Archivo mensual: julio 2012
La Xunta discrepa de «la forma» y del «fondo» de los recortes del Gobierno central en dependencia
La consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, ha reconocido que no puede estar de acuerdo ni con «la forma» en la que el Gobierno central ha decidido hacer nuevos recortes en los fondos que destina a las comunidades para la atención a los dependientes, ni con «el fondo», que supone un recorte este año de 21,5 millones de euros en las transferencias que recibe Galicia para afrontar las prestaciones de la Ley de Dependencia.
Durante la firma de un convenio de colaboración en materia de servicios sociales con la Diputación de Orense, Beatriz Mato se ha quejado de que el recorte del 13 por ciento de las transferencias del nivel mínimo que recoge el real decreto del 13 de julio «no fue comunicado como debería» a las comunidades autónomas, puesto que no se explicó en el Consejo Territorial y fue publicado directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
«De forma no puedo estar de acuerdo con ese ajuste y de fondo, evidentemente, tampoco», ha admitido la responsable de los servicios sociales autonómicos. Al respecto, ha reprochado que Galicia «ya lleva el peso más importante de la atención al sistema de dependencia», al asumir «todos los gallegos» el 70 por ciento de la financiación, por sólo el 30 por ciento que afronta el Estado.
Con los nuevos recortes, las arcas autonómica acabarán por asumir aproximadamente un 77 por ciento de los costes, frente al 23 por ciento del Estado, mientras que la ley apostaba por equilibrar el reparto de la financiación en el entorno del 50 por ciento para cada administración.
Al último ajuste decidido por el Gobierno de Mariano Rajoy, que en Galicia supondrá un recorte de 4,5 millones de euros, hay que sumar que ya se había eliminado el nivel acordado, lo que ya había significado una caída de 17 millones en la aportación del Estado a la atención a la Dependencia en este ejercicio, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Xunta de Galicia.
«MEJOR COMPORTAMIENTO» DEL ESTADO
Por consiguiente, Beatriz Mato reclama del Estado «un mejor comportamiento» con las comunidades que, como Galicia, apuestan por implantar la Ley de Dependencia mediante la prestación de servicios «de calidad», frente a aquellas que dan pagas a familiares, un sistema más barato. De hecho, en Galicia el 63 por ciento de los dependientes son atendidos por profesionales o en un centro de día o residencia y apenas el 30 por ciento por una persona cercana que percibe un subsidio.
Ante esta coyuntura, la consejera de Bienestar ha retomado su demanda de que se haga realidad de forma inmediata, el próximo mes de agosto y no en enero del 2013, la ponderación económica positiva sobre la prestación de servicios, frente a las pagas a familiares.
Pero además, el Gobierno gallego reclama que la ponderación no sea gradual en cinco años, como ha aprobado el Ministerio de Sanidad, sino efectiva en su integridad desde su puesta en marcha. «Esta medida es absolutamente necesaria para esta comunidad, deberían ponderar más a Galicia por prestar más servicios frente a comunidades que recurren a las pagas simplemente por criterio económico. Esta demanda la hice y la mantengo y volveré a darle traslado al Ministerio», ha aseverado Mato.
Pese a los reproches a un gobierno central del mismo signo político que el de Galicia, Beatriz Mato ha reconocido que el Ejecutivo de Mariano Rajoy «dio un paso adelante» al asumir una reforma de la Ley de Dependencia que juzga «absolutamente inaplazable y necesaria» porque esta norma nació hace cinco años «sin financiación». «No es una ley viable, en el sentido de que no le da respuesta a los dependientes de toda España, a los derechos que se recogen», ha puntualizado.
Prejuicios y certezas a cerca de las unidades de convivencia para personas con dependencia
Por Pilar Rodríguez, directora de la Fundación Pilares
Desde la década de los 80 del siglo pasado contamos con evidencia científica suficiente que describe los efectos negativos sobre el bienestar y la calidad de vida de las personas que viven en residencias de tipo institucional. Todavía en 2009 un informe de la Unión Europea volvía a advertir de las consecuencias para las personas que continúan en estos establecimientos: despersonalización en el trato, rigidez en las rutinas cotidianas, aislamiento y segregación social, distanciamiento entre el estatus de profesionales y el de residentes, pérdida de oportunidades para tomar decisiones, etcétera.
No es extraño que la imagen social de las residencias tradicionales continúe siendo negativa y que los potenciales destinatarios de las mismas y sus familias se resistan a considerarlas como posibilidad deseable, declarando sistemáticamente su apego, vinculación y deseo a permanecer viviendo en su casa incluso en situación de grave dependencia. Pero, en muchas ocasiones esta preferencia no es posible de satisfacer por muchos recursos humanos o tecnológicos que se inviertan en la atención domiciliaria: cuando, por ejemplo, se tienen deterioros cognitivos y no se cuenta con suficiente apoyo familiar es preciso (y lo será cada vez más en el futuro) recurrir a alojamientos colectivos en los que se garanticen cuidados permanentes.
Lo que sí es posible, como se realiza en la mayor parte de los países de la OCDE, es intentar que las residencias evolucionen hasta parecerse lo más posible a un hogar y que puedan llegar a ser percibidos como lugares deseables y atractivos para vivir. Se trata de ofrecer espacios en los que, prestándose una atención de calidad, se garantice al tiempo la salvaguarda y el respeto absoluto de la dignidad, la autonomía y el derecho de las personas a tomar sus propias decisiones y a seguir ejerciendo control sobre su vida.
Las unidades de convivencia para diez o doce personas son una alternativa plausible para acercarse a este anhelo y resultan una solución factible tanto para nuevos edificios como para aquellos equipamientos existentes cuyas características arquitectónicas lo permitan. Porque optar por el cambio de modelo no significa invalidar nuestro parque residencial, sino apostar por la introducción de mejoras e innovaciones tanto en condiciones ambientales como en las formas de intervenir y en el sistema organizativo.
Existen interesantes iniciativas en nuestro país que apuestan por el cambio de modelo en la atención a las personas que requieren apoyos. Destacan las que se promueven por los responsables políticos de País Vasco y Castilla y León. En ambos territorios se han impulsado como proyectos piloto, con muy buenos resultados de evaluación, la creación de unidades de convivencia dentro de residencias preexistentes.
