Dependencia
El Ayuntamiento de Móstoles vuelve a adjudicar a SARquavitae la gestión de su Servicio de Ayuda a Domicilio
• El consistorio invierte 1,8 millones de euros para atender a más de 450 personas mayores y/o dependientes
El Ayuntamiento Móstoles ha renovado una año más la adjudicación a SARquavitae, compañía líder en servicios sanitarios y sociales, de la gestión de su Servicio de Ayuda a Domicilio. La compañía viene ofreciendo este servicio en el municipio desde 2011 y con esta nueva adjudicación consolida su presencia en la Comunidad de Madrid. El consistorio invertirá 1,8 millones de euros al servicio, orientado especialmente a personas mayores o dependientes, y que incluye tareas de atención doméstica y personal, además de servicios de acompañamiento. El nuevo contrato tiene vigencia anual, con posibilidad de ser prorrogado por un año más.
De este modo, la compañía seguirá atendiendo a los 456 usuarios mediante intervenciones de asistencia personal, doméstica, de apoyo psicosocial y familiar y propiciando relaciones con el entorno con el fin de favorecer su autonomía personal en su medio habitual de vida. El Servicio de Atención Domiciliaria de Móstoles emplea a 72 personas entre auxiliares de atención directa y equipo de coordinación.
SARquavitae ofrece el servicio de Atención Domiciliaria en municipios de 8 Comunidades Autónomas atendiendo a más de 13.900 personas.
En la Comunidad de Madrid, SARquavitae atiende a casi 3.400 personas en 10 centros residenciales, 7 centros de atención a la discapacidad y 24 centros de día y emplea a 3.384 personas. En ellos ofrece estancias temporales o prolongadas, con unidades especializadas en Alzheimer y otras demencias, para convalecencias y rehabilitación, post-operatorios, vacaciones y respiro familiar. La compañía también ofrece en la comunidad servicios de atención sanitaria y personal a domicilio y el servicio de Teleasistencia.
La Junta de C-LM y ASPAYM editan un folleto para informar a los dependientes del nuevo decreto
La Dirección Provincial de Bienestar Social y la Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos de Cuenca (ASPAYM) han presentado un folleto informativo sobre los servicios y prestaciones que ofrece el nuevo decreto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia aprobado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
El documento, que ha sido elaborado por la alumna del Grado de Trabajo Social en prácticas, Marta Santos Castellanos, ha sido presentado esta mañana a otras asociaciones de Cuenca como el Fórum de la Discapacidad, etc, ha informado la Junta en nota de prensa.
El objetivo del proyecto es facilitar a las personas dependientes y a sus familiares la información necesaria sobre el catálogo de servicios y prestaciones de la Dependencia, sus intensidades con respecto al grado de dependencia y la compatibilidad de servicios y prestaciones., etc., para solicitar los servicios y prestaciones que se adecúen a cada situación.
A esta presentación han asistido la directora provincial de Bienestar Social Amelia López; el presidente de ASPAYM, José Luis Mota, y la autora del folleto, Marta Santos Castellanos, y la profesora de la UCLM, Myriam Gutiérrez.
NOVEDADES DEL DECRETO
La directora provincial de Bienestar Social ha destacado como una de las principales novedades de la nueva orden que se amplíe la compatibilidad entre prestaciones. Así, ha afirmado que, con la nueva norma, una persona que tiene prestación de cuidado en el entorno familiar puede compatibilizar con ayuda a domicilio y atención residencial por respiro del cuidador.
Además, el decreto aporta como novedad que las personas en situación de dependencia en grado 1 puedan acceder a un centro residencial público.
López se mostró satisfecha por el aumento que ha experimentado el número de beneficiarios del Sistema de Atención a la Dependencia en la provincia de Cuenca, pues ha pasado 6.034 a 6.350 personas en los últimos ocho meses, es decir 316 personas más desde que se produjo el cambio del gobierno regional.
Finalmente, ha destacado también el descenso en la lista de espera de las personas que tienen resolución de grado pero aún están pendientes del Plan Individual de Atención (PIA). En este caso, desde julio de 2015 a marzo a 2016 se ha pasado de 3.944 a 3.411, es decir 533 personas menos en el denominado “limbo de la dependencia.
Fuente: clm24.es
El sector de atención a la Dependencia, AERTE, exige a la Conselleria de Igualdad un acuerdo marco frente a sus propuestas de un concierto puro de plazas concertadas
– Como vía más factible para poner orden en el sector
-AERTE sigue manteniendo su compromiso social de aportar todos sus recursos para mejorar la atención a las personas dependientes en la Comunidad Valenciana
-La asociación aprueba crear una presidencia ejecutiva para mejorar el desempeño de la organización
La asamblea general de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) respaldó ayer por unanimidad la necesidad de seguir insistiendo al Gobierno valenciano sobre la idoneidad de desarrollar un acuerdo marco, como vía más factible para poner orden en el sector de atención a las personas dependientes en la Comunidad Valenciana, especialmente en la reforma de las plazas residenciales concertadas para mayores.
Esta propuesta, que ya ha sido presentada a la Consellería de Igualdad y Políticas Sociales en varias ocasiones, viene a mejorar la relativa al concierto puro, opción que ha planteado dicha Consellería, pero que puede acabar consolidando el modelo de dotación de plazas que, precisamente, se quiere eliminar. El modelo actual ha sido declarado por varias sentencias judiciales como contrario a derecho, dando la razón a los argumentos de AERTE, y además no garantiza la deseada igualdad de oportunidades para todos los operadores del sector y la necesaria libertad de elección real de centros por parte de las personas dependientes.
El acuerdo marco garantiza una mayor oferta de centros para que la persona en situación de dependencia pueda elegir, se evita el riesgo de que se puedan presentar ofertas en bajada temeraria ya que la Consellería puede fijar el precio en base a un estudio adecuado de los costes.
Hay que tener presente que las personas con rentas más bajas se encuentran en los entornos rurales por lo que concentrar la oferta en varios centros que supondría el modelo de concierto puro, obligará a muchos de ellos a abandonar el entorno donde viven, cuando en mucho casos existe ya una residencia, para trasladarse a la localidad donde esté la residencia que ha sido concertada por la Generalitat.
Por otro lado, la libre competencia provoca siempre una mejora en la calidad del servicio prestado y distribuye los recursos de una manera más equitativa, la concentración produce exactamente el efecto contrario. Además, un acuerdo marco permite que las entidades puedan invertir en la Comunidad Valenciana y crear empleo ya que pueden sumarse en cuanto estén acreditados, el concierto puro cierra esa opción de manera definitiva por un periodo de varios años.
En la XXVIII asamblea, celebrada la semana pasada en Valencia, se remarcó además el trabajo realizado durante 2015 para colaborar de forma activa con el nuevo Gobierno valenciano, quien ha dado pasos muy importantes en varios frentes abiertos durante años, al que se le ha reconocido su esfuerzo para intentar la regularización del pago que la administración mantenía con el sector, o el intento para disminuir el número de expedientes que quedan por resolver (personas que esperan ser atendidos, algunos desde hace años, y que se mantiene todavía actualmente), por lo que en este punto se ha manifestado el deseo de seguir insistiendo a la Generalitat Valenciana para que ponga en marcha mecanismos que agilicen su resolución, reiterando el ofrecimiento de los recursos humanos de los centros, como las trabajadoras sociales, para ayudar a reducir la lista de espera.
Además, AERTE está participando en diferentes mesas de trabajo con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para implantar en la Comunidad Valenciana un modelo de atención a personas con trastorno mental grave, así como en grupos de trabajo sobre discapacidad.
