Dependencia
El Govern recurrirá ante el TC los recortes en dependencia
El conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, ha anunciado este lunes que el Govern recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto de reforma de la ley de dependenciaimpulsado por el Gobierno, lo que supondrá un recorte anual de un mínimo de 76 millones de euros para Catalunya. Esta cifra significa casi un 30 % de ahorro para el Estado, que el conseller considera que es «desentenderse y declararse en retirada de la ley».
Cleries ha recordado que el Estado pagó en 2011 un total de 258 millones de euros, un 20% menos de lo comprometido, una cantidad que a partir de ahora «será muchísimo menor, una tomadura de pelo para las comunidades autónomas».
El nuevo decreto que recorta las prestaciones de la dependencia a partir del 1 de agosto también incluye rebajas en los mínimos garantizados que el Estado aporta por cada persona dependiente a las comunidades, lo que supondrá, según los cálculos del conseller Cleries, que de los 258 millones se pasaría a unos 128 haciendo una estimación con los datos de 2011.
Se ha comprometido a que el paquete de reformas del Gobierno «afecte lo menos posible» a los servicios prestados por la Generalitat, aunque ha admitido inevitables recortes en las prestaciones, además de un mayor copago.
Cleries, ha hecho una valoración de la reforma de la ley de la dependencia, que ha calificado de «engaño a las CCAA y a los ciudadanos porque el Estado centrifuga la responsabilidad hacia las comunidades y les dice: ‘Ya os lo haréis, yo invito y pagáis vosotros'».
Los familiares de personas con Alzheimer consideran «inadmisibles» los recortes a la Ley de dependencia
La Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer de la Comunidad FEVAFA han calificado de «inadmisibles» los recortes y restricciones que se van a adoptar respecto a la «cada vez menos esperanzadora» Ley de la Dependencia.
Este colectivo ha calificado de «grave atentado» a los derechos de los familiares-cuidadores los recortes y han expresado su «máximo desacuerdo con la actuación del Gobierno, que una vez más y de forma incoherente hace pagar a los más necesitados los reajustes que derivan de una crisis (de la que no somos culpables) y de una mala gestión política (que podría haberse evitado)».
Con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de 2006, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocida popularmente como la Ley de Dependencia se reconocieron por ley los derechos de los familiares de personas con Alzheimer, ya que a través de su contenido se daba respuesta a las necesidades de los cuidadores.
Ahora, después de 6 años pendientes de la aplicación de la Ley, «vuelve a sufrir recortes», ya que la Ministra Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha informado de que la paga que reciben los dependientes para que les cuide un familiar en casa se va a reducir un 15 por ciento como mínimo, según la federación que ha añadido que «con esta medida que afecta directamente al cuidador pretenden compensar la rebaja en la partida de Dependencia de los Presupuestos Generales del Estado».
Además las cuidadoras familiares, en su mayoría mujeres, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno y que les servía para completar periodos cotizados y acceder a una pensión de jubilación. La otra medida que se ha tomado es ampliar a dos años el periodo en que las Comunidades tienen para atender a los dependientes, tendrá consecuencias devastadoras ya que este retraso en la percepción de las ayudas será irreparable.
PROFESIONALIZACIÓN
Sobre las declaraciones del Conseller de Bienestar Social valenciano, Jorge Cabré, que ha señalado lo positivo de las medidas y lo importante de primar la profesionalización, la Federación se posiciona de acuerdo con lo que respecta a procurar la sostenibilidad y la profesionalización del sector pero considera que se están vulnerando los derechos de los familiares que deciden acogerse a la ayuda al cuidador.
FEVAFA ha manifestado que si hasta el momento se han bajado cientos de escalones en la escalera del Estado de Bienestar, con estas medidas se está saltando al vacío.
La Federación, compuesta por 32 AFAS, representa a 6.000 afectados, de los que 2.000 reciben asistencia directa de las AFAS, el 60 por ciento en centros de día y de respiro, y el 40 por ciento a través del «Servicio de Ayuda a Domicilio de Estimulación Cognitiva» (SADEC), informa que todos los usuarios de esta gran red asistencial son Dependientes y por lo tanto tienen el derecho a percibir una ayuda, y el derecho a elegir la que más les conviene del catálogo de prestaciones.
La presidenta de FEVAFA, María Olmos, ha criticado que «las personas afectadas por la enfermedad de alzheimer han de sufrir la problemática derivada de la enfermedad y ahora se enfrentan a la impotencia de ver como se vulneran sus derechos y se destruye su esperanza». También ha añadido que «Retrasar las prestaciones dos años, cuando hablamos de una enfermedad de evolución rápida y degenerativa, es cruel».
Mato admite que no se va a garantizar la incorporación inmediata de todos los dependientes en el sistema
Las responsables en materia de Dependencia de las Comunidades Autónomas se han reunido este martes en Madrid con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, quien les ha presentado una serie de propuestas para la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que aprobó el Gobierno socialista, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero.
De todas las propuestas del Ministerio la que mayor aceptación ha tenido entre las autonomías es la que tiene que ver con primar los servicios profesionales a la dependencia frente a las prestaciones económicas, celebrada por la conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta, Beatriz Mato.
«La reforma va a fomentar, algo que no sólo defendemos y reclamamos sino que además estamos llevando a la práctica, la prestación de servicios frente a las pagas del cuidado familiar. Esto se va a destinar a la formación del cuidador que garantice la calidad de la atención», ha destacado Mato, en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
Asimismo, Mato ha calificado la reforma de la Ley de Dependencia como «necesaria» y ha dicho que las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad están dirigidas «al cumplimiento de la Ley», son propuestas acordes «a las circunstancias económicas» y «van a garantizar la posibilidad de, desde las comunidades autónomas, incorporar más gente en el sistema», lo que ha valorado de «manera positiva». «Son medidas que se toman que pueden entenderse de una manera difícil pero es una medida positiva», ha enfatizado.