Resulta patente, en consecuencia, que algunas de las declaraciones que se realizan con intención descalificatoria de estas iniciativas carecen de base científica y muestran gran desconocimiento de la realidad internacional. Se dice, por ejemplo, que se trata de soluciones para personas que no están en situación de dependencia, cuando lo cierto es que es precisamente para ellas para las que se conciben, habiéndose obtenido excelentes resultados de evaluación que pueden ser consultados en las revistas científicas de impacto. También se argumenta que estas unidades solo funcionan en Suecia, cuando es el modelo generalizado en todos los países del norte de Europa, habiéndose desarrollado también en Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia… Finalmente, se manifiesta que su coste es inasumible, desconociendo los estudios de coste-efectividad que ponen de relieve sus buenos resultados en la consecución de objetivos y en las eficiencias que producen.
La crisis económica que atravesamos debe considerarse una oportunidad y no una excusa para demorar o tratar de evitar este proceso de avance innovador hacia una atención más digna para las personas que se encuentran en situación de dependencia. Y, afortunadamente, la realidad nos muestra que ese futuro esperanzador se acerca, ojalá que de manera imparable.
La Plataforma por las personas dependientes muestra su «luto» por la «muerte del espíritu de la ley de Dependencia»
La Plataforma para la defensa de los derechos de las personas con dependencia (Paddep) ha mostrado su «luto» por «la muerte del espíritu de la Ley de Dependencia» con la «reforma terminal de la Ley de Autonomía Personal», que es a su juicio un «finiquito de derechos y una voladura de garantías que obvia el grave impacto humano y social».
Tras criticar que la forma se lleve a cabo a través de Real Decreto y no proyecto de ley, la Plataforma ha apelado al Parlamento de Navarra para que actúe en defensa de los ciudadanos con dependencia, «activando el marco competencial y fiscal de la Comunidad foral para hacer frente a la responsabilidad pública sobre los más vulnerables».
Ha criticado que la reforma se ha materializado «por la gatera», «sin exposición previa, ni opinión de afectados y agentes sociales, sin ninguna oportunidad de debate parlamentario, a golpe de decretazo».
A su juicio, «los gobiernos de Navarra y del Estado, por la vía de abruptos recortes, han finiquitado derechos y garantías, tachándolos del compromiso presupuestario y trasladando un mensaje social de irresponsabilidad ante las personas en situación de vulnerabilidad». «En este sistema agonizante va a ser inviable una atención con un mínimo de dignidad en uno de los tramos más delicados de la vida de las personas», ha opinado la Plataforma.
«VACIADO DE CONTENIDO»
Según ha expuesto, «se ha vaciado de contenido la ley de dependencia; se ha alterado su espíritu, tendiendo a la instucionalización; se disuade el acceso al Sistema de Atención, y se incrementan los costes para dependientes y familiares, además de reducir sus recursos». «En una significativa frase, pagan más quienes más necesitan».
En su opinión, «se cierra por tanto la puerta a la aplicación y desarrollo de una ley que supondría la creación de puestos de trabajo personificados en personal socio-sanitario, servicios de atención domiciliaria y personal contratado; se cierra la puerta a la conciliación laboral y personal de familiares, con un peso mucho mayor de las mujeres, que deberán añadir esta situación a su ya precaria incorporación laboral, y se cierra la puerta a apuntalar un auténtico cuarto pilar del Estado de Bienestar».
La Generalitat detecta once geriátricos ilegales desde 2010, dos de ellos aún en funcionamiento
La Generalitat ha detectado once residencias ilegales desde el 2010 en Catalunya, estando nueve de ellas ya clausuradas, una con cierre previsto para septiembre, y otra más que ha solicitado reconvertir su situación, según han explicado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Bienestar Social y Familia.
Dos de los centros ilegales clausuraron sus puertas en 2010, tres lo hicieron en 2011 y cuatro más lo han hecho este 2012, siendo uno de ellos el geriátrico Bassegoda de Girona, reconvertido ahora en una pensión en la que siguen viviendo ocho ancianos, tal y como avanzó Europa Press.
La Generalitat está reubicando a los ancianos del centro con expediente sancionador que cerrará sus puertas en septiembre, además de ofrecer plaza pública a todas las personas que lo necesiten.
Más de 57.000 catalanes no cobrarán la dependencia hasta 2015
Un total de 57.083 catalanes que han sido reconocidos como dependientes moderados no cobrarán su ayuda hasta julio 2015, tal y como dicta la reforma de la ley de dependencia aprobada mediante decreto por el Gobierno.
Según ha anunciado este lunes el consejero de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, los pagos a los dependientes moderados que presenten su solicitud a partir de ahora se aplazarán un mínimo de tres años y, además, se podrán hacer sin retroactividad.
La reforma del Gobierno también implica que los 106.957 cuidadores familiares que hay en Cataluña verán su ayuda recortada un 15% a partir de agosto, además de someterse «a controles más estrictos», como demostrar que conviven las 24 horas del día con el dependiente beneficiario.
Además, todas las prestaciones dejarán de ser compatibles, por lo que los dependientes solo podrán percibir una ayuda, y el Estado dejará de cotizar por los cuidadores.
A partir del 1 de agosto, los cuidadores de dependientes severos pasarán de cobrar 520,69 euros mensuales a 442, mientras que las nuevas incorporaciones percibirán 387,64 euros.
En el caso de los dependientes moderados, la prestación caerá de 416,98 a 354,43, cifra que descenderá a 268 euros para los nuevos beneficiarios.
Por último, los cuidadores de dependientes leves pasarán de percibir 300 euros mensuales a 255, siendo la ayuda de 153 euros para las nuevas altas.
Cleries ha avanzado que el Gobierno solo pagará el 9,5% del coste de una residencia a los dependientes severos –grado 3–, por lo que sufragará 177,86 euros de los 1.869 que cuesta.
Hasta ahora, el Estado estaba obligado a abonar un mínimo de 266 euros, siendo el importe establecido por la ley de 833 euros.
Con el nuevo recorte, la Generalitat deberá sufragar más del 90% del coste, aunque Cleries ha avanzado que Cataluña «mantendrá» el presupuesto en dependencia, por lo que el aumento del copago del usuario se prevé inminente.
El IMSERSO afirma que la profesionalización de la atención a dependencia no hará desaparecer a los cuidadores familiares
El director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), César Antón, ha aclarado este lunes en Santander que la profesionalización de la atención a personas dependientes en España no significa que los 400.000 cuidadores familiares que hay vayan a dejar de serlo.
