Dependencia
El Ayuntamiento de Jaén consignará en el juzgado los pagos de la Junta por Dependencia posteriores al 3 de diciembre
El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que consignará en el juzgado los pagos que reciba de la Junta de Andalucía por la aplicación de la Ley de Dependencia en la ciudad después del pasado 3 de diciembre, fecha en la que se desvinculó de esta prestación. Además, espera que la Administración autonómica concrete una reunión para esta semana con el objetivo de firmar un nuevo convenio en tanto mantiene que no hay ninguno en vigor, ya que denunció el anterior «en tiempo y forma».
Así lo han indicado este martes en rueda de prensa los concejales de Hacienda y Comunicación, Miguel Contreras, y de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, para los que el auto del juzgado Contencioso Administrativo número 3 de la capital conocido este lunes «no retrotrae a ningún momento», sino que «sólo toma una medida cautelar» «pensado en los dependientes» y sin «entrar en el fondo» de la cuestión, que es determinar a qué administración compete el servicio.
De esta manera, han insistido en los argumentos que tanto la propia edil en una nota como el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, apuntaron a conocer esa decisión judicial. Han reiterado que «da la razón» al Consistorio por cuanto reconoce que los impagos de la Junta le causaban «quebranto económico», que denunció el convenio «en tiempo y forma» y que el Ayuntamiento «en ningún momento ha hecho dejación de funciones de su labor administrativa» en esta prestación.
«Se sigue trabajando con estas personas que tienen reconocida ayuda a domicilio a través de la Ley de Dependencia; tramitando expedientes, PIA… Y nosotros no podemos dar ni altas ni bajas porque no tenemos competencia para ello. es la Junta la única responsable», ha asegurado Chamorro, quien ha instado al Gobierno andaluz a que «como mínimo» cubra las bajas que se producen porque «no es de recibo» que existan personas «esperando más de un año» para percibir el servicio que les corresponda.
Contreras, además, ha dicho entender que la Administración autonómica «debe valorar el auto» y, desde su punto de vista, lo está haciendo «en su justa medida», dado que «ya ha llamado al Ayuntamiento para sentarse a negociar a raíz de su propuesta» de convenio. En este punto, ha dicho esperar que se concrete el encuentro que planteó para «esta semana» con el objetivo de «poder llegar a la firma» de uno nuevo.
«PARÁLISIS»
Al respecto, ha hablado de «parálisis» en la Junta, ya que aunque afirmó en numerosas ocasiones que garantizaría la dependencia, «no ha hecho nada» ni se ha sabido «nada del plan B» que decía tener. «Hasta ahora la empresa que está desarrollando el servicio es la que tenía contratado el Ayuntamiento (Multiservicios Jabalcuz) y lo ha seguido prestando», ha apostillado.
Ante esta situación, el responsable de Hacienda ha informado de que «mientras no haya convenio» entienden que la relación entre ambas instituciones «está pendiente de la resolución del contencioso planteado por la Junta», de modo que aquellos ingresos que se produzcan los consignará en el juzgado.
La primera cuantía que le trasladará será una parte de los 318.500 euros que el Gobierno regional transfirió por los servicios prestados en noviembre y diciembre. En concreto, será la correspondiente a partir del 4 de diciembre, cuando se desvinculó de la Dependencia al vencer, según reitera, el convenio. «Ese dinero lo vamos a poner a disposición del juzgado y que tome las medidas que tenga que tomar o que se quede consignado hasta en tanto haya una sentencia», ha declarado el concejal, quien ha añadido que la otra parte de esa transferencia se va a «transferir inmediatamente a la empresa».
El TSJ abre la vía para que los herederos de 36.000 dependientes fallecidos reclamen la prestación
La sentencia de la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que reconoce a los herederos el cobro de la prestación de una dependiente que falleció sin cobrar la ayuda sienta un precedente demoledor para la Conselleria de Bienestar Social, según explicó Sandra Casas, la letrada de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. Más de 36.000 familias de usuarios que murieron sin haber cobrado la prestación por la demora de la Generalitat podrían exigir con altísimas garantías de éxito la retribución de este derecho generado presentando un recurso contencioso administrativo en el TSJCV.
Como contó ayer en exclusiva Levante-EMV, el alto tribunal valenciano ha obligado a la Generalitat a abonar la prestación a los herederos de una dependiente que falleció mientras la conselleria tramitaba su expediente porque fue «prolongada, defectuosa y morosa» por parte de la Conselleria de Bienestar Social. En este caso, el departamento que ahora dirige Asunción Sánchez Zaplana tardó dos años en resolver la solicitud de dependencia.
De esta manera, el TSJ valenciano se suma a la jurisprudencia sentada por otros altos tribunales como el de Andalucía que dan la razón a los dependientes fallecidos y sus herederos ante la administración autonómica. Pero los recurrentes valencianos se pueden encontrar con otra sentencia de la Sección Quinta del mismo TSJCV que avaló a la Conselleria de Bienestar Social que defiende que la muerte del dependiente era motivo de archivo del expediente, según explicó la letrada Sandra Casas, que está pendiente de que el tribunal resuelva numerosos casos similares que presentó ella y otros abogados.
La letrada se mostró optimista, aunque muy cauta en la sentencia y explicó que será complicado que el TSJ aplique la «extensión de efectos». Es decir, que los herederos exijan un procedimiento abreviado sin ir a juicio con la sentencia hecha pública ayer por este periódico. La abogada considera que los familiares de los dependientes posiblemente tengan que acudir al contencioso-administrativo, aunque con posibilidades de ganar en casi el 100 por 100 de los casos.
