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La dueña de un geriátrico, acusada de estafa, alega que los ancianos le cedían propiedades «a cambio de servicios»
La dueña de un geriátrico de Outes (La Coruña) acusada, junto con su marido e hijo, de estafa continuada, niega haberse aprovechado de la «debilidad mental» y «dependencia emocional y económica» de los ancianos que estaban a su cargo para obtener varios bienes inmuebles y afirma que las cesiones se realizaron «para pagar los servicios» de la residencia.
Al juicio que se celebra en la Audiencia provincial se han llevado cuatro casos concretos en los que los ancianos, a través de cesiones o de contratos de compraventas ficticios, cedían varios bienes inmuebles a la propietaria del centro geriátrico en el que residían.
Sin embargo, durante la sesión, la acusada ha señalado que atendió y cuido a los ancianos para que «llevasen una vida digna» y ha asegurado que si los residentes hicieron testamento a su favor fue porque los hijos no hacían frente al pago de la residencia o sus pensiones no llegaban.
«Los servicios hay que pagarlos y lo pagaron con lo que tenía», ha afirmado durante el juicio en el que, en varias ocasiones, declaró que las cesiones se realizaron «a cambio de servicios» y que en ningún momento se aprovechó de los ancianos. «No me interesaba comprar las propiedades», ha dicho.
«NO SOMOS CRIMINALES»
Así, durante el juicio, se ha referido al caso concreto de una anciana que debía 4 meses de pago de la residencia y sus hijos «no hicieron frente al pago». Según ha relatado, llevaron a la anciana, que «quería pagar sus deudas», al notario donde se realizó un contrato vitalicio por el cual cedía sus bienes a cambio de que la cuidasen.
Asimismo, la acusada de quedarse con los bienes de los enfermos ha señalado que los ancianos vivían en el centro «como nunca antes lo habían hecho». «No somos criminales, aunque nos han puesto como eso», ha dicho antes de asegurar que «nunca echaría a un anciano a cambio de dinero».
La Fiscalía acusa al matrimonio y a su hijo de estafa continuada y pide para ellos una pena de 4 años y 9 meses de prisión, una indemnización para las familias de los ancianos de cerca de 200.000 euros y una multa de 1.800 euros. El juicio está previsto que se prolongue hasta el jueves.
El 16,8% de los pensionistas renuncia a alguno de sus medicamentos tras el nuevo copago
El nuevo sistema de copago farmacéutico que entró en vigor el pasado mes de julio obliga a los pensionistas a pagar por sus medicinas cuando antes las adquirían gratis, lo que ha hecho que hasta un 16,8 por ciento hayan renunciado a alguno de los medicamentos prescritos por su médico.
Así se desprende de los resultados de un estudio elaborado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que también ha mostrado como hasta un 58,29 por ciento de quienes consumían alguno de los más de 400 medicamentos que el Ministerio de Sanidad desfinanció en septiembre ya no los consumen.
El estudio, que se ha basado en 992 encuestas a pensionistas realizadas en diferentes centros de salud de la Comunidad de Madrid, ha analizado durante noviembre y diciembre el impacto del copago del 10 por ciento del precio de los medicamentos que ahora tiene que abonar este colectivo en las farmacias.
Esto ha hecho que de no pagar nada hayan pasado a gastarse una media de 11,18 euros mensuales, teniendo en cuenta los topes de 8 o 18 euros mensuales establecidos en función de la renta (8 euros para pensionistas con rentas inferiores a los 18.000 euros anuales y 18 para rentas superiores).
Esto ha propiciado que hasta un 16,87 por ciento de los pensionistas hayan dejado de utilizar alguno de los medicamentos prescritos, algo «más habitual en las personas con menos recursos», según ha explicado Marciano Sánchez Bayle, portavoz de FADSP.
De hecho, entre los pensionistas cuya renta por persona de la unidad familiar era inferior a 400 euros uno de cada cuatro (27,29%) renuncia a sus medicinas para no tener que pagarlas.
Asimismo, el estudio también revela como hasta el 60 por ciento de los pensionistas consumía uno o varios de los medicamentos excluidos de la financiación pública, de los que sólo un 41,6 por ciento los siguen utilizando, lo que les cuesta una media de 7,06 euros al mes.
Entre el 58,29 por ciento que ha dejado de usarlos, no obstante, no se especifica si estos pacientes han sustituido estos fármacos por otros sí financiados.
HAY CIUDADANOS QUE PAGAN UNOS FÁRMACOS Y OTROS NO
El estudio muestra además que hay un pequeño porcentaje de los pacientes que han dejado de tomar medicamentos «considerados de mayor utilidad terapéutica» por el copago que, en cambio, sí consumen medicamentos desfinanciados para síntomas menores.
Sánchez Bayle ha defendido que estos datos eran «esperables» y critica que el Ministerio de Sanidad hable de una reducción del gasto farmacéutico. «No se ha reducido realmente el gasto, sino que este se ha trasladado a los bolsillos de los pensionistas», ha censurado.
