Sostenibilidad
Cáritas alerta de que España «es ya una sociedad fracturada»
El secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, ha alertado sobre la realidad social que vive España y ha asegurado que «la sociedad española es ya una sociedad fracturada como consecuencia del severo incremento de la desigualdad», según recoge el informe anual de la Fundación Foessa ‘Desigualdad y Derechos Sociales. Análisis y perspectivas 2013’, presentado este miércoles en la sede de la ONG en Madrid.
En este sentido, Mora ha señalado que el hecho más significativo que se recoge en este documento –que muestra la evolución de España desde el año 2006 hasta 2012 en relación a la renta y la desigualdad, el empleo, la pobreza y los derechos y servicios sociales– es el incremento severo de la desigualdad social. «La brecha que se ha abierto entre las personas empobrecidas y los que tienen acceso a bienes y servicios es cada vez mayor, es alarmante porque en estos momentos la desigualdad y la fractura social en España son de una importante proporción –ha precisado–. La desigualdad es un escándalo ético y político».
Ante esto, ha criticado la disminución que se ha llevado a cabo en las políticas de protección social, tanto con medidas suprimidas como con medidas fiscales, educativas o sanitarias. Para Mora «estas medidas tomadas de una en una pueden ser medidas que pidan un sacrificio incluso razonable, pero tomadas todas en su conjunto hacen la vida muy difícil de vivir y no permite a las personas vivir en igualdad».
Así, entre las principales diferencias sociales el texto hace hincapié en las desigualdades que se han producido desde el comienzo de la crisis entre las rentas más altas, que cada vez son mayores; y las más bajas, que, por el contrario, no dejan de disminuir. El texto refleja que desde el año 2006 las rentas más bajas han ido bajando cerca de un 5 por ciento cada año, hasta 2011, lo que significa que la diferencia entre las más altas y las más bajas se ha incrementado en un 30 por ciento, dando lugar a que «las rentas mayores sean siete veces más altas que las más bajas».
En cuanto a las familias, el secretario general de Cáritas ha indicado que «si hace un año, el anterior informe revelaba que la pobreza en España era más intensa, más extensa y más crónica, hoy se puede decir que ese proceso de empobrecimiento se ha profundizado en extensión». «Esto se demuestra con el dato que señala que el 41,6 por ciento de familias con tres hijos están ya bajo el umbral de la pobreza y casi un 16 por ciento de estas familias están sufriendo pobreza severa», ha destacado.
Respecto a la pobreza que afecta a la sociedad española, el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas, Francisco Lorenzo, ha subrayado que según los datos del INE (2011) hay un 26,8 por ciento de personas en situación de pobreza o exclusión social en España, de los que un 21,8 por ciento sufren pobreza ‘relativa’ y un 6,4 de ellos padecen pobreza ‘severa’.
Francisco Lorenzo ha expuesto que en 2012 la sociedad española ha asistido a «los peores resultados de la etapa democrática». «Se ha pasado de 300.000 hogares sin ingresos en 2007 a 630.000 en 2012, además los hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos pasan del 30 por ciento al 44,5 por ciento y se han incrementado en más de 1,8 millones, los hogares con todos los miembros de la familia activos en paro, frente a los 380.000 hogares que tenían esta situación antes de la crisis», ha agregado.
«España es una sociedad pobre»
Con estos datos sobre la mesa, Mora ha manifestado que lo que este informe demuestra es que «quienes realmente se han ajustado tres botones del cinturón son los más pobres». Además, ha alertado de que «la pobreza más severa y los colectivos en máxima exclusión están siendo eclipsados, ocultados por la pobreza tan amplia que vive el país». «España era una sociedad con muchos pobres, siempre ha tenido una tasa de pobreza relativamente alta y ahora estamos siendo una sociedad pobre», ha asegurado
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Por ello, ha lamentado que «la fractura social, que se ha instalado en España, con el tiempo va a hacer más difícil que las personas que sufren pobreza y exclusión puedan pasar a una situación de normalidad sociológica. No obstante, ha animado a que hay que tener «la convicción profunda de que esto no es lo que hay, que tenemos que construir un haber nuevo entre todos». «Los análisis deben ser comienzos de un camino, no meras estadísticas sin alma», ha añadido.
Por su parte, Lorenzo ha criticado que los recortes en los servicios públicos del bienestar «están dando paso a una ruptura definitiva que está abandonado a los más pobres a su suerte y se están dejando descolgados a los hogares más pobres de las sociedad». «Hay que tener en cuenta que las decisiones que tomemos en estos momentos marcarán una tendencia concreta que se fijará en nuestra estructura social, seremos una sociedad u otra diferente dependiendo de la apuesta que hagamos por los derechos sociales», ha advertido.
En último lugar, Mora ha advertido de que para lograr que esta situación cambie habría que «garantizar un sistema de ingresos mínimos para todas las personas; tomar conciencia de que se adoptan muchas medidas de ajuste; tener en cuenta a los más pobres en la elaboración de las políticas de ajuste; y tener en cuenta las iniciativas legislativas que ayudarían a la vida familiar, en materia hipotecaria o de acceso igualitario a la educación o la sanidad».
Los colegios vascos de trabajo social piden dar prioridad el bienestar social
Los colegios oficiales de Trabajo Social del País Vasco han reclamado hoy «a todas las personas con cargos de responsabilidad» en esta materia que den prioridad «el bienestar social y los derechos de las personas, familias y ciudadanía en general».
