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Alertan contra la desprofesionalización de los servicios de ayuda a domicilio
Aerte, principal patronal de la dependencia en la Comunidad Valenciana, ha celebrado este miércoles la I Jornada sobre Nuevas Perspectivas en el Servicio de Ayuda a Domicilio: retos y perspectivas, un foro de reflexión que ha contado con la asistencia de Asunción Sánchez Zaplana, consellera de Bienestar Social, de Alberto Echevarría -presidente de la FED- representantes de la Comisión de SAD de Aerte, más de 100 alcaldes, empresarios e interesados en el sector.
La jornada que ha contado con una amplia acogida, teniendo en cuenta el incremento experimentado en la demanda de este servicio, que de desde 1999 hasta 2012, casi ha cuadruplicado su demanda pasando de 112.979 usuarios a más de 400.000, en un contexto en el que que hoy por hoy, más del 78% de los mayores de 55 años nos afirman que en un futuro escogerán permanecer en su vivienda habitual.
La I Jornada de Aerte centrada en el SAD, ha analizado la realidad del servicio desde diversas perspectivas que han permitido analizar factores como la desprofesionalización de los servicios de atención a la Dependencia, su estructura de costes, la reforma de las Entidades Locales y su impacto sobre el SAD, la tecnología que actualmente se está aplicando al SAD, su evolución y tendencias futuras.
En este contexto, José María Moreno -presidente de Aerte– ha calificado al SAD como un servicio polivalente, de gran utilidad, destacando factores de gran relevancia social como su versatilidad y capacidad de adaptación, y su potencial de generación de empleo, sin olvidar su influencia en la calidad de vida de las personas.
En el curso de su intervención, el presidente de Aerte ha denunciado licitaciones publicadas en ayuntamientos de la Comunidad Valenciana cuyos precios no alcanzan tan siquiera los costes laborales asociados a los convenios vigentes, con trabajos realizados por empresas que no cumplen con los requisitos mínimos exigidos, e incluso prestando servicios a la mitad del precio por hora que marcan los convenios, entrando en graves casos de ilegalidad, competencia desleal, intrusismo…
Durante su intervención, José María Moreno ha incidido en el verdadero problema que suponen estas situaciones: la calidad del servicio que reciben lo susuarios, que pone en peligro la atención y el ciudado de la población dependiente, por lo que ha pedido a los alcaldes asistentes compromiso para combatir estas situaciones, aludiendo a las graves responsabilidades que pueden derivarse de haber problemas.
El presidente de Aerte ha concluido manifestando la importancia de este servicio, dirigido a una población en constante crecimiento con una progresiva demanda que genera empleo y es estratégico por el servicio que presta. Por ello, Moreno ha demandado más recursos, teniendo en cuenta la posición que ocupa la Comunidad Valenciana en algunos indicadores de servicios sociales recientemente publicados.
Paralelamente, José María Moreno ha incidido en reivindicaciones clásicas para este sector, pero de gran importancia para cientos de personas, destacando los miles de expendientes de personas en situación de dependencia, con sus derechos reconocidos, pero que tienen su expediente bloqueado en Consellería y por ello, no están recibiendo ninguna prestación, lo que supone un incumplimiento de la Ley.
100.000 normas autonómicas y 10.000 de la Administración central
Por su parte, Alberto Echevarría -presidente de la FED- se ha mostrado crítico en su intervención respecto de la duplicidad de competenias en cuanto a la normativa emanada de las CC.AA. frente a la estatal, aludiendo a las 100.000 normas de carácter autonómico que se han registrado en 2011 frente a las 10.000 de la Administración General del Estado.
Para Echevarría, esta dualidad normativa entorpece y dificulta la actividad del sector, abocado a duplicar en ocasiones el cumplimiento de una normativa que necesita adecuarse en un contexto de criterio único. En este sentido, y aludiendo también al gasto que se general, el presidente de la FED ha demandado la necesidad de racionalizar la normativa, teniendo en cuenta el ahorro de tiempo y dinero que se alcanzaría con una normativa emanada de una Administración.
Nuevas soluciones a los servicios para personas en situación de dependencia
La Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Pilares para la Autonomía personal promueven y organizan las II Jornadas internacionales Sobre Atención a la Dependencia.
El encuentro tendrá lugar los días 25 y 26 de Junio, en el Salón Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en el participarán expertos de alto nivel tanto europeos como nacionales.
Según las últimas estadísticas del IMSERSO, en España hay casi un millón de personas que tienen reconocido el derecho a recibir prestaciones por encontrarse en situación de dependencia. De ellas, el 85% viven en su domicilio y están atendidas fundamentalmente por su familia. Solo un 14% reciben un servicio de atención profesional en el domicilio y un 7% acuden a un centro diurno de atención.
Estos datos se verán rápidamente superados como consecuencia de la tendencia incuestionable a un rápido envejecimiento de la población.
Sin embargo, los servicios profesionales domiciliarios que hoy se ofrecen no parecen suficiente y esto pone en relieve otra cuestión fundamental: ¿hasta cuándo las familias, mujeres en su mayoría, van a poder seguir asumiendo el peso de los cuidados que hoy afrontan?
Es necesario reorientar la propuesta de servicios profesionales y valorar también si las prestaciones de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y atención a las situaciones de Dependencia son las adecuadas tal como hoy se prestan.
Lograr que la casa y el propio entorno se conviertan en escenarios preferentes de suministro de apoyos y servicios profesionales no es una tarea sencilla. Por eso, en el seno de los países avanzados en políticas sociales se realizan análisis críticos y se buscan alternativas viables que hagan posible vivir en casa mediante una oferta y suministro de servicios de calidad que se adapten a las necesidades de atención de las personas que tienen una situación de fragilidad o dependencia, que sean sostenibles económicamente y que, además, se ajusten realmente a lo que ellas y sus familias desean.
En las II Jornadas Internacionales Sobre Atención a la Dependencia, será posible escuchar las recomendaciones de los expertos y de los organismos internacionales que proponen ofrecer un conjunto de soluciones en diferentes ámbitos y no un único servicio: propiciar entornos amigables que incluyan a todas las personas; disponer de viviendas que puedan adaptarse a la situación concreta de la discapacidad y poder reunir, así, condiciones de accesibilidad y confort; favorecer la disponibilidad de productos de apoyo, elementos domóticos, teleasistencia y otras TIC que sean usables y accesibles a las personas con necesidades funcionales para desenvolverse en su vida diaria.
También será analizada la actual prestación de servicios de atención, revisar de manera crítica los más tradicionales, como es el de Ayuda a Domicilio (SAD), que hasta hace poco había sido visto como piedra angular para la permanencia en casa y evitar institucionalizaciones no necesarias.
En definitiva, la Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, la Fundación Vodafone España y la Federación Española de Municipios y Provincias han creado con las II Jornadas para la dependencia un marco ideal para abrir el debate de una de las cuestiones que deben ser abordadas y resueltas sin más dilación.
