 28 empresas.
José María Moreno, presidente de AERTE, “el desarrollo de correctas políticas sociosanitarias con la implicación del sector de la dependencia tiene un papel indispensable, más necesario que nunca”.
Manuel Escolano, secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, se ha comprometido a trabajar de forma consensuada para resolver los retos planteados por AERTE.
Respaldo unánime de los asociados al papel representativo de AERTE para regenerar al sector de atención a personas dependientes y el sistema de dependencia. Así se ha puesto de manifiesto en la XXVI asamblea anual, celebrada hoy en Valencia, por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana.
José María Moreno, presidente de Aerte, ha agradecido “el apoyo encontrado en su primer año de presidencia, que nos anima a fortalecer la actividad diaria de la Asociación en defensa de un sector muy comprometido por desempeñar con profesionalidad una importantísima labor social, cada vez más necesaria en la sociedad actual y futura”. Las empresas asociadas, ha añadido, “han continuado prestando servicios asistenciales, anteponiendo su compromiso y vocación a una situación vivida en 2013 verdaderamente insólita y compleja”. Ha apuntado “sentirse muy orgulloso por representarles”.
Así mismo, María José Mira, directora general de Aerte, ha instado a la Administración valenciana “a la imperiosa necesidad de desarrollar políticas sociosanitarias correctoras y novedosas, con la implicación del sector de la dependencia”. Y ha subrayado que, “ahora ese esfuerzo es más urgente que nunca: 22.000 personas dependientes en la Comunidad Valenciana son atendidas en los centros de Aerte pese a los impagos de la Administración, pero más de 10.000 personas dependientes aún no son atendidas. Se trata de uno de los colectivos más vulnerables. El sector, que además no es deficitario para la Administración pública, puede atender a gran parte de ellos, no debe dejarse caer”.
En ese sentido, el establecimiento por parte de la Administración valenciana de un plan de pagos serio; el desbloqueo de los expedientes de personas en situación de dependencia; la creación de un plan de concertación de plazas en el que todo el sector pueda prestar sus servicios en igualdad de condiciones es fundamental; el cumplimiento de la libertad de elección de centros y profesionales; la resolución de Prestaciones Vinculadas al Servicio o potenciar el turismo sociosanitario, son algunas de las iniciativas que la Asociación seguirá reivindicando.
En la clausura de la jornada, Manuel Escolano, secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, se ha comprometido “a trabajar de forma consensuada con el sector, para resolver los retos planteados por Aerte”, y ha citado algunas áreas de trabajo como la mejora de la financiación o la modernización”.
Confianza en AERTE
La junta directiva de AERTE ha expuesto un balance de actividad protagonizado por una confianza demostrada hacia el trabajo desempeñado durante 2013. Un año en el que se han adherido 10 empresas. La Asociación sigue así la senda continuista de crecimiento en número de centros representados en la Comunidad Valenciana. Durante los últimos tres años se han adherido 28 empresas, logrando un total de 234 centros y servicios.
María José Mira, “los retos sociales, políticos y económicos que afronta el sector son diversos y complejos. Por ello, estamos logrando desarrollar una asociación más ejecutiva, ágil y profesionalizada, tanto en el aspecto representativo y de diálogo con las administraciones y otras entidades, como en otros ámbitos de interés como el formativo, legislativo, asistencial, social o de gestión. Un modelo que vive el día a día no sólo de los profesionales, sino de los usuarios y personas dependientes que, como ha demostrado en esta asamblea, esta siendo mayoritariamente apoyado por los asociados.
La dedicación a dependencia merece reconocimiento
Por otro lado, se ha entregado las Insignias de Plata Aerte, que reconocen el esfuerzo y la dedicación al sector. Los galardonados han sido: Joaquín Martínez, por su labor en el ámbito político en defensa de la dependencia; Josep de Martí, director de Inforesidencias.com en la categoría de méritos periodísticos y de investigación, y por su implicación en el trabajo diario, Juan Manuel Pérez, socio-director de GPR Consultores.
Representación institucional y sectorial
La jornada, clausurada por el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano, ha reunido a representantes empresariales y sindicales, así como otras asociaciones de la dependencia y afines, entre otras personalidades.