Los colegios de trabajo Social de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava hacen este emplazamiento en una nota que han hecho pública con motivo de la celebración mañana del Día Internacional del Trabajo Social.
En su comunicado, estas entidades recuerdan que la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) «en la mayoría de las oficinas de Lanbide» está siendo «muy lenta en su resolución», ya que «en muchos casos» es preciso «esperar hasta más de seis meses», «sin tiempo para realizar un acompañamiento personalizado de cara a hacer un diagnóstico para su inserción más adecuada».
Denuncian asimismo que el Anteproyecto de Ley sobre «racionalización y sostenibilidad de la Administración local», que «está actualmente en la agenda política», «elimina de lleno el derecho a la cobertura de servicios sociales básicos» y no garantizará «servicios que se vienen ofreciendo a la población» como la ayuda a domicilio, la prevención e intervención familiar en casos de riesgo de maltrato, el acompañamiento en procesos de inclusión, y la atención a personas con discapacidad y dependencia, entre otros.
En cuanto a los profesionales de Trabajo Social, los colegios vascos consideran «de gran importancia» su preparación de forma integral para un ejercicio de calidad ya que «se trata de una disciplina que requiere la adquisición de conocimientos teórico-prácticos, así como de la investigación científica en todos sus ámbitos, garantizando así una atención a la ciudadanía acorde con las transformaciones sociales, el bienestar y la igualdad económica y social».
Mayores en Acción se presenta en sociedad protestando contra los recortes
La Plataforma Mayores en Acción, creada el pasado 20 de febrero, se ha presentado hoy a los ciudadanos con una concentración en la Puerta del Sol para protestar contra los recortes que afectan de manera significativa a este colectivo y que han reducido su capacidad adquisitiva.
Frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, más de un centenar de pensionistas ha hecho sus reivindicaciones con globos de colores y carteles en los que se podía leer ‘En defensa de los derechos sociales y en contra de los recortes’, o ‘De sujetos pasivos a sujetos activos’, mientras cantaban «Gracias a la vida», de la cantautora chilena Violeta Parra.
Ante un escaso dispositivo policial en Sol, los mayores protestaban mientras coreaban a los agentes ‘No nos escoltéis, que no somos el rey’.
Con esta protesta, la recién creada plataforma quiere denunciar que el 20 % de los mayores de la Comunidad de Madrid «vive por debajo del umbral de la pobreza» o que el 83 % «tiene que apoyar económicamente a sus familias».
Se han quejado, entre otras cosas, de tener que pagar los medicamentos, de la pérdida de muchas prestaciones sociales o de los «continuos» recortes en las pensiones a pesar de la subida del IPC.
La Plataforma Mayores en Acción está integrada, entre otros, por la Federación de Pensionistas y Prejubilados (FEMAS), Veteranos del 15M, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Mayores Siglo XXI, Federación Regional de Pensionistas de CCOO, Organización Social de Mayores IU (estatal) y el Partido de Autónomos y Pensionistas forman parte de la Plataforma.
La concentración de hoy ha contado con el apoyo de los yayoflautas y el grupo regional de mayores del Partido Socialista de Madrid.
Nela García: «La reforma de la ley de Dependencia se ajusta a parámetros de universalidad, solidaridad, coherencia y sostenibilidad»
La secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, Nela García, ha ofrecido una charla coloquio sobre la reforma de la Ley de Dependencia, su incidencia y su aplicación en la Comunidad Valenciana , organizada por la Asociació Valenciana d’Amics i Parents dels Malalts d’Alzheimer (AVAMA).
Durante su intervención, Nela García ha explicado los distintos aspectos de la reforma de la Ley de Dependencia, y ha señalado que estos cambios «se ajustan a parámetros de universalidad, solidaridad, coherencia y, sobretodo, sostenibilidad».
La Secretaria Autonómica ha asegurado que las nuevas medidas de la Ley que se van a aplicar en la Comunitat Valenciana «están basadas en el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia pactado entre el gobierno y las comunidades autónomas el pasado mes de julio», y ha destacado que la reforma «pone las bases de un modelo que simplifica los procedimientos, promueve la calidad asistencial y su sostenibilidad, dando prioridad a los servicios profesionales y especializados».
En este sentido, ha subrayado que en la Comunitat Valenciana «hemos apostado desde el principio de la aplicación de la ley por los servicios y la atención profesional para los grandes dependientes y severos».
Medidas adoptadas
Por un lado, la reforma de la ley ha simplificado los grados de reconocimiento, pasando de seis niveles a tres grados y aplazando la incorporación de los dependientes moderados al sistema. La Secretaria Autonómica ha matizado que estos últimos «en su mayoría están siendo atendidos ya por lo servicios sociales».
Asimismo, la prestación económica por cuidador no profesional se concederá con carácter excepcional, «de forma que se van a primar los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas, cumpliendo así con el espíritu de la Ley».
Respecto a los nuevos criterios comunes para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas, ha explicado que el objetivo «ha sido garantizar la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia», y ha querido puntualizar que «nadie quedará fuera de la cobertura del sistema de atención por no disponer de recursos económicos.»
La aplicación de los nuevos cálculos tienen distinto efecto para cada persona de acuerdo con su capacidad económica y el tipo de servicio o prestación que reciben, de manera que en algunos casos ha variado el importe de las prestaciones que venían recibiendo, y en otros casos no ha variado en absoluto.