Sea cual sea la estrategia que elijan los herederos de los dependientes, lo que queda claro en esta sentencia de la Sección Cuarta del TSJ es que se reconoce el derecho de cobrar la prestación retroactiva pese a que el dependiente haya fallecido en el proceso, puesto que asume que los familiares han asumido el coste del cuidado del solicitante de su bolsillo. Y es más, el tribunal censura duramente a la Conselleria de Bienestar Social por su demora en la resolución de expedientes. Llega a decir de la administración valenciana «abandona a su suerte al dependiente durante el proceso de tramitación».
La clave: Sin el PIA aprobado
Otra de las claves importantes en la sentencia es que el TSJ tumba el argumento de la conselleria de que el fallecido no tenía reconocido el derecho al no estar aprobado el PIA (Plan Individual de Atención). En este caso, los jueces estiman que la «inacción» de la administración invalida la versión de la conselleria porque estaría actuando de manera perversa prolongando la tramitación para que fuera lo más larga posible. En román paladino, demoras en la resolución de los expedientes más allá de los dos años para que la persona que solicita el derecho acabe falleciendo.
Esta no es la única sentencia que cuestiona las resoluciones que está emitiendo la consellera de Bienestar Social. Cabe recordar que la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha cifrado en un 95 por ciento el porcentaje de casos judiciales ganados por personas dependientes y los profesionales y centros del sector que las asisten frente a la Administración.
Algunos ejemplos de situaciones que afectan a estas personas son la falta de resolución de las prestaciones de atención a la dependencia –en la Comunitat Valenciana existen más de 13.000 expedientes sin resolver–, los problemas en su ejecución e impagos de ayudas, y la desinformación y las dificultades en la libre elección de centro y servicio, situaciones provocadas por la «ineficacia» de la Administración valenciana.
Sanitas gestionará la residencia El Palmeral de Las Palmas de Gran Canaria
La gestora de centros para mayores Sanitas Residencial, integrada en el grupo de seguros y servicios sanitarios Sanitas, gestionará a partir del próximo 1 de marzo, la residencia de mayores El Palmeral,ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. La empresa ha llegado a un acuerdo para hacerse cargo del centro e integrarlo en su red, con su propietaria y actual gestora, la mercantil Explotaciones y Servicios Sociosanitarios. Inaugurada en 2005, la residencia El Palmeral cuenta con casi 8.000 m2 y dispone de 186 camas distribuidas en un total de 98 habitaciones.
Este acuerdo refuerza la apuesta de Sanitas Residencial por Canarias, donde también gestionará el futuro centro residencial que se está construyendo en la zona de La Mareta en Telde. En las islas, el grupo Sanitas cuenta con más de 42.000 asegurados, ocho oficinas de atención al cliente, tres clínicas ‘Milenium Dental’ y acuerdos firmados con los principales hospitales de referencia de la zona.
El Palmeral se convierte en la residencia número 41 de Sanitas Residencialen España y la primera operativa en Canarias. En 2012 (último dato disponible) Sanitas Residencial incrementó sus ingresos un 2,1% hasta 106,8 M€, incluyendo la actividad de las tres gestoras geriátricas del grupo: Sanitas Residencial, Sanitas Residencial Navarra y Sanitas Residencial País Vasco. Su volumen de inversiones en reformas de la red se acercó a los 5,7 M€ y su plantilla media alcanza los 2.880 trabajadores.
La patronal de residencias AERTE ve la solución jurídica como la única vía para salvaguardar sus derechos y los de los dependientes
En el último año el 95% de denuncias presentadas por dependientes o profesionales contra la administración los han ganado los demandantes
AERTE sospecha que la administración podría haber adoptado esta vía, esperar a que haya sentencia para pagar lo que debe y evitar así la solución administrativa aún teniendo que pagar igual. AERTE lamenta que la Consellería no realice su trabajo y obligue a cada dependiente con deudas pendientes a acudir de forma particular a la justicia.
Tras comprobar que durante el último año el 95% de las denuncias presentadas por dependientes y profesionales del sector contra la Generalitat son a su favor, la patronal AERTE (de residencias) sospecha que el gobierno valenciano ha tomado ese camino: obligar a que cada dependiente a quien le debe dinero acuda a los tribunales (quedan entre 11.000 y 13.000 expedientes sin resolver). El problema radica en que no todos pueden acudir a la justicia. María José Mira lamenta que el Consell no resuelva como debería, por vía administrativa.
AERTE llegó a esa conclusión tras una reunión informativa a la que acudieron afectados y profesionales. Afectados por la falta de resolución de las prestaciones de atención a la dependencia deberían acudir individualmente a los tribunales porque la administración no parece dispuesta a actuar como debiera y resolver esos expedientes por vía administrativa.
La opción elegida por la administración, sospecha AERTE, es esperar a que resuelva la justicia y de esa forma ahorrarse el trámite burocrático y pagar en el plazo de un mes. Algo lamentable, según la asociación, que recuerda seguirá luchando e insta a los afectados a coordinarse y recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La residencia MialSalud primer centro en recibir la Acreditación en el cuidado de demencias sin sujeciones
La iniciativa ha sido presentada este miércoles y pretende dar aliento, ayuda y reconocimiento a aquellas instituciones comprometidas con la mejora de la calidad asistencial de las personas con demencia. YA juicio de los organizadores, una correcta atención puede favorecer la eliminación de las sujeciones y, a la vez, mantener, o incluso mejorar, la seguridad global de los centros.
De hecho, esta acreditación va a avalar a los centros que ofrezcan cuidados y atenciones de calidad a las demencias y a sus residentes «libres de ataduras físicas». Esto es posible, según han explicado, mediante estrategias sistémicas de apoyo y formación de todo el personal de los centros, fundamentalmente, en el campo de las demencias, prevención de caídas, evitación de sujeciones químicas, manejo de problemas afectivos y conductuales mediante terapias no farmacológicas seleccionadas por expertos, y por programas que implanten una cultura amigable con las personas con demencias.