Además, el portavoz de la FADSP teme que el porcentaje de pacientes que renuncian a sus medicinas puede aumentar en los próximos meses a medida que se vayan implantando otros copagos, como los del transporte sanitario no urgente, las prótesis o los productos dietoterápicos, que «harán que muchos ciudadanos tengan que elegir pagar una cosa u otra».
«Esto tendrá efectos en su salud a largo plazo, ya que la suspensión de los tratamientos prescritos producirá un empeoramiento de las enfermedades de base, una descompensación de las mismas e incluso un aumento de la mortalidad», ha concluido.
Madrid acoge la celebración del Ateneo Gerontológico “Respuestas sociales, riesgos e innovación” organizado por entremayores
El director general del Imserso, César Antón Beltrán, inaugura el encuentro con la ponencia “Mayores, bienestar y políticas sociales”. Jesús Caldera, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Ideas, clausurará las jornadas con la conferencia “Dependencia, presente y futuro de la Ley”.
El grupo de comunicación entremayores organiza en Madrid su Ateneo Gerontológico, un foro de diálogo abierto a las personas mayores, sus cuidadores, políticos y los profesionales de los sectores sociosanitario y empresarial. El salón de actos de la Fundación Once (Calle Sebastián Herrera, 15. Madrid) acogerá, los próximos 12 y 13 de marzo, la celebración de este encuentro que, bajo el lema “Respuestas sociales, riesgos e innovación”, analizará los principales retos de la atención sociosanitaria, la actividad profesional, la planificación de los servicios, la innovación tecnológica, la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y la investigación en el ámbito gerontológico.
Entre los ponentes, destaca la presencia del director general del Imserso, César Antón Beltrán, que inaugurará el encuentro con la ponencia “Mayores, bienestar y políticas sociales”. La clausura correrá a cargo de Jesús Caldera, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Ideas, que analizará la “Dependencia, presente y futuro de la Ley”. El movimiento asociativo estará representado por José Luis Méler y de Ugarte, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma); Paca Tricio, gerente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP); y Vicente Sanz Fernández, presidente de la Confederación Nacional de Pensionistas y Jubilados de España (Conjupes), que abordarán la crisis en la atención gerontológica y las estrategias necesarias para garantizar la calidad de vida de este colectivo.
Asimismo, participarán en este encuentro algunos representantes del sector empresarial. Entre ellos, destaca la presencia de Jorge Guarner, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste); José Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED); y Javier Gómez, presidente de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (Amade), que analizarán, entre otras cuestiones, la gestión de centros y su marco normativo, la eficiencia y la calidad de los recursos sociosanitarios o los nuevos productos de atención y apoyo a las personas mayores.
Dado que el aforo es limitado, para acudir al encuentro es imprescindible realizar una suscripción previa que está disponible en la página web “www.entremayores.es”.
Para más información, concertar entrevistas, etcétera, disponen de los siguientes contactos de los responsables del evento:
D. Modesto Martínez Casas. Director y editor del grupo de comunicación entremayores. direccion@em-publicaciones.com
D. Miguel Ángel Vázquez Vázquez. Presidente del Comité Científico del Ateneo Gerontológico. mvazquez@uvigo.es
Nuevo recorte de 200 millones a la Ley de Dependencia
Esta reducción se une a la ya anunciada por el Ejecutivo en los PGE, en los que suprimió 283 millones que recibían las comunidades autónomas.
El Gobierno ha rebajado en un 13% el llamado nivel mínimo, el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad, de forma que las regiones recibirán 200 millones de euros menos para atender a los dependientes con respecto al año pasado, según recoge este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este recorte se une al ya anunciado por el Ejecutivo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los que suprimió los 283 millones de euros que recibían las comunidades autónomas para aumentar la protección de los beneficiarios del Sistema de Dependencia.
Del mismo modo, se reduce en un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares, dejando libertad a las comunidades autónomas para agudizar esta reducción.
La reforma también modifica las condiciones de retroactividad en el cobro de prestaciones. El dependiente sólo podrá reclamar los pagos atrasados de la prestación a la que tenga derecho si la Administración ha tardado más de dos años en empezar a pagarle. Pero las comunidades autónomas tendrán un plazo de ocho años para pagar a los beneficiarios los efectos retroactivos.
En cuanto a la organización en sí del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia (de seis niveles pasa a tres grados) y se pospone a 2015 la incorporación de nuevos usuarios de Grado 1, es decir, dependientes moderados, con el objetivo de «agilizar la entrada de los grandes dependientes».
Elimina las cotizaciones a los cuidadores no profesionales
Además, el decreto confirma que el Ejecutivo suspenderá el 31 de agosto las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba a aquellos familiares que cuidaban de un dependiente en casa.
Así, a partir del 1 de septiembre el cuidador contará con una bonificación del 10%, siendo a cargo de la Administración General del Estado el 5% del total de la cuota, y el 85% restante a cargo del cuidador no profesional.
Y en enero de 2013, el cuidador no profesional deberá hacerse cargo del 100% de las cotizaciones sociales.
Centros de dependientes valencianos exigen al Consell el pago de 50 millones
La patronal del sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana, Aerte, pedirá al vicepresidente del Consell, José Císcar, un calendario de pagos para las empresas del sector en el encuentro que mantendrán este próximo miércoles. El objetivo de la reunión es “lograr un plan objetivo que permita resolver los pagos aún pendientes, casi 50 millones de euros correspondientes a 2012 y la deuda acumulada durante los dos primeros meses de 2013”.
