reforma
Más de 9.300 cuidadores dejan de cotizar por los recortes en dependencia
Los recortes en materia de dependencia se han llevado por delante las cotizaciones de más de 9.300 cuidadores no profesionales en la provincia. La decisión del Gobierno hace poco más de un año de dejar de financiar las cuotas de estas personas, en su mayoría mujeres, ha provocado que vuelvan a engrosar las listas del paro. Así, las últimas estadísticas disponibles del Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestran que a fecha de 30 de noviembre de 2013 sólo había 732 cuidadores afiliados en Málaga, frente a los 10.131 que estaban dados de alta en octubre del año anterior, justo antes de que entrara en vigor la medida del Ejecutivo.
Esto supone que apenas el 7% siguen cotizando para poder cobrar una pensión en un futuro, haciéndolo de su propio bolsillo. Al suprimirse el régimen especial de cuidadores no profesionales en la Seguridad Social, la Administración del Estado ‘invitó’ a los afectados a costearse sus cotizaciones extinguiéndose así el convenio especial suscrito en 2007 para que los cuidadores no profesionales pudieran regularizar su actividad. Durante los primeros meses, hasta final de 2012, se bonificaron las cuotas de quienes decidieran seguir afiliados, con un descuento del 15%.
Pero son pocos los que pueden hacer frente al pago de las cotizaciones, que ascienden a 163,04 euros al mes, máxime cuando la reforma de la Ley de Dependencia de 2012 -Real Decreto 20/2012, de 13 de julio- estipuló además un recorte del 15% en las prestaciones que venían recibiendo. El hecho de que una persona deje de cotizar a la Seguridad Social no significa que no pueda continuar como cuidadora no profesional a efectos de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Esta cantidad, que reciben más de 20.000 personas y que rondaba los 370 euros al mes, se vio reducida en unos 55.
Cobrar una pensión
La figura del cuidador no profesional es una de los recursos que la ley reconoce a los dependientes y su valor reside en que se trata de una persona cercana al enfermo o anciano que posibilita que su vida diaria se desarrolle en casa. Aunque hay más de 20.000 en la provincia, solo han llegado a estar afiliados en el régimen especial aproximadamente la mitad porque el resto ya cotiza por otros trabajos o bien están jubilados, como explica el presidente de la Asociación Española de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, que señala que los 732 cuidadores que continúan afiliados -654 mujeres y 78 hombres- lo hacen en su mayoría «porque necesitan cotizar para garantizarse una pensión al estar cercana su jubilación».
Para este especialista, la expulsión de la Seguridad Social de la mayor parte de los cuidadores al no costear el Gobierno sus cotizaciones supone «la pérdida de un derecho subjetivo». Además, a su entender, «desde la perspectiva feminista se trunca un estatus reconocido a las mujeres en 2007». «Las políticas sociales no son políticas de género, pero las mejores políticas de género son las políticas sociales», señala. «Para el Gobierno supone un ahorro, pero es un recorte de mil millones de euros al dejar de pagar las cotizaciones y fastidiar a las mujeres», denuncia Ramírez.
A nivel nacional se han perdido más de 154.000 cotizantes desde la entrada en vigor de la medida que suprime el pago de las cuotas por parte de la Administración. Tras Madrid (881) y Barcelona (2.038), Málaga es la provincia con más personas afiliadas como cuidadores en el ámbito familiar, aunque esta cantidad cae mes a mes desde noviembre de 2012.
El Consell renueva las 2.000 plazas a geriátricos impulsados por Cotino
La historia se repite. Los beneficios que otorga la Conselleria de Bienestar Social a los geriátricos impulsados por el presidente de las Cortes, Juan Cotino, siguen año tras año. Los motivos no están claros, no se sabe si se debe al continuismo de la política del Consell o la ‘alargada sombra’ o poder del presidente de las Cortes.
Sea por un motivo o por otro, y a pesar de las quejas del sector, las 2.000 plazas que el pasado año concertó la Conselleria de Bienestar Social a las residencias del modelo Cotino serán renovadas en los próximos días para darles continuidad en 2014.
La Conselleria ubicada en el complejo 9 d’Octubre ya tiene preparada una orden para mantener el concierto al grupo de geriátricos que disponen de plazas de accesibilidad, entre las que se hallan las quehan pertenecido al sobrino del político valenciano, Vicente Cotino Escribá: Gerocentros y Savia. En concreto, este grupo de residencias consolida el segundo tercio de las plazas de que ya disfrutaba y amplía su concierto con 2.000 plazas que se suman a las 2.000 que ya tenía desde 2001.
Con lo cual los geriátricos AECAS -9 empresas- mejoran su situación al pasar a tener un total de 4.000 plazas concertadas, que son las primeras que se cubren cuando exista demanda de la población y las que primero cobran, para colmo del resto de residencias que no disponen de estos privilegios.
El hecho de que se vuelva a concertar las plazas a los centros del ‘modelo Cotino’ ha generado la consiguiente sorpresa y malestar en el resto de geriátricos porque el equipo actual de Bienestar Social -tanto la consellera Asunción Sánchez Zaplana, como la secretaria autonómica Nela García– habían dado esperanzas de no beneficiar sólo a 9 empresas.
De hecho, el ex conseller Jorge Cabré y el ex secretario autonómicoJoaquín Martínez rechazaron por escrito la ampliación de plazas para las residencias que estuvieron vinculadas a los Cotino ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De forma oficial, Bienestar Social se negaba a asumir el convenio que les permitía conseguir además del tercio de plazas del que ya disponen, que posteriormente recibieran los otros dos tercios restantes, hasta completar el 100% de las plazas. Desde Bienestar Social se argumentó que estos geriátricos no pueden beneficiar «un derecho de monopolio».
Estos geriátricos privilegiados habían consolidado el primer tercio de las plazas porque lo obtuvieron en 2001 y en repetidas ocasiones han reclamado a la Administración que cumpla con el convenio y les ceda el segundo y el tercer tercios, que les permitirían lograr 6.000 plazas.
No en vano, EL MUNDO denunció en mayo de 2010 que Juan Cotino benefició a las empresas de su familia al crear y poner en marcha varias normativas de gestión de residencias de la Tercera Edad que mejoraban sus condiciones de negocio mientras él era responsable de Bienestar Social, entre el 29 de junio de 2007 y el 28 de agosto de 2009. Con la orden del 5 de diciembre de 2007, Cotino amplió el número de plazas financiadas por la Conselleria que él dirigía. En aquella orden, el político de Xirivella eliminó la limitación contractual de un tercio que había en un principio y la amplió para que el grupo de residencias entre las que su familia había impulsado llegaran al 100% de las plazas existentes.
