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“Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia”, de Josep de Martí
Hace unos años creímos que España era un país rico. Que teníamos el sistema bancario más saneado del mundo, que estábamos alcanzando a nuestros vecinos del norte en nivel de vida y renta per cápita, incluso que les llegaríamos a superar. Nos veíamos avanzando por un prometedor sendero rodeados por miles de grúas, montañas de pisos, flamantes aeropuertos, vías de AVE y aun más pisos y filas de adosados.
Y allí, en el horizonte, justo al alcance de nuestra mano, el oasis del pleno empleo. Fue entonces cuando España decidió que sus ciudadanos merecían un derecho más: el de recibir atenciones si algún día la edad o la enfermedad les hacía necesitar de ayuda para hacer aquello que casi todos hacemos por nosotros mismos. Pero no sería un “derechillo” más, ¡No señor! Éste sería subjetivo, universal y se convertiría en el cuarto pilar del estado de bienestar, al lado de la sanidad, la educación y las pensiones. O sea, sería, para todos: ricos y pobres, altos y bajos, catalanes y asturianos… Sería caro pero ¡Qué narices!, nos lo merecíamos y nos lo podíamos permitir.
Nuestros gobernantes, que sabían que de verdad no éramos tan ricos, que el oasis era un espejismo y que crear ese nuevo derecho saldría demasiado caro, decidieron que, a pesar de todo, sacarían adelante el proyecto y en el proceso, nos engañarían a todos.
EL AUTOR
Josep de Martí es uno de los opinadores más reconocidos y con una visión privilegiada del sector de la atención a mayores dependientes. Durante los últimos veintitrés años ha trabajado tanto en la administración, siendo inspector de servicios sociales, como profesor, impartiendo clases en diversos cursos de postgrado de dirección de residencias o gerontología social y también como promotor/director del portal de internet www.inforesidencias.com, que en 2000 fue primer buscador on-line de plazas libres en residencias para mayores y recientemente se ha convertido en la primera web que permite comparar residencias según su nivel de transparencia. Estas labores las combina con trabajos de consultoría, impartición de conferencias y lo que según sus palabras, más satisfacción le produce, la escritura de un blog en el que analiza de forma crítica lo que pasa en el sector de la dependencia.
Licenciado en Derecho, gerontólogo social y especialista en derecho público. A pesar de haber colaborador en varios libros colectivos y publicado en casi todas las revistas especializadas en atención a mayores, ésta es su primera obra en solitario. Una ocasión que ha aprovechado para ordenar y contextualizar diez años de reflexiones sobre la Ley de Dependencia con un curioso hilo argumental: todo fue un engaño.
LA EDITORIAL
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MARTES, 1 DE ABRIL, 19´30h.
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La financiación del Estado a la Ley de Dependencia ha caído un 46%
La financiación de la Ley de Dependencia por parte de la Administración General del Estado para Navarra ha caído, entre 2009 y 2013, un 46%, según la senadora de UPN, Amelia Salanueva, quien va a preguntar al Gobierno sobre esta cuestión durante el pleno del Senado del próximo martes.
El descenso de la aportación estatal ha hecho que «la participación en el coste de las ayudas recaiga principalmente en las arcas de la Hacienda Foral«, según indica la senadora en un comunicado.
Mediante una interpelación, Salanueva preguntará en concreto a la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales sobre «la aplicación justa y equitativa de la Ley de Dependencia, especialmente en Navarra».
En opinión de la senadora regionalista, «la última regulación del cálculo del nivel mínimo de protección ha provocado un sistema injusto de aportación del Estado a las comunidades autónomas, especialmente a Navarra».
El baremo aprobado mediante el Real Decreto 1050/2013, así como la supresión de niveles dentro de cada grado, establecida en el Real Decreto-ley 20/2012, han tenido como propósito que esta situación «se vaya empezando a corregir», ha explicado.
Sin embargo, Salanueva ha lamentado que «esta mejora no ha afectado a Navarra que, a pesar de que fue pionera en la utilización de dichos baremos de dependencia, ahora se le castiga disminuyendo la financiación a recibir por parte del Estado»
Tres de cada diez dependientes en lista de espera vive en Andalucía
El Tribunal de Cuentas vuelve a la carga contra el caos autonómico en el sistema de atención a la Dependencia. Aunque, desde su primer informe, reconoce los progresos que ha logrado el Imserso para acabar con las deficiencias existentes, una fiscalización de la gestión y control de las comunidades pone de relieve que aún queda tarea por hacer y les pone deberes. Si bien es cierto que la situación varía mucho de unas a otras, entre los males que lastran el sistema se encuentran la maraña de normas, las demoras en la información facilitada y en el reconocimiento de las prestaciones, las listas de espera y las diferencias en la valoración de la capacidad económica del afectado.
Más de 800 normas
El informe del Tribunal de Cuentas, pendiente de alegaciones, incide en la «excesiva dispersión normativa» que ha generado el desarrollo de la ley de Dependencia de 2006 por parte de las comunidades, «muchas veces solapada con la normativa de los servicios sociales preexistente», lo que, apunta, «no se compadece con los principios de universalidad, igualdad y transparencia que informan el sistema». De hecho, el «repertorio normativo» abarca 671 normas autonómicas de diverso rango, además de las 134 estatales.
No obstante, admite que «en el ámbito estatal se observa un esfuerzo por refundir el desarrollo reglamentario» de la ley en un menor número de textos, como se hizo en el decreto del pasado 27 de diciembre que regula las prestaciones del sistema y unifica todas las normas relativas a prestaciones y servicios. Además, el Tribunal indica que «se han efectuado o están en trámite otras modificaciones normativas destinadas a homogeneizar el sistema e introducir nuevos elementos de control que permitan disponer de información y estadísticas ajustadas a la realidad».
Demoras de más de un año
El Tribunal advierte de las «excesivas demoras» por parte de las comunidades a la hora de introducir los datos mensuales requeridos en el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD). De hecho, solo siete comunidades –Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia y La Rioja– registran los datos en un plazo inferior a un mes desde la fecha de la solicitud. En el caso de la Comunidad Valenciana, se tarda 479 días de media (Murcia llega a 925, pero el Tribunal no lo considera significativo porque esta comunidad acordó con el Imserso un proceso de regularización entre los sistemas de información, por lo que no registró información nueva de enero a octubre de 2013).
La existencia de diversos sistemas de gestión de datos se apunta como una de las razones. Seis de las siete comunidades que no superan el mes de plazo utilizan el SISAAD directamente como sistema de gestión, mientras que la mayor parte de las que exceden ese tiempo emplean sus propios sistemas. También continúan produciéndose «importantes demoras en las resoluciones de reconocimiento de la prestación», con incumplimiento por las comunidades del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud. El plazo medio entre 2011 y 2013 se eleva a más de ocho meses. Aunque el Tribunal reconoce una «evolución positiva», en la mitad de los 67.468 expedientes registrados en el primer cuatrimestre de 2013 se había sobrepasado el plazo de seis meses.
Listas de espera
Las comunidades han logrado reducir «significativamente» entre 2012 y 2013 el número de solicitudes pendientes de resolución de reconocimiento de la prestación, pero su número sigue siendo «elevado», según el Tribunal de Cuentas. Mientras que a final de 2011 eran 305.901 las personas en lista de espera, al acabar 2012 habían pasado a 231.119; y en diciembre de 2013 a 190.503. Este último dato supone que el 20,17% de los 944.345 dependientes a los que ya se les ha reconocido esta condición, estaban a final del pasado año pendientes de recibir prestación.
