Recortes

La devolución del Presupuesto frustra un aumento significativo de la partida dedicada a la dependencia

dependenciaLa devolución del proyecto de Presupuesto General del Estado de 2019 al Gobierno por parte del Congreso en la votación de totalidad ha dejado sin efecto el anunciado incremento en las partidas dedicadas a la dependencia, inversiones en distintos territorios y especialmente en Cataluña, donde iban a aumentar especialmente, y una serie de modificaciones de impuestos, entre ellas la subida del impuesto al diésel.

Al caer el proyecto presupuestario, quedan en el aire las distintas modificaciones tributarias con las que el Gobierno buscaba aumentar un 9,5% la recaudación, hasta los 227.356 millones de euros, y que ahora el Gobierno tendrá que decidir si aprueba a través de decretos ley.
En el Impuesto de Sociedades, los Presupuestos contenían un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para grandes empresas (del 18% para las entidades financieras y de explotación de hidrocarburos) y una rebaja de dos puntos, hasta el 23%, para las compañías que no alcanzan una facturación de un millón de euros.

En el IRPF, el Gobierno establecía una subida de dos puntos en el IRPF para rentas del trabajo superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las de 300.000 euros, mientras que para las del capital se aumentaba en cuatro puntos para rentas de ahorro de más de 140.000 euros.

LOS NUEVOS IMPUESTOS SÍ SIGUEN SU CURSO

También se incluía la subida al diésel, ya que se reducía su bonificación para aumentar el impuesto especial sobre el gasóleo en 3,8 céntimos por litro. Por contra, se rebajaba el IVA en varios productos, como los de higiene femenina (del 10% al superreducido del 4%) o a las descargas y suscripciones digitales de libros, periódicos o revistas (del 21% al 4%). El IVA a los servicios veterinarios pasaba del 21% al 10%.

Únicamente siguen su tramitación los dos impuestos de nueva creación, el impuesto de transacciones financieras y el de servicios digitales, ya que una ley de Presupuestos no puede contener nuevas figuras tributarias. Ambos fueron aprobados en sendos proyectos de ley, pero aún no han iniciado su tramitación parlamentaria, a la espera de que el Gobierno los defienda ante el Congreso.

Una de las partidas que había experimentado un aumento más significativo era la dedicada a la dependencia, que experimentaba en las cuentas una subida del 58,3%, al subir en 831 millones de euros hasta su mayor dotación en el sistema, con 2.231 millones.

Los Presupuestos recuperaban además la financiación de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, lo que habría afectado a 180.000 personas en una partida a la que las cuentas dedicaban 315 millones de euros.

Por otro lado, se eliminaba también el copago farmacéutico para los pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros y para las personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo.

AUMENTO DE BECAS Y BAJADA DE TASAS UNIVERSITARIAS

Por otra parte, las cuentas contemplaban un aumento del 10,2% para el sistema general de becas y ayudas al estudio, presupuestadas con 1.620 millones de euros y establecían una bajada de las tasas universitarias para dejarlas a niveles anteriores a la subida experimentada en 2012, habilitando para ello a las comunidades autónomas.

También se habilitaba a las entidades locales para flexibilizar la aplicación de la regla de gasto en su gasto en escuelas infantiles, considerando las escuelas infantiles de 0 a 3 años como una inversión financieramente sostenible. Por otro lado, se dotaba de 100 millones de euros la financiación de la cobertura de libros de texto y material didáctico, duplicando su cuantía respecto a 2018.

VIVIENDA

Respecto a vivienda, el Presupuesto tumbado por el Congreso dedicaba un 41% más que el del año pasado, dotando con 137 millones de euros al Plan 20.000 viviendas para incrementar el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales.

Asimismo, se presupuestaban 25 millones de euros más para el programa de protección familiar y de lucha contra pobreza infantil en proyectos para mejorar la situación de familias en situación de vulnerabilidad y se dotaban 30 millones de euros para aumentar los recursos de las entidades públicas autonómicas de protección de menores extranjeros no acompañados.

INFRAESTRUCTURAS

En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno había esbozado un aumento de las inversiones en infraestructuras de un 18% más que en las cuentas de 2018, alcanzando el mayor importe inversor desde 2012 con 10.029 millones de euros. De todas ellas, la alta velocidad se ‘comía’ uno de cada cuatro euros presupuestados, al acumular 2.660 millones, más de la mitad de los 5.041 millones dirigidos al ferrocarril.

Otra de las partidas que se quedarán por ahora sin ver la luz es la relativa a la inversión real territorializada, que en el proyecto presupuestario contempla un alza del 20%, hasta los 12.181,94 millones de euros, con incrementos para Catalunya (+52%), Andalucía (+44%) y Comunidad Valenciana (+61%), frente a las regiones más castigadas: La Rioja (-39%), Galicia (19%) o Comunidad de Madrid (congelada).

15 MILLONES PARA VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Respecto al Ministerio de Justicia, las cuentas de Sánchez proyectaban un aumento del 5% respecto a los últimos Presupuestos de Rajoy, elevando su cuantía hasta los 1.869 millones de euros, 15 millones de los cuales se reservaban para impulsar iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y el Franquismo.

Asimismo, las partidas presupuestadas financiaban la creación de nuevas unidades judiciales y la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, las nuevas Unidades Forenses de Valoración Integral y plazas en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, comprometidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la puesta en marcha de las nuevas oficinas judicial y fiscal.

LA SUBIDA DE SALARIO MÍNIMO Y PENSIONES YA ESTÁ EN VIGOR

Las estimaciones que maneja el Gobierno, tras no aprobar los Presupuestos, es que el déficit se eleve al 2,2% o al 2,4% del PIB, frente al 1,3% comprometido con la Comisión Europea en la senda de estabilidad vigente. Asimismo, el Ejecutivo calcula que se perderá además una renta de 4.174 euros por ciudadano en forma de prestaciones y servicios públicos.

No obstante, el Gobierno ya ha aprobado varias medidas a través de la figura del real decreto ley, como el aumento del 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 900 euros mensuales, así como la revalorización de un 1,6% de las pensiones (a la que se añadirá una décima más por el IPC antes de abril) y de un 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, con un coste total de 2.591,65 millones de euros.

Igualmente, aprobó en diciembre la subida salarial de los empleados públicos para 2019, que será como mínimo del 2,25%, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales, hasta un máximo del 2,75%.

Además, ya dio luz verde a la subida del 1,25% de la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos, hasta los 944,40 euros al mes, ya que el tipo de cotización ha pasado a ser del 30%, aunque se incluían mejoras para el colectivo de autónomos como el acceso a la prestación por cese de actividad (paro), flexibilizando los requisitos y ampliando la duración de la prestación.

También se ha prorrogado de manera indefinida el subsidio extraordinario por desempleo (SED) de más de 400 euros para los parados sin prestaciones hasta que se cuente con un modelo nuevo, y se ha reducido el número mínimo de jornadas requeridas para acceder al subsidio por desempleo o renta agraria en el régimen de trabajadores temporeros, pasando de 35 a 20 jornadas.

Fuente: Catalunyapress

Cada día mueren seis catalanes esperando la residencia

dependenciaEl Govern admite que de 2013 a 2017 fallecieron 11.194 dependientes en lista de espera.

Los profesionales lo achacan a los recortes y piden «urgentemente» aumentar las prestaciones.

Desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017 murieron 11.194 catalanes que estaban esperando para ingresar en una residencia de la tercera edad. El 74% de los difuntos ya habían sido valorados por los servicios sociales y tenían el derecho reconocido, pero no pudieron ingresar por falta de plazas públicas. Son datos que la Conselleria d’Afers Socials reveló el 18 de enero tras una interpelación parlamentaria. Tanto la patronal de las residencias como los trabajadores sociales culpan a los recortes del 2012 que aplicaron los gobiernos de Rajoy y de Artur Mas, y piden “medidas urgentes”. Según las previsiones demográficas, en treinta años se van a duplicar el número de personas mayores dependientes en Catalunya.

La ley de la dependencia establece que la espera para ingresar en una residencia no puede superar los seis meses. Pero la realidad se ha comido con patatas este marco teórico. Año tras año, centenares de catalanes, la mayoría abuelos de más de 80 años, mueren sin poder entrar en el centro asistencial que han pedido. El año de este periodo en el que hubo menos defunciones fue el 2013, con 1.598 fallecidos. El peor, el 2015, con 2.943 personas que perdieron la vida en esta lista de espera. “Estamos hablando de los últimos años de las vidas de estas personas, ¿qué nos cuesta tratarles con dignidad?”, lamenta Cinta Pascual, directora de la Asociació Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA).

En los últimos dos años las defunciones de los beneficiarios han ido a menos. Sin embargo, según demuestran los datos oficiales, se ha multiplicado por cinco el número de personas que mueren incluso antes de ser valoradas por el trabajador social. Si en 2013 fallecieron 168 solicitantes en 2017 ya eran 849.

Pero el panorama en la actualidad no es muy esperanzador. En estos momentos hay 18.438 personas catalogadas con el “máximo grado de dependencia”, es decir, que tienen el derecho reconocido para entrar en una residencia, pero están en lista de espera. Tres de cada cuatro piden plaza en un centro de la demarcación de Barcelona. Además, hay 52.865 solicitantes pendientes de valorar en los servicios sociales. El 40% esperan la primera valoración, que recae en un equipo especializados de la Generalitat , y el otro 60% aguardan al referente de los servicios sociales municipales que deberá pactar con ellos qué tipo de ayuda quiere y dónde quieren pedir plaza. De estas, solo una de cada cinco solicitudes están dentro del plazo legal.