En el caso de la provincia de Castellón, Aerte representa a 30 centros y residencias de mayores, a los que el Consell todavía adeuda ocho millones de euros. En este sentido, la patronal recalca que la situación económica por la que atraviesan sus empresas asociadas es “insostenible” y algunas de ellas “todavía no han cobrado nada durante el año 2012, otras empresas cuentan con partidas de pago de años anteriores aún pendientes de pago y hay empresas con facturas sin pagar correspondientes de 2011”.
Para los centros y residencias de mayores y dependientes resulta esencial que esta deuda pendiente “pueda incorporarse a la relación de pagos que se prevé puedan activarse durante la próxima semana, así como establecer un calendario de pagos efectivo para este año, con el fin de evitar un incremento de la deuda que termine generando un círculo vicioso”.
PLAZAS CONCERTADAS // Asimismo, considera “imprescindible” una regulación para limitar las plazas concertadas en los centros privados, equivalente a dos tercios de sus plazas autorizadas, y un reconocimiento de las plazas de bono -sistema de concertación de plazas válido desde hace 20 años de la Comunitat- en la red de plazas públicas.
A este respecto, la patronal propondrá medidas que, sin incrementar los costes a la Administración, permitan reducir la lista de espera de dependientes, que en la actualidad roza las 11.000 personas. En un primero momento, se planteará establecer alrededor de 1.000 nuevas plazas, así como la cobertura de las bajas producidas en los últimos meses, lo que, según los cálculos de Aerte, “generaría un mínimo de 500 puestos de trabajo”.
Cabe señalar que este sector genera en la provincia de Castellón unos 3.000 puestos, entre empleos directos e indirectos.
El Síndic exige a Bienestar Social dotar de presupuesto al servicio de teleasistencia
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Consell para reclamarle que «unifique» los criterios de las diferentes administraciones públicas en la prestación del programa de teleasistencia domiciliaria. Asimismo, ha exigido a la Conselleria de Bienestar Social que dote de presupuesto un servicio que considera «imprescindible» por la «gran importancia» que tiene «tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, en atención a personas mayores y otros colectivos desfavorecidos».El Servei Català de la Salut emite una nueva tarjeta sanitaria para pacientes que necesitan una atención especial
A lo largo del mes de enero, el Servei Català de la Salut ha empezado a tramitar una nueva tarjeta sanitaria que identifica a aquellas personas que por sus características clínicas necesitan un conjunto de actuaciones diferenciadas en su relación con los profesionales y los servicios sanitarios.
La nueva tarjeta sanitaria es un elemento identificador que facilita una atención más personalizada porque identifica a las personas que pertenecen a colectivos con enfermedades que comportan limitaciones relacionales, las cuales por sus características clínicas específicas necesitan un conjunto de actuaciones diferenciadas y el acompañamiento de un cuidador en sus contactos asistenciales.
La tarjeta Cuida’m no conlleva ninguna modificación en relación con el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria a cargo del CatSalut, ni con respecto al nivel de cobertura; es decir, no otorga ningún derecho adicional pero permite una atención más accesible y adaptada a las necesidades de ciertos colectivos.
Las características clínicas específicas comportan al necesitado de atención específica, de acuerdo con un determinado nivel de capacidad y de dependencia, que se asocia a un diagnóstico principal.
La solicitud de la nueva tarjeta Cuida’m tiene que hacerla el médico del paciente, el cual la solicita ya sea a petición propia o de su representante o tutor. En todo caso, siempre se tendrá en cuenta la opinión del médico. Una vez llevada a cabo la solicitud, el CatSalut hará la tramitación y la entregará al paciente o tutor.
La prueba piloto se implanta en diferentes centros de la red de utilización pública de las localidades de Cornellà de Llobregat, Manresa y el Maresme Central.
De acuerdo con el correspondiente procedimiento establecido por el CatSalut, pueden disponer inicialmente de la tarjeta las personas con demencias (con un nivel de afectación cognitivo moderado), discapacidad intelectual grave o profunda, discapacidad intelectual leve o moderada con trastornos de conducta, trastornos del espectro autista y daño cerebral.
Guía para el lado cotidiano del Alzheimer
Las personas que sufren una patología relacionada con algún tipo de pérdida de memoria, como son, por ejemplo, las que padecen laenfermedad de Alzheimer, pueden estar perfectamente bajo control en una residencia de la tercerda edad, en un centro de día o junto a un cuidador profesional, pues ese personal especializado y formado conoce al dedillo cómo actuar en cada momento.
Pero, ¿qué ocurre cuando una persona con Alzheimer pasa muchas horas en casa? ¿Están verdaderamente preparados los familiares para saber qué hacer con su ser querido con tal enfermedad? ¿Saben qué pasos seguir o cómo mantener a esa persona satisfechamente ocupada para que la situación no se venga abajo?
La psicóloga Sara Aguado ha diseñado una novedosa guía a seguir encaminada única y exclusivamente a la actividad cotidiana de las personas que se encuentran en los primeros estadios de Alzheimer, una parte de la vida «que está más olvidada», apunta la propia Aguado.