En la asamblea se respaldó el compromiso social de seguir aportando todos los recursos de la asociación para mejorar la prestación de una adecuada atención a las personas dependientes en la Comunidad Valenciana. Para ello, se reforzará aún más la interlocución con los agentes sociales y la Administración de cara a proponer mejoras en aspectos esenciales como las licitaciones públicas. Se ha recordado la necesidad de que las administraciones locales lleven a cabo licitaciones con presupuestos adecuados, para que cumplan con unos precios mínimos, donde las empresas puedan prestar servicios sociosanitarios de calidad y evitar ofertas que ni tan siquiera cubren los costes laborales que requiere dichos servicios. Los Centros de Día y los servicios de ayuda a domicilio (SAD) deben de ser elementos a desarrollar de manera muy importante por la Administración valenciana.
Creará una presidencia ejecutiva
La asociación más representativa de atención a las personas dependientes ha decidido crear una presidencia ejecutiva con el objeto de reforzar la actividad de dirección de la asociación, así como reforzar su posición como agente interlocutor con otras entidades sociales y administrativas.
Así mismo, se han fijado como objetivo trabajar para mejorar la igualdad de oportunidades en el sector e impulsar acciones entre empresas y centros destinadas a la mejora en la responsabilidad social corporativa (RSC). La asociación ha ingresado en FORETICA para ir estableciendo un sistema de gestión para ir integrando la RSC en la estrategia y gestión de la organización a través de acciones como campañas de divulgación, y la sensibilización para mejorar la penetración de este concepto en las empresas del sector sociosanitario.
La asamblea general, a la que asistió más de cien empresas, respaldó de forma unánime el trabajo de la actual junta directiva, así como los retos propuestos para los próximos años. En el capítulo formativo, durante 2015 formado a casi 990 alumnos con un total de 69 cursos.
Ha sido la primera vez en muchos años que no asistía ningún representante de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas ya que, incluso en los momentos más delicados de la relación entre la asociación y la Administración, como ha sucedido en los últimos años, siempre habían participado en los actos de apertura o cierre de la Asamblea de la entidad más representativa del sector. Algunos asistentes lo han entendido como una muestra del poco reconocimiento que se le da al trabajo de las empresas en el sector de los servicios sociales.
La asamblea finalizó con una comida de confraternidad de los asociados, a la que acudieron diferentes entidades representativas del sector como Lares, Ugt, CCOO, Afav, Asociación de Parkinson, la CEV, la Universidad d Valencia, y representantes de partidos políticos de Les Corts.
Podemos reclama que las ayudas por dependencia se otorguen en un máximo de seis meses
“En los últimos cuatro años, 125.000 personas dependientes han fallecido sin llegar a recibir la prestación o servicio que les correspondía por derecho”, afirma Ana Terrón, diputada de Podemos en el Congreso, encargada de presentar una Proposición No de Ley junto a la también diputada Marta Domínguez. Entienden que el procedimiento para obtener las prestaciones y servicios de la llamada Ley de la Dependencia “es lento, farragoso e ineficaz, se pueden tomar medidas para agilizarlo acortando los tiempos de espera”.
Por ello el grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea eleva a la cámara Baja un propuesta para que las ayudas por la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y la atención a las Personas en Situación de Dependencia sean materializadas en un plazo máximo de seis meses. Es decir, que no pase más de medio año desde que se formaliza la solicitud hasta que se recibe la ayuda económica o el servicio del Programa Individual de Atención que corresponda a cada dependiente.
En el texto de la PNL también se recuerda que “cuando una persona necesita apoyo para desenvolverse en el día a día, cada mes de espera para recibir los servicios y prestaciones adecuados repercuten en el empeoramiento de su calidad de vida y en la de su entorno familiar y/o de apoyo”. Por ello, la iniciativa pide incluir en la Ley la priorización de la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de la Administración Local y deje de estar en manos del nivel autonómico, como hasta ahora.
“Las comunidades autónomas en su mayoría hablan de 6 meses como plazo de resolución de todo el proceso, sin embargo, en muy pocas ocasiones se cumplen, llegando a retrasarse la prestación hasta un año”, señala la diputada granadina Ana Terrón. Entiende que los tiempos reales en varias comunidades son “inasumibles”, como el caso de Castilla y León, Andalucía, Aragón y País Vasco. También están por debajo de la media autonomías como Murcia, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana o Canarias.
Sobre el Servicio de Ayuda a domicilio, Domínguez apunta que “cuando éste no se pueda municipalizar, solicitamos que incluya cláusulas sociales que eviten la precarización del mismo, que afecta mayoritariamente a las mujeres”.
Fuente: El Boletín
El termalismo social de Castilla La Mancha se recupera tras graves recortes y el «abandono» del PP
Balnearios
El nuevo programa promovido por la Consejería de Bienestar Social ha bajado el precio de las estancias desde los 315 euros impuestos por el Gobierno anterior a 115 euros.
El Ejecutivo de María Dolores de Cospedal anunció la supresión del programa de termalismo y turismo social en 2011, lo que redujo de forma «drástica» los beneficiarios de los mismos.
La Consejería de Bienestar Social ha anunciado las bases reguladores del Plan de Termalismo Social de Castilla-La Mancha, que establece estancias cortas a un precio «mucho más asequible», de 115 euros, mucho más económicos que los ofertados por el anterior Ejecutivo, que llegaban a los 315 euros, o los del IMSERSO. «El programa se adapta muchísimo más a sus necesidades, es una opción más cómoda y flexible para quienes consideran las estancias del Imserso demasiado largas», ha afirmado Nacho Hernando, portavoz del Gobierno regional.
Hernando ha señalado que las ayudas suman un total de 324.000 euros y ha incidido en que se trata de una manera de ayudar a los usuarios y mejorar su calidad de vida, tras el «abandono» que sufrió la iniciativa en los últimos cuatro años. «Casi todo el gasto corría a cargo de los participantes lo que redujo de forma drástica los beneficiarios», afirmó el portavoz regional. En este sentido, Hernando señaló que en 2011 los usuarios llegaban a los 14 mil, los que se redujeron a 190 en 2015, un recorte del 99%.
Las ayudas están destinadas al acceso de personas mayores dependientes y «con graves dolencias», para quienes se ofertarán tres mil plazas. Actualmente, hay nueve balnearios en Castilla-La Mancha que participan en el programa y ofrecen alojamiento, manutención y tratamiento termal. El programa forma parte de la estrategia de envejecimiento activo que ofrecerá más de 120.000 plazas para las actividades, con un incremento del 20% respecto a 2015.
2012, la supresión del termalismo social
María Dolores de Cospedal anunció en 2012 como parte de su gran plan de ahorro, que ha sido cuestionado por el Tribunal Supremo, la eliminación del programa de termalismo social, que estaba en funcionamiento desde el año 2000. Con la medida, el anterior Ejecutivo del PP pretendía ahorrar unos 8 millones de euros.
La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados criticó duramente la medida, señalando que no se había tenido en cuenta el diálogo con los agentes sociales y tampoco los beneficios que el programa suponía a las personas de edad más avanzada. La UDP llegó a calcular que la eliminación del programa podría llegar a afectar a unos 40.000 jubilados a lo largo de la región.
Fuente: eldiario.es
Los recortes en dependencia dejan sin servicios a más de 250.000 personas
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales afirma que 252.929 personas mayores dejaron de recibir servicios básicos para la convivencia durante el año 2013, último balance disponible del Ministerio de Sanidad sobre plazas residenciales, centros de día y ayuda a domicilio.
Conforme explican, los recortes impactaron también en esta población, para la que se contaron 10.068 plazas públicas de residencia menos, 43.273 usuarios menos del Servicio de Ayuda a Domicilio, 2.774 atendidos menos en Centros de Día con financiación pública y 196.814 menos con Teleasistencia en sus domicilios.