Para finalizar, la Secretaria Autonómica ha explicado que la financiación pública a cuenta de la Administración General del Estado se efectuará conforme al número de beneficiarios del Sistema, al grado de dependencia reconocida y al servicio o prestación que recibe.
El envejecimiento de la población continúa imparable
La población española continúa un progresivo proceso de envejecimiento: la esperanza de vida al nacer mantiene el crecimiento sostenido de las últimas décadas y en 2011 se sitúa en 82,1 años (0,2 años más que en 2010), siendo mayor para las mujeres (85,0 años) que para los hombres (79,1 años).
Los datos elaborados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) muestran que el crecimiento de la esperanza de vida al nacer no parece mostrar signos de agotamiento. Así, en promedio, la esperanza de vida al nacer ha crecido alrededor de un año por cada lustro en las últimas décadas, un total de 8,4 años entre 1975 y 2011 (gráfico 2).
Los mayores valores de esperanza de vida al nacer se localizan en el centro y noreste de la península, siendo Madrid la Comunidad con una mayor esperanza de vida al nacer (83,6 años). La diferencia con la región que presenta el mínimo valor para este indicador (Ceuta y Melilla) es de 3,6 años.
Por provincias, la diferencia entre los valores máximo y mínimo de esperanza de vida al nacer se amplía a 4,1 años. La mayor distancia corresponde a Soria y Ceuta (83,7 y 79,6 años respectivamente).
Un millar de trabajadores de la dependencia pierden su empleo cada mes
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha asegurado este jueves en el Congreso de los Diputados que «todos los meses», un millar de personas que trabajan en el sector de la dependencia se quedan sin empleo, ya que se están cerrando residencias y «desmantelando el sistema».
Ramírez hizo estas consideraciones durante su intervención en una jornada parlamentaria sobre Servicios Sociales y Dependencia, organizada por el Grupo Socialista y celebrada hoy en la Cámara Baja. El presidente de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales comenzó su intervención aclarando que, para él, la Ley de Dependencia es «el mayor avance que ha habido en España en los tres últimos lustros», ya que refuerza el sistema público de servicios sociales, entre otros aspectos positivos. Dicho esto, Ramírez puso sobre la mesa una serie de denuncias que a juicio de su colectivo hay que hacer por el cariz que está tomando el Sistema de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes (SAAD).
Así, se quejó de que haya muchos beneficiarios que se encuentren actualmente «en el limbo de la dependencia», de que se haya acabado con el sistema de niveles, dentro de los grados establecidos por la ley, o de que haya «caído en picado» el número de planes individuales de atención (PIA) elaborados. Con este panorama, los gerentes de servicios sociales estiman que el Gobierno, si no adopta otras medidas, podría tardar unos 11 años en atender a todas las personas en situación de dependencia que tienen el derecho ya reconocido.
Ramírez se expresó así en una mesa redonda enmarcada en las citadas jornadas parlamentarias titulada ‘Situación y perspectivas de la implantación de la Ley de Dependencia» y moderada por Rosa Aguilar, portavoz de Servicios Sociales del Grupo. En la mesa, participaron también Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social; Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO; Almudena Fontecha, secretaria confederal para la Igualdad de UGT, y Jaime-Esteban García, coordinador estatal y de Comunidad Valenciana de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia.
«Desmantelamiento» de los Servicios Sociales
Lima aprovechó su intervención para hacer una defensa de los servicios sociales y para mostrar su preocupación por el «desmantelamiento» que, a su parecer, están sufriendo por culpa de los recortes. Apostó por un modelo de bienestar basado en la «igualdad, cooperación y solidaridad» y que garantice los derechos sociales a todos los ciudadanos, independientemente de su aportación a la Seguridad Social. Ese modelo, prosiguió, ha de «dar voz y empoderar a la gente», que debe expresar lo que le pasa para poder recibir una mejor atención y no recortar derechos, como está ocurriendo en algunas CCAA, donde se están «recrudeciendo» requisitos para acceder a él.
Y es que, aseguró, en la actualidad «hay un ataque» a los servicios sociales básicos, es decir, los que se prestan desde los ayuntamientos, que, en muchos casos, están viendo cómo desaparecen apoyos tales como el de la ayuda a domicilio, que solo se presta a personas en situación de dependencia, y no a todas. Igualmente, denunció la eliminación progresiva del plan concertado para los servicios sociales, que, aunque con una financiación «ridícula», suponía un acuerdo importante entre las tres administraciones.
Consecuencias «graves»
Por su parte, las representantes de CCOO y UGT se centraron en analizar las consecuencias que están teniendo las reformas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley de Dependencia, que, dijeron, son «graves», como lo son también los cambios del Ejecutivo en educación y sanidad. Para Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO, la de la Dependencia es una «reforma integral» que sigue el mismo patrón que orienta los cambios en el resto de pilares del Estado de bienestar, que se aborda de forma unilateral, sin trasparencia y con «opacidad». A su parecer, los objetivos de la reforma del Ejecutivo son «recortar drásticamente» el gasto social público y «debilitar la naturaleza pública y universal» con la que nació el Sistema de Dependencia, para conducirlo hacia otro de carácter «mercantilista».