«Dicho esto, lo que sí es verdad es que no se va a garantizar la incorporación inmediata de todos los dependientes en el sistema y que por lo tanto tenemos que continuar en esta senda iniciada que yo reclamé en el seno del Consejo: fomentar los servicios, ponderar más económicamente la aportación del Gobierno a las CCAA que den esos servicios, que esa ponderación se haga ya y garantizar que la aportación de las administraciones para la atención al dependiente vaya buscando la senda del 50-50», ha argumentado.
También, la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Nieves Rojas de León, se ha mostrado satisfecha con que se prioricen los servicios y la atención profesional en el domicilio, tal como, según ha indicado, hace Canarias, «porque genera mucho más empleo», da «una atención de calidad» y «libera a las mujeres, que son las eternas cuidadoras de las personas dependientes».
Además, ha señalado que se bajará un 15 por ciento la prestación económica para desincentivar que las personas apuesten más por el cuidado de la persona en el entorno familiar ya que «no es precisamente lo más acertado», al tiempo que ha explicado que en Canarias «se ha hecho compatible la ayuda a domicilio con el centro de día, aunque se daría con distinta intensidad». «La suma de las horas que se da por estos servicios cumple la intensidad de todos los servicios», ha recalcado Rojas de León.
EL DEPENDIENTE TENÍA QUE SER EL «CENTRO»
La consejera de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia, María Ángeles Palacios, ha manifestado que la Ley nació con la pretensión de que el dependiente tenía que ser el «centro» y estar lo «mejor atendido posible», pero «también para algo muy importante que es crear empleo». «Los dependientes tienen que estar cuidados, a ser posible, por profesionales. Eso no significa que estemos en desacuerdo con que si una persona puede y tiene algún profesional que lo pueda atender siga estando con su familia. Es una muy buena idea», ha recalcado.
«Nosotros tenemos que intentar por todos los medios cumplir la Ley. No tenemos ningún inconveniente en tomar todas las medidas que sean necesarias para que el sistema sea lo más sostenible posible», ha dicho.
Según Palacios, «hay un 50 por ciento más» de dependientes en Murcia respecto a las previsiones que había hecho el Gobierno autonómico para el año 2012, lo que ha generado una situación «difícil desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de que entren más personas en el sistema».
Por su parte, el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Jorge Cabré, ha destacado que una de las medidas «más importantes» para la Valencia es la que se refiere a «primar los servicios profesionales». Además, ha señalado que se tiene que tener en cuenta que hay muchos ciudadanos que tienen que ser atendidos en sus domicilios y «ha de respetarse su decisión».
Para Cabré, la reforma intentará, al menos, que la Ley sea «lo suficientemente sostenible», y si no fuera así, ha anunciado que «se seguirían tomando medidas». Sobre la modificación del copago de sus usuarios tal y como ahora está establecido, el consejero ha indicado que se trata de que «todos los beneficiarios participen del copago».
«UNA LEY SIN EL MARCO FINANCIERO ADECUADO»
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Aragón, Ricardo Oliván, ha indicado que «se creó una ley sin el marco financiero adecuado y lo que se busca es crear una ley adaptándola a diferentes medidas de financiación». En cuanto a los servicios sociales el consejero aragonés estableció que «con un poquito de imaginación y mucha coordinación» se pueden seguir manteniendo los mismos servicios.
«Hay que analizar como impacta en la comunidad de Aragón. En nuestra comunidad priman desde siempre las ayudas económicas a las familias, pero hay que orientarlas a lo que la ley marcaba en un principio que era un servicio personal. Tanto la financiación de la ley que se promueve ahora como la filosofía de la ley que se mantiene marcan ese camino», ha detallado.
Para la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, la reforma supone un «retroceso» en el desarrollo de la misma porque «cambia la orientación del modelo». Así, ha lamentado que la propuesta prime las prestaciones residenciales sobre las que se dan en el entorno familiar, a la vista de que según la documentación que ha sido entregada por la ministra Ana Mato la distribución de fondos se cambia para reconocer no sólo los dependientes atendidos sino también para preponderar el tipo de servicio.
Además, para Montero es «paradógico» que se tienda a darle más importancia a los recursos residenciales sin aportarse estudios técnicos que así lo avalen. Al respecto, ha señalado que ha habido discrepancias con algunas comunidades en este sentido y ha apuntado a que ese cambio de modelo puede ser aceptable en las grandes ciudades, en las que no hay tantas redes familiares que se encarguen de los dependientes, pero no en una comunidad rural como Andalucía, «donde la preferencia de las personas es seguir en su domicilio».
«FLEXIBILIDAD» PARA REFORMAR LA LEY
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha reclamado «flexibilidad» a la hora de reformar la Ley porque, a su juicio, deben «primar los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas» en los cuidados del entorno familiar porque dan «garantía de calidad» en la atención. También, ha defendido la necesidad de mantener un modelo «que viene funcionando en Castilla y León y que garantice la viabilidad del sistema».
Finalmente, el consejero de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Josep Lluís Cleries, ha destacado que algunas de las medidas afectan «a las competencias de Cataluña y del resto de comunidades». En concreto, ha destacado que el decreto muestra que el precio máximo para las residencias se ha fijado en 1.600 euros, y en Cataluña el precio máximo está fijado en 1.869 euros por lo que hay una diferencia que «irá a cuenta de los beneficiarios».
Las familias quieren asumir el cuidado de sus dependientes pero reclaman el apoyo de la Administración
Las familias españolas quieren asumir el cuidado de sus mayores dependientes, pero reclaman el apoyo de las administraciones, según ha señalado la profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) María Ángeles Durán, quien ha realizado un estudio para la Fundación BBVA sobre ‘El trabajo no remunerado en la economía española’.
Así, Durán ha indicado que en el país la esperanza de vida está en torno a los 80 años y la mayoría de los ancianos están ligados en sus últimos años de vida a las enfermedades y la dependencia. Con este escenario, las encuestas señalan que la demanda de cuidados en España crecería en un 50 por ciento para 2050.
Además, el estudio destaca que el 55 por ciento de los entrevistados afirma que le gustaría acoger a sus padres dependientes en su casa, mientras que casi el 30 por ciento prefiere la opción de cuidarles sin que los padres dejen su hogar. «Esta última opción es habitual en las familias con un poder socioeconómico más alto», ha precisado la investigadora.
