Dependencia
Los recortes de Junta de Andalucía dejan las retribuciones de los trabajadores de dependencia en menos de 700 euros
La portavoz del PP-A y diputada autonómica, Rosario Soto, y el portavoz de Función Pública del PP-A en el Parlamento, Rafael Ruiz Canto, han denunciado este martes que los recortes del Gobierno andaluz dejan las retribuciones de los trabajares en el área de la dependencia «en unos parámetros de precariedad, por debajo incluso de los 700 euros al mes, obligándoles a reducir el número de horas de atención a la personas con dependencia en Andalucía».
Así se han pronunciado Soto y Ruiz Cantos, tras mantener esta mañana un encuentro con los representantes de los trabajadores de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta, que este martes inician movilizaciones contra los recortes de la Junta, y a la que también han asistido el secretario general de CONFIA-CCOO, José Antonio Presgo, y el secretario general de la sección sindical de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en CCOO, Ricardo Núñez.
La congelación de las ayudas a los dependientes con grados menos severos dejará a 30.000 personas dependientes desatendidas en toda España
Manuel Mora, de la federación de entidades de discapacitados ECOM; Anna Pérez, de la Fundación Sant Joan de Déu, y Susanna Roig, de la Cruz Roja, han expuesto ante la comisión de Bienestar Social del Parlament, en representación de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, un informe que alerta que recortar la Ley de la Dependencia «acabará incrementando los gastos públicos a medio plazo».
Además, también han denunciado que estos recortes suponen «una vulneración de los derechos de las personas».
Entre otras cosas, el informe advierte de que la congelación de las ayudas a los dependientes con grados menos severos dejará a 30.000 personas dependientes desatendidas en toda España y que vean agravada su dependencia moderada por falta de atención.
«Este aumento de su grado de dependencia acabará generando más gasto público porque engrosarán las listas de personas con dependencia severa con derecho a asistencia», señala el informe.
El recorte de un 19% de los recursos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) «abocará a la Generalitat a un escenario de financiación de la dependencia insostenible», ha dicho Susanna Roig, que ha criticado que se haya priorizado la ayuda económica a la prestación de servicios asistenciales.
«No hay que mirar a corto plazo, sino a largo plazo», ha señalado la experta de la Cruz Roja a los diputados de la comisión.
Por otra parte, el recorte de 36 millones de euros en el Plan Concertado «hará que los servicios sociales de los ayuntamientos se queden sin recursos para hacer frente, desde la proximidad, a las situaciones de dependencia de su población».
Y el aumento del copago de algunos servicios de la cartera de servicios sociales hasta el 13% anunciada por el conseller de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, «dificultará aún más el acceso por razones económicas a los servicios y prestaciones que ofrece la ley», según las entidades.
Los tres representantes de la Mesa del Tercer Sector Social, que agrupa a casi 4.000 entidades sociales, han propuesto como soluciones que se garantice el cumplimiento de la ley en sus plazos y financiación, que se potencien los servicios y actividades de promoción de la autonomía personal y favorecer un trabajo integral con las personas.
También han reclamado mejorar los sistemas de comunicación para poder consultar el estado de los expedientes y reforzar la cooperación de las administraciones con las entidades sociales.
Mora ha propuesto «un modelo de estado social catalán que no deje fuera del sistema a las personas discapacitadas que actualmente están en riesgo de caer en la más absoluta pobreza».
Un informe vaticina la salida de los ‘dependientes moderados’ del SAAD
Un informe de The Family Watch señala que «es posible» que la moratoria aprobada por el Gobierno el pasado noviembre para retrasar la entrada de los ‘dependientes moderados’ al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) hasta 2013 «se haga definitiva» y que se «excluya» a este colectivo.
«Parece difícil que la Ley de Dependencia pueda aplicarse tal y como se concibe hoy. Es posible que la moratoria de este año se haga definitiva y que se excluyan los ‘dependientes moderados’, que son los de nivel 1», indica esta estudio titulado ‘La familia como agente de salud’ y presentado este lunes en Madrid.
Según sus autores, la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia se promulgó «en plena euforia económica, dos años antes de empezar la crisis». Así, apuntan que en media década de aplicación de la norma se ha superado «con creces» el gasto previsto, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, y «no parece que pueda sostenerse en el tiempo».