Pero la situación no es igual en todas las comunidades. En las ocho que superan la media nacional (el citado 20,17%), se concentra el 75% de los pendientes de prestación, y «resulta particularmente llamativo el excesivo porcentaje de Canarias», con el 52,74%. En términos absolutos, es Andalucía la que concentra el mayor número de beneficiarios en espera, 53.981. Esto supone que más del 28% de las personas con derecho a prestación por dependencia pero que no la reciben, están en la comunidad andaluza. Es decir, tres de cada diez dependientes en lista de espera viven en Andalucía. Por el contrario, el Tribunal destaca favorablemente la gestión de Castilla y León, con solo un 1,66% de beneficiarios pendientes de prestación.
Desigualdad entre españoles
Las diferencias entre comunidades a la hora de hacer efectivas las prestaciones, concluye el órgano fiscalizador, «implican un claro elemento de desigualdad entre los dependientes por razón de la residencia».
El informe también advierte de «gran disparidad» entre comunidades en cuanto a la valoración de la capacidad económica de los beneficiarios. La ley prevé que se calcule teniendo en cuenta la renta y el patrimonio para determinar qué cantidad deben aportar para costear las prestaciones. Aunque algunas han dictado disposiciones que incorporan, al menos parcialmente, los criterios mínimos de cómputo, otras «no han efectuado hasta la fecha esa necesaria adaptación normativa».
Canarias, la comunidad que percibe más recursos del Estado de los que dedica
Descienden un 11% las ayudas para cuidados a dependientes
Freno y marcha atrás. Las ayudas a la dependencia experimentaban un descenso en 2013. Una vez tocado el techo de 8.475 beneficiarios allá por diciembre de 2012, tal y como indicó en su momento el gerente regional de Servicios Sociales, Jesús Fuertes, la última estadística publicada por la Consejería de Familia arroja una disminución paulatina de usuarios y de prestaciones reconocidas.
En concreto, la provincia de Burgos perdió 536 dependientes con dictamen favorable y 306 ayudas, el 11%, a lo largo del año pasado. A las bajas por fallecimiento se suman los cambios introducidos en la normativa como principales motivos de esta caída.
Así, 2014 comenzó con 13.178 personas con su situación de dependencia valorada, 172 más que las que tenían un dictamen a comienzos de 2013. Con todo, de ese total, 7.939 recibían la buena noticia de que les correspondía percibir servicios o prestaciones. Los 5.239 solicitantes restantes obtenían sin embargo un ‘no’ por respuesta.
Según los datos difundidos por la Consejería de Familia en la web www.jcyl.es, los 7.939 dependientes con derecho a prestación en la provincia de Burgos tenían -a 31 de enero de 2014- identificadas y reconocidas 10.269 prestaciones económicas o en forma de servicios, frente a las 10.605 aprobadas en diciembre de 2012.
El descenso se concentra especialmente en las ayudas económicas concedidas para cuidados en el entorno familiar que caían en un año de 3.006 a las 2.695 actuales, un descenso del 11% que se explica en parte por la decisión del Gobierno de reducir la cuantía de esta prestación y obligar a los que ejercen esta labor a asumir el pago de su cotización a la Seguridad Social. Hasta julio de 2012 el Gobierno se hacía cargo de este gasto.
Por el contrario, las prestaciones reconocidas destinadas a servicios prestados por profesionales, bien en el domicilio, bien en centros específicos, residenciales o no. Esta tendencia recibe el aplauso de las voces que defienden las modificaciones de la ley de Dependencia, que sus detractores definen como recortes. Los primeros hablan de generación de empleo y los segundos critican que se beneficie a las empresas privadas del sector.
Así, la prestación económica vinculada al servicio, que copa el grueso de este tipo de ayudas -casi un 21% del total, solo superado por las destinadas a cuidados familiares, un 26%-, llega a 2.153 dependientes. Le siguen las dirigidas a atención residencial, con 1.440 plazas en la provincia, y las concedidas para prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, 1.398 en enero de 2014.
Completan el listado las prestaciones para usuarios de centros de día o noche, 1.136, ayuda a domicilio, 1.093, y teleasistencia, 351. En conjunto estos apoyos en forma de servicio pasaban en un año de suponer el 70% del total de derechos reconocidos al 73%, en detrimento de las ayudas económicas directas.
Por población de residencia, de las 7.939 personas dependientes con derecho a prestación, 3.630 tienen domicilio en la capital burgalesa, 809 en Miranda, 680 en Aranda y las 2.820 restantes en otros municipios de la provincia.
Este reparto da cuenta de la estrecha relación entre dependencia y mundo rural, alimentada por la elevada edad media de los habitantes de estas zonas.
Con todo, a pesar del ‘retroceso’ cuantitativo de la ley y de las críticas que han suscitado las decisiones del Gobierno central en este ámbito, Castilla y León revalida año a año el sobresaliente en la gestión y aplicación de esta normativa. La nota se la otorga la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, responsable del observatorio estatal que evalúa la atención a dependientes en cada una de las comunidades autónomas. Lo cierto es que los datos confirman la eficacia de los mecanismos regionales que, por ejemplo, elevan a un 98,8% la proporción de las personas dependientes con derecho a prestación reconocido que ya la reciben en Burgos. Este dato supera en 18 puntos la media nacional.
“Es importante acometer el nuevo modelo de financiación de la dependencia”
La Ley de Dependencia preveía el posterior desarrollo de la normativa que facilitara la difusión del seguro privado de dependencia. Sin embargo, esta norma no se ha concretado, y a día de hoy las compañías aseguradoras siguen reclamando que el Gobierno central aborde esta situación. Lo cierto es que, si bien la oferta de este tipo de productos ha ido creciendo progresivamente año tras año, el volumen de seguros contratados aún está muy lejos de lo esperado.
¿Cuál ha sido la evolución de los datos de contratación de seguros de dependencia a lo largo de 2013? ¿Y en comparación con años anteriores?
Tal y como apunta acertadamente el estudio SCOR sobre seguros privados y públicos de dependencia: comparación internacional, en España se han lanzado varios productos y modalidades de cobertura, que alcanzan diferentes prestaciones en forma de capital y en forma de renta, pudiendo ser éstas temporales o vitalicias. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, la penetración del seguro es muy baja, las dificultades que el sector público español está afrontando tanto en lo que respecta a la financiación como a la prestación del servicio a los dependientes, acrecienta la importancia de que sea el sector privado quien de manera complementaria al Estado deba asumir un papel fundamental a la hora de dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia.
Según un informe de ICEA hecho público por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) que repasa los resultados provisionales del sector a 31 de diciembre de 2013, refleja que a finales del pasado año eran 21.724 las personas que mantenían contratado algún tipo de seguro de dependencia, lo que supone un incremento del 10,71 por ciento con respecto a los datos definitivos a cierre de 2012.
La Ley de Dependencia dejaba abierta la necesidad de desarrollar una norma que regulara estos seguros de dependencia, sin embargo, no se ha llevado a buen puerto. ¿En qué situación se encuentra? ¿Saben si se está trabajando en ello?
