Dependencia
La Ley de Dependencia se paraliza en Andalucía
Acceder a la Ley de Dependencia requiere actualmente una espera media de un año y medio. Un tiempo que muchos ancianos de la capital no tienen, inmersos en las garras de la senectud. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ya advirtió de lo preocupante de esta situación que calificó como «insostenible».
Paralizados como están los trámites por parte de la Junta de Andalucía, la Ley de Dependencia mantiene a 2.161 personas en Granada a la espera de que la administración autonómica retome la actividad. Por partes. En el primer estadío de la ley, (solicitudes que se presentan al Ayuntamiento para someterse a una primera valoración), se presentaron en 2012 un total de 1.475 solicitudes de las cuales están sin valorar 1.342. En la segunda fase la Junta pasa el expediente al Ayuntamiento para que haga los Planes Individuales de Atención (PIA) y luego los vuelvan a remitir. Pues bien, el año pasado se mandaron a la Junta 937 PIAS, de los que están en espera 468.
En cuanto al tercer escalón (el de las revisiones) el Ayuntamiento mandó 422 expedientes y quedan por valorar 351. En total 2.161 expedientes que aguardan a que la Junta agilice el trabajo y empiece a descongestionar las solicitudes. Claro que muchas de las situaciones que llegan a diario al Ayuntamiento son tan perentorias que no pueden esperar. ¿Qué hacer entonces? El Ayuntamiento ha optado por atender a estas personas a través de su programa de ayuda a domicilio y de comidas, mediante el cual los profesionales acuden al domicilio de estas personas para ayudarles a asearle, vestirse, acostarse, darles de comer o controlar sus tratamientos médicos. Les ayudan a hacer la comida, a lavar la ropa, planchar y limpiar.
El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, reconoció ayer que el servicio municipal está desbordado. Actualmente dan servicio a través de este programa a 1.439 personas, de las cuales unas 400 deberían estar atendidas mediante la Ley de Dependencia. «Hemos aumentado este año el presupuesto del programa en un 10%, de 3.582.000 euros en 2012 a 3.952.000 euros para 2013, pero si la Junta desbloqueara la Ley de Dependencia, podríamos utilizar estos recursos para atender a más personas», lamenta el concejal de Bienestar Social.
La demanda es tan alta que el servicio municipal tiene incluso una lista de espera de unas 400 personas que aguardan pacientes para recibir ayuda de los profesionales. La Ley de la Dependencia se implantó en el año 2007. Fue la decisión más alabada del gobierno socialista de la Nación, puesto que daba solución a un clamor ciudadano que por fin encontraba respuesta en la llamada Ley de la Dependencia. Pero llegó el parón.
Según Fernando Egea, la Junta de Andalucía ha justificado esta inactividad frente al Defensor del Pueblo alegando que tienen que adaptar el reglamento a la nueva ley y que están adaptando los programas informáticos nuevos, aunque a nadie se le escapa que el dinero o, mejor dicho la ausencia de él, está detrás de esta paralización.
«La Junta no puede dejar de dar este servicio. El Ayuntamiento no tiene medios, pero estamos intentando atender a todas las personas que llegan con necesidades muy primarias por cubrir», apunta el concejal de Bienestar Social.
Hasta ahora los expedientes de la Ley de Dependencia venían solventándose en unos 9 meses. «Ahora mismo ya estamos hablando de años de retraso», lamentaba Fernando Egea.
Uno de cada tres aragoneses con derecho Ley Dependencia está a la espera
Uno de cada tres aragoneses con derecho reconocido a recibir atenciones o servicios de la Ley de Dependencia, lo que hace un total de 9.521 personas, se encuentran a la espera de que se haga efectivo dicho reconocimiento.Becerril recomienda a Madrid que también contacte por escrito a solicitantes del servicio de Dependencia
La Oficina del Defensor del Pueblo ha recomendado a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid que, como prevé la Ley, cuando no sea posible contactar telefónicamente con el interesado en un plazo razonable, remita una notificación por escrito.
Según publica la revista el Defensor al Día, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a la comunidad que incluya en los expedientes de valoración de dependencia los medios utilizados para agilizar su tramitación.
Esta resolución se produce después de que una ciudadana se quejara del retraso a la hora de evaluar la situación de dependencia de un familiar que necesitaba un ingreso urgente en un centro especializado.
Así, explica que a lo largo de la investigación, se solicitó un informe a la Consejería de Asuntos Sociales de Madrid, que justificó la demora en que la interesada no había contestado a 24 llamadas realizadas a lo largo de 10 meses.
No obstante, y según explicaba la ciudadana en su queja, al tener conocimiento de que le estaban llamando a un número que ya no usaba, remitió el correcto por escrito a través de un registro oficial, dado que se le indicó que era la única forma para que el referido dato quedara incorporado al expediente.
En opinión de la Institución, la concertación de citas y de otras actuaciones mediante gestión telefónica es una buena práctica que sirve para agilizar los expedientes pero no puede ser la única vía de comunicación. «De hecho, no dejan constancia de que los intentos de comunicación se han producido efectivamente, ni tampoco de su objeto y ni de que han sido correctamente recibidos», añade.
En este sentido, señala que cuando se producen incidencias como la señalada, el expediente se paraliza, lo que aumenta la demora hasta la resolución que en este tipo de asunto es bastante elevada, con el consiguiente perjuicio para los interesados.
No obstante, señala que la investigación no ha concluido con esta recomendación y que la oficina del Defensor del Pueblo ha solicitado a la Comunidad de Madrid que siga informando sobre los avances que se produzcan en el expediente que motivó la queja.
Aerte recuerda a la Generalitat que aún le debe casi 50 millones de 2013
La patronal de la dependencia de la Comunitat Aerte, ha reconocido positivamente el pago de aproximadamente 6 millones que Bienestar Social ha activado estos días, matizando que se trata de una solución temporal y que no alcanza, nuevamente, a la totallidad del sector.
El dinero abonado solo representa un 10% de una deuda pendiente que crece cada mes. «No conviene olvidar que a los cerca de 50 millones de deuda pendiente del año 2012, hay que empezar a sumar los importes acumulados correspondientes al año 2013», señala Aerte en un comunicado.
Aerte ha manifestado su «agradecimiento a Bienestar Social por el esfuerzo realizado pues ha permitido resolver situaciones apremiantes aunque no en todos los casos, debido al retraso acumulado de más de un año, como regularizar las nóminas correspondientes al mes de noviembre de algunos centros o afrontar pagos imprescindibles».
Sin embargo, según ha manifestado la patronal del sector en la Comunitat, dista mucho de aportar una solución a un problema que se ve agravado con las obligaciones económicas que han de afrontar los centros cada nuevo mes, y con las desigualdades que genera la distribución de los pagos de dependencia en las empresas.