«Estas son algunas consecuencias de los recortes en el gasto que se produjeron con especial intensidad en los años 2011, 2012 y 2013. Al recorte de aportaciones estatales (especialmente en Dependencia) se sumaron unos objetivos de déficit durísimos e incompatibles con el mantenimiento adecuado de los servicios sociales para personas mayores en un momento de incremento exponencial de la demanda», dice la organización.
En este sentido, señala que durante 2013, las plazas de financiación pública en residencias se redujeron un 6% (10.068 plazas menos) y las en Centros de Día cayeron un 5% (2.774 plazas menos).
Mientras, en el total de Centros residenciales (incluidos privados) una de cada tres plazas está sin ocupar, con 134.959 vacantes y 34.967 usuarios menos que había durante el año anterior y en los de Día, la ocupación es del 56% con 38.456 plazas sin ocupar y 10.593 atendidos menos.
«Los datos constatan, asimismo, que existe una gran disparidad y una enorme brecha entre territorios», dice la asociación, que destaca la diferencia en la cobertura del servicio de Teleasistencia (usuarios atendidos/población mayor de 65 años) de Madrid, con un 13,6% y Andalucía, con un 12,9% frente a Galicia, de «tan solo el 0,7%», Canarias, que presenta un 2% o La Rioja, deñ 3,3%.
En el Servicios de Ayuda a Domicilio el índice de cobertura en Madrid alcanza un 5,8%, en Castilla y León un 5,7% y La Rioja 5,6%; mientras en la Comunidad Valenciana se queda en un 2%, en las Islas Baleares un 2,1% y en Murcia en un 2,3%. En cuanto a la Intensidad horaria mensual Andalucía alcanza la mayor intensidad con 32,8 frente a Cataluña que llega a 9,9.
Respecto a los Centros de Día, el índice de cobertura en Galicia es del 1% en Cantabria del 0,9%, y en el País Vasco del 0,83%; mientras que en Extremadura solo alcanza el 0,05%, en Aragón el 0,15% y en Navarra el 0,3%.
En plazas de financiación pública, el índice de cobertura es de 4,3% en Extremadura, 4,1% en Castilla La Mancha y un 3,4% en Cantabria, mientras en Galicia es un 0,9% en Galicia, y un 1,2% en Murcia y Canarias.
Las plazas residenciales de financiación pública se han reducido un 6% en un solo año (10.068 plazas menos). Las plazas de financiación pública en Centros de Día se han reducido un 5% en un año (2.774 plazas menos).
Fuente; informativostelecinco.com
Casi 1.700 gallegos esperan plaza pública en una residencia de mayores
En el mismo lugar en el que una de cada cuatro personas tienen más de 65 años -655.907 en total según el padrón del 2015- y en el que 121.500 personas que superan esa edad viven solas, las plazas residenciales públicas para mayores no son suficientes para cubrir la demanda. Ese lugar es Galicia, una comunidad en la que casi 1.700 personas esperan que se les conceda una plaza en una residencia de la tercera edad. Exactamente, según datos de la Consellería de Política Social de esta semana, 1.679, una cifra que puede variar ligeramente según el día en función de las altas y bajas que se produzcan en los centros públicos y concertados que ofrecen este servicio en Galicia. La mayor demanda tiene lugar, como es natural, en las provincias más pobladas. En A Coruña 695 mayores figuran en las listas de espera que maneja la Xunta, mientras 528 lo hacen en Pontevedra, 240 en Ourense y otros 216 en Lugo.
Aunque los profesionales inciden en que lo ideal es que los mayores permanezcan en su entorno habitual, esto no siempre es posible y muchas veces la única opción para ellos es una residencia. Existen en Galicia 6.806 plazas residenciales públicas, también según los datos de la Consellería de Política Social. Su distribución, en este caso, es de 2.323 en A Coruña, 1.777 en Pontevedra, 1.475 en Lugo y 1.231 en Ourense. Resultan, tal como demuestran las cifras de las lista de espera, insuficientes, porque si bien es cierto que el número de plazas ha crecido ligeramente en los últimos años, no lo ha hecho lo suficiente como para satisfacer la demanda, sobre todo en una sociedad como la gallega, que envejece a pasos agigantados. A mediados del año 2012, una vez más según la información de la Administración autonómica, había en la comunidad 6.693 plazas residenciales públicas para mayores, 3.191 de ellas concertadas. A ellas se sumaba la oferta privada, otras 3.500 plazas. En casi cuatro años la población mayor de 65 años ha crecido en 20.000 personas. Las plazas públicas disponibles en residencias son actualmente 113 más de las que había entonces.
Según el Plan Galego das Persoas Maiores, en el que se preveían una serie de actuaciones con el horizonte del 2015, en Galicia hay más de 400.000 hogares en los que viven personas mayores de 65 años, y el nivel medio de ingresos de esos núcleos familiares es de entre 600 y 1.000 euros. En 200.000 hogares todos sus miembros superan esa edad que en España marca la jubilación.
El 95% reciben prestaciones
Con relación a la estructura económica del colectivo de mayores de 65 años, ese mismo informe destaca que casi el 95% de ellos reciben sus ingresos en forma de prestación, mientras que el 5% restante tiene su fuente de ingresos en trabajos por cuenta ajena o propia o en rentas. Más de 30.000 personas que superaban los 65 años cobraban, en el momento de elaboración del informe, pensiones no contributivas, por tanto las más bajas. Un dato que no es irrelevante, dado el elevado coste que suele tener la estancia en una residencia privada.
El 30% de las personas que residen en hogares en los que todos sus miembros superan los 65 años están en situación de riesgo de pobreza, lo que traducido a cifras absolutas dibuja un panorama en el que prácticamente 90.000 personas que habían superado la edad de jubilación estaban en riesgo de pobreza.
Un poco mayor es todavía la cifra de personas de más de 65 años con algún tipo de discapacidad reconocida igual o superior al 33%, más de 95.000 en Galicia, de los cuales una amplia mayoría han superado ya los 75 años.
Centros de día, ayuda en casa o teleasistencia
Para quienes no puedan acceder a una plaza residencial o para aquellas personas a las que su situación personal les permita otro tipo de opciones hay otras alternativas que buscan mejorar la atención y la calidad de vida de los mayores. Los centros de día son una de esas medidas, que en este caso les permite seguir arraigados en su núcleo familiar. Los usuarios pasan en este servicio parte de la jornada y el resto del tiempo regresan a sus domicilios. A este respecto, la Xunta incide en la importancia de fomentar este tipo de servicios, especialmente en el ámbito rural, donde viven muchos mayores y donde existen pocos recursos especializados.
Otra iniciativa de especial importancia en el ámbito rural es la ayuda domiciliaria, que permite que los hogares integrados por personas mayores puedan disponer durante algunas horas de un trabajador que les ayude en aquellas tareas que necesiten. Xantar na Casa o un servicio de voluntariado son otras alternativas.
Con todo, si en algunos servicios, como ocurría con las residencias, la demanda es mayor que la oferta, en otros casos los recursos a disposición de los mayores están infrautilizados. Ocurre, por ejemplo, con la teleasistencia, un sistema que permite a las personas mayores o discapacitadas, con el sencillo gesto de pulsar un botón, avisar en caso de que tenga cualquier problema. Su llamada es recibida en una central que envía ayuda en caso necesario. Casi 5.000 personas se benefician de estos dispositivos en Galicia, pero hace solo unos días la Xunta hacía público el dato de que dispone de otros 750 que nadie solicita.
Fuente: La Voz de Galicia
El CERMI insiste en el Congreso en la necesidad de reformar la Constitución y mejorar las políticas sobre discapacidad
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, compareció este martes en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados.
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha insistido este martes en el Congreso de los Diputados en la necesidad de reformar la Constitución Española para que se recojan derechos sociales como fundamentales, incluyendo los de las personas con discapacidad, amén de mejorar las políticas públicas, para que la vida de este grupo social sea algo “decente, digno y sugestivo”.