El Consejo Económico y Social de España (CES) apunta en un reciente informe que “la valoración del grado de aceptación y de aplicación de la Ley de Dependencia se pone de manifiesto en los datos referidos a las solicitudes de prestación registradas, los dictámenes emitidos y las valoraciones positivas en relación con la generación del derecho a prestaciones. Al respecto puede decirse que las comunidades autónomas en las que existen más solicitudes de prestaciones en términos absolutos (Andalucía y Cataluña), con un 43 por 100 del total, contrastan con otras, de un nivel poblacional igualmente importante (Madrid y Valencia), donde esas solicitudes no llegan en su conjunto al 15 por 100 del total, junto a las que destacan también por su bajo número de solicitudes otras comunidades de menor población (Canarias, Baleares).
En cuanto a las prestaciones de dependencia, en primer lugar, y pese a la pretensión legal de dar preferencia a las prestaciones de servicios, son las prestaciones económicas por cuidados en el entornofamiliar las que prevalecen. Por otra parte destaca el escaso número de las prestaciones económicas para la contratación de un asistente personal. Es también relevante, en cambio, el número de prestaciones de atención residencial, ya que a pesar de estar dirigidas a dependientes en situación extrema de necesidad de cuidado, su número es semejante a las prestaciones de teleasistencia. Todo esto indica que la cobertura de una prestación tan básica como la teleasistencia está poco o defectuosamente extendida al cubrir solo a un tercio de los dependientes que podrían necesitarla, dejando al margen a los que disfrutan prestaciones económicas o de atención residencial. En cuanto a las prestaciones de ayuda domiciliaria no experimentan el desarrollo que cabría esperar. También es particularmente reducido el número de prestaciones para la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal”.
¿Qué sería necesario para que el seguro de dependencia se extienda?
El debate sobre la financiación de los servicios necesarios para los dependientes (residencias, centros de día, atención domiciliaria, etc.) es una cuestión abierta en la que unos se muestran partidarios de un seguro obligatorio para todos los individuos, sea en forma de un cotización adicional dentro del sistema de protección social, o sea mediante un seguro fuera del sistema. Otros se han mostrado abiertamente a favor de una cobertura total por los sistemas públicos mediante una financiación por impuestos y finalmente, muchos se han mostrado partidarios de que la persona que necesita la asistencia contribuya a una parte de la financiación del servicio y que el sistema público de protección asuma otra.
En cualquier caso sea el modelo que finalmente surja, lo importante es que se acometa con urgencia y de una forma consensuada entre todos las partes que intervienen en el proceso y de nuevo la iniciativa privada en esta definición estratégica es fundamental, debido a que su aportación en este ámbito es extraordinaria y está paliando en gran medida el enorme déficit que padecemos en este asunto que afecta no solo a España sino también a otros países occidentales de nuestro entorno. También necesitamos aprender de algunas experiencias puestas en marcha en modelos implantados en países de nuestro entorno más próximo.
¿Cree que la ciudadanía percibe como una necesidad asegurar la dependencia futura? ¿Qué podrían hacer en este sentido las compañías?
La protección a las personas que se encuentran en una situación de dependencia es un problema creciente que tienen que afrontar las sociedades avanzadas debido al envejecimiento de su población. El incremento de la esperanza de vida como consecuencia de los avances en los campos de la sanidad y la salud, el fenómeno del ‘baby boom’ ocurrido en nuestro país en la mitad del siglo XX, unidos a las caídas en las tasas de natalidad han dado como resultado una población más geriatrizada o envejecida y, por lo tanto, más dependiente.
El informe del CES que he referido anteriormente señala aspectos clave en este acuciante problema, apunta hacia que “la grave situación económica actual, así como la radical reducción del gasto público han condicionado y condicionarán en los próximos años la aplicación de la Ley de Dependencia. Los recortes presupuestarios, el conflicto entre Estado y comunidades autónomas acerca de quién debe asumir en mayor medida el coste de las prestaciones, las enormes dificultades para organizar un sistema que requiere profesionales cualificados, estructuras organizativas públicas eficientes y bien dotadas, así como un sector privado dispuesto a colaborar de forma permanente e intensa con la organización pública, todo ello determinará inevitablemente una paralización de la aplicación de la Ley. Como ya se ha puesto de manifiesto en el cambio del calendario inicial de aplicación establecido en la misma Ley 39/2006, al congelarse o retrasarse primero hasta 2014 y luego hasta julio de 2015 el reconocimiento de prestaciones a los dependientes de los niveles más bajos o dependientes moderados.
Un retraso que, determinando ciertamente un empeoramiento de la tutela, puede tener una incidencia menor ya que se trata de dependientes cuya incapacidad de gestionar su vida diaria no es tan acusada como en otros grados y pueden ser atendidos, sin excesivas dificultades, por la red de seguridad de la tutela de los dependientes; que no es otra que la protección familiar, extraordinariamente activa en España, como lo demuestra, si se ve como una forma de aflorar y hacer visible ese cuidado familiar, la absoluta preponderancia de las prestaciones económicas causadas por ese cuidado familiar”.
La iniciativa privada en este entorno es fundamental con residencias, centros de día especializados, atención domiciliaria, etc. “El seguro de dependencia paga los servicios que permiten a una persona vivir de forma autónoma o en un centro especializado, si pierde la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida. Las prestaciones se abonan en caso de necesidad parcial o total de cuidados de larga duración por parte de la persona asegurada. En este sentido, es comparable con el seguro de invalidez (seguro de incapacidad laboral). Sin embargo, el siniestro y el período depago de las prestaciones difieren sustancialmente en función del mercado y del producto” incide el informe SCOR publicado por Inese.
¿Qué tipo de servicios ofrecen estos seguros? ¿Hay modalidades muy diferentes?
Tal y como he comentado actualmente en España se han lanzado varios productos y modalidades de cobertura, que alcanzan prestaciones en forma de capital y en forma de renta, pudiendo seréstas temporales o vitalicias. No se puede crear un producto destinado a cubrir el 100 por cien de los gastos de dependencia sufragado a través de impuestos, máxime en la situación financiera precaria en la que se encuentra nuestro Sistema y con una inversión de la pirámide poblacional evidente, por lo tanto de nuevo el sector privado asume una función complementaria al Estado, siendo la aportación privada clave esencial para dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia.
¿En qué situación se encuentra España con respecto a países de nuestro entorno en lo que al desarrollo del seguro de dependencia se refiere?
Hoy en día, la mayoría de los países desarrollados que registran un envejecimiento de la población se enfrentan al aumento del número de personas mayores y dependientes. La necesidad de cuidados de larga duración, a domicilio o en centros especializados, seguirá creciendo tanto en los mercados maduros como en los mercados emergentes. Además, las tendencias demográficas y sociales, así como las disposiciones públicas inadecuadas incitan al mercado de seguros a ofrecer soluciones de financiación para cuidados de larga duración. La ayuda informal proporcionada a una persona mayor por sus familiares es cada vez más difícil. Por consiguiente las personas deben organizarse en caso de que se vuelvan incapaces de cuidar de sí mismas.
Los productos de dependencia garantizan el pago de una renta o una prestación por los cuidados proporcionados a la persona dependiente según el grado de la dependencia. El tipo de cobertura puede variar sustancialmente entre los diferentes mercados y de hecho así lo explicita el reciente estudio desarrollado por SCOR Global Life quien realiza un seguimiento de estos productos en el mundo entero. Su centro de I+D dedicado al seguro de dependencia analiza las tendencias más relevantes en este segmento de población tan sensible y desprotegido por los sistemas sanitarios de todo el mundo.
La fórmula del ahorro en Dependencia: revisar los casos para recortar prestaciones
Algunas comunidades autónomas como Valencia, Castilla-La Mancha o Madrid presionan a los trabajadores sociales.
Hace una semana, el 6 de febrero, se conoció el caso de Daniela, una niña castellano-manchega que padece una rara enfermedad (el síndrome de Ondine) cuyos cuidados reclaman atención las 24 horas. A Daniela, la Consejería de Asuntos Sociales le había rebajado el grado de dependencia por una revisión de oficio iniciada por la Administración. Su caso se unía al del niño de siete años con parálisis cerebral al que se le retiró una prestación económica para ofrecerle a cambio la escolarización en un centro especial… al que ya estaba acudiendo desde hacía un año.
Aunque el Gobierno de María Dolores de Cospedal dio marcha atrás en el caso del niño (adujeron un «error»), estos ejemplos ilustran la dinámica que se está desarrollando en algunas comunidades autónomas: la revisión de oficio de expedientes de dependencia antiguos que resultan en valoraciones menos graves.
La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hace referencia a estas actuaciones en su XXII Informe sobre el desarrollo de esta ley: «Se viene produciendo una bajada paulatina de las personas con grado III (el más alto) de dependencia», y entre las causas el dossier recoge que «en algunos territorios se están produciendo revisiones de grado de oficio que tienen como resultado dictámenes que reducen el mismo».
El marco para que se pueda producir esto nació con el Real Decreto, de julio de 2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Ahí se hizo desaparecer la clasificación de cada grado en dos niveles, se rebajaron las cuantías económicas de las ayudas y se convirtieron en «incompatibles» las aportaciones de dinero con otros recursos como centros especiales, residencias de mayores, etcétera.
El cambio a la baja en el catálogo de prestaciones está en el corazón de estas reevaluaciones de dependientes para adecuarlos a la nueva situación normativa.
La Plataforma para la Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha está recopilando estos casos. Según los expedientes con los que cuentan, se han producido al menos 45 revisiones de grado con rebaja de grado III (gran dependiente) a grado II (severo), 12 de grado III a grado I y 69 de grado II a grado I. También, 389 revisiones de Planes Individuales de Asistencia (PIA) en los que se ha suprimido la ayuda económica dejando –ahora la ley las hace incompatibles– la ayuda a domicilio. La plataforma asegura que «en algunos casos son 26 horas al mes para grandes dependientes, menos de una hora al día».
El consejero de Asuntos Sociales castellano-manchego, José Ignacio Echániz, considera que su gestión «nos permite atender primero a quien más lo necesita y reducir la lista de espera en 4.233 personas con derecho reconocido pendientes de recibir un servicio o prestación económica» .
La orden con la que adaptó el real decreto, aseguran, «establece la cobertura a las personas con dependencia moderada, que la legislación nacional todavía no incluye». La norma está recurrida por la plataforma castellano-manchega, que este viernes presenta sus argumentos jurídicos al juez que admitió la querella. Asuntos Sociales ha calificado de «irresponsabilidad que se relacionen estas reevaluaciones a una intencionalidad política».
Un cambio «ideológico»
«Desde luego que se está reevaluando». Así de rotunda se expresa una trabajadora social en activo en la Comunidad de Madrid que prefiere no dar su nombre. Ana Lima, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, confirma a eldiario.es que han «recibido consultas por parte de trabajadores de Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha acerca de la insistencia por parte de los servicios regionales en revisar expedientes».
Lima entiende que «se está rebajando la importancia de lo social a la hora de evaluar la situación de los dependientes y que se está focalizando en lo sanitario». En este sentido, analiza que «los trabajadores tienen temor a hacer públicos estos casos porque temen por su puesto de trabajo».
La trabajadora social madrileña explica que «en realidad es más costoso para la consejería cambiar una ayuda de 500 euros por una plaza en una residencia de mayores». José Luis Gómez Ocaña, portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, y Ana Lima lo corroboran: «Una plaza cuesta más». ¿Entonces?
Ambos coinciden en apuntar a motivos ideológicos. «Deshacerse de la dependencia y dejarla en manos privadas». Los aseguramientos con empresas privadas han visto crecer su negocio, «el que pueda, que se lo pague», dice Lima. Y aunque sea aún un nicho de negocio pequeño, está creciendo. Gómez Ocaña opina que «no hay nada más que mirar cómo está montado el sistema de atención y ayudas: empresas privadas concertadas por cada persona que atienden».
Mirando el modelo en la Comunidad de Madrid, se observa que hay una veintena de residencias públicas de mayores gestionadas directamente por la Administración. Otras tantas son de titularidad pública y gestión privatizada. Hay 125 concertadas con parte de sus plazas sostenidas con fondos públicos. En Castilla-La Mancha, según un recuento de la Dirección General de Atención a Personas Mayores, con discapacidad o en situación de dependencia de 2010, de las más de 11.000 plazas pagadas con dinero público, el 39% son concertadas.
La nueva reforma local recortará 300 millones en servicios sociales
Los efectos de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que retira a los ayuntamientos competencias en materia de educación y bienestar social, supondrá un recorte presupuestario de 300 millones de euros en servicios sociales en el conjunto de la Comunidad Valenciana, lo que afectará a 112.000 usuarios y causará la pérdida de 3.000 puestos de trabajo, 850 de ellos correspondientes a técnicos. Así lo explicó el martes en una charla-coloquio en Quart de Poblet el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, que ha elaborado un informe a partir de datos oficiales.
La asociación, cuyos estudios sobre la implantación del sistema de atención a la dependencia se han convertido en una fuente de referencia sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia en España, maneja numerosos indicadores y se basa para cuantificar el recorte en que 300 millones de euros “es la cantidad que aportan los ayuntamientos a estas ayudas y que ahora desaparecerá”.
La alcaldesa de Quart de Poblet, la socialista Carmen Martínez, que presentó a Ramírez en el acto celebrado en el Centro Cultural El Casino, abogó por recurrir la nueva ley ante el Tribunal Constitucional y dijo que “no ofrece soluciones, es decir, recursos a quienes tienen que asumir estas competencias, las diputaciones y la Generalitat, pero en cambio sí crea un grave problema a la ciudadanía que se queda sin estos servicios”.
Ramírez explicó que la Comunidad Valenciana ocupa el último puesto en la clasificación de comunidades autónomas por el desarrollo de su sistema de servicios sociales, aunque apuntó que se da la paradoja de que es la que más incrementó el presupuesto en servicios sociales entre 2009 y 2012, con un 14,69%. Pese a lo que calificó como “un meritorio esfuerzo”, dada su débil situación de partida, la Comunidad Valenciana está muy por debajo de la media estatal en gasto y en oferta de prestaciones.
Los datos que aportó el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales señalan que el gasto en servicios sociales ha pasado en la Comunidad Valenciana de 662,2 millones de euros en 2009 a 759,6 millones en 2012. Aún así, en términos relativos pasa de 129,5 euros por habitante en 2009 a 151,5 euros por habitante en 2012, lo que supone 123,6 euros menos que la media estatal, de 275,1 euros por habitante y año.
También el porcentaje del gasto en servicios sociales, que es del 5,6%, se sitúa por debajo de la media española, del 7,7%. En general, la cobertura de la Comunidad Valenciana en servicios sociales se sitúa en 0,6 puntos sobre 5. Entre los indicadores que empeoran figura la extensión del sistema de atención a la dependencia, que a finales de 2011 beneficiaba al 0,86% de los habitantes de la Comunidad Valenciana y a finales de 2012 había bajado al 0,83%.
