Archivo mensual: marzo 2016
“Personas con actitud” empatizando con las personas mayores a través del gusto
• Destacados chefs, restaurantes y escuelas de hostelería, regionales y locales, participarán en los talleres.
• La iniciativa se enmarca en la campaña SARquavitae “Personas con actitud” con motivo de su 25 aniversario, centrado durante el mes de marzo en la empatía.
• Los residentes podrán revivir sabores tradicionales y olvidados en platos adaptados a sus necesidades y capacidades
Empatizar con las personas mayores a través de uno de los sentidos que más nos ayudan a recordar, el gusto. Este es el objetivo de los más de 30 talleres de cocina tradicional que ha puesto en marcha SARquavitae, compañía líder en atención y cuidado sociosanitario, en sus centros residenciales y de día con la colaboración de destacados chefs, restaurantes y escuelas de hostelería, regionales y locales.
Los talleres están enmarcados en la campaña “Personas con actitud” que con motivo de del 25 Aniversario de la compañía se está llevando a cabo durante todo el año y que cada mes se centra en una actitud que mejora la atención a las personas mayores. Marzo es el mes de la Empatía en SARquavitae y para fomentarla se han organizado talleres abiertos, no sólo a los mayores, sino también a los profesionales de los centros y familiares.
Muchos platos y sabores de la infancia y juventud de las personas mayores han sido olvidados. En este mes dedicado a la Empatía, SARquavitae quiere ayudar a los mayores a recordar la cocina de su juventud a través de la elaboración de platos típicos, los de toda la vida, pero adaptados a sus necesidades y capacidades. “La alimentación es la principal fuente de salud. En las personas mayores es especialmente importante ofrecer una alimentación adecuada y adaptada a sus necesidades especiales. Deseamos premiarles con platos que les recuerden momentos del pasado a través de platos tradicionales para que puedan disfrutar del momento de la comida de forma especial”, explica Antonio Alonso, Director de Servicios Hoteleros de la compañía.
Para ello se ha contado con la colaboración de diferentes restaurantes y escuelas de hostelería locales, quienes, junto con los cocineros y chefs de los centros residenciales preparan los menús tradicionales adaptándolos a las necesidades de alimentación de las personas mayores, potenciando el gusto y la presentación de los platos. Entre otras, destacan las colaboraciones del Asesor Gastronómico y Chef Ejecutivo del Balneario de Caldes de Boí, Miquel Soria; de Alfonso Sánchez, Profesor de escuela de hostelería Miralbueno de Zaragoza; o de las Escuelas de Hostelería de Toledo, Estepona y Badajoz.
Campaña “Personas con actitud”
SARquavitae cumple 25 años y para celebrarlo ha puesto en marcha la campaña “Personas con actitud”. A lo largo de 2016 se han seleccionado 12 actitudes positivas que transmiten los valores de la compañía. Cada mes conmemorará una actitud, Alegría (enero), Amistad (febrero), Empatía (marzo), Solidaridad (abril), Cariño (mayo), Responsabilidad (junio), Compromiso (julio), Calidad e Innovación (agosto), Respeto (septiembre), Entusiasmo (octubre), Profesionalidad (noviembre), Optimismo (diciembre).
Además de actividades especiales relacionadas con la actitud del mes, se otorgará un premio a aquella persona de la compañía que mejor desempeñe la actitud seleccionada, junto con un distintivo y un reconocimiento especial como agradecimiento por parte de la compañía.
El profesional de referencia una figura clave en la Atención Centrada en la Persona
Con esta nueva entrada que nos ofrece la Dra. Martínez en su blog “La atención centrada en la persona, un camino por recorrer”, prosigue enriqueciendo el enfoque gerontológico de la atención centrada en la persona con una propuesta sobre el profesional de referencia, poniendo en valor su papel esencial en la aplicación de este modelo de atención.
Comienza así: “La figura del profesional de referencia es una metodología de trabajo que se viene aplicando en los servicios gerontológicos, sobre todo en los centros donde participan en el cuidado diversos profesionales, con el propósito de personalizar la atención y lograr una mejor coordinación entre éstos. Es una figura que aunque ya se exige en nuestro país en distintas normativas autonómicas, su conceptualización todavía es escasa y su aplicación bastante diversa”…….
Aquí os dejamos el enlace del post recomendado para su completa lectura: clickar aquí.
*Psicóloga. Dra. en Ciencias de la Salud y experta en gerontología social. Autora de distintas publicaciones técnicas y científicas relacionadas con la gerontología aplicada y la discapacidad. Entre sus publicaciones en relación a la Atención Centrada en la Persona cabe destacar: La atención gerontología centrada en la persona, guía para profesionales (2011); Avanzar en atención gerontológica centrada en la persona, instrumento para la revisión participativa (2013); Modelo de atención centrada en la persona, cuadernos prácticos (2014), Cuidar, cuidarse y sentirse bien: Guía para personas cuidadoras según el modelo de atención integral centrada en la persona (2015) y Atención centrada en la persona. Sus aportaciones al cuidado de personas con Alzheimer (2015) y de la reciente investigación sobre la Atención Centrada en la Persona en residencias y centros de día españoles. Creadora de la web www.acpgerontologia.com para la difusión de los modelos afines a la ACP @acpgerontologia
La Ley de Dependencia, el ‘cuarto pilar’ del Estado de bienestar está siendo boicoteado por el Gobierno y varias autonomías
“Todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a ser una persona dependiente o vamos a vivir con una dependiente”. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS), trata de humanizar el discurso al hablar de las cifras que se desprenden de casi una década de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (Lapad), más conocida como Ley de Dependencia. Porque las cifras deshumanizan.
Un total de 1.180.435 personas está en situación de dependencia reconocida en España. Eso supone que el 2,5% de la población precisa “de la atención de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria”, según enuncia la propia ley. Sin embargo, entre 2012 y 2015, 125.915 personas pertenecientes a este grupo han fallecido sin haber obtenido ninguna prestación, según los datos del último Dictamen del Observatorio Estatal de Dependencia que elabora la organización que preside Ramírez. “Es lo que se conoce como el ‘limbo de la dependencia’: todas aquellas personas que tienen una prestación reconocida por ley pero que todavía no se ha hecho efectiva”, remarca Aurelia Jerez, presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia. “Dicen que bajan las listas de espera, pero lo que no te dicen es que ahora hay un plazo de tres años y medio para hacer efectiva la retroactividad de una prestación, y en tres años y medio lo normal es que un gran dependiente de 80 años se muera”.
Y no son pocos. El 54% de las personas dependientes en el Estado español son mayores de 80 años. “Son gente con una vulnerabilidad terrible, el problema es gravísimo, y hay comunidades autónomas con listas de espera muy altas”, explica Ramírez. Muchos de ellos están entre los 384.326 dependientes –una tercera parte del total– que a comienzos de 2016 no recibía ninguna prestación. Y la situación se agrava en los 37.764 grandes dependientes de Grado III, el nivel donde más necesaria es la ayuda de los tres que reconoce la ley, que no reciben prestación alguna.