Durante su participación en una mesa redonda en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre dependencia, mayores y discapacidad, Antón ha opinado que la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes, en la que se rebaja un 15% la prestación de los cuidadores familiares, se vuelve al «espíritu» de la norma original, que prima la atención profesional a partir de la Red de Servicios Sociales pública o en su lugar entidades colaboradoras.
Ha recordado que la Ley que se aprobó en 2006 preveía la posibilidad de los cuidadores familiares como una «excepción», sólo posible si se garantizaba la «calidad» en la atención y la «dignidad» de la persona atendida.
«No se puede ser un cuidado familiar de un gran dependiente a 100 kilómetros», ha afirmado Antón, quien ha abogado por «volver a ese espíritu» y «reconducir» la actual situación, en la que el 45% de personas dependientes reciben prestación por cuidados familiares, hacia una mayor profesionalización.
En este punto han coincidido el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, y el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas, Luis Martín Pindado -los otros dos participantes en la mesa redonda- que también han abogado por la profesionalización de la atención a las personas dependientes y han subrayado el carácter de excepcionalidad que se preveía para los cuidadores familiares.
De hecho, Martín Pindado ha comentado que encuestas realizadas por la Unión Democrática de Pensionistas -la mayor asociación de personas mayores- demuestran que las personas dependientes quieren que su familia le aporte «amor» y «cariño» pero a la hora de atenderles se decantan por profesionales.
Sin embargo, el director general del IMSERSO ha aclarado tanto en su intervención como en posteriores declaraciones a los medios de comunicación, se ha mostrado «a favor» de la atención en el ámbito familiar y ha recordado que para ello hay otras posibilidades más allá de los cuidadores familiares, como la ayuda a domicilio, la teleasistencia o los centros de día.
Además, ha lamentado que a los cuidadores familiares se les haya dotado prestación económica pero no «instrumentos» o formación para poder atenderles con «calidad». A su juicio, en este sentido, en España ha ido «un poco al revés».
HERENCIA
Por otra parte, Antón ha defendido que era el «momento» de llevar a cabo «medidas de ahorro y, a su juicio, de «mejora» incluidas en la reforma de la Ley de Dependencia y ha asegurado que había que tomarlas «ya o el colapso era inevitable».
En otro momento de su intervención en esta mesa redonda, Antón se ha referido a la «herencia» dejada por el anterior Gobierno de España (PSOE) en materia de dependencia, tanto en número de personas dependientes esperando su prestación -unas 300.000 a fecha de1 de enero de 2012, según ha dicho– como una deuda de 800 millones de euros del Estado a los cuidadores familiares.
PRIORIDAD PARA LOS GRANDES DEPENDIENTES
Según ha explicado, de estos beneficiarios que aún no reciben prestación hay un 45 por ciento que son los denominados grandes dependientes.
En este sentido, ha recordado que la Ley de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia de 2006 también establecía que fueran los severos y los grandes dependientes (grados 2 y 3) aquellos a los que se les diera «prioridad» algo que, a su juicio, se conseguirá con la reforma.
AUTONOMÍA PERSONAL
En la mesa redonda, los participantes han resaltado la importancia no sólo de la parte de la Ley que hace referencia a la Atención a la Dependencia, sino aquella de la Promoción a la Autonomía Personal, algo en lo que los tres han coincidido.
El Govern recurrirá ante el TC los recortes en dependencia
El conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, ha anunciado este lunes que el Govern recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto de reforma de la ley de dependenciaimpulsado por el Gobierno, lo que supondrá un recorte anual de un mínimo de 76 millones de euros para Catalunya. Esta cifra significa casi un 30 % de ahorro para el Estado, que el conseller considera que es «desentenderse y declararse en retirada de la ley».
Cleries ha recordado que el Estado pagó en 2011 un total de 258 millones de euros, un 20% menos de lo comprometido, una cantidad que a partir de ahora «será muchísimo menor, una tomadura de pelo para las comunidades autónomas».
El nuevo decreto que recorta las prestaciones de la dependencia a partir del 1 de agosto también incluye rebajas en los mínimos garantizados que el Estado aporta por cada persona dependiente a las comunidades, lo que supondrá, según los cálculos del conseller Cleries, que de los 258 millones se pasaría a unos 128 haciendo una estimación con los datos de 2011.
Se ha comprometido a que el paquete de reformas del Gobierno «afecte lo menos posible» a los servicios prestados por la Generalitat, aunque ha admitido inevitables recortes en las prestaciones, además de un mayor copago.
Cleries, ha hecho una valoración de la reforma de la ley de la dependencia, que ha calificado de «engaño a las CCAA y a los ciudadanos porque el Estado centrifuga la responsabilidad hacia las comunidades y les dice: ‘Ya os lo haréis, yo invito y pagáis vosotros'».
Ocho ancianos viven en Girona en un geriátrico reconvertido en pensión
Ocho ancianos siguen viviendo en un geriátrico privado de Girona, reconvertido ahora en una supuesta pensión, para sortear los controles de la Generalitat, después de que la Conselleria de Bienestar Social y Familia ordenara su clausura hace dos meses por un cúmulo de irregularidades y enviara el caso a Fiscalía.
Según han explicado a Europa Press fuentes cercanas a los afectados, las familias de los ocho ancianos, todos ellos mayores de 75 años, son conocedoras de la situación y pagan las facturas mensualmente.
La «pensión para ancianos», como la han denominado una responsable del local en una conversación con Europa Press, está situada en mismo lugar que la antigua residencia –en la calle Bassegoda– y no cuenta con letrero ni permisos para llevar a cabo esta función.
«Si vienes verás una puerta de vidrio blanca. La pensión es ahí aunque no veas letrero», ha asegurado una persona del centro al ser preguntada por la ubicación de la residencia.
La dirección sigue aceptando ancianos a los que atender por 1.200 euros al mes, aunque exigen como única condición que los usuarios no sean dependientes y «no estén encamados», ya que el local tiene tres pisos sin ascensor y no cuenta con espacios adaptados para una correcta movilidad.
Los propietarios del antiguo geriátrico, que llevaba dos años y medio en funcionamiento, trasladaron en marzo a la veintena de ancianos que atendían entonces a una pensión de enfrente sin previo aviso y sin facilitar la lista de los afectados a la Generalitat, pudiendo volver la mitad de ellos con sus familiares.