“El sistema debe hacer un reset”, aseguran los responsables de la Comisió de Dependència del Col·legi de Treball Social de Catalunya. En parte, explican, porque ante las ayudas de la ley de dependencia están los tres niveles de la administración en juego pero no se coordinan. Aunque señalan como causa principal del drama la falta de recursos por los “brutales recortes” que se aplicaron en 2012. “Faltan manos en los servicios sociales, plazas en las residencias y ayudas económicas a los dependientes”. En muchos casos, los trabajadores ven que cuando las personas ingresan en los centros necesitan otro recurso porque empeoran.

En la misma línea opina la principal patronal del sector, ACRA, que agrupa la mayoría de residencias de Catalunya. “En el 2012 una persona que estaba en lista de espera podía cobrar 1.000 euros y mientras tanto pagarse una plaza en la privada. Ahora solo cobran 400 euros. Con esto es imposible financiar nada”, asegura su directora Cinta Pascual. Pascual gestiona una residencia de titularidad de la Generalitat que cuenta con 94 plazas. Tiene 800 ancianos en lista de espera. En algunos casos las personas pueden estar cinco años esperando.

De hecho, la situación es especialmente alarmante en Barcelona y alrededores. “Es donde faltan más plazas asistenciales”, asegura Pascual. En los casos de mayor emergencia y de extra vulnerabilidad, por ejemplo abuelos desahuciados o los que tienen problemas de salud graves y ningún familiar de quien se haga cargo, los mismos ayuntamientos tienen que recorrer a llevarles a zonas más lejanas, a veces desplazándolos de provincia. Pero normalmente los familiares tienen que acabar renunciando a tener a su padre o madre cerca de casa, y lo mandan a aquellas residencias donde la demanda es más baja. “Les estamos obligando a pasar el resto de su vida lejos de donde han vivido, desarraigados. Es vergonzoso”, añade Pascual.

Aunque ellos no pueden poner más recursos, ni abrir residencias, los profesionales de servicios sociales que valoran los casos son los que reciben la angustia de las familias. “Es muy doloroso llamar para decir que ya hay plaza y que te respondan que el familiar ha muerto”, comentan los profesionales de la comisión de dependencia del Col·legi de Treball Social.

En esta misma respuesta parlamentaria, el ‘conseller’ d’Afers Socials Chakir el Homrani asegura que han aumentado un 22% la plantilla de las personas que se encargan de valorar los casos. Señala además que han impulsado medidas para resolver la lista de espera en las zonas más afectadas: los dos Vallès, Maresme, Alt Penedès y Anoia. También puntualizan que los últimos tres meses de 2018 han aumentado la plantilla en las zonas donde hay más espera en las valoraciones y que también trabajan en un “plan de choque” para contratar personal en Barcelona ciudad.

“No encuentro plaza ni pagando un dineral”

Hace cinco años que la madre de Loli vive con ella en casa. El mismo tiempo que espera para entrar en una residencia de su barrio. Fue en enero del 2014 cuando decidieron que lo mejor era que ingresara en este centro asistencial. Al medio año vino una trabajadora social y decidió que la madre de Loli tenía una dependencia severa, de grado 2. “En aquél tiempo aún podía andar, y pensé que viniera a casa porque mientras que no entrara en la residencia podría vivir mejor”. Luego Loli se quedó en el paro, y la demencia de su madre fue a peor. Dejó de trabajar, de salir a cenar, de hacer vacaciones y se dedicó a cuidar a su madre en cuerpo y alma. “No tiene a nadie más, ella me lo ha dado todo”, explica. Hace un par de meses, cuando Loli no estaba en casa, su madre se cayó y se rompió una vértebra. En cuestión de meses tendrá que regresar a casa, pero Loli se ve incapaz. “Necesita estar en un sitio que tenga grúa para moverla, que le puedan dar todos los cuidados”. Como la residencia pública no llega, ha consultado hasta 14 residencias privadas. El precio está entre los 2.000 y los 2.500 euros al mes. Loli está dispuesta a abrir un préstamo con el banco “porque dinero para pagar esto no lo tengo”. El problema es que tampoco el mercado la puede ayudar: “están todas llenas, no hay plazas”. Ante su estupor, ahora ha empezado a consultar todo el Baix Llobregat. Quizá ingrese su madre en Castelldefels. “Lo que más me duele es no poder ir a verla cada día, aquí en el barrio sería distinto».

La madre de A. P. no puede ni expresar su indignación. Murió dos años y medio después de pedir una ayuda de la dependencia. Ella tenía alzhéimer, demencia y problemas renales. “La asistenta social (que le acabó diagnosticando una dependencia de grado)  tardó dos años en venir a casa”, . Le dieron derecho a cobrar una ayuda económica de 400 euros, y una hora al día de una trabajadora familiar. Tres meses después, la ayuda fue aprobada y la trabajadora empezó a venir. La madre de A. P. murió dos días después. “Como no llegó a final de mes, nunca hemos visto este dinero”. Pero de mientras, ella y sus dos hermanas se quedaron sin ahorros. “Durante todo el tiempo que estuvimos esperando contratamos a una chica que venía por las mañanas. Por las tardes nos turnábamos las hermanas. Yo me tuve que reducir jornada, y pasé cobrar mucho menos”. Por el camino, fundieron los pocos ahorros familiares. Un ejemplo, el gasto farmacéutico subía a los 40 euros semanales. “Siempre me quedará saber que la tratamos bien”. Pero la fatiga, el dolor y los ahorros no los devuelve nadie.

Fuente: El Periódico

El drama de la dependencia. Recortando a los más vulnerables

Por Carmen Alemany Panadero

mayores_Hace algunos días leímos en El País la historia de Genoveva, una señora de 95 años aquejada de Alzheimer y que reside en una pequeña aldea de Galicia. Los recortes y las políticas de austeridad causaron el cierre del centro de día al que acudía a diario, obligándola a un desplazamiento de más de una hora diaria hasta otro centro en Muros. No dispone de ayuda a domicilio, a pesar de tener reconocido un Grado II de dependencia, y su hijo de 70 años ya no puede con ella para vestirla o asearla. Los servicios sociales creen que necesita una residencia, pero llevan más de dos años esperando una plaza que nunca llega.

La historia de Genoveva refleja una situación que se repite con frecuencia en muchas comunidades autónomas de España y que he encontrado en numerosas ocasiones en el Centro. Personas mayores, dependientes, que necesitan cuidados y asistencia y cuyas familias hacen lo que pueden, pero trabajan, tienen problemas de salud o edad avanzada y no pueden realizar todas las tareas necesarias. También hay personas en situación de dependencia que no cuentan con familiares cercanos. En estos casos, los servicios y prestaciones públicas reconocidos por la Ley de Dependencia son esenciales para garantizar una vida digna a miles de personas. Esta ley creó el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que cuenta con una serie de servicios y prestaciones que constituyen un derecho.

Casi 200.000 personas dependientes han fallecido entre 2012 y 2017 en España sin recibir la prestación a la que tenían derecho. Más de 100 personas al día. El Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales alerta de que actualmente hay 310.120 personas en lista de espera. Una cuarta parte de las personas en situación de dependencia no tienen acceso a ninguna prestación. Más de un tercio son personas dependientes con Grados II o III, los más vulnerables por tener una mayor necesidad de apoyo.

El recorte de la Administración del Estado en dependencia asciende ya a 4600 millones de euros, teniendo en cuenta la reducción del nivel mínimo, la supresión del nivel acordado y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. Las prolongadas políticas de austeridad y los recortes han supuesto la asfixia financiera del sistema. Las cifras son frías, pero detrás de ellas hay miles de dramas personales.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid emitió un demoledor informe en diciembre de 2017 sobre la situación de la atención a la dependencia en esta Comunidad.

“No se destinan anualmente los recursos necesarios para atender puntualmente las prestaciones de dependencia ni se utilizan los instrumentos presupuestarios que permitieran subsanar el déficit, lo que sería fundamental para atender las necesidades de un colectivo especialmente vulnerable.
El 84% de los que murieron en los seis meses siguientes a la petición de la asistencia lo hicieron sin percibir ayuda alguna. De los que murieron a partir de los seis meses siguientes de solicitar la ayuda del sistema, hasta el 62% falleció igualmente sin recibir ninguna prestación económica o servicio.
Estos hechos podrían dar lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración y en estos términos se pronuncia la Defensora del Pueblo, al ser éste un derecho invocable ante los tribunales, dado el carácter público de las prestaciones del Sistema, la universalidad en el acceso a las mismas, y el derecho de los ciudadanos a iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa de este derecho. Los beneficiarios con mayor grado de dependencia que solicitaron la atención residencial como modalidad principal, sin haber solicitado una prestación económica como modalidad transitoria, al ser los más vulnerables, habrían sido los más perjudicados”. (Cámara de Cuentas Comunidad de Madrid)

La situación de la dependencia es difícil para todos los afectados, pero en algunos casos existen circunstancias agravantes. Vivir en unos barrios u otros, o en unas regiones u otras, determina la calidad de vida de las personas y afecta especialmente a las personas en situación de dependencia. Algunos de esos factores condicionantes son:

  • Factores individuales: Escasez de familiares con disponibilidad para cuidar, vivir solo/a, falta de redes familiares o sociales, aislamiento.
  • Condicionantes de género: La mayoría de las personas dependientes suelen ser mujeres, muchas de ellas mayores, debido a una superior esperanza de vida. Estas mujeres dependientes suelen contar con pensiones reducidas, por haber asumido las tareas de cuidado de familiares (niños, enfermos, mayores) a lo largo de su vida, suelen tener cotizaciones inferiores o no haber cotizado jamás, y por tanto, cuentan con pensiones muy reducidas. Esto les complica el acceso a servicios asistenciales privados.
  • Residencia en zona rural: las personas dependientes que residen en zonas rurales suelen disponer de escasos recursos asistenciales próximos. Pueden requerir desplazamientos largos a un centro de día o no disponer de servicios de proximidad.
  • Residencia en zona urbana: Las personas que residen en zonas urbanas tendrán más o menos calidad de vida en función del barrio en el que residan. Por ejemplo, en Usera (Madrid) el estudio de Factores Determinantes de Salud 2017 (Ayuntamiento de Madrid), señala que la tasa de discapacidad es claramente superior a la del resto de Madrid, y la salud y calidad de vida son inferiores a todos los niveles: más problemas de obesidad, diabetes, problemas de salud mental, ansiedad y depresión, y una peor percepción de salud y calidad de vida.
  • Factores relativos a la vivienda: La calidad de vida de la persona dependiente dependerá de cuestiones como el estado del inmueble, grietas, humedades, mal aislamiento climático, carencia de muros de contención, barreras arquitectónicas, desniveles en el suelo, etc. Por desgracia, muchas personas mayores y dependientes de Usera habitan en viviendas con deficiencias estructurales.
  • Factores relativos a las vías públicas: Las vías públicas pueden facilitar o dificultar el desplazamiento de la persona en situación de dependencia por su entorno (solo o acompañado). Aceras en buen estado y rampas facilitan los movimientos. Aceras levantadas, rotura del pavimento, falta de adoquines, raíces de árboles sobresaliendo, desprendimientos de ladrillos, árboles sin podar con riesgo de caída de ramas, implican un riesgo para las personas dependientes, que pueden sufrir caídas o accidentes. En distritos como Usera y Villaverde el estado de las vías públicas es mejorable.
  • Los datos de las pensiones medias: El Mapa Social de la Ciudad de Madrid 2017 recoge que Puente de Vallecas y Usera son los distritos con las pensiones más reducidas de la capital, seguidos de cerca por Villaverde, Latina, Carabanchel y Villa de Vallecas.
  • La esperanza de vida: Existen diferencias significativas en la esperanza de vida de las personas incluso dentro del mismo municipio. Por poner un ejemplo, el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid, muestra diferencias de esperanza de vida entre los distritos. Salamanca, Chamartín y Retiro son los distritos con una esperanza de vida más elevada. Los que tienne la esperanza de vida más reducida son Centro, Usera, Puente de Vallecas, Carabanchel y Villaverde. La OMS advierte que las condiciones de la vivienda tienen influencia directa en la salud, especialmente para las personas más vulnerables, como niños, mayores y personas con discapacidad (OMS, 2011). También el Estudio Técnico sobre la Pobreza Energética del Ayuntamiento de Madrid (Sánchez-Guevara et al, 2015) señala la influencia de la climatización de las viviendas en la salud.

Debido a la confluencia de todos estos factores, las personas en situación de dependencia de las zonas urbanas más desfavorecidas se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad. Y las personas dependientes de zonas rurales pueden tener dificultades para el acceso a servicios asistenciales próximos. La mayoría de las personas mayores y dependientes son mujeres, y la mayoría de las mujeres (y más aún las mujeres de esa generación) han cotizado menos que los varones y se encuentran en una situación económica más precaria.

En los doce años de vida que tiene la Ley de Dependencia, el 3% de la población española ha sido reconocida como dependiente, es decir, que necesitan ayuda para realizar las necesidades básicas de la vida diaria. Miles de personas pueden verse abocadas a situaciones de riesgo, vulnerabilidad o desatención. La Ley de Dependencia vino a reconocer unas prestaciones y servicios como derecho subjetivo, como garantía de una vida digna para todas las personas con independencia de su capacidad. La financiación adecuada y suficiente del Sistema de Atención a la Dependencia es un derecho exigible, un deber legal para los poderes públicos y un derecho para los ciudadanos. El Estado debe cumplir con ese 50% de financiación de los servicios del SAAD. El ahorro económico no puede correr a cargo del sector más vulnerable de nuestra sociedad.

Además, es necesario tener en cuenta que los servicios del SAAD generan empleo. En el actual contexto de crisis, precariedad laboral y desempleo de larga duración, los servicios de asistencia a ese 3% de población en situación de dependencia pueden generar miles de empleos, alimentar a miles de familias, y aumentar la demanda y el consumo. En una sociedad envejecida, este sector puede constituir un motor de empleo y crecimiento económico. Según el Observatorio Estatal para la Dependencia, si se atendiera ya a las 310.000 personas dependientes en lista de espera, se generarían más de 75.000 empleos directos, sumados a los 220.000 empleos actuales del SAAD.

Fuente: Medium

Madrid no presta servicio a casi 1.800 dependientes por falta de financiación

MADRIDEn los últimos años, la cifra de personas dependientes en Madrid ha crecido un 29%. Eso ha supuesto un desequlibrio importante en la financiación de estas ayudas. Tanto es así, que en la actualidad hay una lista de espera de 6.847 personas, de las cuales unas 1.779 no reciben ningún servicio.

El convenio firmado asegura que la Comunidad de Madrid ha de encargarse de la financión de estos servicios, mientras la gestión recae en manos del Ayuntamiento. Ahí aparece otro de los problemas: la Comunidad solo dota de 69 millones, y debe unos 108, por lo que tiene que ser el Consistorio el que se encargue de las ayudas a unas 5.068 personas, a través de la ayuda a domicilio. Esto se hace con cargo al presupuesto municipal.

«La Comunidad aporta la misma cantidad desde 2013 al mismo tiempo que el número de personas necesitadas aumenta», explica a 20minutos Marta Higueras, responsable del Área de Equidad.

Es el Gobierno regional el que decide si concede o no la ayuda, y posteriormente la financia. Es además el organismo que remite al Ayuntamiento el listado de personas solicitantes de dicho servicio. «Se van añadiendo casos a la lista y cuando se llega al tope de 69 millones no se pueden incluir más, por eso hay un desfase», revela Higueras.

Esta situación ha desembocado en una deuda de la Comunidad con el Ayuntamiento. En 2017 la cifra ascendió a unos 22 millones de euros y la previsión del equipo de Carmena es que este año sea de unos 80 millones. «Queda claro que la financiación no alcanza, y obviamente nosotros ofrecemos lo que está en nuestra mano, que es la atención domiciliaria», expone una Higueras que da por hecho que ese dinero «se va a recuperar».

Lo que sí reconocen desde el Ayuntamiento es el esfuerzo de la Comunidad en cuanto a medios. «Hay más equipos trabajando, y se nota un esfuerzo detrás», dicen. Marta Higueras destaca que se ve «una voluntad clara» y el mensaje del presidente Ángel Garrido es que se va a trabajar «para resolver el problema».

Eso sí, hace apenas unos días, el concejal de Hacienda en el Consistorio, Jorge García Castaño, solicitó al Estado competencias precisamente en materias de dependencia, con el objetivo de poder avanzar en la resolución de este problema.

Mirada al Gobierno central

Desde la Comunidad comparten la necesidad de un mayor esfuerzo, pero acalaran: «Estamos destinando más dinero que nunca, puesto que hemos presupuestado más de 1.200 millones de euros para la atención a la dependencia».

El director general de Atención a la Dependencia y al Mayor, Carlos González, insta a que el Gobierno central cumpla con la Ley de dependencia. «La norma recoge que la financiación tiene que ser 50-50 entre las comunidades y el Gobierno, y ahora nosotros aportamos el 85% y desde Moncloa aportan el 15%».

En este sentido, los expertos ya avisaron de que el aumento en 46 millones de la partida destinada a dependencia en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 es «papel mojado», porque «no está asegurado que estos fondos se transfieran al nivel autonómico ya que para recibir un euro del Estado, las comunidades deben acreditar cuatro de gasto en personas atendidas, lo que no pueden cumplir debido al actual modelo de financiación».

«Eso tiene que cambiar», dice González, quien reclama a Ahora Madrid que pida al PSOE, «como socio de Gobierno», que solicite a Sánchez un cambio. «Se lo pedimos a Mariano Rajoy en su momento, y ahora lo hacemos con el nuevo Ejecutivo», sentencia.

 

Fuente: 20 minutos

 

 

 

El TSJ Balear condena a compensar por los recortes en dependencia

nuevos-recortes-a-la-dependenciaEl TSJ Balear condena al Govern a compensar a una mujer que perdió durante dos años la prestación que recibía por dependencia a raíz de un cambio de baremo que recortaba las ayudas. La Consellería corrigió con posterioridad y sí reconoció a la mujer el derecho a recibir una cantidad de dinero para su cuidado. Sin embargo no admitía pagar el dinero que le hubiera correspondido los dos años en los que se quedó sin prestación.

La paciente se acogió a la Ley de Dependencia al poco de su entrada en vigor. En el año 2007 se le reconoció un grado de dependencia severa que le daba derecho a recibir una prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Así se mantuvo varios años esta situación, mientras se le aplicó el baremo inicial de la normativa. En ese tiempo fue revisada su situación en otras dos ocasiones y siempre se mantuvo el criterio de que la mujer, de sesenta años de edad y con un trastorno psiquiátrico y una enfermedad renal.

