Archivo mensual: junio 2013
El cortometraje de ficción y animación ‘A Vivir’ pretende crear conciencia social sobre la enfermedad del Alzheimer
El Cabildo de Lanzarote, a través de la Consejería de Bienestar Social que dirige Marciano Acuña, junto al Cabildo de Fuerteventura y otras entidades colaboradoras como el Grupo Amma de Residencias para Mayores, patrocina el Cortometraje ‘A Vivir’ cuyo tema principal, de gran sensibilidad, es el Alzheimer.
El estreno en Lanzarote se llevará a cabo el viernes, 21 de junio, a las 20:30 horas, en la Bodega Stratvs. La entrada será libre pero con limitación de aforo, por lo que desde la Productora requieren solicitar invitación para poder asistir al estreno en Lanzarote, en el email cortoavivir@gmail.com.
Este cortometraje de ficción y animación ha sido rodado en ambas islas bajo la dirección de Ángel Valiente y la producción de ‘La Botica Audiovisual’. Entre los objetivos principales, el corto pretende crear conciencia social en cuanto a la dureza y problemática de esta enfermedad. A través de este proyecto audiovisual se quiere dar a conocer la enfermedad del Alzheimer desde un punto de vista positivo, concienciando además a la población, y a los familiares de los afectados en particular, de la importancia de vivir el día a día con la mayor positividad posible, a pesar de las circunstancias de cada persona.
El consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote destaca que a través de este proyecto se potencia igualmente el talento de personas de esta isla en su incipiente carrera. Y es por eso que “además de dar a conocer desde un punto de vista diferente la enfermedad, desde el Cabildo apoyamos este tipo de proyectos, bien planificados y de calidad, fomentando a su vez la cultura, que en tiempos de crisis es tan necesaria”, apuntó Acuña.
Sinopsis: Una anciana afectada por el Alzheimer espera en el geriátrico la llegada de su nieta mientras recibe los cuidados de una cariñosa enfermera. La anciana imagina un precioso mundo mágico e irreal mientras espera una visita que nunca llega.
En Navarra el nuevo sistema de concierto económico para residencias de mayores comenzará a aplicarse en seis centros desde julio
El nuevo programa de concierto económico ‘resideN’ para residencias de personas mayores comenzará a aplicarse en Navarra, a partir de julio, en seis centros, después de que el Gobierno de Navarra haya autorizado la contratación en su sesión de este miércoles.
Los contratos, de carácter cuatrienal, comprenden 301 plazas concertadas. La aplicación del nuevo programa ha comenzado por los centros cuyo concierto ya había caducado. Se trata de las siguientes residencias: Virgen del Camino de Miranda de Arga (23 plazas), Centro de Grandes Dependientes de San Adrián (110 plazas), Centro Nuestra Señora del Rosario de Carcastillo (8 plazas), Residencia Real Casa Misericordia de Tudela (90 plazas), Residencia Amma Ibañeta de Erro (20 plazas) y Residencia La Vaguada de Pamplona (50 plazas). Los centros cuentan con una plantilla global de 237 trabajadores.
Las nuevas condiciones económicas, establecidas de forma consensuada con los centros, irán extendiéndose al conjunto de residencias navarras conforme vayan finalizando los contratos en vigor.
El presupuesto del Gobierno de Navarra para la atención residencial de personas mayores durante 2013 asciende a 41,8 millones de euros.
El consejero de Políticas Sociales del Ejecutivo, Íñigo Alli, ha explicado que se busca el «mejor modelo de gestión» para la atención a las personas mayores que ocupan plazas en residencias, «un modelo que garantice que su dotación presupuestaria para 2013 sea 400.000 euros más que el año pasado».
Según ha dicho, «se trata de simplificar con un único modelo de concierto, que sólo separe a personas dependientes de no dependientes», así como de «flexibilizar mucho más la gestión de las residencias».
OBJETIVOS
El denominado programa ‘ResideN’, que sustituye al hasta ahora vigente Concerdep (2009), presenta un doble objetivo. Por una parte, disponer de una adecuada red de servicios de atención residencial en condiciones óptimas para asegurar la autonomía, dignidad y calidad de vida. De otra parte, disponer de un modelo económico más equitativo para los centros, que contribuya a su estabilidad y al mantenimiento de los puestos de trabajo.
Para ello, se incluyen nuevos perfiles de usuarios, se reorganizan y simplifican los tipos de módulos y se flexibiliza la contratación de determinados perfiles profesionales.
En la actualidad, existen en Navarra 45 centros de mayores y 2 de psicogeriatría con plazas concertadas. El número de plazas concertadas en centros públicos y privados asciende a 1.645, a las que hay que añadir otras 275 plazas en centros propios del Gobierno de Navarra y 110 de atención psicogeriátrica.
Este sector proporciona más de 2.000 puestos de trabajo en la Comunidad Foral, en su mayoría empleos femeninos.
LAS PRINCIPALES NOVEDADES
El nuevo modelo amplía la posibilidad de atención en residencias para mayores de 65 años a nuevos colectivos. Concretamente, ofrece cobertura para los denominados dependientes sociales; esto es, personas mayores de 65 años que, sin tener un grado de dependencia, presentan una problemática familiar o personal que les conduce al riesgo de exclusión social. El número de plazas destinadas a estas personas en cada centro no superará el 5 por ciento del total.
También se dará cabida de forma voluntaria a los discapacitados mayores de 65 años, cuyas necesidades de atención sean asimilables a los de un mayor con dependencia.
En lo que se refiere al régimen económico, se homogeneizan las condiciones, con el fin de ofrecer un sistema más equitativo y eliminar las diferencias de precios existentes ahora entre residencias. Con este fin, los tipos de módulos se han reducido a dos: dependientes y no dependientes.
Para plazas del primer caso, se han establecido cuatro tramos de tarifas: de 1.700 a 1.800 euros, de 1.800 a 1.900 euros, de 1.900 a 2.000 euros y de 2.000 a 2.100 euros. La elección de uno u otro tramo se establece en función de tres criterios: la ubicación de la residencia, su tamaño y los perfiles de los trabajadores, primándose aquéllas que estén situadas en zonas rurales y sean de tamaño pequeño.
En el caso de plazas para no dependientes existe un único tramo con precios entre 1.200 y 1.300 euros.
Por su parte, para los usuarios se establecen tres tipos de precio en función de la renta: hasta un máximo de 1.502 euros para dependientes, hasta 1.391,71 euros para severos y moderados y hasta 758,83 euros para los no dependientes.
Además, el nuevo modelo flexibiliza la contratación de determinados trabajadores (cocina, lavandería y limpieza), eliminando las ratios que se exigían hasta ahora en función del número de residentes.
Bienestar Social seguirá gestionando la teleasistencia en Áviles
La Comisión Informativa de Bienestar Social de Avilés dio ayer su conformidad al borrador de encomienda de gestión del Principado de Asturias para la prestación de los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia Domiciliaria, que atienden a un total 1.050 personas.