Asimismo, Aerte ha querido incidir en aspectos sin resolver de gran trascendencia para el sector, como la necesidad de solucionar el bloqueo existente en las líneas de confirming, de ofrecer una fecha para el abono de la deuda pendiente y en particular, definir cómo se pagarán los servicios prestados en el año 2013, teniendo en cuenta que ya ha transcurrido el mes de enero sin que se resuelvan todos los pagos pendientes del 2012 y se ha comenzado a prestar servicios en el 2013.
Estos servicios se están prestando desde los centros asociados a Aerte sin que la Generalitat haya transmitido un plan de pagos de la deuda anterior, ni de la deuda que se va generando con los servicios de este año, lo que provoca inseguridad en las empresas del sector, al entender que pueden volver a acumularse los problemas de cobro.
Para Aerte, la cantidad abonada por el Consell supone un leve avance, aunque no resuelve los problemas económicos que asfixian al sector. Aerte se ha referido a los muchos centros que no han cobrado y por ello, no han podido hacer frente a los pagos correspondientes a hacienda y la seguridad social, teniendo en cuenta que ha pasado el final del mes de enero por lo que a su deuda acumulada tendrán que sumar los intereses de demora del 20% y en ocasiones, de alguna sanción impuesta.
Desde hace más de un año, Aerte ha trabajado activamente para desbloquear la deuda pendiente que Bienestar Social ha mantenido con el sector de la dependencia que representa, y que ha llegado a alcanzar los 120 millones de euros a lo largo del año.
A pesar de que desde cargos políticos se hayan realizado múltiples declaraciones afirmando que el sector de la dependencia es prioritario en la Comunidad Valenciana, los hechos no han acompañado a estas declaraciones.
Al margen de los pagos realizados, la deuda en Bonos acumula un nuevo retraso de seis meses. Hay centros públicos gestionados por empresas privadas que no han cobrado nada de la deuda de todo el año 2012 y empresas con plazas concertadas con la administración que han sufrido errores administrativos sin aclarar ni solucionar y que han provocado que no cobren sus facturas.
La política actual de la Consellería en cuanto a la no resolución de los expedientes de las más de 10.000 personas en situacián de dependencia reconocida está provocando, no sólo la falta de atención de estas personas sino también la disminución de la ocupación y abocando al cierre a muchos de ellos. En los últimos meses se han producido cierres en centros, incluso en la ciudad de Valencia, y entrada de sociedades en concurso de acreedores con la consiguiente pérdidas de puestos de trabajo.
Desde la junta directiva de AERTE se sigue haciendo «un esfuerzo sin precedentes para solucionar estos problemas en el sector, y volvemos a transmitir públicamente a la Administración valenciana nuestra disponibilidad más absoluta para la búsqueda de un acuerdo global del sector que consiga una reorganización factible del mismo. Cualquier acuerdo adoptado tan solo con organizaciones individuales está condenado al fracaso a medio plazo, porque lo único que se conseguirá es una huida hacia adelante, que repercutirá a todos posteriormente con problemas irresolubles».
AERTE manifiesta que el sistema actual no tiene viabilidad, ya que está en una espiral de difícil salida, como se está demostrando, y se necesita una reorganización del mismo que permita a la sociedad recibir los recursos que claramente necesita.
Los beneficiarios de prestaciones de dependencia ascienden a 770.945 personas en 2012, un 6% más que el año anterior
El número de beneficiarios de prestaciones de dependencia en 2012 ascendió a un total de 770.945 personas (el 77 por ciento de las personas con derecho a prestación), una cifra que supone un 6 por ciento más en relación con el año anterior y un balance neto positivo de 18.944 personas, según datos del avance de la evaluación anual de 2012 del Sistema de Dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a los que ha tenido acceso Europa Press.
Además, las personas que durante 2012 se han incorporado como nuevos beneficiarios de alguna prestación ascienden a 129.847. Por otro lado, de las 305.941 personas pendientes de recibir prestación a diciembre de 2011 (casi el 30 por ciento del total) se ha pasado a 230.203 personas a diciembre del año pasado (un 24,8 por ciento), lo que supone «el porcentaje más bajo» desde la implantación de la Ley de Dependencia –hace seis años, desde 2007–, según ha destacado a Europa Press el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales(Imserso), César Antón.
Respecto a los datos económicos, el presupuesto destinado en 2012 y transferido a las comunidades autónomas ha aumentado en 122 millones más respecto a 2011, hasta los 1,4 millones de euros (un 9,5% más que en 2011).
Antón ha detallado que una de las prioridades de la ley durante el año pasado ha sido la de atender «primero a los que más tiempo llevan esperando y a los que más dependencia tienen». Además, ha subrayado de que, en este año, ha seguido aumentando «tanto el número de beneficiarios como la financiación del Estado», ya que, a su juicio, «más allá de los números y las estadísticas, hay personas y familias». En cualquier caso, ha pedido «no generar expectativas» y, de cara al futuro, ha apostado por «el orden, la simplificación y la mejora de la transparencia».
Por comunidades autónomas, Navarra, Andalucía, Cantabria y La Rioja fueron las que menos dinero recibieron en 2012 por la revisión a la baja de los grados de dependencia o por el estancamiento en la entrada de usuarios, o por ambos motivos.
Así, en Navarra, el número de beneficiarios con prestación ascendió a 8.612 (frente a los 8.129 de 2011), con 12,5 millones de euros designados (frente a los 13 millones de 2011); en Andalucía, 192.532 beneficiarios con prestación (frente a los 191.330 de 2011), con 345,8 millones de euros designados (frente a los 356,6 millones de 2011); en Cantabria, 14.090 beneficiarios con prestación (frente a los 15.227 de 2011), con 19,4 millones de euros designados (frente a los 20,5 de 2011) y en La Rioja, 7.474 beneficiarios en 2012 (7.716 en 2011), con 13,4 millones en 2012 (13,7 millones en 2011).
Por el contrario, el resto de las comunidades ha recibido más dinero respecto a 2011. En concreto, Madrid recibió 141,9 millones de euros (134,5 millones de euros en 2011) y tuvo un total de 81.158 beneficiarios con prestación (76.674 el año pasado); País Vasco recibió 92 millones de euros (66,1 euros en 2011), con 39.506 beneficiarios (43.541 en 2011); Asturias, 26,3 millones de euros (23,6 euros en 2011) y 14.643 beneficiarios (13.890 en 2011); Baleares, con 18,7 millones de euros (17,7 millones de euros en 2011) y 9.534 beneficiarios (10.404 en 2011); Galicia, con 78,9 millones de euros (58,6 millones de euros en 2011) y 89.139 beneficiarios (34.092 en 2011); Extremadura, con 36,4 millones de euros (frente a 33,7 millones de euros en 2011) y 19.482 beneficiarios (18.249 en 2011); y Cataluña con 243,5 millones de euros (210,2 millones de euros en 2011) y 139.220 beneficiarios (118.890 en 2011).