Pero, según ha apuntado Durán, asumir el cuidado de los familiares dependientes incluye distintos modelos posibles que la investigación ha planteado y que se pueden concentrar en dos opciones: que la familia asuma el cuidado en exclusiva o que se cuente en mayor o menor grado con cuidadores externos y remunerados.
En este caso, la edad de los encuestados marca «claramente» la diferencia en cuanto a la opción elegida, ha apuntado Durán. Así, frente al 43,7 por ciento de entrevistados mayores de 65 años que optan asumir el cuidado de los dependientes, sólo el 18 por ciento de los menores de 30 años selecciona esta opción. Las alternativas que implican la externacionalización parcial o total del cuidado ganan terreno y son mayoritarias salvo, precisamente, en el sector de los mayores de 65 años (34,1 por ciento).
La investigadora ha ligado estos resultados a la opinión recogida en el estudio y que destaca que el 80 por ciento de los españoles asume que el cuidado de un dependiente repercutirá en la economía familiar y muy pocos (un 1,7 por ciento) confían en que este impacto vaya a ser compensado por las administraciones, por otros miembros de la familia (2,8%) o por el propio dependiente (4%).
MÁS DE 1.000 EUROS AL MES
Los encuestados estiman que el coste mensual de la atención al dependiente está por encima de los 1.000 euros, una cantidad que supera los 1.500 con la opción del ingreso en una residencia no subvencionada. El rango de precios medios de las residencias que hacen públicas sus tarifas en Internet va de los 1.450 euros, las de titularidad pública, hasta los 2.250 de las privadas, sin considerar servicios que se consideran extras, como, por ejemplo, el cambio de postura de un enfermo.
En la situación en que un familiar decide abandonar su empleo para dedicarse al cuidado de un dependiente, los autores del estudio calculan que la pérdida media para el hogar es de unos 20.000 euros anuales.
Para Durán, una vía para hacer frente al impacto económico de esta situación es el seguro de la dependencia, «poco implantado en España», aunque, según ha indicado «el 11,2 por ciento de los entrevistados afirmaba tener un caso de adulto dependiente grave en su familia y el 14,4 por ciento un caso de dependencia moderada». «Entre los mayores de 65 años sólo el 0,9 por ciento disponía de esta cobertura», ha apuntado.
EMPLEADOS DEL HOGAR
Otra de las vías que ha tomado la sociedad para solucionar la situación es «el traspaso del trabajo no remunerado que antes asumía la familia en el hogar, al mercado laboral» con la contratación de cuidadores. Durán ha indicado que esta actividad se «solapa» con la de los empleados del hogar «ya que en muchos casos es el mismo empleado el que asume el cuidado de la casa y del dependiente».
Las cifras sobre el trabajo doméstico remunerado son desconcertantes porque, según Durán, «ni están todos los que son, ni son todos los que están». En este sentido, ha explicado que entra las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) y los registros de altas en la Seguridad Social, el sector adelgaza casi la mitad, «algo que viene sucediendo desde hace años», ha indicado.
Durán ha señalado que en el plazo de cinco años está previsto que los trabajadores de este sector se equiparen plenamente en derechos y obligaciones al resto de los trabajadores. «Para el Gobierno la equiparación obliga a decidir cómo financiará la cobertura de los nuevos derechos conseguidos por los trabajadores: tiene que optar entre que lo financien los propios trabajadores (autónomos); que lo hagan los empleadores; o que lo haga el resto de ciudadanos a través de impuestos generales», ha señalado la investigadora.
Pero, según ha señalado, «sólo los hogares españoles que ingresan mensualmente más de 5.000 euros (un 3,8%) son los que podrían destinar una cuarta parte de sus ingresos, si así lo priorizan, a pagar el sueldo y los gastos derivados de un empleado de hogar.
Ana Mato ofrecerá a las comunidades su reforma de la Ley de Dependencia, incluída la revisión del copago
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ofrecerá a los consejeros autonómicos del ramo su propuesta de mejora de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y del Real Decreto que modificará el copago de sus usuarios tal y como ahora está establecido.
Será en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia que se desarrollará este martes por la tarde en el Ministerio de Sanidad, horas después de que en esta misma sede tenga lugar la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.
En el Consejo Territorial Mato presentará también «la evaluación definitiva de los resultados de la aplicación de la Ley» en la que el Ejecutivo reseña deficiencias en distintos ámbitos de su aplicación, especialmente en lo que a financiación se refiere, que a su juicio motivan la reforma.
En cuanto a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, que tendrá lugar por la mañana, el orden del día está protagonizado por la presentación a las autonomías de un borrador de propuesta de Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, y por la distribución de los créditos destinados a subvenciones para que las autonomías desarrollen servicios sociales de atención básica, entre otros temas.
La SEGG responde a las 101 dudas más frecuentes sobre la Ley de Dependencia
¿Tiene algún derecho la familia del solicitante que fallece antes de que le sea abonada la prestación económica? ¿Es obligatorio declarar el importe de la prestación en la declaración de la renta? ¿Cuáles son los olvidos y/o errores más frecuentes en la tramitación de una solicitud?… Son algunas de las cuestiones que se formulan los usuarios y familiares que solicitan la Ley de Dependencia y que, a partir de ahora, quedan resueltas en el manual práctico «Las 101 dudas más frecuentes sobre la Ley de Dependencia», elaborado por el Grupo de trabajo para el estudio y seguimiento de la Ley de Dependencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Las personas interesadas pueden acceder a esta guía en http://www.segg.es/download.asp?file=media/descargas/ManualPractico101dudasLeyDependencia.pdf
Hace más de cinco años que se publicó la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y a medida que se ha ido avanzando en la implantación y en el desarrollo de la Ley de Dependencia, han ido surgiendo una serie de preguntas que van más allá de las grandes cuestiones que aborda la misma, aspectos que suscitaban interpretación y que, a menudo, siembran de dudas e inquietud a los usuarios y familiares y para los que no se encuentra respuesta en ningún manual o guía, ni si quiera en la propia norma.