Esta trayectoria de mejoras para los geriátricos que promocionó Cotino se han venido repitiendo con contratos puntuales, pero desde el 31 de marzo de 2012 el contrato no se había renovado.
Por ello, llama la atención que Bienestar Social haya cambiado radicalmente sus argumentos y siga con condiciones más ventajosas para estas residencias a pesar de que había criticado que el convenio de 2001 se realizó «con reconocimiento expreso de la absoluta preferencia de estos centros para la cobertura de las plazas» y que «resulta inexplicable que se pida [por parte de los centros del modelo Cotino] la contratación de la totalidad de las plazas y se reconozca responsabilidad patrimonial».
Incluso, desde Bienestar Social se llegó a criticar que para aumentar el concierto se había forzado a que los geriátricos redujeran un 9% del precio de las plazas. De esta forma pasaron de cobrar 1.850 euros por paciente a 1.600 euros.
Desde la Administración también se recordó que se había consultado al resto del sector, a las asociaciones Aerte y Lares, para que mostraran su conformidad por carta sobre la ampliación de plazas concertadas a sólo un grupo de empresas. Una cuestión generó grancabreo a la mayoría de empresas porque consideran que han sido agraviadas frente a las impulsadas por la familia Cotino.
Este diario llamó a Bienestar Social para conocer el motivo de la renovación de la concertación de las plazas con las residencias impulsadas por el presidente de las Cortes pero, tras varios días de espera, no ha recibido respuesta.
La atención a la dependencia seguirá en picado en 2014: 31.000 grandes dependientes menos
El pasado año ha sido probablemente el más duro para los dependientes y sus familias desde que la Ley de Dependencia se pusiera en marcha en el 2006. El Estado ha reducido el nivel mínimo un 13% (aporte a las CCAA), ha suprimido el nivel acordado (se perdieron 283 millones para atención a la dependencia), se ha reducido un 15% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares, se ha incrementado el copago de los enfermos, se ha eliminado la cotización a los cuidadores y se ha aplazado la entrada de nuevos usuarios hasta 2015. Con este panorama, desde que Rajoy llegó a La Moncloa se han contabilizado 62.690 grandes dependientes menos en el sistema.
El año que acaba de comenzar no presenta mejores expectativas para aquellos que están pendientes de una valoración o que ya están dentro del sistema. En octubre de 2011, las personas dictaminadas con un grado III de dependencia (el mayor de todos, llamado ‘Gran Dependencia’, que supone que necesitan ayuda para realizar diversas actividades básicas de la vida diaria varias veces al día con el apoyo continuo de otra persona para lograr autonomía) eran 433.290. En octubre de 2013 han bajado a 332.627 con 37.973 incorporaciones (antes de que se paralizaran), de manera que el total de grandes dependientes suma 370.600.
Estas cifras oficiales del Ministerio de Sanidad muestran que se han perdido 2.588 grandes dependientes cada mes. De seguir la tendencia actual, en 2014 habrá 31.000 grandes dependientes menos, hasta quedar reducido su número a 340.000, según los cálculos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. «Esta reducción se explica básicamente por tres motivos: hay bajas por fallecimientos de las personas, estas bajas no se están reponiendo con nuevos usuarios atendidos y además en algunas comunidades se están realizando revisiones de grado a la baja«, comentaba José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación.
Las mencionadas revisiones de los dependientes han dado lugar enalgunos casos a una reducción de grado, algo que tiene su explicación en la necesidad de recortar las prestaciones económicas principalmente. Según los límites establecidos, un dependiente valorado con un grado III nivel 2 (existen tres grados de dependencia y cada grado se divide a su vez en dos niveles) podía llegar a percibir por cuidados familiares en enero de 2013 un máximo de 520 euros, que quedaban en 387 tras el Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio. Rebajando un grado la valoración, el máximo a percibir sería de 337 euros al mes (268 tras la medida de julio), lo que supone un ahorro neto de 183 euros mensuales. Lo mismo ocurre con la prestación vinculada o con la ayuda a domicilio, en cuyo caso se reduciría el número de horas de ayuda.
«Es cierto que la rebaja de grado supone también una merma en la entrada de recursos estatales, pero les compensa. Por el dependiente de grado III nivel 2 con cuidados familiares la Comunidad Autónoma recibiría 231 euros al mes y una rebaja de grado supondría percibir únicamente 89 siendo grado II nivel 2. Esto con una merma de ingresos de 141 euros pero con cierta ‘ganancia’ neta mínima de 41 euros al mes que se acrecentaría en función del copago por parte del usuario en la prestación económica», explican desde la Asociación Estatal.
También la Administración General del Estado se beneficia de estas medidas, ya que reduce notablemente su aportación a las comunidades para la gestión de la dependencia. Si entre octubre de 2011 y febrero de 2012 debía transferirles 90 millones de euros por el nivel mínimo de las personas con grado III, desde julio de 2013 se ha reducido la cifra a menos de 70 millones, por lo que soncasi 25 millones de ahorro, «unos 23 si tenemos en cuenta ese 10% de grandes dependientes valorados pero sin Programa Individual de Atención (PIA)», comentan.
Lucha incansable
Pese a la pésima situación actual de la dependencialos actores sociales no han dejado de denunciar las medidas adoptadas y la manipulación de datosque dicen que lleva a cabo el Ministerio que ocupa Ana Mato y el IMSERSO, quien el pasado noviembre habría difundido unas estadísticas con un incremento mensual de más de 14.000 personas atendidas. «Este Observatorio ha analizado estos datos y ha recabado información de las Comunidades Autónomas de forma que está en condiciones de afirmar que el “cambio de tendencia” desgraciadamente no es tal sino que se trata de datos no depurados con las bajas de personas fallecidas correspondientes al cruce de los datos de vivencia facilitados por el Ministerio de Justicia en el último mes. Es notorio que tras la supresión de los niveles, las personas dictaminadas con grado y nivel no pueden hacer sino disminuir su número a medida que se producen las bajas por fallecimiento. Por el contrario, los nuevos dictámenes (sólo de grado) son los que deberían mantener una línea ascendente. Si no fuera por lo dramático y serio del asunto,se podría decir que el IMSERSO ha “resucitado” este mes a más de 4.000 personas dependientes», decían desde la Asociación Estatal.