Además, en Canarias se destinaron 28,8 millones de euros (21.989 millones de euros en 2011) y hubo 11.926 beneficiarios (10.505 en 2011); en la Comunidad Valenciana, con 43.145 beneficiarios (42.960 en 2011) se percibieron 82,5 millones de euros (78,1 millones de euros en 2011); en Castilla y León, 103,1 millones de euros (86,4 millones de euros el año pasado) y 62.108 beneficiarios (60.090 en 2011); en Castilla-La Mancha 67,1 millones de euros (64,6 millones en 2011), con 38.620 beneficiarios (39.081 en 2011) y Aragón, con 41 millones de euros (34,6 millones en 2011) y 21.413 beneficiarios (22.473 en 2011).
Un millar de trabajadores de la dependencia pierden su empleo cada mes
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha asegurado este jueves en el Congreso de los Diputados que «todos los meses», un millar de personas que trabajan en el sector de la dependencia se quedan sin empleo, ya que se están cerrando residencias y «desmantelando el sistema».
Ramírez hizo estas consideraciones durante su intervención en una jornada parlamentaria sobre Servicios Sociales y Dependencia, organizada por el Grupo Socialista y celebrada hoy en la Cámara Baja. El presidente de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales comenzó su intervención aclarando que, para él, la Ley de Dependencia es «el mayor avance que ha habido en España en los tres últimos lustros», ya que refuerza el sistema público de servicios sociales, entre otros aspectos positivos. Dicho esto, Ramírez puso sobre la mesa una serie de denuncias que a juicio de su colectivo hay que hacer por el cariz que está tomando el Sistema de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes (SAAD).
Así, se quejó de que haya muchos beneficiarios que se encuentren actualmente «en el limbo de la dependencia», de que se haya acabado con el sistema de niveles, dentro de los grados establecidos por la ley, o de que haya «caído en picado» el número de planes individuales de atención (PIA) elaborados. Con este panorama, los gerentes de servicios sociales estiman que el Gobierno, si no adopta otras medidas, podría tardar unos 11 años en atender a todas las personas en situación de dependencia que tienen el derecho ya reconocido.
Ramírez se expresó así en una mesa redonda enmarcada en las citadas jornadas parlamentarias titulada ‘Situación y perspectivas de la implantación de la Ley de Dependencia» y moderada por Rosa Aguilar, portavoz de Servicios Sociales del Grupo. En la mesa, participaron también Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social; Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO; Almudena Fontecha, secretaria confederal para la Igualdad de UGT, y Jaime-Esteban García, coordinador estatal y de Comunidad Valenciana de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia.
«Desmantelamiento» de los Servicios Sociales
Lima aprovechó su intervención para hacer una defensa de los servicios sociales y para mostrar su preocupación por el «desmantelamiento» que, a su parecer, están sufriendo por culpa de los recortes. Apostó por un modelo de bienestar basado en la «igualdad, cooperación y solidaridad» y que garantice los derechos sociales a todos los ciudadanos, independientemente de su aportación a la Seguridad Social. Ese modelo, prosiguió, ha de «dar voz y empoderar a la gente», que debe expresar lo que le pasa para poder recibir una mejor atención y no recortar derechos, como está ocurriendo en algunas CCAA, donde se están «recrudeciendo» requisitos para acceder a él.
Y es que, aseguró, en la actualidad «hay un ataque» a los servicios sociales básicos, es decir, los que se prestan desde los ayuntamientos, que, en muchos casos, están viendo cómo desaparecen apoyos tales como el de la ayuda a domicilio, que solo se presta a personas en situación de dependencia, y no a todas. Igualmente, denunció la eliminación progresiva del plan concertado para los servicios sociales, que, aunque con una financiación «ridícula», suponía un acuerdo importante entre las tres administraciones.
Consecuencias «graves»
Por su parte, las representantes de CCOO y UGT se centraron en analizar las consecuencias que están teniendo las reformas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley de Dependencia, que, dijeron, son «graves», como lo son también los cambios del Ejecutivo en educación y sanidad. Para Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO, la de la Dependencia es una «reforma integral» que sigue el mismo patrón que orienta los cambios en el resto de pilares del Estado de bienestar, que se aborda de forma unilateral, sin trasparencia y con «opacidad». A su parecer, los objetivos de la reforma del Ejecutivo son «recortar drásticamente» el gasto social público y «debilitar la naturaleza pública y universal» con la que nació el Sistema de Dependencia, para conducirlo hacia otro de carácter «mercantilista».
Almudena Fontecha, secretaria confederal para la Igualdad de UGT, evidenció también su «preocupación» por el curso de la norma de la Dependencia y abogó por buscar un sistema de financiación estable y sostenible, desde el punto de vista económico, pero también social, y por redactar una ley que garantice el acceso a los servicios sociales a todas las personas. Finalmente, el coordinador estatal y de Comunidad Valenciana de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia indicó que la reducción de prestaciones económicas, el aumento del copago en los servicios, el hecho de que los cuidadores no profesionales tengan que pagar su Seguridad Social y el retraso hasta 2015 de la entrada en el sistema de los dependientes moderados son, a su parecer, los aspectos de las reformas del Gobierno que más están afectando a los beneficiarios del SAAD.
La Conselleria de Bienestar Social valenciana no pone fecha a los pagos pendientes
La Conselleria de Bienestar Social reconoce los impagos a las residencias y asegura que está trabajando “codo a codo” con la Conselleria de Hacienda para poder sufragar “lo antes posible” esta deuda. Por tanto, de momento, el departamento de Asunción Sánchez Zaplana no pone plazos ni fechas para hacer efectivo los pagos pendientes desde el pasado año.
Todo indica que el Consell liquidará antes la deuda de más de 2,6 millones con las residencias municipales que con las concertadas, ya que el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ya apuntó esta semana que los ayuntamientos van a empezar a cobrar las cantidades pendientes. Cuantías que se abonarán atendiendo, en primer lugar, al criterio de la antigüedad y, en segundo lugar, a la naturaleza del servicio –bienestar social, educación y sanidad–. Por tanto, las residencias municipales cumplirían, al menos, el segundo de los supuestos.
En todo caso, en el abono de la deuda va a jugar un papel clave el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que la Comunitat pidió ayer formalmente al Gobierno estatal para este año, y que debe autorizarse. La finalidad es poder trasladar a los afectados por la deuda un plazo aproximado de pago, que dependerá de cuándo se reciba el FLA.
Juan Carlos Moragues mostró la intención del Consell de reducir los plazos con todos los agentes afectados por las deudas, incluidos los consistorios.