El producto principal es una agenda, «lo más sencilla posible para que la puedan manejar ellos solos», dirigida a que estas personas, tras una serie de pautas, puedan apuntar ellas mismas las actividades que deben hacer durante el día, «que puedan reconocerse su letra» y organizarse por su cuenta para «fomentar su autonomía» y que el familiar pueda vivir un día a día más tranquilo. Será un cuaderno estructurado de tal forma «que no aparezca mucha letra en cada página». Prácticamente, «papel y lápiz». Las pautas, las ideas aplicadas a la realidad, es lo que cuenta, realmente.
Junto a ella, trabajan en el proyecto Íñigo Álvarez y Luis Gómez, que, con su empresa, Crearemás, se encargarán de desarrollar una plataforma informática de apoyo al proyecto, además de grabar un cd que será un ‘libro de instrucciones’ digital.
Bienestar Social señala que las ayudas a domicilio «han bajado en toda Gipuzkoa»
La delegada de Bienestar Social en el Ayuntamiento, Maite Cruzado, se ha pronunciado sobre las protestas de los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio, que denuncian «que las horas solicitadas por los mayores se han reducido a la mitad porque tras una revisión, después de mucho tiempo, hay mayores a los que el precio por hora les ha subido de 6 euros a 18».Los colectivos de pensionistas gijoneses, «defraudados» con Bienestar Social
«Esperemos que no, pero dada la postura que mantiene la concejala de Bienestar Social con los jubilados de La Camocha igual tenemos que cerrar las puertas». Ovidio González, presidente de la Asociación de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados «El Costeru» de La Camocha, ve «muy negro» el futuro del colectivo ante la falta de apoyo del Ayuntamiento, tal y cómo expresó en la última asamblea a sus socios. «No hay recursos económicos y tampoco explicaciones desde Servicios Sociales», critica González, para quien Eva Illán, edil de Bienestar Social, «no cumple con ninguno de sus compromisos».
Según asegura Ovidio González, el Ayuntamiento se había comprometido a convocar en diciembre el Consejo Local de Personas Mayores, donde él representa a las asociaciones de mayores junto a su homólogo del hogar de pensionistas El Descanso, de El Coto, así como a reunir a todos los presidentes de estas asociaciones para orientarles acerca de la cuantía de las subvenciones para este año, la documentación para pedirlas así como la fecha para la firma del nuevo convenio. «No sabemos nada de nada, a excepción del tema de las aulas para mayores», lamenta González.
Una incertidumbre que le hace poner en duda la continuidad de «El Costeru». «Sería una gran pena tener que cerrar después de diez años de trabajo», señala. En la asamblea ordinaria presentó a los socios del colectivo el programa de actividades para 2013 pese a «estar en el aire» si pueden realizarlo al no conocer las ayudas que recibirán. «Estamos muy preocupados y decepcionados con el Ayuntamiento», sentencia.
Una visión que comparte Constantino García, presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Santa Bárbara. «No nos llama nadie. Nadie nos dice nada ni sabemos nada del convenio de este año. Desde que entró esta Corporación todo es diferente para mal. No sabemos si nos van a quitar o nos van a dar más», indica antes de agregar que «los veo algo reacios o raros con estas asociaciones».
Enrique Domínguez, presidente del hogar de pensionistas El Descanso, de El Coto, y representante en el Consejo Local de Personas Mayores, también se siente «un poco defraudado» con el Ayuntamiento porque «dicen una cosa y luego no la cumplen». Aunque «es en general algo de todos los políticos, hay muchos recortes», matiza, antes de agregar que «eso de todo gratis para nuestros socios se ha terminado». Bajo su punto de vista, «hay que darle un poco más de tiempo» al gobierno local, algo en lo que coincide con José Luis Vázquez, presidente del hogar de Contrueces, quien todavía da «un voto de confianza» a la concejala de Bienestar Social.
Mato niega que se haya eliminado la teleasistencia y PSOE le dice que hay afectados «con nombre y apellidos»
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha negado en el Pleno del Senado que su departamento haya eliminado el servicio de teleasistencia a personas mayores y con discapacidad y el PSOE le ha reprochado que hay afectados «con nombres y apellidos».
Mato ha indicado al senador socialista Andrés Tovar que éste y otros servicios se estaban prestando «por dos o por tres administraciones a la vez» y que el objetivo del Gobierno ahora es resolver «con claridad» a qué ventanilla tienen que dirigirse los beneficiarios para que no se «vuelvan locos».
Asimismo, ha señalado que la teleasistencia es una prestación que se incluye en el catálogo del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), que, según ha afirmado, «se va a seguir ofreciendo». «Ahora pretendemos que sea una sola administración la que se haga cargo», ha apostillado.
El senador socialista le ha reprochado que el ministerio haya decidido de forma «unilateral» su aportación al convenio con la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el cual, a través de ayuntamientos y diputaciones, llegaba el servicio de teleasistencia a las personas que viven solas y corren un grave peligro de accidente o enfermedad.