Así se manifestó Pérez Bueno durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja a petición del PSOE y del grupo catalán Democracia y Libertad (DYL). Dicha comparecencia sirvió para hacer una radiografía general de la situación de la discapacidad en España en la actualidad y para presentar las principales demandas de la entidad en esta materia para los próximos años.
El máximo representante de la plataforma de la discapacidad destacó que para el CERMI, una de las prioridades es “la revisión del ordenamiento jurídico estatal para acomodarlo a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el gran marco referencial político e ideológico”.
En este sentido, a fin de que se cumpla la Convención en España, urgió a los grupos políticos a reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para revertir la situación que sufren 80.000 personas que no pueden ejercer su derecho al voto por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo. “Esto es contrario a la Convención y a los derechos humanos reconocidos por la ONU”, añadió el presidente del Cermi, quien además pidió que se garantice la plena igualdad de las personas con discapacidad ante la ley, puesto que “ninguna persona debe no ser titular de sus derechos”.
Además, aprovechó su comparecencia para pedir que la Comisión de Discapacidad goce de carácter legislativo, y que por tanto pueda aprobar leyes, yendo más allá del carácter permanente que ya ha adquirido.
Asimismo, el responsable de la entidad exigió que pese a los avances en los últimos años, “hay que acabar con prácticas que consideramos inhumanas como la esterilización forzosa a las que se puede someter a algunas personas con discapacidad, fundamentalmente mujeres, porque hay aquí también discriminación de género”. En esta línea, alertó de que las mujeres se encuentran en una situación de mayor riesgo de exclusión, como a su juicio prueba el hecho de que tengan una menor inserción laboral o sufran en mayor medida violencia de género.
Por otro lado, Pérez Bueno urgió a todos los partidos políticos a que se recuperen y mejoren los recursos en materia de servicios sociales que se han visto mermados como consecuencia de la crisis económica, dado que “los imperativos constitucionales de igualdad no quedan en suspenso porque haya crisis. Siguen vigentes y existen los mismos mandatos y obligaciones de actuar”.
Así, pidió el voto afirmativo a todos los partidos a la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por el CERMI cuando sea sometida a votación para la toma en consideración del texto “y en todo caso, que sea corregido y mejorado”.
Como recordó Pérez Bueno, la ILP pretende que se modifiquen los criterios actuales de copago en materia de dependencia, aunque pidió que no se confunda la terminología entre discapacidad y dependencia, puesto que sólo uno de cada cinco ciudadanos con discapacidad está en situación de dependencia.
Educación inclusiva
El presidente del CERMI se refirió durante su comparecencia en Comisión a la necesidad de apostar plenamente por un sistema de educación inclusiva que sustituya a la segregación que todavía se practica con algunas personas con discapacidad. En este sentido, recordó que en los años 80 se consiguieron “importantes avances”, pues se pasó del 20% de los alumnos con discapacidad en la enseñanza inclusiva al 80%, pero en los últimos 15 años se ha producido un estancamiento, “nos hemos quedado en zona de confort”.
Por otro lado, el presidente del CERMI exigió que se siga avanzando en materia de accesibilidad universal en bienes y servicios de interés público, y aunque no se cumplirá el tope legal de 2017 para que estos entornos sean accesibles, pidió a los partidos que no modifiquen este límite, a fin de que sirva de presión para quienes no han cumplido esta normativa.
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos sufraguen el coste de reformas por barreras arquitectónicas, puesto que el 70% de las viviendas presentan problemas de este tipo, fue otra de las reivindicaciones del Cermi, junto a propuestas encaminadas a fomentar “la activación” de las personas con discapacidad, que a su juicio, está directamente ligada a la empleabilidad.
Apoyo de los partidos
Por su parte, los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Comisión sobre Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de los Diputados mostraron su disposición a atender las demandas del CERMI. De esta forma, la portavoz del PP en la Comisión de Discapacidad, Silvia Valmaña, declaró que escuchar al representante del movimiento de la discapacidad “es la mejor forma de empezar una legislatura”, y destacó el importante trabajo que a su juicio se ha llevado a cabo en colaboración con el Cermi durante los cuatro años del Gobierno de Mariano Rajoy.
Por parte del Grupo Socialista, Joan Ruiz hizo hincapié en los logros que se alcanzaron durante los años del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y mostró su deseo de que la legislatura siga adelante para que se continúe avanzando en materia de discapacidad y “para recuperar derechos perdidos”.
Mientras, la diputada de Podemos Miriam Alba Goveli, mostró su deseo de que la Comisión de Discapacidad adquiera carácter legislativo, y manifestó también su preocupación por la doble discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad.
En términos similares se manifestó también la diputada de Ciudadanos Orlena Miguel, quien subrayó que “esta será seguramente la Comisión que más consenso consiga entre los partidos políticos”. Además, mostró su apoyo a la iniciativa del Cermi de modificar la Constitución, y explicó que a su juicio, también debería recoger la dotación presupuestaria de los servicios sociales, “porque si eso no se hace, puede pasar como con la Ley de Dependencia, que haya buena intención y se quede sólo en el papel”.
Por su parte, el portavoz de UPN, Íñigo Alli, afirmó que “tenemos muy claro cómo tiene que ser el modelo que tiene que tener este país y Navarra en relación con las personas con discapacidad”, y enumeró la atención temprana, la sensibilización social o la igualdad como ejes fundamentales en esta materia.
Por último, la diputada del PNV Pilar Ardanza puso como ejemplo de inclusión para las personas con discapacidad al País Vasco, y celebró que en estos años de crisis no se hayan hecho recortes en este ámbito por parte de la administración autonómica. Mientras, las parlamentarias Ester Capella (ERC) y Elena Ribera (DYL) pusieron de relieve de contribuir a mejorar la situación de la discapacidad en el conjunto de España “pese a que nosotros queremos hacer la independencia”.
Fuente: Diario La Comarca de Puertollano
La ética, un factor fundamental en los profesionales que trabajan con personas mayores y/o dependientes
• Casi el 100% de los profesionales de atención a las personas mayores consideran las cuestiones éticas como muy importantes en su labor diaria.
Más del 75% de los profesionales que trabajan de forma directa con personas mayores o dependientes se enfrentan a decisiones éticas en el desarrollo de su trabajo, según se desprende de un estudio realizado por el Comité de Ética Asistencial de SARquavitae. Los datos se han presentado en el transcurso de la Jornada sobre Ética en Atención a las Personas Vulnerables celebrada hoy en Andorra.
El estudio se ha basado en una encuesta realizada a 300 profesionales de la compañía, tanto de centros residenciales como de día, para conocer si en su actividad diaria tienen que enfrentarse de forma habitual a dilemas éticos, si son importantes para ellos y cuáles son aquellas cuestiones que se plantean con mayor frecuencia.
De este estudio se desprende que el 76,2% de los profesionales sanitarios y el 87% de los profesionales no sanitarios que se dedican a la atención directa de personas mayores se han enfrentado a cuestiones éticas concretas que han tenido que resolver. Los profesionales relacionados con la dirección, la gestión y la coordinación de los centros son los que se enfrentan con mayor asiduidad a problemas éticos (84,2%).
Prácticamente, la totalidad de los profesionales de atención directa respondieron que las cuestiones éticas en el desarrollo de su labor tenían una gran importancia.
La información a familiares (57%), las sujeciones físicas o químicas (44%), la información a residentes o pacientes (42%), los temas de confidencialidad de datos y de información personal (30,6%) y el establecimiento del nivel de competencia de un usuario o familiar en la toma de decisiones (30,67%) son los temas que se plantean más frecuentemente, según los entrevistados. Estos mismos temas son precisamente aquellos que los encuestados consideran que les afectan más en su labor diaria, a los que se añade el desacuerdo entre pacientes o residentes y familiares sobre decisiones relevantes ligadas a la atención (32%).