Castilla y León, ‘sobresaliente’ en la Ley de Dependencia
El Observatorio Estatal de la Dependencia alaba el modelo de atención de la Comunidad y la sitúa en el primer lugar de las regiones que mejor aplican la Ley con una nota de 9,2.
Las personas dependientes castellano-leonesas no pueden tener mejor servicio; al menos, en el resto de España. Así lo hace indicar la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicio Sociales, quien ha premiado a Castilla y León como la región con mejor modelo de atención profesional sobre la Ley de Dependencia en 2012.
No es una sorpresa para la Comunidad recibir esta calificación, que no parece acusar la crisis en este aspecto. Este año es el tercero consecutivo que logra hacerse con el mayor honor. La nota fue sobresaliente: 9,2 concretamente, dos puntos por delante de la siguiente región mejor valorada y cuatro puntos y medio por encima de la media nacional.
De los doce puntos que valora la institución, Castilla y León recibió en diez de ellos la máxima nota. Una muestra de que, a pesar de la crisis económica y el recorte presupuestario sufrido para la atención de dependientes, la gestión realizada ha sido realmente buena.
Según el informe del Observatorio, los residentes castellanos son quienes más ayudas reciben en relación a su población y con el número menor de dependientes en la lista de espera. De hecho, a 31 de diciembre, sólo el 4,4% de las personas con derecho a recibir la asistencia se encontraba aún esperándola, frente al 23% de media en toda España.
El Observatorio también destaca que Castilla y León es la única que realiza un seguimiento personalizado de cada caso y con un sistema de información en tiempo real. Además, el número de personas atendidas durante el último año se superó respecto al anterior periodo al aumentar un 3,36%.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha explicado que Castilla y León prácticamente ha alcanzado ya la plena atención, incluso tres años antes de lo previsto. «El incremento de personas atendidas se va reduciendo porque Castilla y León prácticamente ha cubierto las previsiones que se manejaban en 2015», ha afirmado.
Previsiones que el Libro Blanco de la Dependencia estimaba serían menos fructíferas. Se calculaba que en 2015 Castilla y León atendería a 55.000 dependientes, mientras que actualmente la región ya está dando servicio a más de 54.000.
La Conselleria de Bienestar Social valenciana abre el plazo para solicitar el Bono Respiro residencial para 2013
La conselleria Bienestar Social ha abierto el plazo para solicitar el Bono Respiro residencial para 2013, un sistema de ayudas para financiar estancias de carácter temporal en residencias para personas mayores dependientes, “cuando por circunstancias especiales necesiten la atención en un centro especializado que sustituya los cuidados que de forma habitual reciben en el ámbito familiar”, según ha explicado la secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, Nela García.
La secretaria autonómica ha subrayado que en muchos casos “es la familia quien asume el cuidado de sus mayores dependientes, y desde la administración debemos apoyar a las familias a través de programas como el Bono Respiro, que permite sustituir de forma temporal al cuidador principal de la persona mayor dependiente”.
En este sentido, Nela García ha señalado que la Generalitat, “teniendo como prioridad la atención de las personas mayores y de sus familias, busca soluciones nuevas a través de servicios y recursos que mejoren las condiciones de vida de todos, sin olvidar por supuesto a los cuidadores, de forma que la atención a sus familiares no implique un desgaste físico y emocional”.
Este tipo de recurso benefició el pasado año a un total de 452 personas, utilizándolo en las tres modalidades que contempla: mensual, de fin de semana o diario. Por provincias, se concedieron 325 bonos respiro en la provincia de Valencia, 86 en la de Alicante y 41 en la provincia de Castellón. Para este año, la conselleria de Bienestar Social destinará 510.000 euros para financiar el programa.
Modalidades del Bono Respiro
El Bono Respiro está encaminado a satisfacer las siguientes necesidades: sustitución del cuidador principal cuando, de forma temporal y por necesidades sanitarias, sociales o laborales, no pueda realizar las actividades habituales que exige el cuidado de la persona mayor; cuidados del anciano tras altas hospitalarias en periodos de convalecencia; descanso del cuidador principal; o por otras necesidades que impidan o dificulten a las familias, transitoriamente, la atención a personas mayores dependientes a su cargo.
Se establecen varias modalidades del Bono Respiro: Mensual o Bono Verde que consiste en una estancia durante un mes consecutivo, cuando por las necesidades sanitarias o sociales la persona mayor necesite la atención integral en un centro especializado. Esta modalidad podrá hacerse efectiva durante un mes natural o bien de fecha a fecha en dos meses consecutivos, siempre que su disfrute se realice con anterioridad al 31 de diciembre de 2013.
Bono Respiro Días o Bono Azul: consistirá en 20 bonos diarios para la atención en residencias que podrán hacerse efectivos a lo largo de 2013, durante 20 días consecutivos o agrupados, en cuyo caso el mínimo será de dos días consecutivos.
Y por último Bono Respiro Fin de semana o Bono Blanco: 12 bonos para su disfrute en una residencia de tercera edad, en los fines de semana que el interesado elija. Podrán disfrutarse en un horario que se establece a partir de las 9 horas del viernes hasta las 17 horas del domingo.
Requisitos y plazos de presentación
La orden que regula el programa para el presente año establece como requisitos para poder obtener la ayuda:
Tener 65 años o más en el momento de presentar la solicitud y haber cesado en la actividad laboral o profesional por jubilación o incapacidad. También podrán beneficiarse las personas de 55 años o más con la enfermad de Alzheimer y otras demencias.Estar empadronado en cualquiera de los municipios de la Comunidad Valenciana.Tener la consideración de persona dependiente, acreditada mediante el correspondiente informe médico.Acreditar la necesidad social y económica que establece la orden.De forma excepcional y con el objeto de mantener la unidad familiar, podrá solicitar el ingreso conjunto con el solicitante principal, las personas mayores o menores de 65 años que acrediten ser cónyuge o pareja de hecho, o ser discapacitado conviviente con el solicitante, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.
Las solicitudes pueden presentarse en la Dirección Territorial de la conselleria de Bienestar Social de la provincia del solicitante. El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de esta orden en el DOCV, hasta el 28 de febrero de 2013, ambos inclusive.
La Generalitat de Cataluña unifica en una ley las normas sobre barreras arquitectónicas y discapacidad
La Generalitat de Cataluña ha aprobado este martes el proyecto de ley de accesibilidad, iniciado en la anterior legislatura, para «simplificar» el conjunto de normas actuales relacionadas con las barreras arquitectónicas y la discapacidad y dar un paso más allá, ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Neus Munté.
En rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo, ha destacado que el proyecto que ahora iniciará su trámite en el Parlamento autonómico agrupará la amplia normativa actual –de «díficil aplicación»— e irá más allá de una regulación sobre las barreras arquitectónicas, que la consejera admite que aún existen.