Semanas más tarde, los dueños transformaron el geriátrico en la actual «pensión para abuelos», volviendo a trasladar a los diez ancianos que no pudieron volver con sus familias.
«Tenemos exactamente los mismos servicios. La atención es la misma. La única diferencia es que hemos cambiado el nombre», ha añadido.
Ahora son ocho los abuelos que residen en el geriátrico ilegal, cada uno de ellos en una habitación individual, una situación que ya se ha dado a conocer a la Fiscalía, que ahora debe decidir si investiga la situación, según han explicado a Europa Press fuentes judiciales.
La FED advierte de los perjuicios económicos que acarreará el incremento del IVA para servicios sociales
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) muestra su «enorme preocupación y rechazo» al anuncio de la subida del IVA. En esta línea, el presidente de FED, J. Alberto Echevarría ha destacado que el incremento del tipo del IVA para servicios sociales acarreará «perjuicios económicos» que afectarán al sector, a las empresas y a los profesionales implicados en la prestación de estos servicios sociales y dependencia, «amenazando seriamente» su viabilidad futura, «poniendo en peligro» los 200.000 empleos directos y los más de 100.000 indirectos».
«Ahora el sector tendrá que afrontar una posible subida de dos puntos en el IVA que dejará a las empresas y profesionales de FED en una situación de asfixia económica difícil de superar», ha añadido.
Así, FED denuncia el «agravio comparativo» que supone que países como Alemania, con un tipo de tributación en servicios sociales inferior al de España (7%), Irlanda o Reino Unido estén exentos de tributar por IVA en servicios sociales, mientras que España incrementa el tipo de IVA del 8 por ciento al 10 ciento, «a un sector ya castigado por impagos y otras realidades».
Igualmente, ha criticado que Alemania, país con renta Per cápita superior a la española en un promedio de 20 puntos, tiene un tipo de IVA en actividades de servicios sociales más reducido que el de España, país cuya renta Per cápita está por debajo de la media europea.
Junta de Andalucía destaca el «protagonismo» del Consejo de Mayores ante el «impacto» de los recortes en el colectivo
La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha presidido este viernes en Sevilla el Consejo Andaluz de Mayores, un órgano de participación «con un papel especialmente protagonista» durante esta legislatura, «debido a la crisis y a las medidas impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy, que tienen especial afectación sobre este colectivo, con un impacto en términos de copago farmacéutico y dependencia», afirma. «Nos preocupa el sector desde la perspectiva de que nadie en Andalucía vaya a dejar su tratamiento o vaya a dejar de recibir los servicios de teleasistencia o asistencia a domicilio por tener pensiones austeras», destaca.
En este sentido, y en declaraciones a los medios, Montero ha dicho que desde su departamento se está «vigilante», y para ello se dispone de herramientas como la receta electrónica, que permite, entre otras cosas, «saber cuáles son los medicamentos que una persona retira, si se están retirando las cantidades que corresponden, o si, por motivos económicos, se está dejando de tomar alguna medicación». También en dependencia, porque «es fundamental» que pese a que «se haya incrementado la aportación al ciudadano en estos servicios, las personas sigan teniendo este circuito que le permiten mejor calidad de vida», apunta.
Al hilo de lo anterior, Montero ha hecho una aproximación de lo que «puede implicar» el copago farmacéutico y la subida del copago en dependencia para una pensión media en Andalucía. Así, ha explicado si la pensión media está en torno a los 735 euros, estas medidas «supondrán probablemente 45 euros más en relación a meses anteriores», lo que, traducido en términos de pensión, «supone una bajada de en torno a un siete por ciento», asegura la consejera.
Además, en el Consejo Andaluz de Mayores «vamos a someternos a cualquier duda que nos quieran plantear», ya que la información «es fundamental», sobre todo para aquellas personas «con especial dificultad para acceder a la misma porque no se manejan con las nuevas tecnologías», y añade que también se hablará de envejecimiento activo, ya que «necesitamos la participación directa de los mayores en la formulación de los planes que la Consejería va a impulsar, puesto que a veces ponemos en marcha medidas que no reciben las solicitudes correspondientes».
Cuestionada sobre qué le ha transmitido el colectivo de mayores por todo lo que está sucediendo, Montero ha insistido en que el sector está «preocupado» por la crisis, pero «no solo porque les afecte de forma directa, ya que son personas con vulnerabilidad por sus niveles de renta, sino porque viven con frustración que la sociedad esté caminando hacia un sendero que ni siquiera podían haber imaginado hace diez años, cuando tenían la clara convicción de que el estado de bienestar caminaba en la línea del avance, el progreso y el desarrollo». «Les preocupa que la crisis se aproveche para desmantelar aquello que supone un logro al que no quieren renunciar», asegura.
«Esto está en sintonía con lo que piensa el Gobierno de Andalucía, porque se podrán tocar muchas partidas presupuestarias, pero las políticas sociales –educación, sanidad, y bienestar–, son políticas intocables», por tanto, «no se puede seguir trasladando desde el Gobierno central un esfuerzo superior a las comunidades autónomas, porque de manera inevitable lo tienen que impactar en los servicios públicos», lamenta.
Al respecto, María Jesús Montero agrega que «si hay que repartir la flexibilidad en el objetivo del déficit planteado por Europa, no se entiende que la parte favorable del acuerdo con Europa se ponga en el Gobierno central, que no tiene una gestión directa en políticas de servicios públicos y, sin embargo, a las comunidades autónomas les haga llegar a un objetivo de déficit prácticamente imposible de poder conseguir sin tocar el 80 por ciento del presupuesto, que son las políticas sociales».
Los familiares de personas con Alzheimer consideran «inadmisibles» los recortes a la Ley de dependencia
La Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer de la Comunidad FEVAFA han calificado de «inadmisibles» los recortes y restricciones que se van a adoptar respecto a la «cada vez menos esperanzadora» Ley de la Dependencia.
Este colectivo ha calificado de «grave atentado» a los derechos de los familiares-cuidadores los recortes y han expresado su «máximo desacuerdo con la actuación del Gobierno, que una vez más y de forma incoherente hace pagar a los más necesitados los reajustes que derivan de una crisis (de la que no somos culpables) y de una mala gestión política (que podría haberse evitado)».