Programa: www.vivirencasabien.org
Jornada de convivencia en los Jardines de Viveros entre profesionales, residentes y familiares de los centros vinculados al Grupo Savia
Profesionales y residentes de los centros vinculados al Grupo Savia han compartido con los familiares los talleres de psicomotricidad y gerontogimnasia impartidos en las residencias
Más de 350 mayores y familiares de centros residenciales de la red pública concertada de atención a la dependencia comparten una jornada de convivencia en los Jardines de Viveros.
Esta actividad forma parte de las iniciativas terapéuticas de exterior promovidas por este grupo para fomentar el contacto de los usuarios de los distintos centros.
Especialistas en atención socio-sanitaria y usuarios de los centros residenciales SAVIA de la provincia de Valencia, pertenecientes a la red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas, han compartido hoy una jornada de actividades terapéuticas de exterior con familiares y amigos,en los Jardines de Viveros de Valencia.
La primera edición de la Trobada Centros Residenciales SAVIA tiene como objetivo que los familiares conozcan las distintas actividades que realizan los usuarios de los centros residenciales, al tiempo que les brinda la posibilidad de compartir con ellos talleres de psicomotricidad y gerontogimnasia impartidos por profesionales de las residencias.
En total, más de 350 mayores y familiares han compartido esta iniciativa que pretende fomentar el contacto de los usuarios de los distintos centros de la provincia de Valencia de este grupo, actividad que se refuerza posteriormente con conexiones mediantes videoconferencias entre los centros o redes sociales para ampliar las relaciones entre las personas mayores.
La jornada ha permitido también que los familiares y amigos conozcan los aspectos terapéuticos y la mejora en la calidad de vida de este tipo de terapias entre los usuarios de las cerca de 2.500 plazas residenciales de este grupo. Así, hoy se han realizad una docena de talleres y actividades de exterior, desde talleres de abanicos, psicomotricidad o risoterapia a gerontogimnasia con aros, pelotas y globos o talleres de memoria.
Los Centros Residenciales SAVIA son el principal grupo residencial que opera en la Comunidad Valenciana, con más de 1.000 profesionales dedicados a la gestión de 21 centros y 2537 plazas residenciales repartidas por toda la Comunidad Valenciana, gran parte de ellas integradas en la red de centros públicos o concertados.
Dpto. de Prensa: José Antonio Giménez • comunicacion@centrosaecas.com • t.627760487
Zaplana aboga por consolidar la colaboración entre sector público y privado
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha abogado hoy por «consolidar la necesaria colaboración entre las diferentes administraciones públicas y el sector privado para prestar los mejores servicios a las personas en situación de dependencia».
Según ha informado la Generalitat en un comunicado, la consellera ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de las Jornadas ‘Nuevas perspectivas en el Servicio de Ayuda a Domicilio: presente y futuro», organizadas por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte).
Durante su intervención, ha indicado que la profesionalidad en los servicios destinados a las personas dependientes «garantiza una prestación de calidad, y el Servicio de Ayuda a Domicilio es un claro ejemplo de ello porque ofrece una atención integral y especializada a las personas que desean seguir residiendo en sus domicilios».
Durante su intervención, Sánchez Zaplana ha explicado que muchas personas con discapacidad o dependencia «pueden vivir en sus domicilios si cuentan con apoyo familiar y servicios como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o los centros de día».
En este sentido, ha señalado que el Servicio de Ayuda a Domicilio «se adapta a las necesidades de las personas que lo solicitan y ofrece los cuidados profesionales que requieren, sin olvidar que también constituye un recurso de apoyo a las familias y a todo su entorno».
En la actualidad existen 134 empresas acreditadas para la prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunitat Valenciana.
En estos momentos en la Comunitat Valenciana más de 15.000 personas reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
El SAD está gestionado por los Ayuntamientos y ofrece ayuda a domicilio de carácter personal, psicosocial, doméstica, técnica y complementaria. En la actualidad más de 15.000 personas de la Comunitat Valenciana se benefician de este recurso.
Asimismo, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, contempla una prestación económica vinculada al Servicio de Ayuda Domiciliaria, siempre que la atención a través de la Red de Servicios Públicos y Concertados no sea posible.
Para este año 2013, la conselleria de Bienestar Social destina 11’9 millones de euros para financiar el SAD a través de los dos sistemas.
La Red pública concertada de atención a la dependencia integra ya más del 40% del total de mayores que viven en centros socio-sanitarios en la Comunidad Valenciana
PENADÉS ABOGA POR EQUILIBRAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ENTRE LAS PROVINCIAS Y RECUERDA QUE UN TERCIO DE LA RED PÚBLICA CONCERTADA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA OPERA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
Aecas cuenta ya en Alicante con más de 2.000 plazas asistenciales, 28 centros socio-sanitarios y más de 40 viviendas tuteladas para atender a las personas con menos recursos
El presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas, Marcos Penadés, ha abogado hoy por equilibrar la disponibilidad de recursos socio-sanitarios en las tres provincias como único camino para garantizar la igualdad y la calidad asistencial que demanda la sociedad valenciana, durante una visita a los centros que gestiona la entidad en la provincia de Alicante, y que supone un tercio de los recursos de la patronal de centros concertados en la Comunidad.
Penadés ha destacado que, desde todos los ámbitos públicos y empresariales, se ha realizado un gran esfuerzo por sostener la atención profesional en tiempos de crisis, pero que especialmente han sido los centros públicos y los vinculados a la red pública concertada los que han dado un paso al frente, con una política de precios ajustada a la realidad, ofreciendo servicios por debajo del margen de rentabilidad, y trabajando para que los ciudadanos de las tres provincias dispongan de una oferta de recursos socio-sanitarios que garantice la atención en todo el territorio.
Y, como ejemplo, ha recordado que desde la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas se han impulsado programas que complementan a la red de Hospitales de enfermos crónicos y larga estancia (Hacles) y se ha fomentado la erradicación de las sujeciones físicas y químicas en los centros, entre otras iniciativas. Asimismo, Penadés ha incidido en que la configuración de esta oferta de recursos ha supuesto una inversión de más de 300 millones de euros en instalaciones de última generación, lo que ha permitido estructurar una red pública que garantice la atención a las personas en situación de dependencia.
Sólo en la provincia de Alicante, la patronal de centros concertados dispone ya de más de 2.000 plazas asistenciales, 28 centros socio-sanitarios y más de 40 viviendas tuteladas para atender a las personas con menos recursos, tuteladas o con un grado de dependencia severo, grupos sociales que generalmente no entran en el objetivo del resto de operadores del sector.
Del mismo modo, Penadés ha defendido la apuesta por los recursos públicos y concertados, que representan el 90% de los asociados de la patronal Aecas, con una amplia distribución geográfica, incluyendo las zonas del interior de la Comunidad Valenciana, con menor densidad de población, pero con las mismas necesidades de atención a las personas dependientes.
