Las familias quieren asumir el cuidado de sus dependientes pero reclaman el apoyo de la Administración
Las familias españolas quieren asumir el cuidado de sus mayores dependientes, pero reclaman el apoyo de las administraciones, según ha señalado la profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) María Ángeles Durán, quien ha realizado un estudio para la Fundación BBVA sobre ‘El trabajo no remunerado en la economía española’.
Así, Durán ha indicado que en el país la esperanza de vida está en torno a los 80 años y la mayoría de los ancianos están ligados en sus últimos años de vida a las enfermedades y la dependencia. Con este escenario, las encuestas señalan que la demanda de cuidados en España crecería en un 50 por ciento para 2050.
Además, el estudio destaca que el 55 por ciento de los entrevistados afirma que le gustaría acoger a sus padres dependientes en su casa, mientras que casi el 30 por ciento prefiere la opción de cuidarles sin que los padres dejen su hogar. «Esta última opción es habitual en las familias con un poder socioeconómico más alto», ha precisado la investigadora.
Pero, según ha apuntado Durán, asumir el cuidado de los familiares dependientes incluye distintos modelos posibles que la investigación ha planteado y que se pueden concentrar en dos opciones: que la familia asuma el cuidado en exclusiva o que se cuente en mayor o menor grado con cuidadores externos y remunerados.
En este caso, la edad de los encuestados marca «claramente» la diferencia en cuanto a la opción elegida, ha apuntado Durán. Así, frente al 43,7 por ciento de entrevistados mayores de 65 años que optan asumir el cuidado de los dependientes, sólo el 18 por ciento de los menores de 30 años selecciona esta opción. Las alternativas que implican la externacionalización parcial o total del cuidado ganan terreno y son mayoritarias salvo, precisamente, en el sector de los mayores de 65 años (34,1 por ciento).
La investigadora ha ligado estos resultados a la opinión recogida en el estudio y que destaca que el 80 por ciento de los españoles asume que el cuidado de un dependiente repercutirá en la economía familiar y muy pocos (un 1,7 por ciento) confían en que este impacto vaya a ser compensado por las administraciones, por otros miembros de la familia (2,8%) o por el propio dependiente (4%).
MÁS DE 1.000 EUROS AL MES
Los encuestados estiman que el coste mensual de la atención al dependiente está por encima de los 1.000 euros, una cantidad que supera los 1.500 con la opción del ingreso en una residencia no subvencionada. El rango de precios medios de las residencias que hacen públicas sus tarifas en Internet va de los 1.450 euros, las de titularidad pública, hasta los 2.250 de las privadas, sin considerar servicios que se consideran extras, como, por ejemplo, el cambio de postura de un enfermo.
En la situación en que un familiar decide abandonar su empleo para dedicarse al cuidado de un dependiente, los autores del estudio calculan que la pérdida media para el hogar es de unos 20.000 euros anuales.
Para Durán, una vía para hacer frente al impacto económico de esta situación es el seguro de la dependencia, «poco implantado en España», aunque, según ha indicado «el 11,2 por ciento de los entrevistados afirmaba tener un caso de adulto dependiente grave en su familia y el 14,4 por ciento un caso de dependencia moderada». «Entre los mayores de 65 años sólo el 0,9 por ciento disponía de esta cobertura», ha apuntado.
EMPLEADOS DEL HOGAR
Otra de las vías que ha tomado la sociedad para solucionar la situación es «el traspaso del trabajo no remunerado que antes asumía la familia en el hogar, al mercado laboral» con la contratación de cuidadores. Durán ha indicado que esta actividad se «solapa» con la de los empleados del hogar «ya que en muchos casos es el mismo empleado el que asume el cuidado de la casa y del dependiente».
Las cifras sobre el trabajo doméstico remunerado son desconcertantes porque, según Durán, «ni están todos los que son, ni son todos los que están». En este sentido, ha explicado que entra las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) y los registros de altas en la Seguridad Social, el sector adelgaza casi la mitad, «algo que viene sucediendo desde hace años», ha indicado.
Durán ha señalado que en el plazo de cinco años está previsto que los trabajadores de este sector se equiparen plenamente en derechos y obligaciones al resto de los trabajadores. «Para el Gobierno la equiparación obliga a decidir cómo financiará la cobertura de los nuevos derechos conseguidos por los trabajadores: tiene que optar entre que lo financien los propios trabajadores (autónomos); que lo hagan los empleadores; o que lo haga el resto de ciudadanos a través de impuestos generales», ha señalado la investigadora.
Pero, según ha señalado, «sólo los hogares españoles que ingresan mensualmente más de 5.000 euros (un 3,8%) son los que podrían destinar una cuarta parte de sus ingresos, si así lo priorizan, a pagar el sueldo y los gastos derivados de un empleado de hogar.