Precisamente para protestar por la suma de todo lo anterior, el pasado 20 de diciembre presentaron en el Congreso, junto con laCoordinadora Estatal de las Plataformas en defensa de las LAPAD,250.000 firmas para pedir al Gobierno que cumpla con la Ley de Dependencia. «Se está produciendo una derogación encubierta y una demolición controlada de la ley. En noviembre de 2011 eran 1.048.424 las personas dependientes con derecho a atención, y en noviembre de 2013 se reduce a 940.642. En sólo dos años son 107.782 personas menos a las que se les reconoce el derecho a las atenciones. Son 148 bajas diarias en el sistema desde que gobierna Rajoy. El sistema tiene cuatro beneficiarios menos cada día en este periodo. Es inadmisible y cruel revertir esto con eufemismos como «mejora» o «sostenibilidad» del sistema o de la ley», concluye Ramírez.
Nueva sentencia para aplicar la Ley de Dependencia a internos en el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina
Tras una tercera sentencia a favor de los residentes, familiares de personas que se encuentran en el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina han creado una plataforma para exigir el cumplimiento de la Ley de Dependencia por parte de la Junta.
Y es que las sentencias les dan la razón a quienes habían denunciado que están pagando una residencia pública como si fuera privada.
La plataforma ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que considera “improcedente” que los residentes de este centro, con los beneficios reconocidos de la Ley de Dependencia, paguen su plaza íntegramente como si fuera privada.
Se trata de una sentencia del mes de octubre, que se une a otra similar de mayo, en la que se falló de manera similar a favor de una persona interna en la residencia, y a otra en el mismo sentido de 2012.
Sentencia para todos
En la nueva sentencia se fija un criterio “extensible” a todos los afectados, que en Ávila podrían ser más de 40, por lo que algunos familiares han decidido adoptar las medidas necesarias para que la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León garantice el cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Las medidas incluirán el requerimiento para que se deje de cobrar como si estas plazas fueran privadas y se cobre únicamente el precio de referencia en cada caso.
Los promotores de la plataforma reclamarán la totalidad de las cantidades que cada residente ha abonado sin tener obligación a ello.
Según han asegurado en un comunicado, tienen constancia de que las administraciones central y autonómica han ingresado a la Diputación de Ávila “toda o parte” de las cantidades que correspondían a los residentes por aplicación de la Ley de Dependencia, aunque institución provincial no ha transferido esas cuantías a los beneficiarios ni se han aplicado a financiar el precio de la plaza residencial.
Consideran que, “de ser así, se habría producido un hecho gravísimo”, ante lo que consideran una posible “indebida retención”.
La Plataforma de Afectados por el Incumplimiento de la Ley de Dependencia del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina anuncia denuncias ante los organismos e instancias judiciales, y han invitado a todos los afectaos a agruparse para “depurar responsabilidades”.
La falta de DNI deja sin cobrar los atrasos a familias de niños con discapacidad
Padres de niños con alguna discapacidad denuncian impagos por parte de la Junta de Andalucía debido a un trámite burocrático. Al parecer, sus hijos no han podido cobrar los pagos correspondientes a los dos últimos años por el concepto de retroactividad en la concesión de sus prestaciones de la Ley de Dependencia -ya desaparecido- porque no contaban con DNI, al no ser obligatorio hasta los 14 años. Una situación que también salpica a las familias de personas dependientes fallecidas, que también tienen derecho a este pago.
En agosto del pasado año, entró en vigor el Real Decreto que modifica la Ley de Dependencia y que incluye una serie de «medidas de racionalización para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad». Uno de los cambios que se incluían es que se eliminaba la retroactividad en los pagos de a las personas dependientes.
Hasta ese momento, la norma garantizaba un periodo máximo de seis meses desde que la persona dependiente solicitaba la valoración hasta que se le concedía la prestación correspondiente con su grado y nivel. Si el Estado, a través de las Comunidades Autónomas -que son las encargadas de la ejecución de la ley-, tardaba más de ese periodo, tenía la obligación de pagar al beneficiario por todos los meses de retraso que se acumulasen hasta que recibiese la ayuda. No es la primera modificación que sufre la retroactividad ya que, en su origen, le Ley de Dependencia preveía abonar la retroactividad desde el mismo día en el que se solicitaba la misma y fue cambiado por el Gobierno de Zapatero en el año 2010.
Pero una cosa era tener el derecho a cobrar el dinero por los atrasos y la otra era cobrarlo. Muchas de estas familias se toparon con la crisis económica y no empezaron a recibir el dinero hasta que el Gobierno del PSOE acordó un plan de pagos que preveía saldar la deuda entre 2011 y 2016 en cinco cuotas cada primer trimestre del año. Sin embargo, las 24.500 familias andaluzas afectadas -según el Defensor del Pueblo Andaluz- solo habían recibido el importe del año 2011.
Plan de pago a proveedores
Al menos hasta hace unas semanas. Del total de afectados, unas 20.000 personas ya han cobrado la cuota del año 2012. El Gobierno central aprobó el pasado junio que la Junta incluyese los pagos de la retroactividad de la Ley de Dependencia dentro del plan de pago a proveedores. El problema es que para incluirlos en esta opción, era necesario aportar el DNI. Y muchos niños no lo tienen o no lo tenían en el momento en el que hicieron la solicitud de la Ley de Dependencia.
Según indican desde la Plataforma de afectados por los atrasos de la Junta de Andalucía por la retroactividad de la Ley de Dependencia creada en Facebook -que cuenta con más de 1.200 familias andaluza-, actualmente hay unos 2.000 menores acogidos a la Ley de Dependencia en la Comunidad, según el último informe del Defensor del Pueblo Andaluz, y un alto porcentaje podrían estar afectados por esta «situación dantesca».
«Dependientes de segunda»
Uno de los casos es el de Carlos González. Su hijo de siete años tiene Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDA-H). Solicitaron la Ley de Dependencia en el año 2008. Se la concedieron en mayo del año 2011. Le deben 3.400 euros en total y solo ha cobrado una quinta parte. «Mi hijo se ha convertido en un dependiente de segunda clase; después de casi dos años sin respuesta, ahora vemos que otras personas beneficiarias están cobrando y nosotros no por un mero trámite burocrático, y el dinero es necesario; mi hijo tiene también fagofobia y cada semana tengo que gastar 100 euros en batidos especiales», señala. Lo peor es que su hijo ya tiene DNI desde hace algunos años. «Cogieron los datos del expediente de 2008 y no nos alertaron de que esto podía pasar; si no, podríamos haberlo tramitado», se queja.
La malagueña Mar Castillo, que tiene un hijo con el 87% de minusvalía visual, tiene una historia parecida. Le deben 1.815 euros de los que solo ha cobrado 397. «En mi caso, el problema no es el DNI, sino que hicimos un cambio de residencia y no han actualizado los datos para avisarnos», dice.