El duodécimo dictamen sobre el desarrollo del sistema de atención a la dependencia, que la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hizo público la semana pasada en Segovia, coloca a la Comunidad Valenciana como la peor, con 0,4 puntos sobre 10. “En Valencia, una persona dependiente tiene la mitad de posibilidades de ser atendida que en el resto de España. hay 18.213 personas dependientes, una de cada tres, que tienen reconocidos los derechos pero figuran en lista de espera”, explicó Juan Manuel Ramírez. “Y lo más grave, en 2013 murieron más de 3.000 personas que tenían el derecho reconocido sin poder disfrutarlo”.
Miles de dependientes de Aragón malviven sin ayudas públicas a pesar de tenerlas concedidas
Los recortes del Gobierno de Aragón han hecho retroceder la asistencia a los dependientes un 24% en solo dos años, han quitado el apoyo público a unas 3.000 personas y mantienen a unas 8.000 familias a la espera de ayuda.
En la actualidad, la Ley de la dependencia llega en la comunidad aragonesa a 18.511 personas, a pesar de que hay 26.825 que tienen reconocido el derecho a cobrar prestación. Es decir, hay 8.314 que, a pesar de haber sido reconocidos y aceptados por los asistentes sociales, aún no tienen apoyo de la ley.
El número total de beneficiarios se ha reducido además de forma notable. En los últimos dos años y medio, coincidiendo con el cambio de gobierno (del PSOE de Marcelino Iglesias al PP de Luisa Fernanda Rudi) y el recrudecimiento de la crisis, se ha reducido en 5.961 personas (de 24.472 a los 18.511 que hay ahora).
El Ejecutivo autonómico atribuye parte de esta caída a la detección de unos 3.000 beneficiarios que habían estado cobrando la ayuda pese a haber fallecido. Esto quiere decir que otros 3.000 dependientes han dejado de recibir sus ayudas.
Unos 60 millones de euros repartidos en prestaciones
Y el número de solicitudes ha bajado solo un 4,5% (de 47.487 a 45.346). «Cada vez entran menos dependientes al sistema de ayudas. Estamos saturados», explican fuentes de los servicios sociales. La cantidad de dinero que destina el Gobierno de Aragón a las prestaciones económicas para la dependencia se recorta este año en 1,5 millones de euros: habrá algo más de 60 millones, frente a los 61,6 que se presupuestaron para 2013. En 2011 hubo 43 millones y en el ejercicio 2012 la DGA dedicó a estos pagos 55,5 millones de euros.
Munté deplora el impacto social de la reforma local del Estado y ve «imposible» cumplirla
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha deplorado este lunes el impacto social que tendrá la ley de racionalización de la administración local del Estado porque contraviene el principio de proximidad, y ha afirmado que es «imposible» cumplirla en los términos y plazos que se ha planteado.
Durante su intervención en el Consejo General de Servicios Sociales, Munté ha afirmado que la normativa «no respeta el principio de proximidad, clave en el modelo catalán de políticas sociales», ha informado al Conselleria en un comunicado.
La propuesta del Estado «tampoco tiene en cuenta la realidad territorial y al experiencia acumulada por los entes locales», ha dicho la consellera, que ha añadido que su aplicación devolverá a Catalunya a un sistema público de servicios sociales ya superado.
Ha advertido que el Estado «pretende alejar a los ciudadanos de la competencia de la atención, lo que dificulta una respuesta ágil y eficaz a sus necesidades y a la intervención comunitaria en beneficio de la cohesión social».
Además, ha recordado que el texto prevé que la Generalitat asuma las competencias de los entes locales antes de diciembre de 2015: «Este plazo resulta claramente corto y desproporcionado y es imposible de cumplir para Catalunya».
El censo de cuidadoras de dependientes se reduce un 80% en solo dos años en Galicia
Casi dos años después de que el Estado dejó de asumir la cuota a la Seguridad Social de las cuidadoras de dependientes solo quedan en Galicia una cuarta parte de las que había a finales de 2011. De un censo de 8.373 familiares (el 94% mujeres) de personas con alto grado de dependencia encargadas de su cuidado dos ejercicios atrás el listado ha menguado un 80%, registrando al cierre de 2013 un total de 1.737 mujeres que continúan de alta y pagando la cuota a la Seguridad Social por su cuenta.
Con la Ley de Dependencia el Gobierno apostó por dar visibilidad y convertir en oficio lo que miles de familiares realizan desde hace años: entregarse y cuidar a un hermano, padre, madre o hijo que no pueden valerse por sí mismos. Se creó un convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia y para facilitar la regulación de una tarea de miles de personas el Gobierno asumió la cuota a la Seguridad Social, de unos 165 euros mensuales. Con esta medida el número de cuidadoras de alta en Galicia superó las 9.000 pero tras la decisión de la Administración central de dejar de asumir el coste de las cuotas dicha cifra se desplomó, no solo en Galicia sino también en el conjunto de España. Con ayudas de 200 o 400 euros como tramos medios en función de la situación del dependiente gran parte del colectivo de cuidadoras dejó de aportar los 165 euros a la Seguridad Social y con ello dejan también de apostar por una futura jubilación.
La decisión del Gobierno coincidió con los ajustes presupuestarios por la crisis y también por un cambio de tendencia en la aplicación de la propia ley, que redujo los apoyos a familiares cuidadores para reforzar los servicios profesionales.
De este modo, si al principio de la aplicación de la ley el 80% de las solicitudes de prestaciones de dependencia en Galicia eran para cuidador familiar, en la actualidad este porcentaje se ha reducido a menos del 20% y en la gráfica del reparto de ayudas por tipos de servicio ganó terreno la ayuda en el hogar de una forma profesionalizada. Según la Consellería de Traballo e Benestar, la distribución de las actuales prestaciones por dependencia en Galicia es la siguiente (consultar gráfico): un 35,8% para ayuda en el hogar, un 19,6% para cuidador familiar, el 18,8% para residencias, el 14% para libranza vinculada a servicio y un 11,7% para centros de día.
El cambio de tendencia en los servicios derivó en una mayor profesionalización del sector, según las administraciones, de hecho, al incrementarse las tipologías vinculadas a plazas en residencias o asistentes personales solo en Galicia el sector de la dependencia emplea a más de 10.000 personas, mientras que en el año 2009 esta cifra era de algo más de 4.000.
A Coruña es la provincia con mayor número de cuidadoras familiares: se mantienen 567 cotizando en el convenio especial. Le sigue Pontevedra, con 508; Ourense, con 358 y Lugo con 304 al cierre de 2013.
Fernández dice que el decreto de copago para los dependientes que incluye el patrimonio creará situaciones «más justas»
La consellera de Familia y Servicios Sociales, Sandra Fernández, ha asegurado este martes que el decreto que está ultimando el Govern tendrá en cuenta el patrimonio para calcular la capacidad económica de los beneficiarios de la Ley de la Dependencia a la hora de acceder a los diversos servicios que se prestan, como el ingreso a una residencia de mayores o a un centro de día, a fin de crear situaciones más justas entre las personas dependientes.
En los pasillos del Parlament, la titular de Servicios Sociales ha apuntado que el decreto está en fase de alegaciones, para que se puedan realizar aportaciones a su contenido y «poder mejorar el texto y intentar corregir cualquier situación que pueda resultar injusta».
Además, ha precisado que la mayoría de las comunidades autónomas del país ya incluyen el patrocinio de los afectados, tal y como establece la legislación que data de 2006.
Asimismo, Fernández ha avanzado que el proyecto contempla la creación de una comisión técnica con el fin de evitar situaciones injustas en algunos casos concretos en los que pueda haber algún tipo de duda acerca de su aplicación.
