Residencia

La primera residencia pública de Sabadell será una realidad en 2022

SabadellLa primera residencia pública para personas mayores de Sabadell será una realidad en 2022. Así lo han anunciado los responsables municipales y el conceller de Treball, Afers Socials i Familia, Chakir El Homrani. El equipamiento dispondrá de 5.000 metros cuadrados y 102 plazas, 98 de las cuales serán concertadas.

La Generalitat aportará 2,2 millones anuales para cubrir este concierto. El Ayuntamiento invertirá 8,4 millones de euros para construir el equipamiento en un solar de la zona sur de la población. También incluirá 25 plazas de día y una veintena dedicadas a servicios sociales. Este proyecto es una larga reivindicación vecinal que arrastra más de 17 años de promesas incumplidas.

El alcalde de la ciudad, Maties Serracant, explica que el acuerdo al que se ha llegado con la conselleria permitirá dar respuesta a una “deuda histórica” con los vecinos de Sabadell. De esta forma, afirma que el Ayuntamiento aportará 8,4 millones de euros para levantar el edificio que será de titularidad municipal y estará gestionado de forma pública. La empresa municipal Vimusa licitará el concurso público que determinará qué compañía asume la obra. La previsión es que el nuevo centro esté listo en 36 meses.

Serracant señala que el equipamiento se diseñará de acuerdo con un modelo más grupal “basado en unidades de convivencia” que se aleja del concepto “antiguo” de residencia. Detalla que habrá habitaciones y baños particulares, y varias zonas comunes como una sala de estar o una cocina que compartirán grupos de residentes. “Se trata de un modelo mucho más humanizado que se acerca más a la idea de tener una casa”, indica el alcalde.

El conseller de Treball, Aers Socials i Família, Chakir El Homrani, también ha destacado la importancia de apostar por un modelo que se ajuste a las necesidades de las personas mayores y al “envejecimiento activo de estas”. Al mismo tiempo, ha agradecido el esfuerzo del gobierno municipal por “encontrar una manera de dar respuesta a las necesidades de las personas y que se asegure la titularidad pública y la calidad”.

Sabadell es la única ciudad de Catalunya de más de 200.000 habitantes que no tiene una residencia pública para personas mayores. Actualmente la localidad acoge 26 centros para personas mayores que aglutinan 1.220 plazas de residencia. Según datos municipales, 489 de estos son concertadas colaboradoras y 731 privadas. Hay una lista de 768 ciudadanos que esperan poder acceder a una residencia.

Fuente: El Periódico

La residencia mixta para personas mayores de la Junta en Segovia dispondrá de más de 150 plazas completamente adaptadas para dependientes

_consejeraLa consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha visitado la residencia mixta para personas mayores titularidad de la Junta en Segovia, un centro en el que se está desarrollando un importante proceso de adaptación al nuevo modelo residencial de atención centrado en la persona.

Para esta reconversión de plazas de válidos en plazas aptas para personas dependientes, la Junta ya destinó en una fase inicial de reforma cerca de 1,5 millones de euros, a los que se han sumado otro medio millón de euros en 2018. Alicia García ha avanzado que la intención es seguir transformando todo el espacio de la residencia para que finalmente pueda disponer de más de 150 plazas para personas dependientes con espacios organizados en unidades de convivencia.

En la actualidad, la residencia cuenta con son 84 plazas para personas dependientes y con una plantilla de 107 trabajadores. Para la reconversión de esas 84 plazas en plazas para dependientes, la Junta destinó 1,5 millones de euros. Junto a esto, este centro ofrece en la actualidad 41 plazas de estancias diurnas dirigidas a mejorar y mantener el nivel de autonomía personal de las personas mayores y de un servicio de actividades de envejecimiento activo.

En este último año, la Junta ha dado un paso muy importante en su apuesta de futuro por este centro, destinando 530.000 euros al desarrollo de unas obras fundamentales de cara a poder seguir adaptando un centro al nuevo modelo de atención centrado en la persona.

Adaptaciones en 2018 que ponen las bases de la reconversión del centro

La residencia mixta para personas mayores de la Junta en Segovia fue concebida hace más de 40 años con plazas únicamente destinadas a personas válidas. Tras la reconversión que la Junta inició en este centro hace unos años, que permitió crear esas 84 plazas adaptadas a personas dependientes, en 2018, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha realizado unas obras que suponen la base que permite avanzar en este proceso de reconversión de plazas y que implican una apuesta de futuro por la mejora de un centro cuyo objetivo es, por un lado, que todas sus plazas estén adaptadas y sean aptas para personas dependientes y, por otro, que todas esas plazas acaben estando configuradas en unidades de convivencia.

Las unidades de convivencia son una forma de organizar el espacio en los centros residenciales, con unidades o zonas en las que conviven un máximo de 16 personas, y que permitan acercarse lo máximo posible al concepto del hogar familiar y dan un paso más en la personalización de la atención a las personas.

En este sentido, en las obras de 2018 se ha reubicado y mejorado la zona de fisioterapia y de actividades ocupacionales, se han instalado mamparas en espacios comunes posibilitando la separación de espacios -en el salón de actos se ha creado una zona de estas que hasta ahora no existía-, se ha instalado un nuevo ascensor accesible, se han creado dos aseos adaptados, se han ampliado las dimensiones de puertas y pasillos y se han eliminado desniveles.

Junto a esto, se ha mejorado notablemente la eficiencia energética del edificio instalando un nuevo sistema de calefacción por suelo radiante y tecnología de aerotermia que lo hace más eficiente y sostenible, además de renovar la carpintería exterior del centro y de sustituir parte de las cubiertas de la planta baja.

La mixta de Segovia será referente en una atención de calidad

Alicia García ha avanzado que las obras de 2018 permiten dar nuevos pasos en el trabajo de la Junta por este centro de Segovia. La consejera ha adelantado que en 2019 está prevista la licitación de un proyecto en la zona que en la actualidad no está ocupada por los residentes, cuyas obras se iniciarían en 2020, y a las que la Junta destinará unos dos millones de euros, para crear las primeras cuatro unidades de convivencia en este centro.

Una vez que finalice esta intervención, la previsión es continuar con la implantación de unidades de convivencia en la zona que ya está reconvertida y adaptada con esas 84 plazas para dependientes, lo que acabará transformando esta residencia en un centro organizado íntegramente en unidades de convivencia similares a un hogar y con todas sus plazas, más de 150, adaptadas para personas dependientes.

Con estas actuaciones la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con las personas mayores dependientes de Segovia, además de cumplir el compromiso derivado de los acuerdos con el Diálogo Social de reconvertir las plazas que inicialmente fueron concebidas para personas válidas a plazas para personas dependientes en las residencias públicas.

Fuente: NOTICIASDE

Las Unidades de Convivencia: cómo envejecer sintiéndote como en casa

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  • Son espacios asistenciales creados en las residencias asistidas para estimular con elementos, ambientes y tareas habituales en su vida anterior a las personas usuarias con mayor grado de dependencia

El incremento de la esperanza de vida en el mundo occidental ha disparado la demanda de servicios asistenciales y generado también una mejora sustancial en la calidad de las residencias y centros de día, que diversifican prestaciones para dar respuestas individualizadas a las diferentes tipologías de personas usuarias que precisan de sus servicios. En este contexto de cambio, y para responder a los desafíos que plantean las personas de más edad y con un grado de dependencia tan notable que hace que sólo conserven determinadas capacidades sensoriales, han nacido unos nuevos espacios en los centros asistenciales denominados unidades de convivencia. En dos residencias de las Terres de l’Ebre ubicadas en las poblaciones de Tortosa y Sant Carles de la Ràpita y gestionadas por L’Onada Serveis, funcionan dos unidades de este tipo.

Para el profano, las Unidades de Convivencia son toda una sorpresa. Desde una cocina a un tendedero de ropa y, desde una cafetera italiana a un lavadero o un huerto; todo ello se conjuga en estos espacios para ofrecer un entorno en el que las personas usuarias ven estimuladas las capacidades que todavía conservan por elementos habituales a su vida anterior. “Intentamos crear un espacio similar a un hogar y lo llenamos de elementos que sabemos motivan a las personas que harán uso del mismo. Por ejemplo, aquí en La Ràpita hemos dispuesto un huerto y preparamos conservas de verdura porque conocemos las historias de vida de los usuarios y sabemos que, muchos de ellos, han sido agricultores y disponían de pequeñas huertas en sus viviendas o cerca”, señala Penny Subirats, directora de L’Onada La Ràpita.

Otro centro donde funciona también una Unidad de este tipo es L’Onada Tortosa, donde se dispone también de un jardín para que las personas usuarias puedan disfrutar de la horticultura y de un agradable espacio interior donde, si lo desean, tienen la posibilidad de degustar un café, cocinar o practicar diferentes juegos de mesa habituales a su vida anterior. “Jugar a cartas o a dominó es algo que hacen muchos de los residentes, pero si tenemos que identificar una actividad que destaca por su valor estimulativo esa es sin duda la de tender la ropa. Lo que buscamos es potenciar las capacidades que todavía conservan los usuarios y lo hacemos con estímulos que conocen y les hacen recordar momentos. Lo llamamos trabajo de reminiscencia”, explica Andrea Labòria, directora de L’Onada Tortosa.

Fundació Aymar i Puig invierte 2,5 M€ en la ampliación y reforma de su complejo residencial en Alella

IMG_4391El Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, M. Hble. Chakir el Homrani presidió el acto de inauguración, que tuvo lugar el sábado 17 de noviembre.

El centro residencial se amplía 1500 m2 y supondrá la contractación de 30 personas.

Después de 18 meses de obras, la Fundació Aymar i Puig inauguró este fin de semana la ampliación del centro residencial situado en el municipio de Alella, en la comarca del Maresme. El proyecto ha significado la ampliación de 1.500 m2 construidos con una inversión de 2,5M €, y está previsto una ampliación de la plantilla del 30%. Las nuevas instalaciones permitirán disponer de 47 nuevas plazas (un 53% más) alcanzando una capacidad para atender a 118 personas, y 30 nuevas plazas más como centro de día, lo que supone un total de 60 plazas en esta modalidad.

El Conseller Chakir el Homrani ha felicitado a la entidad por estas obras de mejora y ha subrayado que «una de las principales tareas que haga entidades como la suya es la de generar seguridad a las familias para que en la atención de personas con alta dependencia las familias necesitan sentir que estas personas estarán tan bien como en casa «. «Lleve décadas de trabajo en la atención a personas y con vosotros sabemos que esto es así», ha afirmado el Conseller.

El Homrani también ha destacado que desde el Departamento se apuesta por un «envejecimiento a kilómetro 0» y un modelo de atención centrado en las personas. En este sentido, el consejero ha explicado que el objetivo es fomentar que «las personas puedan ser atendidas cerca de su entorno personal y comunitario y evitar un corte con su entorno, alejándolos de los lugares que conocen».

Precisamente, esta ampliación del centro responde sobre todo a la voluntad de Fundació Aymar i Puig de ampliar el alcance de la atención y los recursos disponibles para las personas. Según la Directora General de la Fundació, Silvia Vázquez, «no pretendemos crecer únicamente de forma cuantitativa, sino que nuestro valor es crecer cualitativamente». A lo largo de los años, la entidad ha desarrollado un concepto de centro que ofrece una profesionalidad desde la proximidad, adaptada a las necesidades de cada persona, y sobre todo, especializada en el acompañamiento y apoyo en todas las etapas del proceso de envejecimiento y / o dependencia.

Fundació Aymar i Puig es una entidad privada de orientación social sin ánimo de lucro que centra su actividad en la atención a las personas, y apuesta decididamente por una relación ágil y fluida con el ámbito público y privado, estableciendo apoyos, colaboraciones y acuerdos con agentes del conocimiento (Fundación Salud y Envejecimiento – UAB, Observatory of Entrepreneurship and Happiness – UPC, Instituto Guttmann, CAMON Consulting, así como Administraciones Públicas (Generalitat de Cataluña, Diputación de Barcelona, ​​Consejos Comarcales, Entidades Municipales) y participando activamente en el sector (miembro de la Junta Directiva de ACRA), entre otros. Actualmente, también se ocupa de la gestión del servicio de atención domiciliaria de 10 municipios de la provincia de Barcelona.

La Fundació ha demostrado también su implicación en establecer un modelo basado en la innovación, la mejora continua, la profesionalización, la gestión del talento y la dignificación del sector de la atención a las personas. Por ello, impulsa y participa activamente en diferentes proyectos como el Acompañamiento Integral al Profesional – AIP (nuevo modelo de gestión competencial de los recursos humanos específicos del sector de atención a la dependencia en col • colaboración OEH-UPC y CAMON), SINAPSIS ( centro innovador en el enfoque de la neurorrehabilitación cognitiva y física en colaboración FSIE-UAB, DIBA y F. de Arriba), REMI (nuevas intervenciones en el ámbito de las terapias de reminiscencia en colaboración con FSIE-UAB) ; y programas dentro de la atención a la dependencia en el marco del envejecimiento activo, la felicidad en las organizaciones, las relaciones con la comunidad y intergeneracionales, la prevención de la soledad, la atención al paciente complejo crónico y en situaciones de final de vida, la detección del maltrato y proyectos para la promoción de la ética asistenciales.

A lo largo de estos 70 años de experiencia, la entidad ha ido alcanzando y haciendo crecer sus hitos, siendo galardonada con diferentes premios y reconocimientos en Cataluña (premios ACRA a la Calidad e Innovación del servicio) y en España ( premio Fundación Pilares a la innovación en la gestión por el modelo AIP). Su modelo de organización y atención a las personas ha sido divulgado en numerosos congresos y jornadas.

La filosofía de la Fundació Aymar i Puig es garantizar una atención facilitadora de espacios de vida significativos para las personas atendidas y sus familias, pero también por los profesionales que conforman la entidad. Según Silvia Vázquez, «creemos que nuestro prestigio nos es dado por cada persona que está siendo atendida y ha sido atendida en nuestra entidad, por cada familia que ha formado parte de nosotros y por la implicación de nuestros profesionales.»

La organización cuenta actualmente con casi 100 trabajadores y profesionales de un amplio abanico de perfiles del ámbito social y sanitario para la gestión, atención directa e indirecta de los servicios. Con la ampliación, el centro tiene previsto incrementar hasta un 30% la plantilla, con profesionales a los que se les pide, más allá de su capacidad técnica, que dispongan de competencias sociales y emocionales, motivación y actitud hacia las personas que atienden. «Son las personas quienes nos definen como organización y quienes aportan el valor añadido a nuestro proyecto y en nuestra razón de ser: trabajar con y para las personas» destaca la directora del centro.

Fundació Aymar i Puig se constituyó en 1947 por tres hermanos provenientes de una familia acomodada y reconocida de Alella que decidieron destinar su legado económico a dar respuesta a una necesidad latente en el municipio: un servicio de atención profesionalizada para personas con diferentes demandas sociales, económicas y asistenciales. Fundació Aymar i Puig cerró 2017 con una facturación de 3M € y tiene previsto cerrar 2.018 con un crecimiento del 5%. La Fundació continúa reinvirtiendo los resultados de su actividad en la mejora de la atención a las personas en nuestra sociedad.


Las personas mayores quieren seguir cantando bingo

Foto Artículo BingoA raíz de la prohibición de la Generalitat de jugar al bingo apostando dinero -aunque se trate de cantidades insignificantes- en los hogares de jubilados, centros de día y residencias para la tercera edad en Cataluña, las personas mayores reclaman el hecho de poder seguir jugando al bingo como siempre. Cabe destacar que, hoy por hoy, hablamos de una sanción que puede llegar hasta los 3.000 euros de multa por jugarse tan solo 20 céntimos de euro. Hasta el próximo mes de septiembre no se debatirá el veredicto final sobre si podrá jugar con dinero, o no.

A lo largo de los últimos días, tanto entidades como profesionales del sector en Cataluña han manifestado un gran desacuerdo con esta medida legal, puesto que se trata de una de las actividades que tiene mayor participación en los centros y que las personas usuarias la esperan con mucha ilusión. A demás, los profesionales asistenciales aseguran que todo el mundo participa, inclusive las personas con deterioro cognitivo.

Por otro lado, es importante destacar que la práctica de este clásico juego proporciona beneficios a escala terapéutica y que supone el aporte de características muy positivas para la persona; así como el hecho de compartir una actividad en grupo, mejorar la capacidad de atención, la memoria visual y, también, la auditiva, a demás de la estimulación cognitiva de la persona. Ante la situación en Cataluña, Cinta Pascual, Presidenta de la patronal catalana ACRA y directora general de L’Onada Serveis, ha manifestado que “Es una medida absurda y que hay cantidad de cuestiones más importantes a tratar que esta”.

De hecho, esta prohibición está afectando de manera negativa a la predisposición de las personas mayores a reunirse en los hogares de jubilados y, en paralelo, aseguran que se trata de un mero hecho de distracción en compañía. De acuerdo con lo mencionado, en los centros residenciales de L’Onada Serveis lo tienen muy claro y es que no van a dejar de practicar esta actividad que tanto gusta a las personas mayores. De manera que han decidido seguir cantando bingo, aunque sea con fichas de plástico.

A pesar de ello, tanto profesionales como personas usuarias de los centros reivindican su voluntad de poder seguir jugando al bingo de la manera tradicional, puesto que no se trata de una cuestión de dinero, sino de entretenimiento y que se juegan pequeñas cantidades simbólicas que no llegan a 1 euro.

Los mayores gallegos tardan casi dos años en acceder a una plaza en una residencia

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  • La ley estipula un plazo máximo de nueve meses
  • Contas pide a la Xunta más personal para acortar la espera
  • Critica que tiene centros «infrautilizados» por no invertir en obras

Poca ejecución de los fondos europeos. El Consello de Contas insta a la Xunta a «agilizar el ritmo de ejecución de los fondos europeos» y se pide también que haya una mayor coordinación con las entidades locales para «maximizar la utilización de las ayudas«. Según los datos del órgano fiscalizador, en 2016 se aplazaron compromisos por importe de 253 millones, del total de 534 millones consignados, que fueron reprogramados para ejercicios posteriores.

Riesgo de viabilidad en 70 concellos. El presupuesto por habitante en las siete ciudades gallegas está por debajo de la media española, según el Consello de Contas. El órgano fiscalizador alerta además de que setenta concellos tienen su viabilidad económica comprometida. Once de ellos tienen ya problemas de sostenibilidad económica y otros sesenta están en una situación complicada.

«Uso excesivo de imprevistos» por la Xunta. El Consello de recomienda medidas legislativas y de control parlamentario que limiten el uso «excesivo» del fondo destinado por la Xunta para imprevistos. La Xunta valoró, sin embargo, que los informes del órgano fiscalizador aprueben la gestión presupuestaria y financiera y que pongan de manifiesto que hubo «una notable» reducción de las modificaciones presupuestarias.

Faltan plazas para mayores en residencias y sobra burocracia. Los plazos de la Ley de Dependencia no se cumplen. El Consello de Contas apunta que los mayores gallegos tienen que esperar de media 453 días desde que presentan una solicitud hasta que la Xunta les reconoce el derecho a beneficiarse de una plaza de atención residencial, «muy por encima de los seis meses que marca la legislación». Pero desde que se les da el visto bueno hasta que efectivamente ingresan en el centro pasan otros 154 días de media, cuando la normativa marca un límite de tres meses. Es decir, los dependientes gallegos deben esperar en total 607 días, casi dos años, para entrar a una residencia, y, entretanto, la carga de los cuidados de estos mayores enfermos recae sobre las familias.

Y Contas advierte que este tiempo medio de 607 días podría ser mayor para gran parte de los dependientes, puesto que en el cálculo se incluyen los plazos de ingreso de los casos de emergencia social, una vía de urgencia que utiliza la Xunta para ingresar en residencias a mayores en aquellos casos en los que no tienen a nadie que se haga cargo de ellos. De hecho, el aumento de ancianos que viven solos y la demora general para conseguir una plaza provoca que cada vez se recurra más a este procedimiento de emergencia.

El órgano fiscalizador pide a la Xunta «personal y medios suficientes» para agilizar los plazos y cumplir con los tiempos de espera que fija la ley.

En su informe el Consello de Contas insta también a la Xunta a incrementar las plazas en centros de mayores que considera «claramente insuficiente». Galicia tiene una ratio de camas de 3,05% sobre el número de mayores de 65 años, cuando en el conjunto del Estado se sitúa por encima del 4%. Para ello, según sugiere el órgano fiscalizador, debería empezar por «optimizar los recursos disponibles». Explica que desde 2010 la Xunta no ejecutó inversiones en las instalaciones de las residencias y algunas de ellas están «infrautilizadas» porque no están en las condiciones adecuadas para funcionar. Pone como ejemplo un geriátrico en Carballiño (Ourense), con capacidad para 80 personas, pero que solo tiene ocupadas 25 plazas.

El Gobierno gallego ha apostado por incrementar la oferta en residencias mediante conciertos y, de hecho, el 65% de las plazas que oferta la Xunta son privadas. En este sentido, Contas advierte que la ratio de personal en estos centros concertados es un 9% inferior a las residencias públicas y advierte que eso puede afectar a «la calidad de la atención».

Fuente: Faro de Vigo

Ciudadanos pide rebajar los precios de las residencias de mayores de Castilla y León

Manuel-Mitadiel.-Procurador-de-CiudadanosEl procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel ha considerado hoy que sería «lógico» que los precios de las residencias de personas mayores de la Comunidad fueran rebajados por la Junta tras la eliminación de la prestación de asistencia sanitaria en ellas.

En un comunicado, Mitadiel ha explicado que acaba de preguntar a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades si se plantear acometer esta rebaja en los precios, que en su opinión estaría en la línea de la reducción de servicios que permite la normativa.

El procurador de Ciudadanos ha preguntado si «como consecuencia de la eliminación de la obligatoriedad de proporcionar asistencia médica por parte de las residencias» las guardias de los Centros de Salud han visto aumentada su carga laboral y el número de pacientes.

«Castilla y León es una Comunidad de las más envejecidas de España, la de mayor dispersión geográfica, despoblada y rural», ha subrayado Manuel Mitadiel, convencido de que «los profesionales encargados de cuidar a las personas mayores escasean en mayor medida en el medio rural y más cuando están alejados de las ciudades».

Esta nueva normativa, que permite a los centros residenciales no estar obligados a prestar asistencia sanitaria supondrá que los centros situados en medios rurales aislados «no tendrán personal sanitario propio, ni siquiera en el periodo transitorio» y serán los profesionales del sistema público «ya recargados con su trabajo habitual» quienes prestaran dicha asistencia sanitaria.

Para el representante de Ciudadanos, la asistencia sanitaria «es una parte importante del coste de la atención a las personas mayores, por lo que parece lógico que, si se reduce la asistencia sanitaria que presta la Residencia, exista una reducción proporcional de dicho coste».

Fuente: La Vanguardia

 

 

 

El SEPAD suprimirá la limitación para ingresar a mayores de 60 en los centros de discapacidad intelectual

mayores madridEl Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) eliminará la restricción de ingreso en un centro residencial especializado a personas mayores de 60 años con discapacidad intelectual.

La Junta toma esta decisión tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional en el que se reconoce la inconstitucionalidad de la orden de la Comunidad de Madrid, que en uno de sus artículos establece como límite los 60 años para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a un recurso residencial especializado.

El Ejecutivo extremeño entiende que va a poder modificar con todas las garantías jurídicas la actual normativa que regula el acceso, ya que el TC declara que la disposición vulnera el derecho fundamental de la persona a no ser discriminada por razón de edad y de discapacidad.

Acuerdo con las entidades

Se trata de una de las medidas acordadas con el movimiento asociativo representativo de personas con discapacidad y que se plasmará en un nuevo decreto que ya se está elaborando.

La medida se enmarca en la incorporación de los criterios de arraigo de la persona con discapacidad a su entorno cercano, procurando una atención basada en la adaptación al ciclo vital de la persona y a sus necesidades individuales.

El envejecimiento de la población con discapacidad y la creación de más recursos para estas personas han hecho que esa normativa limitadora, aplicada en la mayoría de las Comunidades Autónomas, haya quedado obsoleta, según la Junta.

No obstante señala que actualmente el SEPAD no establece criterios de edad para la permanencia de las personas que ya residen en los centros residenciales de personas con discapacidad.

Fuente: eldiario.es

Un Comité de Ética asesorará en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid

Encuentro Familias Sanitas Residencial GetafeLas residencias de mayores y Centros de Día de la Comunidad de Madrid contarán con un comité para asesorar en casos de conflictos éticos. Por ejemplo, cuando haya que decidir si colocar o no sujeciones a un mayor a la hora de dormir.

Son los llamados Comités de Ética Asistenciales. Estarán formados por un mínimo de cinco personas. Habrá al menos un médico, un enfermero, un trabajador social y un profesional del derecho. Funcionarán en las residencias públicas y concertadas. El objetivo es humanizar la atención a los mayores.

MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN

La Comunidad de Madrid ha presentado hoy los nuevos Comités de Ética Asistenciales en las residencias y centros de día para personas mayores de toda la región, que ofrecerán asesoramiento ante posibles conflictos éticos que puedan producirse en la práctica asistencial y buscarán salvaguardar los derechos de usuarios, familiares y trabajadores. Al acto de presentación ha acudido el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, quien ha explicado que el objetivo es seguir «mejorando la calidad en la atención» de las cada vez más personas mayores «en situación de vulnerabilidad» en la región.

Esos comités éticos estarán compuestos por «un equipo multidisciplinar» de, al menos, cinco profesionales, entre ellos un médico, un enfermero, un trabajador social y un jurista experto en Derecho Civil, «cuyo objetivo es asesorar a la residencia en materia de tratamiento o sobre la forma de actuar con los mayores en determinados momentos especialmente complicados».

PROMOVER LAS BUENAS PRÁCTICAS

Los Comités de Ética buscan, además, promover las buenas prácticas y actitudes en el desarrollo de la faceta bioética de la actividad asistencial en los centros, así como la formación de los profesionales de la organización y de los miembros del comité. «Lo queremos hacer para todas las residencias y centros de día, los gestione quien los gestione, y con ello lo más importante es que los derechos, la calidad asistencial y el bienestar de los mayores estén todavía más garantizados», ha esgrimido Izquierdo.

El consejero ha reconocido que cada vez, «el nivel de dependencia se irá haciendo mayor» en la población madrileña, ya que los avances en política sanitaria han posibilitado que «el deterioro cognitivo y físico de las personas vaya aumentando», por lo que es necesario que la Comunidad actúe en dos tipos de políticas, «dependencia y atención sociosanitaria». «No queremos que las residencias se conviertan en centros sanitarios, que son más bien fríos, sino que caminen hacia un concepto en el que sean el verdadero hogar de las personas mayores», ha indicado.

Por todo ello, Izquierdo ha afirmado que la Comunidad va a dedicar más recursos que nunca antes a cada persona dependiente, y que Madrid es la región que más personas dependientes atiende en centros especializados, incorporándose a las ayudas públicas unas 30.000 personas desde que comenzara la legislatura.

FRANCO PIDE MÁS MEDIDAS CONCRETAS

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha pedido este lunes «más medidas concretas» y «menos anuncios» en las residencias y centros de día de la región, para que no continúen «asuntos penosos, como, a su juicio, «siguen sucediendo». Así lo ha indicado Franco al término de la reunión mantenida con los sindicatos UGT y CCOO.

«La situación de los servicios sociales es insostenible en las residencias públicas. Es más digno de países tercermundistas. Menos anuncios de códigos, menos anuncios de medidas y más medidas concretas es lo que pedimos; porque si no seguirán sucediendo los asuntos penosos que siguen ocurriendo en la Comunidad de Madrid», ha lamentado el secretario general socialista madrileño.

Fuente: TeleMadrid

Personas Mayores de doce residencias de Madrid entregan por el día mundial contra el cáncer infantil un talón solidario a la Fundación Aladina

ENTREGA TALÓN ANCIANOS A ALADINACon motivo del día mundial contra el cáncer infantil, más de 100 ancianos de doce centros residenciales de la Comunidad de Madrid han entregado un talón solidario de 12.600 euros a la Fundación Aladina con el fin de mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes enfermos de cáncer a los que se atiende diariamente.

Cada año estos ancianos de las residencias Ballesol de Madrid afrontan un reto diferente, pero siempre unidos para regalar sonrisas a los más pequeños y con el propósito de apoyar los proyectos y programas que esta Fundación mantiene activos.

A todos ellos los hemos visto en los últimos años reciclar cápsulas de Nespresso para convertirlas en broches, pintar servilleteros hechos de pinzas, escribir libros de poemas, fruncir bufandas de multitud de colores, diseñar joyeros, todo con el objetivo de destinar fondos para mejorar la calidad de vida de estos “pequeños superhéroes”. Esfuerzos que han tenido su recompensa participando en la campaña “un Achuchón por la UCI Infantil del hospital Niño Jesús”, ampliando los espacios de ocio para que los pacientes puedan divertirse y relajarse fuera de sus habitaciones o mejorando los programas de terapias lúdicas que la Fundación Aladina desarrolla en las unidades de oncología de varios hospitales.

Con el reto conseguido de haber llegado a los 12.600 euros recaudados, el siguiente es conseguir que los más pequeños no pierdan la sonrisa ante el cáncer y encuentren en este impulso solidario un motivo más para seguir siendo “superhéroes” para los más de 100 ancianos.

Cáncer Infantil en datos

Cada año se diagnostican cerca de 1.400 nuevos casos de niños con cáncer en España de 0 a 18 años. A pesar de ser una enfermedad rara, el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad hasta los 14 años.

El tipo de cáncer más frecuente en los niños es la Leucemia (25%), seguido de los tumores del Sistema Nervioso Central (19,6%) y los linfomas (13,6%), según el Registro Nacional de Tumores Infantiles.

El Servicio extremeño de Promoción y Atención a la Dependencia (Sepad) pide a sus centros de mayores en Cáceres que controlen la práctica del bingo

Bingo_mayoresEl bingo es un evento lúdico y social, pero también forma parte de uno de los sectores más regulados. De ahí que el Servicio extremeño de Promoción y Atención a la Dependencia (Sepad) haya señalado a sus centros de mayores en Cáceres que pueden mantener esta práctica, pero siempre respetando la normativa vigente, que establece restricciones sobre límites de apuestas y reparto de ganancias.

La Gerencia territorial de Cáceres del Sepad envió a finales del pasado año una carta a los centros de la provincia en la que reconocía la importancia del bingo en residencias y hogares y alababa su utilidad para ejercitar la memoria y evitar el aislamiento de las personas mayores. Por ese motivo, animaba a que se mantenga su celebración.

Pero también recordaba que existe una normativa de la Junta de Extremadura que regula este juego en los centros de mayores como un mero pasatiempo, y no como una actividad lucrativa. Por ese motivo, el Sepad apoya esta práctica, pero siempre que cumpla con los requisitos recogidos en la legislación autonómica. De lo contrario, señaló que se podrían aplicar las infracciones y sanciones pertinentes.

La extensión del juego del bingo en centros de mayores, especialmente en la provincia de Cáceres, es una pequeña muestra de una actividad irregular que ha llevado a la Asociación de Empresarios de Bingos de Extremadura (Aebex) a reclamar en varias ocasiones la intervención de la Administración regional.

Para la entidad resulta especialmente preocupante la existencia de bingos irregulares, sobre todo en la provincia de Cáceres. En muchos casos son organizados por asociaciones sin ánimo de lucro, pero eso no quiere decir que cumplan con la normativa autonómica.

Aebex recalca que el juego es uno de los sectores más controlados, tanto desde el punto de vista de la fiscalidad (la Junta ingresa unos 23 millones al año por las tasas autonómicas, alrededor de un 75% por bingos) como de la regulación de los derechos de los consumidores (existen restricciones de acceso para luchar contra la ludopatía). Y aunque reconoce que los bingos ilegales, los que se celebran en espacios no autorizados, han existido siempre, también recuerda que hacen mucho daño a las salas legales.

La entidad señala que lo que era una cuestión puntual se convirtió en una práctica habitual con la llegada de la crisis económica. Muchas asociaciones y entidades vieron en el bingo una forma de financiar sus actividades. Eso llevó a Aebex a reclamar a la Junta que aplicara medidas. El resultado fue la aprobación en 2014 de un decreto, pactado en la comisión regional del juego (donde están empresarios, trabajadores, usuarios y la propia Administración extremeña) que estableció una nueva regulación regional.

Esta norma modificó el reglamento autonómico y estableció que ningún establecimiento que no se encuentre autorizado ni inscrito en el registro regional podrá denominarse bingo ni podrá acoger juegos que, con el mismo o distinto nombre, constituyan en esencia modalidades de bingo.

Sólo se permite una excepción, cuando el bingo esté considerado un mero pasatiempo o recreo y su práctica sea constitutiva de usos sociales de carácter tradicional, familiar o amistoso, pero siempre que no sea objeto de explotación lucrativa por los propios jugadores o por personas ajenas a ellos.

El decreto considera de carácter tradicional o amistoso el juego del bingo practicado en hogares y residencias de mayores. En estos casos, la apuesta máxima por cada persona participante y en cada partida no puede pasar de diez céntimos de euro y el importe total jugado en cada sesión ha de tener un valor inferior al doble del salario mínimo interprofesional diario. Actualmente está fijado en 24,53 euros, por lo que el tope por sesión es de apenas 49 euros. Además, se fija que el total de las cantidades jugadas debe destinarse íntegramente a premios.

Es decir, desde el año 2014 el bingo con dinero sólo puede celebrarse en salas autorizadas, con la excepción de los centros de mayores, pero siempre que cumplan con las apuestas mínimas, que no superen el tope de dinero jugado por sesión y que repartan en premios todo lo que se recaude.

Sanciones a bingos ilegales

Desde la aprobación de esta norma Aebex ha denunciado en varias ocasiones la existencia de bingos ilegales, sobre todo en la provincia de Cáceres. Primero planteó una denuncia genérica, en la que mencionaba varias salas irregulares. Pero en los últimos años también ha presentado quejas concretas contra lugares identificados. La última, contra una asociación de mujeres de Plasencia.

Los empresarios de bingos de Extremadura destacan los daños que hacen estas prácticas irregulares. El presidente de la asociación, José Luis Iniesta, señala que los cambios de hábitos y la caída de actividad por la crisis ha afectado al sector, que ha pasado de contar con nueve salas en la región a ocho: tres en Badajoz, dos en Cáceres y una en Mérida, Plasencia y Don Benito, respectivamente.

Junto a esto, apunta que los bingos no autorizados suponen una competencia desleal, hasta el punto de que afectan al desarrollo de las salas legales. «En Plasencia no se puede abrir todos los días porque no tiene actividad», apunta.

José Luis Iniesta destaca especialmente el caso de la zona de Plasencia, donde la Junta de Extremadura ha abierto en los últimos meses dos actas de infracción por bingos ilegales. En su opinión, la Administración regional cumple al aplicar la norma pero, a su juicio, hay entidades locales que no se toman tan en serio la legislación.

El presidente de Aebex recalca que los bingos aportan a la Junta impuestos que permiten asumir gastos en educación, sanidad, infraestructuras. Además, afirma que cada sala, en la que convive esta modalidad con otras actividades de hostelería, apuestas y juego, genera más de veinte puestos de trabajo. En total, unos 200 en la región.

En cuanto a los centros de mayores, reconoce que en este caso se trata de un entretenimiento, no de una actividad lucrativa. Pero considera fundamental que, como ha hecho el Sepad, se exija el cumplimiento estricto de la norma autonómica.

Fuente: HOY

En Euzkadi las residencias de personas mayores deberán evitar al máximo las sujeciones físicas y farmacológicas

sujecionesLos centros de nueva creación deberán tener un 75 % de plazas en habitaciones individuales.

El decreto que está elaborando el Gobierno Vasco para regular las residencias para personas mayores, tanto públicas como privadas, busca «evitar al máximo» la sujeciones físicas y farmacológicas de los usuarios.

Este es uno de los objetivos de esta regulación de cuyo borrador ha informado este lunes al Parlamento Vasco la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Ejecutivo, Beatriz Artolazabal.

Este decreto regulará los requisitos materiales, funcionales y de personal que deberán reunir todos los centros residenciales para personas mayores, además de establecer las condiciones para su autorización de funcionamiento, acreditación y homologación, independientemente de su titularidad.

El Parlamento Vasco aprobó por unanimidad el pasado mes de febrero instar al Ejecutivo autonómico a actualizar los decretos que regulan las prestaciones y los servicios sociales en materia de ratios de personal y de otras cuestiones relacionadas con la plantilla de los centros de atención a personas dependientes.

Artolazabal ha explicado que la elaboración del decreto, que tiene abierto hasta finales de este mes el plazo de alegaciones, persigue lograr una «atención centrada en la persona», para lo cual se hace hincapié en dispensar «unos mínimos que garanticen la calidad asistencial y aboga por un trato próximo y de calidad».

«Un trato más próximo y cercano»

Ha especificado que se pretende un «trato más próximo y cercano», y evitar las sujeciones, físicas y farmacológicas, con el fin de mantener la autonomía personal y evitar el deterioro del usuario.

Ha añadido que la nueva regulación, que sustituirá a la vigente de 1998, pretende garantizar a los usuarios los cuidados y la asistencia personal necesaria para realizar las actividades de la vida diaria manteniendo su autonomía personal y que puedan desarrollar actividades orientadas a entablar relaciones con el entorno comunitario.

También se quiere que estas personas mayores mantengan y amplíen las relaciones con la familia y con otros residentes, y que participen en la vida del centro, «favoreciendo su sensación de seguridad».

Un 75 % de plazas en habitaciones individuales

La consejera ha destacado que mejora las ratios de personal de atención directa con respecto al decreto vigente, entre el 23 % y el 44 % según grados de dependencia, y que en lo estructural se va a pedir que los centros de nueva creación tengan un 75 % de plazas en habitaciones individuales, frente al 25 % actual, y que estas sean de mayores dimensiones, al pasar de 10 a 13 metros cuadrados las individuales y de 14 a 19 las dobles.

A preguntas de los grupos, ha especificado que esto solo se aplicará a las nuevas residencias porque el Gobierno ha elegido ser «prudente» y no dar a estos requisitos un carácter retroactivo, ya que «las consecuencias podrían haber sido peores que los beneficios que se pretenden» en caso de aplicar estos requisitos a las residencias actuales, algunas de las cuales no podrían cumplirlos.

Requisitos materiales

En el decreto se especifican también los requisitos materiales que deben tener las residencias en materia de ubicación, condiciones generales y de habitabilidad, protección y seguridad, accesibilidad, distribución de las estancias, zonas comunes, área sanitaria, vestuarios y aseos para el personal, zona de servicios y requisitos materiales específicos para estancias diurnas.

También establece cómo se deben estructurar las unidades de psicogeriatría, las sociosanitarias y las de convivencia para personas residentes.

En la comparecencia en comisión, el director de Servicios Sociales, Emilio Sola, ha adelantado que el Gobierno Vasco tiene «muy avanzada» la elaboración de otro decreto para regular el funcionamiento de los pisos y apartamentos tutelados.

Fuente: EL DIARIO VASCO

Oltra apuesta por un nuevo modelo residencial para las personas mayores basado en ‘la calidad y la calidez’

nou-model-residencial-696x433La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha iniciado el proceso de cambio del actual modelo residencial para personas mayores por uno nuevo diseñado para acompañar a las personas mayores en todo el proceso de envejecimiento “con una atención basada en la calidad y la calidez y que dé respuesta a la gran demanda que existe actualmente”

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, durante la presentación de la jornada ‘Construyendo el Nuevo Modelo Residencial de Personas Mayores’, organizada por la Conselleria de Igualdad y dirigida a representantes del sector, a la que han asistido también la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, y la directora general de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, Mercé Martínez.

En su intervención, Oltra ha destacado la apuesta de la Conselleria de Igualdad por “un modelo residencial de futuro” en el que participe todo el mundo y que dé respuesta a las necesidades de la sociedad actual, que constituya un espacio también de riqueza y de creación de empleo, “pero no una oportunidad de especulación”.

El objetivo, ha añadido la vicepresidenta, “es adaptar la atención residencial a las nuevas necesidades de la población de personas mayores con un sistema orientado no sólo a curar la enfermedad física sino también la enfermedad social, con ratios adecuadas y nuevas formas de atención”.

En este proceso de cambio, impulsado y encabezado por la Conselleria, “queremos contar con la colaboración y participación de todas las partes implicadas, profesionales, usuarios, familias, colectivos representativos y entidades del sector”, porque el nuevo modelo residencial para las personas mayores “hemos de hacerlo entre todas y todos”.

Para ello, se van a constituir “cuatro grupos de trabajo que aportarán las ideas fundamentales sobre las que se basa esta apuesta que impulsamos y en la que queremos residencias humanas donde la gente pueda ser feliz y se sienta como en su casa”, ha explicado Oltra.

Las cuatro mesas de trabajo serán la de Dirección y gerencia, Atención social y sanitaria, Convivencial y de Estructura y mantenimiento y estarán integradas por representantes de la conselleria de Igualdad, los centros residenciales públicos, entidades sin ánimo de lucro, asociaciones de familiares y representantes de personas residentes, empresas privadas y sindicatos.

Durante la jornada se han constituido las mesas y se ha establecido el calendario para trabajar en el desarrollo del nuevo modelo residencial para personas mayores de la Comunitat Valenciana.

 

Fuente: Valencia EXTRA

 

 

Respetar la sexualidad de las personas mayores, una cuestión de derechos también en los centros

Sexualidad en residenciasSexualidad en entornos residenciales de personas mayores. Guía de actuación para profesionales editada por Fundación Pilares.

La innovadora publicación  de descarga gratuita, ofrece elementos clave para la reflexión sobre la expresión de necesidades sexuales de personas mayores en residencias así como recomendaciones para orientar la buena praxis desde un enfoque de atención centrada en la persona.

La sexualidad es una dimensión del ser humano que nos acompaña durante toda nuestra vida. Tiene que ver con la forma en la que nos expresamos y nos percibimos como seres sexuados, por lo que incluye la actividad sexual pero no se limita a ésta. Abarca también aspectos tan variados como la identidad y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, la intimidad, nuestros pensamientos, creencias, actitudes y valores sobre la sexualidad, el deseo y las fantasías, etc. En consecuencia, que alguien no sea sexualmente activo no quiere decir que carezca de vida sexual.

En coherencia con una visión de la vejez como etapa de declive, tradicionalmente se ha pensado erróneamente que la sexualidad de las personas mayores no existe, que ya no les importa la actividad sexual, o incluso que es algo sucio o inmoral seguir teniendo intereses de este tipo en edades avanzadas. Sin embargo, los estudios y la propia experiencia nos dicen que muchas personas mayores siguen teniendo intereses sexuales y siendo sexualmente activas.

También ha mostrado la investigación que el mantenimiento de la actividad sexual en la vejez contribuye a la salud y calidad de vida de las personas mayores, y que la salud sexual es una dimensión que preservar en la vejez. La OMS entiende por salud sexual «un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad; no es sólo la ausencia de enfermedades o disfunciones. La salud sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso a la sexualidad y relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia».

Hay algunas situaciones, sin embargo, en las que esta preservación de la salud sexual se ve dificultada. El caso de las personas mayores que viven en residencias es una de ellas, y constituye el foco de la presente guía de actuación.

Consideraciones sobre los contenidos de la Guía y la intención de los autores y autoras al escribirla:

  • El abordaje de las expresiones sexuales en entornos institucionales es un aspecto que puede generar problemas para los profesionales, para las familias y para las propias personas implicadas. Es un tema que pertenece a la intimidad de los residentes, en el que están en juego derechos y en el que ciertas decisiones presentan unas claras implicaciones éticas. Además, como los profesionales que trabajan en residencias saben, la vida dentro de este tipo de centros es muy compleja. Cada situación, al igual que cada persona implicada en ella, es en cierto sentido única y, por tanto, lo que puede ser óptimo en ciertas circunstancias puede no serlo en otras.
  • Debido a ello, esta guía de actuación no es un libro de recetas. El lector no encontrará un catálogo de situaciones potencialmente peligrosas y conflictivas junto con la forma ‘correcta’ de actuar ante ellas. Lo que el lector encontrará son una serie de elementos para reflexionar y participar, de manera responsable y fundamentada, en la gestión y decisiones respecto a la sexualidad en centros residenciales. También se señalan aspectos que es necesario tener en cuenta y balancear a la hora de manejar situaciones sexuales en un entorno residencial.
  • La intención de la guía no es fomentar la sexualidad en las residencias ni sugerir que una persona mayor que no se exprese sexualmente presenta algún tipo de carencia. La actividad sexual es un derecho, y como tal la persona puede escoger libremente no ejercerlo sin que sea juzgada o etiquetada por ello. Lo que se pretende con la guía es poner a disposición de los profesionales un instrumento para manejar las situaciones sexuales que suelen aparecen en las residencias y ofrecer alternativas para que las personas que sí desean expresarse sexualmente puedan hacerlo con mayor facilidad, seguridad y respeto a los derechos de los demás.
  • Somos conscientes de que algunas de las recomendaciones contenidas en esta guía en muchas ocasiones no son de fácil implementación. Como veremos, existen numerosos factores relacionados con la cultura de la institución, el perfil de las personas que viven y trabajan en ella o con las actitudes de los familiares que pueden suponer obstáculos para el manejo adecuado y reconocimiento pleno de los derechos sexuales de las personas que viven en residencias. El trabajo hacia ese reconocimiento y hacia una buena práctica en esta materia no se consigue de un día para otro, sino que puede resultar un proceso largo y complejo. La presente guía pretende simplemente marcar un camino en esa dirección.

Para contribuir al objetivo último de esta guía (ayudar a las instituciones y a los profesionales que trabajan en ellas a fomentar la salud y calidad de vida sexual de las personas que viven en ellas, así como a contribuir al reconocimiento de sus derechos sexuales) en ella se:

  • Plantean algunos de los conflictos éticos que supone el reconocimiento y la práctica de la sexualidad en residencias de personas mayores.
  • Examinan diferentes barreras que pueden impedir la libre expresión sexual y el ejercicio de los derechos sexuales de las personas mayores que viven en instituciones.
  • Analizan situaciones particularmente complejas, como son la expresión sexual de las personas con demencia o la aceptación de la diversidad sexual en un entorno residencial.
  • Proponen diferentes estrategias que pueden ayudar a promover la expresión sexual en instituciones y a gestionar los riesgos y complicaciones que puede implicar.
  • Ofrecen recursos, tales como el estudio de casos, referencias bibliográficas y páginas web relevantes, que pueden incrementar su valor como material con fines formativos.

Autores

Feliciano Villar. Doctor en Psicología por la Universidad de Barcelona, trabaja en el Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación de la citada universidad. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación en el ámbito del envejecimiento activo y de la atención centrada en la persona. Actualmente es el Director del Máster O cial Interuniversitario en Psicogerontología de la Universidad de Barcelona y coordinador del Grupo de Investigación en Gerontología (GIG) y de la Red Iberoamericana Interdisiciplinar de Investigación en Envejecimiento y Sociedad (RIIIES).

Montserrat Celdrán. Doctora en Psicología. Es profesora e investigadora en el Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación de la Universitat de Barcelona. Es docente en el Máster O cial Interuniversitario en Psicogerontología e investigadora en el Grupo de Investigación en Gerontología (GIG). Sus principales áreas de interés se centran en la comprensión del papel de la persona mayor dentro de la familia y en la comunidad y cómo ese papel puede tener un impacto en la vivencia de esta etapa y sus características (bienestar, calidad de vida, salud).

Rodrigo Serrat. Doctor en Psicología por la Universidad de Barcelona, trabaja en el Departamento de Cognición Desarrollo y Psicología de la Educación de la citada universidad. Es docente en el Máster O cial Interuniversitario en Psicogerontología e investigador en el Grupo de Investigación en Gerontología (GIG). Su investigación versa sobre la participación social y política de las personas mayores en diferentes contextos, incluyendo organizaciones del tercer sector y residencias para personas mayores.

Josep Fabà. Doctor en Psicología por la Universidad de Valencia, trabaja en el Departamento de Cognición Desarrollo y Psicología de la Educación de la citada universidad. Es docente en el Máster O cial Interuniversitario en Psicogerontología e investigador en el Grupo de Investigación en Gerontología (GIG). Su investigación versa sobre la sexualidad en la vejez y la vivencia de la situación de cuidado. Además, trabaja como psicólogo en la Residencia para mayores SARquavitae Sant Jordi.

Teresa Martínez (acpgerontologia.com). Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Oviedo, psicóloga y diplomada en Gerontología Social. Trabaja en el Servicio de Inspección y Acreditación de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias. Miembro del grupo de investigación Evaluación Psicométrica del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo. Experta y autora de diversas publicaciones sobre atención centrada en la persona y su aplicación en servicios gerontológicos

Descarga gratuita: http://www.fundacionpilares.org/publicaciones/fpilares-guias03-sexualidad.php

Llega la V Milla Intergeneracional Siempre Vital

Los Llanos Vital 2017Llega el gran día ¡Todos a correr con nuestros mayores!

Después del éxito y reconocimiento obtenido en anteriores ediciones, en las que participaron más de 500 corredores, la Residencia y Centro de Día Los Llanos Vital se vuelve a llenar de emociones y sonrisas con la celebración de la V Milla Intergeneracional Siempre Vital, la gran carrera solidaria que tendrá lugar este domingo, 17 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana en la Rosaleda de Los Llanos Vital.

Nuestra Milla continúa teniendo como protagonistas indiscutibles a los mayores de 65 años -nuestros «sabios»- y, además, volveremos a aportar nuestro granito de arena en la lucha contra el Alzheimer. Por ello, a través de las inscripciones y de un Dorsal 0 que hemos habilitado, recaudaremos fondos para donarlos a la Fundación Reina Sofía.

El Ayuntamiento de Alpedrete, cuyas autoridades estarán presentes en la Milla, es un aliado imprescindible en la organización y contamos, también, con la colaboración de la Comunidad de Madrid para la difusión de la carrera. De hecho, será el Consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, el que dará el pistoletazo de salida a la Milla Intergeneracional.

Esta gran prueba se corre por parejas formadas por un mayor de 65 años y familiar, amigo, vecino o voluntario más joven que le acompaña y ayuda para llegar a la meta dándole la mano, empujando su sillas de ruedas o, simplemente, animándole. El objetivo es, en definitiva, fomentar la solidaridad entre jóvenes y mayores, que se unen con uno de los mejores fines, disfrutar y pasar una muy especial mañana de domingo juntos y haciendo ejercicio físico.

Así, nos gustaría contar con vuestra presencia en este gran día para nuestros mayores y para todos los participantes de la Milla. ¡Os esperamos este domingo!

Confirma tu asistencia aquí: leticia@grabarte360.com

Los Llanos Vital 2017_2

Descarga dossier.

La regulación vasca de residencias para mayores busca eliminar las sujeciones

sindromedown-mayoresEuskadi envejece. Y no solo porque aumente la esperanza de vida, sino, sobre todo, porque la proporción de personas mayores respecto a la población más joven es cada vez es más elevada y todas las proyecciones demográficas indican que es una tendencia que se va a mantener en los próximos años. Atender las necesidades de ese creciente número de personas mayores requiere actuaciones en varios frentes y uno de ellos es el de las residencias en las que muchas viven sus últimos años. En la actualidad el Gobierno Vasco está tramitando un decreto sobre Centros Residenciales para Personas Mayores -que se prevé aprobar antes de un año- que sustituirá una regulación que data de 1998 y que podría suponer un hito al elevar los estándares de atención digna y erradicar las sujeciones.

“El texto del decreto incide mucho en el tema de la dignidad de la persona usuaria, algo que ya está presente en la regulación actual, pero le hemos dado una vuelta de tuerca al establecer toda una serie de requisitos y medidas para evitar las sujeciones físicas y farmacológicas”, explica Emilio Sola, director de Políticas Sociales del Gobierno Vasco. El decreto que regulará las residencias para mayores, tanto las que gestionan empresas con ánimo de lucro como las que dependen de instituciones y organizaciones no lucrativas, nace de una proposición no de ley aprobada por el Parlamento Vasco, de ahí que aunque en junio se haya presentado en la cámara el texto del borrador, el proyecto todavía tiene por delante toda la tramitación y su análisis por parte de diversos organismos.

Es previsible que en este trayecto se avance aún más en una regulación que no solo cambia el enfoque de la atención a las personas mayores y mejora, respecto a la situación actual, los ratios de personal, dotaciones y equipamientos requeridos en las residencias, sino que también restringirá al máximo la utilización de sujeciones o restricciones de las personas ingresadas.

La utilización de sujeciones mecánicas o farmacológicas en la asistencia geriátrica está cada vez más cuestionada pero en muchos casos se mantiene con el argumento de proporcionar seguridad y evitar accidentes a las personas atendidas en residencias y otro tipo de centros. Según la información que maneja la Fundación Cuidados Dignos, cuya función es contribuir a la mejora en los cuidados que reciben las personas que viven en organizaciones de atención sociosanitaria, la prevalencia global de utilización de dispositivos de sujeción en el cuidado de personas en los centros estatales se sitúa entre un 10 y un 20%. Ese porcentaje puede llegar al 40% según otros cálculos, mientras que en países como Alemania y Reino Unido el uso de sujeciones físicas y químicas (medicación) no llega al 5%.

La intención del Departamento de Empleo y Políticas Sociales -indica Emilio Sola- “es dar un paso más respecto al borrador que manejamos y evitar las sujeciones”. El director de Políticas Sociales añade que en Euskadi ya hay centros que han logrado la eliminación de restricciones con la aplicación de un modelo de cuidado denominado Libera-Care. “Vamos a hablar con instituciones que gestionan centros, tanto públicos como privados, para ver hasta qué punto este modelo se puede generalizar y llevar a la práctica, pero muchos expertos nos dicen que sí, que es viable. Por eso vamos a visitar centros residenciales donde ya se está aplicando porque creemos que el futuro en la atención a las personas primando el respeto y la dignidad pasa por ahí. En el decreto ya planteamos que la aplicación de restricciones solo se puede dar en casos muy excepcionales, muy extremos, con prescripción médica y el consentimiento informado de la persona usuaria o su representante. Pero queremos dar un paso más allá que consiste en evitar las sujeciones. Tenemos que ver que eso es posible… En septiembre vamos a tener otra reunión con las fundaciones Cuidados Dignos y GSR (Gestión de Servicios Residenciales) para analizar la aplicación del modelo Libera-Care y visitar centros. Lo vamos a debatir y estudiar porque si damos ese paso de erradicar la práctica del cuidado con sujeciones, sería un logro muy grande”, opina Emilio Sola.

La eliminación de sujeciones sin menoscabo de la seguridad de los residentes se logra a través de la formación específica del personal. “El personal de las residencias -dice Sola- tiene que estar entrenado para saber responder a las situaciones que generan las personas que ahora se controlan con restricciones, no deben ponerse nerviosos y tienen que saber ver que esa persona no está requiriendo atención continuamente porque sí o por llamar la atención, sino porque tiene una enfermedad mental. El personal, si está debidamente entrenado, sabe responder. No se puede recurrir a atar a esa persona para que no esté continuamente desplazándose porque puede caerse, es una cuestión de pedagogía del personal, de formarles al máximo. Entonces el modelo puede funcionar”.

UN NUEVO MODELO

Al explicar los principales cambios que supondrá la nueva regulación de residencias para personas mayores con respecto a la actual, el director del Políticas Sociales destaca que “el modelo asistencial definido por la legislación vigente, la del 98, está muy orientado y pensado en función del personal, de la distribución de los turnos de trabajo y cosas así. El modelo que se plantea ahora es todo lo contrario, está basado en las personas y, concretamente, en las necesidades de las personas usuarias de manera individualizada. Supone un giro enorme en cuanto a modelo de atención y eso que en la regulación vigente ya se habla de respeto a la dignidad de las personas usuarias”.

Emilio Sola reconoce que la actual legislación “ha quedado un poco obsoleta en cuanto a ratios de personal”, mientras que en la nueva “los ratios de atención se centran más en los tipos de cuidados que en las tipologías profesionales”. “No se trata tanto de establecer cuánto personal médico o de enfermería, cuántos auxiliares debe haber, sino cuánta atención médica, cuanta atención psiquiátrica, de enfermería o psicológica”.

En opinión del director de Políticas Sociales, en el texto se ha plasmado algo que “supone un avance, pero el mayor logro es que se establece un nuevo modelo de atención centrado en la persona. Un modelo que no tiene nada que ver con lo que eran los modelos asistenciales de aquel año, del 98, en los que todo estaba muy centrado en la distribución del trabajo en los centros, en cómo lo hacemos más eficaz desde el punto de vista de la empresa o institución. Ahora planteamos todo lo contrario: cómo resolvemos mejor las necesidades que tiene cada una de las personas usuarias, no en bloque, sino individualmente y cómo las atendemos mejor pero centrándonos en esa persona, no en lo que necesita el personal o lo que necesita la empresa”.

De hecho, el articulo 27 del borrador señala que “la atención que se preste en los centros residenciales a cada persona residente deberá ser integral, es decir, se deberá tender a la consecución de un modelo global de salud y bienestar, que deberá abarcar, debidamente coordinados entre sí, los aspectos sanitarios, físicos, sociales, psicológicos, ambientales, convivenciales, relacionales, culturales y otros. Se prestará, asimismo, una atención personalizada adaptada a las necesidades de cada residente, mediante la elaboración de un plan de atención individual (PAI)”.

ENVEJECER EN CASA

La regulación de los centros residenciales para mayores es un paso importante pero no suficiente para cubrir todos los frentes que presenta el reto del envejecimiento. Por ese motivo desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales destacan las iniciativas contenidas en la Estrategia vasca de Envejecimiento Activo 2015-2020. “Estamos potenciando que las personas mayores puedan permanecer en su vivienda, porque eso es lo que prefiere la mayoría. La gente -explica Emilio Sola- no quiere ir a una residencia, sino vivir en su propia casa. Nos lo dicen todas las encuestas que hemos realizado desde los años 80. La opción mayoritaria es vivir la vejez en casa, pero contando con apoyos suficientes”.

En el catálogo de apoyos para personas mayores o dependientes entran desde la ayuda a domicilio hasta las prestaciones económicas de asistencia personal o de cuidados en el entorno familiar, los centros de día y la coordinación de los servicios sociosanitarios.

Un servicio que cobra cada día mayor importancia es, en opinión de Emilio Sola, la teleasistencia, que da acceso, entre otros, al consejo médico, los servicios de emergencias, la atención y vigilancia a distancia o las llamadas de acompañamiento. El director de Políticas Sociales destaca que este servicio está muy bien valorado entre sus usuarios y coloca a Euskadi cerca de los países más avanzados en atención a las personas mayores, aunque aún tiene por delante el reto de la digitalización de más hogares.

Fuente: noticias de Gipuzkoa

Las residencias de mayores de la Comunidad Valenciana no podrán cobrar facturas del FLA por un error de la Conselleria

Generalitat-Valenciana-Monica-Valencianes-EFE_1478862261_25669084_1875x1152La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha recriminado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, por un error en la contabilidad que deja «a la gran mayoría de entidades» que gestionan estos centros sin posibilidad de cobrar sus facturas de todo el año 2017 -y algunas de finales de 2016- a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

«El pasado lunes la Conselleria de Hacienda informó de que la Tesorería había cargado un total de 34.988 facturas de proveedores sociales valencianos, por importe conjunto de 296.634.333,50 euros una vez puesto en marcha para la Comunitat Valenciana el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)», han recordado desde Aerte.

«El sector privado de servicios sociales respiraba con la noticia, ya que no se había cobrado ninguna factura de todo el año 2.017, incluso quedaba alguna de 2.016 pendiente, pero la alegría ha durado muy poco», han asegurado. La razón es que el listado de facturas que se han incluido en el FLA para su pago inmediato ha dejado fuera a la gran mayoría de entidades que gestionan residencias de personas mayores, o que tienen plazas concertadas con la Administración Pública, porque no han sido contabilizadas desde la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Además, se está produciendo otra situación que está provocando demoras en los pagos, muchos contratos de residencias están vencidos y no han entrado en vigor los nuevos por retrasos en las adjudicaciones de la Conselleria, según Aerte. En esta situación, para que la Generalitat pueda pagar esas facturas, se debe llevar a cabo un expediente específico, que debe pasar por el Consell, «lo que alarga mucho toda la gestión de pagos», han asegurado.

“Es difícil entender como, a pesar del aumento del presupuesto de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas en más de 214 millones en los dos últimos años, los retrasos en los pagos a las entidades que gestionan centros y servicios de la Generalitat o aquellos que tienen plazas concertadas se siguen produciendo», han criticado. «Solo queda que se deba a una gestión administrativa ineficiente de la propia Consellería, tanto en la contabilización de las facturas como en la formalización de los nuevos contratos, lo que resulta inadmisible», ha declarado José María Toro, presidente de AERTE.

De los peores

La ley para evitar la morosidad en las administraciones públicas fija un plazo máximo de pago de 30 días para las facturas, y según el último informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, fechado en marzo de 2.017, la Comunidad Valenciana es la tercera comunidad autónoma con un periodo medio de pago a proveedores más largo. Con una media de 46,39 días, solo mejora a la Región de Murcia y a Cantabria, según Aerte.

Sin embargo, el periodo de pago no es homogéneo en todos los sectores ya que en el sector de los servicios sociales ya se acumulan casi cinco meses de atrasos en los pagos y todo está pendiente de las liquidaciones del Fondo de Liquidez Autonómica. Hasta ahora, las empresas han ido abonando las nóminas de sus plantillas, pagando las facturas de sus proveedores pero la situación se está volviendo insostenible cada día que pasa sin que se atiendan estos pagos y si los retrasos continúan la situación podría agravarse.

«Seguimos insistiendo en que hay que buscar una solución definitiva al pago de estos recursos que son gastos corrientes y ordinarios de la Administración y que no pueden depender de ingresos extraordinarios como el FLA para ser atendidos. Lo único que provoca esta situación es inestabilidad en el sector y muchísimos problemas de gestión», ha indicado Toro.

Fuente: ABC Comunidad Valenciana

Kabia va a convertirse en un “referente” en la atención residencial a personas mayores en Gipuzkoa

Maite PeñaLa diputada de Políticas Sociales, Maite Peña ha mostrado su “satisfacción” por la “manera” en la que la Diputación ha gestionado Kabia, el órgano autónomo en el que se están integrando de forma gradual las 16 residencias municipales del territorio. Según ha destacado la diputada, que está mañana ha participado en la sesión plenaria de las Juntas Generales de Gipuzkoa, en la legislatura anterior, una semana antes de las elecciones (18 de mayo de 2015) tomó posesión de su cargo la gerente de Kabia. “Por lo tanto, cuando este gobierno asumió la responsabilidad se encontró con una norma foral aprobada y una gerente que acababa de tomar posesión de su cargo, esto es, todo estaba por construir”, ha indicado, además de explicar que Kabia “ni tenia presupuesto, ni sede social, ni CIF, ni estaba dada de alta en la Seguridad Social, ni tampoco tenía personal”. “Esto es, había una norma foral aprobada que señalaba que en el 2016 había que asumir 11 residencias municipales, sin presupuesto, ni plan económico que lo sustentara ni planificación económica que lo posibilitase”, ha añadido.

Peña ha significado que el reto al que se enfrenta Kabia es de “gran envergadura”, con la convergencia de 1.505 plazas (1336 plazas residencia y 169 de centro de día) 299 trabajadores/as de plantilla (116 funcionarios y 183 laborales), 949 trabajadores de 18 empresas diferentes de prestación de servicios, 16 residencias con organizaciones diferenciadas, con un coste adicional de 7 millones y medio de euros. “Un reto de esta envergadura -ha indicado- no se puede abordar de manera improvisada, sin personal, estructura planificación ni presupuesto”.

La diputada ha explicado que desde el primer momento expuso “dicho obstáculo” ante las Juntas Generales, las cuales, en su resolución de 11/2015 de 2 de noviembre, instaron a la Diputación a presentar ante la Comisión de Políticas Sociales en un “plazo de nueve meses prorrogable otros 3”, y previo acuerdo con los ayuntamientos concernidos el proceso de convergencia e incorporación así como el “calendario previsto” de integración de las residencias en Kabia. “Y eso es algo que hemos cumplido”.

Así, el modelo acordado para Kabia plantea que la integración de las residencias municipales en dicho órgano autónomo se produzca de forma gradual, en función del nivel de dificultad técnica (baja, media o alta) de integración de cada una de ellas, así como de la existencia de proyectos de nuevas residencias como es el caso Irun y Pasaia. De este modo, a los centros de Azkoitia, Elgoibar, Villabona y Zumaia, ya integrados en Kabia, este año se sumarán los centros de Andoain, Bergara, Ordizia y Lasarte-Oria; en 2018 los de Oñati, Errenteria, Tolosa y Arrasate; y por último, en 2019 los de Pasaia, Irun, Eibar y Hernani.

En lo que respecta a la financiación, existe un plan económico que permite prever el impacto económico de Kabia en su totalidad para el periodo 2017-2019, y que ascendería a 115.742.691 €, desglosado de la siguiente manera: 2017 (21.082.221 €), 2018 (39.233.180 €) y 2019 (55.427.290 €).

Para finalizar, Peña ha incidido que el nivel de colaboración con los ayuntamientos gipuzkoanos afectados, ha estado “a la altura” de la complejidad del objetivo: “conseguir cobijar bajo un mismo paraguas a 16 residencias municipales representantes de 16 realidades difrentes cada una con sus particularidades, y tras haber mantenido muchas reuniones (más de 50), hemos conseguido el acuerdo de todas las partes implicadas, en un ejercicio de responsabilidad y realismo. Y seguiremos con las reuniones”. En ese sentido se ha mostrado “convencida” de que el modelo asistencial y de gestión de Kabia va a convertirse en un “referente” en la atención residencial a personas mayores en Gipuzkoa, y que será “sostenible y de calidad”, con una gestión también orientada “a resultados”, y también aprovechando el “buen hacer” existente en las residencias que se integrarán en Kabia.

Fuente: Orain Gipuzkoa