Al conseguir esta acreditación se garantiza que se aplica una metodología probada por Maria Wolff, la cual ha obtenido «excelentes» resultados y está respaldada por CEAFA. En este sentido, los centros que consigan acreditarse podrán ser recomendados por las asociaciones de familiares para potenciar unos cuidados de calidad.
«Cuando los familiares llevamos a nuestros enfermos a una residencia es porque el avance de su deterioro imposibilita ofrecerles un cuidado de calidad en el domicilio. Pero siguen siendo personas, a las que seguimos queriendo, y hay que tratarlas como tales, respetando sus derechos y su dignidad», ha comentado el presidente de CEAFA, Koldo Aulestia.
Por su parte, el presidente de Fundación Maria Wolff, Ruben Muñiz, ha asegurado que los centros que ya han puesto en marcha este modelo han conseguido una «marcada mejoría» en el ambiente de la residencia ya que, entre otros aspectos, los pacientes están «más tranquilos», la conflictividad con las familias se reduce «de forma notable» y no «aumentan» las lesiones graves por caída.
«Es necesario eliminar las sujeciones desde el punto de vista legal. Las sujeciones físicas, prescritas de forma diaria con la finalidad de evitar caídas y, sin haber intentado previamente otras alternativas que hayan resultado ineficaces, no son constitucionalmente legítimas. Según la doctrina del Tribunal Constitucional su uso debería quedar relegado a supuestos muy excepcionales», ha comentado la jurista de la Defensoría del Pueblo del Parlamento Navarra, Pilar García.
Finalmente, en el acto se ha entregado la primera ‘Acreditación en el cuidado de demencias sin sujeciones’ a la residencia MialSalud de Torrelodones, situada en Madrid. Su directora, Eva Alberquilla, ha recordado que la «mayoría» de sus usuarios tienen deterioro cognitivo y «alto riesgo» de caídas.
«Nuestro objetivo inicial era eliminar en el primer año de implantación del programa el 50 por ciento de sujeciones. En un año conseguimos eliminar el cien por cien sin aumentar las lesiones por caída. Pero lo importante no ha sido el objetivo final, sino implantar la idea de que trabajar de otra forma es posible, y produce satisfacción en usuarios, familias y cuidadores», ha zanjado Alberquilla.
Bienestar Social se compromete con Lares CV a dar un Plan de Pagos a las residencias «en diez días»
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha asegurado a la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del sector solidario (Lares CV) que «en un plazo de diez días» fijará una reunión conjunta con Hacienda para establecer un Plan de Pagos para los centros sin ánimo de lucro, según ha informado la red de residencias en un comunicado.
La titular de Bienestar Social ha asumido este compromiso en la reunión que ha mantenido con la directiva de Lares CV, en la que también ha estado presente el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano.
Sánchez Zaplana ha afirmado que su Departamento ha estudiado el tema, pero que el pago «dependía de Hacienda», por lo que «era necesario verlo con sus responsables».
Por ello, se ha comprometido a sentarse con el secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, Eusebio Monzó, para darles un Plan que «pueda saldar la deuda que la Generalitat aún tiene pendiente con las residencias del sector solidario, el 60 por ciento del total de las plazas concertadas del 2013, que suma un total de más de 8 millones de euros».
El presidente de Lares CV, José Pascual Bueno, también ha solicitado a la consellera que el Plan de Pagos «no se ciña sólo a la deuda pendiente, sino que dé una solución general que garantice el futuro del sector y la atención a los mayores dependientes».
«Necesitamos un escenario claro de cuándo y cómo se va a cobrar, no solo la deuda acumulada, sino también de ahora en adelante, ya que, si no, solo será un parche, pero en unos meses volveremos a tener el mismo problema de liquidez en nuestros centros», ha resaltado Bueno.
Modificación ley servicios sociales
Lares CV también ha planteado a la consellera que se modifique la Ley de Servicios Sociales y se establezca un sistema similar al que ya existe en otras comunidades autónomas «que garantiza el sector solidario». Según ha asegurado Sánchez Zaplana, «se ha intentado trabajar» este aspecto, pero se han encontrado «problemas» para avanzar por la Ley de Bases.
Además de esta reunión con conselleria, la asociación de residencias del sector solidario ha solicitado a todos los grupos parlamentarios un encuentro para trasladarles la situación ante el impago y para abordar el futuro de la atención a las personas mayores dependientes. En esta línea, la semana pasada se reunió con el portavoz en las Corts del PSPV, Antonio Torres, y con el de Compromís, Enric Morera, y la semana que viene lo hará con el del PPCV, Jorge Bellver.
Actualmente, Lares CV está formada por 45 centros sin ánimo de lucro que atienden a casi 2.500 personas mayores dependientes y cuentan con unos 300 voluntarios, entre fijos y temporales.
El 85% de personas entre 65 y 74 años tiene móvil aunque con un uso «residual»
El 85% de personas entre 65 y 74 años tiene móvil aunque lo utilizan de manera «residual» y todavía tienen como dispositivo principal el teléfono fijo, según ha informado la investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Mireia Fernández-Ardèvol, a la luz de un estudio sobre el uso de las nuevas tecnologías entre los ancianos.
Las personas mayores de 65 años suelen hacer un uso más instrumental del móvil e incluso algunos lo tienen simplemente porque la familia les ha obligado y no porque lo crean necesario, ha informado este martes la UOC en un comunicado.
«Los que les enseñan a usar el móvil son normalmente los hijos y nietos», ha especificado Fernández-Ardèvol, que ha añadido que el principal servicio que utilizan los mayores de 65 años es el de las llamadas de teléfono,
Ha recordado que «muchos no están acostumbrados a escribir, o bien las teclas son muy pequeñas para sus dedos», por lo que rechazan escribir SMS y usar aplicaciones de mensajería instantánea.