Se trata de un marco de referencia, cuya concreción deberá llegar una vez aprobada la normativa en la cámara, y que «no bajará el listón en la mejora de las oportunidades» de los discapacitados de todo tipo, ha asegurado.
Más de 476.000 personas sufren alguna discapacidad legalmente reconocida en esta comunidad autónoma, lo que representa el 6 por ciento de la población, aunque entre los mayores de 75 años se supera el 10 por ciento, debido a la tendencia al envejecimiento de la sociedad.
Munté, que ha recordado que Cataluña ya fue «líder con la aprobación del Decreto de Supresión de Barreras Arquitectónicas» en 1995, ha destacado que la norma se propone ahora un abordaje más integral para avanzar con medidas sobre la accesibilidad en el territorio –también en edificios municipales y de la Generalitat–, productos y servicios.
Ha resaltado también que el texto se ha trabajado en «colaboración activa» con las entidades representantivas del sector de la discapacidad, que habían reclamado una normativa de estas características, ha constatado.
PLAN DE JUVENTUD 2020
Además, ha anunciado que se ha aprobado el Plan de Juventud 2020, que plantea nuevos retos, como el de mejorar la trayectoria educativa y laboral de los jóvenes.
El éxito en la emancipación de los jóvenes, la promoción de una vida saludable y la universalización de la cultura son algunos de los retos del plan, que viene a actualizar el Plan de Juventud de 2010 que ya había quedado desfasado, y ahora se ha revisado y evaluado, ha declarado.
Sanitas Residencial Altanova, el primer centro de Cataluña en obtener la certificación como “centro no sujeción de Libera-Ger”
Sanitas Residencial Altanova ha obtenido la certificación como “centro no sujeción de Libera-Ger” que otorga la Fundación Cuidados Dignos. Se trata del primer centro que consigue esta certificación en Cataluña.
La directora de Sanitas Residencial Altanova, Mónica Peláez, recibirá esta tarde la certificación de manos de la presidenta y fundadora de la Fundación Cuidados Dignos, Ana Urrutia.
Esta certificación supone un reconocimiento al proyecto “Por una residencia sin sujeciones” que puso en marcha Sanitas Residencial Altanova y que ha conseguido eliminar el uso de las sujeciones y cambiar la filosofía de cuidados de la residencia. El resultado de este programa es que del 15 por ciento de los residentes que utilizaban sujeciones en el centro, en la actualidad ninguno los necesita.
La directora de Sanitas Residencial Altanova, Mónica Peláez, está convencida de que “gracias a la formación y el desarrollo de este proyecto se han incorporado nuevos hábitos de trabajo, supervisión y seguimiento”. Durante el proceso de eliminación de las sujeciones, el equipo humano de Sanitas Residencial Altanova optó por realizar una serie de obras y mejoras en el edificio con el fin de evitar posibles barreras arquitectónicas. De este modo, se establecieron controles de acceso en las distintas plantas, cintas antideslizantes, camas de baja altura, butacas reclinables e incluso se reubicaron puntos de control de ordenadores y se procedió al traslado de controles a comedores.
“Después de más de dos años de trabajo e investigación, Sanitas Residencial ha logrado reducir el número de residentes con sujeciones a menos de un 8%, cuando la prevalencia en España supera el 30%”, asegura el director Técnico y de Organización de Sanitas Residencial, Pedro Cano.
Desde que Sanitas Residencial puso en marcha el proyecto a principios de 2011, una docena de centros de la compañía ya han conseguido la acreditación “Centro Libre de Sujeciones” que concede la Confederación Española de Organizaciones de Mayores mientras que otras cinco residencias más han completado la certificación como “centros no sujeción de Libera- Ger”. Asimismo, once centros más de la compañía se encuentran en proceso avanzado de reducción de las sujeciones.
Para la doctora y presidenta de la Fundación Cuidados Dignos, Ana Urrutia, la gestión de las sujeciones es un tema pendiente en España, por eso la organización que ella misma lidera, creó la norma “Libera-Ger” la cual recoge un conjunto de principios generales que permiten implantar y evaluar el sistema de gestión y control de sujeciones así como garantizar una rigurosa gestión de las sujeciones restrictivas sin abandonar la seguridad de la persona.
Sanitas Residencial apuesta “Por una residencia sin sujeciones”
Sanitas Residencial inició a principios de 2011 un programa de racionalización y eliminación de sujeciones en todos sus centros, “Por una residencia sin sujeciones”. Se trata de un proyecto con el que se pretende preservar la dignidad y proteger la integridad de los residentes ofreciéndoles los mejores servicios y cuidados a lo largo de las diferentes fases de su vida.
El uso de las sujeciones en su momento pretendía prevenir situaciones de riesgo en determinados tipos de pacientes. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha demostrado que su utilización acarrea algunos problemas y que disminuye la calidad de vida de la persona: aparición de úlceras por presión, incontinencia, trastornos conductuales, inmovilidad, atrofia muscular, etc.
Para Sanitas Residencial, las sujeciones no son una alternativa terapéutica. Por ello, se puso en marcha este programa que tiene como objetivo eliminar a medio plazo las sujeciones en todos los centros de Sanitas Residencial.
El método de trabajo establecido por Sanitas incluye formación para todo el personal y un plan de acciones multidisciplinar. En primer lugar se realiza es un análisis exhaustivo de la situación de cada persona porque que la diversidad de los casos requiere de una planificación previa para determinar qué consecuencias ha tenido el uso de sujeciones y cuáles serán los efectos de su eliminación.
Una vez que se han retirado las sujeciones, se lleva a cabo un seguimiento para evaluar si la persona necesita ayudas adicionales como fisioterapia personalizada, terapias no farmacológicas, retirada de la medicación neuroléptica o la adquisición de recursos técnicos como sensores de movimiento o caídas.
El proyecto “Por una residencia sin sujeciones” ha demostrado que obteniendo todos los beneficios de la eliminación de las sujeciones, no ha aumentado el número de caídas que sufren los residentes y se mantienen en la cifra de aquellas que tienen consecuencias más graves, como fracturas o traumatismos cráneo-encefálicos. Incluso, se ha comprobado que en los centros sin sujeciones se respira un ambiente calmado, apacible, donde tanto residentes como trabajadores se sienten cómodos. Un cambio de cultura que incluye la personalización de la atención al residente.
En el programa ha participado todo el personal de Sanitas Residencial, desde los cuidadores y técnicos hasta la dirección de los centros, y se ha contado con el apoyo de las familias que han sido puntualmente informadas sobre las claves del proyecto y las distintas fases del mismo.
Sevilla adjudica a Clece la ayuda a domicilio
La concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores de Pablo-Blanco, ha indicado que «ya se ha adjudicado a Clece el nuevo contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio, que se iniciará a partir del próximo 16 de febrero, tal y como estaba planificado, pues la empresa Claros finaliza la ejecución del anterior un día antes, el 15 de febrero».