Hasta ahora sólo se tenía en cuenta la renta de los dependientes, por lo que a partir de la aprobación del Decreto se valorará también el patrimonio, «lo cual consideramos que es mucho más justo», de modo que «el que más tiene es el que más aporta y el que menos tienen será el que menos aporta», ha apostillado.
UPyD pide un IPC para revalorizar las pensiones que tenga en cuenta el consumo específico de los jubilados
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado, para su debate en el Pleno del Congreso, una proposición no de ley en la que plantea la posibilidad de calcular un IPC específico para los jubilados.
En la iniciativa la formación magenta defiende que sería «aconsejable y técnicamente sencillo» contar con un índice en el que se reflejen los precios de los bienes y servicios que usan los pensionistas, con un mayor peso para los productos que les afectan en mayor medida (como la luz, el gas, la alimentación o los medicamentos) y menos importancia para otros que casi no les afectan (como los juguetes, la enseñanza o la ropa infantil).
«Tales distinciones no son sutilezas académicas, sino que tienen una gran importancia práctica», insiste la formación que lidera Rosa Díez, que cree que este nuevo indicador específico permitiría a las administraciones públicas «conocer mejor la evolución del poder adquisitivo de los pensionistas» y, así, garantizar su mantenimiento.
Cumplir la Constitución
En este sentido, UPyD recuerda que la Constitución Española obliga a los poderes públicos a garantizar que las pensiones públicas son «suficientes, adecuadas y periódicamente actualizadas», matizando que la Carta Magna no se refiere únicamente a la cuantía inicial que perciben los jubilados sino a la de todo su periodo de retiro.
Además, señala que la revalorización «no puede entenderse como un simple acto formal de actualizar las pensiones en las cantidades que coyunturalmente encajen en la política económica del partido que gobierne, sino que una interpretación racional lleva a considerar que las pensiones se deben actualizar para que sigan siendo ´adecuadas´».
Una obligación que se ve en «riesgo», a juicio de la formación magenta, con la última reforma del Gobierno del PP, que entró en vigor el pasado 1 de enero y que deja de vincular la revalorización a la inflación para tener en cuenta los ingresos y gastos del sistema, con un techo (IPC más 0,5%) y un suelo (0,25%) de incremento.
«Como el PP niega que la pérdida continuada del poder adquisitivo que prevén el resto de grupos parlamentarios vaya a producirse, sería importante contar con los indicadores adecuados para medir correctamente la evolución del poder adquisitivo de las pensiones, para que pueda dilucidarse esta cuestión mediante un debate público informado en el futuro», concluye la formación.
El juez apremia al alcalde de Jaén a retomar el servicio de dependencia
El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), puede ver comprometida su decisión de renunciar al servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Jaén ha instado al gobierno municipal a que alegue contra el recurso planteado por la Junta de Andalucía en el que solicitaba la suspensión cautelar del decreto municipal de cese del servicio. De este modo, el juzgado insta al Ayuntamiento a retomar la prestación de forma voluntaria en el plazo de cinco días —que expira este lunes— pues, de no hacerlo, podría estimar la petición de la Administración andaluza de medidas cautelares contra la decisión municipal, que está vigente desde el 3 de diciembre.
La decisión del juzgado es consecuencia del recurso contencioso-administrativo presentado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía por entender que el alcalde rompía unilateralmente el convenio suscrito para prestar la ayuda a domicilio y por el “perjuicio” que esa medida podía suponer para unas 450 personas dependientes de la capital jiennense, según señaló la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez. Cabe recordarque la fiscalía de Jaén ya dictaminó que era el Ayuntamiento el responsable para prestar el servicio, aunque también instaba a la Junta a abonar sus deudas.
El requerimiento judicial ha hecho reaccionar al alcalde jiennense, quien ahora parece dispuesto a dar su brazo a torcer. Fernández de Moya ha registrado en la Delegación del Gobierno de la Junta una propuesta de convenio en la que muestra la disposición municipal a retomar un servicio que, según precisa el regidor, es una “competencia exclusiva” del Gobierno andaluz. Eso sí, Fernández de Moya condiciona la vuelta del servicio a la esfera local a que la Administración andaluza se comprometa por escrito a pagar en un plazo máximo de 60 días el dinero del servicio que, a su vez, el Consistorio debe transferir o a la empresa concesionaria. De no ser así, el alcalde cree que la Junta debe garantizar también que asumirá los intereses de demora. “Vamos a ver si con esta propuesta la Junta mueve ficha”, recalca el popular.
En la nueva propuesta municipal, el alcalde de Jaén se compromete también a abrir una cuenta restringida donde vaya el dinero que la Junta ingrese en materia de dependencia. Hasta ahora, ese dinero iba a la caja única del Ayuntamiento y, tanto la oposición como las cuidadoras de la empresa concesionaria, sospechan que en ocasiones el dinero se ha gastado en otros fines.
El Ayuntamiento abandonó el servicio bajo el argumento de los continuos y reiterados impagos de la Junta, que aún hoy debe en torno a 700.000 euros anteriores al 3 de diciembre, según las estimaciones municipales. Pese al abandono del servicio, la empresa concesionaria sigue prestando la ayuda a domicilio, aunque sus responsables han admitido la difícil situación económica que atraviesan. También las 200 trabajadoras que prestan el servicio han alertado de su inseguridad laboral ante el limbo legal en el que se encuentran.
El Ayuntamiento sigue recibiendo las facturas por parte de la adjudicataria, Multiservicios Jabalcuz, aunque el alcalde admitió que aún no han resuelto qué hacer con ellas. El Consistorio sí que sigue prestando con normalidad la ayuda a domicilio de carácter municipal a otros 179 usuarios.
Unos 70.000 dependientes murieron sin recibir la prestación
La satisfacción del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, más en concreto, la del Imserso, por el camino que ha tomado la ley de la dependencia con los ajustes realizados no es compartida por los profesionales que están día a día con las personas más necesitadas. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denunció este viernes que las administraciones solo pueden atender a 750.000 dependientes a pesar de que las personas con derecho a una prestación alcanza casi el millón de dependientes. Es decir, casi 200.000 personas no están recibiendo la atención a la que tienen derecho. «Si aún se presta atención a las personas dependientes es, en buena medida, gracias a la resistencia que han mostrado las comunidades ante los embates sufridos por la ley», apunta esta organización en la presentación del duodécimo dictamen sobre la dependencia.
En su informe destacan que 753.842 dependientes están siendo atendidas a 31 de diciembre de 2013, lo que supone un incremento del 0,3% con respecto al año anterior (751.551). Pero no son todos los que deberían recibir algún tipo de prestación o servicio. El Imserso reconocía este derecho a 944.345 personas, lo que supone que la desatención afecta actualmente a 190.503 personas que forman parte de lo que en su día se llamó el limbo de la dependencia, ya que se trata de personas con un derecho reconocido por su condición valorada de personas dependientes pero que aún se ven sometidos a dilatados trámites de puesta en marcha efectiva de un servicio que apoye su autonomía o de una prestación económica que sustituya la ausencia, «demasiado frecuente» de servicios adecuados.
