Aerte ha reclamado un acuerdo estatal que implique tanto a Gobierno Central como a CCAA, y en general, a todos los agentes involucrados en el sistema para evitar la desaparición de la Ley de Dependencia y con ello, el abandono en que entrarían miles de personas cuya atención no es compatible con los recortes que aplica el Gobierno, ni con los retrasos en los pagos, ni con la ausencia de resolución de expedientes que  han sido aprobados.

Esta es la posición fijada por Aerte, en un contexto de recortes aplicados sin contar con los agentes del sector que, contradiciendo los argumentos esgrimidos por el Gobierno, no suponen una aplicación de la Ley de Dependencia con criterios de calidad y racionalidad, ni implican una derivación hacia la contratación de servicios profesionales, ni tampoco la incorporación de dependientes reconocidos al  sistema,  más bien al contrario, se han disminuido a los dependientes las cuantías de las prestaciones sin justificación aparente alguna.

Frente a esta situación, calificada como grave error por Aerte -a tenor de la rentabilidad que supone para la arcas públicas  la inversión en Dependencia- en la última Asamblea de Aerte, se aprobó la ejecución de acciones jurídicas en contra de la actual política en materia de dependencia llevada a cabo por la Administracion Valenciana consistente en una actuación pasiva en la resolución de los expedientes, algunos de ellos desde el año 2009. Esto provoca que en algunos casos, personas dependientes fallecen sin haber visto resuelta su ayuda.

En respuesta a esta situación,  la patronal ha pedido a sus asociados que soliciten a la Administración una interpretación del silencio administrativo en aquellos expedientes con un plazo superior al que establece la Ley, esto es, de los seis meses desde el inicio del mismo sin haber recibido resolusión de la PVS a pesar de tener derecho a ésta según establece la Ley de la Dependencia.

A su vez, Aerte ha puesto a disposición de los Dependientes, un servicio de asesoramiento jurídico para aquellos que se encuentren en esta situación de desamparo por incumplimiento de la ley por parte de la Administración y que posteriormente puedan interponer un Recurso Contencioso Administrativo en contra de la Consellería.

Con respecto a la minoración de las cuantías de las PVS sin comunicación previa, Aerte esta trasladando cada una de dichas disminuciones al Sindic de Greuges, teniendo en cuenta además que la Comunidad Valenciana ha sido la única autonomía donde se han aplicado recortes  sin notificación ni aclaración previa a la población dependiente, dejando en una situación de indefensión a los receptores, de pleno derecho, de dichas ayudas.

Para Aerte, las medidas de “ahorro” anunciadas por el Ejecutivo no están alineadas con la voluntad de potenciar la Atención Profesional en el sector de la Dependencia, sino que tal y como se han planteado, suponen un claro recorte muy perjudicial para la población en situación de dependencia, y a su vez, insostenible para el sistema.

Así lo ha manifestado la Directora General de Aerte, María José Mira, para quien el Gobierno aplica medidas en teoría más racionales y equitativas pero al mismo tiempo, la Comunidad Valenciana no resuelve las prestaciones vinculadas al servicio de los dependientes con expedientes aprobados desde hace años, y disminuye las cuantías de los que ya tenían un derecho reconocido por tener una resolución administrativa, sin comunicarlo previamente, hechos que sumados a los retrasos que ha experimentado y aún experimenta el sector, hacen insostenible la atención profesional.

Frente a esta situación de dificultades económicas que sufre el sector y el bloqueo en la resolución de expedientes, Aerte considera necesarios acuerdos políticos, económicos y sociales que hagan viable el sistema de atención a la dependencia, que afecta a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Ayer se puso en marcha en IESE la Mesa de Debate sobre Dependencia, promovida por la Federación Empresarial de Asistencia a la Depenencia (FED) y la Fundación Economía y Salud. Un espacio de reflexión de carácter itinerante que contó con la presencia de César Antón, Director General del Imserso, quien negó la existencia de nuevas medidas de ahorro en el sistema de dependencia, en alusión a los 1.108 millones anunciados en el Plan de Reformas que, según el Director del Imserso, proceden de actuaciones acordadas en el Consejo Territorial de Junio 2012.

En el curso de su intervención, César Antón transmitió su intención y compromiso de impulsar y continuar con la profesionalización de los servicios para atender a las personas en situación de dependencia”.

Estas palabras han sido valoradas positivamente por María José Mira, Directora General de AERTE, para quien ha calificado de contradictorio que la Comunidad Valenciana sea la única autonomía que no sigue las directrices del Imserso relativas a salvar la Ley de Dependencia mediante resoluciones de Prestaciones Vinculadas al Servicio, el tratamiento igualitario de personas con mismo nivel de dependencia y capacidad económica y en particular, reconociendo a todas  estas personas los servicios profesionales acreditados como dentro de la red de servicios sociales y no sólo a una parte de esta población dependiente.

Frente a la necesidad de establecer unas reglas igualitarias en el sector que redunden en un mejor servicio global al dependiente, la directora general de Aerte ha aludido a un contrato que ha aportado a diez empresas importantes beneficios, concertándoles 2. 000 plazas que deberían haber salido a concurso público y que por ello, está llevando a la muerte de las empresas del sector y a la pérdida de miles de puestos de trabajo.

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