Disponibilidad presupuestaria
Por otra parte, Marcos Penadés ha señalado que evidentemente existe la necesidad de reorientar y ajustar la disponibilidad presupuestaria del Estado y las Comunidades Autónomas para garantizar la financiación de los servicios públicos orientados a las personas en situación de dependencia, pero esta reforma pasa por reforzar la red pública actual, garantizar la seguridad de los contratos públicos y dar seguridad a los operadores que cumplen con los requerimientos de la Administración.
Penadés ha apostillado que, si se reequilibra el sistema, el nuevo marco de actuación permitirá que la oferta y la demanda garanticen que un ciudadano pueda elegir la oferta que desee –pública o privada-, si bien, desde la garantía de que esta elección sea libre, y mediante una oferta que se articule como lo hacen el resto de sectores con la Administración; contratos públicos de libre acceso.
Penadés, que ha realizado estas declaraciones en su visita periódica a los recursos de Aecas en la provincia de Alicante, ha incidido en que las medidas adoptadas hasta la fecha, como la simplificación normativa y de niveles de aplicación -de seis niveles a tres- o la apuesta por la atención en recursos profesionales, permiten vislumbrar un futuro para el actual sistema de la dependencia.
No obstante, el portavoz de la Red pública concertada ha manifestado que es necesario que los indicios –nuevos beneficiarios en el sistema y reducción de la lista de espera- se concreten para autonomías como la valenciana, en la que la tasa de reposición y la deuda mantenida con el sector han generado una situación difícilmente sostenible, que sólo puede sobreponerse recuperando la confianza de los ciudadanos mediante la garantía de una red pública sustentada en concursos públicos abiertos y con un férreo control de la Administración Pública.
En este sentido, Marcos Penadés ha explicado que todavía queda mucho que hacer para que la atención de la dependencia llegue a todas las personas que tienen reconocido el derecho a ser atendidas.
Y, como ejemplo, ha citado el Informe sobre el desarrollo y evaluación territorial de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, realizado por la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales, que indica que en la Comunidad Valenciana todavía hay un 33,4% de potenciales usuarios de estos servicios con derecho reconocido que no han podido acceder a un recurso adecuado, 10 puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 23%, lo que supone más de 230.000 ciudadanos en toda España.
Dpto. de Prensa: José Antonio Giménez • comunicacion@centrosaecas.com • t.627760487
El cortometraje de ficción y animación ‘A Vivir’ pretende crear conciencia social sobre la enfermedad del Alzheimer
El Cabildo de Lanzarote, a través de la Consejería de Bienestar Social que dirige Marciano Acuña, junto al Cabildo de Fuerteventura y otras entidades colaboradoras como el Grupo Amma de Residencias para Mayores, patrocina el Cortometraje ‘A Vivir’ cuyo tema principal, de gran sensibilidad, es el Alzheimer.
El estreno en Lanzarote se llevará a cabo el viernes, 21 de junio, a las 20:30 horas, en la Bodega Stratvs. La entrada será libre pero con limitación de aforo, por lo que desde la Productora requieren solicitar invitación para poder asistir al estreno en Lanzarote, en el email cortoavivir@gmail.com.
Este cortometraje de ficción y animación ha sido rodado en ambas islas bajo la dirección de Ángel Valiente y la producción de ‘La Botica Audiovisual’. Entre los objetivos principales, el corto pretende crear conciencia social en cuanto a la dureza y problemática de esta enfermedad. A través de este proyecto audiovisual se quiere dar a conocer la enfermedad del Alzheimer desde un punto de vista positivo, concienciando además a la población, y a los familiares de los afectados en particular, de la importancia de vivir el día a día con la mayor positividad posible, a pesar de las circunstancias de cada persona.
El consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote destaca que a través de este proyecto se potencia igualmente el talento de personas de esta isla en su incipiente carrera. Y es por eso que “además de dar a conocer desde un punto de vista diferente la enfermedad, desde el Cabildo apoyamos este tipo de proyectos, bien planificados y de calidad, fomentando a su vez la cultura, que en tiempos de crisis es tan necesaria”, apuntó Acuña.
Sinopsis: Una anciana afectada por el Alzheimer espera en el geriátrico la llegada de su nieta mientras recibe los cuidados de una cariñosa enfermera. La anciana imagina un precioso mundo mágico e irreal mientras espera una visita que nunca llega.
En Navarra el nuevo sistema de concierto económico para residencias de mayores comenzará a aplicarse en seis centros desde julio
El nuevo programa de concierto económico ‘resideN’ para residencias de personas mayores comenzará a aplicarse en Navarra, a partir de julio, en seis centros, después de que el Gobierno de Navarra haya autorizado la contratación en su sesión de este miércoles.
Los contratos, de carácter cuatrienal, comprenden 301 plazas concertadas. La aplicación del nuevo programa ha comenzado por los centros cuyo concierto ya había caducado. Se trata de las siguientes residencias: Virgen del Camino de Miranda de Arga (23 plazas), Centro de Grandes Dependientes de San Adrián (110 plazas), Centro Nuestra Señora del Rosario de Carcastillo (8 plazas), Residencia Real Casa Misericordia de Tudela (90 plazas), Residencia Amma Ibañeta de Erro (20 plazas) y Residencia La Vaguada de Pamplona (50 plazas). Los centros cuentan con una plantilla global de 237 trabajadores.
Las nuevas condiciones económicas, establecidas de forma consensuada con los centros, irán extendiéndose al conjunto de residencias navarras conforme vayan finalizando los contratos en vigor.
El presupuesto del Gobierno de Navarra para la atención residencial de personas mayores durante 2013 asciende a 41,8 millones de euros.
El consejero de Políticas Sociales del Ejecutivo, Íñigo Alli, ha explicado que se busca el «mejor modelo de gestión» para la atención a las personas mayores que ocupan plazas en residencias, «un modelo que garantice que su dotación presupuestaria para 2013 sea 400.000 euros más que el año pasado».
Según ha dicho, «se trata de simplificar con un único modelo de concierto, que sólo separe a personas dependientes de no dependientes», así como de «flexibilizar mucho más la gestión de las residencias».
OBJETIVOS
El denominado programa ‘ResideN’, que sustituye al hasta ahora vigente Concerdep (2009), presenta un doble objetivo. Por una parte, disponer de una adecuada red de servicios de atención residencial en condiciones óptimas para asegurar la autonomía, dignidad y calidad de vida. De otra parte, disponer de un modelo económico más equitativo para los centros, que contribuya a su estabilidad y al mantenimiento de los puestos de trabajo.
Para ello, se incluyen nuevos perfiles de usuarios, se reorganizan y simplifican los tipos de módulos y se flexibiliza la contratación de determinados perfiles profesionales.
En la actualidad, existen en Navarra 45 centros de mayores y 2 de psicogeriatría con plazas concertadas. El número de plazas concertadas en centros públicos y privados asciende a 1.645, a las que hay que añadir otras 275 plazas en centros propios del Gobierno de Navarra y 110 de atención psicogeriátrica.
Este sector proporciona más de 2.000 puestos de trabajo en la Comunidad Foral, en su mayoría empleos femeninos.