Los conflictos de convivencia, el vacío existencial y el deseo de morir con su consecuente negativa a recibir tratamiento y alimentación, la negativa de los familiares al tratamiento sin existencia del documento de voluntades anticipadas, los conflictos en la transmisión de la información, la autonomía del paciente frente a los deseos de la familia, son algunos de los casos en los que se han centrado los dictámenes realizados por el Comité de Ética Asistencial de SARquavitae durante estos diez años. Con este conocimiento ha producido diferentes documentos entre los que destaca diversos protocolos para estandarizar la atención a las personas vulnerables como los malos tratos, la renuncia al tratamiento o dieta terapéutica, el registro de no prolongación de la vida artificialmente, el documento de voluntades anticipadas, entre otros.
Nueva edición del curso «Atención Centrada en la Persona, ACP»
Debido al éxito que tuvo el curso “CÓMO APLICAR LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA EN MI CENTRO”, Amade organiza una nueva edición del mismo para aquellas personas que estabais interesadas y no pudisteis asistir.- Día 10 de Mayo de 9 a 15:30hrs. en la sede de AMADE, C/ Castelló, 95- 2ºB.
Objetivos
Plantear la Atención Centrada en la Persona, ACP, como un cambio de paradigma social necesario para adaptarnos a un nuevo perfil de persona usuaria y familias actuales. Porqué ahora y en qué consiste el cambio.
Presentar la filosofía de atención integral y centrada en la persona desde una perspectiva práctica y realista.
Entender la Atención Centrada a la Persona, ACP, como un cambio personal e individual de cada profesional en la relación con las personas.
Aportar entusiasmo y motivación a los equipos para llevar a cabo una transformación en la metodología de atención dónde la persona usuaria si sitúa en una esfera central.
Facilitar técnicas y instrumentos facilitadores de la intervención personalizada y orientada a la persona.
Destinatarios
Profesionales de atención directa e indirecta de cualquier centro o servicio de atención a personas en situación de dependencia que quieran conocer y disponer de instrumentos para poder aplicar la filosofía de atención centrada en la persona.
Contenidos
El curso presenta los siguientes contenidos:
– Reflexión sobre el cambio de paradigma social y la necesidad de adaptar el actual modelo biopsicosocial a la realidad de la persona usuaria actual.
– Definición y principios de la Atención Integral Centrada en la Persona. Lo que es y no es la atención centrada en la persona.
– Propuesta organizativa para una implantación de éxito.
– Instrumentos para conocer a la persona.
– El papel de la familia y entorno.
– Readaptando roles y orientaciones de los diferentes perfiles profesionales en un centro de atención a mayores.
– Aspectos ambientales cómo complemento necesario en la aplicación de un modelo de Atención Centrado en la Persona.
– La comunicación interna y externa como instrumento fundamental para la divulgación de una forma diferente de cuidar a las personas.
Metodología
El curso combina exposiciones teóricas con dinámicas y videos para asimilar los conceptos y cambios de paradigma, así como para conocer experiencias prácticas de éxito en la implantación del modelo.
Docente
Raquel Calatayud. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Licenciada en Derecho. Máster en Gerontología Social Aplicada. Cofundadora y socia-directora de Camon Consulting Group. Docente en diferentes cursos de postgrado especializados en personas mayores y dependencia.
Si estás interesado, mándanos la hoja de inscripción rellena, junto con el justificante de pago, para hacer la reserva. PLAZAS LIMITADAS
Más de 22.500 catalanes han muerto esperando la prestación de la dependencia
22.588. Esta es la cifra de ciudadanos de Catalunya que han fallecido desde el 2011 al 2015 esperando percibir la prestación de la Ley de Dependencia, la “cuarta pata” del estado del bienestar. Una demora que ha obligado a la Generalitat a abonar 105 millones de euros a los herederos de los solicitantes que no llegaron a percibir la prestación.
Así lo indica una respuesta parlamentaria de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies a una pregunta de Ciutadans sobre el balance de la prestación por la dependencia. La respuesta, firmada por la consellera Dolors Bassa, detalla las defunciones de solicitantes por años e incluso sino se llegó a tiempo de realizar la valoración del solicitante.
En el 2011 fallecieron 3213 solicitantes sin valoración; 2057,en el 2012; 1487, en el 2013; 1577 en el 2014 y 1697 en el 2015. Cifras un tanto similares a los que finaron pendientes de su Programa Individual de Atención (PIA), es decir, con la valoración pero sin establecer la prestación o servicio. Así en el 2011, los solicitantes que murieron sin tener el PIA fueron 4566; en el 2012, 3287; 1632 en el 2013; 1423 en el 2014 y 1649 en el 2015.
Medidas de mejora
La consellera, pero, insiste en que su departamento ha implementado medidas para mejorar la gestión de la tramitación de la Ley de Dependencia, como el incremento de equipos interdisciplinarios de valoración o las situaciones de alto riesgo.
Según el mismo informe, hasta el uno de enero de 2016 se han resuelto un 97,1% de las solicitudes iniciables valorables. También se han cerrado un 93,7% de las peticiones de revisión de grado así como un 80,8% de los programas individuales de atención realizables, que suponen 258.311 solicitudes.
La lentitud en la resolución de los casos no ha eximido a la administración catalana de pagar las prestaciones que correspondían a los solicitantes que han fallecido esperando. Hasta el 31 de diciembre de 2015, la Generalitat ha abonado un montante de 105 millones de euros a los herederos.
“Personas con actitud” empatizando con las personas mayores a través del gusto
• Destacados chefs, restaurantes y escuelas de hostelería, regionales y locales, participarán en los talleres.
• La iniciativa se enmarca en la campaña SARquavitae “Personas con actitud” con motivo de su 25 aniversario, centrado durante el mes de marzo en la empatía.
• Los residentes podrán revivir sabores tradicionales y olvidados en platos adaptados a sus necesidades y capacidades
Empatizar con las personas mayores a través de uno de los sentidos que más nos ayudan a recordar, el gusto. Este es el objetivo de los más de 30 talleres de cocina tradicional que ha puesto en marcha SARquavitae, compañía líder en atención y cuidado sociosanitario, en sus centros residenciales y de día con la colaboración de destacados chefs, restaurantes y escuelas de hostelería, regionales y locales.
Los talleres están enmarcados en la campaña “Personas con actitud” que con motivo de del 25 Aniversario de la compañía se está llevando a cabo durante todo el año y que cada mes se centra en una actitud que mejora la atención a las personas mayores. Marzo es el mes de la Empatía en SARquavitae y para fomentarla se han organizado talleres abiertos, no sólo a los mayores, sino también a los profesionales de los centros y familiares.
Muchos platos y sabores de la infancia y juventud de las personas mayores han sido olvidados. En este mes dedicado a la Empatía, SARquavitae quiere ayudar a los mayores a recordar la cocina de su juventud a través de la elaboración de platos típicos, los de toda la vida, pero adaptados a sus necesidades y capacidades. “La alimentación es la principal fuente de salud. En las personas mayores es especialmente importante ofrecer una alimentación adecuada y adaptada a sus necesidades especiales. Deseamos premiarles con platos que les recuerden momentos del pasado a través de platos tradicionales para que puedan disfrutar del momento de la comida de forma especial”, explica Antonio Alonso, Director de Servicios Hoteleros de la compañía.