Se trata de ciudadanos que tienen derecho a estos servicios en función de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
La consejería de Bienestar Social y Vivienda ha remitido el citado borrador a todos los ayuntamientos asturianos con el fin de encomendar la prestación de los referidos servicios, de competencia autonómica, a las distintas entidades locales.
Los servicios de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia para personas dependientes se financiarán con las aportaciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, así como del beneficiario en función de su capacidad económica.
En Avilés, 600 personas reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio y 450 el de Teleasistencia Domiciliaria. Unos servicios que son prestados por el Ayuntamiento de Avilés a nivel municipal al amparo de la Ley de Dependencia.
Esta confirmación se produce pocos días después de que la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, anunciara la firma con los diferentes ayuntamientos de la encomienda de gestión «para la prestación de estos programas, ya que el Consejo de Gobierno autorizó los acuerdos con las entidades locales».
El Ejecutivo asturiano se compromete a abonar todos los gastos que ocasionen estos servicios a las corporaciones municipales. La ayuda a domicilio y teleasistencia a personas con dependencia reconocida son competencia de la comunidad, que determina qué personas tienen derecho a recibir las prestaciones, su intensidad y la aportación económica que les corresponde, según la normativa estatal.
En total, el Principado destinará casi once millones de euros a la prestación de los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio a personas dependientes, de los que se benefician, según los datos ofrecidos por la Consejería, 2.500 asturianos.
Destacan la importancia de la exploración integral geriatra-neuropsicológico para diagnosticar y tratar demencias
La realización de una exploración integral geriatra-neuropsicológico es «el primer paso» para determinar si una persona sufre alguna demencia o para tratarla, según señalan los expertos de Sanitas con motivo de los seis meses de actividad de la Unidad de Diagnóstico y Terapias de Sanitas Residencial.
A juicio de los expertos, esta intervención aporta la información de «qué tipo de demencia se padece y de en qué grado de severidad o estadio de la enfermedad se encuentra la persona». Todo ello gracias a que con esta exploración se realiza una evaluación conjunta del geriatra y el neuropsicólogo.
En ella se incluye «el análisis de las variables clínicas, analíticas, neuroanatómicas, cognitivas, funcionales y conductuales», explican al tiempo que subrayan el hecho de que el protocolo diagnóstico agrupa, en la mayor parte de los casos, «las pruebas de neuroimagen y una analítica específica de deterioro cognitivo».
Tras obtener los resultados, el equipo multidisciplinar de la unidad determina si es oportuno realizar una serie de pruebas diagnósticas, así como «la necesidad de acceder a las terapias más especializadas y adaptadas a la situación de la persona». De esta forma, en la experiencia en estos seis meses con personas de entre 65 y 94 años, mayoritariamente mujeres, se ha diagnosticado estadios iniciales de Alzheimer, algún caso de deterioro cognitivo de perfil vascular y demencias por cuerpos de Lewy.
SE IMPARTIRÁN SESIONES CON FAMILIARES PÓXIMAMENTE
A los pacientes se les ha realizado todo tipo de terapias «relacionadas con la estimulación cognitiva, la orientación a la realidad, la reminiscencia o la musicoterapia», afirman desde este área de Sanitas, dónde se impartirán próximamente sesiones con familiares de asesoramiento en temas de incapacidad y dependencia, abordaje no farmacológico en el domicilio, conocimiento de la enfermedad y de su evolución o prevención de situaciones de riesgo, entre otros.
Con todo ello, la compañía cubre tres aspectos «básicos», siendo éstos «los métodos diagnósticos innovadores, la consulta con un médico geriatra especializado y el acceso a un primer estadio de tratamientos no farmacológicos a través de un abordaje neuropsicológico». Además, para dar continuidad a las terapias, se realizan una serie de ejercicios en los domicilios con el objetivo de «fomentar una rutina diaria relacionada con la estimulación cognitiva».
Sin embargo, y a pesar de lo expuesto, existe un problema a la hora de diagnosticar la demencia, la idea extendida de que el envejecimiento «conlleva la pérdida de las capacidades cognitivas hasta el punto de interferir en sus actividades diarias». De hecho, el ‘Informe Anual sobre el Alzheimer 2011’ de la Alzheimer’s Disease International (ADI) señala que hay 36 millones de personas en todo el mundo que viven con demencia, de los cuales hasta un 75 por ciento no ha sido diagnosticado.
Así lo destacan debido a que realizar un diagnóstico precoz de las demencias «es una de las principales claves para conseguir ralentizar la enfermedad y poner en marcha el tratamiento adecuado». Por ello, y desde hace tres años, Sanitas Residencial ofrece en cada uno de sus centros el ‘Programa de Atención a Personas con Demencia’ «con el fin de ofrecer los mejores cuidados».
La atención centrada en la persona. Algunas claves para avanzar en los servicios gerontológicos
Teresa Martínez
Este es el título del último artículo que se recomienda de la gerontóloga Teresa Martínez Rodríguez publicado en la revista Actas de la dependencia (nº 8, junio 2013) Fundación Caser donde la autora ofrece una revisión del enfoque y modelos de atención centrada en la persona en los servicios gerontológicos. Realiza un repaso a su origen, al recorrido que ha tenido en el ámbito internacional y a la situación actual en España. También se señalan algunas claves para avanzar en la aplicación de estos modelos o los retos y riesgos que existen en este momento de desarrollo en nuestro país.
La atención centrada en la persona. Algunas claves para avanzar en los servicios gerontológicos
Vigi’Fall: Un diminuto parche anticaídas para personas mayores
De todos es sabido la importancia que tiene cuidar de los mayores y la especial atención que hay que prestar, a esas edades, a las caídas, evitándolas todo lo que sea posible, ya que los huesos no son ya tan resistentes y pueden generar complicaciones, más allá de la simple rotura de los mismos. De hecho las estadísticas señalan que sólo en España, se registran más de 250.000 caídas de personas mayores anualmente. Para proporcionarles un soporte asistencial en el momento de una caída y de un modo sencillo y rápido, un consorcio de empresas tecnológicas (llamado FallWatch) ha creado un detector de caídas, en forma de un pequeño parche triangular, llamado Vigi’Fall. Este detector de caídas puede conseguir evitar 500.000 hospitalizaciones y 40.000 muertes prematuras, causadas por caídas en Europa cada año.
Vigi’Fall, que se lleva puesto permanentemente y sin molestias, incorpora un sensor de detección de caídas y un dispositivo que avisa a los servicios de emergencia. Ambos están conectados por vía inalámbrica. La interacción entre el parche que lleva puesto el usuario, los sensores de movimiento por infrarrojos y una caja central de control, aseguran la detección precisa de una caída grave y la rápida intervención de un equipo médico de emergencias. La siguiente fase del proyecto, FallWatch DEMO, pretende dar un paso más, monitorizando el pulso y optimizando así su funcionalidad y precisión.