Fuentes de la Delegación de Salud y Bienestar señalan que la Junta está a punto de abonar los pagos a las personas que se han visto afectadas y que en cualquier caso, cobrarán antes del 31 de diciembre. Aunque ya no se les pagará desde el plan de pago a proveedores sino desde la propia Consejería. Aunque no indican ninguna cifra, indican que esta situación ha afectado «a muy pocas familias».
El dinero que se gaste en dependencia tendrá que ser certificado
Las comunidades autónomas tendrán que remitir cada año un certificado al IMSERSO para acreditar en qué han gastado el dinero que reciben del Estado para atender a sus ciudadanos en situación de dependencia, una medida que se acordó en el Consejo Territorial del ramo en julio de 2012 y que entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
Así lo recoge el proyecto de Real Decreto por el que se regula el nivel mínimo de financiación –el importe que aporta el Estado– de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que aprobará previsiblemente el Consejo de Ministros este viernes y al que ha tenido acceso Europa Press.
El documento fija esa aportación estatal en los términos recogidos en el Real Decreto de medidas de estabilidad presupuestaria aprobado en 2012, es decir, consolida el recorte de las ayudas, que pasaron de 231,28 euros por cabeza para los casos de gran dependencia Grado II –los más severos– y 157,26 euros para la gran dependencia Grado I, a 177,86 euros en ambos casos.
Asimismo, establece las condiciones en que los gobiernos autonómicos tendrán acceso a ese dinero: tendrán que expedir un «certificado acreditativo de su aportación» para la financiación del sistema «a más tardar el 30 de abril de cada año» que refleje la actividad realizada en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior.
Así, tendrán que reseñar el número de personas beneficiarias atendidas por cada grado, el número de servicios y prestaciones económicas percibidas por sus beneficiarios y el detalle de los gastos corrientes directamente ejecutados para la atención de los dependientes, tanto los que ya tenían las ayudas, como los que se hayan dado de alta en ese periodo.
«El certificado será expedido por la persona titular del órgano competente de la comunidad autónoma responsable de la gestión de la atención a la dependencia, con el visto bueno y conforme del representante de la intervención de la comunidad autónoma, para los datos económicos y presupuestarios», concreta el proyecto.
La Administración General del Estado abonará las cuantías correspondientes mes a mes, previa presentación de otro certificado que acredite las altas y bajas de sus beneficiarios, los traslados, las revisiones, la suspensión de la prestación y cualquier otra modificación en los expedientes que se haya producido. Deberá estar firmado por el responsable autonómico de dependencia.
No será el único trámite a realizar. Los gobiernos regionales deberán ‘subir’ al Sistema de Información del Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) todos los datos relativos a las resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia: el grado de las personas beneficiarias, la prestación reconocida, la fecha de efectividad del derecho, la capacidad económica de los dependientes y su aportación al coste del servicio, en su caso. Sin este trámite previo, no habrá transferencia de fondos.
El Consejo de Ministros aprobará también este viernes otro Real Decreto sobre dependencia que habrá de regular las prestaciones. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge todas las normas de desarrollo de la Ley que se han venido aprobando desde su entrada en vigor, incluidas las de reforma impulsadas por el Ministerio de Sanidad desde el año 2011.
Así, persigue dar uniformidad nacional a asuntos como la documentación necesaria para formalizar la solicitud de ayudas a la dependencia, las intensidades de protección que requieren las distintas situaciones de los beneficiarios, o el régimen de compatibilidades de servicios y prestaciones, conforme los decretos al respecto que ya están en vigor.
El Sistema de Dependencia «está tocando techo», según el IMSERSO, que cifra en 750.000 los que reciben prestación
El número de personas que recibe algún tipo de prestación por dependencia ha crecido desde el pasado mes de enero en un total de 2.693 personas, hasta alcanzar la cifra de 754.244 que reciben algún tipo de ayuda económica, según ha informado el director general del IMSERSO, César Antón.
El crecimiento de este año ha sido menor al del año pasado, cuando la cifra creció en 12.694 personas, aunque Antón ha matizado que la diferencia se debe, entre otras razones, a que el sistema «está tocando techo».
«Las cifras de crecimiento no pueden ser las mismas ahora que cuando se puso en marcha el sistema, en 2007», ha señalado.
El crecimiento se ha producido en un total de doce comunidades autónomas, encabezadas por la Comunidad de Madrid, que han sumado un total de 26.264 beneficiarios de las ayudas, pero la cifra queda reducida por el descenso del número de ayudas que se conceden en otras cinco, entre las que destaca Andalucía, con más del 80 por ciento de la reducción, según ha indicado Antón.
Según el director general del IMSERSO, la reducción de las ayudas concedidas en algunas comunidades y el aumento de un 17 por ciento del número de solicitudes rechazadas en el conjunto del sistema no se debe a un endurecimiento de las condiciones de acceso dado que el baremo para acceder a las mismas «sigue siendo el mismo y corresponde a un Real Decreto de 2010».
Por otra parte, desde que el actual Ejecutivo asumió la gestión del sistema, el número de beneficiarios del mismo ha crecido en más de 180.000 personas y las listas de espera para acceder a las ayudas se han reducido en 112.000 personas (un 35 por ciento menos), ha asegurado el responsable del IMSERSO.
Así, un total de 193.239 personas han sido reconocidos como «beneficiarios» aunque la concesión de prestaciones se encuentra aún «tramitándose», según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la solicitud de otras 296.337 personas ha sido «valorada» aunque el reconocimiento del grado de dependencia aún no es efectivo.
En este sentido, Antón ha señalado que «nadie está contento de que haya tantas personas en la lista de espera», pero ha valorado positivamente el hecho de que se haya reducido cerca de un 36 por ciento.
De hecho, ha recordado que, pese a las críticas recibidas tras la reforma del sistema de pensiones, «los datos están ahí» y ha señalado que el sistema «se ha mantenido» y ha obtenido un leve crecimiento «en el peor momento económico de la democracia».
Además, ha señalado que «ya no habrá más medidas ni ajustes en el sistema de atención a la dependencia más allá de la evaluación y el seguimiento» y ha recordado que tanto la cuantía como el catálogo de las prestaciones y las condiciones de acceso a ellas «se han mantenido intactos», a excepción de las ayudas a familiares, que se redujeron un 15 por ciento de forma pactada con las comunidades autónomas.
CRECEN LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
Como resultado de ello, ha explicado que ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social de trabajadores del sector de atención a la dependencia en un total de 6.218 personas en lo que va de año, hasta alcanzar los 342.147 trabajadores hasta el 30 de noviembre. «Son pocos, pero es un primer paso», ha asegurado el director general del IMSERSO.