«A lo largo de estos años hemos vivido una situación con tendencia descendente. Cuando pensábamos que esta Ley estaba teniendo un desarrollo inadecuado, las circunstancias nos indicaban que era susceptible de empeorar y así fue», explica el doctor Pedro Gil, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Bajo esas circunstancias, la SEGG decidió constituir un grupo de trabajo multidisciplinar que sirviera como verdadero observatorio de vigilancia del desarrollo de esta Ley y que se encargara de realizar materiales divulgativos que permitan colaborar en la difusión y clarificación de lo que representa esta Ley.
Andalucía paraliza los desahucios en viviendas públicas por causas de sobreendeudamiento y en familias con dependientes
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha destacado en el Pleno del Parlamento de Andalucía que ha dado orden de paralizar todos los lanzamientos de desahucio previstos sobre el parque público de vivienda titularidad de la Junta de Andalucía en los casos de sobreendeudamiento de las familias y en aquellos supuestos en los que existan personas dependientes –menores y ancianos– dentro de la unidad familiar.
Durante su intervención, Elena Cortés ha subrayado que «no se va a utilizar esta práctica contra quienes se encuentran en una situación desesperada y no puedan hacer frente por causas justificadas a la renta de alquiler establecida».
En ese sentido, ha matizado que en la Consejería ofrecerá cuantas alternativas sean posibles a las personas objeto de los expedientes de desahucio con el objetivo de evitar que familias en dificultades «sean desposeídas de su vivienda». «Esta Consejería no va a contribuir a agravar ningún problema social», ha manifestado.
Elena Cortés ha continuado su exposición poniendo de manifiesto que su departamento «va a luchar para que las víctimas de la crisis no pierdan su casa», a lo que ha añadido: «La Consejería no participará en una política que cierra los ojos a las necesidades de colectivos a los que estamos obligados a proteger desde las administraciones públicas».
Por otro lado, la titular de Fomento y Vivienda ha incidido en que «la Consejería será muy exigente a la hora de velar por que las viviendas del parque público cumplan con el destino de habitación para las que fueron creadas y no se queden, por tanto, vacías». «Estas promociones tienen un fin social y esta Consejería va a velar por su cumplimiento», ha puntualizado Elena Cortés.
La Consejería de Fomento y Vivienda gestiona en la actualidad, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), más de 46.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, con una población residente de unas 250.000 personas, aproximadamente.
Según precisa la Consejería, la labor de la Junta en estas viviendas no se limita a una mera gestión administrativa, sino que engloba actuaciones de reparación y mantenimiento de las zonas comunes de edificios y del interior de las viviendas; así como un trabajo de integración social y ciudadana de los vecinos que residen en estas promociones, con el fin de lograr la normalización de estas barriadas en el resto de la ciudades en las que se ubican.
DESAHUCIOS EN LAS VIVIENDAS LIBRES
Por otro lado, la consejera de Fomento y Vivienda se ha referido a los desahucios que se están produciendo en el parque residencial de renta libre, asegurando que uno de los objetivos prioritarios de esta Consejería es trabajar para «paliar el problema del desahucio que sufren miles de familias en Andalucía».
Al respecto, ha explicado que «los ciudadanos que han sido despojados de su vivienda lo han sido por el endeudamiento sobrevenido tras el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria, como consecuencia de la pérdida de empleo, que en nuestra comunidad alcanza cerca del 40 por ciento de la población activa».
Durante su discurso, Elena Cortés ha advertido que «mientras se articulan medidas para el rescate de las entidades de crédito con aval público, no se ha puesto en marcha, desde el Gobierno central, una sola iniciativa que vaya dirigida al rescate efectivo de las personas y las familias sobreendeudadas». «En Andalucía queremos terminar con esta injusta y dramática situación», ha afirmado.
El Gobierno quiere priorizar la atención a los grandes dependientes frente a los leves
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad iniciará esta semana una reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia siguiendo un argumentario según el cual, el sistema es ineficaz y hay que modificarlo para, entre otras medidas «priorizar la atención a los más dependientes». La intención es que el texto de la nueva ley llegue al Consejo de Ministros la segunda semana de julio, tras pasar por la Consejo Territorial del ramo –CC.AA y ministerio–, a primeros de mes.
El documento para la «reforma del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia», al que ha tenido acceso Europa Press, expone seis razones por las que «se proponen mejoras» y que serán trasladadas a los responsables autonómicos en la materia en una serie de reuniones «a distinto nivel» que arrancarán esta semana, según fuentes de este departamento.
No serán los primeros encuentros sobre este asunto, ya que el pasado mes de mayo se produjo una reunión de directores generales del ramo en la que se expuso la necesidad de reformas, especialmente por problemas de financiación. En aquel encuentro, según fuentes consultadas por Europa Press, se llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de reducir la atención a los casos más graves, es decir, los Grandes Dependientes (Grado III) y los Severos (Grado II).
Esta cuestión aparece en el quinto punto del argumentario oficial, donde el departamento que dirige Ana Mato afirma que «debe priorizarse la atención de los más dependientes», ya que «es un principio recogido en la Ley de Dependencia» y «más del 50%» de las personas en lista de espera son de los citados grados II y III. Hasta ahora, la única medida que ha adoptado el Ejecutivo en este sentido ha sido posponer a 2014 la incorporación de nuevos dependientes moderados (Grado I) al sistema.
En cuanto a la atención, Sanidad argumenta que si bien los cuidados en el entorno familiar, es decir, los no profesionales, eran la excepción, estos «se ha convertido en la regla general» y las ayudas para ellos no se utilizan como debieran. «El cambio en las condiciones socioeconómicas y el desempleo en los núcleos familiares ha generado que miembros de la unidad familiar decidan atender a los dependientes en el domicilio, a la vez que reciben una ayuda económica por realizarla. La prestación pasa así a considerarse renta de la unidad familiar, complementando los ingresos o supliendo la falta de estos», asegura el ministerio.
Por otra parte, desde el primer Consejo Territorial de Dependencia del nuevo Gobierno, Sanidad ha venido hablando de la necesidad de simplificar la gestión. En esta línea va otra de las razones del argumentario, donde se expone que «no existen diferencias relevantes en el proceso de valoración» ni «en la forma de atender a los dependientes de diferente nivel dentro del mismo grado de dependencia», así como se da una «falta de adecuación entre las situaciones personales de dependencia y los servicios y prestaciones que reciben».