Tan importante es procurar evitar las caídas en mayores, que Jean-Eric Lundy (fundador de Vigilio S.A y médico en el departamento de emergencias del hospital Cochin de París), afirma: “Se estima que más de 20 millones de personas a partir de 65 años sufren una caída cada año en Europa. Es la principal razón de muerte por lesión traumática en este grupo de edad. Por tanto, es crucial recibir intervención médica inmediata y, en muchos casos, puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte” y, añade, “Muy a menudo nos encontramos con pacientes mayores que llegan a emergencias tras haber pasado horas en el suelo porque no podían pedir ayuda. En muchas ocasiones el deterioro físico y psicológico que causa es irreparable. La capacidad de intervenir rápidamente y poder ofrecer la asistencia médica necesaria puede conseguir que una caída no tenga un impacto permanente en la calidad de vida de una persona.”
Cómo funciona el parche de detección de caídas Vigi’Fall.
El mecanismo está basado en un sistema de sensores y en una caja de control central, muy parecidos a los sistemas de alarma. El usuario lleva puesto un biosensor y se colocan varios sensores inalámbricos en las paredes de la casa. Si el usuario sufre una caída, además del aviso emitido por el biosensor, los sensores de las paredes detectan la ausencia de movimiento y, de forma inalámbrica, envían una señal a la caja de control central que también se encuentra en la casa. La caja de control se conecta automáticamente por teléfono con una enfermera o con una centralita en caso de que la caída suceda en la propia casa del usuario. Para distinguir entre caídas reales y falsas alarmas, el sistema está equipado con un software de fusión de datos que permite analizar la naturaleza de la caída (con o sin impacto) y la postura del paciente. En una residencia, la enfermera intervendría inmediatamente. Pero, como segunda vía de verificación para aquellas personas que viven solas, un trabajador de la centralita procederá a intentar conectar con el usuario por teléfono y, si nadie contesta, la familia o un equipo de emergencia se pondrán inmediatamente en camino.
El parche Vigi’Fall puede usarse inclusive en la ducha. Se carga con baterías de alto rendimiento, lo que quiere decir que, una vez que el usuario se pone el parche en la piel, puede hacer una vida totalmente normal, sabiendo que si se produce una caída, la ayuda estará inmediatamente en camino. Vigi’Fall ha sido testado con éxito en laboratorios, hospitales, residencias de ancianos y hogares. Las pruebas en laboratorio han demostrado una tasa de detección de caídas superior al 90% utilizando únicamente el biosensor. En cuanto a las pruebas en entornos reales, donde sí se ha incorporado el software de fusión de datos, han mostrado una tasa de éxito aún mayor puesto que prácticamente se han eliminado las falsas alarmas. Según la profesora Anne-Sophie Rigaud (jefa de geriatría en el hospital Broca en Paris): “Hemos participado en las pruebas de Vigi’Fall desde el inicio y hemos podido observar su evolución constante hasta el punto de que los falsos positivos y las falsas alarmas son poco frecuentes” y, añade, “La comodidad también ha sido una cuestión importante que hemos tenido en cuenta y el parche miniaturizado actual no es intrusivo, tanto desde el punto de vista físico como psicológico. Nuestros pacientes lo toleran bien.”
El consorcio.
En el consorcio FallWatch, la start-up francesa Vigilio S.A., se ha encargado de emplear las tecnologías de la información y la comunicación, en hacer la vida de las personas mayores mejor y más fácil; y, la empresa española Inspiralia, ha desarrollado la tarjeta electrónica en miniatura que permite la comunicación inalámbrica entre el sensor de detección de caídas y el dispositivo de llamada a los servicios de emergencia, así como la pantalla electro-crómica que muestra el estado de la batería. Pero hay más empresas que han participado en este proyecto, puesto que el reto era fabricar el sistema en miniatura para que fuera más cómodo y fácil de usar. Así que el consorcio ha reunido a Vigilio S.A., a Inspiralia y a otras empresas europeas, de diferentes especialidades: desde seguridad personal, microelectrónica y biomateriales hasta nanotecnología, adhesivos médicos y baterías militares y aeroespaciales de alto rendimiento.
Vigi’Fall salió al mercado en noviembre de 2012. Varios de sus componentes han sido fabricados en Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, y su posterior montaje se realiza en Francia. La versión doméstica del producto estará disponible en el último trimestre del 2013, mientras que una segunda generación del producto, que además estará adaptada a los estándares RF de Estados Unidos, pasará las pruebas clínicas en Estados Unidos y en Europa en septiembre de 2013. Se espera que la versión comercial de este nuevo dispositivo esté lista para su comercialización hacia el final de 2014 abriendo así importantes oportunidades de negocio.
Bienestar Social reclama 25.000 euros a una mujer sin recursos tras retirarle la pensión
La Generalitat Valenciana reclama 25.000 euros a una mujer sin recursos tras retirarle la pensión por invalidez no contributiva que le concedió en el año 2002. La Conselleria de Bienestar Social considera que la mujer perdió el derecho a cobrar la pensión en el año 2007 porque su marido empezó a percibir un subsidio por invalidez de 625 euros. La afectada, Nieves Pozuelo, pidió ayer al titular del juzgado de lo Social número dos de Valencia que revoque la decisión de la conselleria. El abogado de la Generalitat Valenciana se opuso.
Nieves Pozuelo y su marido Bernabé Coleto, con el que lleva casada cuarenta años, subsisten gracias a las bolsas de alimentos que semanalmente les proporcionan Cáritas y una ONG latina. La pareja, que no tiene hijos, paga mensualmente 286 euros de hipoteca y con el resto del dinero hacen frente a las facturas de agua, luz, gas y comunidad. «Nos queda algo para comida. A veces compramos una carcasa de pollo para hacer caldo», aseguró Bernabé Coleto mientras esperaba a que empezara el juicio en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
La mujer, que tiene 62 años, padece fibromialgia desde hace más de una década y ha sido operada veinticuatro veces. «Tengo reconocida una minusvalía del 67% y en el año 2002 me concedieron la pensión de invalidez no contributiva por la que cobraba 347 euros», precisó Nieves.
El marido, que ahora tiene 56 años, trabajaba como albañil, pero tuvo que dejarlo porque físicamente no aguantaba. La Administración le concedió a Bernabé una pensión de 624 euros por invalidez el 26 de febrero de 2007.
La Conselleria de Bienestar Social realizó una inspección de oficio al caso de Nieves Pozuelo en el año 2011 y llegó a la conclusión de que no tenía derecho a percibir la prestación desde que su marido comenzó a cobrar la pensión de 624 euros. La abogada del turno de oficio que asiste a la pareja explicó que la Administración entiende que la pareja supera el mínimo que les daría derecho a las dos prestaciones.
La Conselleria de Bienestar Social reclama ahora a la mujer 18.000 euros por los 347 euros mensuales que percibió entre los años 2007 y 2011 y otros 7.000 euros por intereses de demora.