Además, ha señalado que «se está estudiando algún tipo de cualificación» o reconocimiento de las capacidades para ejercer la actividad que sirva como marco regulador y que tenga un posible «efecto llamada» sobre las personas en situación de desempleo que puedan realizar estas tareas.
De este modo, además, se conseguiría tener «no solo una lista de personas que demandan estos servicios sino también una de personas cualificadas para ello. Así se agilizaría el trámite», ha asegurado.
Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia piden más presupuestos
Con motivo de cumplirse el séptimo aniversario de la promulgación de la Ley de Dependencia, distintas asociaciones, entre ellas la de Castilla-La Mancha, pidieron a los Gobiernos central y autonómicos más presupuestos.
Con motivo de cumplirse hoy el séptimo aniversario de la promulgación de la Ley de Dependencia, distintas asociaciones, entre ellas la de Castilla-La Mancha, pidieron a los Gobiernos central y autonómicos más presupuestos.
En un comunicado, la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (Lapad), cuyo portavoz es el toledano José Luis Gómez-Ocaña, exigió a los gobernantes que doten a las distintas administraciones de los presupuestos y las herramientas adecuadas para su desarrollo completo.
«Un Gobierno que deja desprotegido a sus ciudadanos más débiles, es un Gobierno injusto y desalmado», según esta Plataforma, que explicó que se ha pasado de «la esperanza» surgida en 2006 con la aprobación de la ley hasta el momento actual, en que los derechos reconocidos «retroceden a pasos agigantados».
La Lapad consideró que los distintos Gobiernos «al amparo de la crisis económica están llevando a cabo toda una batería de recortes presupuestarios en materia de dependencia» con «distintos repagos y copagos» que llevan a en muchas personas dependientes a tener que abandonar tratamientos y terapias que afectan a su salud y su calidad de vida.
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) señaló en una nota que la Ley de Dependencia «ha traído más decepciones que soluciones a los centenares de miles de personas con discapacidad y mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía personal».
«Los crecientes recortes» han llevado a un fracaso colectivo que ha defraudado las enormes expectativas de mejora de la atención que habían depositado en este texto legal las personas mayores y con discapacidad», según el CERMI, que hace un balance «negativo» de la legislación promulgada hace siete años.
El CERMI reclamó por ello «un auténtico pacto de Estado que revitalice la ley y su aplicación, corrigiendo los errores cometidos, orientando el sistema hacia la autonomía personal y garantizando una financiación adecuada».
Cermi: «la ley de dependencia, un intento fallido siete años después de su aprobación»
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) hizo un balance negativo de los siete años que se cumplen este sábado de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Para el comité, este dispositivo normativo «ha traído más decepciones que soluciones a los centenares de miles de personas con discapacidad y mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía personal».
La entidad que preside Luis Cayo Pérez señaló en un comunicado que «la falta de voluntad, los desencuentros y los crecientes recortes de los distintos gobiernos y administraciones públicas responsables de su puesta en marcha en estos siete años han llevado a un fracaso colectivo que ha defraudado las enormes expectativas de mejora de la atención que habían depositado en este texto legal las personas mayores y con discapacidad».
«Siete años después de su entrada en vigor, el balance que hace el movimiento social de la discapacidad no puede ser más que negativo, ya que estamos lejos de ver implantado un sistema de protección social, con rango de auténtico derecho, que proporcione apoyos reales y efectivos para promover la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad y mayores», afirma la nota.
El comité tiene una sensación «de oportunidad desaprovechada y de intento fallido, que revela la incapacidad de las estructuras de poder del país, para conectar con las necesidades genuinas de la población más expuesta a la vulneración de sus derechos y darles soluciones eficaces a la altura del problema».
Ante esta «triste» situación, el Cermi reclama «un auténtico pacto de Estado que revitalice la Ley y su aplicación, corrigiendo los errores cometidos, orientando el sistema hacia la autonomía personal y garantizando una financiación adecuada que no haga recaer el esfuerzo una vez más en las personas con discapacidad y mayores, y en sus familias».
Inician una recogida de firmas para pedir anulación acuerdo ICASS y patronal
La asociación Drets de la Gent Gran de Barcelona ha iniciado hoy una campaña para recoger firmas para pedir la abolición del acuerdo que firmó la consellería de Bienestar Social y la patronal de los geriátricos que redujo las horas de atención especializada de determinados profesionales a los ancianos.
La campaña de recogida de firmas, iniciada en la plataforma Change.org, quiere solicitar que se anule el acuerdo firmado por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) del departamento de Bienestar Social con las principales patronales del sector de las residencias, en el que se redujo la ratio de algunos profesionales, como psicólogos o terapeutas, en los centros residenciales.
Según los impulsores de la campaña, el ICASS «quiere aplicar un nuevo modelo asistencial en los centros de personas mayores, a través del cual se quiere reducir de manera drástica los tiempos de atención directa de los profesionales técnicos, responsables directos de todas estas necesidades, provocando una mayor dependencia y una peor calidad asistencial».
Pese a que el acuerdo del ICASS y las patronales asegura que la reducción de horas de dedicación no afectará a la calidad asistencial, la asociación considera que sí tendrá una afectación directa en el fomento del «ejercicio físico, la autonomía personal, la funcionalidad, el acompañamiento emocional, las relaciones sociales, la cultura y la diversión, la escucha, la movilidad, la atención centrada en la persona».
El Ayuntamiento de Granada asumirá en solitario la campaña ‘Ponte en mi lugar si tuvieras una discapacidad’
El concejal de Familia y Bienestar Social, Fernando Egea, ha denunciado esta semana la no concesión por parte de la Junta de Andalucía de una subvención de 9.000 euros, para la puesta en marcha de la campaña de sensibilización ciudadana `Ponte en mi lugar, si tuvieras una discapacidad´, destinada a concienciar a la ciudadanía en general y especialmente a colegios profesionales, de la importancia de crear espacios accesibles que mejoren la calidad de vida del colectivo.
En el marco de la Orden de 5 de julio de 2013, por la que se convocaban subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería de Salud y Bienestar Social, para el ejercicio 2013, el área de Familia y Bienestar Social presentó a esta convocatoria un proyecto de sensibilización para la población general que mostraba las situaciones cotidianas a las que se enfrentan las personas con discapacidad o con movilidad reducida en sus desplazamientos, “un proyecto que perseguía desarrollar actitudes positivas, solidarias y de concienciación basadas en el derecho de las personas y el respeto a la diversidad desde los agentes educativos”.