«Es más frecuente que hagan llamadas perdidas antes que enviar mensajes», una buena forma de comunicarse a coste cero, ha añadido.
Ana Botella se compromete a que «ningún mayor se quedará sin teleasistencia por no poder pagarla»
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se ha comprometido este miércoles a que «ningún mayor se quedará sin teleasistencia por no poder pagarla».
Así lo ha confirmado durante su visita a la Central de Teleasistencia de Personalia, del Grupo ONCE, basándose en el «principio de solidaridad», de modo que los mayores podrán estar eximidos del pago o abonarán por el servicio 3, 6, 9 ó 12 euros al mes, en función de sus posibilidades económicas.
La teleasistencia es gratuita para los mayores que vivan solos y cuyos ingresos no exceden de los 690 euros al mes o para familias de dos personas con ingresos que no superan los 920 euros al mes.
En el otro extremo, las personas que viven solas con ingresos superiores a 1.499 euros y las familias con dos personas cuyos ingresos superen lo 1.999 euros al mes, tienen que aportar la cantidad máxima, fijada en 12 euros al mes.
Dentro del contrato figura incluir la aportación económica de los usuarios al coste del servicio mientras que el Ayuntamiento financia el 87 por ciento del total. Esta aportación está definida en base a la capacidad económica de los usuarios, para lo que se establece un baremo basado en los principios de solidaridad y justicia social.
EN BUSCA DE LA «FÓRMULA MÁS JUSTA»
«Hemos tratado de buscar la fórmula más justa, que paguen más quienes más tienen, y que no paguen, o paguen menos, quienes menos tienen», ha explicado la primera edil. Las aportaciones se calculan en función de la Renta Mensual Per Cápita (RMPC), que es el resultado de sumar todos los ingresos anuales (pensiones y rentas) de todos los miembros de la familia y dividirlos entre los doce meses del año.
El resultado se divide por el número de miembros de la familia. En el caso de personas mayores que viven solas, su renta se divide entre 1,5 lo que supone un coeficiente de compensación.
«La vulnerabilidad social no conoce de rentas, ni de clases sociales, ni de nivel cultural. La vulnerabilidad social puede afectar a cualquier madrileño y yo les prometo que todos van a poder seguir viviendo en su domicilio en condiciones de seguridad», ha insistido la alcaldesa.
BOTELLA SE PONE AL OTRO LADO DEL TELÉFONO
La alcaldesa no ha dudado en ponerse al otro lado de la línea telefónica y ha hablado con Concepción, una usuaria que le ha contado que, tras hacer la compra y ver «la novela», se «dará una vuelta con las amigas».
También ha asegurado que está «muy contenta» con el servicio de teleasistencia, como Manuela, una usuaria de 88 años que hoy ha celebrado su cumpleaños en la central, donde ha podido poner cara a la trabajadora con la que lleva hablando «todos los días» desde hace años, Asunción.
DE 30.845 A 133.000 USUARIOS
Botella ha recordado que cuando llegó al área de servicios sociales, hace ya diez años, eran 30.845 los usuarios de teleasistencia mayores de 65 años mientras que en 2013 esta cifra se amplió hasta llegar a los 133.000. Actualmente da cobertura al 21 por ciento de los madrileños de más de 65 años y al 45 por ciento entre los mayores de 80 años. Esta cifra cobra especial relevancia si se compara con la media nacional, situada en el 7 por ciento.
A destacar que entre las modificaciones de ese nuevo contrato –prorrogado hasta 2016 por un importe de 88 millones de euros– se contempla graduar el número de llamadas de seguimiento en función de la situación de riesgo de las personas mayores, con un servicio más equilibrado y personalizado.
De las 8,4 millones de llamadas que se producen al año entre los usuarios y las centrales de asistencia, la gran mayoría, el 85 por ciento, parten de la central para recordarles la medicación, citas médicas, conocer cómo se encuentran, es decir, es un servicio de acompañamiento.
Asimismo, a través del sistema se canalizan multitud de mensajes y consejos importantes para la salud y bienestar las personas mayores. Es una comunicación bidireccional puesto que los usuarios realizan un millón de llamadas al año, en su gran mayoría para situaciones de no emergencia, como hablar, saludar, peticiones de información…
Ahora la apuesta pasa por la personalización. A destacar la incorporación de la domótica a la mejora de la calidad de vida de los mayores, con sistemas tecnológicos que permiten detectar caídas en el domicilio, el número de horas que se pasa en el sofá, alarmas para avisar de que hay que tomar la medicación, que la nevera está abierta o que se ha producido un escape de gas.
El seguro de dependencia no consigue atraer clientes
Desde hace tiempo es obvio que la contratación de seguros de dependencia en términos absolutos no logra despegar. Ahora, un informe de ICEA hecho público por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) repasa los resultados provisionales del sector a 31 de diciembre de 2013 y refleja que a finales del pasado año eran 21.724 las personas que mantenían contratado algún tipo de seguro de dependencia, lo que supone un incremento del 10,71 por ciento con respecto a los datos definitivos a cierre de 2012, cuando eran 19.622 los seguros contratados, si bien los datos provisionales a 31 de diciembre de 2012, publicados en febrero de 2013, registraron 20.667 seguros contratados. Esta fluctuación en los datos se debe, según han explicado a Redacción Médica fuentes del sector, a esa provisionalidad de los datos, que están sujetos a correcciones trimestrales a medida que las compañías van afinando sus números. En todo caso, este crecimiento interanual esconde un retroceso, ya que a cierre del tercer trimestre de 2013 el total de seguros de dependencia contratados ascendía a 22.243, según datos provisionales.
Por otra parte, el crecimiento en el número de asegurados se ve acompañado de un crecimiento en el total de provisiones técnicas. Así, a 31 de diciembre de 2013 se elevaban a 6,28 millones, frente a los 5,75 a 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, de nuevo este incremento interanual contrasta con los resultados del tercer trimestre, cuando el total de provisiones técnicas ascendía a 7,3 millones de euros.
Pese a que cada vez son más las compañías aseguradoras que ofrecen este tipo de productos, lo cierto es que los clientes no terminan de decidirse por ellos. Un repaso a los datos de los últimos años muestra un techo que ha superado con dificultades los 22.000 seguros contratados para inmediatamente volver a perder ese máximo, lo que lo convierte en una figura prácticamente testimonial, si bien hay que tener en cuenta que este tipo de productos arrancaron tras la llegada de la Ley de Dependencia en 2006 y que su proliferación ha llegado en los últimos años.
En todo caso, desde hace tiempo se vienen debatiendo las razones por las que estos seguros de dependencia no consiguen captar el interés de los clientes, y aunque son variadas las opiniones, el sector coincide en que no se ha terminado de cerrar el capítulo normativo en este sentido, por lo que son numerosas las voces que han solicitado al Gobierno que desarrolle la legislación por la que debe regirse el seguro de dependencia, al tiempo que se ha pedido la desgravación fiscal de este tipo de seguro.
Quién cuida del cuidador: consejos básicos para familiares de personas dependientes
Cuidar a un dependiente requiere de mucha fortaleza mental, física y emocional. La persona en cuestión se va a enfrentar a situaciones que pueden llegar a perjudicar gravemente su salud física y psicológica. Es lo que se da en llamar “síndrome del cuidador”.
Hay más de 600.000 personas en España con algún grado de dependencia que viven solas en sus hogares. A causa de los recortes, son familiares quienes se ocupan de ellos en la mayoría de los casos y la Ley de Dependencia no contempla ayudas a la formación.
Todas estas personas tienen vocación de cuidadores pero carecen de las habilidades necesarias para ejercer en el día a día esta función. Lo asegura María Ángeles García Antón, trabajadora social y coordinadora del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) que ha elaborado el «Manual de habilidades para cuidadores familiares de personas mayores dependientes”.
Estas son sus recomendaciones fundamentales:
Cuidarse para cuidar
Si el cuidador enferma la persona a su cargo se queda sin atención, por ello es fundamental seguir pautas como visitar de forma periódica al médico, evitar el aislamiento social, ya que es básico para encontrar apoyo ante las demandas diarias, pedir ayuda cuando es necesario y valorar la función de cuidador que se está ejerciendo.
Evitar la sobrecarga
Vigilar el sueño, la alimentación, mantener una actitud positiva, buscar información y prepararse ante el duelo por el familiar se encuentran entre las cuestiones básicas que también ayudan a evitar la posible sobrecarga.
Fomentar la autonomía del familiar
En cuestiones de higiene hay que saber qué puede y qué no puede realizar de forma autónoma la persona a la que se cuida y promover esta autonomía. Vestirse, comer o cuidar de su aseo repercuten en la autoestima del familiar y en su salud. Si el cuidador debe ocuparse de estas cuestiones, el manual le ayudará a saber cómo realizar cada una de ellas para facilitar la tarea.
Cuidar las posturas
El cuidador debe ser consciente en todo momento de la postura física que toma cada vez que realiza una tarea como movilizar a su familiar en la cama, pasarlo de la cama a una silla o ayudarle a caminar.
Estar atento a la alimentación
La falta de apetito o la pérdida de peso son indicios de que algo sucede y el cuidador debe saber reconocer estos indicadores para consultarlos con el médico. La dieta es fundamental para evitar que aparezcan trastornos como el estreñimiento y se deben seguir pautas al alimentar al dependiente como no hacerlo cuando está tumbado.
Desarrollar habilidades de comunicación
Existen cuestiones muy prácticas como evitar hablar con el mayor cuando está enfadado o cansado, saber reaccionar ante muestras de agresividad o actuar de forma adecuada ante posibles alucinaciones. El médico es una vez más el mejor aliado para poder tomar la actitud más adecuada a la situación por eso acudir a su consulta es clave.
Conocer la medicación y cómo conservarla
El cuidador cuenta con el apoyo de médicos y enfermeros para ayudarle y afrontará mejor las situaciones que se le presenten con el mayor si reúne toda la información necesaria para ello.
Manejar las caídas
Un hogar adaptado evitará muchos de los accidentes comunes y si además el cuidador sabe cómo movilizar al familiar cuando haya sido inevitable su caída, evitará lesiones propias y empeorar las existentes en el mayor.
Estar informado
Conocer las figuras jurídicas para ejercer la tutoría del mayor o cómo acceder a las ayudas administrativas son otra asignatura importante para el cuidador. En la página web de la SEGG podrá encontrar respuesta a muchas de estas cuestiones.
Controlar el uso de sujeciones físicas
Siempre hay que utilizarlas bajo prescripción médica y cuando fallan otros métodos. Deben emplearse el menor tiempo posible y dejar el mayor margen posible de movimiento para el mayor.
El manual se puede conseguir de forma gratuita en los centros de salud y centros de servicios sociales y se puede descargar en la web del Imserso.
Miles de dependientes de Aragón malviven sin ayudas públicas a pesar de tenerlas concedidas
Los recortes del Gobierno de Aragón han hecho retroceder la asistencia a los dependientes un 24% en solo dos años, han quitado el apoyo público a unas 3.000 personas y mantienen a unas 8.000 familias a la espera de ayuda.