La abogada de la familia interpuso una demanda contra la Generalitat en el juzgado de lo Social número dos de Valencia para que rectifique y reconozca el derecho de la mujer a cobrar la pensión no contributiva. La letrada advirtió ayer al juez encargado del caso de que la propia administración reconoció que tenía derecho. Además, la pareja desconocía que tenía la obligación de comunicar que la mujer percibía la pensión de 347 euros.
La situación está a punto de llevar a la ruina a la pareja, que carece de recursos para pagarle a la Generalitat los 25.000 euros que le reclama. «No nos negamos a pagar, pero no tenemos dinero. Nos han dicho que nos pueden embargar la mitad de nuestro piso y todavía nos quedan por pagar doce años de hipoteca», lamentó Bernabé Coleto. El matrimonio se compró un piso en la calle Síndico Mocholí de Valencia -que está situada entre el barrio de San Marcelino y La Torre- en el año 2002. La pareja todavía adeuda al banco 41.000 euros de la vivienda.
«Ahora la mitad del dinero se nos va en la hipoteca y el resto en los gastos básicos y en los seguros de la vivienda y el de deceso. No tenemos para comer», insistió Nieves.
Su marido reconoce sin avergonzarse que recoge patatas de desecho en campos de las inmediaciones de Valencia con el permiso de los agricultores para poder comer. «Son patatas picadas que quedan en el campo tras la cosecha. También todo los sábados voy a la ONG Mira -una organización colombiana- porque nos dan verdura. El otro día me dieron garbanzos y algo más», añadió Bernabé.
La pareja confía ahora en que el juez de lo Social les dé la razón y les libere de pagar los 25.000 euros que les reclama la Generalitat Valenciana por una pensión a la que creían que tenían derecho.
«Ella tenía obligación de comunicar la paga del marido»
El abogado de la Generalitat Valencia defendió ayer en el juicio que la mujer «tenía la obligación de comunicar la otra pensión» cuando su marido comenzó a cobrarla en el año 2007. El letrado advirtió al magistrado del caso de que la unidad familiar superaba los límites para tener derecho a la pensión no contributiva. «Todos los años superó el límite y por eso la Generalitat reclama lo que cobró de forma indebida entre los años 2007 y 2011», indicó el abogado de la Generalitat Valenciana en un juicio que duró cinco minutos.
Fuentes jurídicas explicaron que la Administración ha incrementado las inspecciones de oficio ante la caída de ingresos. Las mismas fuentes incidieron en que «la falta de sensibilidad de la Generalitat puede abocar a la ruina» a familias como la de Nieve Pozuelo y Bernabé Coleto que carecen de recursos y de posibilidad de generarlos por sus limitaciones físicas. Bernabé Coleto aseguró que la Generalitat ya les ha enviado cartas comunicándoles que les embargarán si en las próximas semanas no hacen frente al pago de 25.000 euros que les reclaman. «Yo no tengo hijos, pero me gustaría que mis sobrinos pudieran heredar mi casa cuando muramos. No sé qué va a pasar ni qué vamos a hacer», admitió.
Patronal y sindicatos firman por tres años el convenio del sector de la dependencia
Aerte, principal patronal de la dependencia en Comunitat Valenciana ha suscrito junto a Lares y los sindicatos CC.OO. y UGT el VI convenio regional para el sector dependencia, un acuerdo que garantiza la estabilidad durante tres años.
Se trata de un convenio resultado del esfuerzo realizado tanto por las patronales de dependencia -Aerte y Lares- como por los sindicatos -CC.OO. y UGT- para alcanzar un acuerdo necesario. Este acuerdo regulará las relaciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios a una población dependiente que, tan solo en Aerte, está integrada por más 20.000 dependientes.
Durante la firma de este acuerdo, José María Moreno -presidente de Aerte- ha destacado el esfuerzo realizado por las patronales, y en particular por Aerte, para la firma de un convenio que garantiza estabilidad y recoge un ligero incremento salarial, en un contexto económico complejo, caracterizado por los recortes constantes que está experimentando el sector, la ausencia de cobro, la falta de resolución de expedientes y otros factores que vienen a sumarse a la actual crisis.
En este sentido y aludiendo al ejemplo que representa el convenio, José María Moreno ha hecho mención a la voluntad de acuerdo manifestada por el sector, una voluntad que podría hacerse extensible a la Administración valenciana, en aspectos tan importantes para la población dependiente como la resolución de expedientes o la activación de servicios profesionales necesarios, paralizados desde hace años que, además, son generadores de empleo neto, una característica necesaria hoy día.
Como ejemplo, el presidente de Aerte ha destacado algunos de los datos del informe recientemente presentado por Aerte, la FED y ECHO -patronal de la dependencia en Europa- en Bruselas en virtud del cual, se contempla la creación de más de 765.000 nuevos puestos de trabajo en los países que integran la UE sustentados en el sector dependencia, gracias a la creación de 500.000 plazas socio sanitarias.
Por último, José María Moreno ha aludido a la capacidad del sector dependencia para la generación de inversión y empleo, sin olvidar la respuesta a demanda que afronta y el impulso que su actividad genera en la economía, en áreas como la construcción o la gestión de infraestructuras sociosanitarias cuya consecución viene a garantizar derechos básicos para la población dependiente en Comunidad Valenciana.
Los cuidadores no profesionales de dependientes descienden un 88,3 por ciento en ocho meses
El número de cuidadores no profesionales de personas dependientes dados de alta en la Seguridad Social pasó de ser de 179.829 en julio de 2012 a 20.993 en marzo de 2013, un 88,3 por ciento menos en ocho meses, según se desprende de una respuesta parlamentaria dirigida al socialista Miguel Ángel Heredia.
Así lo ha denunciado en declaraciones a los periodistas en el Congreso el también coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, quien ha denunciado la «demolición» que el Gobierno del PP practica a las políticas de la Ley de Dependencia y ha criticado el «brutal recorte» de las ayudas en el entorno más cercano al dependiente y el «intento soterrado de privatización».
Además, ha señalado que desde que en 2007 entró en vigor la Ley, el Gobierno se hacía cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, en su mayoría mujeres, con el objetivo de que tuvieran una pensión de jubilación, pero el Gobierno del PP «impide que sea así y ahora es el propio trabajador el que tiene que pagar la seguridad social si quiere».
De este modo, ha lamentado que, además de haber reducido en un 15 por ciento el sueldo a los cuidadores no profesionales, que pasaron de percibir en torno a 520 euros a 440, no se les paga la cotización. «Calculen el gasto que supondrá contratar a cuidadores profesionales o ingresar a sus seres queridos en una residencia y las cifras de negocio que se manejan con compañías privadas y en las que se convertirá la cuarta pata del Estado del Bienestar».
Esta situación ha llevado al diputado a denunciar que el Gobierno actual «hace todo lo que está en sus manos para enterrar la Ley de Dependencia». Heredia también ha afeado que «lo primero que hizo» el Ejecutivo en esta materia fue retrasar en dos años la incorporación al sistema de los dependientes moderados. «Todas las decisiones sobre ley de dependencia no han hecho más que poner en riesgo su continuidad», ha añadido.