Cuando le iba a caducar la vigencia de la última valoración, fue la propia paciente quien reclamó una revisión de su caso, necesaria para seguir recibiendo el subsidio. Esta vez, en 2014, se le aplicó un baremo más restrictivo y se la clasificó como dependiente moderada y no severa. Esta condición la situaba en grado 1 de dependencia y la privaba de recibir la prestación que tenía reconocida previamente.

Tras este cambio por parte de la administración, la dependiente acudió a los tribunales y presentó un recurso Contencioso contra su nueva valoración. El tribunal no tuvo que entrar en el fondo porque en enero de 2016, cuando el pleito ya estaba en marcha, la propia Conselleria volvió a cambiar la valoración de la paciente y, de nuevo, reconoció que era una dependiente severa y, por tanto, recuperaba el derecho a la prestación.

Así las cosas, la discusión sólo se mantenía porque la última resolución del Govern no preveía efectos retroactivos. Es decir, no anulaba la valoración que le dejó sin dinero y la daba por buena.

El tribunal estima el recurso y obliga a que se pague por todo el tiempo en el que estuvo en vigor la baremación con ‘recortes’, que se extendió a dos años. «Es más que evidente que la resolución es nula y, en consecuencia la anulamos y, en reconocimiento de la situación jurídica individualizada de la señora, declaramos que tiene el derecho a percibir las prestaciones». Además, impone una condena en costas al Govern por mantener abierto el pleito. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Fuente: Balears Noticias

Cuatro de cada 10 dependientes catalanes están desatendidos

mayores_Catalunya es la comunidad autónoma con más personas dependientes en lista de espera, según el último balance del Sistema de Atención a la Dependencia, que revela que casi cuatro de cada 10 dependientes (37,1%) de esta región no recibe la prestación o servicio a la que tienen derecho por ley tras ser evaluados, un dato que supera en 12,6 puntos porcentuales la media española (24,5%).

En el conjunto de España, uno de cada cuatro dependientes reconocidos está en la lista de espera. «Se confirma en el 2017 una recuperación del Sistema de Atención a la Dependencia que se inició en 2015, al calor de la sensibilidad de los nuevos Gobiernos Autonómicos y por la incorporación de los dependientes moderados (en julio del 2015)», valora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

No así en Catalunya. Los datos a 31 de diciembre del 2017, a los que ha tenido acceso Europa Press, señalan que de las 224.261 catalanes reconocidos como dependientes, 83.203 están desatendidos.

Al actual ritmo, esta comunidad autónoma precisaría de más de 11 años para acabar con el ‘limbo’ en el que se encuentran estos dependientes, según la estimación de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Castilla y León, en el otro extremo

La lista de espera de Catalunya contrasta con la de Castilla y León, que ha acabado el 2017 con la práctica totalidad de sus dependientes atendidos y solo un 1,4% pendiente de una prestación o servicio.

Por el contrario, muy cerca de la comunidad catalana se sitúa Canarias, con más de un tercio de las personas dependientes sin ser atendidas (36,6%), seguida de Andalucía (31,8%) y Extremadura (27,2%).

El resto se sitúan por debajo de la media española del 24,5%: Aragón (23,1%), Cantabria (22,6%), Madrid (21,5%), Navarra (19,8%), País Vasco (18,6%), Castilla-La Mancha (18,4%), Baleares (17,7%), Galicia (17,6%), Comunidad Valenciana (15,9%), Asturias (13,8%), Murcia (13,5%) y Ceuta y Melilla (9,1%).

Durante el 2017, el saldo de la lista de espera se redujo en 38.189 personas en el conjunto de España, una cifra insuficiente para acabar con el limbo en el que se encuentran 310.120 personas. «A ese ritmo se necesitarían más de ocho años solo para atender a la actual acumulación de la lista de espera», señalan los directores de servicios sociales.

A estos les resulta «especialmente preocupante» que casi el 40% de las personas desatendidas son dependientes severos y grandes dependientes (120.368), que son los que necesitan prestaciones con mayor urgencia.

«El propio Ministerio reconoce en sus informes que, en 2017, una de cada cuatro de las personas con derecho a prestación que han causado baja –la inmensa mayoría por fallecimiento–, no se encontraban recibiendo su correspondiente prestación», alertan.

 

Fuente: El Periódico

 

 

De nuevo el estado del bienestar se cuestiona: Trump busca recortar programas de bienestar social para los pobres

TRUMPMientras los republicanos en el Capitolio se apresuran a completar su nueva política tributaria para fines de este año, los legisladores y funcionarios de la administración Trump se están enfocando en su próxima medida para el año nuevo: la reforma del sistema de bienestar social.

El momento, dicen los defensores, es propicio: el crecimiento ha alcanzado una tasa anual de más de 3 por ciento, y el desempleo está en sus niveles más bajos desde el mandato de George W. Bush. Las principales figuras del partido, incluyendo el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dicen que recortar «beneficios del sistema de bienestar social» es otra manera de reducir el déficit, aunque por otro lado están planificando endeudarse aún más para financiar los recortes de impuestos.

El riesgo para los republicanos es que, al abogar por un paquete de impuestos sesgado a favor de los ricos, el partido ahora estará asociado con una legislación percibida como dañina para los hogares más vulnerables.

Si el objetivo es reducir el déficit presupuestario, los pobres no deberían ser los que cargan con el peso, sino la amplia clase media», dijo Michael Strain, director de estudios de política económica del conservador American Enterprise Institute.

Las cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso destacan el papel relativamente modesto que desempeñan los programas para combatir la pobreza — como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), los programas de apoyo directo en efectivo o los créditos tributarios por ingresos percibidos —en impulsar el crecimiento del gasto total.

A medida que envejece la población, las áreas de mayor gasto serán las pensiones del gobierno y los principales programas de atención médica; estos últimos, por ejemplo, aumentarán de 5.4 por ciento del PIB en 2017 al 6.9 por ciento en 10 años. Al mismo tiempo, otros gastos obligatorios, que incluyen los programas de seguridad de ingresos, bajarán de 2.9 por ciento del PIB a 2.5 por ciento.

Sin embargo, el presidente Trump ha prometido proteger a Medicare, el programa de salud para los ciudadanos mayores de edad de EUA y al programa de seguridad social. Eso podría amenazar algunos programas de asistencia para los más pobres.

En comparación con las principales naciones avanzadas, los programas de ayuda económica en EUA son relativamente modestos — 2.3 por ciento del PIB — para la población en edad de trabajar. Eso se compara con un promedio de la OCDE del 4.2 por ciento y más de 5 por ciento en países como Francia y España. Cuando se tienen en cuenta los vastos programas de salud pública y privada de EUA, su gasto social es mucho más elevado en las clasificaciones mundiales.

Los defensores del sistema actual argumentan que hay poco que cortar en los programas para combatir la pobreza. Pero los republicanos quieren que se apliquen requisitos de trabajo más estrictos a los programas esenciales, como SNAP, también conocidos como cupones de alimentos, o asistencia en efectivo para los pobres. Muchos también consideran que Medicaid, el programa de salud para estadounidenses de bajos ingresos, debe recortarse.

Recientemente en una entrevista de radio, el Sr. Ryan dijo: «Tenemos un sistema de bienestar que básicamente está atrapando a las personas en la pobreza y pagándoles para que no trabajen».

Steve Moore, un economista de la conservadora Heritage Foundation quien asesoró a la campaña presidencial de Trump sobre la reforma tributaria, respalda las medidas para endurecer los requisitos laborales e impulsar a más recipientes de beneficios al mercado laboral. Al mismo tiempo, dice, es un error para los republicanos pregonar la reforma de la asistencia social como una manera de reducir el déficit. «Ni siquiera deberían de mencionar esta reforma como una medida para ahorrar. Se trata de motivar a las personas a ‘subirse a los ascensores’ para que puedan mejorar sus vidas», dijo.

Algunos analistas argumentan que el sistema estadounidense de programas para combatir la pobreza tiene una relación calidad-precio relativamente buena. Por ejemplo, después de la gran recesión, ayudó a mantener los estándares de vida básicos de muchos ciudadanos, y el Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas (CBPP, por sus siglas en inglés) descubrió que, si se miden cuidadosamente los efectos de la red de seguridad, la pobreza infantil está en su nivel más bajo desde la década de 1960.

Sharon Parrott, becaria del CBPP, dijo que estaba «realmente preocupada» de que los programas, incluyendo los cupones de alimentos, se convertirían en blancos el próximo año. Cuando los legisladores hablaron sobre los requisitos de trabajo, la retórica sugería que querían ayudar a más personas a trabajar, aseveró la Sra. Parrott, pero «no vas a ayudar a las personas a trabajar si les niegas asistencia alimentaria básica y atención médica».

Los responsables políticos del partido republicano insisten en que la reforma de la asistencia social, si se lleva a cabo correctamente, impulsará la movilidad social y aumentará los ingresos de los ciudadanos más pobres. Los defensores de la reforma, como el Sr. Moore, destacan la legislación de bienestar bajo el presidente Clinton a mediados de la década de 1990 como ejemplo de una historia de éxito que enfatizó medidas para impulsar a los ciudadanos con dificultades a trabajar.

Sin embargo, los críticos demócratas señalan los beneficios que proporciona la reforma tributaria de los republicanos para las corporaciones, los dueños de negocios y el 1 por ciento de los hogares más ricos, y cuestionan si los legisladores realmente están considerando las necesidades de los ciudadanos más pobres de EUA.