También se ha contando con dos ponencias de alto nivel. Por un lado, la doctora Ana Urrutia Beaskoa, Presidenta de la Fundación Cuidados Dignos que ha analizado la mejora en los cuidados de las personas en situación de dependencia con la aplicación de la Norma Libera-Ger. Por otra, Josep de Martí, quien ha abordado la evolución de éste en nuestro país durante los últimos años, a través de su libro “Cómo nos engañaron con la ley de dependencia».
El colegio de abogados de Barcelona se posiciona en contra de la suspensión sine-die del Programa Individual de Atención
La reforma de la administración local amenaza a tres millones de personas atendidas por los servicios sociales municipales
El CGPJ pide que no retrasen las resoluciones sobre dependencia para no saturar los juzgados
Juan Manuel Fernández Martínez, presidente del Foro Justicia y Discapacidad y Vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y miembro de la Comisión Permanente pidió ayer en Valencia a las administraciones autonómicas que sean diligentes con las resoluciones de las ayudas a la dependencia para que los tribunales no se saturen. Fernández se ofreció a negociar con las instituciones «para que no se retrasen las resoluciones que judicializan el cumplimiento de la ley de dependencia».
El vocal del CGPJ recordó que algunos jueces han realizado observaciones en sus sentencias respecto a estos retrasos que provocan el archivo de las ayudas cuando los dependientes fallecen. En la C. Valenciana estas demoras superan los dos años y han provocado que 36.000 usuarios mueran sin el derecho reconocido.
El presidente del Foro Justicia y Discapacidad, que forma parte del CGPJ, reconoció que en materia de dependencia se han emitido sentencias contradictorias. «Se ha de procurar una mayor seguridad jurídica porque en esta cuestión se producen pareceres o sentencias diferentes cuando no contradictorias. Es conveniente unificar esos criterios». Por ello, defendió que «la seguridad jurídica ha de guiar a los tribunales para que no se produzcan agravios comparativos entre autonomías». Cabe recordar que un juez de Sevilla ha llegado a arremeter contra la Administración por los retrasos, que en caso de ser intencionados para demorar las resoluciones podrían tener repercusiones penales.
Este jueves se reúne la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano para unificar criterios en materia de dependencia tras haber evidenciado este periódico que dos secciones de la misma sala estaban emitiendo sentencias contradictorias en casos iguales.
Juan Manuel Fernández explicó que el Foro Justicia y Discapacidad tiene como misión «establecer un diálogo institucional respecto a procurar una mayor sensibilidad en el tratamiento de los derechos de las personas dependientes y la eliminación de barreras físicas y socioculturales». «Nuestro deber es establecer este contacto fluido para solucionar todo lo que se pueda en estancias extrajudiciales». Respecto a la discriminación positiva en estos casos recordó que «los tribunales deben ser justos, pero procurar que la igualdad sea efectiva».
Las empresas del sector de atención a mayores y dependientes exigen a la Generalitat Valenciana el pago inmediato de parte de la deuda y un plan de pagos fiable al sector de atención a la dependencia
Organizaciones sindicales y asociaciones empresariales vuelven a acordar un calendario de movilizaciones, y reuniones con administraciones locales, autonómicas y nacionales.
Recuerdan al presidente de la Generalitat que esperan una reunión urgente para que conozca y resuelva la grave situación.
El sector de atención a las personas mayores y dependientes en la Comunidad Valenciana sufre una constante marginación por parte de la Administración Valenciana debido al impago de la deuda acumulada que mantiene, de manera continua y que asciende a más de 80 millones de euros.
La incapacidad de la Consellería de Bienestar Social por solventar esta situación y el constante incumplimiento y discriminación con respecto a otros sectores de los calendarios de pago comprometidos, vuelve a poner en peligro a todo el sector de atención a la dependencia con más de 300 centros y más de 15.000 trabajadores directos que atienden diariamente a alrededor de 30.000 personas mayores en la Comunidad Valenciana (la mayoría mayores y personas con discapacidad).
Ante el agravamiento continuo de la situación y la falta de actuación de la Administración, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana(AERTE); la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS); la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP); y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, han acordado hoy realizar una serie de ACCIONES CONJUNTAS A LO LARGO DEL MES DE ABRIL para que, de forma urgente, la Generalitat valenciana resuelva el desbloqueo de la deuda comprometida de un sector que, de no cobrar de forma inmediata, podría peligrar hasta 15.000 puestos de trabajo directos y estables. Estas acciones consisten en:
- Presentaciones de mociones a los plenos de los Ayuntamientos a celebrar en el mes de abril con el fin de solicitar a la Conselleria de forma conjunta el pago de la deuda.
- Convocatoria a los más de 300 centros en la Comunidad Valenciana que atienden a las personas mayores y dependientes para la presentación conjunta de escritos individuales en un mismo acto y día al President de la Generalitat rogándole su intervención ante un problema de esta magnitud.
Concretamente, el sector exige a la Generalitat Valenciana, que de al sector el mismo trato de financiación que a otros sectores como el sanitario y educativo, además de un compromiso fiable para establecer un plan de pagos real y urgente que se ejecute en tiempo y forma evitando así una situación de impagos masivos de salarios a los profesionales como la que se produjo hace menos de un año y que les llevo a cierres de centros, pérdidas de puestos de trabajo y sanciones de la misma administración por los impagos de las deudas con hacienda, seguridad social o nóminas.
– Los pasados meses de diciembre y febrero se volvieron a solicitar por vía de urgencia las reuniones pendientes con el President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, de cara a que pueda conocer personalmente la situación insostenible por la que atraviesa el sector en la Comunidad Valenciana, donde el periodo de tiempo sin cobrar las cantidades pendientes es cuatro veces superior a la media, algo insólito en otras autonomías. Por ello, se reclama la actuación del President para que adopte de forma inmediata acciones para solventar esta dramática situación.
– El pasado 26 de diciembre mantuvieron una reunión con el Director General de IMSERSO, César Antón, quien se comprometió a instar a la Conselleria de Bienestar Social a cumplir con los compromisos adquiridos con las empresas
Deuda acumulada.
Deuda acumulada de la administración autonómica valenciana a 31 de marzo con el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana es:
Tipología de Centro |
Deuda a 31 de Marzo de 2014 |
Aclaración plazos |
|
Plazas Públicas Discapacidad | 19.920.000,00 € | desde mayo 2013, salvo confirming | |
Plazas Públicas Mayores | 20.277.000,00 € | desde octubre de 2013 | |
Plazas de Accesibilidad Social | 36.522.000,00 € | desde mayo 2013 | |
Prestaciones Mayores | 2.125.000,00 € | desde septiembre 2013 y algunos todo el 2013 | |
Prestaciones Salud Mental y Tutelados | 4.900.000,00 € | desde abril 2013 e incluso todo el 2013 | |
Total | 83.744.000,00 € |
Fallece Jomián Leonel, un niño dependiente al que el Gobierno de Cospedal negó la ayuda económica
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha informado del fallecimiento de Jomián Leonel, el niño gran dependiente de 13 años, con un grado de minusvalía del 100%, a cuya familia la Junta no le reconoció el derecho a la prestación económica por cuidarle en su domicilio.
En una emotiva carta, el presidente Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, José Luis Gómez-Ocaña Pérez, asegura que “en estos momentos difíciles, muy difíciles, por respeto a Jomián, a su madre y a sus hermanos, nos quedaremos aquí. Tiempo habrá de analizar e ir poniendo sobre la mesa las consecuencias de muchas actitudes y formas de actuar, tiempo habrá de poner nombres y caras a todo los responsables de lo que está ocurriendo”.
Yulisa Ramírez, la madre del niño fallecido hizo una ronda por los medios de comunicación para denunciar que la Junta de Castilla-La Mancha le había negado la prestación económica y debe pagar por adelantado los cuidados de su hijo, de la mano de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia que criticó públicamente el caso de este niño con parálisis cerebral severa.
La situación de esta familia fue denunciada por el l presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, en un artículo enviado a elboletin.com en el acusaba al Gobierno de María Dolores de Cospedal trata a las personas como “ciudadanos de segunda” que deben ser cuidados por “caridad” y por sus familiares.
Precisamente, la gota que colmó el vaso de la paciencia de esta plataforma fueron las “cálidas” palabras con las que dicen fue recibida “por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha la madre de Jomián”. La respuesta que según esta plataforma le dieron a esta madre fue: “Si has criado a tu hijo a tus espaldas durante trece años bien puedes seguir haciéndolo». “Si tu hijo no puede seguir estudiando pues que no estudie, en la vida no se puede tener todo”.