CRÍTICAS
El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, ha criticado que esta falta de servicios por los recortes ha provocado un descenso de la lista de espera, «uno de los mensajes triunfalistas del Imserso». El informe destaca que en diciembre de 2011 las personas en espera de servicio eran 305.941 y que hace un año eran 231.119. «Podríamos pensar que la reducción de más de 100.000 personas de la lista de espera se ha producido porque ahora ya reciben atención. Nada más lejos de la realidad. El incremento neto de atenciones en dos años habría sido de 15.255 personas, de las cuales 2.291 personas corresponderían al último año. Pero había nada menos que 305.941 personas a la espera de atención, que han pasado a 190.503. ¿Dónde están los 115.438 restantes?», plantearon los directores y gerentes de servicios sociales.
La respuesta está, añaden, en que se han dado de baja o en algunos casos, han fallecido. «Que algo tan trágico como esto sea torticeramente ‘vendido’ como un éxito es no afrontar la realidad palmaria de que los recortes han ayudado, sin duda, a colapsar un sistema que no puede dar abasto a más de 750.000 personas», indica el informe, que calcula que unas 70.000 personas podrían haber muerto sin recibir ninguna ayuda.
El director del IMSERSO pide «sensibilidad» a quienes dicen que se «desmantela» el Sistema de Dependencia
El director general del Instituto de mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), César Antón, pide «sensibilidad social» y «rigor» en los datos a quienes afirman que el Gobierno «está desmantelando» el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia porque, según advierte, «hay personas y familias detrás».
En declaraciones a los medios, tras el acto conmemorativo del 25 aniversario del Programa de Termalismo Social, Antón ha reconocido que, aunque las cifras «no son satisfactorias –sobretodo las que se refieren a la lista de espera–, sí «animan a seguir trabajando».
«No se puede hablar de desmantelamiento de la dependencia cuando hay más personas atendidas en diciembre de 2013 que las que había hace un año», ha subrayado.
Asimismo, ha celebrado el «esfuerzo conjunto» de profesionales y comunidades autónomas, cuya «obligación –ha recordado– es trabajar por los dependientes y sus familias». «¿Tendrían que ser mejor los resultados?», se ha preguntado, para contestar acto seguido que «sí», aunque ha insistido en que «hay más personas atendidas» que hace un año y que los datos son «oficiales, públicos y publicados».
Según Antón, el balance de los dos últimos años es «bueno», pese a los momentos «difíciles»: Más de 220.000 personas han recibido nuevas prestaciones por dependencia; menos personas esperan a ser atendidas (190.000, casi un 34% menos que hace dos años); nuevas altas de afiliaciones a la Seguridad Social para servicios profesionalizados.
Preguntado por si hay prevista una reunión del Consejo Territorial de la Dependencia –integrada por responsables del Ministerio de Sanidad y responsables autonómicos en la materia–, Antón ha señalado que «no hay temas urgentes e imperiosos» para convocar este encuentro.
Los trabajadores sociales alertan de la «muerte lenta» de la Ley de Dependencia con la reforma local
La presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Ana Isabel Lima, reconoció ayer que Castilla y León es una de las regiones que ha mostrado «más sensibilidad» con su modelo de servicios sociales, pero advirtió de que la reforma local «va a picar aquí más que en ningún otro sitio».El presidente del Consejo Autonómico, Juan José Compadre, matizó que a pesar de la «buena posición» que ocupa esta Comunidad a nivel nacional, presenta «un nivel muy básico».
Los máximos representantes de los trabajadores sociales de España y Castilla y León se referían así al Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales presentado hace dos años por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en el que se destaca la «trayectoria ejemplar» seguida por la Comunidad. «Es verdad que según ese índice Castilla y León queda muy bien representada, pero su modelo es muy municipalista por la gran dispersión poblacional que tiene, y la reforma local afectará sobre todo a los pueblos pequeños, que se van a quedar aislados y sin servicios», prosiguió Lima en declaraciones recogidas por Ical.
En este sentido, advirtió de que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ya aprobada por el Gobierno y publicada en el BOE del pasado 30 de diciembre, «va a picar más aquí que en ningún otro sitio precisamente por su dispersión poblacional, porque deja a los pueblos pequeños sin ni siquiera acceso a los servicios sociales». Castilla y León, añadió, «es una de las comunidades que, en mi opinión, ha tenido una gente a nivel técnico y de funcionariado con más sensibilidad con los servicios sociales, otra cosa es lo que pase a partir de ahora», lamentó Lima, antes de participar en el Foro-Debate sobre Servicios Sociales: Cuarto Pilar de la Sociedad de Bienestar, organizado en Segovia por la Asociación Juan Bravo.
«La reforma local es una gran amenaza tal y como está planteada», prosiguió la presidenta del Consejo General de Trabajo Social, quien consideró que el nuevo escenario normativo no apunta de manera explícita al desmantelamiento de los servicios sociales, «pero es uno de sus objetivos» como «un efecto secundario», porque acaba con la red de programas y servicios que todavía hoy mantienen los ayuntamientos, que dejarán de ser competentes para ello. «Ahora no va a pasar nada, se prevé poner en marcha el 1 de enero de 2016, después de las elecciones locales. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la gente vota en función de los servicios que tiene y cómo está atendido en su Ayuntamiento», expuso.
Lima puso de ejemplo que habrá centros de salud, sobre todo en los pueblos pequeños, donde se atenderán exclusivamente las urgencias. «Los ayuntamientos perderán su capacidad de intervención integral» y, con ellos, sus programas de igualdad de oportunidades, violencia de género, protección de menores o familia. En resumen, «sobre el papel el objetivo es repartir las competencias, que no haya duplicidades, pero realmente lo que se pretende es un ahorro de casi 4.000 millones aplicando la reforma de servicios sociales», continuó Lima. «Las dos consecuencias más graves van a ser, por un lado, la reducción de centros y servicios, con el cierre de muchos de ellos y la reducción de algunas prestaciones; y por otro, la privatización de lo que quede», opinó.
Copago de un seguro
Bajo la reforma local, para Lima subyace un cambio de modelo que conduce hacia «una muerte lenta» de la Ley de Dependencia: «Todo lo que haya de servicios sociales dedicado a dependencia se lo llevan a un subsistema que se llama espacio sociosanitario, donde se incluye al mundo de los seguros y la privada. Aquí quien quiera algo tendrá que hacerse un seguro de dependencia, y va a tener que copagar», aseguró. «Lo único que va a dar el Gobierno es un cheque servicio a quien corresponda. Quien pueda tener su pensión y un seguro, más copago y un cheque servicio podrá pagarse una buena residencia, y el que no, quien sólo tenga su pensión y el cheque servicio, no sé qué ocurrirá con él. Ese es el cambio de modelo, el que quiera algo que se lo pague»
Un cambio de sistema que coincide con el fuerte incremento de la necesidad de este tipo de asistencia registrado en los tres últimos años. Según el ‘Informe de los Servicios Sociales en España’ (ISSE), presentado el pasado mes de octubre por el Consejo General del Trabajo Social, la demanda creció a nivel nacional un 74% dos puntos más en Castilla y León, y más de la mitad «eran personas de clase media que nunca habían acudido a Servicios Sociales», indicó Lima. Y en ese mismo periodo, el número de trabajadores empleados en esta área en la región se redujo un 25%; un porcentaje que, por otro lado, es muy inferior al registrado en Murcia (52,5), Canarias (44,6), Castilla-La Mancha (44), Madrid (40,2) o la Comunidad Valenciana (38,8).
Además, advirtió de que esa pérdida de empleo se agudizará en los próximos años y no solo para los trabajadores sociales. En esta línea, puso de ejemplo que la ayuda a domicilio municipal emplea actualmente a unas 34.000 auxiliares en España y ese servicio, «según la reforma, desaparece totalmente», porque los ayuntamientos «tendrán prohibido» mantenerla por no ser su competencia.