LAS PRINCIPALES NOVEDADES
El nuevo modelo amplía la posibilidad de atención en residencias para mayores de 65 años a nuevos colectivos. Concretamente, ofrece cobertura para los denominados dependientes sociales; esto es, personas mayores de 65 años que, sin tener un grado de dependencia, presentan una problemática familiar o personal que les conduce al riesgo de exclusión social. El número de plazas destinadas a estas personas en cada centro no superará el 5 por ciento del total.
También se dará cabida de forma voluntaria a los discapacitados mayores de 65 años, cuyas necesidades de atención sean asimilables a los de un mayor con dependencia.
En lo que se refiere al régimen económico, se homogeneizan las condiciones, con el fin de ofrecer un sistema más equitativo y eliminar las diferencias de precios existentes ahora entre residencias. Con este fin, los tipos de módulos se han reducido a dos: dependientes y no dependientes.
Para plazas del primer caso, se han establecido cuatro tramos de tarifas: de 1.700 a 1.800 euros, de 1.800 a 1.900 euros, de 1.900 a 2.000 euros y de 2.000 a 2.100 euros. La elección de uno u otro tramo se establece en función de tres criterios: la ubicación de la residencia, su tamaño y los perfiles de los trabajadores, primándose aquéllas que estén situadas en zonas rurales y sean de tamaño pequeño.
En el caso de plazas para no dependientes existe un único tramo con precios entre 1.200 y 1.300 euros.
Por su parte, para los usuarios se establecen tres tipos de precio en función de la renta: hasta un máximo de 1.502 euros para dependientes, hasta 1.391,71 euros para severos y moderados y hasta 758,83 euros para los no dependientes.
Además, el nuevo modelo flexibiliza la contratación de determinados trabajadores (cocina, lavandería y limpieza), eliminando las ratios que se exigían hasta ahora en función del número de residentes.
Bienestar Social seguirá gestionando la teleasistencia en Áviles
La Comisión Informativa de Bienestar Social de Avilés dio ayer su conformidad al borrador de encomienda de gestión del Principado de Asturias para la prestación de los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia Domiciliaria, que atienden a un total 1.050 personas.
Se trata de ciudadanos que tienen derecho a estos servicios en función de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
La consejería de Bienestar Social y Vivienda ha remitido el citado borrador a todos los ayuntamientos asturianos con el fin de encomendar la prestación de los referidos servicios, de competencia autonómica, a las distintas entidades locales.
Los servicios de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia para personas dependientes se financiarán con las aportaciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, así como del beneficiario en función de su capacidad económica.
En Avilés, 600 personas reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio y 450 el de Teleasistencia Domiciliaria. Unos servicios que son prestados por el Ayuntamiento de Avilés a nivel municipal al amparo de la Ley de Dependencia.
Esta confirmación se produce pocos días después de que la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, anunciara la firma con los diferentes ayuntamientos de la encomienda de gestión «para la prestación de estos programas, ya que el Consejo de Gobierno autorizó los acuerdos con las entidades locales».
El Ejecutivo asturiano se compromete a abonar todos los gastos que ocasionen estos servicios a las corporaciones municipales. La ayuda a domicilio y teleasistencia a personas con dependencia reconocida son competencia de la comunidad, que determina qué personas tienen derecho a recibir las prestaciones, su intensidad y la aportación económica que les corresponde, según la normativa estatal.
En total, el Principado destinará casi once millones de euros a la prestación de los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio a personas dependientes, de los que se benefician, según los datos ofrecidos por la Consejería, 2.500 asturianos.
Destacan la importancia de la exploración integral geriatra-neuropsicológico para diagnosticar y tratar demencias
La realización de una exploración integral geriatra-neuropsicológico es «el primer paso» para determinar si una persona sufre alguna demencia o para tratarla, según señalan los expertos de Sanitas con motivo de los seis meses de actividad de la Unidad de Diagnóstico y Terapias de Sanitas Residencial.
A juicio de los expertos, esta intervención aporta la información de «qué tipo de demencia se padece y de en qué grado de severidad o estadio de la enfermedad se encuentra la persona». Todo ello gracias a que con esta exploración se realiza una evaluación conjunta del geriatra y el neuropsicólogo.
En ella se incluye «el análisis de las variables clínicas, analíticas, neuroanatómicas, cognitivas, funcionales y conductuales», explican al tiempo que subrayan el hecho de que el protocolo diagnóstico agrupa, en la mayor parte de los casos, «las pruebas de neuroimagen y una analítica específica de deterioro cognitivo».
Tras obtener los resultados, el equipo multidisciplinar de la unidad determina si es oportuno realizar una serie de pruebas diagnósticas, así como «la necesidad de acceder a las terapias más especializadas y adaptadas a la situación de la persona». De esta forma, en la experiencia en estos seis meses con personas de entre 65 y 94 años, mayoritariamente mujeres, se ha diagnosticado estadios iniciales de Alzheimer, algún caso de deterioro cognitivo de perfil vascular y demencias por cuerpos de Lewy.
SE IMPARTIRÁN SESIONES CON FAMILIARES PÓXIMAMENTE
A los pacientes se les ha realizado todo tipo de terapias «relacionadas con la estimulación cognitiva, la orientación a la realidad, la reminiscencia o la musicoterapia», afirman desde este área de Sanitas, dónde se impartirán próximamente sesiones con familiares de asesoramiento en temas de incapacidad y dependencia, abordaje no farmacológico en el domicilio, conocimiento de la enfermedad y de su evolución o prevención de situaciones de riesgo, entre otros.
Con todo ello, la compañía cubre tres aspectos «básicos», siendo éstos «los métodos diagnósticos innovadores, la consulta con un médico geriatra especializado y el acceso a un primer estadio de tratamientos no farmacológicos a través de un abordaje neuropsicológico». Además, para dar continuidad a las terapias, se realizan una serie de ejercicios en los domicilios con el objetivo de «fomentar una rutina diaria relacionada con la estimulación cognitiva».
Sin embargo, y a pesar de lo expuesto, existe un problema a la hora de diagnosticar la demencia, la idea extendida de que el envejecimiento «conlleva la pérdida de las capacidades cognitivas hasta el punto de interferir en sus actividades diarias». De hecho, el ‘Informe Anual sobre el Alzheimer 2011’ de la Alzheimer’s Disease International (ADI) señala que hay 36 millones de personas en todo el mundo que viven con demencia, de los cuales hasta un 75 por ciento no ha sido diagnosticado.
Así lo destacan debido a que realizar un diagnóstico precoz de las demencias «es una de las principales claves para conseguir ralentizar la enfermedad y poner en marcha el tratamiento adecuado». Por ello, y desde hace tres años, Sanitas Residencial ofrece en cada uno de sus centros el ‘Programa de Atención a Personas con Demencia’ «con el fin de ofrecer los mejores cuidados».