En la actualidad, la Ley de la dependencia llega en la comunidad aragonesa a 18.511 personas, a pesar de que hay 26.825 que tienen reconocido el derecho a cobrar prestación. Es decir, hay 8.314 que, a pesar de haber sido reconocidos y aceptados por los asistentes sociales, aún no tienen apoyo de la ley.
El número total de beneficiarios se ha reducido además de forma notable. En los últimos dos años y medio, coincidiendo con el cambio de gobierno (del PSOE de Marcelino Iglesias al PP de Luisa Fernanda Rudi) y el recrudecimiento de la crisis, se ha reducido en 5.961 personas (de 24.472 a los 18.511 que hay ahora).
El Ejecutivo autonómico atribuye parte de esta caída a la detección de unos 3.000 beneficiarios que habían estado cobrando la ayuda pese a haber fallecido. Esto quiere decir que otros 3.000 dependientes han dejado de recibir sus ayudas.
Unos 60 millones de euros repartidos en prestaciones
Y el número de solicitudes ha bajado solo un 4,5% (de 47.487 a 45.346). «Cada vez entran menos dependientes al sistema de ayudas. Estamos saturados», explican fuentes de los servicios sociales. La cantidad de dinero que destina el Gobierno de Aragón a las prestaciones económicas para la dependencia se recorta este año en 1,5 millones de euros: habrá algo más de 60 millones, frente a los 61,6 que se presupuestaron para 2013. En 2011 hubo 43 millones y en el ejercicio 2012 la DGA dedicó a estos pagos 55,5 millones de euros.
Munté deplora el impacto social de la reforma local del Estado y ve «imposible» cumplirla
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha deplorado este lunes el impacto social que tendrá la ley de racionalización de la administración local del Estado porque contraviene el principio de proximidad, y ha afirmado que es «imposible» cumplirla en los términos y plazos que se ha planteado.
Durante su intervención en el Consejo General de Servicios Sociales, Munté ha afirmado que la normativa «no respeta el principio de proximidad, clave en el modelo catalán de políticas sociales», ha informado al Conselleria en un comunicado.
La propuesta del Estado «tampoco tiene en cuenta la realidad territorial y al experiencia acumulada por los entes locales», ha dicho la consellera, que ha añadido que su aplicación devolverá a Catalunya a un sistema público de servicios sociales ya superado.
Ha advertido que el Estado «pretende alejar a los ciudadanos de la competencia de la atención, lo que dificulta una respuesta ágil y eficaz a sus necesidades y a la intervención comunitaria en beneficio de la cohesión social».
Además, ha recordado que el texto prevé que la Generalitat asuma las competencias de los entes locales antes de diciembre de 2015: «Este plazo resulta claramente corto y desproporcionado y es imposible de cumplir para Catalunya».
El censo de cuidadoras de dependientes se reduce un 80% en solo dos años en Galicia
Casi dos años después de que el Estado dejó de asumir la cuota a la Seguridad Social de las cuidadoras de dependientes solo quedan en Galicia una cuarta parte de las que había a finales de 2011. De un censo de 8.373 familiares (el 94% mujeres) de personas con alto grado de dependencia encargadas de su cuidado dos ejercicios atrás el listado ha menguado un 80%, registrando al cierre de 2013 un total de 1.737 mujeres que continúan de alta y pagando la cuota a la Seguridad Social por su cuenta.
Con la Ley de Dependencia el Gobierno apostó por dar visibilidad y convertir en oficio lo que miles de familiares realizan desde hace años: entregarse y cuidar a un hermano, padre, madre o hijo que no pueden valerse por sí mismos. Se creó un convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia y para facilitar la regulación de una tarea de miles de personas el Gobierno asumió la cuota a la Seguridad Social, de unos 165 euros mensuales. Con esta medida el número de cuidadoras de alta en Galicia superó las 9.000 pero tras la decisión de la Administración central de dejar de asumir el coste de las cuotas dicha cifra se desplomó, no solo en Galicia sino también en el conjunto de España. Con ayudas de 200 o 400 euros como tramos medios en función de la situación del dependiente gran parte del colectivo de cuidadoras dejó de aportar los 165 euros a la Seguridad Social y con ello dejan también de apostar por una futura jubilación.
La decisión del Gobierno coincidió con los ajustes presupuestarios por la crisis y también por un cambio de tendencia en la aplicación de la propia ley, que redujo los apoyos a familiares cuidadores para reforzar los servicios profesionales.
De este modo, si al principio de la aplicación de la ley el 80% de las solicitudes de prestaciones de dependencia en Galicia eran para cuidador familiar, en la actualidad este porcentaje se ha reducido a menos del 20% y en la gráfica del reparto de ayudas por tipos de servicio ganó terreno la ayuda en el hogar de una forma profesionalizada. Según la Consellería de Traballo e Benestar, la distribución de las actuales prestaciones por dependencia en Galicia es la siguiente (consultar gráfico): un 35,8% para ayuda en el hogar, un 19,6% para cuidador familiar, el 18,8% para residencias, el 14% para libranza vinculada a servicio y un 11,7% para centros de día.
El cambio de tendencia en los servicios derivó en una mayor profesionalización del sector, según las administraciones, de hecho, al incrementarse las tipologías vinculadas a plazas en residencias o asistentes personales solo en Galicia el sector de la dependencia emplea a más de 10.000 personas, mientras que en el año 2009 esta cifra era de algo más de 4.000.
A Coruña es la provincia con mayor número de cuidadoras familiares: se mantienen 567 cotizando en el convenio especial. Le sigue Pontevedra, con 508; Ourense, con 358 y Lugo con 304 al cierre de 2013.
Retiran la prestación a una niña con una enfermedad rara
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha denunciado hoy públicamente que la Junta ha retirado la prestación a una niña de nueve años con una enfermedad rara que necesita vigilancia las veinticuatro horas del día.
Según ha informado hoy la citada plataforma en un comunicado, la niña tenía reconocida un grado de dependencia severa, grado 2, pero, en la última revisión de oficio se le ha rebajado a grado de dependencia moderada, por lo que «pierde la prestación económica por cuidados en el entorno familiar».
La niña, según explica la citada plataforma, padece la enfermedad rara conocida como el ‘Síndrome de Ondine’ y cuando se queda dormida deja de respirar, por lo que necesita una vigilancia y control las veinticuatro horas al día.
Durante la noche -explican- debe estar conectada a un respirador con señales de alarma y ha de tener una traqueotomía de forma permanente y cualquier resfriado hace que deba serla suministrado de forma urgente oxígeno.
La decisión de la consejería de Sanidad y Bienestar Social se produce a pesar de los «múltiples informes médicos que demuestran que la niña no ha experimentado ninguna mejoría, hecho este que no puede producirse ya que la enfermedad no tiene cura».
Este caso se suma -recuerdan- al que la citada Plataforma denunció hace mes y medio por la retirada de prestación a un niño con parálisis cerebral severa al que se le daba como alternativa un centro de enseñanza de educación especial reglado y que tras la denuncia de este colectivo se dejó sin efecto.
La Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha se pregunta si este caso «tendrá algo que ver» con que la niña «sea la hija de una de las precursoras de nuestra Plataforma».
«Esperamos que, una vez más, después de esta denuncia, Cospedal recule y restablezca el grado de dependencia que corresponde a la niña, exigiéndola que de las ordenes oportunas a su consejero de Sanidad y Asuntos Sociales para que paralice de forma inmediata todas las revisiones de oficio que se están realizando en la Comunidad».
Esther Díaz: «Asturias quintuplica la inversión del Estado en Dependencia»
«No estamos de acuerdo con la nota. No vamos a decirle al Observatorio de la Dependencia cómo tiene que hacer su trabajo, porque son expertos y respetamos su independencia, pero sí creemos que no han utilizado los parámetros correctos. Por ejemplo, en Asturias, el gasto por habitante en dependencia es muy superior al que dicen».
La consejera de Bienestar Social y Vivienda no comparte el último suspenso que, tal y como adelantó EL COMERCIO, otorgó a su gestión el ente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que se encarga de evaluar la ley. Un suspenso que es el décimo que recibe el Principado de los doce dictámenes realizados ya por el Observatorio.
Ante el último, correspondiente al análisis del desarrollo de la ley durante el último año, Esther Díaz rebate que el gasto asturiano en dependencia sea bajo. Todo lo contrario, afirma que «Asturias quintuplica la inversión del Estado en Dependencia», como lo demuestran, dice, «los presupuestos consolidados y revisados por el Tribunal de Cuentas».
Así, afirma que en 2012, el coste que la dependencia tuvo en Asturias alcanzó «los 178 millones. De ellos, 127,8 fueron portados por el Principado. El resto, 22,6 los aportó el Estado, mientras que los beneficiarios, a través del copago, aportaron 27 millones».
Eso significa, «además de que el Principado quintuplica la inversión del Estado», que de las arcas regionales salieron «119 euros por habitante para la dependencia, mientras que el Observatorio, en su informe, nos adjudica 91,98 euros». Afirma Esther Díaz que la discrepancia se centra «quizás en la fuente que maneja el Observatorio. Nosotros no sólo dedicamos a la dependencia una única partida, sino que está repartido en diferentes capítulos y puede que no los hayan contemplado todos».
De haber recogido los 119 euros que la consejera asegura, «fueron el gasto real en 2012 y, también, en 2013, porque fueron cifras muy parecidas», Asturias habría logrado un punto y no un cero «en el apartado de gasto por habitante». Porque, de acuerdo al último dictamen del Observatorio de la Dependencia, el gasto medio en el país fue de 109,25 euros «con lo que nosotros estaríamos por encima de la media».
«Acabaremos con la espera»
Otros de los parámetros en los que hay discrepancia son los que valoran el número de solicitudes, beneficiarios y dictámenes por población, ya que Esther Díaz asegura que «no están ajustados a la realidad. Quizá eran importantes al principio, cuando la ley arrancaba, pero ahora está consolidada y no va a crecer la cifra de peticiones».
A juicio de Esther Díaz, lo importante es que «ante la posición del Gobierno central, que con su actuación hacía prácticamente inviable la ley, nosotros seguimos dando servicio y eso lo reconoce el Observatorio». Lo dice porque Asturias destaca como la cuarta comunidad española con más tasa de reposición el año pasado, del 9,52%, «cuando, en el resto del país, ha ido a la baja. Se ha paralizado».
Una paralización que, insistió, «no ocurrirá en Asturias». Lo demuestra, dice, también el aprobado por recortar el ‘limbo’ -personas con derecho, pero sin servicio- «será mejorado aún este año: el objetivo es acabar con la espera».
Fernández dice que el decreto de copago para los dependientes que incluye el patrimonio creará situaciones «más justas»
La consellera de Familia y Servicios Sociales, Sandra Fernández, ha asegurado este martes que el decreto que está ultimando el Govern tendrá en cuenta el patrimonio para calcular la capacidad económica de los beneficiarios de la Ley de la Dependencia a la hora de acceder a los diversos servicios que se prestan, como el ingreso a una residencia de mayores o a un centro de día, a fin de crear situaciones más justas entre las personas dependientes.
En los pasillos del Parlament, la titular de Servicios Sociales ha apuntado que el decreto está en fase de alegaciones, para que se puedan realizar aportaciones a su contenido y «poder mejorar el texto y intentar corregir cualquier situación que pueda resultar injusta».
Además, ha precisado que la mayoría de las comunidades autónomas del país ya incluyen el patrocinio de los afectados, tal y como establece la legislación que data de 2006.
Asimismo, Fernández ha avanzado que el proyecto contempla la creación de una comisión técnica con el fin de evitar situaciones injustas en algunos casos concretos en los que pueda haber algún tipo de duda acerca de su aplicación.
Hasta ahora sólo se tenía en cuenta la renta de los dependientes, por lo que a partir de la aprobación del Decreto se valorará también el patrimonio, «lo cual consideramos que es mucho más justo», de modo que «el que más tiene es el que más aporta y el que menos tienen será el que menos aporta», ha apostillado.
30.000 familias reciben prestación por dependencia en Madrid
En un acto celebrado en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, y con la asistencia del consejero de Asuntos Sociales,Jesús Fermosel, la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, la directora general de Dependencia, Carmen Balfagón, o el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Antonio López Trigo, el presidente Ignacio González ha dicho que actualmente«la Comunidad de Madrid es la única región en la que la atención a las personas con algún tipo de discapacidad es plenamente gratuita». González además ha afirmado que la región presta los servicios a dependientes en un plazo menor al establecido por ley y que está en uno de los primeros puestos de prestación de servicios.
El presupuesto del Gobierno regional para la atención a la dependencia alcanza los 990 millones de euros, según indica una nota remitida por Asuntos Sociales. «Hace seis años, antes de la crisis, destinábamos el 73 por ciento de todo nuestro presupuesto al gasto social; hoy, destinamos un 90 por ciento», ha declarado González.
El acto institucional ha servido para presentar una guía para cuidadores que se distribuirá de manera gratuita en los centros de salud y que trata de resolver las dudas que le puedan surgir al familiar encargado del cuidado de un dependiente. Por ejemplo, el texto explica qué hacer en caso de caídas o los aspectos que hay que tener en cuenta para el aseo personal.
La Comunidad de Madrid tiene una red asistencial de 50.000 plazas en 500 centros. Los servicios más demandados son la ayuda a domicilio (que puede ser atención directa en el domicilio en tareas de limpieza o compra o acompañamiento a consultas médicas, por ejemplo), la teleasistencia (dispositivo móvil que utiliza el dependiente y que le permite estar en contacto permanente con un centro especializado) o las prestaciones económicas directas. Una beneficiaria de esta prestación ha participado en el evento contando su experiencia: «Mi madre acaba de cumplir 94 años y es beneficiaria de la ley de dependencia desde hace diez, gracias a la ayuda económica que recibimos podemos tener contratada a una persona para que esté con ella mañana, tarde y noche y nunca le falte de nada».
Cuidadores de personas dependientes de la Comunidad de Madrid recibirán un manual para apoyar su labor
La Comunidad está a la cabeza de España en el pago de prestaciones a personas con dependencia. En 2013, el Gobierno regional pagó todos los atrasos generados en años anteriores a todas las personas con reconocimiento de su situación de dependencia. Además, la Comunidad, a diferencia de otras regiones, no ha utilizado el pago fraccionado de los atrasos, sino que ha destinado 63 millones para estar al día en el pago. Así lo ha asegurado el presidente de la Comunidad, Ignacio González, que participó, acompañado del consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, de la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, y del presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Antonio López Trigo, en la presentación del Manual de habilidades para cuidadores familiares de personas mayores dependientes, una guía práctica elaborada por el Gobierno regional en colaboración con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
El manual se distribuirá de manera gratuita a través de los Centros de Salud de Atención Primaria y de los Centros de Servicios Sociales municipales. Esta guía, práctica, sencilla y didáctica que se compone de 48 páginas, resuelve todas las dudas que la persona que se encarga del cuidado de un familiar en situación de dependencia pueda tener. Desde cómo realizar el cambio postural cuando el familiar está en la cama, hasta cómo realizar el aseo diario.
Tal y como se puso de manifiesto en la presentación, hoy en la Comunidad reciben las ayudas por dependencia 30.000 familias, 10.000 más que hace dos años, y es la única Región en la que la atención a las personas con algún tipo de discapacidad es plenamente gratuita. “Y mientras yo sea presidente del Ejecutivo madrileño, seguirá siendo así”, ha destacado González, quien ha incidido en que este es un logro de la sociedad madrileña, que siempre ha estado plenamente comprometida con lo que es esencial.
La Comunidad está por debajo del tiempo que marca la ley en la prestación de servicios. Además, se ha conseguido acortar los tiempos para que, una vez solicitada la dependencia, se valore al futuro dependiente en su domicilio. Madrid es la única Administración que ha reorganizado el sistema de gestión de dependencia, lo que permite realizar en un solo acto administrativo la valoración de la futura persona dependiente y el Programa Individual de Atención (PIA) y acortar así las resoluciones. Además, es la única Comunidad Autónoma que ofrece una prestación de carácter transitorio hasta la resolución final.
La Comunidad está en los primeros puestos en el Sistema de Autonomía y Atención de la Dependencia, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad a 31 de diciembre de 2013. Madrid es la segunda Comunidad Autónoma en atención de Centro de Día y Ayuda a Domicilio y la tercera en atención residencial, Teleasistencia, prestaciones vinculadas al servicio y en prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar. El Gobierno de Ignacio González dedica más de 1.300 millones de euros a mantener los servicios sociales, 54 millones más que el año pasado, y ha aumentado en un 4% el presupuesto destinado a la prevención y la atención a la dependencia hasta alcanzar los 990 millones de euros. Antes de comenzar la crisis, ha explicado el presidente madrileño, “destinábamos el 73% de nuestro presupuesto a gasto social. Hoy, dedicamos el 90%, un porcentaje que no destina ninguna otra región española, y que demuestra que, en los momentos de crisis económica, hemos ajustado muchos gastos, pero nunca de lo que es esencial”.