El presidente del Consejo Autonómico de Castilla y León también suscribió»una visión muy negra» del futuro de los servicios sociales a partir de 2016: «Se había creado una red de servicios básicos, pero esta ley va a dinamitar el sistema, lo poco que había». Compadre vaticinó que en dos años se impondrá «la dictadura de los interventores» de las administraciones locales, porque «cada ayuntamiento interpretará qué es lo que debe hacer». En su opinión, España retrocede 40 años en esta materia y acaba prácticamente con la Ley de Dependencia, con la que reconoció que Castilla y León «ha sido diligente».
El concejal de Servicios Sociales de Segovia, Andrés Torquemada, por su parte, lamentó la pérdida de ayudas regionales y estatales sufrida en los últimos años y los consecuentes problemas para mantener programas y servicios como «las aulas de envejecimiento activo, las ludotecas municipales, la ayuda a domicilio o la teleasistencia».
AECAS solicita al nuevo secretario autonómico que apueste por la coordinación socio-sanitaria para garantizar la viabilidad de la red asistencial pública a mayores
El presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas, Marcos Penadés, ha solicitado al nuevo secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano, que apueste por la coordinación socio-sanitaria para poder garantizar la viabilidad de la red socio-sanitaria pública de atención especializada para mayores y personas en situación de dependencia.
Penadés ha recordado que estas políticas permiten reducir el coste sanitario y agilizar la atención a este colectivo y que, con el impulso de la definición de recursos en las residencias de mayores todavía pendiente, se podría establecer un modelo con futuro y sólido para garantizar la calidad asistencial conseguida en la Comunidad.
Así, el hecho de que el nuevo Secretario Autonómico venga del mismo cargo en Sanidad se ha entendido como un paso adelante del Consell para afrontar algunas de las reformas necesarias para garantizar la viabilidad el sistema de atención socio-sanitario público, como es el caso de la citada reordenación del mapa de recursos, partiendo de los contratos públicos vigentes, o la implementación de acuerdos entre hospitales y residencias para reducir el gasto público sanitario manteniendo los servicios y la calidad asistencial.
Para Aecas, entidad que agrupa el 40% de las plazas de la red pública y concertada de la dependencia y el 99% de las plazas concertadas de capital privado, agrupadas en los planes de modernización del sector impulsados por la propia Generalitat Valenciana, es imprescindible apostar por un modelo asistencial sostenible y sujeto a compromisos públicos que aporten seguridad jurídica y garanticen la calidad en la atención de los mayores y las personas en situación de dependencia.
No obstante, el presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas ha señalado que desde la patronal de los centros de accesibilidad estarán pendientes de que los cambios en la cúpula de Bienestar Social no sirvan de excusa para dilatar el citado proceso de reordenación de recursos y/o el pago de la deuda con el sector socio-sanitario.
Mayores retrasos de España
De hecho, la designación de Escolano se ha asumido como un intento del ejecutivo autonómico de refrescar la negociación con un perfil técnico y con conocimiento del sector, ya que pasa de la secretaría autonómica de Sanidad a la de Autonomía Personal y Dependencia, y cuenta con el respaldo del Vicepresidente del Consell, José Císcar, por lo que se espera que disponga de capacidad de maniobra con Sanidad, Presidencia y el área económica del Gobierno Valenciano, algo que no sucedía hasta la fecha.
En este sentido, Penadés ha destacado la accesibilidad y capacidad de diálogo de la ya ex secretaria autonómica, Manuela García, que espera se mantenga con Escolano, si bien, ha recordado que la capacidad operativa de Bienestar Social estaba muy mermada ante la insuficiencia presupuestaria y el estancamiento de la gestión de la atención a mayores y personas en situación de dependencia, lo que ha provocado una situación de discriminación frente a otros sectores básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.
Una situación de desamparo que ha provocado que la Comunidad Valenciana tenga el ratio de retrasos en el cobro mayor de España, con cerca de 9 meses de media, frente a los 3 que se registran en la mayoría de autonomías. Y que el sector, tras tres años sin un plan de pagos ni medidas efectivas para subsanar la deuda, carece de la estabilidad necesaria para garantizar la viabilidad de la red pública de atención socio-sanitaria. Por ello, Marcos Penadés ha incidido en la necesidad de retomar la próxima semana las reuniones para abordar la restructuración del mapa de recursos, negociar el futuro plan de pagos y el abono de la deuda restante, en las que espera esté el propio Manuel Escolano, tal y como se le solicitó el mismo día de su nombramiento.
Así, Penadés ha incidido en que es necesario establecer un nuevo punto de partida para todo el sector, que pasa no sólo por garantizar el cobro de los servicios en tiempo y forma, sino también respetar los diferentes modelos implantados, así como los concursos públicos y licitaciones vigentes. Y, en esta línea, el Presidente de Aecas recuerda que el sector ha mantenido las prestaciones y la atención con normalidad a pesar de la crítica situación en la que se ha visto inmerso por los impagos del Gobierno Valenciano. Si bien, lo que no se puede soportar es que los operadores, trabajadores y usuarios se vean abocados a vivir en la incertidumbre y la inseguridad jurídica porque la Administración no cumple siquiera los contratos administrativos firmados.
@Aecascomunica
La lista de espera para la dependencia se reduce un 37,7%
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha emitido este martes un balance bianual del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que arroja un descenso del 37,7 por ciento desde enero de 2012 en la cifra de personas en lista de espera para recibir una prestación o servicio.
Según explica en un comunicado, más de 305.000 personas estaban a la espera de prestación dentro del modelo de dependencia a 1 de enero de 2012 frente a las 190.503 que se encontraban esperando en las mismas fechas de 2014, el número más bajo desde que empezara a funcionar el sistema. El 22% de estas personas son grandes dependientes.
El director general del IMSERSO, César Antón, afirma que «más de 190.000 personas en la lista de espera siguen siendo muchas, por lo que entre todas las administraciones hay que seguir trabajando para que la atención que reciban sea lo más ágil y eficiente posibles».
En paralelo, se ha producido un balance positivo en el número de nuevos usuarios. En concreto, al cierre de 2013 se contaban 15.255 beneficiarios más que cuando terminó 2011, compensadas las altas y las bajas.
Otro de los datos que ofrece el departamento que dirige Ana Mato tiene que ver con el empleo. El balance indica que el 56,7% de las prestaciones que se conceden actualmente ya van destinadas a financiar la asistencia en el sector de los servicios sociales, un 2% más que a 31 de diciembre de 2011, lo que ha repercutido en la creación de puestos de trabajo.
«Había 335.929 afiliaciones el 1 de enero de 2013. Doce meses después, se corrobora un aumento hasta las 342.147, es decir, 6.218 más en un año», explica Sanidad, para aclarar, no obstante, que en enero de 2012 el registro era negativo, por cuanto se sumaron más bajas de empleados, 1.771 trabajadores menos dentro del sector.
Antón considera que «el Sistema avanza ya hacia su sostenibilidad» y que «se ha iniciado un cambio de tendencia que hará de la Dependencia un sistema robusto, viable y ágil».
En este sentido, destaca las reformas aplicadas sobre el SAAD, como la que obliga desde el 1 de enero de este mes a las comunidades autónomas a certificar mensualmente y por escrito las variaciones registradas en el sistema y, anualmente, el uso que han dado a los fondos que reciben del Estado para dependencia.