Con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de 2006, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocida popularmente como la Ley de Dependencia se reconocieron por ley los derechos de los familiares de personas con Alzheimer, ya que a través de su contenido se daba respuesta a las necesidades de los cuidadores.
Ahora, después de 6 años pendientes de la aplicación de la Ley, «vuelve a sufrir recortes», ya que la Ministra Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha informado de que la paga que reciben los dependientes para que les cuide un familiar en casa se va a reducir un 15 por ciento como mínimo, según la federación que ha añadido que «con esta medida que afecta directamente al cuidador pretenden compensar la rebaja en la partida de Dependencia de los Presupuestos Generales del Estado».
Además las cuidadoras familiares, en su mayoría mujeres, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno y que les servía para completar periodos cotizados y acceder a una pensión de jubilación. La otra medida que se ha tomado es ampliar a dos años el periodo en que las Comunidades tienen para atender a los dependientes, tendrá consecuencias devastadoras ya que este retraso en la percepción de las ayudas será irreparable.
PROFESIONALIZACIÓN
Sobre las declaraciones del Conseller de Bienestar Social valenciano, Jorge Cabré, que ha señalado lo positivo de las medidas y lo importante de primar la profesionalización, la Federación se posiciona de acuerdo con lo que respecta a procurar la sostenibilidad y la profesionalización del sector pero considera que se están vulnerando los derechos de los familiares que deciden acogerse a la ayuda al cuidador.
FEVAFA ha manifestado que si hasta el momento se han bajado cientos de escalones en la escalera del Estado de Bienestar, con estas medidas se está saltando al vacío.
La Federación, compuesta por 32 AFAS, representa a 6.000 afectados, de los que 2.000 reciben asistencia directa de las AFAS, el 60 por ciento en centros de día y de respiro, y el 40 por ciento a través del «Servicio de Ayuda a Domicilio de Estimulación Cognitiva» (SADEC), informa que todos los usuarios de esta gran red asistencial son Dependientes y por lo tanto tienen el derecho a percibir una ayuda, y el derecho a elegir la que más les conviene del catálogo de prestaciones.
La presidenta de FEVAFA, María Olmos, ha criticado que «las personas afectadas por la enfermedad de alzheimer han de sufrir la problemática derivada de la enfermedad y ahora se enfrentan a la impotencia de ver como se vulneran sus derechos y se destruye su esperanza». También ha añadido que «Retrasar las prestaciones dos años, cuando hablamos de una enfermedad de evolución rápida y degenerativa, es cruel».
La cifra de jubilados aumentará un 40% en las dos próximas décadas
La cifra de jubilados se incrementará en un 40 por ciento durante las dos próximas décadas según ha quedado reflejado en el III Congreso del proyecto europeo ‘Goldenworkers’, una iniciativa presentada en el Comité Económico y Social Europeo de Bruselas, dirigido a facilitar el acceso al empleo de las personas mayores en el contexto del envejecimiento activo.
Así, este proyecto señala que la población europea sigue envejeciendo y la esperanza de vida continúa incrementándose, desde los 55 años en 1920 hasta superar los 80 en la actualidad. Concretamente, existen en Europa 35.376.333 hombres y 49.853.361 mujeres mayores de 65 años, aproximadamente. Sin embargo, con la jubilación de los nacidos durante el ‘baby boom’ (que tendrá lugar entre 2020 y 2030), las personas con edades entre los 65 y los 80 años se incrementarán en un 40 por ciento, pasando a representar el 30 por ciento de la población en 2020, frente al 17 por ciento actual, según ha señalado la Fundación Adecco, que ha participado en el Congreso.
Igualmente, las previsiones indican que se reducirá la población activa que contribuye con el desarrollo económico y el sostenimiento de la competitividad, lo que tendrá también un efecto sobre el sistema del bienestar (pensiones estatales y de la salud), con el aumento en el número de jubilados.
En esta línea, los expertos advierten de que sin una correcta actuación para promover el envejecimiento activo, se pondrá «en peligro» el desempeño macroeconómico, la capacidad de innovación de los países europeos y la sostenibilidad de los sistemas de protección social, especialmente en el contexto de los resultados económicos desfavorables y la austeridad en los presupuestos públicos.
Por otra parte, el coordinador del proyecto Goldenworkers del IESE, Antonio Dávila ha señalado que es importante generar conciencia y consenso entre la comunidad de las TIC para impulsar nuevas líneas de investigación en el campo del envejecimiento activo en el trabajo. «Tenemos en nuestras manos la oportunidad de garantizar un modelo sostenible de nuestro sistema social y tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde», ha añadido.
Por su parte, el director de Innovación de Telefónica, Luis Galindo, ha incidido en que las políticas sociales deben contemplar, de «manera obligada», aquéllas dirigidas a una mejor integración de las personas mayores de 45 años. «En España, el grupo de parados de esta edad no deja de incrementarse y habitualmente resulta excluido de las oportunidades de empleo y de uso de las TIC, a menudo por estereotipos erróneos asociados con su edad», ha concluido.
Asimismo, en estudios recientes de la Fundación Adecco y el Grupo Adecco, se refleja que entre las diferentes fuentes de discriminación en el mercado laboral, se encuentra la edad, ocupando un 32%, frente a otros estereotipos como el origen (36%) o la discapacidad (54%). Sin embargo, las personas mayores cuentan con 3 veces menos de oportunidades y posibilidades de reengancharse en un puesto de trabajo, según indican.
En definitiva, la hoja de ruta que está realizando Goldenworkers para la investigación e innovación tecnológica en Europa, permitirá facilitar la formación y el acceso al empleo de las personas mayores en el contexto del envejecimiento activo. Con este fin, está promoviendo el estudio de nuevos modelos de ampliación de la vida profesional, en los que «la aplicación de las nuevas tecnologías emergentes jugará un papel esencial».
Sanitas Residencial publica el libro ‘Sabor y sabiduría’ que homenajea la cocina de las personas mayores
Sanitas Residencial acaba de publicar el libro ‘Sabor y Sabiduría’ que recoge 41 recetas elaboradas por los propios residentes de sus centros en toda España y que es un homenaje al saber gastronómico tradicional de las personas mayores que cocinaron durante mucho tiempo para sus familias y amigos.
Los criterios a la hora de premiar a tres de las 41 recetas seleccionadas para la edición de esta publicación, han sido la originalidad, el sabor y la adecuación de los platos a la dieta de los residentes.
