copago
Cerca de 6.000 dependientes pueden exigir indemnizaciones por el copago del PP
Las plataformas hacen un llamamiento ya que los afectados pueden reclamar hasta el mes de julio al Consell.
Indemnizar por lo que el anterior Gobierno de la Generalitat legisló de manera errónea. Las plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana están haciendo un llamamiento masivo para que los dependientes afectados por los recortes del anterior gobierno autonómico reclamen a la administración actual todo el dinero cobrado de manera irregular o que dejaron de percibir entre noviembre de 2012 y diciembre de 2015.
Un llamamiento que se produce tras una reciente sentencia que declara nulo tanto el copago aplicado por el anterior gobierno de la Generalitat para aquellos usuarios de los centros de día y ocupacionales, como el recorte que se aplicó en la comunidad al salario de los cuidadores de personas dependientes.
«Queremos que la gente sepa que existe un plazo concreto para reclamar este dinero por vía administrativa, mediante solicitud de responsabilidad patrimonial», señaló ayer Mª Carmen Prats, coordinadora de las plataformas. Cerca de 6.000 dependientes en la Comunidad Valenciana se vieron afectados en su momento por estos recortes y por tanto podrían acogerse a esta vía, aunque algunos de ellos ya acudieron a la judicial, lo que amenaza con colapsar la Conselleria de Igualdad.
Fuentes cercanas al departamento de Mónica Oltra señalan que la vía de la responsabilidad patrimonial está ahora mismo saturada debido a los recursos de los familiares de los dependientes que fallecieron esperando las ayudas y por la falta de funcionarios. No en vano, la Conselleria de Igualdad ha reclamado 251 funcionarios más para poder hacer frente al atasco de trabajo, según se ha puesto de manifiesto a través del Plan de Recursos Humanos.
Ante esta amenaza de colapso, las plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia han pedido a la Conselleria de Igualdad que actué de oficio y devuelva este dinero a los dependientes.
La sentencia del Tribunal Superior a la que se acogen las plataformas tiene fecha del 15 de marzo de 2016 y fue presentada por la abogada Sandra Casas, antes de entrar a formar parte del gobierno de la Generalitat como secretaria autonómica de la Dependencia. La sentencia fue publicada en el DOGV el pasado mes de julio y a partir de entonces, según explica Sandra Casas, «los dependientes tienen un año para reclamar estas cantidades mediante una solicitud de responsabilidad patrimonial».
Fuente: Levante el Mercantil Valenciano
El Tribunal Constitucional refrenda los recortes en Dependencia
El Gobierno central sí tenía derecho a reformar la Ley de Dependencia y establecer los recortes en la financiación que fijó a través del Real Decreto Ley 20/2012. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia que recoge el BOE de este lunes sobre el recurso que presentó Cataluña contra los recortes en dependencia introducidos por este decreto. Concretamente, la citada norma estableció en varios de sus artículos una reforma que implicó, entre otras medidas, el retraso de las ayudas a los dependientes moderados de grado I hasta 2015, la reducción de la cuantía de prestaciones por cuidados familiares, la eliminación de los niveles intermedios de dependencia dentro de cada grado, la incorporación de nuevos copagos por dependencia y el establecimiento de incompatibilidades en el cobro de distintas ayudas.
Contra estas medidas Cataluña presentó un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias autonómicas en el que alegó además que la vía por la que se habían establecido estas medidas, el Real Decreto Ley 20/2012 exigía de una situación de urgencia que no se daba en la práctica. Cataluña argumentaba que las competencias estatales «cuando se incide en un ámbito material de exclusiva competencia autonómica como la asistencia social» la regulación estatal «ha de tener una menor intensidad o grado» y no menoscabar las competencias de las autonomías.
A esta argumentación, el Abogado del Estado contestaba en la sentencia explicando que parte del objetivo de la reforma legal era «perseguir una homogeneidad en los servicios que reciban las personas dependientes» lo que «evitará desigualdades entre comunidades autónomas y supondrá sin duda un ahorro».
Vistas las dos argumentaciones, el Tribunal Constitucional ha concluido que efectivamente el Gobierno central sí tenía competencias para los recortes acometidos y ha detallado en su sentencia que «desde la perspectiva el control externo que nos corresponde, podemos concluir que la definición de la extraordinaria y urgente necesidad, que fundamenta la aprobación de las normas controvertidas, es explícita, razonada y concreta, no se realiza mediante fórmulas rituales o genéricas, aplicables de modo intercambiable a todo tipo de realidades, sino por referencia a una situación de recesión y de crisis económica y financiera, real y conocida, y a la exigencia de cumplimiento de unos compromisos internacionales de déficit igualmente notorios, que tienen por objeto atender a lo que cabe calificar como una coyuntura económica problemática, -en los términos expresamente aceptados por la doctrina constitucional».
Además, el Constitucional estima que «sin adentrarnos en el juicio político que este Tribunal tiene vedado, debemos apreciar la conexión de sentido de las medidas impugnadas con la situación de urgencia definida, pues todas ellas buscan, de uno u otro modo, redefinir el sistema de atención a la dependencia en la forma que el Gobierno ha considerado necesaria para asegurar su sostenibilidad, pues se orientan, fundamentalmente, a generar ahorros inmediatos en el gasto público dedicado a dependencia».
Fuente: Diario Médico
AERTE exige que se revise y se normalice la normativa estatal sobre copago
Entiende que la Generalitat debe normalizar la situación y exigir al Gobierno central la homogeneización de la normativa, evitar que algunos usuarios queden en una situación económica insostenible y que obligue a todo tipo de entidades a aplicarlo una vez normalizado.
Exige que se trate a todo el mundo igual y solo haya distinciones cuando haya rentas diferentes y en función de quien presta el servicio.
Propone utilizar conceptos de renta neta y no incluir patrimonio que no es líquido para posibilitar evitar situaciones insostenibles para personas con escasos recursos económicos.
AERTE con referencia a la reciente sentencia que anula el decreto de Copago de 2013 quiere manifestar:
– Recuerda que la aplicación de un copago es de obligado cumplimiento por parte de los gobiernos autonómicos.