Para ello se ha contado con la colaboración de diferentes restaurantes y escuelas de hostelería locales, quienes, junto con los cocineros y chefs de los centros residenciales preparan los menús tradicionales adaptándolos a las necesidades de alimentación de las personas mayores, potenciando el gusto y la presentación de los platos. Entre otras, destacan las colaboraciones del Asesor Gastronómico y Chef Ejecutivo del Balneario de Caldes de Boí, Miquel Soria; de Alfonso Sánchez, Profesor de escuela de hostelería Miralbueno de Zaragoza; o de las Escuelas de Hostelería de Toledo, Estepona y Badajoz.
Campaña “Personas con actitud”
SARquavitae cumple 25 años y para celebrarlo ha puesto en marcha la campaña “Personas con actitud”. A lo largo de 2016 se han seleccionado 12 actitudes positivas que transmiten los valores de la compañía. Cada mes conmemorará una actitud, Alegría (enero), Amistad (febrero), Empatía (marzo), Solidaridad (abril), Cariño (mayo), Responsabilidad (junio), Compromiso (julio), Calidad e Innovación (agosto), Respeto (septiembre), Entusiasmo (octubre), Profesionalidad (noviembre), Optimismo (diciembre).
Además de actividades especiales relacionadas con la actitud del mes, se otorgará un premio a aquella persona de la compañía que mejor desempeñe la actitud seleccionada, junto con un distintivo y un reconocimiento especial como agradecimiento por parte de la compañía.
El profesional de referencia una figura clave en la Atención Centrada en la Persona
Con esta nueva entrada que nos ofrece la Dra. Martínez en su blog “La atención centrada en la persona, un camino por recorrer”, prosigue enriqueciendo el enfoque gerontológico de la atención centrada en la persona con una propuesta sobre el profesional de referencia, poniendo en valor su papel esencial en la aplicación de este modelo de atención.
Comienza así: “La figura del profesional de referencia es una metodología de trabajo que se viene aplicando en los servicios gerontológicos, sobre todo en los centros donde participan en el cuidado diversos profesionales, con el propósito de personalizar la atención y lograr una mejor coordinación entre éstos. Es una figura que aunque ya se exige en nuestro país en distintas normativas autonómicas, su conceptualización todavía es escasa y su aplicación bastante diversa”…….
Aquí os dejamos el enlace del post recomendado para su completa lectura: clickar aquí.
*Psicóloga. Dra. en Ciencias de la Salud y experta en gerontología social. Autora de distintas publicaciones técnicas y científicas relacionadas con la gerontología aplicada y la discapacidad. Entre sus publicaciones en relación a la Atención Centrada en la Persona cabe destacar: La atención gerontología centrada en la persona, guía para profesionales (2011); Avanzar en atención gerontológica centrada en la persona, instrumento para la revisión participativa (2013); Modelo de atención centrada en la persona, cuadernos prácticos (2014), Cuidar, cuidarse y sentirse bien: Guía para personas cuidadoras según el modelo de atención integral centrada en la persona (2015) y Atención centrada en la persona. Sus aportaciones al cuidado de personas con Alzheimer (2015) y de la reciente investigación sobre la Atención Centrada en la Persona en residencias y centros de día españoles. Creadora de la web www.acpgerontologia.com para la difusión de los modelos afines a la ACP @acpgerontologia
La Ley de Dependencia, el ‘cuarto pilar’ del Estado de bienestar está siendo boicoteado por el Gobierno y varias autonomías
“Todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a ser una persona dependiente o vamos a vivir con una dependiente”. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS), trata de humanizar el discurso al hablar de las cifras que se desprenden de casi una década de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (Lapad), más conocida como Ley de Dependencia. Porque las cifras deshumanizan.
Un total de 1.180.435 personas está en situación de dependencia reconocida en España. Eso supone que el 2,5% de la población precisa “de la atención de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria”, según enuncia la propia ley. Sin embargo, entre 2012 y 2015, 125.915 personas pertenecientes a este grupo han fallecido sin haber obtenido ninguna prestación, según los datos del último Dictamen del Observatorio Estatal de Dependencia que elabora la organización que preside Ramírez. “Es lo que se conoce como el ‘limbo de la dependencia’: todas aquellas personas que tienen una prestación reconocida por ley pero que todavía no se ha hecho efectiva”, remarca Aurelia Jerez, presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia. “Dicen que bajan las listas de espera, pero lo que no te dicen es que ahora hay un plazo de tres años y medio para hacer efectiva la retroactividad de una prestación, y en tres años y medio lo normal es que un gran dependiente de 80 años se muera”.
Y no son pocos. El 54% de las personas dependientes en el Estado español son mayores de 80 años. “Son gente con una vulnerabilidad terrible, el problema es gravísimo, y hay comunidades autónomas con listas de espera muy altas”, explica Ramírez. Muchos de ellos están entre los 384.326 dependientes –una tercera parte del total– que a comienzos de 2016 no recibía ninguna prestación. Y la situación se agrava en los 37.764 grandes dependientes de Grado III, el nivel donde más necesaria es la ayuda de los tres que reconoce la ley, que no reciben prestación alguna.
Moratorias y boicot
La ampliación del plazo para hacer efectiva una prestación, que inicialmente era de seis meses y que se ha multiplicado por siete, es sólo una de las medidas de boicot que Gobierno central y algunas comunidades autónomas han establecido para impedir el desarrollo del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), el conjunto de prestaciones y servicios que debían desarrollarse tras la aprobación de la Lapad para crear el ‘cuarto pilar’ del Estado de bienestar. “Nos han tomado como mero gasto. El recorte que se hizo hace dos años, algo más de mil millones, coincidió con el pago adelantado de la deuda. No puedes hacer eso y luego dejar a los que tienes en casa sin atender”, denuncia Jerez, madre de un niño de ocho años, gran dependiente, que padece el síndrome de Pitt-Hopkins, una rara enfermedad de la que sólo hay cuatro casos en España.
En noviembre de 2011, el entonces aspirante a presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avisaba a cuatro días de las elecciones generales: “La dependencia no es viable”. Un mes después comenzaba lo que Ramírez califica de “demolición programada” de la Lapad, con el Real Decreto Ley 20/2011. Entre la complicada maraña de decretos, moratorias y leyes autonómicas que modifican el sistema que debía desarrollar la ley, tres ordenamientos estatales destacan por sus drásticas consecuencias. El 20/2011 fue el primero. “Modificó el calendario y quitó el derecho a los dependientes moderados, lo que supuso que a 35.000 personas se les usurpó el derecho a ser atendidas”, relata Ramírez. Una moratoria que se amplió progresivamente para las afectadas en Grado I , el nivel menos severo de dependencia: hasta julio de 2015 no entraron al sistema. Pero para la presidenta de la Coordinadora esto no es un triunfo: “Debían haber entrado en enero de 2012, pero Rajoy lo retrasó cuatro años, hasta que no pudo hacerlo más”.
El segundo ordenamiento, “la auténtica derogación encubierta de la Ley de Dependencia”, tal como lo describe Ramírez, fue el RDL 20/2012, titulado “de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”. El decreto supuso una nueva moratoria para los de Grado I y simplificó el sistema de valoración de grados, lo que en la práctica endureció las condiciones para acceder a las ayudas. Pero habría más. Recortó drásticamente la aportación del Estado a los presupuestos de dependencia, redujo un 13% el llamado ‘nivel mínimo de protección’ –el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad– y redujo en un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares, dejando además la puerta abierta para que las comunidades pudieran reducir más esta cifra. El recorte llegaba así a uno de los pilares del sistema, ya que casi la mitad del total de personas atendidas lo está a través de un cuidador familiar, una figura doblemente atacada por el PP, ya que también les dejó sin cotización a la Seguridad Social. Desde aquel momento sería voluntaria. “Hasta entonces había un acuerdo entre el Gobierno y la Seguridad Social por el que éste pagaba por los cuidadores del entorno familiar 56 euros para darles, simplemente, el derecho a una pensión de jubilación. Cuando la cotización fue voluntaria, este convenio se rompió y ahora, si quieren cotizar, son 200 euros que, lógicamente, tienen que coger de la prestación económica que recibe su familiar dependiente. En el mejor de los casos son 387 euros. Si de ahí quitas 200, dejas a los dependientes con 187”, relata Jerez. La conclusión: “Más del 90% nos dimos de baja”.