2.700 MILLONES MÁS DE LOS PREVISTOS
Además, Sanidad considera que el dinero transferido por el Gobierno a las comunidades autónomas «no ha priorizado el mayor esfuerzo en servicios» ya que las que en estos cinco años, las que han desarrollado una mejor atención «no son las que más fondos han recibido» en relación a la población dependiente, y alega que se ha producido un «desfase» entre las previsiones iniciales de la norma y sus resultados al cabo de un lustro, con 326.000 dependientes más de los previstos, y 2.700 millones más de coste sobre los presupuestados en 2007.
En cuanto al empleo, el Gobierno afirma en este documento que «no se han cumplido las expectativas de empleo que se anunciaron». Así, expone que las afiliaciones al Régimen de la Seguridad Social de profesionales en el sector de los Servicios Sociales han pasado de 70.546 altas en 2007 a 8.034 bajas en 2011. Por otro lado, apunta a que las altas de cuidadores familiares han sido entre 2007 y 2011 de 174.133. «Todas estas cuotas han sido abonadas con cargo a los PGE, habiendo generado un gasto total de 1.047 millones de euros», argumenta.
LA REFORMA «INTEGRAL» QUE ENVÍA A BRUSELAS
El pasado 30 de abril, en el documento que el Ejecutivo envió a Bruselas, donde detallaba reformas en varias áreas, el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) no quedaba exento de futuras modificaciones. Si bien planteaba un nuevo aplazamiento hasta 2014 de los dependientes ‘moderados’ o leves, también anunciaba una reforma «integral» del sistema con el objetivo de «garantizar su sostenibilidad».
Asimismo, planteaba avanzar en la «aplicación efectiva de la contribución económica del usuario del sistema», es decir, el ‘copago’, mediante un desarrollo «coordinado» de la normativa de las distintas comunidades autónomas, que son las encargadas de aplicar la ley.
El Gobierno señalaba su intención de revisar el sistema de altas en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales –familiares de los dependientes, en su mayoría–, cuyas cuotas son abonadas por la Administración General del Estado (AGE), y avanzaba la posibilidad de examinar las cuantías de las ayudas económicas previstas en el sistema, superiores a la asignación de servicios.
Mato: «Si seguimos como ahora, será absolutamente inviable la Ley de Dependencia»
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha justificado este lunes la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que ha emprendido su departamento al afirmar que, de no hacerlo, será «absolutamente insostenible». «Si seguimos como hasta ahora, sería absolutamente inviable», ha asegurado.
En un desayuno informativo con Europa Press, Mato ha insistido en la necesidad de emprender modificaciones, si bien no ha concretado si los cambios pasarán por dejar fuera del sistema a los dependientes menos graves, es decir, los diagnosticados como moderados o severos, aunque ha avanzado que la norma será sometida a un «plan de racionalización» para «garantizar la atención» que los dependientes «se merecen».
Para la responsable de Sanidad, la norma «se hizo sin prever sus consecuencias, de manera precipitada y un poco demagógica», sin someterla a evaluaciones periódicas para conocer su desarrollo. Esto ha provocado, en su opinión, desviaciones como las diferencias en los servicios que prestan las comunidades autónomas o que los cuidados no profesionales, inicialmente previstos como una excepción, se hayan convertido en norma.
«No está financieramente presupuestada, las comunidades autónomas no llegan, hay criterios distintos en cada una, las prestaciones son diferentes (…). Vamos a trabajar y buscar una fórmula para mantener su viabilidad, que en ningún caso pasa por dejar de prestar una magnifica atención a los dependientes sino por garantizar la sostenibilidad del sistema», ha añadido.
No hay fondos suficientes para dependencia
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno (PP), afirmó ayer que «con los recursos actuales no se llega a los objetivos que fijó la Ley de Dependencia» y explicó que el Gobierno tiene previsto «reordenar el modelo para hacerlo más sostenible y preservar al gran dependiente».
«No pretendo generar desasosiego, pero tenemos un problema y el problema es que con los recursos actuales no llegamos. La Ley de Dependencia marcó unos objetivos muy generosos, muy amplios, que ni creciendo al 3 por ciento se han podido cumplir», apostilló.
En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Moreno señaló que tras cinco años en vigor de la ley se va a llevar a cabo «un proceso de evaluación y probablemente de reforma» para buscar un modelo «más transparente, que potencie la dependencia en manos de profesionales y que se adapte a los recursos disponibles».
De este modo, explicó que la reforma «se hará en colaboración con las comunidades autónomas que son las que poseen las competencias en esta materia y que luchará contra el fraude, buscará priorizar al gran dependiente y sostener el sistema de dependencia que va a seguir existiendo».
Por otro lado, el secretario de Estado pidió que «la sociedad se una en el combate para luchar contra la violencia de género». «No puede ser que un vecino escuche chillar, que un padre sepa que a su hija o su nuera está teniendo maltrato y no lo denuncie. El conjunto de la sociedad se debe sonrojar ante eso y debe denunciar», explicó.
Así, Moreno señaló que la mujer debe llamar al teléfono 016 habilitado para ello porque «es un mecanismo administrativo buenísimo y a partir de esa llamada la vida de una mujer maltratada cambia porque hay todo un movimiento administrativo que se pone a disposición de la mujer».
En este sentido, afirmó que «España es uno de los países más avanzados en la lucha contra la violencia de género y que solo la Administración del Estado invierte del orden de 260 millones de euros en estas políticas».
Apamex y el IBV firman un acuerdo para «mejorar» la calidad de vida de las personas con discapacidad
La asociación para la atención y la integración social de las personas con discapacidad física de Extremadura (Apamex) y el Instituto de Biomecánica (IBV) han firmado un acuerdo de colaboración para «mejorar» la calidad de vida de las personas con discapacidad.
La colaboración favorecerá el desarrollo de estudios relacionados con la adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad, la accesibilidad integral y la atención a la dependencia, según informan estas entidades en nota de prensa.