La atención centrada en la persona. Algunas claves para avanzar en los servicios gerontológicos
Teresa Martínez
Este es el título del último artículo que se recomienda de la gerontóloga Teresa Martínez Rodríguez publicado en la revista Actas de la dependencia (nº 8, junio 2013) Fundación Caser donde la autora ofrece una revisión del enfoque y modelos de atención centrada en la persona en los servicios gerontológicos. Realiza un repaso a su origen, al recorrido que ha tenido en el ámbito internacional y a la situación actual en España. También se señalan algunas claves para avanzar en la aplicación de estos modelos o los retos y riesgos que existen en este momento de desarrollo en nuestro país.
La atención centrada en la persona. Algunas claves para avanzar en los servicios gerontológicos
Vigi’Fall: Un diminuto parche anticaídas para personas mayores
De todos es sabido la importancia que tiene cuidar de los mayores y la especial atención que hay que prestar, a esas edades, a las caídas, evitándolas todo lo que sea posible, ya que los huesos no son ya tan resistentes y pueden generar complicaciones, más allá de la simple rotura de los mismos. De hecho las estadísticas señalan que sólo en España, se registran más de 250.000 caídas de personas mayores anualmente. Para proporcionarles un soporte asistencial en el momento de una caída y de un modo sencillo y rápido, un consorcio de empresas tecnológicas (llamado FallWatch) ha creado un detector de caídas, en forma de un pequeño parche triangular, llamado Vigi’Fall. Este detector de caídas puede conseguir evitar 500.000 hospitalizaciones y 40.000 muertes prematuras, causadas por caídas en Europa cada año.
Vigi’Fall, que se lleva puesto permanentemente y sin molestias, incorpora un sensor de detección de caídas y un dispositivo que avisa a los servicios de emergencia. Ambos están conectados por vía inalámbrica. La interacción entre el parche que lleva puesto el usuario, los sensores de movimiento por infrarrojos y una caja central de control, aseguran la detección precisa de una caída grave y la rápida intervención de un equipo médico de emergencias. La siguiente fase del proyecto, FallWatch DEMO, pretende dar un paso más, monitorizando el pulso y optimizando así su funcionalidad y precisión.
Tan importante es procurar evitar las caídas en mayores, que Jean-Eric Lundy (fundador de Vigilio S.A y médico en el departamento de emergencias del hospital Cochin de París), afirma: “Se estima que más de 20 millones de personas a partir de 65 años sufren una caída cada año en Europa. Es la principal razón de muerte por lesión traumática en este grupo de edad. Por tanto, es crucial recibir intervención médica inmediata y, en muchos casos, puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte” y, añade, “Muy a menudo nos encontramos con pacientes mayores que llegan a emergencias tras haber pasado horas en el suelo porque no podían pedir ayuda. En muchas ocasiones el deterioro físico y psicológico que causa es irreparable. La capacidad de intervenir rápidamente y poder ofrecer la asistencia médica necesaria puede conseguir que una caída no tenga un impacto permanente en la calidad de vida de una persona.”
Cómo funciona el parche de detección de caídas Vigi’Fall.
El mecanismo está basado en un sistema de sensores y en una caja de control central, muy parecidos a los sistemas de alarma. El usuario lleva puesto un biosensor y se colocan varios sensores inalámbricos en las paredes de la casa. Si el usuario sufre una caída, además del aviso emitido por el biosensor, los sensores de las paredes detectan la ausencia de movimiento y, de forma inalámbrica, envían una señal a la caja de control central que también se encuentra en la casa. La caja de control se conecta automáticamente por teléfono con una enfermera o con una centralita en caso de que la caída suceda en la propia casa del usuario. Para distinguir entre caídas reales y falsas alarmas, el sistema está equipado con un software de fusión de datos que permite analizar la naturaleza de la caída (con o sin impacto) y la postura del paciente. En una residencia, la enfermera intervendría inmediatamente. Pero, como segunda vía de verificación para aquellas personas que viven solas, un trabajador de la centralita procederá a intentar conectar con el usuario por teléfono y, si nadie contesta, la familia o un equipo de emergencia se pondrán inmediatamente en camino.
El parche Vigi’Fall puede usarse inclusive en la ducha. Se carga con baterías de alto rendimiento, lo que quiere decir que, una vez que el usuario se pone el parche en la piel, puede hacer una vida totalmente normal, sabiendo que si se produce una caída, la ayuda estará inmediatamente en camino. Vigi’Fall ha sido testado con éxito en laboratorios, hospitales, residencias de ancianos y hogares. Las pruebas en laboratorio han demostrado una tasa de detección de caídas superior al 90% utilizando únicamente el biosensor. En cuanto a las pruebas en entornos reales, donde sí se ha incorporado el software de fusión de datos, han mostrado una tasa de éxito aún mayor puesto que prácticamente se han eliminado las falsas alarmas. Según la profesora Anne-Sophie Rigaud (jefa de geriatría en el hospital Broca en Paris): “Hemos participado en las pruebas de Vigi’Fall desde el inicio y hemos podido observar su evolución constante hasta el punto de que los falsos positivos y las falsas alarmas son poco frecuentes” y, añade, “La comodidad también ha sido una cuestión importante que hemos tenido en cuenta y el parche miniaturizado actual no es intrusivo, tanto desde el punto de vista físico como psicológico. Nuestros pacientes lo toleran bien.”
El consorcio.
En el consorcio FallWatch, la start-up francesa Vigilio S.A., se ha encargado de emplear las tecnologías de la información y la comunicación, en hacer la vida de las personas mayores mejor y más fácil; y, la empresa española Inspiralia, ha desarrollado la tarjeta electrónica en miniatura que permite la comunicación inalámbrica entre el sensor de detección de caídas y el dispositivo de llamada a los servicios de emergencia, así como la pantalla electro-crómica que muestra el estado de la batería. Pero hay más empresas que han participado en este proyecto, puesto que el reto era fabricar el sistema en miniatura para que fuera más cómodo y fácil de usar. Así que el consorcio ha reunido a Vigilio S.A., a Inspiralia y a otras empresas europeas, de diferentes especialidades: desde seguridad personal, microelectrónica y biomateriales hasta nanotecnología, adhesivos médicos y baterías militares y aeroespaciales de alto rendimiento.
Vigi’Fall salió al mercado en noviembre de 2012. Varios de sus componentes han sido fabricados en Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, y su posterior montaje se realiza en Francia. La versión doméstica del producto estará disponible en el último trimestre del 2013, mientras que una segunda generación del producto, que además estará adaptada a los estándares RF de Estados Unidos, pasará las pruebas clínicas en Estados Unidos y en Europa en septiembre de 2013. Se espera que la versión comercial de este nuevo dispositivo esté lista para su comercialización hacia el final de 2014 abriendo así importantes oportunidades de negocio.
Bienestar Social reclama 25.000 euros a una mujer sin recursos tras retirarle la pensión
La Generalitat Valenciana reclama 25.000 euros a una mujer sin recursos tras retirarle la pensión por invalidez no contributiva que le concedió en el año 2002. La Conselleria de Bienestar Social considera que la mujer perdió el derecho a cobrar la pensión en el año 2007 porque su marido empezó a percibir un subsidio por invalidez de 625 euros. La afectada, Nieves Pozuelo, pidió ayer al titular del juzgado de lo Social número dos de Valencia que revoque la decisión de la conselleria. El abogado de la Generalitat Valenciana se opuso.