Recorte brutal y sexista
La supresión de la cotización afectó a 182.021 cuidadoras, mujeres en el 92% de los casos. Tal como indica la profesora de Derecho de la Empresa en la Universidad del País Vasco Isabel Otxoa, “entre quienes estaban cuidando, algo menos de la mitad eran mujeres mayores de 51 años, una parte de las cuales probablemente no tenían un historial largo de cotización en otras actividades”. Sin embargo, relata, “hubo otras mujeres, sobre todo entre las menores de 50, que habían dejado un empleo de pocos ingresos y pasado a cuidar a algún familiar en la tranquilidad de que, si no una remuneración decente, al menos continuaban generando el derecho a la pensión de jubilación”.
En su opinión, el recorte no sólo fue brutal, también fue sexista: “Desde el feminismo criticamos la prestación de cuidados familiares de la ley porque ahondaba en la división sexual del trabajo; defendimos el reparto del cuidado y la ampliación de los servicios externos a la familia. Pero cuando el PP justificó el recorte por la conveniencia de reducir el recurso al cuidado familiar y promover la utilización del resto de las prestaciones de la Ley de Dependencia, cuya escasez y lentitud son bien conocidas, resultó insultante”.
El tercer gran hachazo legislativo al sistema fue el RD 1051/2013, que establece incompatibilidades entre los diferentes servicios y prestaciones que otorga la ley, así como la intensidad de los mismos. “Antes una persona iba a levantar de la cama a un dependiente y lo llevaba a un centro de día para que pudiese estar haciendo talleres de fisioterapia, alzheimer o lo que necesitase, pero a partir de ese decreto hay que elegir una u otra prestación”, apunta Ramírez. La creación de incompatibilidades buscaba rebajar la factura de la dependencia, al igual que lo hacía la disminución de la intensidad de los servicios. El presidente de la AEDGSS lo ilustra con un ejemplo: “Antes un dependiente podría tener hasta 90 horas al mes de ayuda a domicilio, ahora son 70”.
A todo lo anterior hay que añadir la supresión del llamado nivel acordado de financiación, que se eliminó a través de Ley de Presupuestos Generales del Estado: 283 millones anuales que se distribuían entre las comunidades con criterios consensuados de reparto.
Así, el balance que se puede hacer tras la última legislatura es que la Administración General del Estado sólo aporta el 22,6% del gasto público, lo que incumple la propia Ley de Dependencia, en la que se afirma que esa cifra debería llegar al 50%. La carga recae en las comunidades autónomas, que cubren el 77,4% del montante público, “lo que unido a la obligación de ajustarse al déficit hace que estén completamente asfixiadas”, resalta Jerez. Además, a día de hoy los propios dependientes aportan más que el Estado, ya que un 19,9% del total de aportaciones al sistema proviene de ellos mediante la fórmula del copago, establecida por el Consejo Territorial del SAAD, un copago que sigue vigente e incluso ha aumentado, a pesar de ser declarado ilegal por la Audiencia Nacional, fallo ratificado por el Supremo.
Tal como indica Ramírez, muchas de las personas que iban a un centro de día han renunciado ante la carga del copago: “Una persona con enfermedad mental que cobra una pensión no contributiva de 400 euros, si va al centro de día tiene que aportar 200 euros por el copago. ¿Cómo va a pagar eso? Lo mismo la gente que renuncia a la ayuda a domicilio porque no puede aportar el 20 o el 30% de su pensión. El copago ha sido definitivo”.
Con todo ello, los recortes a la dependencia acumulados ascienden, según el último Dictamen del Observatorio de Dependencia, a 2.865 millones de euros, entre la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la eliminación de las cotizaciones de cuidadores familiares. Además, las diferencias entre comunidades son abismales, en prestaciones, presupuesto y desarrollo del sistema, y la Coordinadora que lidera Aurelia Jerez lleva años reclamando que se unifiquen los criterios para ser reconocido como dependiente. Ramírez, por su parte, es muy claro comparando sistemas autonómicos: “Si una persona vive en una comunidad como Canarias o Valencia tiene muchas posibilidades de fallecer sin que le llegue la Ley. Además, aunque haya cambiado de Gobierno, como en Valencia, poco se puede hacer salvo pequeñas cosas, porque no se pueden recuperar nueve años de desidia en todo el desarrollo de la Ley”. Por el contrario, continúa, “si vive en Castilla-León, País Vasco, La Rioja o Andalucía es muy probable que sea atendido en un plazo razonable, que puede estar en torno a un año”.
Por último, desde la Aedgss resaltan las posibilidades de creación de empleo del desarrollo del sistema de dependencia. Según esta organización, si se atendiera a las 384.000 personas en lista de espera actuales, y con un incremento del gasto público de 2.643 millones de euros –de los cuales se recuperarían 1.012 mediante impuestos, seguridad social, etcétera– se generarían más de 92.500 empleos directos. “Si no creen en la justicia social que cojan la calculadora, no hay una inversión pública más rentable e inteligente que la Ley de Dependencia”.
Fuente: Periódico Diagonal
SARquavitae y la Fundación ESADE impulsan el desarrollo de conocimiento en el ámbito de la colaboración público-privada y su incidencia en la creación de valor público
SARquavitae, líder en servicios sanitarios y sociales, y la Fundación ESADE han firmado un acuerdo para el desarrollo de una oferta formativa de dirección y gestión en el ámbito de la colaboración público-privada. Este acuerdo, se enmarca en el Programa Partners del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE; una iniciativa de generación de conocimiento dedicada a la investigación, el desarrollo y la difusión de conocimiento en materia de cooperación público-privada. El profesor Francisco Longo, Director General Adjunto de ESADE; y Antoni Soler, Director General de Finanzas, Recursos Humanos y Jurídico de SARquavitae; han sido los encargados de firmar el acuerdo.
La colaboración público-privada es clave en la mejora de la oferta de calidad de servicios de atención y cuidado de las personas con dependencia; constituyendo una prioridad para el desarrollo del sector sociosanitario. Este convenio entre SARquavitae y la Fundación ESADE favorecerá la profesionalización del sector en España proporcionando formación de alto nivel para la dirección y gestión de los servicios públicos.
SARquavitae formará parte, tras la firma de este acuerdo, del Consejo Colaborador del Programa PARTNERS del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública, participará en todas las jornadas enmarcadas en dicho programa y, además, dispondrá de una plaza en el Programa en Dirección Estratégica y Gestión de la Colaboración Público-Privada desarrollado por ESADE.
Experiencia piloto en Aragón programa de estancias nocturnas en residencias
Aragón culmina la puesta en marcha de las prestaciones que prevé la Ley de Dependencia con el programa de estancias nocturnas, por el que los familiares de personas dependientes podrán dejarles en un centro residencial durante la noche.
De momento, según ha explicado a los medios de comunicación la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, se trata de una «experiencia piloto», que comienza con cuatro plazas en la residencia de mayores Romareda, en la capital aragonesa.
A partir de aquí, el servicio se irá adaptando en función de la demanda real y si los perfiles se ajustan a la misma y se podrá ir ampliando a otros centros y zonas del territorio aragonés.
Con este servicio, que estará disponible los 365 días al año, los usuarios contarán con flexibilidad de entradas y salidas, que se podrán producir entre las 19 y las 22 horas y las 8 y las 11.30, respectivamente, en función de las necesidades de cada familia.