Asimismo, concluye que «ni el Estado ni la iniciativa privada pueden hacerse cargo de la atención a los dependientes». Respecto al primero, indica que la Ley de Dependencia parecía señalar, hace 5 años, una vía de solución, pero que «hoy se ha constatado que existe un desfase entre las previsiones en número de dependientes y su financiación, y la realidad».
Recuerda que en 2007 se estimó que, cuando entrara en vigor plenamente la Ley (2015) habría 1.173.000 dependientes. Sin embargo, a día de hoy, se ha reconocido el derecho a más de 1.500.000 personas. En cuanto a la financiación, hoy la aportación del Estado «supera las previsiones en más de 2.700 millones de euros».
El cuanto al sector privado, apunta que sólo una «porción pequeña» de personas dependientes puede permitirse recibir cuidado formal, que es el realizado por profesionales especializados, dependientes de organismos públicos o contratados por la familia y pone como ejemplo que sólo el 26 por ciento de los ‘grandes dependientes’ cuenta con plaza en una residencia.
Los geriátricos anuncian despidos y cierres debido al aumento de pagas a familiares para el cuidado a domicilio de parientes con dependencia
«Todas las inversiones hechas ante las perspectivas creadas por la Ley de la Dependencia desembocaran en numerosos despidos y cierres de empresas». Ana Gil está muy preocupada. La presidenta de una de las tres patronales geriátricas de la región, Asacesema (Asociación Asturiana de Centros y Servicios de Mayores), la que más empresas suma, no comprende cómo el Principado ha vuelto a apostar por la paga al cuidador familiar, «el recurso más barato», en lugar de potenciar los servicios.Andalucía hará «ajustes» en materia de dependencia
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha asegurado que los compromisos asumidos por la Junta de Andalucía en materia de dependencia «siguen en pie», pese a los recortes de más de 70 millones de euros que supuso para la comunidad la eliminación de la partida que el Gobierno de España tenía para esta materia, con un montante global que superaba los 270 millones de euros.
En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras presidir el acto de presentación del cupón de la ONCE para el sorteo de Oro de la Cruz Roja, Montero ha admitido, con todo, que la eliminación de estas partidas de los presupuesto generales del Estado «obliga a hacer ajustes» a las comunidades, «que se traducirá como es lógico en cuestiones concretas» y de las que «daremos cuenta en el momento oportuno».
«Las administraciones locales y autonómicas no pueden compensar los déficit de financiación que ocurre en otras administraciones», ha advertido Montero, quien, en el caso del Gobierno andaluz, se «preservará» las partidas sociales en detrimento de la obra pública, «que procuramos ralentizar».
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha José Ignacio Echániz confía en un gran pacto que garantice la atención a los dependientes
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha José Ignacio Echániz ha clausurado en Toledo unas jornadas técnicas que han reunido por espacio de dos días en Toledo a directores generales de Mayores, Discapacidad y Dependencia de todas las comunidades autónomas, encuentro que ha valorado como «un gran paso que deberá culminar en un gran pacto que cimente las prestaciones a los ciudadanos que quedaron tan comprometidas por la pésima gestión de los anteriores responsables».
En el encuentro ha participado el director general del IMSERSO, Cesar Antón, que ha encabezado las sesiones de estas dos jornadas de trabajo en Toledo. En su intervención, José Ignacio Echániz también ha agradecido a los representantes de las comunidades autónomas el enorme esfuerzo que están acometiendo para, mediante un ajuste entre ingresos y gastos «alcanzar entre todos la solvencia necesaria», ha informado la Junta en nota de prensa.
En el encuentro se han abordado cuestiones como el sistema de valoración, compatibilidades entre prestaciones y servicios, procedimientos, financiación y aspectos económicos de la Ley de Dependencia. Se ha avanzado, asimismo, en el desarrollo de propuestas de mejora para la aplicación de la ley en toda España, con la voluntad de adecuar la normativa a la realidad y avanzar en el establecimiento de criterios comunes en los aspectos básicos de la ley.
Médicos denuncian que el «ahorro» en el tratamiento de la discapacidad provocará un «mayor coste en dependencia»
La presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), Inmaculada García Montes, ha advertido este miércoles de que el «ahorro» en los tratamientos contra la discapacidad provoca a la larga un «mayor coste en dependencia», motivo por el que ha pedido revertir esta relación «en estos tiempos en los que se habla de racionalización del gasto sanitario».