Los ganadores han sido la Caldereta de Cabrito de Sanitas Residencial Mevefares, las Kokotxas de Bacalao al pil pil de Sanitas Residencial Txindoki y el Pastel de Lombarda de Sanitas Residencial Las Rozas, como primero, segundo y tercer premio, respectivamente.
‘SABOR Y SABIDURÍA’, MÁS QUE UN LIBRO DE COCINA
Concretamente, el objetivo del libro es impulsar la imagen de los mayores en la sociedad y reforzar su vertiente más positiva y fomentar la imagen de los mayores como personas activas, con ideas y motivaciones.
Según explica el director del proyecto, Guzmán Bordallo, otro de los fines buscados a la hora de editar el libro es conseguir que las recetas «de siempre» no se pierdan ya que son platos que recogen el sabor de lo tradicional y muchos de ellos tienen detrás una historia propia.
A lo largo de las 200 páginas del libro están reflejadas cada una de las regiones españolas y, además, hay una pequeña representación de la gran diversidad y riqueza de la gastronomía española. De este modo, se puede encontrar una amplia gama de recetas que van desde las más tradicionales como el cocido montañés, fabada, patatas a la importancia o empanada gallega, hasta postres tan exquisitos como el flan de almendra o la tarta de queso.
«Este libro es un homenaje a todos los mayores de España que han cocinado para sus familiares y amigos a lo largo de toda su vida. Una cocina tradicional que se ha convertido en la base de la cocina de autor, de éxito en España y en el extranjero», ha comentado la jefa de hostelería de Sanitas Residencial, Carmen Abelanet.
El manual también incluye tres recetas internacionales de mayores que residen en centros situados en los países donde opera ‘Bupa Care Services’, empresa matriz de Sanitas Residencial, como Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.
FOMENTAR EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LOS MAYORES
Además, esta actividad pretende fomentar el envejecimiento activo de los mayores y que al mismo tiempo se sientan cómodos y útiles. «Los beneficios de estos talleres son innumerables, estimulan los recuerdos y los sentidos, la motivación personal y potencian el trabajo en equipo», ha comentado la doctora de Sanitas Residencial El Viso, Pilar Soler.
De esta forma, y gracias a las distintas acciones culinarias, los mayores recuerdan viejas recetas, momentos personales o reuniones familiares en los que elaboraron sus platos favoritos.
Aerte advierte que el aumento del IVA «amenaza la viabilidad» de los servicios sociales
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha mostrado su «preocupación» por el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de incrementar la tributación por IVA, concretamente en el tipo reducido aplicado a servicios sociales, que pasa de tributar al 8 a hacerlo al 10 por ciento.
Aerte, en un comunicado, ha advertido de que el hecho de que se incremente el tipo del IVA para servicios sociales «acarreará perjuicios económicos que afectarán al sector, a las empresas y a los profesionales implicados en la prestación de estos servicios sociales y Dependencia, amenazando seriamente su viabilidad futura, la de las empresas que la integran y en general, la adecuada atención de los usuarios».
La entidad ha denunciado el «agravio comparativo» que supone que países como Alemania, con un tipo de tributación en servicios sociales inferior al de España (7 por ciento), e incluso Irlanda o Reino Unido estén exentos de tributar por IVA en servicios sociales, mientras que España incremente el tipo de IVA del 8 al 10 por ciento, «a un sector ya castigado por impagos y otras realidades».
Para Aerte, «resulta injusto que ejemplos como el de Alemania, país con renta per cápita superior a la española en un promedio de 20 puntos, tenga un tipo de IVA en actividades de servicios sociales más reducido que el de España, país cuya renta per cápita ya está por debajo de la media europea, y que además tiene un gravamen superior con la previsión de incrementarlo durante las próximas semanas»·.
La asociación que lidera la representación del sector ha alertado sobre esta situación por el «agravio comparativo que supone», en el caso de España, uno de los países que han sido golpeados con mayor dureza por la crisis económica, en el seno de la Unión Europea.
En este sentido, el presidente de Aerte, Alberto Giménez, ha mostrado su disconformidad con el hecho de que países con rentas per cápita muy superiores a la española, como son el caso de Luxemburgo Austria –129 por ciento– e incluso Italia, disfruten de exenciones fiscales en la tributación por IVA aplicada a servicios sociales, y eso no ocurra en España.
SECTOR YA «CASTIGADO»
Para el presidente de Aerte, «no es de justicia que en España, con una renta per cápita inferior a la media europea, tenga que hacer más esfuerzos en un sector castigado por otras medidas de recorte asumidas por el sector con responsabilidad».
Asimismo, Alberto Giménez ha manifestado que el sector «lleva tiempo afrontando retrasos en los pagos de la Administración» y, además, ha lamentado que «ahora también tendrá que afrontar una posible subida de dos puntos en el IVA que dejará a las empresas y profesionales de Aerte en una situación de asfixia económica difícil de superar negativa y de incertidumbre para los usuarios».
Mato admite que no se va a garantizar la incorporación inmediata de todos los dependientes en el sistema
Las responsables en materia de Dependencia de las Comunidades Autónomas se han reunido este martes en Madrid con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, quien les ha presentado una serie de propuestas para la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que aprobó el Gobierno socialista, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero.
De todas las propuestas del Ministerio la que mayor aceptación ha tenido entre las autonomías es la que tiene que ver con primar los servicios profesionales a la dependencia frente a las prestaciones económicas, celebrada por la conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta, Beatriz Mato.
«La reforma va a fomentar, algo que no sólo defendemos y reclamamos sino que además estamos llevando a la práctica, la prestación de servicios frente a las pagas del cuidado familiar. Esto se va a destinar a la formación del cuidador que garantice la calidad de la atención», ha destacado Mato, en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
Asimismo, Mato ha calificado la reforma de la Ley de Dependencia como «necesaria» y ha dicho que las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad están dirigidas «al cumplimiento de la Ley», son propuestas acordes «a las circunstancias económicas» y «van a garantizar la posibilidad de, desde las comunidades autónomas, incorporar más gente en el sistema», lo que ha valorado de «manera positiva». «Son medidas que se toman que pueden entenderse de una manera difícil pero es una medida positiva», ha enfatizado.