El único requisito es que se trate de personas con grado de dependencia de entre 2 y 3, es decir, aquellas «bastante afectadas» y, «de forma extraordinaria» durante los primeros meses de aplicación, para solicitar este servicio bastará con una llamada al centro y será este el que se encargue de todos los trámites, ha detallado el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos.
En la misma residencia de Romareda, la cual tanto Santos como la consejera han aprovechado para visitar previamente, ha señalado que el objetivo de este programa es el de compatibilizar mejor la vida laboral y personal y que, en principio, va dirigido especialmente a personas que por sus dolencias tienen «un descanso agitado», por lo que su cuidado resulta más complicado para sus familiares.
Sobre la situación de la dependencia en la Comunidad, Broto ha reiterado que su compromiso es el de poner en marcha todas las prestaciones que plantea la ley y que han venido al Gobierno «para cumplirla», pese a que la DGA tiene que aportar el 81 por ciento de la financiación cuando la normativa plantea que se debe repartir a partes iguales entre autonomías y Estado.
Ha rechazado hablar de anuncios o cifras acerca de la atención a la dependencia, pero ha recordado que en lo que va de legislatura hay más de mil personas más atendidas, incluso con el presupuesto heredado de 2015, y que trabajarán «al máximo» para ello.
Cuando tomó posesión, ha recalcado Broto, destacaban dos prioridades en la Consejería, que eran la elaboración del proyecto de renta básica y el pago del Ingreso Aragonés de Inserción, pero ahora «lo más importante» es la aplicación de la Ley de Dependencia, que es «un derecho» y que en Aragón ha sido «donde más se ha desmantelado».
Fuente: el Periódico de Aragón
La cantidad de dependientes atendidos en Aragón descendió un 23 % con el último Gobierno del PP
La regulación de la atención a la dependencia en Aragón sigue siendo un problema de lenta y complicada solución. El anterior Ejecutivo autonómico (PP) tuvo el dudoso honor de hacer que la Comunidad fuera la que “mayor retroceso registró durante la pasada legislatura”. Esto provoca que, a pesar de que el número de beneficiarios subiera en 2015 (752 más, 4,44 %), en Aragón se siga hablando de un muy preocupante 44,5 % de dependientes reconocidos que no reciben ningún tipo de atención. Por detrás únicamente de Canarias (53,8 %).
En 2015 se ha conseguido virar el rumbo y evitar la caída libre, sin embargo, era tan crítica la situación que pasará mucho tiempo hasta que esté medianamente normalizada. Aragón es la tercera Comunidad peor valorada en esta materia según el XVI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Un 2,1 sobre 10 es su nota; solo están peor Valencia y Canarias.
Se ha pasado de un descenso de 1.313 personas beneficiarias en 2014 (-7 %), a un incremento de 752. Un leve crecimiento que, si bien ayuda a exornar las cifras, no es suficiente para voltear la delicada situación de la dependencia en una Comunidad en la que solo el 4,99 % de la población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema, por debajo de la media estatal, que se sitúa en el 7,15 %.
A 31 de diciembre de 2015 había en Aragón 43.141 solicitudes, 39.011 personas valoradas, 32.130 personas con derecho a prestación y solo 17.828 atendidas. La evolución en el número de atendidos desde 2011 es definitoria: 2011: 22.207; 2012: 20.527; 2013: 18.502, y 2014: 17.076.
En el global del país, hay 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida; de las cuales, tras nueve años de implantación de la Ley de Dependencia, un tercio no recibe ninguna prestación o servicio.
Recortes
En el dictamen señalan directamente a los recortes perpetrados en la anterior legislatura como la causa principal. Aragón, dice el estudio, tiene un gasto de 83,07 euros por habitante, “muy inferior a la media estatal que es de 113,15 euros”. Confían en que “el incremento del 11 % en los presupuestos sociales del Gobierno autónomo en 2016 pueda compensar estos recortes”.
También hacen mención a que Aragón tiene un “grave problema estructural en la gestión del Sistema, por el elevado componente de las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar frente a la prestación de servicios”. El 87,3 % del total de las nuevas atenciones en 2015, informan, han sido prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar, y solo un 12,7 % han sido nuevos servicios.
Fuente; ELDIARIO.ES
La importancia de un diagnóstico precoz en las personas mayores
Las necesidades de las personas mayores, más aún en condiciones de dependencia y enfermedad, van más allá del manejo terapéutico de un diagnóstico exclusivamente médico; de ahí que necesitemos mejorar nuestra precisión diagnóstica a través de la valoración geriátrica integral, con la inclusión de un diagnóstico funcional, cognitivo y social.
A través de la valoración por un equipo multidisciplinar formado por enfermería geriátrica, fisioterapia, psicología, trabajo social y liderado por un médico especialista en geriatría, se establece un diagnóstico cuádruple que va a permitirnos: detectar problemas médicos, psicológicos y de movilidad del paciente; identificar áreas de mejora; y diseñar un plan de cuidados con recomendaciones para mejorar o mantener la autonomía y calidad de vida del paciente.
El objetivo principal de un diagnóstico multidimensional precoz es evitar la instauración de la dependencia funcional siempre que sea posible, y en caso de que no lo sea, establecer un plan de actuación para mejorar la calidad de vida de la persona mayor, evitando la progresión de la dependencia establecida, y/o aportando los recursos sociales necesarios (teleasistencia, ayuda domiciliaria, centro de día…) para asegurar la cobertura de todas sus necesidades.
¿CUÁNDO?
La pérdida de capacidades funcionales (dificultades para relacionarse, manejar el teléfono, realizar labores del hogar, o pérdida de autonomía en el autocuidado) pueden apuntar a la necesidad de realizar una valoración geriátrica integral. Detallamos a continuación algunos problemas específicos más prevalentes, que son susceptibles de mejoría a través de la valoración multidisciplinar.
NUTRICIÓN
El requerimiento energético en personas mayores se sitúa en 30 kcal/kg/día, para asegurar la energía necesaria para llevar a cabo una actividad física normal. La pérdida de peso, de apetito o la aparición de tos al beber líquidos pueden apuntar a la necesidad de una valoración geriátrica.
MEMORIA
El avance en la edad hace que nuestro cerebro se vuelva más lento, disminuyendo nuestra capacidad para aprender cosas nuevas. En algunos casos se pueden sufrir alteraciones leves de memoria. Estos “despistes”, si son leves y no van a más, estarían dentro del envejecimiento normal.
Hemos de preocuparnos cuando los problemas de memoria, atención, lenguaje o planificación se acompañan de algún cambio en las actividades sociales, disminución del rendimiento funcional de actividades instrumentales (dificultad en la realización de la comida, mal manejo de medicación y del dinero…) y, en el caso de una enfermedad más evolucionada, dificultad para el autocuidado (problemas con la higiene, errores en el vestido, incontinencia urinaria, etc.). También es una señal de alarma la aparición de trastornos psicológicos o conductuales en el contexto de la pérdida de memoria (agitación, agresividad, apatía, deambulación errática o delirios).
LIMITACIÓN FUNCIONAL
El deterioro funcional de instauración brusca está más relacionado con haber sufrido una fractura de cadera, un ictus, o un ingreso hospitalario prolongado; y precisa una rehabilitación precoz, orientada a evitar la instauración de la dependencia.
En el caso de un deterioro progresivo de nuestras capacidades físicas, tendremos que estar atentos a: el descenso en la velocidad de la marcha, es decir, si se tarda más tiempo de lo habitual, por ejemplo, en cruzar la calle; la disminución en la fuerza de prensión (caída de objetos de la mano); la dificultad para levantarse de una silla cinco veces sin usar los brazos; y la pérdida de equilibrio en la marcha, o caídas de repetición.
Fuente: Deia