Almudena Fontecha, secretaria confederal para la Igualdad de UGT, evidenció también su «preocupación» por el curso de la norma de la Dependencia y abogó por buscar un sistema de financiación estable y sostenible, desde el punto de vista económico, pero también social, y por redactar una ley que garantice el acceso a los servicios sociales a todas las personas. Finalmente, el coordinador estatal y de Comunidad Valenciana de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia indicó que la reducción de prestaciones económicas, el aumento del copago en los servicios, el hecho de que los cuidadores no profesionales tengan que pagar su Seguridad Social y el retraso hasta 2015 de la entrada en el sistema de los dependientes moderados son, a su parecer, los aspectos de las reformas del Gobierno que más están afectando a los beneficiarios del SAAD.
El número de pensiones supera en enero los nueve millones por primera vez
El paulatino envejecimiento de la población ha elevado el número de pensiones contributivas que cada mes abona la Seguridad Social por encima de los nueve millones por primera vez en la historia. El aumento de las prestaciones, además, está pasando facturas a las arcas de la institución, que en enero incrementó la partida que destina a estos pagos en un 4,8% pese a la decisión del Gobierno de no compensar a los pensionistas por la inflación. Ante este aumento de las prestaciones y la persistente caída del empleo, la Seguridad Social ya cerró 2012 consu déficit más abultado desde que dejó de financiar la sanidad.
Según los datos que ha publicado esta mañana el Ministerio de Empleo correspondientes al 1 de enero, el número de prestaciones contributivas creció en un 1,5%, hasta los 9.008.348. Por tipo de prestación, fueron las de orfandad, que aumentaron en un 7,3% aunque su peso en relación con el total es pequeño, y las de jubilación, que son las más numerosas y que suponen un mayor desembolso, que repuntaron en un 2%. Así, a principios de año, el organismo público tenía contabilizadas 5.402.863 pensiones por jubilación.
En cuanto al coste de estas prestaciones, el gasto en pensiones contributivas aumentó en enero un 4,8%, hasta los 7.653 millones, con respecto al mismo mes de 2011, cuando sí hubo paga extra para recuperar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación. Las previsiones del Gobierno son de destinar un 4,2% a lo largo de todo 2013 en pensiones.
El repunte, que tuvo lugar pese a la supresión de la compensación por el IPC sufrida en 2012, que se solía abonar en una única paga en este mes, y la consolidación de la revalorización en 2013, indica que el gasto se acelera con respecto a los meses precedentes. Esto es debido, explica el departamento que dirige Fátima Báñez, por el incremento en el número de receptores y la subida del 1% aprobada por el Gobierno para este año para las prestaciones de más de 1.000 euros y del 2% para el resto.
A este respecto, la pensión media de jubilación alcanzó los 969,89 euros, un 3,6% con respecto al arranque de 2011. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 849,60 euros al mes, lo que supone un alza interanual del 3,3%.
Frente al crecimiento de los perceptores de prestaciones, el número de trabajadores que pagan mensualmente sus cotizaciones a la Seguridad Social ha caído con más intensidad al sufrir un descenso del 4,57% en 2012. Esto supone que a cierre de 2012 había 787.240 ocupados menos que a finales de 2011, lo que equivale a 16,3 millones de inscritos en el sistema. Esta destrucción de empleo ha provocado que, por primera vez desde 1997, haya menos de dos trabajadores afiliados por cada pensionista, cuyo número a finales de diciembre era de 8,1 millones. Con estos mimbres, la Seguridad Social cerró 2012 con su mayor desfase presupuestario desde que dejó de financiar la sanidad: un déficit de 11.800 millones, sin contar con los intereses del fondo de reserva.
El ministro de Finanzas japonés pide a los ancianos que se den prisa en morir
«Dios no quiera que ustedes se vean obligados a vivir cuando quieran morir. Yo me despertaría sintiéndome mal sabiendo que todo [el tratamiento] está pagado por el Gobierno». El ministro se refirió así al coste de los tratamientos médicos en un país en el que casi una cuarta parte de sus 128 millones de habitantes son mayores de 60 años y, no contento con eso, remachó: «El problema no se resolverá a menos que ustedes se den prisa en morir».
Las declaraciones se produjeron en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Social del país nipón donde Aso, que también ejerce de viceprimer ministro, aseguró que él se negaría a recibir cuidados paliativos. «Yo no necesito ese tipo de atención», dijo en declaraciones citadas por la prensa local, agregando que él había escrito una nota indicando a su familia que se nieguen a prolongar su vida con un tratamiento médico.
Para completar sus declaraciones, se refirió a los ancianos que ya no pueden alimentarse por sí mismos como «gente de tubo» y alegó que el ministerio de salud y bienestar era «muy consciente de que cuesta varias decenas de millones de yenes al mes» el tratamiento de un solo paciente en las etapas finales de la vida.
Días después, Taro Aso intentó matizar sus comentarios reconociendo que sus palabras habían sido «inadecuadas» y que él solo se estaba refiriendo a sus preferencias personales. Aunque no es la primera vez que uno de los políticos más ricos y veteranos de Japón comete este tipo de deslices. En 2008, cuando ejercía de primer ministro, llamó «chochos» a los pensionistas. En otra ocasión en una reunión de economistas dijo: «Veo a gente de 67 años o 68 constantemente ir al médico. ¿Por qué tengo que pagar por las personas que sólo comen y beben y no hacen ningún esfuerzo?».