García Montes ha pedido además, en el marco del 50 Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) que se está celebrando en Córdoba, que los circuitos en los que trabaja el médico rehabilitador, con equipos multidisciplinares e interdisciplinares, se «simplifiquen» para que el paciente pueda ser derivado directamente desde atención primaria al médico especialista.
Para ello, ha destacado que desde la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física se propone que estas patologías tengan su «puerta de entrada única» desde atención primaria a la atención especializada «por los servicios de rehabilitación».
«Nuestra especialidad basa su diagnostico principalmente en la historia clínica y, si es necesario, con pruebas complementarias», ha dicho esta especialista, para quien el medico rehabilitador tiene cada vez más autonomía en la realización de dichas pruebas «con el consiguiente ahorro del Sistema Nacional de Salud».
Respecto a las prótesis y ayudas técnicas (férulas, o sillas de ruedas), ha ahonado en el hecho de que el médico rehabilitador es el especialista que «más controla, tutela y supervisa dichas prescripciones» y que «desde hace años, incluso, las recicla y se las retira al paciente que no las precisa al mejorar su discapacidad».
Por ello, es normal prescribir un bastón a un paciente con hemiplejia y cuando evoluciona y mejora su patrón de marcha retirarlo «cosa que hacemos habitualmente y lo recuperamos para otros».
Más de 275.300 dependientes no reciben la prestación a la que tienen derecho
Un total de 275.330 personas se encuentran actualmente en el llamado ‘limbo de la dependencia’ en España, ya que la Administración ha reconocido su derecho a recibir una prestación o servicio por su condición de dependientes pero a 1 de mayo de este año, no percibían ninguna ayuda.
Así se desprende de la estadística oficial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) actualizada a 30 de abril y publicada este martes, según la cual 1.033.776 personas han recibido un dictamen que dice que tienen derecho a prestación, pero son 758.446 las que lo perciben.
Según los mismos datos, el grupo más amplio es el que conforman los dependientes severos, que suponen el 30,45 por ciento del total. Los grandes dependientes son el 27,51 por ciento y, los dependientes moderados, grupo al que por orden del Gobierno no se incorporarán nuevos beneficiarios hasta 2013, suponen el 26,28 por ciento del total. En la estadística figuran, además, 238.806 sin grado asignado.
El Síndic de Greuges denuncia el plazo «muy desigual» en la tramitación de expedientes de la Ley de Dependencia
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, considera «preocupante» que, transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, «sigamos desconociendo los criterios que se aplican en el orden de incoación de los expedientes».
Al respecto, asegura que esto determina «un horizonte temporal muy desigual en la tramitación» de los mismos, lo que genera a las personas en situación de dependencia, «un comprensible sentimiento de inseguridad jurídica».
Cholbi, señala en el informe de la institución correspondiente a 2011, que ha recomendado «reiteradamente» a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social que, «sin más dilación, proceda a resolver los expedientes de referencia, reconociendo y otorgando las prestaciones que, de acuerdo con la valoración y el programa individual de atención, correspondan».
El defensor del pueblo valenciano asegura que «la realidad ha demostrado» que, «aún cuando la Conselleria hubiese querido que el criterio utilizado para resolver los expedientes fuese el de la fecha de entrada, éste no se ha aplicado, entre otras cuestiones, debido a la enorme complejidad que presenta el proceso de solicitud de ayudas».
De esta manera, señala que hay expedientes no resueltos cuyas solicitudes datan incluso en el año 2007, mientras que otros, con fecha de solicitud muy posterior, «sí han sido efectivamente resueltos».
José Cholbi también se ha referido al nuevo decreto del Consell, que entró en vigor el 3 de marzo de 2011, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia, respecto del cual, pero dice que al finalizar 2011 no han podido comprobar si ha producido resultados.
Además, incide en que «el atasco que existe no se puede resolver sólo con un nuevo decreto», motivo por el que «la situación de estancamiento aun no ha sido despejado».
La institución valora que la Conselleria de Justicia y Bienestar Social «haya comenzado a adoptar el criterio que sin duda estableció ya la propia Ley 39/2006; criterio que reiteradamente hemos venido defendiendo y que, posteriormente, ha sido también el mantenido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana»
Castilla y León lanzan la tarjeta «Club de los 60»
La Consejería de Familia elaborará este año un mapa del envejecimiento activo, como base para el diseño de un Plan de Envejecimiento Activo, con el objetivo de planificar todas las actividades que se desarrollen en la comunidad con independencia de qué administración o entidad las preste. Además, regulará mediante decreto el ‘Club de los 60’, que se convertirá en la marca que aglutine todo el catálogo de actuaciones.
Castilla y León se convirtió en la primera comunidad en regular el servicio de prevención de las situaciones de dependencia y, en su compromiso decidido con las personas mayores, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha comprometido a elaborar este año un mapa del envejecimiento activo, que servirá de base para el diseño de un Programa Integral de Envejecimiento Activo de Castilla y León.
Casi 18.000 catalanes mueren esperando el cobro de la dependencia en los últimos dos años
Un total de 17.844 personas han muerto esperando el cobro de la prestación por dependencia, teniendo el derecho reconocido en vida, según ha explicado el conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, en respuesta parlamentaria.
Concretamente, en 2010 murieron 10.982 personas esperando, cifra que se redujo a 6.862 en 2011, según consta en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
Además, los difuntos que no cobraron pese a tener el Programa Individual de Atención (PIA) realizado en vida fueron 13.849 en 2009, 14.232 en 2008 y 4.521 en 2007.
La mayoría de los beneficiarios afectados por el retraso en los pagos residen en Barcelona, siendo 2.020 en 2011 y 3.065 en 2010.
Más de 50.000 dependientes no cobrarán por los recortes
La moratoria aprobada por el Gobierno para retrasar los pagos a los dependientes leves y moderados –grado 1, nivel 1 y grado 1, nivel 2– afecta ya a más de 50.000 catalanes que tienen valorada su situación pero no cobrarán este año, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat.
Un total de 49.098 dependientes leves no podrán cobrar hasta enero de 2014 pese a estar ya reconocidos –una cifra que irá incrementado a medida que se vayan realizando valoraciones– y 2.083 moderados tampoco lo harán hasta enero de 2013, fechas decretadas por el Ejecutivo central, que decidió posponer los pagos un año a los dependientes moderados y dos más a los leves por «problemas de liquidez».
El alcalde de Valladolid pide que se condicionen las ayudas de la Ley de Dependencia a contratar cuidadores «externos»
El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha reclamado que las ayudas de la Ley de Dependencia se condicionen a la contratación de «personas externas» para cuidar a los beneficiarios, debido a que considera que en los últimos años en «un porcentaje altísimo» de casos se optó por que la labor la realizaran los familiares.
En declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press, el primer edil apostó por «replantear» la Ley de Dependencia ya que considera que, actualmente, la opción para mantener las ayudas es «subir los impuestos o una coparticipación».
En este sentido, ha recomendado llevar a cabo un «cambio radical» con el fin de que sean personas externas contratadas las que se encarguen de los beneficiarios. «Con ello, se crea empleo, se cotiza a la seguridad social y se tiene la garantía de que ese dinero se destine al bienestar de los mayores», ha aseverado.
Catalunya alerta de que el Gobierno ha recortado 48 millones de la Ley de Dependencia
El conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, ha alertado este jueves de que el Gobierno ha recortado 48 millones de euros de la Ley de Dependencia, por lo que ha reclamado «medidas urgentes» para compensar esta merma presupuestaria.
En declaraciones a los medios antes de participar en el Consejo Territorial de Dependencia celebrado en Madrid, Cleries ha admitido estar «preocupado» por este recorte y ha avanzado que reclamará al Gobierno acciones concretas en este sentido.
El conseller ha destacado que «mientras la Generalitat está cumpliendo con la aplicación de la Ley, el Estado ha modificado de forma unilateral su aportación del nivel acordado, incumpliendo así con sus obligaciones».
Este «nivel acordado», cuantificado por Cleries en 48 millones de euros, corresponde a la cuantía acordada a través de un convenio bilateral entre el Estado y las distintas comunidades autónomas a partir de criterios como la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad y el número de inmigrantes retornados, entre otros factores.
Además de este acuerdo bilateral, la Ley prevé que Estado y Generalitat sufraguen a medias el coste de la dependencia, una balanza que se ha «desequilibrado» ya que el Gobierno solo ha pagado el 20% del total.
«Mientras se va reduciendo la implicación del Estado, nuestras obligaciones siguen siendo las mismas, lo que deja a la Generalitat en una situación de indefensión, ya que debemos seguir atendiendo a los ciudadanos», ha añadido Cleries, recordando que en 2011 los dependientes han aumentado un 40%.