«Dicho esto, lo que sí es verdad es que no se va a garantizar la incorporación inmediata de todos los dependientes en el sistema y que por lo tanto tenemos que continuar en esta senda iniciada que yo reclamé en el seno del Consejo: fomentar los servicios, ponderar más económicamente la aportación del Gobierno a las CCAA que den esos servicios, que esa ponderación se haga ya y garantizar que la aportación de las administraciones para la atención al dependiente vaya buscando la senda del 50-50», ha argumentado.
También, la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Nieves Rojas de León, se ha mostrado satisfecha con que se prioricen los servicios y la atención profesional en el domicilio, tal como, según ha indicado, hace Canarias, «porque genera mucho más empleo», da «una atención de calidad» y «libera a las mujeres, que son las eternas cuidadoras de las personas dependientes».
Además, ha señalado que se bajará un 15 por ciento la prestación económica para desincentivar que las personas apuesten más por el cuidado de la persona en el entorno familiar ya que «no es precisamente lo más acertado», al tiempo que ha explicado que en Canarias «se ha hecho compatible la ayuda a domicilio con el centro de día, aunque se daría con distinta intensidad». «La suma de las horas que se da por estos servicios cumple la intensidad de todos los servicios», ha recalcado Rojas de León.
EL DEPENDIENTE TENÍA QUE SER EL «CENTRO»
La consejera de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia, María Ángeles Palacios, ha manifestado que la Ley nació con la pretensión de que el dependiente tenía que ser el «centro» y estar lo «mejor atendido posible», pero «también para algo muy importante que es crear empleo». «Los dependientes tienen que estar cuidados, a ser posible, por profesionales. Eso no significa que estemos en desacuerdo con que si una persona puede y tiene algún profesional que lo pueda atender siga estando con su familia. Es una muy buena idea», ha recalcado.
«Nosotros tenemos que intentar por todos los medios cumplir la Ley. No tenemos ningún inconveniente en tomar todas las medidas que sean necesarias para que el sistema sea lo más sostenible posible», ha dicho.
Según Palacios, «hay un 50 por ciento más» de dependientes en Murcia respecto a las previsiones que había hecho el Gobierno autonómico para el año 2012, lo que ha generado una situación «difícil desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de que entren más personas en el sistema».
Por su parte, el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Jorge Cabré, ha destacado que una de las medidas «más importantes» para la Valencia es la que se refiere a «primar los servicios profesionales». Además, ha señalado que se tiene que tener en cuenta que hay muchos ciudadanos que tienen que ser atendidos en sus domicilios y «ha de respetarse su decisión».
Para Cabré, la reforma intentará, al menos, que la Ley sea «lo suficientemente sostenible», y si no fuera así, ha anunciado que «se seguirían tomando medidas». Sobre la modificación del copago de sus usuarios tal y como ahora está establecido, el consejero ha indicado que se trata de que «todos los beneficiarios participen del copago».
«UNA LEY SIN EL MARCO FINANCIERO ADECUADO»
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Aragón, Ricardo Oliván, ha indicado que «se creó una ley sin el marco financiero adecuado y lo que se busca es crear una ley adaptándola a diferentes medidas de financiación». En cuanto a los servicios sociales el consejero aragonés estableció que «con un poquito de imaginación y mucha coordinación» se pueden seguir manteniendo los mismos servicios.
«Hay que analizar como impacta en la comunidad de Aragón. En nuestra comunidad priman desde siempre las ayudas económicas a las familias, pero hay que orientarlas a lo que la ley marcaba en un principio que era un servicio personal. Tanto la financiación de la ley que se promueve ahora como la filosofía de la ley que se mantiene marcan ese camino», ha detallado.
Para la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, la reforma supone un «retroceso» en el desarrollo de la misma porque «cambia la orientación del modelo». Así, ha lamentado que la propuesta prime las prestaciones residenciales sobre las que se dan en el entorno familiar, a la vista de que según la documentación que ha sido entregada por la ministra Ana Mato la distribución de fondos se cambia para reconocer no sólo los dependientes atendidos sino también para preponderar el tipo de servicio.
Además, para Montero es «paradógico» que se tienda a darle más importancia a los recursos residenciales sin aportarse estudios técnicos que así lo avalen. Al respecto, ha señalado que ha habido discrepancias con algunas comunidades en este sentido y ha apuntado a que ese cambio de modelo puede ser aceptable en las grandes ciudades, en las que no hay tantas redes familiares que se encarguen de los dependientes, pero no en una comunidad rural como Andalucía, «donde la preferencia de las personas es seguir en su domicilio».
«FLEXIBILIDAD» PARA REFORMAR LA LEY
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha reclamado «flexibilidad» a la hora de reformar la Ley porque, a su juicio, deben «primar los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas» en los cuidados del entorno familiar porque dan «garantía de calidad» en la atención. También, ha defendido la necesidad de mantener un modelo «que viene funcionando en Castilla y León y que garantice la viabilidad del sistema».
Finalmente, el consejero de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Josep Lluís Cleries, ha destacado que algunas de las medidas afectan «a las competencias de Cataluña y del resto de comunidades». En concreto, ha destacado que el decreto muestra que el precio máximo para las residencias se ha fijado en 1.600 euros, y en Cataluña el precio máximo está fijado en 1.869 euros por lo que hay una diferencia que «irá a cuenta de los beneficiarios».
Las familias quieren asumir el cuidado de sus dependientes pero reclaman el apoyo de la Administración
Las familias españolas quieren asumir el cuidado de sus mayores dependientes, pero reclaman el apoyo de las administraciones, según ha señalado la profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) María Ángeles Durán, quien ha realizado un estudio para la Fundación BBVA sobre ‘El trabajo no remunerado en la economía española’.
Así, Durán ha indicado que en el país la esperanza de vida está en torno a los 80 años y la mayoría de los ancianos están ligados en sus últimos años de vida a las enfermedades y la dependencia. Con este escenario, las encuestas señalan que la demanda de cuidados en España crecería en un 50 por ciento para 2050.
Además, el estudio destaca que el 55 por ciento de los entrevistados afirma que le gustaría acoger a sus padres dependientes en su casa, mientras que casi el 30 por ciento prefiere la opción de cuidarles sin que los padres dejen su hogar. «Esta última opción es habitual en las familias con un poder socioeconómico más alto», ha precisado la investigadora.