«RESUELVA ESTE PROBLEMA ANTES DE QUE LA CESEN»
Tovar ha asegurado a Mato que le puede dar «nombres y apellidas de personas en listas de espera sin estar atendidas por estos servicios de teleasistencia», y ha pedido a la ministra que se entere de «cuál es la situación real» porque, a su juicio, este servicio es «fundamental para la seguridad de las personas y salva vidas humanas».
«Sabemos que tiene serias dificultades para enterarse de los problemas de los ciudadanos, e incluso de algunos que usted tiene cerca», ha indicado el senador, en referencia a las informaciones relativas al ‘caso Gürtel’. «Antes de que la cesen le pido que resuelva este problema porque se lo agradecerán los alcaldes y las familias», ha concluido.
Consumir suplementos de omega-3 podría ayudar a prevenir la demencia
Investigadores de la Universidad de Navarra han destacado que el consumo de un complemento alimenticio rico en omega-3 podría ayudar a prevenir la aparición de demencia. Según estos expertos, el número de afectados se duplicará cada 20 años hasta superar los 80 millones en 2040.
Estos investigadores, según ha destacado la Universidad de Navarra en una nota, llevan a cabo un estudio cuyo objetivo es evaluar el consumo de un complemento alimenticio rico en ácidos grasos omega-3 como factor protector frente al desarrollo de demencia.
Científicos del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública del centro académico han afirmado que «podría resultar una medida preventiva de alta efectividad y aceptabilidad frente a la aparición o retraso de esta enfermedad en pacientes institucionalizados de edad avanzada con deterioro cognitivo leve».
Los expertos han indicado que más de 24 millones de personas en el mundo padecen demencia, cifra que previsiblemente se duplicará cada 20 años hasta superar los 80 millones en el año 2040. Una de las responsables del trabajo, Maira Bes-Rastrollo, ha resaltado que «la ausencia de tratamientos curativos hace que las estrategias de prevención para el desarrollo de demencia tengan una especial importancia en el campo de la salud pública».
Además de esta investigadora, quien ha recibido para este trabajo una beca de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, participan en el estudio el profesor Miguel Ruiz-Canela y el doctorando Joaquín Baleztena; la estudiante de la Facultad de Medicina Irene Aguirre; así como las farmacéuticas María Carmen Castellanos y María Jesús Gozalo; los médicos María Pardo e Inmaculada Irisarri; y la psicóloga Itziar Vergara, entre otros colaboradores de las residencias AMMA de Navarra.
EVALUACIÓN SOBRE EL ESTADO COGNITIVO
Maira Bes-Rastrollo ha explicado que todavía no se ha realizado ningún ensayo aleatorizado de prevención primaria en este tipo de pacientes de edad tan avanzada. «Actualmente, nos encontramos en la fase de reclutamiento de los participantes y en la evaluación basal de los mismos», ha precisado.
De este modo, para llevar a cabo la investigación se seleccionarán dos grupos: uno de intervención, al que se le pautará tres veces al día la toma de un suplemento alimenticio rico en ácidos grasos omega-3; y un grupo control, al que se le administrará un placebo.
En ambos grupos se realizará una evaluación al inicio del estudio y otra al año, sobre su estado cognitivo y funcional, utilizando diversas escalas que permitan conocer si ha habido alguna mejora a lo largo de ese tiempo. La metodología empleada para ello incluye: el Mini Examen Cognitivo de Lobo, el cuestionario de actividad funcional de Pfeiffer (SPMSQ), un test de fluencia verbal y el Test del Reloj.
La Diputación aprueba 15 millones para atender el servicio de ayuda a domicilio a más de 2.200 malagueños
La junta de gobierno de la Diputación de Málaga, celebrada este martes, ha aprobado la renovación de los servicios de ayuda a domicilio para 2013 que gestiona el Área de Derechos Sociales, dirigida por la vicepresidenta tercera, Ana Mata, por lo que se liberan unos 15 millones de euros para atender a 2.226 personas.
Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno provincial, Francisco Salado, quien ha añadido que dentro del primer grupo se realizarán 1.070.520 horas de trabajo a través de la empresa Clece, que tiene como adjudicado el servicio por parte del ente supramunicipal. Se trata, en todos los casos, de personas que ya recibían esta ayuda en 2012 mediante los Programas Individuales de Atención (PIA).
El coste del servicio en el primer semestre del año ascenderá a 6.554.463 euros y para los últimos seis meses la cifra será, «probablemente» superior, «ya que a lo largo del año se incorporarán nuevos beneficiarios».
Por este motivo, el presupuesto general de ayuda a domicilio de la Diputación para 2013 es de 23.250.000 euros, ya que existe una provisión que permitirá atender posibles nuevas altas.
En este sentido, Salado ha puntualizado que las aprobaciones son semestrales y no anuales porque las resoluciones de la Junta de Andalucía, «que es la instancia competente para aprobar las atenciones a dependientes según la ley», se realizan con el mismo plazo. Salado ha remarcado el compromiso del organismo con los derechos sociales «en contraposición a los recortes del gobierno regional».