Moratorias y boicot
La ampliación del plazo para hacer efectiva una prestación, que inicialmente era de seis meses y que se ha multiplicado por siete, es sólo una de las medidas de boicot que Gobierno central y algunas comunidades autónomas han establecido para impedir el desarrollo del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), el conjunto de prestaciones y servicios que debían desarrollarse tras la aprobación de la Lapad para crear el ‘cuarto pilar’ del Estado de bienestar. “Nos han tomado como mero gasto. El recorte que se hizo hace dos años, algo más de mil millones, coincidió con el pago adelantado de la deuda. No puedes hacer eso y luego dejar a los que tienes en casa sin atender”, denuncia Jerez, madre de un niño de ocho años, gran dependiente, que padece el síndrome de Pitt-Hopkins, una rara enfermedad de la que sólo hay cuatro casos en España.
En noviembre de 2011, el entonces aspirante a presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avisaba a cuatro días de las elecciones generales: “La dependencia no es viable”. Un mes después comenzaba lo que Ramírez califica de “demolición programada” de la Lapad, con el Real Decreto Ley 20/2011. Entre la complicada maraña de decretos, moratorias y leyes autonómicas que modifican el sistema que debía desarrollar la ley, tres ordenamientos estatales destacan por sus drásticas consecuencias. El 20/2011 fue el primero. “Modificó el calendario y quitó el derecho a los dependientes moderados, lo que supuso que a 35.000 personas se les usurpó el derecho a ser atendidas”, relata Ramírez. Una moratoria que se amplió progresivamente para las afectadas en Grado I , el nivel menos severo de dependencia: hasta julio de 2015 no entraron al sistema. Pero para la presidenta de la Coordinadora esto no es un triunfo: “Debían haber entrado en enero de 2012, pero Rajoy lo retrasó cuatro años, hasta que no pudo hacerlo más”.
El segundo ordenamiento, “la auténtica derogación encubierta de la Ley de Dependencia”, tal como lo describe Ramírez, fue el RDL 20/2012, titulado “de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”. El decreto supuso una nueva moratoria para los de Grado I y simplificó el sistema de valoración de grados, lo que en la práctica endureció las condiciones para acceder a las ayudas. Pero habría más. Recortó drásticamente la aportación del Estado a los presupuestos de dependencia, redujo un 13% el llamado ‘nivel mínimo de protección’ –el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad– y redujo en un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares, dejando además la puerta abierta para que las comunidades pudieran reducir más esta cifra. El recorte llegaba así a uno de los pilares del sistema, ya que casi la mitad del total de personas atendidas lo está a través de un cuidador familiar, una figura doblemente atacada por el PP, ya que también les dejó sin cotización a la Seguridad Social. Desde aquel momento sería voluntaria. “Hasta entonces había un acuerdo entre el Gobierno y la Seguridad Social por el que éste pagaba por los cuidadores del entorno familiar 56 euros para darles, simplemente, el derecho a una pensión de jubilación. Cuando la cotización fue voluntaria, este convenio se rompió y ahora, si quieren cotizar, son 200 euros que, lógicamente, tienen que coger de la prestación económica que recibe su familiar dependiente. En el mejor de los casos son 387 euros. Si de ahí quitas 200, dejas a los dependientes con 187”, relata Jerez. La conclusión: “Más del 90% nos dimos de baja”.
Recorte brutal y sexista
La supresión de la cotización afectó a 182.021 cuidadoras, mujeres en el 92% de los casos. Tal como indica la profesora de Derecho de la Empresa en la Universidad del País Vasco Isabel Otxoa, “entre quienes estaban cuidando, algo menos de la mitad eran mujeres mayores de 51 años, una parte de las cuales probablemente no tenían un historial largo de cotización en otras actividades”. Sin embargo, relata, “hubo otras mujeres, sobre todo entre las menores de 50, que habían dejado un empleo de pocos ingresos y pasado a cuidar a algún familiar en la tranquilidad de que, si no una remuneración decente, al menos continuaban generando el derecho a la pensión de jubilación”.
En su opinión, el recorte no sólo fue brutal, también fue sexista: “Desde el feminismo criticamos la prestación de cuidados familiares de la ley porque ahondaba en la división sexual del trabajo; defendimos el reparto del cuidado y la ampliación de los servicios externos a la familia. Pero cuando el PP justificó el recorte por la conveniencia de reducir el recurso al cuidado familiar y promover la utilización del resto de las prestaciones de la Ley de Dependencia, cuya escasez y lentitud son bien conocidas, resultó insultante”.
El tercer gran hachazo legislativo al sistema fue el RD 1051/2013, que establece incompatibilidades entre los diferentes servicios y prestaciones que otorga la ley, así como la intensidad de los mismos. “Antes una persona iba a levantar de la cama a un dependiente y lo llevaba a un centro de día para que pudiese estar haciendo talleres de fisioterapia, alzheimer o lo que necesitase, pero a partir de ese decreto hay que elegir una u otra prestación”, apunta Ramírez. La creación de incompatibilidades buscaba rebajar la factura de la dependencia, al igual que lo hacía la disminución de la intensidad de los servicios. El presidente de la AEDGSS lo ilustra con un ejemplo: “Antes un dependiente podría tener hasta 90 horas al mes de ayuda a domicilio, ahora son 70”.
A todo lo anterior hay que añadir la supresión del llamado nivel acordado de financiación, que se eliminó a través de Ley de Presupuestos Generales del Estado: 283 millones anuales que se distribuían entre las comunidades con criterios consensuados de reparto.
Así, el balance que se puede hacer tras la última legislatura es que la Administración General del Estado sólo aporta el 22,6% del gasto público, lo que incumple la propia Ley de Dependencia, en la que se afirma que esa cifra debería llegar al 50%. La carga recae en las comunidades autónomas, que cubren el 77,4% del montante público, “lo que unido a la obligación de ajustarse al déficit hace que estén completamente asfixiadas”, resalta Jerez. Además, a día de hoy los propios dependientes aportan más que el Estado, ya que un 19,9% del total de aportaciones al sistema proviene de ellos mediante la fórmula del copago, establecida por el Consejo Territorial del SAAD, un copago que sigue vigente e incluso ha aumentado, a pesar de ser declarado ilegal por la Audiencia Nacional, fallo ratificado por el Supremo.
Tal como indica Ramírez, muchas de las personas que iban a un centro de día han renunciado ante la carga del copago: “Una persona con enfermedad mental que cobra una pensión no contributiva de 400 euros, si va al centro de día tiene que aportar 200 euros por el copago. ¿Cómo va a pagar eso? Lo mismo la gente que renuncia a la ayuda a domicilio porque no puede aportar el 20 o el 30% de su pensión. El copago ha sido definitivo”.
Con todo ello, los recortes a la dependencia acumulados ascienden, según el último Dictamen del Observatorio de Dependencia, a 2.865 millones de euros, entre la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la eliminación de las cotizaciones de cuidadores familiares. Además, las diferencias entre comunidades son abismales, en prestaciones, presupuesto y desarrollo del sistema, y la Coordinadora que lidera Aurelia Jerez lleva años reclamando que se unifiquen los criterios para ser reconocido como dependiente. Ramírez, por su parte, es muy claro comparando sistemas autonómicos: “Si una persona vive en una comunidad como Canarias o Valencia tiene muchas posibilidades de fallecer sin que le llegue la Ley. Además, aunque haya cambiado de Gobierno, como en Valencia, poco se puede hacer salvo pequeñas cosas, porque no se pueden recuperar nueve años de desidia en todo el desarrollo de la Ley”. Por el contrario, continúa, “si vive en Castilla-León, País Vasco, La Rioja o Andalucía es muy probable que sea atendido en un plazo razonable, que puede estar en torno a un año”.