Según un informe publicado esta semana, el 40% de los hogares japoneses que reciben asistencia social tiene algún miembro mayor de 65 años. Japón es el país más envejecido del mundo, el propio ministro de Finanzas tiene 72 años.
«Falta de planificación» en las residencias de mayores aragonesas de titularidad y gestión pública directa
Izquierda Unida (IU) ha criticado la«falta de planificación» en las residencias de mayores aragonesas de titularidad y gestión pública directa y ha urgido al consejero de Sanidad, Bienestar y Familia, Ricardo Oliván, a explicar cuáles son los planes de su Departamento respecto a estos centros.
IU ha recordado en una nota de prensa que el Ejecutivo autónomo cuenta con trece residencias de mayores de titularidad pública y gestión directa repartidas en todo el territorio aragonés.
La portavoz del ramo de IU en las Cortes autonómicas, Patricia Luquin, ha precisado que en el caso de la Residencia Turia de Teruel «hemos tenido conocimiento de la decisión de cerrarla y trasladar a los usuarios a la residencia Javalambre, pese a la gran oposición que ha suscitado el cierre de la misma y el traslado de las personas que se encontraban en ella».
Por otro lado, la residencia de Movera «también se está inspeccionando»y tanto los usuarios como la población de la zona «se encuentran en una situación de incertidumbre porque no saben qué va a pasar con el centro» y «con la misma incertidumbre se encuentran en la residencia del Pinar y así podríamos continuar con cada una de las trece residencias», ha dicho Luquin.
La diputada ha estimado que «todas estas noticias y actuaciones dan sensación de improvisación por parte del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y, lo que es más preocupante, parece que no existiera una planificación clara y concreta en relación a las residencias públicas de mayores y que no se sabe exactamente qué va a ocurrir con cada una de ellas».
A su entender, es necesario «que exista una planificación clara en relación a sus centros y que se garantice a los usuarios si se van a mantener abiertas, si van a continuar siendo de gestión pública, qué va a ocurrir con los trabajadores de dichos centros y se conozcan las previsiones, si las tiene el Departamento».
La diputada ha registrado varias preguntas dirigidas a Oliván en las que le pide que informe al grupo parlamentario de IU Aragón de la previsión de planificación de estas residencias, que aclare si tiene previsto mantenerlas abiertas y con titularidad y gestión pública directa «y, si la respuesta es negativa, que detalle qué residencias se verían afectadas por el cierre o por el cambio de la gestión directa a otro tipo de gestión».
El Ministerio revisará la Ley de la Dependencia dentro de seis meses
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que junto con las Comunidades Autónomas dotarán al Sistema de Dependencia de datos más homogéneos y fiables mediante la actualización de su base de datos, para lo que se han dado un plazo de seis meses. Durante este tiempo, analizarán la información que ya obra en el modelo y sopesarán los procedimientos más adecuados para su actualización. Asimismo, se unificarán los criterios de regulación de las prestaciones y los servicios del Sistema de Dependencia y se clarificará la financiación.El Congreso Vida Después de la Vida entrega a Mensajeros de la Paz 7.500 euros para ayudar a familias afectadas por la crisis
- La donación irá destinada a la nueva Red de Recursos Sociales anticrisis de la ONG, compuesta por comedores sociales infantiles, centros de apoyo escolar, bolsas de ayuda material, capacitación profesional, cesta solidaria, y el Banco Solidario (www.
bancosolidariomensajerosdelapa z.com). - El Congreso Internacional “Vida después de la Vida”, en todas sus ediciones anteriores, ha recaudado fondos para colaborar en proyectos sociales y de Cooperación Internacional.
- Miguel Cerdá, Miguel Blanco, Rafael Campillo, y el Padre Ángel, estarán presentes en la entrega.
El próximo 20 de diciembre se llevará a cabo el acto de entrega de las ayudas recaudadas en la 5ª edición del Congreso Internacional “Vida después de la Vida” a la ONG “Mensajeros de la Paz”. El congreso organizado por la Asociación Rosa de los Vientos reunió en Albacete, el pasado mes de octubre, a cientos de personas de toda España y consiguió recaudar cerca de 600 Kg. de alimentos que fueron destinados a familias sin recursos de esta localidad. Además, una vez pagados los gastos de organización de este evento, se han obtenido unos 7500 euros de beneficios que serán entregados a la ONG presidida por el Padre Ángel.
Mensajeros de la paz destinará esta donación a su nueva Red de Recursos Sociales anticrisis para paliar sus efectos en menores y familias, formada por como comedores sociales infantiles, centros de apoyo escolar, bolsas de ayuda material, capacitación profesional, cesta solidaria, y el Banco Solidario (www.bancosolidariomensajerosdelapa
Los congresos “Vida después de la Vida” nacieron en el año 2001 en Hellín (Albacete) con el objetivo solidario de reunir fondos para ayudar a los niños más desfavorecidos. A lo largo de estos 11 años se han conseguido destinar ayudas para distintos proyectos entre los que cabe destacar la colaboración en la construcción de comedores para niños pobres en la India (Fundación Dharma), Burkina Faso, y Nicaragua(Congregación Misioneras de la Caridad), la construcción de un orfanato para las víctimas de tsunami en Indonesia (Fundación Blanco Fadol), el proyecto con niños de la calle en Brasil (Fundación José Medrado), la ayuda a niños con problemas Casa Thuson en Kimberly y los centros juveniles de Takaliini y Soweto en Sudafrica (Asociación IIIHS), la construcción de un hospital para niños y mujeres víctimas de la guerra en Uganda (Fundación Kim Phuc), la reconstrucción orfanato Haití (Congregación Hijas de la Caridad), y la campaña contra el hambre en el Cuerno de África (“Mensajeros de la Paz” y “Médicos sin fronteras”).
En el acto de entrega de las ayudas estarán presentes el Padre Ángel, presidente de “Mensajeros de la Paz”, Miguel Cerdá presidente de la Asociación La Rosa de los Vientos, Miguel Blanco director y presentador del programa radiofónico “Espacio en Blanco” de RNE y Rafael Campillo director del congreso.
Acto de entrega de la donación
Jueves, 20 de diciembre a las 12’30 h
Con la presencia de Miguel Cerdá, presidente de la Asociación La Rosa de los Vientos, Miguel Blanco, director y presentador del programa radiofónico “Espacio en Blanco” de RNE, y Rafael Campillo, director del congreso, acompañados porel Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz.
Lugar: Sede de Mensajeros de la Paz
Plaza General Vara del Rey, 9 (metro Latina)
28005 Madrid
La norma que modifica las pensiones abre la puerta al copago de medicamentos dispensados en farmacias de hospitales
El Real Decreto-Ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros para modificar las pensiones también ha introducido un cambio en la Ley del Medicamento por la que se establece que los medicamentos que se administran en las farmacias de los hospitales mediante orden de dispensación hospitalaria se equiparan a los que se administran a través de receta médica y, por tanto, podrían estar sujetos al copago farmacéutico.
El pasado sábado, 1 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, que introducía una modificación del artículo 94 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, relativo a las aportaciones de los usuarios.
En el primer punto de dicho artículo se amplía el concepto de la prestación farmacéutica ambulatoria para incluir en él, además de a los medicamentos dispensados mediante receta médica, a los que «se dispensan al paciente mediante orden de dispensación hospitalaria a través de oficinas o servicios de farmacia».
En concreto, las órdenes de dispensación hospitalaria son el documento que se utiliza para prescribir a pacientes no ingresados «medicamentos que exijan una particular vigilancia, supervisión y control, que deban ser dispensados por los servicios de farmacia hospitalaria a dichos pacientes».
De este modo, al ampliar el concepto de prestación farmacéutica ambulatoria se estaría también ampliando el abanico de medicamentos «sujetos a aportación del usuario», el llamado copago farmacéutico, como establece el segundo punto del citado artículo 94.
«La prestación farmacéutica ambulatoria estará sujeta a aportación del usuario», reza el articulado tras su última modificación, para luego detallar los porcentajes de copago según renta del ciudadano estipulados tras la reforma sanitaria impulsada por el Ministerio de Sanidad.
FÁRMACOS CONTRA EL CÁNCER O LA ARTRITIS PRECISAN ORDEN HOSPITALARIA
Según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, entre los medicamentos que requieren orden de dispensación hospitalaria están algunos tratamientos contra el cáncer, la hepatitis C, la artritis reumatoide, la psoriasis, la esclerosis múltiple o numerosas enfermedades raras.
Su precio varía en función de la duración de los mismos y el número de dosis requerida. Por ejemplo, el fármaco para la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn adalimumab cuesta unos 1.127 euros por envase (que incluye dos jeringas de 40 miligramos), pero si se tiene en cuenta que el tratamiento requiere al menos 6 envases el coste ascendería a unos 6.762 euros.
Asimismo, algunos tratamientos para la esclerosis múltiple como el interferón beta 1a o 1b, el natalizumab o el fingolimod también requieren orden de dispensación hospitalaria, y el coste medio anual del tratamiento suele ascender a unos 14.500 euros por paciente.
Fuentes del departamento de Ana Mato consultadas por Europa Press aseguran esta modificación «no cambia nada» el sistema de copago que entró en vigor el pasado mes de junio, y que los medicamentos que son de uso hospitalario, como los antirretrovirales, «están exentos de pago».
De igual modo, precisan que los medicamentos para enfermedades graves o invalidantes tienen una aportación reducida por lo que, en caso de estar sujetos a copago, los ciudadanos sólo pagarían un 10 por ciento de su valor con un máximo de 4,13 euros.
Por su parte, en la exposición de motivos del RD-Ley, el Gobierno explicó que el objetivo de esta modificación era «precisar la equivalencia» existente entre la dispensación mediante receta médica y la dispensación mediante orden de dispensación hospitalaria ante las «desigualdades» que, según dicen, estaba provocando la existencia de una diferente nomenclatura para el mismo acto de dispensación, «unido al proceso acelerado de cierre de la implantación de la receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud (SNS)».
La Diputación de Álava mantendrá las ayudas a los dependientes moderados de grado 1
El diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), ha anunciado que la institución foral mantendrá las ayudas para las personas dependientes moderadas de grado 1 a partir de 40 puntos de valoración, equivalente a un nivel de dependencia moderado.
De Andrés ha anunciado esta decisión durante el pleno de las Juntas Generales alavesas que se ha celebrado este lunes, según ha informado la Diputación en un comunicado.
En la Cámara foral, el diputado general ha asegurado que la Diputación mantendrá «niveles de protección adicional» en todas las prestaciones de la Ley de Dependencia para los alaveses que lleven tres años empadronados en el territorio.