Servicios sociales comunitarios
En el segundo caso, la Diputación ofrece atención a 573 no dependientes a través de sus Servicios Sociales Comunitarios por un montante total de 2.014.717 euros y una bolsa de horas de 169.932. La empresa Clece es la encargada de la prestación de estas ayudas, «con las que la institución mantiene un apoyo continuo a las personas más necesitadas de los municipios menores de 20.000 habitantes», ha dicho Salado.
Así, el portavoz ha recordado que las cuentas de este año tienen, en relación con las de 2012, dos características principales: aumentan las inversiones y el gasto social.
Conservación de carreteras por valor de 960.000 EUROS
También se ha dado luz verde a los programas de conservación de carreteras en la red viaria provincial, integrada por más de 860 kilómetros entre las cuatro zonas delimitadas —Axarquía, Antequera-Norte, Guadalhorce y Ronda—.
En este sentido, Salado ha informado de que el coste de cada uno de los proyectos asciende a 240.000 euros, por lo que la inversión total para todo el año será de 960.000 euros.
Por otra parte, la junta de gobierno ha dado el visto bueno a la contratación de 92 personas en el marco del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), antiguo PER, por un importe total de 537.664 euros.
Los proyectos adscritos a este programa son la ampliación de los vestuarios en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Cártama; la adecuación de accesos y revestimientos en el Centro de Estudios de Folclore Malagueño de Benagalbón, y la reforma del centro social de Fuente de Piedra.
1.300 mayores madrileños se forman en Internet y redes sociales
Fundación Updea y Fundación Vodafone España pondrán en marcha en nueve municipios madrileños, cursos de formación gratuitos dirigidos a personas mayores, sobre el uso de Internet y las redes sociales. Con este nuevo proyecto, ambas instituciones quieren formar a 1.300 mayores residentes en alguno de los nueve ayuntamientos que colaboran, mediante la cesión de los espacios necesarios, habilitados con conexión a Internet y equipos informáticos, además de coordinando las inscripciones. Estos ayuntamientos son Alcobendas, Alcorcón, Daganzo, Hoyo de Manzanares, Navalcarnero, Pozuelo, San Sebastián de los Reyes y Valdemoro.
El 12 de febrero comienzan a impartirse los cursos cuyo objetivo principal es que los mayores de 50 años descubran los múltiples usos de Internet, y cómo su uso puede facilitar la vida cotidiana e incrementar sus posibilidades de ocio y comunicación.
El formato de los talleres es presencial, con una duración de 18 horas. Se ofrecen dos niveles: uso básico de internet y el innovador curso de Comunicación y Redes Sociales, cada vez más demandado por los mayores.
Ambas instituciones vienes colaborando en la puesta en marcha de diferentes cursos de formación, para acercar las TIC a los mayores madrileños, desde octubre de 2011, cuando se inició el proyecto “Usos de Internet para la Vida cotidiana”. Desde entonces, más de 140 cursos y de 30 conferencias interactivas se han impartido en centros de mayores y bibliotecas de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, Alcorcón, Pozuelo de Alarcón y Alcobendas, llegando a más de 2400 beneficiarios.
Los senior madrileños y las nuevas tecnologías
Según el informe de Fundación Vodafone España “TIC y mayores, conectados al futuro”, sobre el uso que nuestros mayores hacen de las TIC, las personas con edades comprendidas entre los 56 y 70 años en la Comunidad Madrid, se sitúan muy por encima de la media nacional en el uso de la telefonía móvil e Internet y en el uso de la e-administración y lo hacen ligeramente en el uso de las redes sociales. Este estudio forma parte del observatorio permanente que la Fundación Vodafone lleva a cabo, con el objetivo de identificar las necesidades de este segmento de población ante las TIC, y poder compartir con el resto de implicados los resultados obtenidos.
El estudio pone de manifiesto que la utilización del teléfono móvil en la Comunidad de Madrid se sitúa en el 96,1%, frente al 91,1% del conjunto nacional lo que permite hablar de universalización de uso de la telefonía móvil.
En cuanto a Internet se refiere, para los madrileños con edades comprendidas entre los 56 y los 70 años, el porcentaje de usuarios se sitúa nuevamente por encima del resto de españoles con un 53,5% frente al 42,7%. Estos datos suponen una buena noticia para los madrileños y demuestra el interés y el esfuerzo realizado por las administraciones y diversas empresas, instituciones y asociaciones para que nadie quede fuera de la era digital.
Por su parte, en la Comunidad de Madrid se usan las redes sociales ligeramente por encima del promedio del país, siendo los más jóvenes, los de 56 a 60 años del segmento de edad analizado, los que más las usan.
Y por último, según el citado informe, en cuanto a la utilización de la e-administración, el total de usuarios en la Comunidad de Madrid de la e-administración es superior al del conjunto del país en casi 16 puntos porcentuales (76,5% frente a 60,94%).
Ambas entidades
La Fundación Updea es una institución privada sin ánimo de lucro fundada en 1.999. Su finalidad es contribuir a impulsar y favorecer el desarrollo personal a través de la educación continua (Lifelong Learning) especialmente dirigida a las personas mayores.
Por su parte, la Fundación Vodafone España contribuye al impulso de la innovación y la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación para mejorar la calidad de vida de las personas y, especialmente, facilitar la integración social de colectivos vulnerables.