«Con este contrato, el Ayuntamiento de Sevilla garantiza la prestación del servicio a más de 3.300 dependientes, a pesar de que la Junta no ingresa ni anticipa el coste autonómico», ha apuntado la concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación.
Conflicto abierto en el sector de las residencias de la tercera edad
Las extremas dificultades financieras de la Generalitat afectan a todas sus áreas y el pago a las residencias de la tercera edad no es una excepción. Pero no todos los centros lo están pasando igual de mal. Aquellos bajo la modalidad de concierto denominado de accesibilidad social —la red de residencias que surgió a raíz del plan impulsado por el exconsejero Rafael Blasco en 2001 y en la que participó la familia del presidente de las Cortes, Juan Cotino— ha recibido un pago selectivo por parte del Consell, que ha dejado al margen a buena parte del resto de centros, como han denunciado estos.
En el escenario de la atención residencial apoyada con fondos públicos hay dos protagonistas principales y varios secundarios. Entre los actores destacados, además de los centros de accesibilidad —agrupados mayoritariamente en torno a la asociación Aecas— se encuentra Aerte, la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia. Esta última ha puesto el grito en el cielo después de sentirse agraviada por haber sido marginada en el último pago realizado por la Generalitat a las residencias.
De la inyección de dinero (437 millones) del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que envió el Gobierno a la Generalitat en diciembre para hacer frente a pagos pendientes, el Consell destinó 63 a cubrir parte de las deudas que mantiene con el sector. Abonó 49 millones a las empresas de accesibilidad. Otros nueve, a entidades sin ánimo de lucro (básicamente entidades religiosas, agrupadas en torno a la asociación LARES, uno de los actores secundarios en este relato) y casi cinco millones a liquidar deudas a empresas que gestionan centros públicos, como ha denunciado Aerte.
Los centros de Aerte, que acogen a beneficiarios del bono residencia, de una modalidad de ayuda que establece la Ley de Dependencia (prestaciones vinculadas al servicio) y entre los que también hay residencias públicas de gestión privada, siguen esperando a cobrar los 60 millones correspondientes a buena parte de las facturas del año pasado. “Es un claro agravio”, sostiene María José Mira, gerente de Aerte. La pasada semana, la Generalitat les comunicó que antes del 31 de enero recibirán seis millones de euros, un 10% de la deuda, lo que “no soluciona nada”, dice Mira. Este diario intentó, sin éxito, conocer la versión de la Generalitat.
El segundo motivo de agravio que plantea Aerte es que la Administración “ha potenciado las plazas de accesibilidad”, agrupadas mayoritariamente en Aecas, en perjuicio de los tipos de subvención de los que participan sus asociados. De esta forma, mientras que en 2007, las plazas del bono (en extinción) o de prestación vinculada al servicio eran 4.500, ahora son 3.000. Y mientras en 2007 los beneficiarios que la Generalitat remitía a las residencias con plazas de accesibilidad social eran 1.840, ahora rebasan las 4.000.
Aecas prefiere no entrar en los motivos por los que las empresas que explotan centros bajo la fórmula de accesibilidad social han cobrado antes. “A fecha de 26 de diciembre solo habíamos cobrado el mes de enero de 2012. Sin entrar en detalles, la situación de Aerte era distinta”, explica Marcos Penadés, presidente de Aecas. Respecto a la prioridad que ha podido conceder la Generalitat a sus residencias en el envío de personas, Penadés sostiene que deberían de remitirles más residentes. Para justificarlo, entre otros aspectos, sostiene que sus plazas tienen un derecho de preferencia reconocido por la Generalitat. Y alude a una decisión que tomó la Consejería de Bienestar Social cuando estaba al frente del departamento el presidente de las Cortes, Juan Cotino (2007-2009) que les daba prioridad.
El contrato original de la fórmula de las residencias de accesibilidad social (los centros integrados mayoritariamente en Aecas) se elaboró mientras el actual diputado del PP Rafael Blasco, imputado por el supuesto desvío de fondos públicos destinados a cooperación, dirigía la consejería de Bienestar Social. Ante la falta de residencias públicas ideó en 2001 un plan que consistía en proponer al sector privado la creación de 9.000 plazas nuevas a través de un concurso por el que la Generalitat se reservaba un tercio de ellas. Hasta entonces el modelo de subvención con el sector privado se basaba en el bono residencia, un importe que se entregaba a los beneficiarios para que escogieran una plaza privada. A partir del plan de las 9.000 plazas, entró en escena una nueva modalidad de subvención pública: el tercio de plazas de disponibilidad pública que se reservaba la administración, denominadas plazas de accesibilidad. Finalmente, el número total de plazas no fueron 9.000 sino 6.000, y las reservadas para residentes de la red pública 2.000.
En 2008, el máximo responsable de la Consejería de Bienestar Social, Juan Cotino, cambió las reglas. Firmó un acuerdo con las empresas de accesibilidad para concertar hasta el 100% de las plazas de estos centros. Entre estas compañías estaba Centros Residenciales Savia, nombre comercial de la empresa Gerocentros del Mediterráneo, SL. Por entonces (ya no), Savia estaba participada por Sedesa Concesiones —filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa)—, ligada a la familia de Cotino a través de su sobrino, Vicente Cotino.
Este pacto es el que quiere hacer valer Aecas, asociación integrada por Savia, Novaire, Solimar, La Saleta, Vergel Sénior, Parqueluz, Gerianna y L’Albereda-Alacuás, que concentran el 93% de plazas de accesibilidad social. “Están potenciando a cuatro empresas, por lo que sea”, explica Mira. “Solo pido que no nos perjudiquen a nosotros para favorecer a otros”, añade.
Fallecidos cobrando la Ley de Dependencia… o cómo un “estafador” puede ser “decente”
Por Patricia Arias
Hace ya varias semanas que llevo escuchando en los medios la cantinela de “malos ciudadanos” que están cobrando la ayuda a la ley de Dependencia aun habiendo fallecido el familiar dependiente. Aquí va mi caso, yo también estoy entre esos “malos ciudadanos estafadores”. Mi abuela falleció el 23 de noviembre de 2012 y cobraba mensualmente la ayuda a la dependencia. El certificado de defunción tardó en llegarnos unos 15 días y, en cuanto lo tuve en mis manos,empecé a hacer llamadas tanto a clases pasivas como a la Comunidad de Madrid para que anularan la ayuda.