Por último, desde la Aedgss resaltan las posibilidades de creación de empleo del desarrollo del sistema de dependencia. Según esta organización, si se atendiera a las 384.000 personas en lista de espera actuales, y con un incremento del gasto público de 2.643 millones de euros –de los cuales se recuperarían 1.012 mediante impuestos, seguridad social, etcétera– se generarían más de 92.500 empleos directos. “Si no creen en la justicia social que cojan la calculadora, no hay una inversión pública más rentable e inteligente que la Ley de Dependencia”.
Fuente: Periódico Diagonal
Un 85% de los españoles considera la salud como elemento clave para ser feliz en la vejez
• La salud y el estado físico, principales elementos para mantenerse felices a pesar de los años
• Un 87% de los encuestados espera mantenerse activo en la vejez
• Sanitas Mayores lanza el vídeo “Recetas para la Felicidad” donde sus residentes comparten su secreto para ser felices
Una buena salud y un buen estado de forma son los requisitos que más señalan los españoles para ser felices a pesar de los años, según el estudio “Actitud ante el Envejecimiento”, realizado Sanitas. Así, un 85% de los encuestados relaciona una vida feliz con una vida sana y un 63% con una buena condición física.
El estudio transmite en general una actitud positiva ante el envejecimiento, con un 87% de los encuestados que espera mantenerse activo en la vejez y un 63% que manifiesta que hacerse mayor no es impedimento para vivir plenamente. Asimismo, el ocio y los viajes, se encuentran entre las principales actividades en las que los españoles invertirían su dinero al jubilarse con un abrumador 80% de los encuestados.
Nuestra mayor felicidad
También la salud ha sido uno de los elementos que más se han repetido entre los mayores de Sanitas a la hora de compartir su “receta de la felicidad”. Dentro de la iniciativa “Nuestra mayor Felicidad”, Sanitas Mayores ha buscado esta fórmula entre sus más de 5.000 residentes y sus familiares. Con las respuestas recopliadas durante más de un mes, el pasado 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad, difundió el vídeo Recetas para la Felicidad en Youtube y Facebook.
Junto a la búsqueda de la receta, los centros han realizado distintas actividades tanto terapéuticas como de ocio relacionadas con la felicidad. Entre ellas, talleres de reminiscencia para recordar los momentos más felices de la vida; tardes de baile, sesiones de cine, talleres de belleza y la realización de murales temáticos. También la gastronomía estará muy presente en la iniciativa para lo que se trabajará en los platos favoritos de los residentes; se realizarán degustaciones de chocolates y repostería especial; y se montará un “Carro de la Felicidad” para repartir meriendas especiales.
En el Parkinson la lentitud del pensamiento afecta más que los problemas físicos en el habla
El deterioro cognitivo puede afectar a la capacidad de conversación de las personas con Parkinson más que los problemas físicos para hablar, según revela un estudio de la Universidad de East Anglia (UEA) y la Universidad de Aberdeen, ambas en Reino Unido.
Este trabajo se centró en evaluar el grado en que la capacidad del paciente para pensar rápidamente forma una barrera para la comunicación frente a los problemas físicos del habla. El equipo de investigación encontró que los problemas del habla físicos son a menudo menos un problema para los pacientes que la capacidad cognitiva para mantener una conversación.
La enfermedad de Parkinson es una patología neurodegenerativa común que afecta a aproximadamente el 1,5 por ciento de las personas mayores de 65 años en Europa. El trastorno se caracteriza inicialmente en gran medida en términos de funciones motoras, sin embargo, investigaciones recientes han puesto de manifiesto una amplia gama de síntomas no motores incluyendo el deterioro cognitivo en más de una cuarta parte de los pacientes.
Esta nueva investigación se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de East Anglia y fue dirigida por el doctor Maxwell Barnish, que ahora trabaja en la Universidad de Aberdeen. Barnish explica: «Alrededor del 70 por ciento de las personas con Parkinson tiene problemas con el habla y la comunicación, lo que realmente pueden afectar a su calidad de vida».
«Los investigadores y los médicos se centraron en el pasado en los problemas físicos que los pacientes tienen con su discurso, pero los propios pacientes dicen que los problemas son más complejos y tienen más que ver con el deterioro cognitivo. Por ejemplo, no ser capaces de pensar con la suficiente rapidez para mantener conversaciones o no conseguir encontrar las palabras adecuadas», subraya Barnish.
Dicen que esto genera el mayor impacto en su capacidad para comunicarse en la vida cotidiana. «Queríamos dar prioridad a los problemas de verdad que experimentan los pacientes y averiguar si se trata de claridad de la voz o temas más cognitivos, que tienen mayor impacto en la comunicación diaria», relata este investigador.
UN FACTOR A TENER EN CUENTA POR LOS LOGOPEDAS
Los autores, cuyos trabajo se publica este viernes en ‘Journal of Parkinson’s Disease’ realizaron una revisión sistemática para analizar si los problemas cognitivos o problemas del habla físicos crean las mayores barreras para la comunicación. Se tamizaron casi 5.000 estudios en busca de los datos y se encontraron 12 estudios relevantes que incluían a 222 pacientes.
Estos expertos vieron que tanto los problemas de estado cognitivo como el habla físico están asociados con problemas de comunicación diaria entre las personas con Parkinson. Sin embargo, los pacientes que tenían mayores dificultades cognitivas, presentaban más problemas para comunicarse y aunque los pacientes con un discurso menos claro también tenían problemas para comunicarse, este factor tuvo un impacto menor en la comunicación diaria.
La doctora Katherine Deane, de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de East Anglia, subraya: «Lo que esta investigación nos dice es que los logopedas tienen que evaluar los problemas cognitivos de las personas con Parkinson, así como su claridad del habla cuando tratan de mejorar la comunicación cotidiana. Puede ser que los pacientes que están luchando para pensar rápido, necesitan diferentes estrategias de comunicación para ayudarles en la vida cotidiana».
«Antes de emprender esta investigación, hemos escuchado las necesidades de los pacientes y detectado que gran parte de la investigación hasta la fecha no había dado prioridad a qué era realmente importante para las personas con Parkinson, sus familias y sus cuidadores», concluye Deane.
Fuente: elEconomista.es
SARquavitae y la Fundación ESADE impulsan el desarrollo de conocimiento en el ámbito de la colaboración público-privada y su incidencia en la creación de valor público
SARquavitae, líder en servicios sanitarios y sociales, y la Fundación ESADE han firmado un acuerdo para el desarrollo de una oferta formativa de dirección y gestión en el ámbito de la colaboración público-privada. Este acuerdo, se enmarca en el Programa Partners del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE; una iniciativa de generación de conocimiento dedicada a la investigación, el desarrollo y la difusión de conocimiento en materia de cooperación público-privada. El profesor Francisco Longo, Director General Adjunto de ESADE; y Antoni Soler, Director General de Finanzas, Recursos Humanos y Jurídico de SARquavitae; han sido los encargados de firmar el acuerdo.
La colaboración público-privada es clave en la mejora de la oferta de calidad de servicios de atención y cuidado de las personas con dependencia; constituyendo una prioridad para el desarrollo del sector sociosanitario. Este convenio entre SARquavitae y la Fundación ESADE favorecerá la profesionalización del sector en España proporcionando formación de alto nivel para la dirección y gestión de los servicios públicos.