Entra en vigor el decreto que incluye la teleasistencia entre los servicios a retribuir mediante precio público
Este miércoles, día 20 de febrero, entrará oficialmente en vigor el Decreto que incluye el servicio de teleasistencia entre los que se retribuyen mediante el sistema de precio público.
La nueva regulación modifica el Decreto de junio de 2012 por el que se regulan los precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a la atención a personas en situación de dependencia.
Dicho decreto contemplaba, como prestaciones y servicios para personas mayores y personas con discapacidad a retribuir mediante precio público, el servicio de ayuda a domicilio; el de comida a domicilio, y el de transporte adaptado desde el domicilio habitual a los Centros de Día/Noche, de empleo y ocupacionales.
Según explica el nuevo decreto, consultado por Europa Press, entre los servicios que se incluían en el ámbito de aplicación de esta norma jurídica no figuraba el servicio de teleasistencia, que sí forma parte del Catálogo de Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Y ello porque la Ley de Cantabria de Derechos y Servicios Sociales de marzo de 2007 lo configuraba como servicio garantizado y gratuito para las personas que tengan reconocida la situación de dependencia según los términos establecidos en la legislación estatal en esta materia.
Sin embargo, con posterioridad, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha configurado el sistema retributivo de los servicios del SAAD, incluyéndolo en el Acuerdo para la mejora del Sistema.
Dicho acuerdo contempla el servicio de teleasistencia como servicio retribuido, posibilidad que recientemente se ha habilitado en la Comunidad Autónoma de Cantabria por la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que ha modificado la de Derechos y Servicios Sociales del año 2007.
Por ello se modifica el Decreto de junio de 2012 por el que se regulan los precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a la atención a personas en situación de dependencia, al objeto de incluir el servicio de teleasistencia entre los que se retribuyen mediante el sistema de precio público.
Se trata de un servicio que, mediante un sistema bidireccional de comunicación ininterrumpida, permite a las personas mantener contacto, a través de diferentes medios tecnológicos, con un centro de atención capaz de prestar una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento, y al centro de comunicación atender y conocer el estado de la persona usuaria.
RESERVA DE PLAZA
El nuevo decreto también reduce el periodo máximo permitido para el disfrute de días de vacaciones de los usuarios de centros de servicios sociales, con el fin de «garantizar una adecuada utilización de los recursos públicos asignados».
Así, en los casos de vacaciones, la reserva de plaza tendrá una duración máxima de 45 días por año natural, frente a los 60 establecidos en el anterior decreto. En caso de superarse este período, el usuario abonará el precio de la plaza en su totalidad.
La reserva de plaza se produce únicamente por ausencia temporal del usuario motivada por hospitalización o vacaciones, debiendo computarse desde el primer día en que se produzca.
Finalmente se aclara el contenido de la Disposición Adicional Primera, relativa al ámbito de aplicación de la norma, estableciendo que los precios públicos determinados en el Decreto serán aplicables a las personas mayores o con discapacidad que, aunque no tengan derecho a la protección del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, sean usuarias de los centros y servicios regulados en el mismo, por haberle asignado dicho recurso el Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
Los usuarios que no tengan reconocida la situación de dependencia abonarán los precios públicos en la cuantía que se establezca para las personas en situación de dependencia moderada.
Más de 1.000 salmantinos hacen uso del servicio municipal de Ayuda a Domicilio
Más de 1.000 ciudadanos han hecho uso durante el último año y «sin lista de espera» del servicio de Ayuda a Domicilio que presta el Ayuntamiento de Salamanca, según ha informado la delegada del área de Familia e Igualdad de Oportunidades, Cristina Klimowitz.
De los 1.087 usuarios que estaban dados de alta a 31 de diciembre de 2012, 259 tenían la calificación de dependiente y los 828 restantes carecían de este certificado.
La edil ha destacado que el usuario tipo de Ayuda a Domicilio es mujer con una edad media de 82 años. En concreto, ha detallado que el 53,82 por ciento de los usuarios tiene entre 80 y 90 años; el 20,61por ciento, entre 65 y 80 años; el 18,03 por ciento, más del 90; y el 7,54 por ciento restante, menos de 65 años. En relación al sexo, el 80 por ciento de los usuarios es mujer y el 20 por ciento restante es hombre.
Cristina Klimowitz ha informado también de la distribución según la zona de acción social de las personas en alta en el en el servicio de Ayuda a Domicilio. El 22 por ciento de las altas se han gestionado a través del Centro de Acción Social de El Rollo; el 15,82 por ciento de Garrido Norte; el 14,81 de San Bernardo; el 12,88 de Pizarrales; el 11,22 de Garrido Sur; el 10,58 de San José; el 7,36 de Centro; y el 5,24 de Buenos Aires.
Este servicio tiene un presupuesto en 2013 de 3.663.000 euros, de los que el Ayuntamiento de Salamanca aporta unos 800.000, y el resto se suman de las aportaciones de los usuarios y de la Junta de Castilla y León.