Nieves Pozuelo y su marido Bernabé Coleto, con el que lleva casada cuarenta años, subsisten gracias a las bolsas de alimentos que semanalmente les proporcionan Cáritas y una ONG latina. La pareja, que no tiene hijos, paga mensualmente 286 euros de hipoteca y con el resto del dinero hacen frente a las facturas de agua, luz, gas y comunidad. «Nos queda algo para comida. A veces compramos una carcasa de pollo para hacer caldo», aseguró Bernabé Coleto mientras esperaba a que empezara el juicio en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
La mujer, que tiene 62 años, padece fibromialgia desde hace más de una década y ha sido operada veinticuatro veces. «Tengo reconocida una minusvalía del 67% y en el año 2002 me concedieron la pensión de invalidez no contributiva por la que cobraba 347 euros», precisó Nieves.
El marido, que ahora tiene 56 años, trabajaba como albañil, pero tuvo que dejarlo porque físicamente no aguantaba. La Administración le concedió a Bernabé una pensión de 624 euros por invalidez el 26 de febrero de 2007.
La Conselleria de Bienestar Social realizó una inspección de oficio al caso de Nieves Pozuelo en el año 2011 y llegó a la conclusión de que no tenía derecho a percibir la prestación desde que su marido comenzó a cobrar la pensión de 624 euros. La abogada del turno de oficio que asiste a la pareja explicó que la Administración entiende que la pareja supera el mínimo que les daría derecho a las dos prestaciones.
La Conselleria de Bienestar Social reclama ahora a la mujer 18.000 euros por los 347 euros mensuales que percibió entre los años 2007 y 2011 y otros 7.000 euros por intereses de demora.
La abogada de la familia interpuso una demanda contra la Generalitat en el juzgado de lo Social número dos de Valencia para que rectifique y reconozca el derecho de la mujer a cobrar la pensión no contributiva. La letrada advirtió ayer al juez encargado del caso de que la propia administración reconoció que tenía derecho. Además, la pareja desconocía que tenía la obligación de comunicar que la mujer percibía la pensión de 347 euros.
La situación está a punto de llevar a la ruina a la pareja, que carece de recursos para pagarle a la Generalitat los 25.000 euros que le reclama. «No nos negamos a pagar, pero no tenemos dinero. Nos han dicho que nos pueden embargar la mitad de nuestro piso y todavía nos quedan por pagar doce años de hipoteca», lamentó Bernabé Coleto. El matrimonio se compró un piso en la calle Síndico Mocholí de Valencia -que está situada entre el barrio de San Marcelino y La Torre- en el año 2002. La pareja todavía adeuda al banco 41.000 euros de la vivienda.
«Ahora la mitad del dinero se nos va en la hipoteca y el resto en los gastos básicos y en los seguros de la vivienda y el de deceso. No tenemos para comer», insistió Nieves.
Su marido reconoce sin avergonzarse que recoge patatas de desecho en campos de las inmediaciones de Valencia con el permiso de los agricultores para poder comer. «Son patatas picadas que quedan en el campo tras la cosecha. También todo los sábados voy a la ONG Mira -una organización colombiana- porque nos dan verdura. El otro día me dieron garbanzos y algo más», añadió Bernabé.
La pareja confía ahora en que el juez de lo Social les dé la razón y les libere de pagar los 25.000 euros que les reclama la Generalitat Valenciana por una pensión a la que creían que tenían derecho.
«Ella tenía obligación de comunicar la paga del marido»
El abogado de la Generalitat Valencia defendió ayer en el juicio que la mujer «tenía la obligación de comunicar la otra pensión» cuando su marido comenzó a cobrarla en el año 2007. El letrado advirtió al magistrado del caso de que la unidad familiar superaba los límites para tener derecho a la pensión no contributiva. «Todos los años superó el límite y por eso la Generalitat reclama lo que cobró de forma indebida entre los años 2007 y 2011», indicó el abogado de la Generalitat Valenciana en un juicio que duró cinco minutos.
Fuentes jurídicas explicaron que la Administración ha incrementado las inspecciones de oficio ante la caída de ingresos. Las mismas fuentes incidieron en que «la falta de sensibilidad de la Generalitat puede abocar a la ruina» a familias como la de Nieve Pozuelo y Bernabé Coleto que carecen de recursos y de posibilidad de generarlos por sus limitaciones físicas. Bernabé Coleto aseguró que la Generalitat ya les ha enviado cartas comunicándoles que les embargarán si en las próximas semanas no hacen frente al pago de 25.000 euros que les reclaman. «Yo no tengo hijos, pero me gustaría que mis sobrinos pudieran heredar mi casa cuando muramos. No sé qué va a pasar ni qué vamos a hacer», admitió.
Patronal y sindicatos firman por tres años el convenio del sector de la dependencia
Aerte, principal patronal de la dependencia en Comunitat Valenciana ha suscrito junto a Lares y los sindicatos CC.OO. y UGT el VI convenio regional para el sector dependencia, un acuerdo que garantiza la estabilidad durante tres años.
Se trata de un convenio resultado del esfuerzo realizado tanto por las patronales de dependencia -Aerte y Lares- como por los sindicatos -CC.OO. y UGT- para alcanzar un acuerdo necesario. Este acuerdo regulará las relaciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios a una población dependiente que, tan solo en Aerte, está integrada por más 20.000 dependientes.
Durante la firma de este acuerdo, José María Moreno -presidente de Aerte- ha destacado el esfuerzo realizado por las patronales, y en particular por Aerte, para la firma de un convenio que garantiza estabilidad y recoge un ligero incremento salarial, en un contexto económico complejo, caracterizado por los recortes constantes que está experimentando el sector, la ausencia de cobro, la falta de resolución de expedientes y otros factores que vienen a sumarse a la actual crisis.
En este sentido y aludiendo al ejemplo que representa el convenio, José María Moreno ha hecho mención a la voluntad de acuerdo manifestada por el sector, una voluntad que podría hacerse extensible a la Administración valenciana, en aspectos tan importantes para la población dependiente como la resolución de expedientes o la activación de servicios profesionales necesarios, paralizados desde hace años que, además, son generadores de empleo neto, una característica necesaria hoy día.
Como ejemplo, el presidente de Aerte ha destacado algunos de los datos del informe recientemente presentado por Aerte, la FED y ECHO -patronal de la dependencia en Europa- en Bruselas en virtud del cual, se contempla la creación de más de 765.000 nuevos puestos de trabajo en los países que integran la UE sustentados en el sector dependencia, gracias a la creación de 500.000 plazas socio sanitarias.
Por último, José María Moreno ha aludido a la capacidad del sector dependencia para la generación de inversión y empleo, sin olvidar la respuesta a demanda que afronta y el impulso que su actividad genera en la economía, en áreas como la construcción o la gestión de infraestructuras sociosanitarias cuya consecución viene a garantizar derechos básicos para la población dependiente en Comunidad Valenciana.