La chica que me atendió por teléfono me dio la dirección de envío del certificado, ya que no residimos en Madrid. Le comenté si tendríamos que devolver las transferencias que llegaran a partir de ahora. Me dijo que no lo hiciese, ya que sería más lioso. Le di la opción de cancelar la cuenta (así no llegarían ni a entrar) y me dijo que tampoco, que tenía que aceptar las transferencias y que me llegaría a casa una carta de pago para devolver las transferencias indebidas; aun así, me advirtió que podría llevar bastante tiempo. Sólo quería denunciar que seguro que mi caso no es el único y que seguro que en esa lista de “estafadores” hay gente decente, pero ante la sociedad se nos ve de esa manera, por culpa de la incompetencia o la falta de medios de la administración. Por cierto, estamos ya casi en febrero y aún siguen llegando las transferencias de la Comunidad de Madrid.
Sanitas Residencial Luz se convierte en el segundo centro navarro libre de sujeciones
El proyecto Por una residencia sin sujeciones se comenzó a trabajar en Estella en 2011 con los 92 residentes que utilizaban estos sistemas. Según expuso ayer la directora, Esther Pinillos, no fue una tarea sencilla. «Desde el comienzo, nuestro trabajo se presentaba complejo debido, en gran parte, al alto porcentaje de residentes que eran dependientes y necesitaban sujeciones. Concretamente, un 60% de nuestros mayores, pero teníamos como objetivo claro eliminar el uso de las sujeciones físicas», indicó y recordó que las sujeciones nacieron como un mecanismo de prevención. «Sin embargo, en la práctica, acarrean riesgos como úlceras de presión, incontinencia, atrofia muscular o cambios en la conducta. Acaban limitando la movilidad de la persona y a su vez reduce su calidad de vida», indicó. En este centro se dieron cuenta de que era en las horas de la comida cuando más caídas se producían por lo que el siguiente paso fue diseñar un plan para evitarlas. Tras realizar un seguimiento vieron las necesidades de apoyo que necesitaba cada anciano como rehabilitación o terapias no farmacológicas, entre otras. Además, adquirieron recursos técnicos, como sensores de caídas, que han ayudado para que al final ningún residente tenga sujeciones.
USO NOCIVO. Maribel Perea, de Ceoma, recordó «el uso nocivo» de las sujeciones y de los fármacos y felicitó a Luz de Estella por haber conseguido eliminar las sujeciones físicas. Además, entregó la acreditación en un acto en el que también estuvo el director general de Sanitas, Doménec Crosas. «Es un gran día, algunas cosas van bien y este centro es una de ellas», indicó él.
Cuando los familiares recibieron la propuesta de eliminar las sujeciones, algunos como Ana Urbiola Pérez, hija de la residente Ana María Pérez Azcona, se preocuparon. «Cuando me dijeron que iban a quitar las sujeciones me disgusté porque mi madre es muy activa y tenía miedo a que se hiciera daño. Lo han conseguido y la verdad es que está mejor, se mueve pero no se cae. Hace un año no me hubiera imaginado que diría que mejor sin sujeciones», señaló.
En el acto también estuvo el consejero Íñigo Alli que felicitó a la residencia por este logro y señaló que «hay realizar políticas dirigidas a que las personas tengan autonomía y logren una vida plena». La alcaldesa Begoña Ganuza destacó que es muy satisfactorio para la ciudad el programa que ha desarrollado Sanitas en la ciudad del Ega.
Demolición de la Ley de Dependencia: Las ayudas caen a la mitad en cuatro años
«La ley de Dependencia se encuentra en una fase de retroceso y demolición». Así de tajante se mostró el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del informe sobre el desarrollo de esta normativa. Y es que la ley considerada como el cuarto pilar del Estado del bienestar sufre serios problemas de financiación. En el estudio se denuncian recortes presupuestarios de 850 millones de euros en el último año, el aumento del plazo para recibir la prestación -supera los dos años legales- y una disminución en la lista de espera de beneficiarios debido a la falta de reposición tras los fallecimientos y los cambios de baremos que han «expulsado» a los dependientes moderados.
Una de las principales (si no la principal) disputa entre comunidades autónomas y Gobierno en las reuniones sobre Dependencia se resume en una pregunta: ¿Quién sufraga la ley? En el informe la respuesta está clara. «El Estado ha decidido retirarse de esta ley», lamentó Ramírez. Y es que la aportación del Gobierno central se ha reducido casi a la mitad en cuatro años. Ha pasado de un 39,2% en 2009 a un 21,4% en 2012.Esto supone que el Estado aportó 1.404 millones de euros de los 6.570 millones totales en el último ejercicio. Esta importante reducción ha tenido que ser asumida por las comunidades autónomas, muy maltrechas económicamente y obligadas a duros ajustes para cumplir con el objetivo de déficit. Los gobiernos regionales han pasado de aportar un 50,8% en 2009 a un 62,6% en 2012. Es decir, hasta 4.114 millones del total. También deben pagar más los propios usuarios a través de un copago que ya supone un 16% de la financiación de la normativa, cuando en 2009 era solo un 10%. «Se está demoliendo desde la falacia de que la ley es insostenible», mantiene el informe.
Otra de las polémicas tiene que ver con el denominado ‘limbo de la Dependencia’, es decir, la lista de espera de los beneficiarios. El Gobierno anunció hace unas semanas que los dependientes con derecho a una prestación económica que todavía no la habían recibido se redujeron en seis puntos porcentuales en 2012. Pasaron de un 29% a un 23%. Esto supone 230.000 personas figuran en la lista de espera. Sin embargo, según criticó Ramírez, esta disminución se debe a la eliminación de algunas subdivisiones de los grados de dependencia. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales afirmó en su momento, que este cambio obedecía a motivos de simplificación para mejorar la gestión de los recursos. Desde esta asociación aseguran que con ese cambio muchos casos pasaron a contemplarse como moderados y, por tanto, retrasadas las ayudas hasta 2015. Y es que el Ejecutivo también retrasó hasta ese año la ayuda a los dependientes moderados. «Es un espejismo estadístico producido por las personas que perdieron el derecho a ser atendidos», afirmó Ramírez.
Menos grandes dependientes
El Gobierno siempre ha mantenido que la finalidad de todas las modificaciones legales era priorizar los recursos en tiempos de crisis y primar a los grandes dependientes frente a los moderados. Sin embargo, según el estudio, todas las comunidades autónomas redujeron el número de beneficiarios más graves en el último año salvo Madrid. Pero ha habido más cambios. «El decreto aprobado por el Gobierno en julio supuso la demolición controlada de la propia ley», explicó el presidente de la asociación. Y ha puesto como ejemplo el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. El Ministerio de Sanidad se encargaba de abonar esas cotizaciones, pero con el decreto dejó de hacerlo. De esta forma se ha dejado sin cotización a la Seguridad Social en el convenio especial a 146.000 cuidadores.
En cualquier caso, el desarrollo de la normativa es muy dispar en función de cada comunidad autónoma. El informe destaca la labor sobresaliente de Castilla y León y la notable de País Vasco, Andalucía y La Rioja. Las peores notas son para la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Murcia y Madrid.