El coordinador de la interparlamentaria considera que el PP «se está retirando paulatinamente de la Ley de Dependencia» y, con respecto a los porcentajes de financiación que debe asumir cada administración, ha dicho que la ley nació para ser financiada al 50 por ciento por el Estado y al otro 50 por las comunidades autónomas, pero en el caso de Andalucía, el Estado solo paga el 30 por ciento y la Junta andaluza, el restante 70 por ciento.
Se trata, a su juicio, de un «desequilibrio» que «pone en riesgo el futuro de la Ley» ya que la administración regional «no puede sufragar todo los que el Estado deja de pagar». Así las cosas, cree que con medidas como estas el Estado «castiga una vez más» a Andalucía, que ha sido «líder» en la implantación y aplicación de la ley, como demuestra que una cuarta parte de los dependientes esté en la región, y que ha «perdido»204 millones desde que Rajoy llegó al Gobierno.
«ESFUERZO TITÁNICO» DE LA JUNTA
El parlamentario ha expuesto que, frente a la actuación del Estado, la Junta hace «enormes esfuerzos» para el mantenimiento de la ley, que «continúa siendo su apuesta» y, en este sentido, ha recordado que en el marco del plan contra la exclusión social ha habilitado 20 millones de euros para desarrollar la ley. «Existe un camino alternativo», ha demostrado.
Heredia ha indicado que Andalucía hace ese «esfuerzo titánico» pero se ha preguntado «¿Qué pasa en Castilla-La Mancha, Madrid o la Comunidad Valenciana?».
Por último, ha reflexionado sobre el empleo que genera la ley y, tras defender que es el sector que más trabajo crea en relación a la inversión pública, 30 puestos por cada millón de euros invertido, además de un 43 por ciento de retorno económico en IVA, IRPF y Seguridad Social, ha advertido de que con los recortes, solo en Andalucía se perderán unos 4.000 empleos en Ley de Dependencia.
CERMI denuncia que el proyecto la de Ley de Apoyo a Emprendedores «omite por completo» a la discapacidad
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha denunciado que el proyecto de la Ley de Emprendedores «es decepcionante» puesto que «omite por completo a la discapacidad y ni siquiera recoge un recuerdo de cortesía a la Economía Social».
Ante esto, Pérez Buen ha lamentado que «para la gobernanza económica del país, la organizaciones de discapacidad sigue siendo inexistentes». Por ello, considera que es «innegable que la postrada economía española precisa de estímulos intensos para reactivarse». «Es una evidencia que se ha hecho poco y mal desde los poderes públicos», ha apuntado.
«Si la Ley de Apoyo a Emprendedores pretende reformular las bases del emprendimiento económico, incluida, por supuesto, la dimensión social, desde fundamentos sólidos y con fines ambiciosos, será bienvenida –ha precisado–. Pero si la Ley es empleada a guisa de señuelo para parecer que se hace algo, entonces será, no sólo una burla, sino un fracaso estrepitoso».
Por otro lado, ha destacado que las entidades centradas en la discapacidad «no pueden conformarse con quedar cubiertas o amparadas simplemente por las medidas genéricas». «Sería una prueba más de que nuestra clase política no sabe identificar ni apreciar lo mucho y bueno que se está haciendo en términos de desarrollo económico por parte del movimiento social de la discapacidad», ha añadido.
Finalmente, Pérez Bueno ha recordado que el hecho de que les «borren del mapa», «no significa que no existan y que estén vivos». En este sentido, ha anunciado que el Comité ha presentado al Gobierno un documento extenso con decenas de medidas favorables a la discapacidad desde la dimensión económica. «Presionaremos para que terminen acogiendo alguna», ha aclarado.
Las residencias para mayores redujeron su facturación un 1,8 por ciento en 2012, pero hay más plazas, según un estudio
Les Corts, Barcelona
Las residencias para mayores vieron reducido su volumen de facturación en un 1,8 por ciento en 2012, respecto al año anterior, hasta situarse en los 2.430 millones de euros. Sin embargo, la oferta de plazas en residencias para la tercera edad, incluyendo residencias públicas y privadas, ascendió a 363.782, un 0,7 por ciento más que en 2011, según el estudio ‘Sectores’ de DBK.
El informe destaca, entre otros datos, la ralentización del número de plazas en este tipo de alojamientos respecto a años anteriores y señala que, en 2011, el crecimiento fue del 1,3 por ciento. Todo ello se produce en un contexto que, debido a la reducción de la capacidad adquisitiva de las familias, se han reducido los niveles de ocupación de los centros y se han ajustado los precios
En este sentido, las previsiones para el bienio 2013-2014 apuntan a nuevos retrocesos en el valor de mercado de las residencias que irá acompañado de un nuevo ajuste de precios y de niveles de ocupación más bajos, según indica el documento, que añade que, a ello, se le sumará la reducción del importe de los conciertos y retrasos en los pagos.
De este modo, asegura que, en 2013, el volumen de negocio de estas empresas caerá cerca de un 2 por ciento respecto al valor de mercado de 2012 y se situará por debajo de los 2.400 millones de euros.
Por otra parte, durante 2012 se produjo un aumento del número de plazas en centros privados concertados respecto a aquellos que funcionan sin concierto público. Así, el número de centros de titularidad público-privada se situó en 94.765 (un 0,7 por ciento más que en 2011), frente a las 177.026 plazas restantes, que ofrecen los centros privados y representan un 65,1 por ciento de la oferta.
Además, el informe destaca el «alto grado de atomización» del mercado de las residencias de mayores, aunque indica que, en 2012, aumentó un 1,5 la concentración de la oferta en el conjunto de las cinco primeras empresas del sector, que representan el 22,9 por ciento del total.
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CERMI Madrid pide un “cambio de rumbo” en materia de dependencia y autonomía personal en la Asamblea de Madrid
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, compareció en la denominada Comisión Permanente de Políticas Integrales de Discapacidad de la Asamblea autonómica con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento de la Ley 39/2006 para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, y para exponer las reivindicaciones del colectivo con respecto a esta normativa, que, a juicio de CERMI Madrid, “genera más dependencia que autonomía” y “no ofrece soluciones a los problemas que pretendía solventar, dado que los agrava”.
El presidente del CERMI Comunidad de Madrid, Javier Font, fue el encargado de intervenir en la citada comisión, que fue convocada en este caso a petición del grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU). Font reiteró ante los diputados de la Asamblea que la mencionada Ley «está provocando un efecto contrario al deseado», dado que «alimenta la dependencia de las personas y, por el contrario, no fomenta que puedan valerse por sí mismas, lo que se traduce en un fracaso rotundo del sistema, al contribuir a que se avance hacia un modelo social de personas no integradas en la sociedad de forma plena y activa».
Asimismo, el presidente de CERMI Madrid criticó con dureza que «se pida al colectivo de personas con discapacidad, que no ha tenido nada que ver con la crisis, que asuma enormes sacrificios y recortes presupuestarios que alimentan su exclusión y que dificulta a muchas personas llevar una vida digna y plena». En este sentido, durante su intervención, el comité indicó que este «sobreesfuerzo» lleva a muchas familias a una situación «insostenible» y remarcó que el colectivo está cansado de que la Administración «vea a los Servicios Sociales como los causantes de la crisis y de la deuda de nuestro país».
Por todo ello, el presidente de CERMI Madrid, ante la atenta mirada de los diputados madrileños, sostuvo que «la austeridad en el gasto social no debe recaer siempre en los más débiles». También criticó con vehemencia que la Comunidad de Madrid obligue en la actualidad a muchas personas con discapacidad a ser valoradas como «dependientes» para obtener subvenciones sociales y la supresión de las ayudas individuales que la Comunidad destinaba al fomento de la Autonomía Personal.
«Desde que se aprobó la Ley de Dependencia y Autonomía Personal no hemos avanzado», remachó en varias ocasiones Font, para afirmar que esta normativa es usada como un instrumento por parte de la Comunidad para «obtener más financiación del Estado y reducir el gasto social en servicios primarios con arreglo a la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad». Por otra parte, el presidente de CERMI Madrid también trasladó a los diputados distintas reivindicaciones del tejido asociativo.
Pidió que sean los profesionales de los centros base quienes valoren, de forma exclusiva, a los dependientes, que se analice la situación de las personas con discapacidad en los centros penitenciarios y que se regule de forma adecuada la figura del asistente personal que contempla la Ley 39/2006, que carece de marco normativo que regule esta figura profesional. Además, reclamó que las personas con discapacidad se puedan acoger a un régimen fiscal especial que facilite la contratación de asistencia personal.
Por último, durante la comparecencia ante la Asamblea de Madrid, el presidente de CERMI Madrid reiteró que «ser pionero en tener un mayor número de plazas en residencias, de lo que se jacta la Comunidad, no es más que una constatación del fracaso de las políticas autonómicas en materia de autonomía personal».
Por ello, reclamó «un cambio de rumbo» para fomentar la autonomía personal en detrimento de la dependencia y aseguró que «no habrá avances mientras la Administración siga pensando que los programas de autonomía personal son más caros que abocar a las personas a vivir en centros residenciales».
Los cuidadores no profesionales de dependientes descienden un 86% en ocho meses en Asturias
El número de cuidadores no profesionales de personas dependientes dados de alta en la Seguridad Social en el Principado de Asturias era de 3.216 en julio del año pasado y de 450 el pasado mes de marzo, lo que supone un descenso del 86 por ciento en ocho meses, según una respuesta parlamentaria del Gobierno central al PSOE.
En concreto fue el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía, Miguel Ángel Heredia, quien preguntó al Ejecutivo sobre los datos de los cuidadores no profesionales a dependientes. En Andalucía, la reducción fue del 92%.
En declaraciones a los periodistas en el Congreso, el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, ha denunciado la «demolición» que el Gobierno del PP practica a las políticas de la Ley de Dependencia en Andalucía y en el conjunto del país y ha criticado el «brutal recorte» de las ayudas en el entorno más cercano al dependiente y el «intento soterrado de privatización».
Además, ha señalado que desde que en 2007 entró en vigor la Ley, el Gobierno se hacía cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, en su mayoría mujeres, con el objetivo de que tuvieran una pensión de jubilación, pero el Gobierno del PP «impide que sea así y ahora es el propio trabajador el que tiene que pagar la seguridad social si quiere».
De este modo, ha lamentado que, además de haber reducido en un 15 por ciento el sueldo a los cuidadores no profesionales, que pasaron de percibir en torno a 520 euros a 440, no se les paga la cotización. «Calculen el gasto que supondrá contratar a cuidadores profesionales o ingresar a sus seres queridos en una residencia y las cifras de negocio que se manejan con compañías privadas y en las que se convertirá la cuarta pata del Estado del Bienestar».
Esta situación ha llevado al diputado a denunciar que el Gobierno actual «hace todo lo que está en sus manos para enterrar la Ley de Dependencia». Heredia también ha afeado que «lo primero que hizo» el Ejecutivo en esta materia fue retrasar en dos años la incorporación al sistema de los dependientes moderados. «Todas las decisiones sobre ley de dependencia no han hecho más que poner en riesgo su continuidad», ha añadido.
El coordinador de la interparlamentaria considera que el PP «se está retirando paulatinamente de la Ley de Dependencia» y, con respecto a los porcentajes de financiación que debe asumir cada administración, ha dicho que la ley nació para ser financiada al 50 por ciento por el Estado y al otro 50 por las comunidades autónomas, pero en el caso de Andalucía, el Estado solo paga el 30 por ciento y la Junta, el restante 70 por ciento.
Se trata, a su juicio, de un «desequilibrio» que «pone en riesgo el futuro de la Ley» ya que la administración regional «no puede sufragar todo los que el Estado deja de pagar». Así las cosas, cree que con medidas como estas el Estado «castiga una vez más» a Andalucía, que ha sido «líder» en la implantación y aplicación de la ley, como demuestra que una cuarta parte de los dependientes esté en la región, y que ha «perdido»204 millones desde que Rajoy llegó al Gobierno.
15 de junio 2013, Día Mundial de concienciación sobre el maltrato a personas mayores
La UE debería adoptar un marco europeo de calidad de los servicios de atención de larga duraciónpara ayudar a combatir el maltrato de personas mayores y garantizar una vejez digna para todos y todas
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha designado el 15 de junio como Día Mundial de concienciación sobre el maltrato a personas mayores. La Plataforma EuropeaAGE aprovecha esta oportunidad para pedir a la UE que tome medidas para combatir todas las formas de abuso y discriminación que operan sobre las personas mayores mediante la adopción de un marco de calidad europeo para los servicios de atención de larga duración.
«La dignidad humana es inviolable. La edad y la dependencia no pueden ser los motivos para la restricción decualquier derecho humano inalienable y de libertades civiles reconocidas por las normas internacionales e incluidas en las constituciones democráticas», afirma la Carta Europea de los Derechos y Responsabilidades de las personas mayores que necesitan atención y asistenciadesarrollada en el Proyecto financiado por la UEEustacea (2010). Sin embargo, según un informe publicado por la OMS Europa en 2011, el 2,7% de las personas mayores hanexperimentadomaltrato y abuso, lo que en números absolutos cifraría alrededor de 4 millones de personas mayores. El envejecimiento digno constituye hoy un desafío incluso mayor, dado el contexto actual de medidas de austeridad pública que se traducen en la reducción de la cobertura de la protección social y el aumento del aislamiento social. En tales circunstancias, el riesgo de negligencia o maltrato a personas mayores aumentará si no se hace nada para mejorar la calidad de la atención que se procura al creciente número de personas mayores que necesitan atención y asistencia, asegurando que todos puedan disfrutar de un digno final de la vida.