SARquavitae formará parte, tras la firma de este acuerdo, del Consejo Colaborador del Programa PARTNERS del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública, participará en todas las jornadas enmarcadas en dicho programa y, además, dispondrá de una plaza en el Programa en Dirección Estratégica y Gestión de la Colaboración Público-Privada desarrollado por ESADE.
Las personas mayores LGTB presentan mayor vulnerabilidad y riesgo social de exclusión
Las personas del colectivo LGTB de entre 45 y 64 años declara más a menudo sufrir ansiedad o depresión, según un estudio realizado por la Universidad de Barcelona (UB), que ha analizado a las personas LGTB de más de 50 años que viven en la capital catalana.
Según el estudio, que ha encuestado a 300 personas, el colectivo tiene como preocupación principal el empeoramiento de su salud (79,3 %) y la pérdida de independencia (74,8 %).
Los profesores del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UB Violeta Quiroga, José María Mesquida y Adela Boixadós, miembros también del Grupo de Investigación e Innovación en Trabajo Social (grit), presentaron ayer los resultados de la investigación ’50 + LGTB Personas mayores lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en la ciudad de Barcelona’.
El objetivo del estudio era conocer el colectivo, identificar su perfil sociodemográfico, analizar las necesidades sociales, conocer sus redes de apoyo, su grado de satisfacción y expectativas en relación con los servicios sociales y sanitarios y reconocer las buenas y malas prácticas de intervención para sacar recomendaciones que puedan servir para mejorar la atención a estas personas.
Los resultados de la investigación, desarrollada entre septiembre de 2013 y julio de 2015 con el apoyo de la Fundación Enllaç y el Ayuntamiento de Barcelona, se han concretado en dos publicaciones.
La primera es un informe científico y la segunda es el libro ’50+ LGTB Relatos de vida’, que da voz en primera persona «a un grupo social bastante desconocido y heterogéneo», siguiendo la técnica del relato de vida, enmarcada en el método biográfico, que tiene en cuenta la experiencia concreta y subjetiva de las personas para comprender su vertiente social.
Se trata del testimonio subjetivo de ocho personas de entre 54 y 86 años, que cuentan su vida, experiencias, creencias y visiones como reflejo de una época, de unas normas sociales y de unos valores compartidos con la comunidad de la que forman parte.
El estudio concluye que las personas LGTB mayores de 50 años de la ciudad de Barcelona han transitado desde el silencio provocado por una violencia y represión constante, hasta el orgullo propiciado por un entorno social y jurídico más favorable.
A pesar de la idea emergente de que las personas mayores del colectivo LGTB no tienen necesidades diferentes de las del resto de las personas mayores, la investigación pone de manifiesto algunas características que podrían conllevar unos niveles más altos de marginación entre el colectivo, como la mayor ausencia de hijos o la existencia de rupturas familiares más frecuentemente.
En especial, algunos grupos concretos del colectivo presentan aún más vulnerabilidad y riesgo social relacionado con situaciones especiales de exclusión.
El estudio apunta hacia las mujeres transexuales, los inmigrantes, los bisexuales o las personas con VIH como grupos especialmente frágiles.
Además de la salud y de la independencia, un segundo grupo de preocupaciones son la pérdida de salud mental o habilidad cognitiva (59,1 %) y la pérdida de movilidad (57 %).
En el apartado de la salud mental hay diferencias sensibles, sobre todo en la franja de edad de 45 a 64 años, en la que el colectivo LGTB declara más a menudo que sufre ansiedad o depresión, y la diferencia es mayor en cuanto a otros trastornos mentales.
Entre la población LGTB el porcentaje de las personas que utilizan las bibliotecas públicas y los equipamientos deportivos es el doble que entre la población general (49 % frente al 23,1 % y 44,9 % frente al 20 % , respectivamente).
A su vez, aumentan en 10 puntos las personas que utilizan los servicios sanitarios de atención primaria y en 5 puntos los usuarios de los servicios sociales básicos.
La tendencia se invierte en relación con los centros para personas mayores, en el que sólo el 6,2 % del colectivo LGTB se declara usuario, mientras que entre la población general de esa misma edad representa el 12 %.
Fuente: La Vanguardia.
Jornada SARquavitae “Aceite, miel y Txakolí. La importancia de la alimentación en las personas mayores”
La jornada SARquavitae “Aceite, miel y Txakolí. La importancia de la alimentación en las personas mayores” está orientada a concienciar sobre la importancia de unos correctos hábitos alimenticios en las personas mayores. Expertos nutricionistas y reconocidos chefs presentarán durante el evento opciones innovadoras de alimentación basadas en la texturización y la potenciación de los colores y los sabores ante la habitual falta de apetito y las dificultades nutricionales de este colectivo.
El acto, dirigido tanto a profesionales sociosanitarios como a personas mayores y familiares, contará en su inauguración con la presencia del Excmo. Sr. Bittor Oroz Izaguirre, Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco; la Excma. Sra. Maite Peña, Diputada del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa; y el Sr. José Luís Roselló, Director General de SARquavitae.
La parte más práctica de la jornada contará con la participación de la Sra. Ainhoa Crespo, chef del centro residencial para mayores SARquavitae Villasacramento que dará a conocer platos saludables realizados con la técnica de la texturización que facilita la ingesta sin perder las cualidades olfativas y gustativas de las comidas. Los asistentes también podrán presenciar y seguir la elaboración de dos propuestas culinarias de la mano de los chefs del Asador Frontón de Tolosa, el Sr. Roberto Ruíz y la Sra. Sonia Tapia; y un postre saludable presentado por los maestros pasteleros, el Sr. José Mari Gorrotxategui y el Sr. Rafa Gorrotxategui.
El Sr. Eneko Goia, Alcalde de San Sebastián y el Sr. Iñaki Isasi, Director Territorial de la zona Norte de SARquavitae, serán los encargados de la clausura de la Jornada.
SARquavitae cuenta con cuatro centros residenciales en el País Vasco, un centro de atención a la discapacidad y cuatro centros de día. En total, SARquavitae dispone de 751 plazas sociosanitarias en el País Vasco, con una plantilla de 535 trabajadores.
Experiencia piloto en Aragón programa de estancias nocturnas en residencias
Aragón culmina la puesta en marcha de las prestaciones que prevé la Ley de Dependencia con el programa de estancias nocturnas, por el que los familiares de personas dependientes podrán dejarles en un centro residencial durante la noche.
De momento, según ha explicado a los medios de comunicación la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, se trata de una «experiencia piloto», que comienza con cuatro plazas en la residencia de mayores Romareda, en la capital aragonesa.
A partir de aquí, el servicio se irá adaptando en función de la demanda real y si los perfiles se ajustan a la misma y se podrá ir ampliando a otros centros y zonas del territorio aragonés.
Con este servicio, que estará disponible los 365 días al año, los usuarios contarán con flexibilidad de entradas y salidas, que se podrán producir entre las 19 y las 22 horas y las 8 y las 11.30, respectivamente, en función de las necesidades de cada familia.
El único requisito es que se trate de personas con grado de dependencia de entre 2 y 3, es decir, aquellas «bastante afectadas» y, «de forma extraordinaria» durante los primeros meses de aplicación, para solicitar este servicio bastará con una llamada al centro y será este el que se encargue de todos los trámites, ha detallado el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos.
En la misma residencia de Romareda, la cual tanto Santos como la consejera han aprovechado para visitar previamente, ha señalado que el objetivo de este programa es el de compatibilizar mejor la vida laboral y personal y que, en principio, va dirigido especialmente a personas que por sus dolencias tienen «un descanso agitado», por lo que su cuidado resulta más complicado para sus familiares.
Sobre la situación de la dependencia en la Comunidad, Broto ha reiterado que su compromiso es el de poner en marcha todas las prestaciones que plantea la ley y que han venido al Gobierno «para cumplirla», pese a que la DGA tiene que aportar el 81 por ciento de la financiación cuando la normativa plantea que se debe repartir a partes iguales entre autonomías y Estado.
Ha rechazado hablar de anuncios o cifras acerca de la atención a la dependencia, pero ha recordado que en lo que va de legislatura hay más de mil personas más atendidas, incluso con el presupuesto heredado de 2015, y que trabajarán «al máximo» para ello.
Cuando tomó posesión, ha recalcado Broto, destacaban dos prioridades en la Consejería, que eran la elaboración del proyecto de renta básica y el pago del Ingreso Aragonés de Inserción, pero ahora «lo más importante» es la aplicación de la Ley de Dependencia, que es «un derecho» y que en Aragón ha sido «donde más se ha desmantelado».
Fuente: el Periódico de Aragón
La cantidad de dependientes atendidos en Aragón descendió un 23 % con el último Gobierno del PP
La regulación de la atención a la dependencia en Aragón sigue siendo un problema de lenta y complicada solución. El anterior Ejecutivo autonómico (PP) tuvo el dudoso honor de hacer que la Comunidad fuera la que “mayor retroceso registró durante la pasada legislatura”. Esto provoca que, a pesar de que el número de beneficiarios subiera en 2015 (752 más, 4,44 %), en Aragón se siga hablando de un muy preocupante 44,5 % de dependientes reconocidos que no reciben ningún tipo de atención. Por detrás únicamente de Canarias (53,8 %).
En 2015 se ha conseguido virar el rumbo y evitar la caída libre, sin embargo, era tan crítica la situación que pasará mucho tiempo hasta que esté medianamente normalizada. Aragón es la tercera Comunidad peor valorada en esta materia según el XVI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Un 2,1 sobre 10 es su nota; solo están peor Valencia y Canarias.
Se ha pasado de un descenso de 1.313 personas beneficiarias en 2014 (-7 %), a un incremento de 752. Un leve crecimiento que, si bien ayuda a exornar las cifras, no es suficiente para voltear la delicada situación de la dependencia en una Comunidad en la que solo el 4,99 % de la población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema, por debajo de la media estatal, que se sitúa en el 7,15 %.
A 31 de diciembre de 2015 había en Aragón 43.141 solicitudes, 39.011 personas valoradas, 32.130 personas con derecho a prestación y solo 17.828 atendidas. La evolución en el número de atendidos desde 2011 es definitoria: 2011: 22.207; 2012: 20.527; 2013: 18.502, y 2014: 17.076.
En el global del país, hay 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida; de las cuales, tras nueve años de implantación de la Ley de Dependencia, un tercio no recibe ninguna prestación o servicio.
Recortes
En el dictamen señalan directamente a los recortes perpetrados en la anterior legislatura como la causa principal. Aragón, dice el estudio, tiene un gasto de 83,07 euros por habitante, “muy inferior a la media estatal que es de 113,15 euros”. Confían en que “el incremento del 11 % en los presupuestos sociales del Gobierno autónomo en 2016 pueda compensar estos recortes”.
También hacen mención a que Aragón tiene un “grave problema estructural en la gestión del Sistema, por el elevado componente de las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar frente a la prestación de servicios”. El 87,3 % del total de las nuevas atenciones en 2015, informan, han sido prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar, y solo un 12,7 % han sido nuevos servicios.
Fuente; ELDIARIO.ES
La importancia de un diagnóstico precoz en las personas mayores
Las necesidades de las personas mayores, más aún en condiciones de dependencia y enfermedad, van más allá del manejo terapéutico de un diagnóstico exclusivamente médico; de ahí que necesitemos mejorar nuestra precisión diagnóstica a través de la valoración geriátrica integral, con la inclusión de un diagnóstico funcional, cognitivo y social.
A través de la valoración por un equipo multidisciplinar formado por enfermería geriátrica, fisioterapia, psicología, trabajo social y liderado por un médico especialista en geriatría, se establece un diagnóstico cuádruple que va a permitirnos: detectar problemas médicos, psicológicos y de movilidad del paciente; identificar áreas de mejora; y diseñar un plan de cuidados con recomendaciones para mejorar o mantener la autonomía y calidad de vida del paciente.
El objetivo principal de un diagnóstico multidimensional precoz es evitar la instauración de la dependencia funcional siempre que sea posible, y en caso de que no lo sea, establecer un plan de actuación para mejorar la calidad de vida de la persona mayor, evitando la progresión de la dependencia establecida, y/o aportando los recursos sociales necesarios (teleasistencia, ayuda domiciliaria, centro de día…) para asegurar la cobertura de todas sus necesidades.
¿CUÁNDO?
La pérdida de capacidades funcionales (dificultades para relacionarse, manejar el teléfono, realizar labores del hogar, o pérdida de autonomía en el autocuidado) pueden apuntar a la necesidad de realizar una valoración geriátrica integral. Detallamos a continuación algunos problemas específicos más prevalentes, que son susceptibles de mejoría a través de la valoración multidisciplinar.
NUTRICIÓN
El requerimiento energético en personas mayores se sitúa en 30 kcal/kg/día, para asegurar la energía necesaria para llevar a cabo una actividad física normal. La pérdida de peso, de apetito o la aparición de tos al beber líquidos pueden apuntar a la necesidad de una valoración geriátrica.
MEMORIA
El avance en la edad hace que nuestro cerebro se vuelva más lento, disminuyendo nuestra capacidad para aprender cosas nuevas. En algunos casos se pueden sufrir alteraciones leves de memoria. Estos “despistes”, si son leves y no van a más, estarían dentro del envejecimiento normal.
Hemos de preocuparnos cuando los problemas de memoria, atención, lenguaje o planificación se acompañan de algún cambio en las actividades sociales, disminución del rendimiento funcional de actividades instrumentales (dificultad en la realización de la comida, mal manejo de medicación y del dinero…) y, en el caso de una enfermedad más evolucionada, dificultad para el autocuidado (problemas con la higiene, errores en el vestido, incontinencia urinaria, etc.). También es una señal de alarma la aparición de trastornos psicológicos o conductuales en el contexto de la pérdida de memoria (agitación, agresividad, apatía, deambulación errática o delirios).
LIMITACIÓN FUNCIONAL
El deterioro funcional de instauración brusca está más relacionado con haber sufrido una fractura de cadera, un ictus, o un ingreso hospitalario prolongado; y precisa una rehabilitación precoz, orientada a evitar la instauración de la dependencia.