En este sentido, ha informado de que, con las medidas aprobadas por el Consejo de Diputados, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar supondrá que los dependientes alaveses de grado 3 (gran dependencia) que cuenten con el requisito del padrón cobrarán 468,83 euros.
Por su parte, los de grado 2 (dependencia severa) recibirán 319,07 euros, y los dependientes de grado 1 a partir de 40 puntos de valoración de la dependencia (antiguo grado 1,2 correspondiente a la dependencia moderada) cobrarán 180 euros.
Según las cifras aportadas por la Diputación, estas cantidades contrastan con las del resto del Estado, donde los dependientes de grado 3 cobrarán 387,64 euros, los de grado 2 recibirán 268,79 euros y los de grado 3 percibirán 153 euros.
RESIDENCIAS Y ASISTENCIA PERSONAL
A su vez, la Diputación ha decidido mantener «niveles de protección adicional» en la prestación económica vinculada al servicio para los alaveses que cuenten con tres años de padrón, destinado al pago de residencias.
En este caso, según los datos de la institución foral alavesa, las personas dependientes de grado 3 recibirán 1.000 euros frente a los 715 que se abonan como regla general en el resto de España, y las de grado 2 percibirán 805 euros, mientras que en el resto del Estado reciben 426,12 euros. Por su parte, los de grado 1, también a partir de 40 puntos de valoración, cobrarán 508 euros, frente a los más de 200 que se les concede en los demás territorios.
Asimismo, De Andrés ha destacado como novedad la introducción de «niveles de protección adicional» en la prestación económica de asistencia personal, siempre que se cumplan los tres años de empadronamiento en Álava.
También ha decidido ampliar este tipo de prestación a los dependientes de los grados 2 y 1, pues los de grado 3 eran los únicos que lo percibían hasta la fecha. Con esta nueva medida, las personas dependientes de grado 3 cobrarán 775 euros, las de grado 2 recibirán 475 euros y las de grado 3, 325 euros.
GRADO 1
Por otra parte, dentro del nivel de protección adicional, y a pesar de que en el grado 1 se ha pospuesto su incorporación al sistema hasta el 2015, la Diputación mantendrá la atención al grado 1 a partir de los 40 puntos de valoración de dependencia. En el caso de los menores de tres años, la mantendrá en todo el grado.
Asimismo, el acuerdo del Consejo de Diputados adapta su normativa para acomodarla a la supresión de los niveles de cada grado. No obstante, los valorados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto del 13 de julio «de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad» conservarán su valoración y las cuantías de sus prestaciones por grado y niveles mientras no se revise su valoración de dependencia.
En su discurso, De Andrés ha señalado que, con estas decisiones, Álava «seguirá siendo un referente en la aplicación de esta ley a nivel estatal y autonómico».
Un estudio revela que cada jubilado europeo se sostiene a través de cuatro personas activas
El estudio de preparación para la jubilación confeccionado por Aegon revela que cada pensionista de la Unión Europea se sostiene a través de cuatro personas activas, del mismo modo que pronostican que la crisis económica y el desempleo provocarán que esta cifra descienda a dos personas «en unos años», informa en un comunicado.
La aseguradora destaca que las mujeres son las menos favorecidas en este ámbito, como refleja que solo el 5% de las mujeres llega a los 35 años de cotización. Además, la media de jubilación de las mujeres (63,4) está por encima de la de los hombres (61,8). Asimismo, el 71% de las mujeres confiesa su preocupación por cobrar una pensión que realmente cubra sus necesidades.
La responsable de marketing de canales propios de Aegon, África Hernández, ha advertido de la necesidad de tomar medidas para asegurar la jubilación. «A pesar de que estamos concienciadas con este tema, realmente no llegamos a dar el paso», ha apostillado.
Lista de espera de Ley de Dependencia se ha desbloqueado en 30.000 personas
El secretario de Estado de Sanidad, Política Social e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha asegurado hoy que la lista de espera que acumulaba la Ley de Dependencia se ha desbloqueado en más de 30.000 personas, un sistema que está «más vivo que nunca» y que se ha hecho «sostenible en el tiempo».Madrid incrementa los recursos a la RMI y garantiza la atención a dependientes
El Gobierno de la Comunidad de Madrid incrementará los recursos a la Renta Mínima de Inserción (RMI) en un 56 por ciento en 2013 y destinará más de 940 millones de euros a la Dependencia sumando los diferentes programas de sus Direcciones Generales, garantizando su atención.
Así lo ha dicho hoy el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, durante una visita al centro de Alzheimer Reina Sofía, en el distrito de Villa de Vallecas, en la que ha dado a conocer las líneas de actuación más importante de su Departamento el próximo año en función de los Presupuestos aprobados el pasado miércoles por el Gobierno regional.
En la misma línea que el presidente Ignacio González, Fermosel ha subrayado hoy que las cuentas regionales de 2013 tienen un carácter eminentemente social al destinar el 90 por ciento de su montante a Sanidad, Educación, Asuntos Sociales y Transportes, según una nota de la Comunidad.
En concreto, la Consejería de Asuntos Sociales gestionará 1.249 millones de euros (el 7,95 por ciento del total) que, según su responsable, posibilitarán que los servicios esenciales mantengan su extensión, calidad y especialización, algo que ha hecho a la Comunidad de Madrid «referente en toda España en esta materia».