Para facilitar el intercambio de iniciativas en la lucha contra el maltrato a personas mayores y por una atención de calidad, la Fundación Pilares para la autonomía personal, líder de la coalición española, para en colaboración con la asociación WeDO, (un grupo de organizaciones y profesionales organizados en coaliciones nacionales / regionales / locales)promover elMarco de Calidad de la UE para los servicios de atención de larga duración y de la Carta Europea de los derechos y responsabilidades de las personas mayores en necesidad de apoyos.
En sintonía con lo anterior, la Fundación Pilares para la autonomía personal ha puesto en marcha la Red Modelo y Ambiente (http://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/index.php), en la que seacogen y difunden buenas prácticas que, siguiendo el modelo de atención integral y centrada en la persona, se desarrollan en España. Por ello, la Red Modelo y Ambiente y las iniciativas recogidas en ella, pueden formar parte también del catálogo de buenas prácticas promovidas desde la Asociación WeDO.
La asociación WeDOestá poniendo en marcha una campaña de comunicación el 15 de junio para dar a conocer lo que se puede hacer para promover la dignidad en la vejez. Puedes seguir esta campaña en: http://www.wedo-partnership.eu/new/15-june-2013-wedo-get-mobilized-world-elder-abuse-awareness-day.
Fundación Pilares para la autonomía personal es una organización privada sin ánimo de lucro, dedicada a la defensa de la igualdad de todas las personas y de la dignidad de la vida humana a lo largo de todo el ciclo vital. Para ello promueve el desarrollo del Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona, mejorando la calidad de vida de las personas que necesitan apoyos, vivan en sus domicilios o en una residencia.http://www.fundacionpilares.org
La Fundación Pilares para la autonomía personal lidera la coalición española de la Asociación WeDO para la promoción del Marco de Calidad de la UE para los servicios de atención de larga duración: www.wedo-partnership.eu.
Para más información contactar con:
Penélope Castejón Villarejo
Fundación Pilares para la autonomía personal
penelopecastejon@fundacionpilares.org
www.fundacionpilares.org
o
Maude Luherne
WeDO project coordinator
AGE Platform Europe
Muere a los 116 años la persona más longeva del mundo, el japonés Jiroemon Kimura
La persona más anciana del mundo, el japonés Jiroemon Kimura, ha fallecido este miércoles a los 116 años de edad, según han informado los medios de comunicación nipones.
Kimura, que vivía en Kyotango, cerca de Kyoto, en el oeste de Japón, estaba hospitalizado desde el mes pasado por una neumonía. Se convirtió en la persona más longeva del mundo el 17 de diciembre de 2012, después de que muriera la anterior poseedora del título, una mujer estadounidense de 115 años de Iowa, según el Libro Guinness de los récords.
Jiroemon Kimura, nacido en 1897 y que había trabajado como empleado de correos y como granjero, tenía siete hijos, 14 nietos, 25 bisnietos y 15 tataranietos, según los medios japoneses.
En su 115 cumpleaños, Kimura declaró a los periodistas que mantenía su mente en forma aprendiendo inglés y atribuyó su longevidad a que tomaba mucho sol. «Siempre estoy mirando hacia el cielo. Así es como soy», dijo entonces el anciano. Japón tiene más de 50.000 habitantes centenarios, según datos oficiales de 2011.
¿Qué precisamos ofrecer para que las personas en situación de dependencia puedan vivir bien en su propia casa?
JUAN SITGES, DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN CASER PARA LA DEPENDENCIA, Y
PILAR RODRÍGUEZ, PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN PILARES PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL
¿Está en riesgo el servicio de ayuda a domicilio (SAD)?, ¿cómo coordinarlo con la atención domiciliaria sanitaria?, ¿pueden las familias seguir asumiendo el peso de los cuidados que hoy afrontan?, ¿las prestaciones de la LAPAD son adecuadas?, ¿qué necesitamos saber, revisar e implementar para favorecer la permanencia en el domicilio con calidad de vida de las personas que requieren apoyos?
En los países de nuestro entorno y también en España existe una seria preocupación sobre cómo responder a cuestiones semejantes a éstas. Se trata de conjugar que el suministro de recursos se adapte a las necesidades de atención de las personas que tienen una situación de fragilidad o dependencia, que cumplan criterios de calidad, que sean sostenibles económicamente y que, además, se ajusten realmente a lo que ellas y sus familias desean.
Y sabemos por la investigación desarrollada que estas personas anhelan permanecer en su domicilio y recibir en él las prestaciones que precisan. Existe en este punto coherencia entre este deseo mayoritario de la ciudadanía y las recomendaciones de los organismos internacionales y las propuestas de los expertos y de la comunidad científica en materia de envejecimiento y discapacidad: la casa y el propio entorno como escenarios preferentes de vida y suministro de apoyos.
Sin embargo, lograr el loable objetivo de ofrecer las soluciones adecuadas para que las personas puedan seguir viviendo en casa y experimentar que tienen calidad de vida y que pueden seguir desarrollando sus propios proyectos vitales no parece estar resultando fácil. Se requiere, por una parte, que seamos capaces de crear entornos propicios y favorables, lo que tiene que ver condisponer de viviendas que reúnan condiciones de accesibilidad, adaptabilidad y confort (viviendas para toda la vida) y de favorecer la interacción social y la inclusión comunitaria. Y también tiene que ver con la posibilidad de acceder a productos de apoyo, elementos domóticos, teleasistencia y otras TIC que sean usables y accesibles a las personas con necesidades especiales.
En lo concerniente a la buena atención, existe una percepción generalizada de que es necesario realizar una evaluación crítica y en profundidad de servicios, como el de Ayuda a Domicilio (SAD), que hasta ahora han sido vistos como piedra angular para la permanencia en casa. Se trata de conocer bien sus insuficiencias y corregirlas, planteando las reorientaciones o reformas que sea preciso emprender para desarrollar nuevas vías y soluciones que sean más acordes a una población que es cada día más consciente de sus derechos y más exigente en el ejercicio de su autonomía.
Hacer confluir, pues, la diversidad de áreas que es preciso mejorar y articular para conseguir una correcta y acorde atención (los servicios de atención domiciliaria social y sanitaria, la coordinación entre ambos sectores, el desarrollo de nuevos servicios de proximidad, las adaptaciones del hogar y productos de apoyo, una nueva política en materia de vivienda, las prestaciones económicas, un apoyo eficaz a las familias…) requiere de un análisis en profundidad de lo que hacemos y compararlo también con las innovaciones que se están produciendo en otros países.
En aras a facilitar el abordaje de cuestiones como las mencionadas, la Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Pilares para la Autonomía Personal han unido de nuevo sus esfuerzos para organizar, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y la Fundación Vodafone, las II Jornadas Internacionales de Atención a la Dependencia. En ellas se presentarán un conjunto de propuestas innovadoras con las que se intenta ofrecer, de manera integral, las atenciones y servicios que requieren las personas en situación de fragilidad o dependencia que viven en su domicilio. Así, el mundo de la investigación, de las TIC, de vivienda y de las políticas públicas europeas, se darán cita en este Encuentro y en ellas se propiciará el debate enriquecedor con todos los participantes que acudan a las mismas.