En el caso de un deterioro progresivo de nuestras capacidades físicas, tendremos que estar atentos a: el descenso en la velocidad de la marcha, es decir, si se tarda más tiempo de lo habitual, por ejemplo, en cruzar la calle; la disminución en la fuerza de prensión (caída de objetos de la mano); la dificultad para levantarse de una silla cinco veces sin usar los brazos; y la pérdida de equilibrio en la marcha, o caídas de repetición.
Fuente: Deia
Nace la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias con el apoyo de Podemos
La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias se ha puesto en marcha para reivindicar «la situación de indignidad de los mayores» en la Comunidad de Madrid y «las pésimas condiciones de sus trabajadores».
Esta plataforma ha sido presentada este miércoles en la Asamblea de Madrid por la portavoz de la misma, María Ángeles, y por el diputado de Podemos en la Cámara Raúl Camargo, formación política que ha mostrado su apoyo a la iniciativa.
Se trata de una plataforma en la que se integran unas diez residencias de la región, entre las que se encuentran Peñuelas, Moscatelares, Madrid Sur, Albertia, Plata y Castañar, Arganda del Rey o Ensanche de Vallecas; aunque esperan que a raíz de la presentación se unan más afectados.
«Una vez que comprobamos que los problemas son similares y parecidos tanto en un colectivo como en otro decidimos que juntas podíamos pelear», ha señalado María Ángeles.
A su juicio, «la situación de los mayores en las residencias es verdaderamente indigna ya que están sufriendo los recortes de una manera bestial». Además, ha señalado que se ha pasado a «unas privatizaciones en las que lo único que prima es la economía y el dinero y donde las personas no importan».
Como principales críticas ha señalado que se ha recortado «en atención, en comida y en pañales» así como que los trabajos son «ínfimos». «La Comunidad o el consejero nos van a decir que cumplen ratios. No sabemos dónde estarán los ratios porque lo que es cierto es que no hay médicos de noche, no son geriatras», ha trasladado.
PODEMOS EXIGE UNA LEY
Por su parte, Camargo ha aseverado que se trata de «una buena noticia que se cree una plataforma desde la sociedad civil». El diputado ha señalado que ahora «la pelota está en el tejado de las instituciones, del partido del Gobierno y del que lo sustenta, PP y Ciudadanos».
En este sentido, ha señalado que desde su formación apoyarán una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el próximo Pleno de la Asamblea de Madrid en la que se instará al Gobierno regional a que «unifique el protocolo en residencias».
Pero ha señalado que creen que tiene que haber «una norma con rango legal que en la Comunidad de Madrid establezca los mínimos imprescindibles» por los que se tienen que gestionar las residencias. «Estos mínimos hacen referencia a instalaciones, a las ratios de auxiliares por planta y por residente. La dignidad en el trato y en las condiciones laborales de los trabajadores debe ser una realidad», ha explicado.
Además, ha señalado que en la región «solo hay 25 residencias de gestión enteramente pública frente a las más de 500 que hay», lo que supone «un porcentaje de privatización enorme».
El problema radica, a su entender, en que pese a que hay inspecciones y controles se parte de «un modelo equivocado» en el que «desde hace muchísimos años se establece que las residencias es mejor que se gestionen desde empresas aunque la administración pública dé dinero».
Fuente: lainformacion.com
AERTE plantea una colaboración público-privada eficaz para generar empleo y atender los retos sociosanitarios de forma viable
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana mantuvo ayer una reunión con el Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Turismo, Rafael Climent. AERTE trasladó al Conseller el hecho de que la atención a la dependencia es un sector económico estratégico que crea empleo constante, especialmente femenino, tanto directo como indirecto.
La junta directa de la asociación expuso la necesidad de potenciar una colaboración público – privada eficaz. Según ha manifestado hoy José María Toro, director general de AERTE, “es una colaboración posible porque es viable económicamente y sostenible para el sistema, además de ser clave para atender un gran número de personas que necesitan atención socionsanitaria profesional. Volumen que se incrementará con creces en los próximos años por el aumento del envejecimiento de la población con las consecuencias sociosanitarias que ello implica”.
En ese sentido, la asociación recalcó que el sector puede ofrecer al sistema potentes soluciones en tres direcciones: la excelencia en los servicios prestados a través de profesionales, la creación de empleo y la reducción del déficit público. Cada nueva plaza sociosanitaria ocupada implica la creación de una gran cantidad de empleo directo, en concreto uno por cada dos plazas tal y como marca la propia normativa, e indirecto de forma inmediata. Un empleo muy flexible y de imposible sustitución por los avances tecnológicos. Además, el sector genera retornos presupuestarios positivos en el mismo ejercicio en el que se crean las plazas por diferentes vías: reducción del gasto en prestaciones por desempleo, farmacia y sanitario, incremento de la recaudación tributaria y de la seguridad social, etc.
Por tanto, es un sector que se debería potenciar dentro de una nueva política económica de desarrollo de la Comunidad Valenciana, ya que, posiblemente es el único que posibilita beneficios sociales inherentes al mismo y mejoras de los ratios de empleo, al mismo tiempo que no genera más déficit público.
AERTE también hizo hincapié en que la colaboración público-privada eficaz logra liberar servicios sanitarios para permitir un uso eficiente de los recursos existentes. Por ejemplo, en la utilización de recursos sociosanitarios para las cuestiones relacionadas con enfermos crónicos, convalecientes o necesitados de actividades rehabilitadoras la Administración puede obtener un gran ahorro en el sector sanitario.
En esta línea, la asociación más representativa de la atención a personas dependientes insistió en ventajas añadidas: no es necesario nuevas inversiones en infraestructuras; las residencias ya están en activo y la Comunidad Valenciana dispone de una red asistencial muy amplia y de calidad equiparable a la de los países europeos más avanzados.
Por último, señaló que: lograr estos objetivos de la manera más óptima posible, económicamente hablando, dependerá de la política de inversiones en los recursos sociales que se lleve a cabo, ya que primar servicios profesionales y especializados tiene una mayor repercusión positiva sobre el empleo y los retornos económicos. Al tiempo, un modelo de concertación abierto y que prime la libre elección de usuarios, alcanzado por tanto al mayor número de operadores, conllevaría un mejor retorno de la inversión posible.
El Tribunal Constitucional refrenda los recortes en Dependencia
El Gobierno central sí tenía derecho a reformar la Ley de Dependencia y establecer los recortes en la financiación que fijó a través del Real Decreto Ley 20/2012. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia que recoge el BOE de este lunes sobre el recurso que presentó Cataluña contra los recortes en dependencia introducidos por este decreto. Concretamente, la citada norma estableció en varios de sus artículos una reforma que implicó, entre otras medidas, el retraso de las ayudas a los dependientes moderados de grado I hasta 2015, la reducción de la cuantía de prestaciones por cuidados familiares, la eliminación de los niveles intermedios de dependencia dentro de cada grado, la incorporación de nuevos copagos por dependencia y el establecimiento de incompatibilidades en el cobro de distintas ayudas.
Contra estas medidas Cataluña presentó un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias autonómicas en el que alegó además que la vía por la que se habían establecido estas medidas, el Real Decreto Ley 20/2012 exigía de una situación de urgencia que no se daba en la práctica. Cataluña argumentaba que las competencias estatales «cuando se incide en un ámbito material de exclusiva competencia autonómica como la asistencia social» la regulación estatal «ha de tener una menor intensidad o grado» y no menoscabar las competencias de las autonomías.
