El Síndic de Greuges denuncia el plazo «muy desigual» en la tramitación de expedientes de la Ley de Dependencia
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, considera «preocupante» que, transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, «sigamos desconociendo los criterios que se aplican en el orden de incoación de los expedientes».
Al respecto, asegura que esto determina «un horizonte temporal muy desigual en la tramitación» de los mismos, lo que genera a las personas en situación de dependencia, «un comprensible sentimiento de inseguridad jurídica».
Cholbi, señala en el informe de la institución correspondiente a 2011, que ha recomendado «reiteradamente» a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social que, «sin más dilación, proceda a resolver los expedientes de referencia, reconociendo y otorgando las prestaciones que, de acuerdo con la valoración y el programa individual de atención, correspondan».
El defensor del pueblo valenciano asegura que «la realidad ha demostrado» que, «aún cuando la Conselleria hubiese querido que el criterio utilizado para resolver los expedientes fuese el de la fecha de entrada, éste no se ha aplicado, entre otras cuestiones, debido a la enorme complejidad que presenta el proceso de solicitud de ayudas».
De esta manera, señala que hay expedientes no resueltos cuyas solicitudes datan incluso en el año 2007, mientras que otros, con fecha de solicitud muy posterior, «sí han sido efectivamente resueltos».
José Cholbi también se ha referido al nuevo decreto del Consell, que entró en vigor el 3 de marzo de 2011, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia, respecto del cual, pero dice que al finalizar 2011 no han podido comprobar si ha producido resultados.
Además, incide en que «el atasco que existe no se puede resolver sólo con un nuevo decreto», motivo por el que «la situación de estancamiento aun no ha sido despejado».
La institución valora que la Conselleria de Justicia y Bienestar Social «haya comenzado a adoptar el criterio que sin duda estableció ya la propia Ley 39/2006; criterio que reiteradamente hemos venido defendiendo y que, posteriormente, ha sido también el mantenido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana»