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oct 04

El drama de la dependencia. Recortando a los más vulnerables

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Por Carmen Alemany Panadero

mayores_Hace algunos días leímos en El País la historia de Genoveva, una señora de 95 años aquejada de Alzheimer y que reside en una pequeña aldea de Galicia. Los recortes y las políticas de austeridad causaron el cierre del centro de día al que acudía a diario, obligándola a un desplazamiento de más de una hora diaria hasta otro centro en Muros. No dispone de ayuda a domicilio, a pesar de tener reconocido un Grado II de dependencia, y su hijo de 70 años ya no puede con ella para vestirla o asearla. Los servicios sociales creen que necesita una residencia, pero llevan más de dos años esperando una plaza que nunca llega.

La historia de Genoveva refleja una situación que se repite con frecuencia en muchas comunidades autónomas de España y que he encontrado en numerosas ocasiones en el Centro. Personas mayores, dependientes, que necesitan cuidados y asistencia y cuyas familias hacen lo que pueden, pero trabajan, tienen problemas de salud o edad avanzada y no pueden realizar todas las tareas necesarias. También hay personas en situación de dependencia que no cuentan con familiares cercanos. En estos casos, los servicios y prestaciones públicas reconocidos por la Ley de Dependencia son esenciales para garantizar una vida digna a miles de personas. Esta ley creó el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que cuenta con una serie de servicios y prestaciones que constituyen un derecho.

Casi 200.000 personas dependientes han fallecido entre 2012 y 2017 en España sin recibir la prestación a la que tenían derecho. Más de 100 personas al día. El Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales alerta de que actualmente hay 310.120 personas en lista de espera. Una cuarta parte de las personas en situación de dependencia no tienen acceso a ninguna prestación. Más de un tercio son personas dependientes con Grados II o III, los más vulnerables por tener una mayor necesidad de apoyo.

El recorte de la Administración del Estado en dependencia asciende ya a 4600 millones de euros, teniendo en cuenta la reducción del nivel mínimo, la supresión del nivel acordado y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. Las prolongadas políticas de austeridad y los recortes han supuesto la asfixia financiera del sistema. Las cifras son frías, pero detrás de ellas hay miles de dramas personales.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid emitió un demoledor informe en diciembre de 2017 sobre la situación de la atención a la dependencia en esta Comunidad.

“No se destinan anualmente los recursos necesarios para atender puntualmente las prestaciones de dependencia ni se utilizan los instrumentos presupuestarios que permitieran subsanar el déficit, lo que sería fundamental para atender las necesidades de un colectivo especialmente vulnerable.
El 84% de los que murieron en los seis meses siguientes a la petición de la asistencia lo hicieron sin percibir ayuda alguna. De los que murieron a partir de los seis meses siguientes de solicitar la ayuda del sistema, hasta el 62% falleció igualmente sin recibir ninguna prestación económica o servicio.
Estos hechos podrían dar lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración y en estos términos se pronuncia la Defensora del Pueblo, al ser éste un derecho invocable ante los tribunales, dado el carácter público de las prestaciones del Sistema, la universalidad en el acceso a las mismas, y el derecho de los ciudadanos a iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa de este derecho. Los beneficiarios con mayor grado de dependencia que solicitaron la atención residencial como modalidad principal, sin haber solicitado una prestación económica como modalidad transitoria, al ser los más vulnerables, habrían sido los más perjudicados”. (Cámara de Cuentas Comunidad de Madrid)

La situación de la dependencia es difícil para todos los afectados, pero en algunos casos existen circunstancias agravantes. Vivir en unos barrios u otros, o en unas regiones u otras, determina la calidad de vida de las personas y afecta especialmente a las personas en situación de dependencia. Algunos de esos factores condicionantes son:

  • Factores individuales: Escasez de familiares con disponibilidad para cuidar, vivir solo/a, falta de redes familiares o sociales, aislamiento.
  • Condicionantes de género: La mayoría de las personas dependientes suelen ser mujeres, muchas de ellas mayores, debido a una superior esperanza de vida. Estas mujeres dependientes suelen contar con pensiones reducidas, por haber asumido las tareas de cuidado de familiares (niños, enfermos, mayores) a lo largo de su vida, suelen tener cotizaciones inferiores o no haber cotizado jamás, y por tanto, cuentan con pensiones muy reducidas. Esto les complica el acceso a servicios asistenciales privados.
  • Residencia en zona rural: las personas dependientes que residen en zonas rurales suelen disponer de escasos recursos asistenciales próximos. Pueden requerir desplazamientos largos a un centro de día o no disponer de servicios de proximidad.
  • Residencia en zona urbana: Las personas que residen en zonas urbanas tendrán más o menos calidad de vida en función del barrio en el que residan. Por ejemplo, en Usera (Madrid) el estudio de Factores Determinantes de Salud 2017 (Ayuntamiento de Madrid), señala que la tasa de discapacidad es claramente superior a la del resto de Madrid, y la salud y calidad de vida son inferiores a todos los niveles: más problemas de obesidad, diabetes, problemas de salud mental, ansiedad y depresión, y una peor percepción de salud y calidad de vida.
  • Factores relativos a la vivienda: La calidad de vida de la persona dependiente dependerá de cuestiones como el estado del inmueble, grietas, humedades, mal aislamiento climático, carencia de muros de contención, barreras arquitectónicas, desniveles en el suelo, etc. Por desgracia, muchas personas mayores y dependientes de Usera habitan en viviendas con deficiencias estructurales.
  • Factores relativos a las vías públicas: Las vías públicas pueden facilitar o dificultar el desplazamiento de la persona en situación de dependencia por su entorno (solo o acompañado). Aceras en buen estado y rampas facilitan los movimientos. Aceras levantadas, rotura del pavimento, falta de adoquines, raíces de árboles sobresaliendo, desprendimientos de ladrillos, árboles sin podar con riesgo de caída de ramas, implican un riesgo para las personas dependientes, que pueden sufrir caídas o accidentes. En distritos como Usera y Villaverde el estado de las vías públicas es mejorable.
  • Los datos de las pensiones medias: El Mapa Social de la Ciudad de Madrid 2017 recoge que Puente de Vallecas y Usera son los distritos con las pensiones más reducidas de la capital, seguidos de cerca por Villaverde, Latina, Carabanchel y Villa de Vallecas.
  • La esperanza de vida: Existen diferencias significativas en la esperanza de vida de las personas incluso dentro del mismo municipio. Por poner un ejemplo, el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid, muestra diferencias de esperanza de vida entre los distritos. Salamanca, Chamartín y Retiro son los distritos con una esperanza de vida más elevada. Los que tienne la esperanza de vida más reducida son Centro, Usera, Puente de Vallecas, Carabanchel y Villaverde. La OMS advierte que las condiciones de la vivienda tienen influencia directa en la salud, especialmente para las personas más vulnerables, como niños, mayores y personas con discapacidad (OMS, 2011). También el Estudio Técnico sobre la Pobreza Energética del Ayuntamiento de Madrid (Sánchez-Guevara et al, 2015) señala la influencia de la climatización de las viviendas en la salud.

Debido a la confluencia de todos estos factores, las personas en situación de dependencia de las zonas urbanas más desfavorecidas se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad. Y las personas dependientes de zonas rurales pueden tener dificultades para el acceso a servicios asistenciales próximos. La mayoría de las personas mayores y dependientes son mujeres, y la mayoría de las mujeres (y más aún las mujeres de esa generación) han cotizado menos que los varones y se encuentran en una situación económica más precaria.

En los doce años de vida que tiene la Ley de Dependencia, el 3% de la población española ha sido reconocida como dependiente, es decir, que necesitan ayuda para realizar las necesidades básicas de la vida diaria. Miles de personas pueden verse abocadas a situaciones de riesgo, vulnerabilidad o desatención. La Ley de Dependencia vino a reconocer unas prestaciones y servicios como derecho subjetivo, como garantía de una vida digna para todas las personas con independencia de su capacidad. La financiación adecuada y suficiente del Sistema de Atención a la Dependencia es un derecho exigible, un deber legal para los poderes públicos y un derecho para los ciudadanos. El Estado debe cumplir con ese 50% de financiación de los servicios del SAAD. El ahorro económico no puede correr a cargo del sector más vulnerable de nuestra sociedad.

Además, es necesario tener en cuenta que los servicios del SAAD generan empleo. En el actual contexto de crisis, precariedad laboral y desempleo de larga duración, los servicios de asistencia a ese 3% de población en situación de dependencia pueden generar miles de empleos, alimentar a miles de familias, y aumentar la demanda y el consumo. En una sociedad envejecida, este sector puede constituir un motor de empleo y crecimiento económico. Según el Observatorio Estatal para la Dependencia, si se atendiera ya a las 310.000 personas dependientes en lista de espera, se generarían más de 75.000 empleos directos, sumados a los 220.000 empleos actuales del SAAD.

Fuente: Medium