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Fuente: EL ECONOMISTA

El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) condenado por no conceder plaza a una dependiente que murió esperando

imasLa anciana pasó casi dos años aguardando; su familia optó por una residencia privada y ahora será compensada.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Murcia ha condenado al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a compensar económicamente a la familia de una anciana, enferma de alzhéimer, que murió tras esperar durante casi dos años una plaza en una residencia que nunca llegó. La juez María Teresa Nortes censura que la Comunidad mantuviese paralizado el expediente de la mujer durante todo este tiempo, incumpliendo con ello el límite legal de seis meses para resolver, como establece la Ley de Dependencia.

Durante los últimos años se han sucedido las sentencias condenatorias al IMAS por la paralización de miles de solicitudes de la Dependencia, pero hasta ahora se trataba, en todos los casos, de prestaciones económicas. Esta es la primera sentencia relativa a la vulneración de los plazos legales por parte de la Administración regional en la concesión de un servicio. En concreto, de una plaza residencial.

El abogado José Román Morales, que ha llevado el caso, considera que se abre ahora una vía para que otras familias puedan reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración en el retraso de la concesión de plazas de residencias o centros de día, entre otros servicios de la Dependencia. «Hay mucha gente que ha superado los seis meses esperando una plaza. Habitualmente no se reclama, pero esta sentencia demuestra que es posible solicitar daños y perjuicios», subraya el letrado.

En este caso, el IMAS tendrá que compensar el coste que la familia tuvo que asumir al pagar de su bolsillo una residencia privada en Cartagena. La plaza costó 1.400 euros mensuales, de manera que la Administración tendrá que abonar la diferencia entre esa cantidad y lo que la dependiente hubiese desembolsado de estar en una plaza pública o concertada. En principio, esa diferencia sería de unos 100 euros mensuales, teniendo en cuenta los copagos vigentes.

La anciana, de 94 años y paciente de alzhéimer, solicitó en mayo de 2014 el acceso al sistema de la Dependencia. El 25 de agosto de ese mismo año, el IMAS le reconoció el grado máximo de Dependencia. El siguiente paso, de acuerdo a la normativa, debería haber sido la aprobación del Programa Individualizado de Atención (PIA) y, con ello, su acceso a una plaza residencial en un plazo no superior a seis meses desde la presentación de la solicitud. Es decir, la mujer debería haber ingresado en una residencia antes del 9 de noviembre de 2014. Sin embargo, falleció el 7 de febrero de 2016 sin que le llegase a ser concedida la plaza.

«Daños antijurídicos»

La juez lamenta «la falta de actuación de la Administración, que no hizo ninguno de los trámites del PIA» pese a «la situación en la que se encontraba» la solicitante, con un grado III de dependencia. «El retraso, o más bien la no tramitación del PIA, ha generado unos daños antijurídicos», por lo que «concurren todos los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración».

Durante 2014 y 2015, en plena época de recortes, la Comunidad mantuvo paralizadas miles de solicitudes de la prestación económica de la Dependencia, acogiéndose a una moratoria de dos años establecida por el Gobierno central. Sin embargo, la juez recuerda que dicha medida no podía ser aplicada a las plazas residenciales ni de centro de día. En todo caso, el IMAS ha sido condenado en numerosas sentencias por retrasos en la concesión de prestaciones económicas que ni siquiera con la moratoria del Gobierno central pudieron justificarse.

Fuente: LA VERDAD

Plataformas de la Dependencia consideran una burla la subida de 100 millones en los PGE

Aurelia JerezLa Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia considera «una burla y una ofensa» la subida de 100 millones de euros en el presupuesto de Dependencia para 2017, ya que recuerda que el recorte desde 2011 ha sido superior a 3.000 millones de euros.

La portavoz de estas plataformas, Aurelia Jerez, ha lamentado que ni siquiera se ha cumplido el pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos de «recuperar 440 millones anualmente» el presupuesto de dependencia.

«Aumentar 100 millones es insuficiente, cuando llevamos un recorte acumulado superior a los 3.000 millones de euros; es cero para un colectivo que viene sufriendo los recortes demasiado tiempo, es inaudito y demuestra también una falta de compromiso por parte de todos los grupos parlamentarios», ha opinado Jerez.

En los presupuestos presentados hoy, la partida destinada a la dependencia sube un 8,2 por ciento, 100 millones más, hasta los 1.355 millones de euros.

Para el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, destacar ese aumento es «cruel porque genera una espectativa en los dependientes que no se va a cumplir, con lo cual es engañar a esas personas que están en la mas absoluta desesperación y que están viviendo un sufrimiento terrible esperando a que les atiendan».

«Con esos cien millones más, si tenemos en cuenta que el coste anual por dependiente atendido es de 8.000 euros, te sale a que se pueden atender a 14.000 dependientes más, el 4 por ciento de las personas que están en lista de espera, que ascienden a 350.000».

Por tanto, «en el mejor de los casos ese aumento serviría para atender a esos 14.000 beneficiarios que esperan la atención a la que tienen derecho y para condenar a seguir esperando a 336.000 personas, de las que 30.000 van a morir este año sin recibir ninguna prestación», ha concluido Ramírez.

Fuente: La Vanguardia

Uno de cada tres dependientes reconocidos en Andalucía no recibe ninguna ayuda

dependienteDiez años después de la aprobación de la ley de Dependencia, en Andalucía hay 287.472 personas reconocidas como dependientes pero el sistema público solo le da cobertura a unas 185.275. El 35,5 por ciento de ellos, con distinto grado de afección, están desatendidos en esta comunidad. Es decir, más de uno de cada tres andaluces no recibe ninguna de las ayudas a las que tienen derecho, recogidas en la norma aprobada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Están a la espera de que les sea asignada una plaza en una residencia de mayores o de recibir una ayuda a domicilio, el servicio de tele asistencia o una prestación por cuidados familiares.

En Andalucía hay por tanto 102.197 personas dependientes que no reciben ningún tipo de ayuda pese a que han sido examinadas y tienen derecho a ser asistidas con dinero público.Son datos de la Junta de Andalucía recogidos en un informe publicado por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales con la información aportada por las propias comunidades autónomas correspondiente al pasado mes de octubre.

La Ley de Dependencia ofrece una variada red de apoyo que abarca desde una plaza en una residencia de mayores o centro de día, una ayuda en el domicilio, tele asistencia o una prestación económica por cuidados familiares. El pasado viernes, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, celebró el décimo aniversario de esta norma que definió como «cuarto pilar del estado del bienestar» durante un mitin en la capital jiennense que cerró el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Las estadísticas, sin embargo, muestran claros y sombras en la gestión autonómica. El porcentaje de personas pendientes de recibir prestación supera a la media nacional. Si en España están sin atender el 15% de los dependientes más graves, en Andalucía llega al 19,1%. Sólo Cataluña, Aragón y Canarias están por detrás. En lo que respecta a los dependientes más leves, el promedio de las comunidades es del 59,19%, mientras en el territorio andaluz representan el 71,6%. En descargo de la gestión autonómica, cabe destacar que durante octubre fue la región que más beneficiarios con prestación incorporó al sistema: 4.701 de una tacada en un mes. En total, 185.275 personas reciben algún tipo de ayuda en Andalucía. De los 102.197 andaluces que engrosan la lista de espera para ser atendidos, 37.876 están diagnosticados con severa dependencia (Grado II) o gran dependencia (Grado III). Los que restan, 64.321, son dependientes de Grado I —el nivel más moderado — y empezaron a incorporarse al sistema a partir de julio de 2015. El Gobierno central impuso una moratoria tras las elecciones de 2011 que retrasó hasta aquella fecha la cobertura de este colectivo, lo que afectó a enfermos de alzhéimer en las primeras fases de la enfermedad y personas mayores con reducida movilidad.

Primeros recortes

Pero los primeros recortes se remontan a la etapa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien en mayo de 2010 tuvo que disminuir el gasto en dependencia y sacrificar parte de su política social para aplicar el drástico recorte de déficit fijado por la Unión Europea. La incorporación de estos dependientes ha elevado las listas de espera. Andalucía es la comunidad que acumula el mayor número de dependientes leves con dictámenes oficiales y que aguardan atención: 64.321. Le siguen Cataluña (60.819) y a mayor distancia Castilla La Mancha (17.375).

De las 122.968 personas diagnosticadas como severos o grandes dependientes que engrosan la lista de espera en España, casi un tercio (un total de 37.876) viven en Andalucía, según esta serie estadística que se actualizan mensualmente. Los servicios sociales han reconocido su condición de dependientes, pero la Junta aún no les ha facilitado la prestación.

Fuente: ABC andalucía

Dolors Montserrat niega recortes en dependencia y se compromete a afianzar la ley

dolors-montserratLa ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha negado que el Gobierno haya recortado su aportación al sistema de dependencia y ha expresado la voluntad de «seguir afianzando la ley con el máximo consenso de las comunidades autónomas y la sociedad civil».

En la sesión de control parlamentario al Gobierno, Montserrat ha respondido así a una pregunta de la diputada socialista Elvira Ramón en la que ha reclamado más financiación para la Ley de Dependencia, que cumple 10 años el próximo 14 de diciembre, porque cree que ha sido «demolida» en los últimos cinco años.

«El Gobierno del PP ha atacado y debilitado el sistema de atención a base de recortes en prestaciones y presupuestarios», ha dicho la parlamentaria socialista.

La ministra ha asegurado que el Gobierno no ha recortado «la aportación del Estado al sistema de atención a la dependencia» y ha señalado que, según el Tribunal de Cuentas, el 49,2 por ciento de la financiación la aporta el Estado y el 50,8 % las CCAA.

Según Montserrat, aportación del Gobierno de 2007 a 2011 fue de 11.400 millones de euros y durante la legislatura del PP, entre 2012 a 2015, ascendió a más de 16.000 millones.