Los cuidadores no profesionales de dependientes descienden un 88,3 por ciento en ocho meses
El número de cuidadores no profesionales de personas dependientes dados de alta en la Seguridad Social pasó de ser de 179.829 en julio de 2012 a 20.993 en marzo de 2013, un 88,3 por ciento menos en ocho meses, según se desprende de una respuesta parlamentaria dirigida al socialista Miguel Ángel Heredia.
Así lo ha denunciado en declaraciones a los periodistas en el Congreso el también coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, quien ha denunciado la «demolición» que el Gobierno del PP practica a las políticas de la Ley de Dependencia y ha criticado el «brutal recorte» de las ayudas en el entorno más cercano al dependiente y el «intento soterrado de privatización».
Además, ha señalado que desde que en 2007 entró en vigor la Ley, el Gobierno se hacía cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, en su mayoría mujeres, con el objetivo de que tuvieran una pensión de jubilación, pero el Gobierno del PP «impide que sea así y ahora es el propio trabajador el que tiene que pagar la seguridad social si quiere».
De este modo, ha lamentado que, además de haber reducido en un 15 por ciento el sueldo a los cuidadores no profesionales, que pasaron de percibir en torno a 520 euros a 440, no se les paga la cotización. «Calculen el gasto que supondrá contratar a cuidadores profesionales o ingresar a sus seres queridos en una residencia y las cifras de negocio que se manejan con compañías privadas y en las que se convertirá la cuarta pata del Estado del Bienestar».
Esta situación ha llevado al diputado a denunciar que el Gobierno actual «hace todo lo que está en sus manos para enterrar la Ley de Dependencia». Heredia también ha afeado que «lo primero que hizo» el Ejecutivo en esta materia fue retrasar en dos años la incorporación al sistema de los dependientes moderados. «Todas las decisiones sobre ley de dependencia no han hecho más que poner en riesgo su continuidad», ha añadido.
El coordinador de la interparlamentaria considera que el PP «se está retirando paulatinamente de la Ley de Dependencia» y, con respecto a los porcentajes de financiación que debe asumir cada administración, ha dicho que la ley nació para ser financiada al 50 por ciento por el Estado y al otro 50 por las comunidades autónomas, pero en el caso de Andalucía, el Estado solo paga el 30 por ciento y la Junta andaluza, el restante 70 por ciento.
Se trata, a su juicio, de un «desequilibrio» que «pone en riesgo el futuro de la Ley» ya que la administración regional «no puede sufragar todo los que el Estado deja de pagar». Así las cosas, cree que con medidas como estas el Estado «castiga una vez más» a Andalucía, que ha sido «líder» en la implantación y aplicación de la ley, como demuestra que una cuarta parte de los dependientes esté en la región, y que ha «perdido»204 millones desde que Rajoy llegó al Gobierno.
«ESFUERZO TITÁNICO» DE LA JUNTA
El parlamentario ha expuesto que, frente a la actuación del Estado, la Junta hace «enormes esfuerzos» para el mantenimiento de la ley, que «continúa siendo su apuesta» y, en este sentido, ha recordado que en el marco del plan contra la exclusión social ha habilitado 20 millones de euros para desarrollar la ley. «Existe un camino alternativo», ha demostrado.
Heredia ha indicado que Andalucía hace ese «esfuerzo titánico» pero se ha preguntado «¿Qué pasa en Castilla-La Mancha, Madrid o la Comunidad Valenciana?».
Por último, ha reflexionado sobre el empleo que genera la ley y, tras defender que es el sector que más trabajo crea en relación a la inversión pública, 30 puestos por cada millón de euros invertido, además de un 43 por ciento de retorno económico en IVA, IRPF y Seguridad Social, ha advertido de que con los recortes, solo en Andalucía se perderán unos 4.000 empleos en Ley de Dependencia.
CERMI denuncia que el proyecto la de Ley de Apoyo a Emprendedores «omite por completo» a la discapacidad
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha denunciado que el proyecto de la Ley de Emprendedores «es decepcionante» puesto que «omite por completo a la discapacidad y ni siquiera recoge un recuerdo de cortesía a la Economía Social».
Ante esto, Pérez Buen ha lamentado que «para la gobernanza económica del país, la organizaciones de discapacidad sigue siendo inexistentes». Por ello, considera que es «innegable que la postrada economía española precisa de estímulos intensos para reactivarse». «Es una evidencia que se ha hecho poco y mal desde los poderes públicos», ha apuntado.
«Si la Ley de Apoyo a Emprendedores pretende reformular las bases del emprendimiento económico, incluida, por supuesto, la dimensión social, desde fundamentos sólidos y con fines ambiciosos, será bienvenida –ha precisado–. Pero si la Ley es empleada a guisa de señuelo para parecer que se hace algo, entonces será, no sólo una burla, sino un fracaso estrepitoso».
Por otro lado, ha destacado que las entidades centradas en la discapacidad «no pueden conformarse con quedar cubiertas o amparadas simplemente por las medidas genéricas». «Sería una prueba más de que nuestra clase política no sabe identificar ni apreciar lo mucho y bueno que se está haciendo en términos de desarrollo económico por parte del movimiento social de la discapacidad», ha añadido.
Finalmente, Pérez Bueno ha recordado que el hecho de que les «borren del mapa», «no significa que no existan y que estén vivos». En este sentido, ha anunciado que el Comité ha presentado al Gobierno un documento extenso con decenas de medidas favorables a la discapacidad desde la dimensión económica. «Presionaremos para que terminen acogiendo alguna», ha aclarado.
Las residencias para mayores redujeron su facturación un 1,8 por ciento en 2012, pero hay más plazas, según un estudio
Les Corts, Barcelona
Las residencias para mayores vieron reducido su volumen de facturación en un 1,8 por ciento en 2012, respecto al año anterior, hasta situarse en los 2.430 millones de euros. Sin embargo, la oferta de plazas en residencias para la tercera edad, incluyendo residencias públicas y privadas, ascendió a 363.782, un 0,7 por ciento más que en 2011, según el estudio ‘Sectores’ de DBK.
El informe destaca, entre otros datos, la ralentización del número de plazas en este tipo de alojamientos respecto a años anteriores y señala que, en 2011, el crecimiento fue del 1,3 por ciento. Todo ello se produce en un contexto que, debido a la reducción de la capacidad adquisitiva de las familias, se han reducido los niveles de ocupación de los centros y se han ajustado los precios
En este sentido, las previsiones para el bienio 2013-2014 apuntan a nuevos retrocesos en el valor de mercado de las residencias que irá acompañado de un nuevo ajuste de precios y de niveles de ocupación más bajos, según indica el documento, que añade que, a ello, se le sumará la reducción del importe de los conciertos y retrasos en los pagos.
De este modo, asegura que, en 2013, el volumen de negocio de estas empresas caerá cerca de un 2 por ciento respecto al valor de mercado de 2012 y se situará por debajo de los 2.400 millones de euros.
Por otra parte, durante 2012 se produjo un aumento del número de plazas en centros privados concertados respecto a aquellos que funcionan sin concierto público. Así, el número de centros de titularidad público-privada se situó en 94.765 (un 0,7 por ciento más que en 2011), frente a las 177.026 plazas restantes, que ofrecen los centros privados y representan un 65,1 por ciento de la oferta.
Además, el informe destaca el «alto grado de atomización» del mercado de las residencias de mayores, aunque indica que, en 2012, aumentó un 1,5 la concentración de la oferta en el conjunto de las cinco primeras empresas del sector, que representan el 22,9 por ciento del total.
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CERMI Madrid pide un “cambio de rumbo” en materia de dependencia y autonomía personal en la Asamblea de Madrid
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, compareció en la denominada Comisión Permanente de Políticas Integrales de Discapacidad de la Asamblea autonómica con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento de la Ley 39/2006 para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, y para exponer las reivindicaciones del colectivo con respecto a esta normativa, que, a juicio de CERMI Madrid, “genera más dependencia que autonomía” y “no ofrece soluciones a los problemas que pretendía solventar, dado que los agrava”.
El presidente del CERMI Comunidad de Madrid, Javier Font, fue el encargado de intervenir en la citada comisión, que fue convocada en este caso a petición del grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU). Font reiteró ante los diputados de la Asamblea que la mencionada Ley «está provocando un efecto contrario al deseado», dado que «alimenta la dependencia de las personas y, por el contrario, no fomenta que puedan valerse por sí mismas, lo que se traduce en un fracaso rotundo del sistema, al contribuir a que se avance hacia un modelo social de personas no integradas en la sociedad de forma plena y activa».
Asimismo, el presidente de CERMI Madrid criticó con dureza que «se pida al colectivo de personas con discapacidad, que no ha tenido nada que ver con la crisis, que asuma enormes sacrificios y recortes presupuestarios que alimentan su exclusión y que dificulta a muchas personas llevar una vida digna y plena». En este sentido, durante su intervención, el comité indicó que este «sobreesfuerzo» lleva a muchas familias a una situación «insostenible» y remarcó que el colectivo está cansado de que la Administración «vea a los Servicios Sociales como los causantes de la crisis y de la deuda de nuestro país».
Por todo ello, el presidente de CERMI Madrid, ante la atenta mirada de los diputados madrileños, sostuvo que «la austeridad en el gasto social no debe recaer siempre en los más débiles». También criticó con vehemencia que la Comunidad de Madrid obligue en la actualidad a muchas personas con discapacidad a ser valoradas como «dependientes» para obtener subvenciones sociales y la supresión de las ayudas individuales que la Comunidad destinaba al fomento de la Autonomía Personal.
«Desde que se aprobó la Ley de Dependencia y Autonomía Personal no hemos avanzado», remachó en varias ocasiones Font, para afirmar que esta normativa es usada como un instrumento por parte de la Comunidad para «obtener más financiación del Estado y reducir el gasto social en servicios primarios con arreglo a la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad». Por otra parte, el presidente de CERMI Madrid también trasladó a los diputados distintas reivindicaciones del tejido asociativo.
Pidió que sean los profesionales de los centros base quienes valoren, de forma exclusiva, a los dependientes, que se analice la situación de las personas con discapacidad en los centros penitenciarios y que se regule de forma adecuada la figura del asistente personal que contempla la Ley 39/2006, que carece de marco normativo que regule esta figura profesional. Además, reclamó que las personas con discapacidad se puedan acoger a un régimen fiscal especial que facilite la contratación de asistencia personal.
Por último, durante la comparecencia ante la Asamblea de Madrid, el presidente de CERMI Madrid reiteró que «ser pionero en tener un mayor número de plazas en residencias, de lo que se jacta la Comunidad, no es más que una constatación del fracaso de las políticas autonómicas en materia de autonomía personal».
Por ello, reclamó «un cambio de rumbo» para fomentar la autonomía personal en detrimento de la dependencia y aseguró que «no habrá avances mientras la Administración siga pensando que los programas de autonomía personal son más caros que abocar a las personas a vivir en centros residenciales».
Los cuidadores no profesionales de dependientes descienden un 86% en ocho meses en Asturias
El número de cuidadores no profesionales de personas dependientes dados de alta en la Seguridad Social en el Principado de Asturias era de 3.216 en julio del año pasado y de 450 el pasado mes de marzo, lo que supone un descenso del 86 por ciento en ocho meses, según una respuesta parlamentaria del Gobierno central al PSOE.
En concreto fue el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía, Miguel Ángel Heredia, quien preguntó al Ejecutivo sobre los datos de los cuidadores no profesionales a dependientes. En Andalucía, la reducción fue del 92%.
En declaraciones a los periodistas en el Congreso, el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, ha denunciado la «demolición» que el Gobierno del PP practica a las políticas de la Ley de Dependencia en Andalucía y en el conjunto del país y ha criticado el «brutal recorte» de las ayudas en el entorno más cercano al dependiente y el «intento soterrado de privatización».
Además, ha señalado que desde que en 2007 entró en vigor la Ley, el Gobierno se hacía cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, en su mayoría mujeres, con el objetivo de que tuvieran una pensión de jubilación, pero el Gobierno del PP «impide que sea así y ahora es el propio trabajador el que tiene que pagar la seguridad social si quiere».
De este modo, ha lamentado que, además de haber reducido en un 15 por ciento el sueldo a los cuidadores no profesionales, que pasaron de percibir en torno a 520 euros a 440, no se les paga la cotización. «Calculen el gasto que supondrá contratar a cuidadores profesionales o ingresar a sus seres queridos en una residencia y las cifras de negocio que se manejan con compañías privadas y en las que se convertirá la cuarta pata del Estado del Bienestar».
Esta situación ha llevado al diputado a denunciar que el Gobierno actual «hace todo lo que está en sus manos para enterrar la Ley de Dependencia». Heredia también ha afeado que «lo primero que hizo» el Ejecutivo en esta materia fue retrasar en dos años la incorporación al sistema de los dependientes moderados. «Todas las decisiones sobre ley de dependencia no han hecho más que poner en riesgo su continuidad», ha añadido.
El coordinador de la interparlamentaria considera que el PP «se está retirando paulatinamente de la Ley de Dependencia» y, con respecto a los porcentajes de financiación que debe asumir cada administración, ha dicho que la ley nació para ser financiada al 50 por ciento por el Estado y al otro 50 por las comunidades autónomas, pero en el caso de Andalucía, el Estado solo paga el 30 por ciento y la Junta, el restante 70 por ciento.
Se trata, a su juicio, de un «desequilibrio» que «pone en riesgo el futuro de la Ley» ya que la administración regional «no puede sufragar todo los que el Estado deja de pagar». Así las cosas, cree que con medidas como estas el Estado «castiga una vez más» a Andalucía, que ha sido «líder» en la implantación y aplicación de la ley, como demuestra que una cuarta parte de los dependientes esté en la región, y que ha «perdido»204 millones desde que Rajoy llegó al Gobierno.