“Dado que la Junta de Andalucía no concede al Ayuntamiento de Granada el presupuesto para desarrollar en 2014 este proyecto de concienciación tan importante y de gran repercusión para este colectivo, una vez más, el Ayuntamiento de Granada decide acometerlo en solitario, si contar con la administración competente en el ámbito de la discapacidad, que es la Junta de Andalucía”
Para Fernando Egea, esta negativa “resulta un despropósito, ya que la discapacidad es competencia de la Junta de Andalucía, y evidencia además, desinterés y falta de compromiso por parte de la administración autonómica con el colectivo”.
Según ha explicado el edil “la campaña mostraba diferentes actuaciones encaminadas a hacer llegar a la población granadina la realidad social del colectivo a efectos de sensibilización y reconocimiento de sus necesidades, y así, además del material de sensibilización, se proponían actividades de concienciación y sensibilización en centros educativos y de servicios sociales, entre otros”
Además, la campaña incluye la toma de contacto con los colegios profesionales y otros agentes sociales, al objeto de sensibilizarles sobre la importancia de adecuar los espacios de acuerdo a la normativa vigente y facilitar el uso de los mismos con seguridad a las personas con discapacidad.
La cuantía que se solicitó a la Junta de Andalucía para la puesta en marcha del proyecto y en concepto de material de papelería, publicidad exterior, autobuses, folletos, carteles, pegatinas y libros ascendía a 9000 euros.
Marcos destaca la figura del asistente personal para discapacitados, que recuerda tiene financiación de la Dependencia
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha destacado la figura del asistente personal como recurso de ayuda para los discapacitados que, ha recordado, cuenta con financiación a través del sistema de Dependencia.
Marcos, en el marco de la presentación de la Ley de Servicios Sociales en lectura fácil, se ha referido a este asunto en referencia a la ‘Encuesta Integración Social y Salud’ publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la que se refleja que el 44,1 por ciento de las personas con discapacidad en Castilla y León afirma no tener ayudas personales y técnicas para poder participar en actividades cotidianas, menos que la media nacional, que se sitúa en el 50,4 por ciento.
A este respecto, la consejera ha señalado que precisamente para paliar este problema se trata de potenciar la figura del asistente personal y se trabaja con las entidades del Cermi para que las personas con discapacidad sepan que existe este recurso.
Milagros Marcos ha incidido en que se han incrementado las cuantías de la Dependencia para acceder a los servicios profesionales, entre los que se encuentra el asistente personal.
La consejera ha insistido en la necesidad de dar a conocer este recurso y que las personas que lo puedan necesitar sepan que existe y que además cuenta con financiación de la Dependencia.
Unas 20.000 familias andaluzas con atrasos en retroactividad en Dependencia cobran 2012 a cargo del plan a proveedores
Unas 20.000 familias andaluzas de las 24.500 afectadas por los atrasos en los pagos en retroactividad en la Ley de Dependencia han cobrado lo correspondiente al año 2012 con cargo al plan de pago a proveedores aprobado en junio por el Gobierno central, según los datos oficiales aportados por la portavoz del grupo formado por unas 1.266 familias agrupadas a través de Facebook bajo el nombre de ‘Atrasos de la Ley de Dependencia en Andalucía’, Rosa María Guijo Curado.
En este sentido, y en declaraciones a Europa Press, Guijo Curado ha explicado que «en el descuadre de 4.500 dependientes pueden entrar los fallecidos que tienen que cobrar en concepto de herencia en un solo pago; o puede deberse a problemas con los traslados de expediente en los dependientes que se han mudado a otras localidades; o los niños dependientes por problemas de identificación, un caso que sucede porque al tramitar la dependencia de estos niños, como no era obligatorio el carné de identidad, se les puso un DNI ficticio, de manera que ahora, al meter dicho DNI del menor en el sistema, sale que no existe».
«Esto ha hecho que no hayan podido acogerse al plan de pago de proveedores, y lo único que han podido hacer es una reclamación que parece ser resuelto con un parte de incidencias», añade al respecto de esto último Guijo Curado, que apunta que otro de los problemas tiene que ver con aquellas personas que «no han tenido noticias del acogimiento a ese plan de pago porque no se les ha notificado». «Todos estos casos están pendientes de pago a lo largo de lo que queda de diciembre», añade.
Por último, la portavoz ha asegurado que se sienten «esperanzados» tras empezar a cobrar los atrasos de las retroactividad correspondiente al año 2012, al tiempo que afirma que «seguirán luchando por cobrar el 2013», que «se debió de haber pagado en marzo y todavía no se ha pagado». En este sentido, hay que recordar que el plan de pagos establecido por la propia Administración se prolongaba por un periodo de cinco años desde 2012 a 2016.
Psicólogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales claman contra los recortes en residencias de Cataluña
Los colegios profesionales de psicólogos, fisioterapuetas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y educadores sociales catalanes han clamado contra los recortes en horas que sufrirán sus especialidades en las residencias catalanas, tras un acuerdo entre las patronales y la Generalitat en el que critican que no han sido consultados.
En un comunicado conjunto, han deplorado el citado pacto porque, a su juicio, favorecerá el aumento de la dependencia de los usuarios de centros residenciales y disminuirá la atención y calidad de vida de los ancianos.
Esta medida provocará la existencia de «dos modelos diferenciados de atención», entre los de titularidad pública del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), donde no se aplicarán estas medidas, y los centros concertados y colaboradores, donde sí se podrán aplicar.
Han manifestado comprender la situación económica del sector, pero han criticado que esta política perjudicará la atención de los usuarios y los programas de autonomía.
También han alertado de que este pacto no se puede aplicar hasta que no se modifique la cartera de servicios, lo que se puede hacer con una orden del Govern o bien con un decreto ley debatido en el Parlament.
Han apoyado la segunda opción por entender que deben ser los representantes de los ciudadanos quienes decidan si el pacto alcanzado entre Generalitat y patronal es bueno.
Han firmado el documento el Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya, el Colegio de Fisioterapeutas de Catalunya, el Colegio de Educadores Sociales de Catalunya y el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Catalunya.
Sólo un tercio de los 7.380 enfermos mentales de Cantabria están reconocidos como dependientes
Sólo un tercio de las 7.380 personas que en Cantabria tienen una discapacidad atribuida a una enfermedad mental están reconocidas como dependientes, es decir, tienen derecho a una prestación. ¿El motivo? Los baremos por los que se rige la actual Ley de Dependencia estatal valoran el grado de dependencia física, pero no tienen en cuenta la enfermedad mental por sí sola.