«Es un derecho subjetivo, su financiación no es discrecional no depende de la voluntad del Gobierno, sino que es un derecho y un gasto reglado», ha dicho la ministra, quien ha destacado que siete de cada diez euros del presupuesto de su ministerio se destinan a dependencia.

La responsable de Servicios Sociales ha insistido en que el Gobierno mantendrá «una política presupuestaria responsable, que ha permitido reducir el déficit y crear más empleo» para garantizar «la atención del dependiente, el mantenimiento de su dignidad, sin olvidar a los cuidadores, con una gestión más ágil y transparente».

Por su parte, la diputada socialista ha acusado al Gobierno de aplicar más de 1.800 millones de euros en recortes a la dependencia.

«El balance en dependencia no pude ser más desolador porque hay 400.000 personas en espera de recibir atención y 125.000 han fallecido sin ser atendidas».

Fuente: eldiario.es

Cataluña es la única comunidad que en los últimos doce meses ha reducido el número de dependientes

nuevos-recortes-a-la-dependencia«Alberto ahora mismo tiene nueve años, pero es como un bebé de seis meses: no anda, no habla, no tiene control de sus esfínteres, tiene una discapacidad intelectual grave y es prácticamente ciego». Así resume Aurelia Jerez Medina la rara enfermedad que sufre su hijo Alberto, el síndrome de Pitt Hopkins, una afección de la que solo se conocen once casos en España.

En 2008, Aurelia y su marido consiguieron la calificación de “persona dependiente” para Alberto, por lo que comenzó a recibir las prestaciones y servicios públicos a los que tiene derecho: «Desde el primer momento se le consideró un grado tres, que es el grado máximo de dependencia, y siempre lo ha mantenido», explica. Esto implica que Alberto «necesita ayuda de una tercera persona para realizar cualquier actividad de su vida, como puede ser comer, vestirse, acostarse, bañarse… Si no le das de comer, no come, y si no le cambias de pañal, tampoco protesta”.

Desde entonces, la familia recibe una pequeña cantidad de dinero cada mes. «La prestación que se le concedió a mi hijo fue la de cuidados en el entorno familiar. Yo soy su cuidadora y, por eso, en un primer momento se me pagaba 552 euros y mi cotización a la Seguridad Social», explica. Sin embargo, debido a los últimos recortes, la ayuda es ahora menor y desde “el decreto de julio de 2012, se ha reducido hasta los 442 euros y se ha eliminado la cotización”.

De todos modos, la situación de Alberto es mejor que la de muchas otras personas dependientes en España. Según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, a día de hoy casi uno de cada tres afectados se encuentra en las «listas de espera». En concreto, 381.508 no reciben prestaciones o servicios públicos, frente a los 826.362 que sí lo hacen.

Cabe señalar, además, que el 54,1% de los que solicitan las ayudas supera los 80 años, por lo que agilizar los procesos se vuelve crucial. «En la espera, en la espera, en la espera… Hay gente que se muere», afirma el portavoz de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de Cataluña, Enric Ollé, que conoce bien el problema por su trabajo, pero también porque lo ha vivido de cerca: en 2015 falleció la hermana de su suegro, Francisca Valls, quien desde 2009 había sido reconocida como una persona dependiente y, sin embargo, nunca recibió ayuda pública alguna.

Por desgracia, el caso de Francisca no es excepcional, ya que en los últimos cuatro años 127.000 personas han fallecido esperando la prestación a la que tenían derecho. «Es un proceso burocrático y lento», asegura Ollé.

Diferencias entre las CCAA

Aunque en el último año ha crecido en un 12% el número de dependientes a los que se atiende en España, la situación cambia de unas comunidades a otras. En algunas ha mejorado, como sería el caso de Castilla y León, Madrid o Asturias, pero en otras no. Destaca Canarias, donde la lista de espera supera el 50%, y Cataluña, que es la única comunidad que en los últimos doce meses ha reducido el número de afectados a los que atiende.

De todos modos, el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales advierte de que «el resto resto de las comunidades no les va a la zaga». En este sentido, apuntan a un mal sistema de financiación como parte del problema: «El recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 2.865 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares» dice el informe.

Aunque para Francisca ya es demasiado tarde, las decisiones que se tomen ahora marcarán el futuro de Alberto. “En estos momentos es pequeño, y yo todavía me puedo manejar bien, pero me imagino que con el paso del tiempo, que yo vaya cumpliendo años y él vaya ganando peso, necesitaré otro tipo de ayudas”, explica su madre. “Si hay un poco de voluntad por parte de los gobiernos venideros, espero que todo esto pueda ser viable”.

 

Fuente: El Confidencial

 

 

Los recortes en dependencia dejan sin servicios a más de 250.000 personas

Jose-Manuel-Ramirez--presidente-de-la-Asociacion-de-Directores-y-Gerentes-de-Servicios-SocialesLa Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales afirma que 252.929 personas mayores dejaron de recibir servicios básicos para la convivencia durante el año 2013, último balance disponible del Ministerio de Sanidad sobre plazas residenciales, centros de día y ayuda a domicilio.

Conforme explican, los recortes impactaron también en esta población, para la que se contaron 10.068 plazas públicas de residencia menos, 43.273 usuarios menos del Servicio de Ayuda a Domicilio, 2.774 atendidos menos en Centros de Día con financiación pública y 196.814 menos con Teleasistencia en sus domicilios.

«Estas son algunas consecuencias de los recortes en el gasto que se produjeron con especial intensidad en los años 2011, 2012 y 2013. Al recorte de aportaciones estatales (especialmente en Dependencia) se sumaron unos objetivos de déficit durísimos e incompatibles con el mantenimiento adecuado de los servicios sociales para personas mayores en un momento de incremento exponencial de la demanda», dice la organización.

En este sentido, señala que durante 2013, las plazas de financiación pública en residencias se redujeron un 6% (10.068 plazas menos) y las en Centros de Día cayeron un 5% (2.774 plazas menos).

Mientras, en el total de Centros residenciales (incluidos privados) una de cada tres plazas está sin ocupar, con 134.959 vacantes y 34.967 usuarios menos que había durante el año anterior y en los de Día, la ocupación es del 56% con 38.456 plazas sin ocupar y 10.593 atendidos menos.

«Los datos constatan, asimismo, que existe una gran disparidad y una enorme brecha entre territorios», dice la asociación, que destaca la diferencia en la cobertura del servicio de Teleasistencia (usuarios atendidos/población mayor de 65 años) de Madrid, con un 13,6% y Andalucía, con un 12,9% frente a Galicia, de «tan solo el 0,7%», Canarias, que presenta un 2% o La Rioja, deñ 3,3%.

En el Servicios de Ayuda a Domicilio el índice de cobertura en Madrid alcanza un 5,8%, en Castilla y León un 5,7% y La Rioja 5,6%; mientras en la Comunidad Valenciana se queda en un 2%, en las Islas Baleares un 2,1% y en Murcia en un 2,3%. En cuanto a la Intensidad horaria mensual Andalucía alcanza la mayor intensidad con 32,8 frente a Cataluña que llega a 9,9.

Respecto a los Centros de Día, el índice de cobertura en Galicia es del 1% en Cantabria del 0,9%, y en el País Vasco del 0,83%; mientras que en Extremadura solo alcanza el 0,05%, en Aragón el 0,15% y en Navarra el 0,3%.

En plazas de financiación pública, el índice de cobertura es de 4,3% en Extremadura, 4,1% en Castilla La Mancha y un 3,4% en Cantabria, mientras en Galicia es un 0,9% en Galicia, y un 1,2% en Murcia y Canarias.

Las plazas residenciales de financiación pública se han reducido un 6% en un solo año (10.068 plazas menos). Las plazas de financiación pública en Centros de Día se han reducido un 5% en un año (2.774 plazas menos).

 

Fuente; informativostelecinco.com

Más de 22.500 catalanes han muerto esperando la prestación de la dependencia

asistentes de personas dependientes22.588. Esta es la cifra de ciudadanos de Catalunya que han fallecido desde el 2011 al 2015 esperando percibir la prestación de la Ley de Dependencia, la “cuarta pata” del estado del bienestar. Una demora que ha obligado a la Generalitat a abonar 105 millones de euros a los herederos de los solicitantes que no llegaron a percibir la prestación.

Así lo indica una respuesta parlamentaria de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies a una pregunta de Ciutadans sobre el balance de la prestación por la dependencia. La respuesta, firmada por la consellera Dolors Bassa, detalla las defunciones de solicitantes por años e incluso sino se llegó a tiempo de realizar la valoración del solicitante.

En el 2011 fallecieron 3213 solicitantes sin valoración; 2057,en el 2012; 1487, en el 2013; 1577 en el 2014 y 1697 en el 2015. Cifras un tanto similares a los que finaron pendientes de su Programa Individual de Atención (PIA), es decir, con la valoración pero sin establecer la prestación o servicio. Así en el 2011, los solicitantes que murieron sin tener el PIA fueron 4566; en el 2012, 3287; 1632 en el 2013; 1423 en el 2014 y 1649 en el 2015.

Medidas de mejora

La consellera, pero, insiste en que su departamento ha implementado medidas para mejorar la gestión de la tramitación de la Ley de Dependencia, como el incremento de equipos interdisciplinarios de valoración o las situaciones de alto riesgo.

Según el mismo informe, hasta el uno de enero de 2016 se han resuelto un 97,1% de las solicitudes iniciables valorables. También se han cerrado un 93,7% de las peticiones de revisión de grado así como un 80,8% de los programas individuales de atención realizables, que suponen 258.311 solicitudes.