Con estos estudios las dos organizaciones persiguen sensibilizar a sectores empresariales sobre las oportunidades de integrar laboralmente a las personas con discapacidad, potenciar el turismo accesible o mejorar el diseño de productos y servicios que tengan en cuenta las características, necesidades y preferencias de este grupo de población.
En esta línea, la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex), adscrita a Apamex y financiada por la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura, participará con el Instituto de Biomecánica en la elaboración de materiales, guías, informes o estudios de interés para las personas con discapacidad.
Según la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) 2008 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 3,8 millones de personas con discapacidad, lo que supone el 8,5% de la población.
Las actividades realizadas en el campo de la rehabilitación y autonomía personal del IBV persiguen, según ha explicado esta institución, mejorar el bienestar de las personas con algún tipo de limitación funcional, así como aumentar las capacidades de los profesionales de la salud relacionados con estos temas y la competitividad de las empresas del sector.
Cataluña tendrá una ley de dependencia propia antes de 2014
El consejero de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, ha anunciado este martes que el Gobierno catalán está preparando el anteproyecto de una ley catalana de promoción de la autonomía personal para «poner remedio a la invasión de competencias que supone la actual ley española de dependencia» antes de 2014.
En comisión parlamentaria, Cleries ha avanzado que ya se ha constituido un comité director que está trabajando en un primer boceto que se presentará en el Parlamento autonómico a principios de 2013 y ha previsto que su aprobación definitiva tendrá lugar antes del final de la legislatura, un año después.
La nueva legislación «tendrá un enfoque propio a la hora de priorizar la prevención y la promoción de la autonomía», diferenciando vejez, enfermedad mental y discapacidad, según ha concretado el consejero.
Los «constantes incumplimientos» del Gobierno en materia de dependencia han llevado al Gobierno catalán a acelerar los trámites para desarrollar una normativa propia, un deseo que Cleries ya había avanzado con anterioridad.
Uno de los ejes principales de ley será la «transversalidad», implicando a todas las Consejerías del Gobierno catalán, especialmente la de Salud y la de Bienestar Social, teniendo en cuenta que aglutinan los servicios que más utilizan los dependientes.
«Queremos poder dedicar más dinero a la promoción de las personas y paliar las diferencias de financiación que actualmente existen con el Estado», ha añadido Cleries, recordando que la Generalitat ha destinado 990 millones de euros en 2011 frente a 258 millones del Gobierno, pese a que la financiación debería ser a partes iguales.
Ha recordado el «enorme» crecimiento de beneficiarios que ha registrado Cataluña, lamentando que el Estado haya decretado aplazar los pagos de los dependientes más leves pese a tener reconocida su situación.
Cleries ha apostado por una ley organizada de forma «sencilla y ágil», y ha apuntado la creación de tres organismos específicos: un comité directivo, uno de expertos y una secretaria técnica para elaborar materiales, documentos y coordinar las acciones.
MENOS PLAZAS CONCERTADAS
El consejero ha reconocido que la caída de ingresos por parte del Estado ha hecho al Gobierno catalán «echar el freno» a la concertación de plazas residenciales, disminuyendo las previsiones iniciales.
Aún así, ha recordado que para el Gobierno catalán este aspecto es «de máxima prioridad», y ha explicado que Cataluña sigue manteniendo convenios de colaboración con entidades de apoyo a la discapacidad como Ecom para reforzar la figura del asistente personal.
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer pide reformar la ley para conseguir su pleno desarrollo
La presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFALcontigo), Blanca Clavijo, ha reclamado una modificación de la Ley de Dependencia, concretamente en sus baremos de evaluación y en lo relativo al copago, para lograr su pleno desarrollo normativo.
Durante su intervención en el simposio ‘Una visión en 3D (Dolor, Demencias y Dependencia), Clavijo ha indicado que el baremo de la ley «no se adapta a la realidad de las demencias y, muy especialmente, a la enfermedad de Alzheimer».
«Al contrario de lo que se pudiera pensar, las primeras fases de las demencias requieren mucha más atención que las avanzadas», ha puntualizado, según un comunicado de prensa remitido por la organización del 54 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, celebrado en Santiago.
Además, ha criticado que la estructura legal es «demasiado compleja», ya que depende de tres niveles administrativos diferentes –ayuntamientos, autonomías y Gobierno–.
60% DE ANCIANOS CON DOLOR
Por otra parte, el doctor Javier Gómez Pavón, del Hospital Cruz Roja de Madrid, ha hablado sobre ‘Anciano y Dolor’ para explicar la importancia de «una correcta detección, valoración y tratamiento del dolor en las personas mayores».
Este problema afecta, como ha dicho, al 40 por ciento de los ancianos de España; al 50 por ciento de los que residen en hospitales; y al 60 por ciento de los que habitan en residencias. Además, ha resaltado que «el 60 por ciento de los casos no están correctamente tratados».
Fuente: Europapress
La Ley de Dependencia tras cinco años de aplicación «necesita de ciertos ajustes» para que deje de ser un «modelo opaco»
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha abogado este viernes por «dar transparencia» y «simplificar» los trámites burocráticos ligados a la Ley de Dependencia con el objetivo de llegar al «máximo» número de usuarios y «preservar la calidad de la atención de los grandes dependientes».
En declaraciones a los periodistas momentos antes de visitar el centro de ocio para personas con discapacidad intelectual ‘A toda vela’ en Almería, Moreno ha destacado que el Gobierno central está «comprometido» con la Ley de Dependencia, de manera que ha recogido las «quejas» de usuarios y las comunidades autónomas en cuanto a la gestión derivada de la misma, ya que tras cinco años de aplicación «necesita de ciertos ajustes» para que deje de ser un «modelo opaco».
En este sentido, ha anunciado que en las próximas semanas se mantendrá una reunión con responsables de las comunidades autónomas para plantear una mejora del modelo que sitúe a los «grandes dependientes» en «el centro de la atención» para dejar de lado la «excesiva» burocracia que genera el planteamiento actual, según ha considerado.