Según los datos del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), a fecha de mayo de 2013, la cifra de dependientes como consecuencia de una enfermedad mental crónica es de 2.326, siendo en su mayoría (1.637) grandes dependientes o con dependencia severa -grados 2 y 3-. Los 699 restantes tienen reconocido el grado 1 -moderado o leve-, pero porque fueron valorados antes de la moratoria de julio de 2012. El decreto aprobado por el Gobierno de Rajoy impide la incorporación al sistema de dependencia de las personas con dependencia moderada hasta el año 2015.
La reivindicación de colectivos como Ascasam (Asociación Cántabra de Salud Mental) y Amica es que «estos filtros desaparezcan», como se ha hecho ya en otras comunidades autónomas, para que los afectados por trastornos mentales puedan acceder a los recursos de rehabilitación psicosocial, ocupacionales y residenciales y recibir el apoyo terapéutico que precisan para que la enfermedad esté controlada y evitar su deterioro. En definitiva, que puedan beneficiarse de una atención sociosanitaria para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones y facilitar su reinserción social.
El Gobierno cántabro espera dar respuesta a esta situación con el Plan de Salud Mental, que prevé esté listo en marzo. La Consejería ultima ya el documento, en el que un amplio grupo de expertos ha trabajado durante meses. En él quedan bien definidos los objetivos y las líneas estratégicas de este proyecto, que integrará en una única red todos los dispositivos sanitarios asistenciales, ahora dispersos. Jesús Artal, jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Valdecilla y coordinador del grupo de trabajo de salud mental, confirma que el primer paso de esta nueva etapa será la integración, en los próximos meses, del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, que ahora depende de la Consejería de Sanidad, en el Servicio Cántabro de Salud (SCS). «Uno de los objetivos de este plan es unificar las redes, que todos los instrumentos sanitarios, que ahora tenemos bastante dispersos, dando lugar a áreas de nadie y a duplicidades, se integren en una sola. Será bueno para los profesionales y para los pacientes y familiares, que ya no saben a veces dónde tienen que acudir», explica.
Parayas es el único centro psiquiátrico público de Cantabria, donde se atiende la patología mental más grave, que es la que requiere de una estancia más prolongada. Con un centenar de profesionales y 60 camas operativas, el año pasado registró un centenar de ingresos, con un balance de 17.615 estancias. En sus instalaciones dispone, además, de un centro de día para rehabilitación psiquiátrica ambulatoria, cuyo balance en 2012 fue de 2.580 estancias
El SCS es el principal proveedor de servicios que atienden a las personas con enfermedad mental. El Servicio de Psiquiatría de Valdecilla presta atención hospitalaria para patología aguda (708 ingresos el año pasado), atención en hospital de día (225 ingresos) y de urgencia (1.409 intervenciones). Además, tiene a su disposición 30 camas concertadas con el SCS para la media estancia sanitaria en el Hospital Padre Menni. Asimismo, la Consejería, a través del Icass, cuenta con varios dispositivos de rehabilitación psicosocial concertados en Santander, Torrelavega, Reinosa y Colindres y recursos para atención en régimen de 24 horas.
El jefe de Psiquiatría destaca la importancia de disponer en Cantabria de un programa regional para atender al enfermo mental grave, en cada uno de los pasos de su tratamiento: el ingreso hospitalario, el acceso a tratamientos ambulatorios y a la rehabilitación psicosocial y las estancias de media estancia? El objetivo es que la integración de todos estos dispositivos en una única red facilite la gestión de los casos y el establecimiento del circuito asistencial, con una historia clínica única y accesible desde el sistema en su conjunto. «En la práctica habitual tenemos que mejorar los protocolos, para que cada profesional tenga elementos para decidir cuándo debe derivar al paciente y qué tipo de atención necesita. La clave es que tengamos una buena continuidad de cuidados», señala.
El Servicio de Psiquiatría de Valdecilla va a ser el motor de este plan, aunque Artal hace hincapié en que debe ser la Unidad de Salud Mental, y no el hospital, quien supervise todo el recorrido del paciente. «Más del 90% de los pacientes psiquiátricos no tienen que hacer ningún recorrido, les basta con ser atendidos una o varias veces en la Unidad de Salud Mental, porque jamás van a precisar ingreso ni van a tener que ir al hospital de día, ni tendrán consideración de enfermos crónicos. Pero hay un 10% de enfermos que tenemos que conocer, tener registrados y acompañar, porque en algún momento van a necesitar la unidad de agudos, ingresos de media estancia?». Lo que se pretende es proporcionar a las personas con trastorno mental grave un plan individualizado de intervención, que se despliegue desde la atención psiquiátrica hacia los otros niveles, especialmente a Atención Primaria y Servicios Sociales. «Aspiramos a que ningún paciente esté ingresado toda su vida. La idea del manicomio la tenemos que erradicar», subraya Artal. Otra de las prioridades del plan es «atender la patología psiquiátrica mayor, mejorando y apoyando programas que ya tenemos para tratar enfermedades graves, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno de personalidad y las depresiones. También estamos trabajando en el tema del suicidio». El proceso de integración que contempla el plan incluye las unidades de atención ambulatoria a drogodependientes, presentes en Santander, Torrelavega y Laredo, y se reforzarán los dispositivos de atención a la salud mental de niños y adolescentes.
Ayuntamientos y diputaciones andaluzas del PP se plantean no renovar los convenios de dependencia hasta que Junta les pague
Los ayuntamientos y diputaciones del PP se están planteando la posibibilidad de no renovar los convenios con la Junta para la prestación de los servicios de dependencia hasta que la Administración autonómica liquide «por completo» la deuda en esta materia, aunque se tratará de una decisión que tomarán «en función de cada caso» y de la situación económica en que se encuentre cada corporación.
Así lo ha anunciado la portavoz de Bienestar Social del PP-A en el Parlamento, Rosario Soto, quien ha acusado al Gobierno andaluz de «herir de muerte» los servicios de dependencia en la Comunidad «por la vía de los impagos», cifrando en unos 100 millones de euros la deuda que la Junta mantiene en esta materia con las corporaciones locales gobernadas por el PP.
Soto ha subrayado que los ayuntamientos se están viendo obligados a actuar como «financieras» de la Junta al tener que adelantar el dinero de la dependencia sin haberlo cobrado. «Pero todo tiene sus límites y cualquiera puede entender que si hay ayuntamientos que no tienen dinero para pagar a sus trabajadores y para financiar sus servicios públicos, no puedan financiar competencias de la Junta», ha añadido.
La dirigente ‘popular’ ha negado que la decisión del Ayuntamiento de Jaén de dejar de prestar el servicio de dependencia suponga un incumplimiento de la normativa en esta materia. Y es que, según ha explicado, la ley obliga a prestar colaboración institucional en la elaboración del Plan Individualizado de Atención (PIA). «A partir de ahí es competencia de la Junta», ha precisado.