– Encuentra que la normativa debe igualar en condiciones a las personas con discapacidad con las personas mayores, sean dependientes o no, que siempre han venido abonando un copago desigualitario de un servicio necesario y fundamental.
– Entiende que la participación en soportar el coste de los servicios públicos es necesaria para poder mantener el sistema, pero que esto no puede expulsar a las personas del sistema y sí debe conseguir que todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones.
– Considera que la Generalitat debe normalizar la situación cuanto antes y exigir al Gobierno central la homogeneización de la normativa para evitar que ninguna persona quede en una situación económica insostenible y que obligue a todo tipo de entidades a aplicarlo una vez normalizado. Por ejemplo, no es posible la aplicación de una fórmula que deje con 100 euros disponibles a las personas con los que deben comprar cosas tan básicas como sus medicamentos o su ropa. Se deben utilizar conceptos de renta neta y no incluir patrimonio que no es liquido para posibilitar evitar situaciones económicas insostenibles.
– Reclama a la Generalitat la máxima transparencia en su aplicación para evitar que se produzcan errores administrativos que conlleven injusticias en el copago. AERTE recomienda establecer reuniones informativas que posibiliten la comprensión de los cálculos, así como información previa sobre los mismos. Así mismo, considera imprescindible consensuar y homogeneizar los costes de referencia, costes que conllevarán una equivalencia con respecto a los cálculos reales, los cuales no tienen consonancia con los publicados hasta ahora por la Administración valenciana.
– Agilizar de forma prioritaria los más de 10.000 expedientes paralizados durante años de cara a que personas dependientes perciban las prestaciones que por Ley les corresponde, ya que no pueden recibir los servicios que necesitan, en algunos casos llevan esperando desde hace más de tres años.
Nuevo cálculo del copago para dependientes, renta y patrimonio
Para los dependientes catalanes se utiliza una nueva fórmula para el cálculo del copago, se utilizará tanto la renta disponible como el patrimonio del dependiente. La nueva fórmula despierta recelo entre las entidades del sector.
El copago expulsa a las personas con discapacidad de las prestaciones sociales
La generalización por parte de las comunidades autónomas de los copagos en los servicios sociales, especialmente en lo referido a autonomía personal y atención a la dependencia, está expulsando a las personas con discapacidad de las prestaciones y apoyos sociales, según la opinión mayoritaria de los representantes de organizaciones de la discapacidad.
Así se recoge en un reportaje publicado en el número 117 del periódico cermi.es semanal, órgano de expresión del Comité Español de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). El texto se centra en el estudio ‘La participación económica del beneficiario en el Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia, elaborado por Inés de Araoz, asesora jurídica de Feaps, quien señala que la regulación que se realiza en las diferentes normativas autonómicas tiene como resultado que en la práctica exista una desigual participación de los beneficiarios en el Sistema.
En este sentido, asegura que si la participación es muy desigual, habrá que plantearse si el derecho, su contenido esencial, es igual para todos. El que puedan existir diferencias de hasta 600 euros en lo que «copaga» una persona en la misma situación dependiendo de dónde viva, sí determina que el derecho sea diferente para unos y otros, puntualiza.
En esta línea, Roser Romero, presidenta de la Comisión para la Autonomía Personal del Cermi añade que hemos llegado a un extremo que si preguntas a cada una de las CCAA cómo tienen el tema del copago, ni ellas lo saben porque tenemos tal volumen de contradicciones, de normativas, de directivas, de aplicaciones, que esto es una especie de territorio de Pancho Villa.
El estudio parte de tres consideraciones principales a tener en cuenta: la inseguridad jurídica, la falta de transparencia e información y la desigualdad territorial. La inseguridad jurídica se debe a la existencia de lagunas y a la dispersión normativa. Y en este sentido, Santiago Villanueva, del Cermi Aragón y miembro de la Comisión de Autonomía Personal del Cermi, explica que se aprecia la inoperancia de la normativa común y destaca la falta de obligatoriedad de la normativa común, que no resulta vinculante para las comunidades autónomas.
Y así lo señala también Álvaro García Bilbao, miembro de la Comisión de Autonomía Personal del Cermi, quien asegura que las reformas siempre van encaminadas en un sentido cada vez más restrictivo para el beneficiario, en una tendencia continuada a disponer de una cobertura cada vez menor del sistema.
Trasladar al colectivo de personas en situación de dependencia o con necesidad de apoyos para su autonomía el peso de una situación de crisis a través de modalidades de copago enormemente lesivas, resulta, en definitiva, hacer responsable injustamente de la situación actual a uno de los colectivos desfavorecidos de la población, afirma.
Según este estudio, las soluciones deben partir, en parte, de las comunidades autónomas, y en una menor parte, del consejo territorial. Según Araoz, la solución debería ser conjunta, es necesario que exista voluntad de las partes y reitera que el Acuerdo del Consejo Territorial que regula la aportación económica deja abierto que cada Comunidad pueda modificar los límites establecidos.
Es preciso un compromiso por parte de todos. Para ello, se debería alcanzar un nuevo acuerdo en el Consejo Territorial que establezca unos mínimos obligatorios y homogéneos que se concreten en unos criterios y condiciones que, independientemente del lugar en el que resida el beneficiario, preserven su derecho a un nivel de vida adecuado para ellos y sus familias, señala.
Así, Araoz subraya que las comunidades tienen capacidad para mejorar los criterios de participación económica del beneficiario en su territorio, con lo que si quisieran, podrían hacerlo sin la existencia de acuerdo, con cargo al nivel adicional como ya es el caso de algunas de ellas que ya están mejorando esos criterios mínimos.
La desigualdad entre CCAA sigue siendo uno de los principales motivos de queja en el sector de la discapacidad, según expresa Miriam Torregrosa, miembro de Feder y de la Comisión de Autonomía Personal del Cermi, quien asegura que lo más grave de todo son las desigualdades autonómicas en lo que respecta a la aplicación del copago en cada Comunidad.
Carlos Esteban, vicepresidente del Cermi Melilla y miembro también de la Comisión para la Autonomía Personal del Cermi, hace referencia a la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y añade que el copago solo debiera contemplar las prestaciones públicas que recibe el usuario del servicio. Las prestaciones de la Ley de Dependencia son un derecho y ni el patrimonio ni por supuesto las rentas familiares deben contemplarse.