Pero, según ha apuntado Durán, asumir el cuidado de los familiares dependientes incluye distintos modelos posibles que la investigación ha planteado y que se pueden concentrar en dos opciones: que la familia asuma el cuidado en exclusiva o que se cuente en mayor o menor grado con cuidadores externos y remunerados.
En este caso, la edad de los encuestados marca «claramente» la diferencia en cuanto a la opción elegida, ha apuntado Durán. Así, frente al 43,7 por ciento de entrevistados mayores de 65 años que optan asumir el cuidado de los dependientes, sólo el 18 por ciento de los menores de 30 años selecciona esta opción. Las alternativas que implican la externacionalización parcial o total del cuidado ganan terreno y son mayoritarias salvo, precisamente, en el sector de los mayores de 65 años (34,1 por ciento).
La investigadora ha ligado estos resultados a la opinión recogida en el estudio y que destaca que el 80 por ciento de los españoles asume que el cuidado de un dependiente repercutirá en la economía familiar y muy pocos (un 1,7 por ciento) confían en que este impacto vaya a ser compensado por las administraciones, por otros miembros de la familia (2,8%) o por el propio dependiente (4%).
MÁS DE 1.000 EUROS AL MES
Los encuestados estiman que el coste mensual de la atención al dependiente está por encima de los 1.000 euros, una cantidad que supera los 1.500 con la opción del ingreso en una residencia no subvencionada. El rango de precios medios de las residencias que hacen públicas sus tarifas en Internet va de los 1.450 euros, las de titularidad pública, hasta los 2.250 de las privadas, sin considerar servicios que se consideran extras, como, por ejemplo, el cambio de postura de un enfermo.
En la situación en que un familiar decide abandonar su empleo para dedicarse al cuidado de un dependiente, los autores del estudio calculan que la pérdida media para el hogar es de unos 20.000 euros anuales.
Para Durán, una vía para hacer frente al impacto económico de esta situación es el seguro de la dependencia, «poco implantado en España», aunque, según ha indicado «el 11,2 por ciento de los entrevistados afirmaba tener un caso de adulto dependiente grave en su familia y el 14,4 por ciento un caso de dependencia moderada». «Entre los mayores de 65 años sólo el 0,9 por ciento disponía de esta cobertura», ha apuntado.
EMPLEADOS DEL HOGAR
Otra de las vías que ha tomado la sociedad para solucionar la situación es «el traspaso del trabajo no remunerado que antes asumía la familia en el hogar, al mercado laboral» con la contratación de cuidadores. Durán ha indicado que esta actividad se «solapa» con la de los empleados del hogar «ya que en muchos casos es el mismo empleado el que asume el cuidado de la casa y del dependiente».
Las cifras sobre el trabajo doméstico remunerado son desconcertantes porque, según Durán, «ni están todos los que son, ni son todos los que están». En este sentido, ha explicado que entra las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) y los registros de altas en la Seguridad Social, el sector adelgaza casi la mitad, «algo que viene sucediendo desde hace años», ha indicado.
Durán ha señalado que en el plazo de cinco años está previsto que los trabajadores de este sector se equiparen plenamente en derechos y obligaciones al resto de los trabajadores. «Para el Gobierno la equiparación obliga a decidir cómo financiará la cobertura de los nuevos derechos conseguidos por los trabajadores: tiene que optar entre que lo financien los propios trabajadores (autónomos); que lo hagan los empleadores; o que lo haga el resto de ciudadanos a través de impuestos generales», ha señalado la investigadora.
Pero, según ha señalado, «sólo los hogares españoles que ingresan mensualmente más de 5.000 euros (un 3,8%) son los que podrían destinar una cuarta parte de sus ingresos, si así lo priorizan, a pagar el sueldo y los gastos derivados de un empleado de hogar.
Orange colabora con la Unión Democrática de Pensionistas para reducir la brecha digital de los más mayores
Orange, en colaboración con la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) ha impulsado la accesibilidad de las TIC para los más mayores con el objetivo de reducir la brecha digital. Mediante esta iniciativa, la compañía , como operador de telecomunicaciones, quiere contribuir a mejorar la integración, la accesibilidad y la calidad de vida de este segmento de la población.
Así, Orange cooperará con la UDP en diversos ámbitos con el objetivo principal de promover productos adaptados a las necesidades y requerimientos de los mayores en materia de telecomunicaciones, según ha informado la entidad.
Este acuerdo se suma a otras iniciativas dirigidas al segmento senior de la población, recogidas en el apartado ‘Accesibilidad: diseño para todos’ de su ‘Plan Conquistas 2015’. En este sentido, destaca el lanzamiento de la gama de terminales Esencial, unos teléfonos adaptados a este tipo de usuarios, fáciles de usar, con teclado y pantalla grandes, volumen ajustable, y botón de emergencia, que contribuyen a ofrecer seguridad y tranquilidad a las personas mayores y sus familiares.
En esta línea, Orange organizó recientemente en algunas de sus tiendas sesiones formativas para usuarios senior, con el fin de formarles en el uso del móvil enseñándoles a enviar mensajes, escuchar el buzón de voz, consultar la agenda o seleccionar una foto para fondo de pantalla.
Actualmente, Orange muestra algunas de las soluciones y servicios adaptados a las necesidades específicas de las personas mayores, como también de las personas con algún tipo de discapacidad, en la exposición permanente del CEAPAT (Centro Estatal de Referencia de la Promoción de la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas a las personas con discapacidad), dependiente del IMSERSO, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Ana Mato ofrecerá a las comunidades su reforma de la Ley de Dependencia, incluída la revisión del copago
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ofrecerá a los consejeros autonómicos del ramo su propuesta de mejora de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y del Real Decreto que modificará el copago de sus usuarios tal y como ahora está establecido.
Será en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia que se desarrollará este martes por la tarde en el Ministerio de Sanidad, horas después de que en esta misma sede tenga lugar la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.
En el Consejo Territorial Mato presentará también «la evaluación definitiva de los resultados de la aplicación de la Ley» en la que el Ejecutivo reseña deficiencias en distintos ámbitos de su aplicación, especialmente en lo que a financiación se refiere, que a su juicio motivan la reforma.
En cuanto a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, que tendrá lugar por la mañana, el orden del día está protagonizado por la presentación a las autonomías de un borrador de propuesta de Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, y por la distribución de los créditos destinados a subvenciones para que las autonomías desarrollen servicios sociales de atención básica, entre otros temas.