Según ha destacado el conseller, este recorte lleva a una situación de «inviabilidad económica», por lo que ha instado al Ministerio a que ponga sobre la mesa medidas urgentes, que logren un sistema sostenible.
Asimismo, Cleries ha indicado que espera que el Estado «no dimita de sus responsabilidades» y haga frente a esta situación de recorte, para la cual se ha manifestado sentirse preocupado.
Valencia dice que ha habido «precipitación» en la aplicación de Ley de Dependencia y ahora buscarán su «sostenibilidad»
El objetivo de la Comunitat Valenciana, al igual que del resto de regiones convocadas este jueves en el Consejo Territorial de Dependencia, será lograr la «sostenibilidad» de la Ley de Dependencia, para la cual ha habido «cierta precipitación» en su aplicación.
Así lo han manifestado fuentes de la Conselleria de Bienestar Social y Justicia de la Comunitat Valenciana en declaraciones a Europa Press.
Las mismas fuentes han destacado que en la reunión del consejo, a la que ha asistido el conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, y el resto de consejeros autonómicos y que ha presidido la ministra del ramo, Ana Mato, todas las regiones coincidieron en la intención de lograr la «sostenibilidad» en el sistema de dependencia.
En concreto, todo parte de que para la aplicación de la ley, según aseguraron, «no se hicieron las previsiones adecuadas» por parte del equipo de gobierno anterior, y esto ha generado «problemas en todas las comunidades».
En este sentido, han apuntado a una mala previsión, sobre todo económica, como uno de los causantes de la deficiente aplicación de esta ley.
La Ley de Dependencia gravamente herida por los recortes presupuestarios sufridos
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social en funciones, Micaela Navarro, ha afirmado que espera que este jueves durante el Consejo Territorial de Dependencia la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, nos diga –a las comunidades autónomas– «qué es lo que tiene pensando hacer con la Ley de Dependencia», pues, a su juicio, con los recortes presupuestarios que ha sufrido está «gravemente herida».
Además, Navarro, después de presentar un convenio de colaboración entre la Consejería y la Asociación de la Prensa de Sevilla, ha señalado que espera que este jueves la ministra «nos diga qué es lo que tienen pensado hacer con la Ley, que hoy es un derecho tan derecho como la salud, la educación o las pensiones». Para la consejera en funciones con el recorte del «cien por cien» del fondo acordado, una de las vías de financiación de la Ley, ésta está «gravemente herida».
Por otro lado, ha indicado que habrá que esperar a la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales del próximo día 18 de abril para que el Ministerio explique «cómo afectarán directamente los recortes», aunque Navarro ha precisado que con los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy se sabe que hay determinadas políticas perjudicadas como el Plan Concertado, un programa que se desarrolla «principalmente en los ayuntamientos a través de financiación municipal, autonómica y estatal».
El Consell abonará en los próximos días 18 millones para el primer plazo de la retroactividad de la dependencia de 2011
El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha anunciado que en los «próximos días» el Gobierno valenciano abonará 18 millones de euros para satisfacer el primer plazo de las cuatro anualidades previstas para el pago de la retroactividad a los dependientes reconocidos durante el ejercicio 2011. Cabré ha subrayado que el pago se hará «de forma inminente».
Cabré, que se ha pronunciado de esta manera en la comisión de Política y Bienestar Social de las Corts para explicar el grado de cumplimiento de la Ley de la Dependencia en la Comunitat, ha agregado que «en poco más de cuatro meses vamos a abonar casi 70 millones de euros en materia de dependencia» para «pagar la cuarta parte de la retroactividad aprobada». En este sentido, el conseller se ha comprometido a dar explicaciones en caso de que no se cumplan los plazos y cantidades de los pagos anunciados.
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana está investigando si el Consell vulnera los plazos legales para resolver los expedientes de las personas dependientes
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, está investigando si el Consell vulnera los plazos legales para resolver los expedientes de las personas dependientes, ya que ha recibido numerosas quejas de las personas afectadas y de representantes de las plataformas de la Ley de Dependencia de Castellón, Valencia y Alicante.
El defensor del pueblo valenciano, según ha explicado en un comunicado, se ha dirigido a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social para requerirle información relativa a la aplicación del decreto 18/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia.