Para Francisco Sardón, presidente del Cermi Castilla y León, las políticas de austeridad y recortes están poniendo en una situación límite de su capacidad económica a las personas con discapacidad y sus familias. Se está violando el principio de equidad y un sistema que pretendía promocionar la autonomía personal, debido al aumento en la aportación económica por parte del usuario, está situando a muchas personas con discapacidad y sus familias al borde de la pobreza.
Los discapacitados quieren renegociar el copago pese al avance de Bienestar Social
El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat aprecia la “buena intención” de la Conselleria de Bienestar Social al ofrecerse a flexibilizar el copago, pero le parece “insuficiente”. Por ello, a partir de hoy elaborará una batería de reivindicaciones que quiere que se aclaren para hacerlas llegar a la Conselleria para que esta las analice con sus servicios jurídicos y seguir negociando. Así lo anunció ayer el presidente del Cermi, Joan Planells, tras la reunión mantenida entre los miembros de las asociaciones representadas en el Cermi para valorar la propuesta que les hizo llegar el lunes el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano.
Consideró que, para ellos, el aspecto más importante es clarificar “cómo se determina la capacidad económica” del dependiente. También vio “insuficiente” el “dinero de bolsillo”, la cantidad de libre disposición que queda del copago, que la Conselleria se ofreció a incrementar de los 126 € mensuales iniciales a 213,5 € para los discapacitados en residencias públicas y, en el caso de los ingresados en residencias de mayores, de 101 a 170 €.
Sí calificó de avance el que el Consell se haya brindado a asumir gastos de transporte para usuarios de centros ocupacionales comarcales con una financiación anual de 1.300 € por usuario. También les pareció muy bien la propuesta de la Conselleria de mejorar el cálculo de las prestaciones por dependencia en beneficio de los menores de 18 años, teniendo en cuenta la capacidad individual del menor y no la renta familiar, y mantener la CNP como excepción en la ley de dependencia para estos usuarios.
Planells apeló a que sus reivindicaciones se tengan en cuenta en una reforma del decreto o, lo que consideró más conveniente, un nuevo decreto.
Ana Botella se compromete a que «ningún mayor se quedará sin teleasistencia por no poder pagarla»
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se ha comprometido este miércoles a que «ningún mayor se quedará sin teleasistencia por no poder pagarla».
Así lo ha confirmado durante su visita a la Central de Teleasistencia de Personalia, del Grupo ONCE, basándose en el «principio de solidaridad», de modo que los mayores podrán estar eximidos del pago o abonarán por el servicio 3, 6, 9 ó 12 euros al mes, en función de sus posibilidades económicas.
La teleasistencia es gratuita para los mayores que vivan solos y cuyos ingresos no exceden de los 690 euros al mes o para familias de dos personas con ingresos que no superan los 920 euros al mes.
En el otro extremo, las personas que viven solas con ingresos superiores a 1.499 euros y las familias con dos personas cuyos ingresos superen lo 1.999 euros al mes, tienen que aportar la cantidad máxima, fijada en 12 euros al mes.
Dentro del contrato figura incluir la aportación económica de los usuarios al coste del servicio mientras que el Ayuntamiento financia el 87 por ciento del total. Esta aportación está definida en base a la capacidad económica de los usuarios, para lo que se establece un baremo basado en los principios de solidaridad y justicia social.
EN BUSCA DE LA «FÓRMULA MÁS JUSTA»
«Hemos tratado de buscar la fórmula más justa, que paguen más quienes más tienen, y que no paguen, o paguen menos, quienes menos tienen», ha explicado la primera edil. Las aportaciones se calculan en función de la Renta Mensual Per Cápita (RMPC), que es el resultado de sumar todos los ingresos anuales (pensiones y rentas) de todos los miembros de la familia y dividirlos entre los doce meses del año.
El resultado se divide por el número de miembros de la familia. En el caso de personas mayores que viven solas, su renta se divide entre 1,5 lo que supone un coeficiente de compensación.
«La vulnerabilidad social no conoce de rentas, ni de clases sociales, ni de nivel cultural. La vulnerabilidad social puede afectar a cualquier madrileño y yo les prometo que todos van a poder seguir viviendo en su domicilio en condiciones de seguridad», ha insistido la alcaldesa.
BOTELLA SE PONE AL OTRO LADO DEL TELÉFONO
La alcaldesa no ha dudado en ponerse al otro lado de la línea telefónica y ha hablado con Concepción, una usuaria que le ha contado que, tras hacer la compra y ver «la novela», se «dará una vuelta con las amigas».
También ha asegurado que está «muy contenta» con el servicio de teleasistencia, como Manuela, una usuaria de 88 años que hoy ha celebrado su cumpleaños en la central, donde ha podido poner cara a la trabajadora con la que lleva hablando «todos los días» desde hace años, Asunción.
DE 30.845 A 133.000 USUARIOS
Botella ha recordado que cuando llegó al área de servicios sociales, hace ya diez años, eran 30.845 los usuarios de teleasistencia mayores de 65 años mientras que en 2013 esta cifra se amplió hasta llegar a los 133.000. Actualmente da cobertura al 21 por ciento de los madrileños de más de 65 años y al 45 por ciento entre los mayores de 80 años. Esta cifra cobra especial relevancia si se compara con la media nacional, situada en el 7 por ciento.
A destacar que entre las modificaciones de ese nuevo contrato –prorrogado hasta 2016 por un importe de 88 millones de euros– se contempla graduar el número de llamadas de seguimiento en función de la situación de riesgo de las personas mayores, con un servicio más equilibrado y personalizado.
De las 8,4 millones de llamadas que se producen al año entre los usuarios y las centrales de asistencia, la gran mayoría, el 85 por ciento, parten de la central para recordarles la medicación, citas médicas, conocer cómo se encuentran, es decir, es un servicio de acompañamiento.
Asimismo, a través del sistema se canalizan multitud de mensajes y consejos importantes para la salud y bienestar las personas mayores. Es una comunicación bidireccional puesto que los usuarios realizan un millón de llamadas al año, en su gran mayoría para situaciones de no emergencia, como hablar, saludar, peticiones de información…
Ahora la apuesta pasa por la personalización. A destacar la incorporación de la domótica a la mejora de la calidad de vida de los mayores, con sistemas tecnológicos que permiten detectar caídas en el domicilio, el número de horas que se pasa en el sofá, alarmas para avisar de que hay que tomar la medicación, que la nevera está abierta o que se ha producido un escape de gas.
Fernández dice que el decreto de copago para los dependientes que incluye el patrimonio creará situaciones «más justas»
La consellera de Familia y Servicios Sociales, Sandra Fernández, ha asegurado este martes que el decreto que está ultimando el Govern tendrá en cuenta el patrimonio para calcular la capacidad económica de los beneficiarios de la Ley de la Dependencia a la hora de acceder a los diversos servicios que se prestan, como el ingreso a una residencia de mayores o a un centro de día, a fin de crear situaciones más justas entre las personas dependientes.
En los pasillos del Parlament, la titular de Servicios Sociales ha apuntado que el decreto está en fase de alegaciones, para que se puedan realizar aportaciones a su contenido y «poder mejorar el texto y intentar corregir cualquier situación que pueda resultar injusta».
Además, ha precisado que la mayoría de las comunidades autónomas del país ya incluyen el patrocinio de los afectados, tal y como establece la legislación que data de 2006.
Asimismo, Fernández ha avanzado que el proyecto contempla la creación de una comisión técnica con el fin de evitar situaciones injustas en algunos casos concretos en los que pueda haber algún tipo de duda acerca de su aplicación.
Hasta ahora sólo se tenía en cuenta la renta de los dependientes, por lo que a partir de la aprobación del Decreto se valorará también el patrimonio, «lo cual consideramos que es mucho más justo», de modo que «el que más tiene es el que más aporta y el que menos tienen será el que menos aporta», ha apostillado.
Bienestar Social rebajará impacto del copago a dependientes con discapacidad
La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, ha anunciado hoy en Avilés que su departamento trabaja en una nueva normativa, que se publicará próximamente, para rebajar el impacto del copago de las personas dependientes con algún tipo de discapacidad.
Esther Díaz ha participado hoy en la inauguración de la jornada «Encuentro de familias», organizada por la Federación de Asociaciones de Integración de Personas con Discapacidad Intelectual de Asturias (FEAPS), en el palacio de Ferrera, de Avilés.
La iniciativa anunciada por la consejera se suma a las ya puestas en marcha para minimizar el incremento del copago de las personas dependientes como consecuencia de las reformas del Gobierno de España.
La consejera de Bienestar Social ha insistido en que las medidas puestas en marcha por el Gobierno central iban encaminadas a la paralización de la Ley de la Dependencia, «y han significado un importante recorte en derechos y prestaciones a sus beneficiarios».
Esther Díaz también ha reivindicado la necesidad de que la futura Ley General del Tercer Sector de Acción Social incorpore las directrices europeas de contratación pública y concesiones.
Díaz ha explicado que esta medida favorecería un mayor margen a las administraciones en las adjudicaciones de obras, bienes o servicios, atendiendo a criterios sociales que facilitarían el posicionamiento de estas entidades en los procesos de contratación de las administraciones.
La titular de Bienestar ha trasladado a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, este posicionamiento del Gobierno de Asturias porque significaría reconocer el papel que las administraciones desarrollan en defensa de los derechos sociales de los ciudadanos.
La consejera de Bienestar Social y Vivienda ha realizado, posteriormente, una visita de obra a la reforma de la Casa del Mar de Cudillero, que está siendo rehabilitada para su adecuación como residencia de mayores.
Miles de dependientes exigen frente al Palau la retirada «inhumana e injusta» del «repago»
Miles de dependientes y familiares de toda la Comunitat Valenciana se han concentrado este viernes frente al Palau de la Generalitat contra «el ‘repago’ ilegal e inhumano impuesto» por la Conselleria de Bienestar Social en una protesta en la que han exigido la dimisión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y de la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana.
Así, más de 5.000 personas se había concentrado ya a las 11.00 horas secundando esta convocatoria de más de una decena de entidades sociales y sindicatos bajo el lema ‘En Bienestar Social, por derecho, ni copago ni recorte’. A la protesta, a la que se fueron sumando autobuses de otros ochos centros de Alicante, se leyó un manifiesto para exigir la dereogación de este copago, que puede hacer abonar un máximo del 90 por ciento del coste de la plaza, lo que supone que algunos usuarios deberán pagar hasta 1.800 euros.
Los manifestantes, entre los que habían representantes de los partidos de la oposición, corearon gritos contra el copago y pidiendo la dimisión de Fabra y de Sánchez Zaplana, además de lemas como ‘Menos para el Valencia y más para la dependencia’, ‘Es una indecencia recortar en dependencia’ o ‘No se vende la discapacidad, se defiende’.
Entre las pancartas que llevaban se leía ‘Podéis quitarnos nuestros derechos. Podéis humillar a los débiles y discapacitados, pero la dignidad, la memoria y los votos son nuestros. En las urnas nos encontraremos», «Asunción, Asunción, que consellera más rata, Asunción, Asunción, no nos jodas la pensión’, ‘Tanto hablar de vida y se os ha olvidado de que sea digna’, ‘Calidad de vida o injusticia de por vida’, o ‘Más ayuda, menos recortes. tenemos derechos’.
Muchos de los concentrados llevan un cartel con la cantidad que el nuevo decreto de copago les obliga a pagar. Como Remedios Méndez, una madre de un niño con autismo de 37 años que se verá obligada a sacarlo de la residencia del centro ocupacional de Ontinyent (Valencia) al que asiste porque no puede hacer frente a los 4.287 de más que se le exige al año ya que su marido, con 60 años, no tiene trabajo.
«Somos lo último de la sociedad para ellos y no hay derecho. Quieren que tengamos hijos con deficientes. A la puerta de Gallardón –ministro de Justicia– le dejaba a mi hijo un mes», ha apuntado Méndez, quien ha criticado que «ven el problema de lejos» mientras que ellos «lo sufren cada día». «¿Qué pasará a mi hijo cuando yo me muera?», se ha lamentado.
Del mismo modo, Sergio Dares, un usuario de 35 años del Centro Ocupacional de Xàtiva, ha señalado que con la nueva orden pasará a pagar de 60 a 150 euros. «Es una vergüenza y no hay derecho», ha recriminado. Así, ha apuntado que se hace efectivo este pago tendrá que dejar el centro, donde pasa de 9 a 16:30 horas, y volver a casa. «Allí no hacemos nada», ha señalado.
ERRORES EN EL CÓMPUTO
Por su parte, Juan José García, padre una hija de 34 años con síndrome de down ha advertido de que para calcular el coste del copago al que deben hacer frente la Conselleria ha computado su renta como si fuera de su hija al ser su tutor legal, por lo que sumando a las ayudas que percibía le exigían pagar 320 euros de más.
«Tuve que ir a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social para poder demostrar que mi hija discapacitada no ha trabajado nunca y al final han admitido que ha sido un error, pero sé que se ha repetido con muchos más casos», ha advertido.
Antonio Raya, miembro de la Junta Directiva de COPAVA, ha señalado que sólo el pasado 8 de enero, siguiendo una convocatoria de la plataforma, se presentaron más de 700 recursos de alzada de forma individual y que piensan acudir también a la Fiscalía y al Síndic de Greuges.
Así, ha señalado que es un «repago puesto que desde el 1 de enero están pagando dos veces por el mismo servicio», que además es «ilegal» e «inhumano» porque p»enaliza aún más a los casos más desprotegidos como huérfanos, por la pensión de orfandad más alta que perciben, o al tributar dos veces el patrimonio que familias han dejado a sus dependientes para asegurarles su futuro».
S.Zaplana admite que ha habido fallos al informar a dependientes sobre copago
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha admitido que ha habido «fallos» en la información que desde la Administración se ha transmitido a los dependientes sobre el copago, una medida que a su juicio no atenta contra el Estado de Bienestar «sino todo lo contrario».
«No es un copago, es una participación del usuario en los servicios públicos que recibe pagados por los impuestos de todos», ha asegurado en una entrevista a EFE Sánchez Zaplana, quien ha subrayado que el Consell «garantiza que ninguna persona con discapacidad quede fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos».
A su juicio, la aportación que harán los ciudadanos que sean atendidos en residencias, centros de día o centros ocupacionales, «contribuye a garantizar la sostenibilidad y la eficacia del sistema de atención social», y ha recordado que ese copago está contemplado en la Ley de Dependencia que entró en vigor en el año 2006, cuando gobernaban los socialistas.
La consellera ha negado que en la Administración haya habido «pasividad» respecto a este problema. «Otra cosa es lo que se pueda haber trasladado de cara a la ciudadanía», según Sánchez Zaplana, quien ha confesado que «quizá ese mensaje, y hay que hacer un poco de autocrítica, puede no haber llegado de forma correcta» a la sociedad.
«Teníamos que ser capaces de explicarlo bien. Lógicamente si lo hemos hecho mal o no lo hemos hecho suficientemente bien tendremos que seguir explicándolo», ha asegurado la titular de Bienestar Social, quien ha reconocido que ha habido muchas personas «que se han visto alteradas o convulsionadas por este nuevo sistema».
No obstante, ha insistido en que «en ningún momento se ha dejado de lado al sector. Estamos trabajando mucho con las distintas entidades y colectivos y desde marzo del pasado año tenemos una mesa técnica con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)».
La consellera de Bienestar Social ha explicado que el decreto que establece la aportación de los usuarios a los recursos, aprobado por el Consell el 2 de agosto de 2013, era necesario para igualar a las personas no dependientes con las dependientes. «No podíamos hacerlo de otra forma».
Según ha indicado, la normativa anterior daba lugar a que personas del mismo centro, unas con dependencia y otras sin valoración de dependencia, recibían los mismos servicios pero unas tenían que hacer una participación económica y otras no.
«El Gobierno valenciano no está haciendo nada diferente a otras autonomías», ha señalado la consellera, quien ha recordado que estamos «dentro de un marco legal».
En este sentido, ha destacado que la Comunitat Valenciana y la de Madrid eran las dos únicas autonomías que no tenían regulada la participación de los ciudadanos con discapacidad en los servicios que recibían y «por eso nuestra situación era más complicada».
«No es que al Gobierno valenciano se le ha ocurrido de repente que el usuario participe, sino que la Ley de la Dependencia propuesta por el Gobierno socialista, y que se aprueba por consenso de muchos grupos políticos, ya recoge en su articulado esa participación», aclara.
Respecto a los recursos de alzada presentados por centenares de dependientes al Decreto de la Generalitat que establece el copago, la consellera indica que se han detectado errores en algunos de los expedientes y resoluciones individuales que han recibido los usuarios porque «puede haber un cruce de datos que no sean correctos».
Según ha explicado, se remitieron 7.137 expedientes y resoluciones, y en unos 150 o 160 de ellos el propio equipo técnico de la Consellería ha detectado errores «que está corrigiendo en estos momentos».
No obstante, ha reiterado que no aportarán nada aquellos usuarios que estén por debajo de los 532 euros del IPREM -unos 2.130- ni los 1.800 niños de cero a seis años usuarios de los centro de atención temprana.
Además, solo el 2,17 % de los usuarios -155 personas con rentas superiores a 26.000 euros- aportará el 90 % del coste de los recursos por la atención que recibe (39 en el ámbito de las residencias, 26 en los centros de día y 90 de centros ocupacionales).
«A partir de ahí, los que aportan lo harán en función de su capacidad económica, y esta no es una decisión caprichosa, sino basada en datos contrastados», ha explicado.
Sánchez Zaplana ha señalado que ningún centro de atención a dependientes «va a cerrar» porque las subvenciones para el mantenimiento de los mismos se incrementa este año en un 3,6 por ciento, al pasar de los 65,8 millones en 2013 a los 68,4 millones en 2014.
También ha destacado que desde que asumió el cargo, se han realizado pagos de algo más de 550 millones de euros, el 65 % de ellos para la discapacidad y dependencia. Entre ellos se incluyen los 80 millones, cuyo pago se inició a finales de 2013 a través del excedente del FLA.
De esos 80 millones, más de 48 son para la atención de personas en situación de dependencia, y entre ellos destacan los cerca de 22 millones en concepto de retroactividad, así como otras cantidades que se distribuyen entre bono residencia, nómina mensual de dependencia o gestiones integrales de centros para personas con discapacidad.
Asimismo, 9 millones se distribuyen entre distintos Ayuntamientos de la Comunitat para la financiación de centros residenciales de titularidad municipal, y 7 para el pago de Renta Garantizada de Ciudadanía.
En el área de cooperación e integración, se han abonado cerca de 700.000 euros para la red de Agencias AMICS de los ayuntamientos que ofrecen atención a la población inmigrante, y para proyectos de Formación e Investigación desarrollados con las universidades públicas.
Asimismo, se han abonado 6’2 millones de euros para el mantenimiento de centros de menores, y más de 2 millones para centros y servicios de la dirección general de Familia y Mujer.
«Bienestar Social deja a los abuelos en la indigencia»
Copago en residencias de ancianos. Las denuncias por el nuevo copago también afectan a los mayores. En una residencia de Elche restan 1.034,22 euros de una paga de 1.135,40 al mes y, además, el coste de medicinas que no cubre Sanidad.
Uno de los ancianos ingresado en una residencia concertada de Elche, con el visto bueno de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento, ingresa al año casi 16.000 euros o, lo que es lo mismo, 1.135,40 euros al mes incluidas dos pagas extra, pero el nuevo copago aplicado por Bienestar Social le exige pagar 1.034,22 euros al mes 14 veces al año, es decir, incluyendo las pagas extras. Su sobrina, María Luisa Villar, denuncia indignada que con solo 100 euros que le quedan al abuelo al mes apenas le llega para el contrato del móvil, 15 al mes, y el seguro de decesos, otros 12, como únicos gastos fijos que soporta, «para cualquier medicina no incluida en la seguridad social, cortarse el pelo y las uñas, maquinillas de afeitar y ropa interior, ya no tiene. Les dejan en la indigencia al quitarles también las pagas extra, porque la residencia no les cubre este tipo de necesidades que debe pagar ellos».
Para María Luisa el nuevo copago de Bienestar Social es «una agresión hacia nuestros ancianos porque les dejan en la indigencia. Es todo un abuso, yo lo llamaría robo. Van a conseguir que parezcan animales».
Una dependiente de 84 años denuncia al Consell por «quedarse» su pensión y la extra
Felisa Trampal Navarro, residente del geriátrico público de Torrevieja, ha decidido pasar de la protesta a la acción. Con la ayuda de UGT, acaba de presentar un recurso de alzada contra la decisión de la Dirección General de Personas con Discapacidad y Dependencia de la Conselleria de Bienestar Social de «llevarse» las pagas extraordinarias de los mayores que tienen plaza en una residencia pública. Una decisión que la Generalitat justifica en la necesidad de establecer un copago de los servicios públicos, pero que supone un auténtico mazazo para un sector de población que ya vive asfixiado por otros recortes. Los usuarios de residencias públicas ya empleaban antes de esta decisión la mayor parte de su pensión en pagar la plaza.
Con la meridiana lucidez que le da una experiencia de 84 años, Felisa explica que llevará su oposición a esta medida hasta «donde sea». Como ella dice, «a estas alturas de mi vida no le tengo miedo a nada», así que ha decidido dar orden al banco de devolver uno de los dos recibos que en junio le pida la residencia, «…y luego, Dios dirá«. Cerca de 11.500 personas en la Comunidad reciben una prestación residencial. La medida les afecta a todos en el caso de las pagas extra y en distintos grados en la pensión mensual. Bienestar Social «se come» hasta el 90% de las más altas y deja más margen a las más reducidas. La afectada critica el «lenguaje vacío de políticos y Conselleria que temen hablar con claridad, de ahí que hayan estado un año con rumores y sin que se aclarara nada» hasta recibir notificación escrita el 16 de diciembre. Pero cansada de protestas testimoniales, Felisa decidió plantarse entonces en UGT y recurrir.
El copago ahoga a más de 3.000 discapacitados y ancianos de Castellón
Más de 3.000 discapacitados y personas mayores de la provincia de Castellón están en pie de guerra contra el copago que la Conselleria de Bienestar Social tiene previsto aplicar desde este mismo mes de enero. Una nueva tasa que, en el caso de los discapacitados, llega hasta a quintuplicar la aportación que ya venían realizando y que en la mayoría de los casos les deja casi sin recursos propios, ya que supone el 90% de su renta personal.
La situación es “dramática”, según denuncian de forma unánime los 15 colectivos de discapacitados de la provincia a los que afecta el copago, ya que auguran que muchos de los 1.500 usuarios a los que perjudica no podrán hacer frente a la nueva cuantía y se darán de baja del servicio. Tanto es así que desde hoy mismo afectados y familiares empezarán a presentar en la Delegación Territorial de Bienestar Social en Castellón un “aluvión” de recursos de alzada con el objetivo de que la Conselleria escuche sus demandas y anule esta medida, que además contempla 14 mensualidades en vez de 12. De momento, el departamento de Asunción Sánchez Zaplana guarda silencio y declina pronunciarse.
Y es que hay casos en los que un discapacitado que hasta ahora abonaba 400 euros al mes por una plaza de residencia deberá pagar 1.800 euros al mes. Además, asociaciones como Afanías, Aspropace, Síndrome de Down o Frater han detectado “graves” errores en el cálculo realizado por Bienestar Social, por eso llaman a las familias a recurrir.
SOLIDARIDAD // “En Afanías van a presentar recurso casi todos los usuarios -hay 160 personas- hasta aquellos a los que les sale a pagar cero por solidaridad con el resto”, aseguró ayer el presidente de esta asociación de discapacitados intelectuales, Juan Bru.
Al revisar las distintas notificaciones de copago, las asociaciones han advertido que aquellas personas discapacitadas más golpeadas por el nuevo copago son las que perciben una pensión por orfandad, así como las que cuentan con algún inmueble a su nombre o dinero a plazo fijo, que su familia les ha previsto de cara a un futuro. “Es injusto que alguien que ha perdido a su progenitor, que era quien sustentaba la economía familiar, vea ahora cómo sufre un mayor copago al contabilizar esta pensión como renta”, denuncia la gerente de la Fundación Síndrome de Down de Castellón, Mar Tirado.
De igual modo la gerente de Aspropace, María Dolores Tirado, califica de “injusto” que la Conselleria tenga en cuenta este tipo de pensión a la hora de calcular el copago de cada usuario.
“Es muy duro pasar de tener cierta autonomía, como ocurría hasta ahora, a tener casi que pedir limosna, porque hay usuarios a los que solo les quedarán poco más de 100 euros al mes para sus necesidades”, criticó la directora de la residencia de Frater Castellón, Rosa Gual.
RECAUDADORES // Sin duda, uno de los aspectos que más preocupa a los colectivos que dan voz a los discapacitados es el hecho de que se van a convertir en entidades recaudadoras, ya que serán ellas las que deberán cobrar a los usuarios y sus familias el nuevo copago. Esta cantidad será la que la Conselleria de Bienestar Social les restará de las subvención anual que reciben. “Nos va a tocar perseguir a la gente para que pague y, cobremos o no, nos lo van a descontar de la subvención”, denunció el presidente de Afanías.
TERCERA EDAD // El nuevo copago también afecta a entre 1.500 y 2.000 personas mayores que se encuentran en residencias de mayores de la provincia de Castellón ocupando plazas públicas o concertadas, según cálculos del sindicato CCOO. Así, según expresó su portavoz, Encarna Barragán, pasarán a pagar 14 mensualidades en lugar de las 12 actuales, además de sus pensiones les quedará menos dinero porque ha cambiado el sistema de cálculo.
En este sentido, Barragán denuncia que a los ancianos les van a dejar con 100 euros al mes, “con lo cual no les va a llegar ni para pagar sus propias medicinas”. La patronal de las residencias de mayores, Aerte, teme que el aumento de las cuantías lleve a los usuarios a dejar los centros, “ya que las familias no pueden tampoco pagar este incremento”.
La venta de medicamentos innovadores se desploma un 29% por el copago farmacéutico
El gasto farmacéutico público en medicamentos innovadores ha caído en los últimos dos años sensiblemente más de lo que lo ha hecho el conjunto del gasto farmacéutico público. En concreto desde que se puso en marcha el copago la caída es del 29%, según recoge el último Boletín de Coyuntura del Mercado del Medicamento en España que elabora mensualmente Farmaindustria.
Así, en el periodo comprendido entre mayo de 2011 y junio de 2012 (mes anterior a la entrada en vigor del nuevo esquema de copagos farmacéuticos) el gasto total se redujo un 6%, mientras que el gasto en medicamentos innovadores, aquellos sujetos a deducciones, lo hizo un 11%, una diferencia de cinco puntos porcentuales.
Por último, a su vez, desde la entrada en vigor del nuevo sistema de copagos, en julio de 2012, la diferencia se ha ampliado, y mientras el gasto farmacéutico público cayó un 21% entre mayo de 2011 y septiembre de 2013; el gasto en medicamentos innovadores se ha reducido un 30% en el mismo periodo.
Bienestar Social obliga a los dependientes a pagar por ir a centros ocupacionales y de día
Familiares de afectados han recibido una carta de la Conselleria en la que les comunican que a partir de enero de 2014 tendrán que abonar hasta 700 euros mensuales.
Maite Hernández acudió ayer a las puertas del edificio Prop de la Generalitat de Alicante empapelada con carteles sobre los recortes en la dependencia. Hoy se cumple el séptimo aniversario de la entrada en vigor de la ley y, tal y como manifestaron desde la plataforma, no es momento de celebraciones. Un centenar de personas se concentró para denunciar la paralización de la normativa en la Comunitat. Más que indignados, Maite mostraba la carta que acaba de recibir de Bienestar Social.
Los dependientes que acuden a centros ocupacionales y de día deberán a partir de enero hacer más desembolso. Así ha empezado a comunicarlo esta semana la Conselleria. Entra en vigor un copago por estos recursos, -que se añade al farmacéutico- y que fue aprobado en agosto. En el caso de Maite asciende a 95,53 euros por 14 mensualidades. Es lo que deberá abonar si quiere que su hija Marina, de 28 años, siga acudiendo al centro ocupacional de Terramar en Apsa.
«Ella está llorando porque quiere ir», comentaba Maite, que ve muy difícil poder llevarla el próximo año cuando en su casa son familia numerosa, entra un ingreso de 426 euros y hay una persona mayor dependiente. «Además, nosotros ya estábamos pagando porque para ir al centro costeamos el servicio del autobús que son 135 euros», explicaba esta madre durante la protesta, quien añadía que Bienestar ha hecho el cálculo de la aportación según el nivel de renta de su hija. Un copago que, para la diputada autonómica de EU, Esther López, es un «repago y que ahoga más a este sector que tanto necesita una administración que garantice los derechos sociales básicos».
López afirmó que ha preguntado por los costes reales de los servicios (que no han sido publicados en ninguna parte) y que «el Consell, hoy por hoy, no desvela», según se desprende de una respuesta parlamentaria de la consejera Asunción Sánchez Zaplana, firmada el pasado 26 de noviembre del 2013.
Según los familiares, el copago es muy variable. Hay casos de 65 euros, de 100, de 187, de 375 y hasta de 725 euros al mes. Así se recoge en las cartas mostradas en la concentración que han llegado a usuarios del centro ocupacional Maigmó de San Vicente. Paulino López, trabajador en el sector, insistió en que todas estas familias ya están abonando un cuota mensual a las asociaciones, que puede rondar los 90 euros, para cubrir servicios a los que no se llega como son el transporte y el comedor. Sobre el caso de 700 euros, la explicación que dio es que hay padres que han puesto a nombre de sus hijos propiedades que tienen para «asegurarse en un futuro alguien va a hacer cargo de ellos».
En todas estas misivas, firmadas por la directora general de Personas con Discapacidad y Dependencia, se explica la disposición adicional cuarta del Decreto 113/2012, de 2 de agosto del Consell por el que se establece la aportación en los centros y servicios que reciben financiación pública y que será abonando directamente al centro que lo presta.
Una medida que traerá consecuencias «graves», según manifestó el portavoz de la Plataforma de la Ley de la Dependencia en Alicante, Miquel Martorell, quien recordó también los problemas con el copago farmacéutico que se impuso. «Hay personas que no se están comprando la medicación porque tienen que hacer frente a los gastos de luz, agua, además de la vivienda».