Entre las acciones prioritarias que se atenderán figura la Renta Mínima de Inserción (RMI), cuya percepción está garantizada para las familias más vulnerables y que realmente lo necesiten como consecuencia de la crisis.
Madrid se posiciona así como «la única comunidad que garantiza la percepción de manera indefinida a las familias que acrediten los requisitos establecidos», ha dicho el consejero.
Los créditos destinados a esta Renta crecen un 56 por ciento respecto a 2012, hasta los 82 millones, y el Gobierno regional calcula que se beneficiarán unas 19.000 familias.
Madrid, además, será la única comunidad que continúe manteniendo la «gratuidad» en la atención a personas con discapacidad, y su garantía está asegurada a través de las más de 21.000 plazas especializadas que conforman la Red -residencias y centros de día- y las 2.343 de los centros de atención temprana.
Los presupuestos regionales para 2013 también prevén un incremento de dos millones de euros para financiar las prestaciones económicas destinadas a los dependientes, pasando de 80 a 82 millones de euros.
Además, se eliminan las duplicidades en ayuda a domicilio y teleasistencia de modo que estos servicios en el municipio de Madrid los atenderá únicamente el Ayuntamiento.
En el resto de la región se realizará un único contrato para conseguir un 14 por ciento de ahorro, según las primeras estimaciones, y una mayor eficiencia en la gestión.
En total, la Dirección General de la Dependencia contará con 206 millones de euros para prestaciones económicas, ayudas a domicilio y teleasistencia.
Según Fermosel, el Gobierno de Ignacio González garantiza la atención de los dependientes a través de la red de 50.000 plazas, y si se suman los diferentes programas de sus Direcciones Generales, los recursos que la Comunidad destina a la Dependencia superan los 940 millones de euros.
En la atención a las personas mayores se garantizan las 29.000 plazas de atención residencial y centros de día, y se anuncian diferentes programas con actividades para favorecer su implicación social.
El Instituto Madrileño de la Familia y el Menor contará con más de 105 millones para mantener los distintos servicios y programas destinados específicamente a los menores.
Las políticas dirigidas a la Mujer dispondrán de casi 22,7 millones para continuar con los programas regionales en materia de asistencia integral a las víctimas de violencia de género, la atención a mujeres y a sus hijos en situación de riesgo de exclusión social, campañas de sensibilización y las acciones de coordinación y colaboración con las entidades locales de la región.
Para ello, la Dirección General de la Mujer podrá seguir contando con 25 centros residenciales, otros cinco para mujeres jóvenes y uno para mujeres reclusas y ex reclusas.
También dispondrá de otros dos centros no residenciales especializados en violencia de género, y de otros dos de día para mujeres en situación de desprotección.
El consejero ha garantizado la continuidad de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos y la red de Centros de Atención a Inmigrantes, aunque ha señalado que el presupuesto de Cooperación se reducirá para mantener exclusivamente las ayudas para situaciones emergencia en el extranjero.
También se mantienen las actuaciones dirigidas a consolidar y fomentar el voluntariado.
La nadadora paralímpica Teresa Perales avisa de que «se está haciendo encaje de bolillos» con el Sistema de Dependencia
La nadadora Maria Teresa Perales Fernández, que se ha convertido este viernes en la primera deportista paralímpica en recibir la Gran Cruz al Mérito Deportivo, ha alertado de que «se está haciendo encaje de bolillos»con el Sistema de Dependencia.
En una entrevista a ‘Mundo Cristiano’ recogida por Europa Press, Perales ha resaltado que cuando se puso en marcha el citado sistema de ayudas a la dependencia «no se pensaba en la que se venía encima», puesto que España «no estaba preparada para algo tan grande en un momento tan malo».
«Están haciendo encaje de bolillos. Creí en el sistema y sigo creyendo. Mi abuelo nunca pensó que iba a cobrar una pensión o el paro y ahora es algo normal. Espero que una utopía como el Sistema de Dependencia el día de mañana sea algo normal», ha explicado.
A lo largo de la entrevista, Perales repasa su trayectoria y los inicios de su discapacidad, además de sus objetivos de futuro cuando abandone el deporte. Así, además de continuar en su labor como escritora –cuenta con el libro ‘Mi vida sobre ruedas y la teoría del espiralismo’– dedicará el tiempo al coaching deportivo y profesional.
«Tengo que pensar en mi futuro, porque el deporte es mi presente. Si me lesiono, adiós, y la beca ADOP (Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico) se va de un día para otro si no hay resultados deportivos», ha señalado.
La nadadora también ha dedicado una etapa de su vida a la política, siendo diputada en las Cortes de Aragón, si bien ahora considera esta actividad «una etapa del libro cerrada». En este sentido, pide «cambiar la imagen» que tienen tanto los políticos de los ciudadanos como viceversa.
Perales usa silla de ruedas desde los 19 años, tras una enfermedad. En 1998 debutó internacionalmente como nadadora en el Campeonato del Mundo de Nueva Zelanda y desde entonces ha participado en los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.
Ley Dependencia seguirá vigente pero se primará sector privado en la gestión
El Gobierno no se plantea derogar la Ley de Dependencia, pero apuesta por «derivar» gran parte de la actividad que genera hacia el sector privado, al considerar que cuenta con una red «profesionalizada», lo que permitirá una correcta evaluación en la aplicación de esta norma.