A esta argumentación, el Abogado del Estado contestaba en la sentencia explicando que parte del objetivo de la reforma legal era «perseguir una homogeneidad en los servicios que reciban las personas dependientes» lo que «evitará desigualdades entre comunidades autónomas y supondrá sin duda un ahorro».
Vistas las dos argumentaciones, el Tribunal Constitucional ha concluido que efectivamente el Gobierno central sí tenía competencias para los recortes acometidos y ha detallado en su sentencia que «desde la perspectiva el control externo que nos corresponde, podemos concluir que la definición de la extraordinaria y urgente necesidad, que fundamenta la aprobación de las normas controvertidas, es explícita, razonada y concreta, no se realiza mediante fórmulas rituales o genéricas, aplicables de modo intercambiable a todo tipo de realidades, sino por referencia a una situación de recesión y de crisis económica y financiera, real y conocida, y a la exigencia de cumplimiento de unos compromisos internacionales de déficit igualmente notorios, que tienen por objeto atender a lo que cabe calificar como una coyuntura económica problemática, -en los términos expresamente aceptados por la doctrina constitucional».
Además, el Constitucional estima que «sin adentrarnos en el juicio político que este Tribunal tiene vedado, debemos apreciar la conexión de sentido de las medidas impugnadas con la situación de urgencia definida, pues todas ellas buscan, de uno u otro modo, redefinir el sistema de atención a la dependencia en la forma que el Gobierno ha considerado necesaria para asegurar su sostenibilidad, pues se orientan, fundamentalmente, a generar ahorros inmediatos en el gasto público dedicado a dependencia».
Fuente: Diario Médico
La optimización de recursos, clave para mejorar el sistema de salud mental
La colaboración con las entidades privadas es imprescindible para el sistema de atención a la salud mental, así lo manifestó a finales de la semana pasada Antonio Raya, director general de Diversidad Funcional, en la jornada organizada por AERTE.
Por su parte, Marian Villanova, subdirectora general de Diversidad Funcional planteó que esa colaboración podría concretarse mediante la concertación de plazas a través de un acuerdo marco de cara a mejorar esa coordinación y la asistencia que requieren estas personas. El Dr. Francisco Ferre, coordinador de la Estrategia Nacional de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, insistió en la importancia de centrarse en la “cronicidad como uno de los grandes retos de la salud mental”.
Begoña Frades, coordinadora de la Oficina Autonómica de Salud Mental, anunció que “esperan tener una estrategia autonómica de salud mental en mayo de este año”.
La clausura corrió a cargo de Rafael Sotoca, director general de Atención Sanitaria, quien apuntó que la cooperación entre todas las partes que participan en el sector es muy positiva para el conjunto del sistema.
Por parte de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana se propuso, a través del coordinador de la comisión de salud mental David Taroncher, “un modelo en el que nadie se quede fuera”.
AERTE organizó la semana pasada una interesante jornada en la sede de CIERVAL en la que se planteó distintas aportaciones para un nuevo modelo de atención de salud mental en la Comunidad Valenciana.
En la jornada, a la que asistieron más de 200 personas, también participaron Marcelino López, director de Programas, Evaluación e Investigación de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) para aportar el desarrollo del modelo andaluz, y Diego Juez, presidente de la Asociación Castellano-Leonesa Atención a la Dependencia (ACALERTE), para comentar el caso de Castilla-León. La Federació Salut Mental Comunitat Valenciana también estuvo presente, a través de su coordinadora Llum Moral. La jornada se completó con dos participaciones muy especiales de personas que compartieron su punto de vista y experiencias como usuarias del sistema de atención en salud mental.
Casi 400.000 dependientes están a la espera de recibir las prestaciones reconocidas por la Ley
Nueve años después de que se aprobara la Ley de Dependencia (LAPAD) un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio. Además, desde el año 2012, más de 125.000 personas han fallecido sin recibir la ayuda reconocida por el Estado. Así lo certifica el XVI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, presentado esta mañana por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Según este informe, en España hay más de 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida, 100.000 menos que hace cinco años. Del total de las personas que se encuentran en esa situación, solo dos tercios están recibiendo la atención indicada en la Ley, mientras que el resto se encuentra desatendida a la espera de recibir las prestaciones.
«La dependencia es un problema de Estado al que el Partido Popular le ha dado la espalda» ha afirmado Jose Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación, quien asegura que las medidas adoptadas por el último Gobierno han supuesto un retroceso en el desarrollo de la Ley de Dependencia.
No obstante, en el año 2015, se ha producido un incremento significativo de las personas atendidas, dato que coincide con la entrada al sistema de los dependientes «moderados», quienes después de ocho años de espera fueron incluidos en la Ley el pasado 1 de Julio.
Se incumple la financiación
En cuanto al modelo de financiación, el dictamen señala que la Administración General del Estado ha incumplido lo previsto en la Ley, según la cual debería de aportar el 50% del gasto público destinado a la dependencia. La Asociación acusa a la Administración de «abandono» y considera que el sistema de financiación es «insostenible» para los gestores autonómicos, quienes aportan el 77,4% del gasto, frente al 22,6% del gasto estatal. La aportación de los usuarios se estima en un 20% sobre el total del gasto, lo que provoca una situación de copago, que no está al alcance de muchas familias.
El informe destaca el gran impacto de las medidas de recorte de la última legislatura que ascienden a 2.865,3 millones de euros. Frente a estos datos, Luis Barriga Martín, socio fundador de la Asociación, asegura que la Ley de Dependencia es «absolutamente rentable desde el punto de vista económico» debido a su sorprendente capacidad de creación de empleo. Los datos demuestran que la Ley ha generado 35 empleos directos por cada millón de gasto público y una tasa de retorno del 38,3%.
Respecto a las comunidades autónomas, se mantienen grandes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Andalucía, Castilla y León y Cantabria mantienen altos porcentajes de personas beneficiarias de la Ley, frente a comunidades como Aragón, Canarias, o la Comunidad Valenciana, cuyo porcentaje de beneficiarios se sitúa separado más de tres décimas de la media estatal. Además, únicamente seis comunidades autónomas aprueban en la escala de valoración de la dependencia elaborada por este organismo.
«Debe de haber un Pacto de Estado concreto que incluya a la Ley de Dependencia» han señalado los ponentes en relación al acuerdo firmado el pasado miércoles entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Para la asociación, las medidas del acuerdo en relación a la dependencia son demasiado genéricas. «El sufrimiento de los dependientes es de tal magnitud que ya no valen sólo las palabras» afirma su presidente quien exige que el primer punto del pacto sea el verdadero cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Fuente: eldiario.es
Ana Isabel Esteban: «Cada vez hay menos personas con edad de cuidar a los mayores»
Ana Isabel Esteban, Presidenta de Solidaridad Intergeneracional, «La Junta de Castilla y León está potenciando la figura del asistente personal con la idea de generar empleo».
Ana Isabel Esteban considera que el jaque mate ha llegado a la prestación social principalmente para el cuidado en el entorno familiar «ya que hay familias que no cobran más de 40 euros, aunque el dependiente sea de grado tres».
–¿En qué punto está la Ley de Dependencia con las modificaciones?