Martorell lamentó que la Comunitat está a la cola del país en la aplicación de la normativa -«está totalmente paralizada», añadió-, y dio cifras. En un año ha habido un recorte de 10.046 derechos en teleasistencia en la Comunitat, de 638 usuarios en residencias, de 425 vinculados a prestación de servicios y 3.675 por prestación económica porque no hay reposición tras los fallecimientos. Además, 21.500 personas están en lista de espera y se adeudan 22 millones por retroactividad. Aun así, «vamos a resistir, tenemos dignidad, fuerza y lucharemos», concluyó el portavoz.
Cataluña apuesta por aumentar el copago de los dependientes ante los recortes
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha apostado este miércoles por aumentar la «corresponsabilidad» de los beneficiarios de la Ley de la dependencia para poder hacer frente a los recortes del Estado en esta materia.
Durante su comparecencia en la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración del Parlament, Munté ha informado de que su Conselleria ha presupuestado 1.630,5 millones para 2014, un 15,5% menos que en 2012, una caída que se debe principalmente a los ajustes que el Ejecutivo español ha aplicado a la dependencia y la discapacidad, ámbitos que concentran más de un 70% del peso total de este departamento, con 1.401,9 millones.
Para poder hacer frente a esta situación y seguir garantizando la protección social de todos los dependientes y discapacitados, Munté ha abogado por aumentar el copago en función de la renta y del patrimonio de los beneficiarios, a través de un sistema que «siempre garantice la equidad».
«Estos no son los presupuestos que quiere presentar el Govern, pero son los que se pueden hacer con el objetivo de déficit impuesto por el Estado», ha afirmado la consellera, que ha cifrado en un 93,4% el recorte del Gobierno español en políticas sociales en cuatro años.
Pese a que caen la mayoría de partidas políticas del departamento respecto al presupuesto de 2012, Munté ha apostado por priorizar la lucha contra la pobreza y la inclusión social con un montante de 192,4 millones de euros, 2,2 más que hace dos años, con especial incidencia en la protección de la infancia más vulnerable.
Las cuentas prevén, entre otras medidas para 2014, la reconversión a concierto de todas las plazas residenciales, el despliegue del Plan integral de apoyo a las familias, el impulso de la Ley del voluntariado, la aprobación del Plan de Ciudadanía y Migraciones, y la elaboración del Plan de atención integral a la infancia y la adolescencia 2014-2017.
ENMIENDAS A LA TOTALIDAD
Ni CiU ni ERC han presentado enmiendas a la totalidad a las cuentas del departamento que lidera Munté para 2014, mientras que sí lo han hecho el resto de grupos del arco parlamentario –PSC, PP, ICV-EUiA, C’s y CUP–.
La portavoz del PSC en la Comisión, Eva Granados, ha alertado de que 2014 será el «año negro» de la dependencia en Catalunya, tras alertar de una reducción de 3.572 plazas de residencia y de 20.832 prestaciones menos para cuidadores familiares, entre otros recortes.
El diputado del PP Rafa López ha criticado que el Govern haya «pactado los recortes en un despacho con ERC», y ha criticado la reducción de las partidas de ayuda a la familia, los jóvenes y los dependientes.
«Con estas cuentas está claro que el Govern comparte las ideas de la Troika», ha sentenciado la diputada de ICV-EUiA Laura Massana, que ha deplorado los recortes sociales y ha criticado la opacidad del departamento que lidera Munté.
EXCUSAS DEL GOVERN
El diputado de C’s José María Espejo ha criticado que la Conselleria «haya construido un relato basado en culpar al Estado para justificar los recortes», aunque ha alertado de que las entidades sociales ya no confían en las excusas del Govern.
La portavoz de la CUP en la Comisión, Isabel Vallet, ha afirmado que el presupuesto global con el que cuenta la Conselleria para 2014 es inferior a los intereses que el Govern paga por la deuda, y ha criticado que el Ejecutivo catalán «no se dé cuenta de lo que pasa de verdad en la calle» e intente justificar los recortes sociales.
Todos los partidos de la oposición, a excepción de ERC, han reprochado a Munté que haya decidido eliminar el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) sin previo aviso, y han coincidido en alertar de un retroceso de diez años en materia de protección social.
El diputado de ERC Pere Bosch ha destacado el «esfuerzo notable» del Govern para aumentar el gasto en materia de becas comedor y renta mínima de inserción (RMI), y ha destacado la incidencia de las cuentas en la lucha contra la pobreza.
Los familiares de personas con dependencia heredarán el copago
Los familiares de personas con dependencia heredarán el copago. Al menos, quienes tengan a sus parientes como usuarios de plazas geriátricas públicas en Asturias. La Consejería de Bienestar Social y Vivienda ultima una resolución para evitar que sean los beneficiarios de la Ley de la Dependencia quienes tengan que hacer frente «al copago impuesto por el Gobierno central para las personas con dependencia». La fórmula elegida consiste en no cobrar ahora el suplemento, sino que será incluido en la deuda a la que tendrán que hacer frente sus herederos en el momento en el que el beneficiario deje de ser usuario de la plaza geriátrica pública.
Así lo decidió ayer el consejo de administración del organismo Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) y así lo explicó a EL COMERCIO el gerente del mismo, Jesús Suárez. «Cuando empezamos a examinar cómo aplicar la resolución de copago del Consejo Territorial nos dimos cuenta que muchos usuarios quedaban con 3 euros de pensión. O con 5. O con nada. Y eso no es aceptable, ya que todas las personas tienen derecho a disponer de un mínimo para gastos».
«Podían perder la plaza»
Por ese motivo, en la reunión celebrada ayer, y presidida por la consejera de Bienestar, Esther Díaz, «acordamos aprobar una resolución para que los usuarios de las plazas geriátricas sigan disponiendo de dinero en efectivo para atender sus necesidades», y que ese incremento se derive «a la liquidación de la deuda generada» a la que tendrán que hacer frente los herederos.
Suárez desconoce el número de afectados, pero asegura que «son muchos e, incluso, algunos podrían renunciar a la plaza, por no poder pagarla. Eso no lo podemos consentir. Son la prioridad».