La lentitud en la resolución de los casos no ha eximido a la administración catalana de pagar las prestaciones que correspondían a los solicitantes que han fallecido esperando. Hasta el 31 de diciembre de 2015, la Generalitat ha abonado un montante de 105 millones de euros a los herederos.

La Ley de Dependencia, el ‘cuarto pilar’ del Estado de bienestar está siendo boicoteado por el Gobierno y varias autonomías

global_Cebo_266“Todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a ser una persona dependiente o vamos a vivir con una dependiente”. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS), trata de humanizar el discurso al hablar de las cifras que se desprenden de casi una década de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Depen­den­cia (Lapad), más conocida como Ley de Dependencia. Porque las cifras deshumanizan.

Un total de 1.180.435 personas está en situación de dependencia reconocida en España. Eso supone que el 2,5% de la población precisa “de la atención de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria”, según enuncia la propia ley. Sin embargo, entre 2012 y 2015, 125.915 personas pertenecientes a este grupo han fallecido sin haber obtenido ninguna prestación, según los datos del último Dictamen del Observatorio Estatal de Dependencia que elabora la organización que preside Ramírez. “Es lo que se conoce como el ‘limbo de la dependencia’: todas aquellas personas que tienen una prestación reconocida por ley pero que todavía no se ha hecho efectiva”, remarca Aurelia Jerez, presidenta de la Coordinadora Estatal de Platafor­mas en Defensa de la Ley de Depen­dencia. “Dicen que bajan las listas de espera, pero lo que no te dicen es que ahora hay un plazo de tres años y medio para hacer efectiva la retroactividad de una prestación, y en tres años y medio lo normal es que un gran dependiente de 80 años se muera”.

Y no son pocos. El 54% de las personas dependientes en el Estado español son mayores de 80 años. “Son gente con una vulnerabilidad terrible, el problema es gravísimo, y hay comunidades autónomas con listas de espera muy altas”, explica Ramí­rez. Muchos de ellos están entre los 384.326 dependientes –una tercera parte del total– que a comienzos de 2016 no recibía ninguna prestación. Y la situación se agrava en los 37.764 grandes dependientes de Grado III, el nivel donde más necesaria es la ayuda de los tres que reconoce la ley, que no reciben prestación alguna.

Moratorias y boicot

La ampliación del plazo para hacer efectiva una prestación, que inicialmente era de seis meses y que se ha multiplicado por siete, es sólo una de las medidas de boicot que Gobierno central y algunas comunidades autónomas han establecido para impedir el desarrollo del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Depen­dencia (SAAD), el conjunto de prestaciones y servicios que debían desarrollarse tras la aprobación de la Lapad para crear el ‘cuarto pilar’ del Estado de bienestar. “Nos han tomado como mero gasto. El recorte que se hizo hace dos años, algo más de mil millones, coincidió con el pago adelantado de la deuda. No puedes hacer eso y luego dejar a los que tienes en casa sin atender”, denuncia Jerez, madre de un niño de ocho años, gran dependiente, que padece el síndrome de Pitt-Hopkins, una rara enfermedad de la que sólo hay cuatro casos en España.

En noviembre de 2011, el entonces aspirante a presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avisaba a cuatro días de las elecciones generales: “La dependencia no es viable”. Un mes después comenzaba lo que Ramírez califica de “demolición programada” de la Lapad, con el Real Decreto Ley 20/2011. Entre la complicada maraña de decretos, moratorias y leyes autonómicas que modifican el sistema que debía desarrollar la ley, tres ordenamientos estatales destacan por sus drásticas consecuencias. El 20/2011 fue el primero. “Modificó el calendario y quitó el derecho a los dependientes moderados, lo que supuso que a 35.000 personas se les usurpó el derecho a ser atendidas”, relata Ramírez. Una moratoria que se amplió progresivamente para las afectadas en Grado I , el nivel menos severo de dependencia: hasta julio de 2015 no entraron al sistema. Pero para la presidenta de la Coordinadora esto no es un triunfo: “Debían haber entrado en enero de 2012, pero Rajoy lo retrasó cuatro años, hasta que no pudo hacerlo más”.

El segundo ordenamiento, “la auténtica derogación encubierta de la Ley de Dependencia”, tal como lo describe Ramírez, fue el RDL 20/2012, titulado “de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”. El decreto supuso una nueva moratoria para los de Grado I y simplificó el sistema de valoración de grados, lo que en la práctica endureció las condiciones para acceder a las ayudas. Pero habría más. Recortó drásticamente la aportación del Estado a los presupuestos de dependencia, redujo un 13% el llamado ‘nivel mínimo de protección’ –el dinero que reciben las comunidades autó­nomas por cada dependiente en función de su gravedad– y redujo en un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares, dejando además la puerta abierta para que las comunidades pudieran reducir más esta cifra. El recorte llegaba así a uno de los pilares del sistema, ya que casi la mitad del total de personas atendidas lo está a través de un cuidador familiar, una figura doblemente atacada por el PP, ya que también les dejó sin cotización a la Seguridad Social. Desde aquel momento sería voluntaria. “Hasta entonces había un acuerdo entre el Gobierno y la Seguridad Social por el que éste pagaba por los cuidadores del entorno familiar 56 euros para darles, simplemente, el derecho a una pensión de jubilación. Cuando la cotización fue voluntaria, este convenio se rompió y ahora, si quieren cotizar, son 200 euros que, lógicamente, tienen que coger de la prestación económica que recibe su familiar dependiente. En el mejor de los casos son 387 euros. Si de ahí quitas 200, dejas a los dependientes con 187”, relata Jerez. La conclusión: “Más del 90% nos dimos de baja”.

Recorte brutal y sexista

La supresión de la cotización afectó a 182.021 cuidadoras, mujeres en el 92% de los casos. Tal como indica la profesora de Derecho de la Empresa en la Universidad del País Vasco Isabel Otxoa, “entre quienes estaban cuidando, algo menos de la mitad eran mujeres mayores de 51 años, una parte de las cuales probablemente no tenían un historial largo de cotización en otras actividades”. Sin embargo, relata, “hubo otras mujeres, sobre todo entre las menores de 50, que habían dejado un empleo de pocos ingresos y pasado a cuidar a algún familiar en la tranquilidad de que, si no una remuneración decente, al menos continuaban generando el derecho a la pensión de jubilación”.

En su opinión, el recorte no sólo fue brutal, también fue sexista: “Desde el feminismo criticamos la prestación de cuidados familiares de la ley porque ahondaba en la división sexual del trabajo; defendimos el reparto del cuidado y la ampliación de los servicios externos a la familia. Pero cuando el PP justificó el recorte por la conveniencia de reducir el recurso al cuidado familiar y promover la utilización del resto de las prestaciones de la Ley de Dependencia, cuya escasez y lentitud son bien conocidas, resultó insultante”.

El tercer gran hachazo legislativo al sistema fue el RD 1051/2013, que establece incompatibilidades entre los diferentes servicios y prestaciones que otorga la ley, así como la intensidad de los mismos. “Antes una persona iba a levantar de la cama a un dependiente y lo llevaba a un centro de día para que pudiese estar haciendo talleres de fisioterapia, alzheimer o lo que necesitase, pero a partir de ese decreto hay que elegir una u otra prestación”, apunta Ramírez. La creación de incompatibilidades buscaba rebajar la factura de la dependencia, al igual que lo hacía la disminución de la intensidad de los servicios. El presidente de la AEDGSS lo ilustra con un ejemplo: “Antes un dependiente podría tener hasta 90 horas al mes de ayuda a domicilio, ahora son 70”.

A todo lo anterior hay que añadir la supresión del llamado nivel acordado de financiación, que se eliminó a través de Ley de Presupuestos Generales del Estado: 283 millones anuales que se distribuían entre las comunidades con criterios consensuados de reparto.

Así, el balance que se puede hacer tras la última legislatura es que la Administración General del Estado sólo aporta el 22,6% del gasto público, lo que incumple la propia Ley de Dependencia, en la que se afirma que esa cifra debería llegar al 50%. La carga recae en las comunidades autónomas, que cubren el 77,4% del montante público, “lo que unido a la obligación de ajustarse al déficit hace que estén completamente asfixiadas”, resalta Jerez. Además, a día de hoy los propios dependientes aportan más que el Estado, ya que un 19,9% del total de aportaciones al sistema proviene de ellos mediante la fórmula del copago, establecida por el Consejo Territorial del SAAD, un copago que sigue vigente e incluso ha aumentado, a pesar de ser declarado ilegal por la Audiencia Nacional, fallo ratificado por el Supremo.

Tal como indica Ramírez, muchas de las personas que iban a un centro de día han renunciado ante la carga del copago: “Una persona con enfermedad mental que cobra una pensión no contributiva de 400 euros, si va al centro de día tiene que aportar 200 euros por el copago. ¿Cómo va a pagar eso? Lo mismo la gente que renuncia a la ayuda a domicilio porque no puede aportar el 20 o el 30% de su pensión. El copago ha sido definitivo”.