Una residencia devolverá el dinero a una mujer por no aplicar la Ley de Dependencia
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León determina en una sentencia el reintegro de las cantidades abonadas por una residente, con el mayor grado de discapacidad, en el Centro Infantas Elena y Cristina, de la Diputación de Ávila, a la que le cobraban como si fuera privado sin tener en cuenta la Ley de Dependencia.
Según el letrado que ha defendido el caso, es la primera decisión de un caso así por parte del tribunal, que en la actualidad se tramita otros recursos por residentes en el mismo centro en similares circunstancias, y junto a los que han ejercicio acciones judiciales se estima que otras 40 familias pudieran resultar afectadas por la doctrina que emana de la sentencia, y en Castilla y León el número podría ser elevado.
La sentencia establece la firmeza de la sentencia que anula una resolución de 2009 de la Gerencia de Servicios Sociales, y declara el derecho de la parte actora a ser reintegrado de todas las cantidades que ha abonado en exceso a la residencia por la plaza ocupada por la madre del recurrente, ya fallecida.
La residente, pese a ser beneficiaria de la Ley de Dependencia por tener el mayor grado de incapacidad, pagaba la plaza residencial en toda su cuantía como si fuera privada, de forma que en la práctica no disfrutaba de ninguna prestación de dependencia pese a tenerlas reconocidas a su favor.
Según el afectado, Agustín Muñoz, «la situación creada a estos afectados en el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina les ha supuesto un auténtico calvario, tanto personal como económico», ya que «han tenido que pasar años reclamando la solución ante una situación que ha resultado absolutamente injusta, de abierto incumplimiento de la Ley de Dependencia».
Cáritas alerta de que el recorte de un 78% en 3 años de las ayudas al desarrollo del Consell provoca un «déficit social»
Cáritas Diocesana de Valencia ha alertado este jueves de que la Generalitat ha reducido sus presupuestos en ayuda al desarrollo un 78% en los últimos tres años pese a que la pobreza en la Comunitat es cada vez «más intensa, más extensa y más crónica» y ha hecho un llamamiento para recordar que «Cáritas no podrá nunca sustituir la función pública de la Administración Pública ni asumir los déficits sociales que ésta genere» ya que su tarea es complementaria a la suya.
Así lo ha manifestado la secretaria general de la institución, Fani Raga, durante la presentación de la memoria anual 2011 de Cáritas Diocesana de Valencia, junto al la directora de la misma, Mª de la Concepción Guillén y el obispo auxiliar de Valencia, Enrique Benavent.
Según ha explicado, a lo largo del pasado año, esta entidad ha atendido a un total de 92.856 personas, lo que supone un incremento del 23% respecto al 2010 y un 147% desde los inicios de la crisis en 2007. La mayor parte de las personas atendidas durante el 2011, un 61%, son extranjeras y mujeres, pero se ha notado una mayor afluencia de españoles que alcanzan el 39%, el mismo porcentaje que suponen las personas que antes no acudían a esta casa y que en el último año han llamado por primera vez a sus puertas en busca de asistencia.
En este sentido, Raga ha constatado cómo va aumentando el número de personas y hogares en situación de necesidad» y va «aumentando la precariedad con la bajada de los niveles de renta». Cada vez es mayor la brecha que se abre entre ricos y pobres» provocando una «dualización de la sociedad» que rompe la cohesión social, ha agregado.
Sin embargo, el Consell ha reducido su aportación en materia social un 78% en el último trienio que resulta «claramente insuficiente» y provoca la «debilidad e insuficiencia» de los servicios sociales públicos, el «endurecimiento» del acceso a las ayudas, que son además «muy limitadas en el tiempo».
Como consecuencia, son más las personas que acuden a Cáritas en busca de la ayuda que no encuentran en la Administración pública, entre las cuales hay un aumento de los jóvenes, por lo que ha advertido de que «el país se podrá recuperar pero las personas pero para las personas que se atienden en Cáritas será más lenta porque el daño que se ha hecho a los colectivos más vulnerables tardará más tiempo».
De hecho, «en los años de bonanza también había millones de pobres» y ahora, con la crisis, «estos se añaden» a aquellos, ha argumentado.
Así, ha expresado su «preocupación» por últimas normativas introducidas como el decreto ley privatiza la gestión sanitaria y según ha apuntado supone un cambio de modelo que «afectará a españoles y extranjeros, y aumentará la estigmatización» de los colectivos más vulnerables». Del mismo modo, ha lamentado que el sistema de la Ley de la Dependencia está «absolutamente estancado y paralizado» y en estos momentos hay 275.000 personas esperando la ayuda.
También ha criticado los cambios introducidos el pasado 20 de febrero en la renta garantizada, apoyo económico para las familias que carecen de ingresos que a partir de esta fecha dejan de tener carácter retroactivo, dejando a familias en una situación «muy preocupante», ha remarcado.
Fabra justifica los impagos a la dependencia por la deuda de más de 400 millones del Gobierno socialista a la Comunitat Valenciana
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha justificado los impagos de la Administración valenciana a las prestaciones de las ayudas a la dependencia por la deuda que ha dejado a deber el Gobierno socialista a la Comunitat en esta materia, que ha cifrado en más de 400 millones de euros. «Si el Gobierno que hace la ley y que dice que va a sufragar el 50 por ciento de los gastos no paga, difícilmente se podrán hacer más cosas de las que estamos haciendo», ha agregado.
Con ese dinero, en la Comunitat se podría haber atendido a 20.000 personas, ha remarcado Fabra, quien ha señalado que la Generalitat ha destinado en 2011 más de 394 millones, frente a los 99 del Gobierno socialista, ha dicho.
Fabra, que se ha expresado de esta manera en la sesión de control en las Corts, en relación a las preguntas formuladas por PSPV y EUPV sobre los pagos pendientes del Consell para las ayudas a la dependencia, ha afirmado que el Gobierno valenciano «cumple».
En esta materia, el portavoz del PSPV, Antonio Torres, ha ofrecido al jefe del Consell una propuesta: destinar 19 millones de euros del plan de pagos a proveedores para atender a 14.000 de los 26.000 dependientes que hay en lista de espera.