-Muy rebajada de dotación económica y ha variado bastante. Las mayores reformas se han producido desde 2011, cuando la administración ha priorizado los servicios a través de empresas a la prestación directa a las familias. Los grados siguen siendo 1, 2 y 3, pero han desaparecido los niveles por cada grado y queda establecido como leve, severo y gran dependiente. Para el grado 1, siempre que no se tenga más que la pensión contributiva, la administración le puede llegar a pagar 300 euros, 426 al grado 2 y 715 al gran dependiente, que necesita atención las 24 horas del día. Con lo cual todo el mundo tiene que realizar un copago porque no es suficiente. Desde 2012 no ha habido modificación alguna, antes estas cuantías se iban revalorizando con el coste de la vida, pero ahora el IPC no sube.
-¿En los últimos años, gente que con familiares en residencias ha prescindido de esta atención porque no puede pagarla?
-Hubo muchas personas que valoraron el coste de la residencia y decidieron prestar ellos mismos la atención. Pero ¿qué pasó? Que el Estado dio el jaque mate a la prestación para el cuidado en el entorno familiar. Un cuidado que mayoritariamente corre a cargo de las mujeres de la familia y fuera de ella pues son las que prestan los servicios de atención a domicilio y la dependencia. La gente tiene que saber cómo está el asunto. Porque si estás en una residencia y no estás valorada puede ser que la deuda que se acumula le pase luego factura a la familia porque pagas el importe de la pensión, pero el coste real es mayor, se va acumulando una deuda y al fallecer se mira el patrimonio y se cobra. Hay facturas que llegan a los 25.000 euros. Antes estaba prohibido generar deuda a los familiares y ahora hay gente que no sabe con qué se puede encontrar una vez fallecido el dependiente.
–¿Hay alguna alternativa nueva a la residencia para cuidar al dependiente en casa?
-Sí. La Junta está potenciando la figura del asistente personal. Tu te das de alta como autónomo y es el beneficiario de la prestación el que te paga por los servicios prestados. En Castilla y León hay 188 y en Zamora una decena. Sí que es un revulsivo para crear empleo ya que va orientado a la asistencia de todos los grados, tienes que estar registrado en la Junta de Castilla y León y cotizas como autónomo mensualmente. También puede ser que una empresa te contrate o trabajar de autónomo para esa empresa.
–Antes de 2007 cuando comienza a desarrollarse la ley de dependencia, ¿qué asistencia había?
-Estaban los servicios sociales, que fueron transferidos a las comunidades autónomas. A partir de que entra en vigor la dependencia es un derecho subjetivo de la ciudadanía que se puede reclamar en el juzgado.
– El gran reto es mantenerla con la merma de ingresos por falta de población activa y el coste que supone.
-Hay más de 10.000 centenarios en la actualidad en España, el 5,4% de la población tiene más de 80 años. Y es a partir de esa edad cuando yo creo que en un futuro se va a necesitar asistencia. Porque envejecer es lo mejor que nos puede pasar y yo creo que estamos cada vez más concienciados de que es un reto llegar bien a esa edad. Aprendemos cómo cuidarnos, estar activos y relacionarnos. Lo que está claro es que debe establecerse una coordinación sociosanitaria distinta a la que tenemos. Una plaza de hospital tiene un coste de 500 euros diarios, mientras que una de residencia son 50, con lo cual tiene que haber un servicio intermedio que favorezca el ahorro económico. Y cada vez hay en las familias menos personas con edad de cuidar a la gente mayor. Esto está pasando ya ahora mismo, porque las cuidadoras tienen entre 45 y 64 años. El envejecimiento en los pueblos es alarmante.
Fuente: La Opinión de Zamora.
Cada día es más difícil desvincular el servicio doméstico de la ayuda a domicilio a dependientes
‘La ayuda a domicilio como servicio de proximidad en el contexto social actual’ es el título de la tesis doctoral de Mª Luisa Revuelta, profesora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, en cuyo trabajo de investigación se recoge la situación vigente de los servicios de proximidad y de la ayuda a domicilio que reclaman familiares dependientes.
Este trabajo, dirigido por Susana Rodríguez Escanciano, catedrática de Derecho del Trabajo y S.Social, y calificado de Sobresaliente ‘Cum Laude’ por el tribunal formado por Josefa Cantero Martínez (Universidad de Albacete), Juan Carlos García Quiñones (Universidad Complutense de Madrid) y Mª Jesús Domínguez Pachón (Universidad de León) surgió –como explica su autora- “ante la preocupación que me suscita como Trabajadora Social el hecho de que quienes necesitan ayuda, la puedan recibir en las condiciones más humanas y profesionales posibles. Soy plenamente consciente de que los servicios sociales institucionales, principalmente los centros residenciales, no pueden desaparecer, pero quisiera manifestar mi deseo de que las personas permanezcan el mayor tiempo posible en el que ha sido su medio habitual. De aquí surge la inquietud por los servicios de ayuda a domicilio”.
El estudio desgrana como principales objetivos de este servicio, evitar el internamiento innecesario de personas que con una alternativa adecuada pueden permanecer en su medio habitual, favorecer el desarrollo de sus capacidades personales, atender situaciones de crisis personal o familiar y potenciar las relaciones sociales con su entorno comunitario. En este sentido, Mª Luisa Revuelta destaca que a través de la investigación “las personas manifiestan abiertamente su preferencia por mantenerse en el que ha sido su medio de vida el mayor tiempo posible, pues este hecho les facilita sus relaciones sociales y aporta mayor calidad de vida”.
Pese a estas preferencias el servicio “se ve amenazado por la dificultad de prestarse en el medio rural y por su encarecimiento al comprobar que se trata de personas que necesitan mayor nivel de dependencia”. Esta necesidad de un mayor número de horas de atención concluye que “ya no es posible su consideración como opción más económica que la residencial”. A esto se une el proceso de crisis económica en el que se desarrolla la Ley de Dependencia donde se ha sometido a continuos ajustes y reducciones de horas del servicio “y esto ha repercutido negativamente en las personas dependientes”, concluye Revuelta.
“Habrá mayor presencia de hombres como cuidadores familiares”
La Ley de Atención a las personas en situación de Dependencia contempla que una de las figuras principales que integran el equipo de este servicio asistencial, es el Auxiliar de Ayuda a Domicilio, una persona encargada de realizar en colaboración con la familia, todas las actividades cotidianas que la persona dependiente no puede hacer.
A juicio de María Luisa Revuelta, esta profesionalización y formación “ha sido un gran reto que se ha logrado gracias a la constante exigencia de que las personas tuvieran el correspondiente certificado de profesionalidad”.
Sin embargo, el Servicio de Ayuda a Domicilio amparado por la Ley de Dependencia choca en la actualidad con los denominados servicios domésticos y cuidado de personas, llegando incluso a ser equiparados, “de manera que cada vez se hace más difícil desvincular el servicio doméstico de la ayuda a domicilio, y esto supone un riesgo en las prestaciones de atenciones personales ya que quienes las realizan no cuentan con la cualificación requerida, pero las familias se ven obligadas a ello por el abaratamiento de costes”.
La tesis doctoral alude además a la dificultad de implantar políticas de igualdad en la asistencia a domicilio “pues siempre se atribuye a las mujeres su desempeño, aunque la realidad actual conllevará un cambio en el perfil del cuidador familiar y la incorporación de la mujer al mercado laboral unido a otros factores de diversa índole hacen predecir un cambio de roles y una mayor presencia de hombres”.
Fuente: León Noticias