Gómez-Ocaña dice que ahora “Yulisa, su madre, rota de dolor podrá levantar la cabeza y seguir caminando por la vida con el recuerdo de su hijo en el alma y la cabeza bien alta. ¿Podrá decir lo mismo el o la responsable de dar a este niño una prestación de prevención de dependencia?, ¿A qué precio estamos pagando la “contención del déficit”? ¿Quién es el o la responsable de que su madre no haya podido estar con su hijo en la hora de su muerte? ¿Consideran nuestros gobernantes que esto ya si es una línea roja intraspasable?
Más del 90% de las entidades del Tercer Sector podrían desaparecer con la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno
La Plataforma del Tercer Sector (PTS) organiza el próximo lunes 31 de marzo un Seminario dirigido a directivos y técnicos de las entidades del sector para analizar la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno y sus consecuencias para el Tercer Sector que pasan porque más del 90% de sus entidades podrían desaparecer si el anteproyecto sigue adelante, poniendo en peligro los servicios que prestan a los colectivos más vulnerables.
El Anteproyecto que modifica la Ley General de Subvenciones hasta ahora vigente conduciría a un verdadero calvario administrativo y a un altísimo riesgo financiero para las organizaciones del Tercer Sector dado el enorme empeoramiento que este Anteproyecto de Ley implica en cuanto al acceso a las subvenciones, el cobro de anticipos, los porcentajes de cofinanciación, los procesos de justificación, y el régimen sancionador exorbitante.
En lo referente a aspectos relativos a cofinanciación, la Plataforma recuerda que el Anteproyecto establece un sistema de cofinanciación para todas las entidades objeto de subvención con independencia de los programas que se desarrollan, lo que implica que los servicios que se prestan a las personas en riesgo de exclusión social a través del Tercer Sector, tendrán que ser cofinanciados con otro tipo de fondos privados.
La Plataforma recuerda que el sistema de servicios sociales y de mantenimiento de los derechos sociales básicos “no es una responsabilidad de la cual la administración pública pueda liberarse, dejándola en manos privadas, ya que resulta básico para el correcto funcionamiento democrático de una sociedad inclusiva”.
Además, insiste en que el sistema de cofinanciación lleva a la situación paradójica de que sean las propias entidades sociales las que están financiando a la administración pública para el cumplimiento de sus obligaciones con la ciudadanía más desprotegida.
De mantenerse la redacción propuesta, tal y como está redactada la cofinanciación, abocaría a muchas entidades receptoras de subvenciones del sector social a su material desaparición o bien a permitir la entrada de capital privado y lucrativo.
Sobre los aspectos relativos a la finalidad y posibles entidades receptoras, la PTS alerta de que la indefinición en algunos artículos puede abrir la percepción de subvenciones a entidades privadas que persiguen fines lucrativos. Es por ello que se pretende traer al artículo el concepto de “interés general” que figura en el texto de la Ley vigente.
En cuanto a los aspectos relativos a regulación de anticipos, la PTS lamenta que en la propuesta no se plantee modificar el artículo que establece que el pago de la subvención no se realizará hasta su justificación y recuerda que para las entidades del Tercer Sector de Acción Social tiene una especial incidencia la necesidad de liquidez para hacer frente a sus objetivos, por los que se ejecutan proyectos sociales de atención directa a colectivos vulnerables, que como norma general deberían comprender el pago anticipado de la subvención.
En caso contrario se obliga a las entidades a actuar sometidas a condiciones de crédito. De mantenerse la redacción propuesta, la regulación hará que sea casi imposible que entidades sin grandes recursos patrimoniales puedan abordar actividades subvencionadas.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha tenido varios encuentros en el marco de la Comisión de Diálogo Civil con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para abordar esta reforma.
Seminario Ley de Subvenciones
El Seminario organizado por la Plataforma, abordará, entre otras cuestiones, la experiencia del Tercer Sector en la tramitación de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y su impacto en el Tercer Sector, el anteproyecto de la nueva Ley General de Subvenciones y las principales novedades respecto a la legislación vigente, y previsible impacto en el sector.
Se trata de un coloquio abierto para debate y propuestas de las entidades del Tercer Sector sobre el anteproyecto de Ley. Posteriormente, se redactará un documento de conclusiones con los aspectos más relevantes abordados durante la jornada.