Por su parte, el jefe del Consell ha informado de que la Generalitat ha incluido las ayudas de la dependencia en el plan de pagos a proveedores y ha apuntado que este año ha satisfecho pagos pendientes por valor de más de 85 millones de euros, incluyendo 16 millones con efectos de retroactividad.
Fabra ha reconocido las dificultades económicas pero ha afirmado que se están tomando iniciativa como simplificar los trámites para la evaluación de la dependencia, al tiempo que ha destacado que la Comunitat es la autonomía que «más esfuerzos» está haciendo en la atención residencial.
De enero a mayo, la Generalitat ha satisfecho pagos por más de 5.160 millones, de los cuales, el 70 por ciento –más de 3.500– han sido destinados a gasto social, entre ellos la dependencia, ha dicho. Por ello, Fabra ha apuntado que desde la oposición «no pueden decir que estamos desatendiendo a las personas». En este punto ha indicado que el Consell está «intentando ajustar la dimensión de la administración para poder atender a las personas».
Expertos advierten que Galicia no gestiona «bien» los recursos en geriatría
Expertos de las Sociedades Española y Gallega de Geriatría y Gerontología han avisado de que Galicia, pese a ser «la región más envejecida del mundo», no gestiona «bien» sus recursos en geriatría y ha ejemplificado con la formación de especialistas. Además, el presidente de la organización española, Pedro Gil, ha esgrimido que los políticos «saben bien de recortar, pero no de aplicar adecuadamente los recursos».
En la presentación de una cita congresual que reúne en la capital gallega a más de 1.000 profesionales y expertos del área de atención a las personas mayores, Gil ha aludido a la reducida capacidad formativa de la Comunidad y ha explicado que sólo cuenta con dos hospitales con servicio de geriatría, el Meixoeiro de Vigo y el Lucus Augusti, de Lugo, formando «sólo dos o tres residentes al año».
Acompañado por el presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, Andrés Vázquez, y del coordinador del comité científico y tesorero de la homóloga estatal que él mismo preside, José Antonio López Trigo, Gil ha explicado que se busca que las citas congresuales se produzcan en comunidades «en las que se necesita un empujón» y ha subrayado que, además, Galicia «está por delante de lo que va a ocurrir».
«Se espera que para el año 2050 España tenga un 32 por ciento de envejecimiento y eso en Galicia ya se ha alcanzado», ha esgrimido el experto, para añadir que, en consecuencia, la comunidad «puede ser un buen modelo» para ver cómo afrontar el envejecimiento. Y es que, ha añadido, en la autonomía hay 1.200 centenarios. Además, según Vázquez, hay ayuntamientos en los que el 80 por ciento de la población supera los 70 y, en casos puntuales, incluso los 80 años.
Con estos datos, Gil ha defendido que la atención a estas personas «en un modelo asistencial de geriatría» –en el que se integran no sólo médicos, sino también psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales, por ejemplo– es «más eficaz y eficiente», pero también «más barato». De hecho, ha abogado por caminar hacia un modelo «no de coordinación, sino de integración sociosanitaria». «Hagámoslo sin miedo a equivocarnos», ha pedido.
PREOCUPACIÓN POR EL RURAL
En el caso gallego, tanto Pedro Gil como Andrés Vázquez han expresado su preocupación por las condiciones de vida y la atención a los mayores residentes en el rural. Así, Vázquez ha incidido en la «gran desertización poblacional» que hay en Galicia y ha constatado que, en contra de lo que sucede en el contexto europeo –según ha corroborado López Trigo–, en Galicia y España se tiende a intentar «paliar» los efectos «de la falta de previsión».
«Se están haciendo cosas, pero hay mucho pendiente», ha constatado Vázquez, quien ha llamado a preguntarse, «cuál es el problema de la infravivienda» en el rural o como afectaría a los ancianos con pensiones más bajas «una subida de la luz o del IVA». «No pretendemos medicalizar el envejecimiento y no decimos que los mayores estén mal atendidos, sino que pueden estar mejor», ha añadido López Trigo.
A modo de ejemplo, se ha referido a un anciano que vive en una aldea y que está «muy a gusto» en su casa. «Pues que siga allí, pero debe tener unos mínimos garantizados, como la luz, el agua y las comunicaciones básicas», ha aseverado el experto, antes de insistir que éste es el camino que se está recorriendo en Europa.
GESTIÓN ADECUADA DE RECURSOS
Preguntado por los efectos de los recortes de las administraciones públicas con motivo de la crisis, Andrés Vázquez ha rechazado utilizar este término y ha optado por emplear el de «aumentos de coste», para subrayar que «afectan siempre a la población más desfavorecida» y ha hecho hincapié en que las pensiones gallegas son «las más bajas de España».
A su vez, Gil ha defendido que se pueden lograr ahorros más elevados mediante una gestión «adecuada» de los recursos que de los «recortes». En el caso de los fármacos, por ejemplo, ha señalado que aplicar los «criterios europeos» de prescripción para la población anciana permite ahorrar «más» que obligando a este colectivo a «pagar un porcentaje» de los medicamentos.
«Utilícese el recurso, pero adecuadamente», ha demandado el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), quien ha indicado que «los políticos saben bien de recortar, pero no de aplicar adecuadamente los recursos». Hacerlo permitiría, ha alegado, reducir el gasto a la vez que se «aumenta la calidad del servicio».
LEY DE DEPENDENCIA
Sobre la Ley de Dependencia, tanto Gil como Vázquez han recurrido a la ironía para apuntar que esta norma «es muy gallega, es decir, depende». «Depende de si sube o si baja, del presupuesto específico de un año concreto…», ha apuntado el portavoz de la Sociedade Galega de Xerontoloxía, antes de defender que, en todo caso, «hay que dejarla vivir».
«Una ley tiene que respirar y a la de Dependencia se le ha pedido una inmediatez tremenda. Hay que dejarla evolucionar», ha esgrimido, al tiempo que ha alertado de que «nació con un procedimiento administrativo muy engorroso» y con un desarrollo económico que «no está claro». En este asunto incidirá, ha subrayado, una de las 12 guías que se presentarán en el congreso: ‘Las 101 dudas más frecuentes sobre la Ley de Dependencia’.