Al diseñar el contenido de estas Jornadas hemos pretendido un objetivo clave: ofrecer un espacio de encuentro y reflexión en el que mostrar una variedad de experiencias innovadoras de fuera y de dentro de España relacionadas con la provisión de apoyos que se están proponiendo en el ámbito internacional como idóneos por un triple motivo: Por una parte, porque parecen ofrecer a las personas que requieren apoyos por su situación de dependencia y a sus familias cuidadoras una atención de calidad sin menoscabo de principios como la salvaguarda de su autonomía personal; por otro lado, porque los costes de los sistemas de apoyos y atención integral en el medio comunitario resultan más costoeficientes que los que se prestan en las instituciones; y, finalmente, porque el desarrollo de estos servicios de proximidad tienen gran capacidad de generar riqueza y empleo.
Y como objetivo complementario, también nuestras dos Fundaciones, junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), estamos llevando a cabo una amplia investigación para conocer cómo se está desarrollando el SAD en España, qué dificultades presenta para ajustarse a la demanda hoy existente y qué vías de mejora se sugieren cara al futuro por parte de las entidades locales y de los profesionales. Los primeros resultados se darán a conocer en el transcurso de las Jornadas.
Creemos, en fin, que el encuentro que celebraremos en Madrid durante los días 25 y 26 de junio es una cita a tener en cuenta por las instituciones públicas y privadas, los proveedores de servicios, los profesionales y expertos del sector, los movimientos asociativos de personas mayores y con discapacidad, los medios de comunicación y el resto de agentes interesados. Confiamos en que las ponencias seleccionadas suscitarán el suficiente interés para motivar la asistencia a las Jornadas, pero creemos que el éxito de las mismas se logrará sobre todo con las aportaciones de los debates sobre todo con las aportaciones de los debates que se susciten en su seno, por lo que animamos a la máxima participación.
Castellón concentra el 20% de la red pública concertada de la dependencia, que integra ya más del 40% de mayores de la CV que viven en centros
Es necesario consolidar la red pública de atención para garantizar que en 2 años el sistema de la dependencia llegue a todos los castellonenses, según Penadés
Una de cada cinco personas en situación de dependencia de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas es atendida en la provincia de Castellón, según ha señalado hoy el presidente de la patronal, Marcos Penadés, que ha destacado que esta entidad integra ya a más del 40% de los mayores que viven en centros socio-sanitarios en la Comunidad Valenciana.
Penadés ha explicado que la red de centros públicos y concertados que preside aboga por extender la presencia de recursos a todo el territorio y evitar así la concentración de recursos en zonas concretas, situación que obliga en casos de dependencia severa al desarraigo o la elección de recursos no adecuados para la necesidad del ciudadano.
En este sentido, el portavoz de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas ha recordado que, desde su constitución, se ha incrementado progresivamente la presencia de recursos en la provincia de Castellón, cubriendo en la actualidad el 35% del territorio, con un total de 18 recursos y más de 1.200 plazas asistenciales, así como centros de día, servicios de ayuda a domicilio, etc. De esta forma, más del 80% de la población de la provincia tiene una residencia de la red pública concertada en su población o poblaciones cercanas.
Para Marcos Penadés, la sociedad demanda a los gestores de la dependencia que articulen las medidas oportunas para consolidar una red pública de atención que garantice que, en menos de 2 años, el sistema de la dependencia llegue a todos los castellonenses que lo necesiten. Y, como ejemplo, ha recordado que actualmente casi una de cada cuatro personas con derecho a recibir ayudas aún no la recibe, si bien, el nuevo modelo que está perfilando el Ministerio de Sanidad puede reconducir esta situación.
Penadés, que ha realizado estas declaraciones en su visita periódica a los recursos de Aecas en la provincia de Castellón, ha incidido en que las medidas adoptadas hasta la fecha, como la simplificación normativa y de niveles de aplicación -de seis niveles a tres- o la apuesta por la atención en recursos profesionales, permiten vislumbrar un futuro para el actual sistema de la dependencia.
Control de la Administración
No obstante, el portavoz de la Red pública concertada ha manifestado que es necesario que los indicios –nuevos beneficiarios en el sistema y reducción de la lista de espera- se concreten para autonomías como la valenciana, en la que la tasa de reposición y la deuda mantenida con el sector han generado una situación difícilmente sostenible, que sólo puede sobreponerse recuperando la confianza de los ciudadanos mediante la garantía de una red pública sustentada en concursos públicos abiertos y con un férreo control de la Administración Pública.
Así Penadés, ha defendido una apuesta por los recursos públicos y concertados, que representan el 90% de los asociados de AECAS, con una amplia distribución geográfica, incluyendo las zonas del interior de la Comunidad Valenciana, con menor densidad de población, pero con las mismas necesidades de atención a las personas dependientes.
COCEMFE pide que se vuelva a modificar la Ley de propiedad horizontal con «soluciones reales» para la movilidad reducida
El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Mario García, ha pedido Gobierno que vuelva a modificar la Ley de propiedad horizontal y la coordinación de los servicios sociales así como la restitución de las subvenciones para las asociaciones de personas con discapacidad en las comunidades autónomas.
Según García, el texto de la ley recién reformada por el gobierno es «claramente insuficiente» y ha asegurado que las personas con movilidad reducida, y las personas con algún tipo de dependencia o discapacidad necesitan «soluciones reales».
Durante su intervención, este sábado, en la inauguración de la Asamblea General de la asociación, García ha insistido en que «cuando una persona con discapacidad tiene problemas para desenvolverse en las zonas comunes y acceder a su propia casa, habría que solucionarlo ipso facto».
En este sentido, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, ha coincidido con él en la «insuficiencia» de la última modificación de la normativa y ha asegurado que el Gobierno «está trabajando para que se modifique de nuevo».
Por otra parte, el presidente de COCEMFE ha destacado la necesidad de reformar el sistema de coordinación de los servicios sociales y sanitarios y elaborar «un plan en condiciones». En esta línea, ha asegurado que una organización más efectiva de estos servicios «además de mejorar la salud del colectivo de personas con discapacidad, abarataría los costes del sistema evitando hospitalizaciones y tratamientos que se podrían haber evitado».
Asimismo, ha criticado la reducción de entre un 60 y un 70 por ciento de las subvenciones a las personas con discapacidad y ha exigido la «mejora de esta situación», a lo que el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad ha contestado asegurando que habrá una convocatoria de subvenciones lista antes del próximo mes de agosto que contempla un incremento del 6 por ciento en la cuantía de las ayudas a repartir.
Además, Tremiño ha destacado la modificación de la ley de dependencia y la renovación del catálogo ortoprotésico, que, según ha asegurado, «se encuentra en un estado muy avanzado», y ha insistido en que servirán para «salvar una ley que estaba colapsada» y lograr que España «sea un país en el que las personas con discapacidad tienen los mismo derechos y atención con independencia del territorio donde vivan».