HORARIOS
La edil ha indicado que el Ayuntamiento de Salamanca, tras la modificación de la Ley de la Dependencia para la mejora del sistema y su sostenibilidad aplicada desde el pasado 1 de octubre, adaptó las nuevas intensidades horarias «en el sentido más favorable para los usuarios», llegando al máximo de horas permitidas.
En este sentido, ha explicado que las personas calificadas como dependientes recibieron en 2012 una media de 42 horas al mes, 25 minutos menos al día respecto al año anterior, y las no dependientes 14 horas, una hora menos al mes.
Otro de los aspectos que ha destacado Cristina Klimowitz ha sido la «alta satisfacción» de los usuarios, como corrobora que la permanencia en el servicio supera cinco años y medio.
BENEFICIARIOS Y TRABAJADORES
El 22,53 por ciento de los usuarios, según ha apostillado la concejala, se beneficia gratuitamente de este servicio al no llegar a los ingresos mínimos establecidos en la Ordenanza y el resto paga dependiendo de su capacidad económica.
Además de estos datos, de los que ha informado también al Grupo Municipal Socialista en la Comisión de Bienestar Social, la concejal ha recordado que el Ayuntamiento de Salamanca, la empresa y los sindicatos CC.OO y UGT suscribieron en septiembre del pasado año un acuerdo para «blindar» los 181 empleos vinculados al servicio de Ayuda a Domicilio al estar «obligado» a aplicar a partir del 1 de octubre las modificaciones aprobadas en Ley de la Dependencia para «la mejora del sistema y su sostenibilidad».
Finalmente, Klimowitz ha indicado que a Ayuda a Domicilio se suman Teleasistencia y Comida a Domicilio como servicios en el entorno del hogar para personas dependientes.
Ninguna empresa puja por la gestión de la residencia de Navaleno
La Diputación de Soria recibió ofertas para la adjudicación de la gestión de tres de las cuatro residencias públicas que actualmente gestionan y que se ubican en Ágreda, El Burgo de Osma, Navaleno y El Royo. En concreto quedó desierto el pliego de la residencia de Navaleno.
Para la residencia de Los Milagros de Ágreda se presentaron dos ofertas: Sar Residencial y Asistencial S.A.U y Clece S.A; para la residencia San José de El Burgo de Osma se presentó Cecle S.A y para Nuestra Señora de las Mercedes de El Royo otras dos Clece S.A y Aralia Servicios Sociosanitarios S.A, según informa Ical.
En los próximos días, la Diputación de Soria procederá a la apertura de las ofertas que serán estudiadas y analizadas por los servicios técnicos para su posterior resolución, indicó la institución. El pasado viernes 15 de febrero a las 14.00 horas concluyó el plazo para presentar las propuesta por parte de las empresas interesadas a cada uno de los pliegos correspondientes a cada centro asistencial.
Sánchez Zaplana considera «necesaria» la colaboración entre Generalitat y las entidades del sector de la discapacidad
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha considerado este lunes «necesaria» la colaboración entre la Generalitat y las entidades representativas del sector de la discapacidad en la Comunitat Valenciana, según ha informado en un comunicado el Gobierno autonómico.
Sánchez Zaplana ha realizado estas declaraciones durante su presencia en Petrer (Alicante), donde ha visitado el Centro de Atención Integral (CAI) para grandes dependientes, «un recurso que es ejemplo de trabajo conjunto entre las administraciones central, autonómica, provincial y local, las obras sociales de Caja Madrid e Ibercaja, y gestionado por la Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría».
En el mismo sentido, ha recordado que el Consell invirtió 2,5 millones de euros para su construcción y puesta en marcha, y destinó otros 400.000 al mantenimiento de sus plazas en 2012. «El CAI de Cocemfe Alicante responde a las demandas trasladadas por la entidad a Conselleria y, además, se ha constituido como un centro de referencia nacional por su accesibilidad y diseño, domótica y control del entorno», ha agregado.
El recinto tiene una capacidad para 40 personas en régimen residencial y para 30 en centro de día. Es un recurso de alojamiento especializado y dirigido a personas con discapacidad física u orgánica de gran dependencia, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años.
La Generalitat ha indicado que la Comunitat dispone en la actualidad de 10.733 plazas residenciales y diurnas en 295 centros de diferentes tipologías, destinados a personas con discapacidad. De ese total de puestos, el 86,8 por ciento son financiadas por el Ejecutivo valenciano.
AUMENTO DE LOS RECURSOS
Sánchez Zaplana ha subrayado que en los últimos cinco años «han aumentado en un 33 por ciento los recursos dirigidos» a este colectivo, y ha enfatizado que «desde los distintos departamentos del Consell se están volcando todos los esfuerzos para atender las necesidades» de estas personas.
Así, ha recalcado que se preservarán los equipamientos disponibles y se hará «un uso eficiente» de los mismos, «trabajando de forma coordinada y transversal entre los servicios de discapacidad y los de asistencia sanitaria».
Durante su visita a las instalaciones de Petrer, ha expresado su felicitación a Cocemfe por la labor que desarrolla, «haciendo valer los derechos y trasladando las demandas» de este colectivo. Además, ha resaltado la profesionalidad del personal del centro, «por el magnífico trabajo que realizan día a día en la atención que ofrecen a quienes acuden a ellos».