Con todo ello, los recortes a la dependencia acumulados ascienden, según el último Dictamen del Obser­vatorio de Dependencia, a 2.865 millones de euros, entre la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la eliminación de las cotizaciones de cuidadores familiares. Además, las diferencias entre comunidades son abismales, en prestaciones, presupuesto y desarrollo del sistema, y la Coordinadora que lidera Aurelia Jerez lleva años reclamando que se unifiquen los criterios para ser reconocido como dependiente. Ra­mí­rez, por su parte, es muy claro comparando sistemas autonómicos: “Si una persona vive en una comunidad como Canarias o Valencia tiene muchas posibilidades de fallecer sin que le llegue la Ley. Además, aunque haya cambiado de Gobierno, como en Valencia, poco se puede hacer salvo pequeñas cosas, porque no se pueden recuperar nueve años de desidia en todo el desarrollo de la Ley”. Por el contrario, continúa, “si vive en Castilla-León, País Vasco, La Rioja o Andalucía es muy probable que sea atendido en un plazo razonable, que puede estar en torno a un año”.

Por último, desde la Aedgss resaltan las posibilidades de creación de empleo del desarrollo del sistema de dependencia. Según esta organización, si se atendiera a las 384.000 personas en lista de espera actuales, y con un incremento del gasto público de 2.643 millones de euros –de los cuales se recuperarían 1.012 mediante impuestos, seguridad social, etcétera– se generarían más de 92.500 empleos directos. “Si no creen en la justicia social que cojan la calculadora, no hay una inversión pública más rentable e inteligente que la Ley de Dependencia”.

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Fuente: Periódico Diagonal

La cantidad de dependientes atendidos en Aragón descendió un 23 % con el último Gobierno del PP

dependienteLa regulación de la atención a la dependencia en Aragón sigue siendo un problema de lenta y complicada solución. El anterior Ejecutivo autonómico (PP) tuvo el dudoso honor de hacer que la Comunidad fuera la que “mayor retroceso registró durante la pasada legislatura”. Esto provoca que, a pesar de que el número de beneficiarios subiera en 2015 (752 más, 4,44 %), en Aragón se siga hablando de un muy preocupante 44,5 % de dependientes reconocidos que no reciben ningún tipo de atención. Por detrás únicamente de Canarias (53,8 %).

En 2015 se ha conseguido virar el rumbo y evitar la caída libre, sin embargo, era tan crítica la situación que pasará mucho tiempo hasta que esté medianamente normalizada. Aragón es la tercera Comunidad peor valorada en esta materia según el XVI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Un 2,1 sobre 10 es su nota; solo están peor Valencia y Canarias.

Se ha pasado de un descenso de 1.313 personas beneficiarias en 2014 (-7 %), a un incremento de 752. Un leve crecimiento que, si bien ayuda a exornar las cifras, no es suficiente para voltear la delicada situación de la dependencia en una Comunidad en la que solo el 4,99 % de la población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema, por debajo de la media estatal, que se sitúa en el 7,15 %.

A 31 de diciembre de 2015 había en Aragón 43.141 solicitudes, 39.011 personas valoradas, 32.130 personas con derecho a prestación  y solo 17.828 atendidas. La evolución en el número de atendidos desde 2011 es definitoria: 2011: 22.207; 2012: 20.527; 2013: 18.502, y 2014: 17.076.

En el global del país, hay 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida; de las cuales, tras nueve años de implantación de la Ley de Dependencia, un tercio no recibe ninguna prestación o servicio.

Recortes

En el dictamen señalan directamente a los recortes perpetrados en la anterior legislatura como la causa principal. Aragón, dice el estudio, tiene un gasto de 83,07 euros por habitante, “muy inferior a la media estatal que es de 113,15 euros”. Confían en que “el incremento del 11 % en los presupuestos sociales del Gobierno autónomo en 2016 pueda compensar estos recortes”.

También hacen mención a que Aragón tiene un “grave problema estructural en la gestión del Sistema, por el elevado componente de las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar frente a la prestación de servicios”. El 87,3 % del total de las nuevas atenciones en 2015, informan, han sido prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar, y solo un 12,7 % han sido nuevos servicios.

Fuente; ELDIARIO.ES

El Tribunal Constitucional refrenda los recortes en Dependencia

Tribunal_ConstitucionalEl Gobierno central sí tenía derecho a reformar la Ley de Dependencia y establecer los recortes en la financiación que fijó a través del Real Decreto Ley 20/2012. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia que recoge el BOE de este lunes sobre el recurso que presentó Cataluña contra los recortes en dependencia introducidos por este decreto. Concretamente, la citada norma estableció en varios de sus artículos una reforma que implicó, entre otras medidas, el retraso de las ayudas a los dependientes moderados de grado I hasta 2015, la reducción de la cuantía de prestaciones por cuidados familiares, la eliminación de los niveles intermedios de dependencia dentro de cada grado, la incorporación de nuevos copagos por dependencia y el establecimiento de incompatibilidades en el cobro de distintas ayudas.

Contra estas medidas Cataluña presentó un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias autonómicas en el que alegó además que la vía por la que se habían establecido estas medidas, el Real Decreto Ley 20/2012 exigía de una situación de urgencia que no se daba en la práctica. Cataluña argumentaba que las competencias estatales «cuando se incide en un ámbito material de exclusiva competencia autonómica como la asistencia social» la regulación estatal «ha de tener una menor intensidad o grado» y no menoscabar las competencias de las autonomías.

A esta argumentación, el Abogado del Estado contestaba en la sentencia explicando que parte del objetivo de la reforma legal era «perseguir una homogeneidad en los servicios que reciban las personas dependientes» lo que «evitará desigualdades entre comunidades autónomas y supondrá sin duda un ahorro».

Vistas las dos argumentaciones, el Tribunal Constitucional ha concluido que efectivamente el Gobierno central sí tenía competencias para los recortes acometidos y ha detallado en su sentencia que «desde la perspectiva el control externo que nos corresponde, podemos concluir que la definición de la extraordinaria y urgente necesidad, que fundamenta la aprobación de las normas controvertidas, es explícita, razonada y concreta, no se realiza mediante fórmulas rituales o genéricas, aplicables de modo intercambiable a todo tipo de realidades, sino por referencia a una situación de recesión y de crisis económica y financiera, real y conocida, y a la exigencia de cumplimiento de unos compromisos internacionales de déficit igualmente notorios, que tienen por objeto atender a lo que cabe calificar como una coyuntura económica problemática, -en los términos expresamente aceptados por la doctrina constitucional».

Además, el Constitucional estima que «sin adentrarnos en el juicio político que este Tribunal tiene vedado, debemos apreciar la conexión de sentido de las medidas impugnadas con la situación de urgencia definida, pues todas ellas buscan, de uno u otro modo, redefinir el sistema de atención a la dependencia en la forma que el Gobierno ha considerado necesaria para asegurar su sostenibilidad, pues se orientan, fundamentalmente, a generar ahorros inmediatos en el gasto público dedicado a dependencia».

Fuente: Diario Médico

Casi 400.000 dependientes están a la espera de recibir las prestaciones reconocidas por la Ley

DependenciaNueve años después de que se aprobara la Ley de Dependencia (LAPAD) un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio. Además, desde el año 2012, más de 125.000 personas han fallecido sin recibir la ayuda reconocida por el Estado. Así lo certifica el XVI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, presentado esta mañana por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Según este informe, en España hay más de 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida, 100.000 menos que hace cinco años. Del total de las personas que se encuentran en esa situación, solo dos tercios están recibiendo la atención indicada en la Ley, mientras que el resto se encuentra desatendida a la espera de recibir las prestaciones.

«La dependencia es un problema de Estado al que el Partido Popular le ha dado la espalda» ha afirmado Jose Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación, quien asegura que las medidas adoptadas por el último Gobierno han supuesto un retroceso en el desarrollo de la Ley de Dependencia.

No obstante, en el año 2015, se ha producido un incremento significativo de las personas atendidas, dato que coincide con la entrada al sistema de los dependientes «moderados», quienes después de ocho años de espera fueron incluidos en la Ley el pasado 1 de Julio.

Se incumple la financiación

En cuanto al modelo de financiación, el dictamen señala que la Administración General del Estado ha incumplido lo previsto en la Ley, según la cual debería de aportar el 50% del gasto público destinado a la dependencia. La Asociación acusa a la Administración de «abandono» y considera que el sistema de financiación es «insostenible» para los gestores autonómicos, quienes aportan el 77,4% del gasto, frente al 22,6% del gasto estatal. La aportación de los usuarios se estima en un 20% sobre el total del gasto, lo que provoca una situación de copago, que no está al alcance de muchas familias.

El informe destaca el gran impacto de las medidas de recorte de la última legislatura que ascienden a 2.865,3 millones de euros. Frente a estos datos, Luis Barriga Martín, socio fundador de la Asociación, asegura que la Ley de Dependencia es «absolutamente rentable desde el punto de vista económico» debido a su sorprendente capacidad de creación de empleo. Los datos demuestran que la Ley ha generado 35 empleos directos por cada millón de gasto público y una tasa de retorno del 38,3%.

Respecto a las comunidades autónomas, se mantienen grandes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Andalucía, Castilla y León y Cantabria mantienen altos porcentajes de personas beneficiarias de la Ley, frente a comunidades como Aragón, Canarias, o la Comunidad Valenciana, cuyo porcentaje de beneficiarios se sitúa separado más de tres décimas de la media estatal. Además, únicamente seis comunidades autónomas aprueban en la escala de valoración de la dependencia elaborada por este organismo.

«Debe de haber un Pacto de Estado concreto que incluya a la Ley de Dependencia» han señalado los ponentes en relación al acuerdo firmado el pasado miércoles entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Para la asociación, las medidas del acuerdo en relación a la dependencia son demasiado genéricas. «El sufrimiento de los dependientes es de tal magnitud que ya no valen sólo las palabras» afirma su presidente quien exige que el primer punto del pacto sea el verdadero cumplimiento de la Ley de Dependencia.

Fuente: eldiario.es