En esta línea, se ha preguntado qué hace la Junta con el dinero que tiene presupuestado la Agencia de Dependencia y que no está llegando para ese fin. Además, según ha apuntado, el Gobierno central transfiere mensualmente a la Comunidad 33 millones para la prestación de los servicios de dependencia, lo que supone unos 360 millones anuales.
Soto ha afirmado que las únicas políticas sociales que al Gobierno andaluz le interesan son las que «generan titulares». Así, se ha referido a la propuesta del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, sobre el decreto-ley de mínimo vital de agua y luz para los perceptores del Salario Social, asegurando que hace más de nueve meses que la Junta no paga esta cuantía.
RECORTE DE 3.400 MILLONES EN POLÍTICAS SOCIALES
La dirigente ‘popular’ ha afirmado que el Gobierno andaluz ha reducido «drásticamente» las políticas sociales y que está instalado en una política de impagos en materia social y de dependencia que están poniendo «en riesgo» la prestación de estos servicios. «La presidenta dice que no va a tocar ni un euro en dependencia, pero hace todo lo contrario», ha enfatizado.
Según los datos aportados por Soto, el Gobierno andaluz ha reducido en los dos últimos años el presupuesto para las políticas sociales en más 3.400 millones, fruto de las decisiones de un «gobierno retrógrada», que no tiene «ni un atisbo de progresismo» y al que no le importan las familias ni las personas que lo están pasando mal.
En este contexto, ha indicado que el recorte en bienestar social ha superado los 260 millones en los dos últimos años, junto con los 13 millones en el Plan de Drogodependencia. A ellos se unen más de 37 millones en el Plan de Atención a la Infancia, más de 80 millones en el Servicio de Apoyo a las familias, y más de 93 millones en la Atención a la Dependencia.
Más de un millar de trabajadores se concentran a las puertas de las sedes del gobierno valenciano en las tres provincias para exigir el cobro de sus sueldos
Después de casi un año sin que el Gobierno Valenciano pague a los operadores y 110 millones de deuda acumulada, la nómina de la mayoría de los trabajadores de las residencias y centros de atención a personas mayores se vera afectada el próximo mes.
Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector exigen una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.
El segundo de los paros y concentraciones de protesta por la deuda que mantiene la Generalitat Valenciana con el sector de las residencias y centros de atención a personas mayores y dependientes desde hace casi un año, ha congregado a más de un millar de trabajadores a las puertas de las sedes principales del Gobierno Valenciano en Alicante, Castellón y Valencia. Concentraciones que se suman a las realizadas la semana pasada en más de 300 residencias y centros de la Comunidad, que sacaron a las calles a más de 9.000 trabajadores y familiares de usuarios.
De las tres concentraciones realizadas hoy, dos de ellas antes las sedes de las delegaciones del Consell de Alicante y Castellón; y una tercera que comenzó en la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, sita en Valencia, y que ha culminado en una marcha hasta el Palau de la Generalitat, ésta última ha sido la más numerosa y en la que se ha leído un comunicado en el que se reclama un compromiso por parte del Consell “totalmente firme” para establecer un plan de pagos que sea “real y de urgente aplicación”, y que salde de “inmediato la deuda acumulada.”
Tras no ser recibidos en la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, que ni siquiera ha abierto las puertas de acceso, una delegación de la plataforma ha sido recibida por una asesora del President de la Generalitat, que ha señalado que realizará un informe de las reivindicaciones a Alberto Fabra y hablará con Hacienda para que reciba a los representantes del sector.
No obstante, sindicatos y empresas han advertido que, de no mediar una solución en los próximos días, se prepara una gran marcha social en Valencia para el 29 de noviembre, con el objetivo de hacer llegar a la sociedad el peligro en que se encuentra la atención de sus mayores, así como diversas concentraciones paralelas para dar a conocer a todo el mundo la indiferencia mostrada por el actual gobierno para con los mayores.
Trabajadores sin sueldos
A fecha de hoy, la Administración Valenciana adeuda cerca de 110 millones de euros a las empresas que operan en el sector, situación que ha provocado la imposibilidad de cobrar los sueldos a muchos de los trabajadores y/o pagar a los proveedores. Esta deuda estructural, que alcanza ya los 12 meses de impagos por parte de la Generalitat Valenciana, se incrementa en 6 millones cada mes que se mantiene esta situación, y pone en grave peligro la red socio-sanitaria de atención a mayores en esta autonomía.
En total, los impagos del Consell con los operadores afectan a casi 200 empresas, más de 15.000 trabajadores y 30.000 personas mayores dependientes, así como a otro centenar de empresas proveedoras, según los datos reunidos por las principales asociaciones del sector y los sindicatos mayoritarios, agrupados en una plataforma en defensa de la atención profesional para los mayores.
En este sentido, desde la citada plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios – CCOO y UGT- y las principales asociaciones del sector – la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la red pública concertada de la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP) y la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES)- se ha destacado que la situación actual afecta a todos los servicios profesionales socio-sanitarios, que están siendo discriminados en su trato respecto a otros sectores básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.
Munté abonará la mayor parte de su deuda a las entidades sociales esta semana
La consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, ha anunciado este viernes que su departamento pagará la semana que viene –el 20 y 21 de noviembre– cerca del 70% de los 70 millones de euros que la Generalitat debía a las entidades sociales y mercantiles en julio de 2012.
Como ya ha dicho en anteriores ocasiones, Munté ha remarcado que la segunda fase del pago está prevista para 2014, según ha reiterado en la inauguración en Lleida de las nuevas instalaciones de la Asociación Antisida
«Nos felicitamos de que finalmente lleguen estos pagos aunque consideramos que desgraciadamente hemos perdido mucho tiempo por el camino», ha afirmado la consellera, en un acto en el que han participado el alcalde, Àngel Ros y el presidente de la Diputación, Joan Reñé.
PEDERASTA DE CASTELLDANS
Munté ha evitado concretar la evolución del expediente abierto por su Conselleria a la Fundació Concepció Juvanteny, encargada de hacer el seguimiento de los niños tutelados por la Generalitat del presunto pederasta de Castelldans detenido en junio.
«Sobre eso no contestaré, no hay ninguna novedad», ha señalado la consellera a los periodistas que le han preguntado sobre el caso, precisando que este viernes se había desplazado a Lleida para otras cuestiones.
Lo ha dicho en alusión a la sede de la Asociación Antisida y a los actos de Asociación Down Lleida, que este viernes ha entregado los premios anuales a las empresas que facilitan la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual.