El estudio también destaca la repercusión productiva de la normativa. «Gracias a esta ley se han creado 200.000 puestos de trabajo», aseguró Ramírez. Según sus datos, por cada millón de euros invertidos en Dependencia se generan 30 puestos de trabajo «estables y no deslocalizables». Además, los retornos directos a las arcas públicas se estiman en 1.371 millones.
Gipuzkoa extiende la aplicación de la Ley de Dependencia
Mientras la Ley de Dependencia se resquebraja por los recortes en algunas comunidades, en Gipuzkoa la Diputación ha decidido extender su aplicación, en lugar de meter la tijera. En concreto, 12.442 guipuzcoanos valorados como dependientes severos (grado II) y moderados (grado I, nivel 2) podrán acogerse al derecho a percibir la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), hasta ahora limitada a los grandes dependientes (grado III). Esta ayuda económica, de entre 300 y 462 euros al mes en función del nivel de dependencia, está pensada para sufragar la contratación de un asistente personal –sin lazos de parentesco– que facilite la estancia autónoma en el propio domicilio, «con el fin de retrasar lo más posible su acceso a otro tipo de recursos, como los residenciales», explica el diputado de Política Social, Ander Rodriguez. El Consejo de Diputados aprobará este martes el decreto foral que regula esta ampliación. Las solicitudes pueden empezar a tramitarse ya en los servicios sociales municipales. La ayuda podrá cobrarse con carácter retroactivo al mes de septiembre.«Potencia esta prestación»
Las prestaciones económicas para familiares que cuidan de una dependiente se pensaron en la ley como una fórmula excepcional y, sin embargo, se han convertido en la norma habitual. Nueve de cada diez perceptores de una ayuda económica por dependencia se han acogida a esta fórmula, que suponen a su vez el 31% de los recursos sociales destinados a este colectivo.El 70% de la inversión social
El creciente peso de las prestaciones económicas
El Observatorio de la Dependencia denuncia el «desmantelamiento» de la ley
El Observatorio de la Dependencia ha denunciado este jueves en su último dictamen el «desmantelamiento» de la aplicación de la Ley que están llevando a cabo algunas comunidades y ha calificado con un suspenso la actuación de Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta y Melilla, Murcia, Madrid, Cantabria, Asturias y Aragón, que suspende por primera vez.
«A nivel general continúa registrándose una tendencia muy negativa en la implantación de la Ley, con especial preocupación ya no en el estancamiento del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sino en el retroceso en los principales indicadores que ya no mantienen en los últimos cuatro meses ni la tasa de reposición, siendo alarmante el ritmo de desmantelamiento que presentan en esos indicadores algunas CC.AA.», ha señalado el observatorio en su último dictamen.
En este sentido, el informe destaca «el empecinamiento» de la Comunidad Valencina, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, con calificación de muy deficiente, «en no aplicar las prestaciones y servicios» que la Ley de Dependencia contempla, «poniendo a sus ciudadanos y ciudadanas en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica».
Asimismo, destaca el descenso en el ranking de alguna comunidad, como es el caso de Aragón, que por primera vez en los seis años suspende, o Castilla La Mancha, que en los dos últimos dictámenes ha pasado del sobresaliente al aprobado. Por el contrario, el observatorio destaca que Castilla y León, País Vasco y Andalucía destacan de manera notable en la aplicación de la Ley, y reconoce el esfuerzo de mejora de Navarra y Galicia, que reciben un aprobado.
Además de estos «graves desequilibrios en el gasto entre unas y otras comunidades», el observatorio destaca que la financiación estatal para el nivel mínimo (el que debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en cualquier territorio) se va distanciando cada vez más del coste efectivo de las prestaciones económicas y los servicios que las personas dependientes están recibiendo, lo que considera «preocupante».
Para el observatorio, este «frenazo» en la financiación del SAAD se percibe en el gasto por habitante/año para esta política social, «estancado» en 113 euros por habitante y año, así como en la reducción del aporte por dependiente atendido, que se ha reducido hasta los 7.000 euros por año y dependiente atendido.
CRITICA LA «OBSESIVA» PRESIÓN A LAS CC.AA.
Respecto a la política del Gobierno, el observatorio critica las llamadas «reformas para la mejora del sistema», y especialmente la modificación de la Ley que se produjo por Real Decreto-ley en julio, que, a su juicio, «no han hecho sino recortar derechos efectivos y rebajar la financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas», así como «la obsesiva presión a las CC.AA. para que reduzcan el gasto público». «El SAAD se está demoliendo por la parte económica desde la ceguera y la falacia de que esta es una política de gasto insostenible», ha señalado.
De hecho, según la asociación, los datos oficiales indican que «de la paralización del sistema se está pasando a su involución». Así, a 31 de julio de 2012, figuraban como atendidas (con PIA) un total de 780.536 personas, mientras que el último dato publicado (1 de diciembre) constata un total de 770.949 personas con atención. Es decir, en los cinco meses que han pasado desde la aprobación del Real Decreto-ley, se han caído 9.587 personas del sistema.
230.203 EN EL «LIMBO DE LA DEPENDENCIA»
Esta reducción en el número de personas atendidas se traduce en 230.203 personas en el «limbo de la dependencia» (personas con derecho a atención pero que no la reciben), que ya representa el 23 por ciento de las personas que tienen reconocido el derecho a ser atendidas. Esta cifra representa una reducción respecto a 2010, lo que, según la asociación, el Gobierno ha tratado de «vender» como un descenso en más de 75.000 personas en este «limbo» fruto de las reformas del sistema.
Sin embargo, el observatorio razona que la reducción es «un espejismo estadístico» producido por las bajas resultantes por una parte de la modificación del calendario de la Ley, que retrasa el derecho de ser atendidos a los dependientes moderados hasta el 2015 y de la baja de aquellas personas que durante todos esos meses han ido falleciendo. «El limbo no se ha reducido por atender a más personas, sino por abandonarlas», señala el dictamen.
Este limbo también varía considerablemente de unas comunidades autónomas a otras. Así, las Comunidades de Castilla y León (4,4%), Ceuta y Melilla (6,8%), La Rioja (10,7%), Cantabria (10,7%) y Navarra (12,1%) son los territorios que menos porcentajes de lista de espera presentan actualmente. Mientras, en otras comunidades el porcentaje del limbo de la dependencia está muy por encima de la media estatal. Es el caso de Canarias (50,9%), Baleares, (41,2%) Galicia
(37,1%), C.Valenciana (33,4%) y Aragón (30,4%).
En el plano positivo, el observatorio señala que se constata que muchos territorios autonómicos están llegando al techo de reconocimientos de dependencia. Para la asociación, esto quiere decir que «la lógica implantación progresiva» de la Ley ha dado como resultado que en este momento se disponga de la información necesaria y actualizada de la situación de 1.272.846 personas en situación técnica de dependencia.