Dependencia
AERTE plantea una colaboración público-privada eficaz para generar empleo y atender los retos sociosanitarios de forma viable
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana mantuvo ayer una reunión con el Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Turismo, Rafael Climent. AERTE trasladó al Conseller el hecho de que la atención a la dependencia es un sector económico estratégico que crea empleo constante, especialmente femenino, tanto directo como indirecto.
La junta directa de la asociación expuso la necesidad de potenciar una colaboración público – privada eficaz. Según ha manifestado hoy José María Toro, director general de AERTE, “es una colaboración posible porque es viable económicamente y sostenible para el sistema, además de ser clave para atender un gran número de personas que necesitan atención socionsanitaria profesional. Volumen que se incrementará con creces en los próximos años por el aumento del envejecimiento de la población con las consecuencias sociosanitarias que ello implica”.
En ese sentido, la asociación recalcó que el sector puede ofrecer al sistema potentes soluciones en tres direcciones: la excelencia en los servicios prestados a través de profesionales, la creación de empleo y la reducción del déficit público. Cada nueva plaza sociosanitaria ocupada implica la creación de una gran cantidad de empleo directo, en concreto uno por cada dos plazas tal y como marca la propia normativa, e indirecto de forma inmediata. Un empleo muy flexible y de imposible sustitución por los avances tecnológicos. Además, el sector genera retornos presupuestarios positivos en el mismo ejercicio en el que se crean las plazas por diferentes vías: reducción del gasto en prestaciones por desempleo, farmacia y sanitario, incremento de la recaudación tributaria y de la seguridad social, etc.
Por tanto, es un sector que se debería potenciar dentro de una nueva política económica de desarrollo de la Comunidad Valenciana, ya que, posiblemente es el único que posibilita beneficios sociales inherentes al mismo y mejoras de los ratios de empleo, al mismo tiempo que no genera más déficit público.
AERTE también hizo hincapié en que la colaboración público-privada eficaz logra liberar servicios sanitarios para permitir un uso eficiente de los recursos existentes. Por ejemplo, en la utilización de recursos sociosanitarios para las cuestiones relacionadas con enfermos crónicos, convalecientes o necesitados de actividades rehabilitadoras la Administración puede obtener un gran ahorro en el sector sanitario.
En esta línea, la asociación más representativa de la atención a personas dependientes insistió en ventajas añadidas: no es necesario nuevas inversiones en infraestructuras; las residencias ya están en activo y la Comunidad Valenciana dispone de una red asistencial muy amplia y de calidad equiparable a la de los países europeos más avanzados.
Por último, señaló que: lograr estos objetivos de la manera más óptima posible, económicamente hablando, dependerá de la política de inversiones en los recursos sociales que se lleve a cabo, ya que primar servicios profesionales y especializados tiene una mayor repercusión positiva sobre el empleo y los retornos económicos. Al tiempo, un modelo de concertación abierto y que prime la libre elección de usuarios, alcanzado por tanto al mayor número de operadores, conllevaría un mejor retorno de la inversión posible.
El Tribunal Constitucional refrenda los recortes en Dependencia
El Gobierno central sí tenía derecho a reformar la Ley de Dependencia y establecer los recortes en la financiación que fijó a través del Real Decreto Ley 20/2012. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia que recoge el BOE de este lunes sobre el recurso que presentó Cataluña contra los recortes en dependencia introducidos por este decreto. Concretamente, la citada norma estableció en varios de sus artículos una reforma que implicó, entre otras medidas, el retraso de las ayudas a los dependientes moderados de grado I hasta 2015, la reducción de la cuantía de prestaciones por cuidados familiares, la eliminación de los niveles intermedios de dependencia dentro de cada grado, la incorporación de nuevos copagos por dependencia y el establecimiento de incompatibilidades en el cobro de distintas ayudas.
Contra estas medidas Cataluña presentó un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias autonómicas en el que alegó además que la vía por la que se habían establecido estas medidas, el Real Decreto Ley 20/2012 exigía de una situación de urgencia que no se daba en la práctica. Cataluña argumentaba que las competencias estatales «cuando se incide en un ámbito material de exclusiva competencia autonómica como la asistencia social» la regulación estatal «ha de tener una menor intensidad o grado» y no menoscabar las competencias de las autonomías.
A esta argumentación, el Abogado del Estado contestaba en la sentencia explicando que parte del objetivo de la reforma legal era «perseguir una homogeneidad en los servicios que reciban las personas dependientes» lo que «evitará desigualdades entre comunidades autónomas y supondrá sin duda un ahorro».
Vistas las dos argumentaciones, el Tribunal Constitucional ha concluido que efectivamente el Gobierno central sí tenía competencias para los recortes acometidos y ha detallado en su sentencia que «desde la perspectiva el control externo que nos corresponde, podemos concluir que la definición de la extraordinaria y urgente necesidad, que fundamenta la aprobación de las normas controvertidas, es explícita, razonada y concreta, no se realiza mediante fórmulas rituales o genéricas, aplicables de modo intercambiable a todo tipo de realidades, sino por referencia a una situación de recesión y de crisis económica y financiera, real y conocida, y a la exigencia de cumplimiento de unos compromisos internacionales de déficit igualmente notorios, que tienen por objeto atender a lo que cabe calificar como una coyuntura económica problemática, -en los términos expresamente aceptados por la doctrina constitucional».
Además, el Constitucional estima que «sin adentrarnos en el juicio político que este Tribunal tiene vedado, debemos apreciar la conexión de sentido de las medidas impugnadas con la situación de urgencia definida, pues todas ellas buscan, de uno u otro modo, redefinir el sistema de atención a la dependencia en la forma que el Gobierno ha considerado necesaria para asegurar su sostenibilidad, pues se orientan, fundamentalmente, a generar ahorros inmediatos en el gasto público dedicado a dependencia».
Fuente: Diario Médico
Casi 400.000 dependientes están a la espera de recibir las prestaciones reconocidas por la Ley
Nueve años después de que se aprobara la Ley de Dependencia (LAPAD) un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio. Además, desde el año 2012, más de 125.000 personas han fallecido sin recibir la ayuda reconocida por el Estado. Así lo certifica el XVI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, presentado esta mañana por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Según este informe, en España hay más de 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida, 100.000 menos que hace cinco años. Del total de las personas que se encuentran en esa situación, solo dos tercios están recibiendo la atención indicada en la Ley, mientras que el resto se encuentra desatendida a la espera de recibir las prestaciones.
«La dependencia es un problema de Estado al que el Partido Popular le ha dado la espalda» ha afirmado Jose Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación, quien asegura que las medidas adoptadas por el último Gobierno han supuesto un retroceso en el desarrollo de la Ley de Dependencia.
No obstante, en el año 2015, se ha producido un incremento significativo de las personas atendidas, dato que coincide con la entrada al sistema de los dependientes «moderados», quienes después de ocho años de espera fueron incluidos en la Ley el pasado 1 de Julio.
Se incumple la financiación
En cuanto al modelo de financiación, el dictamen señala que la Administración General del Estado ha incumplido lo previsto en la Ley, según la cual debería de aportar el 50% del gasto público destinado a la dependencia. La Asociación acusa a la Administración de «abandono» y considera que el sistema de financiación es «insostenible» para los gestores autonómicos, quienes aportan el 77,4% del gasto, frente al 22,6% del gasto estatal. La aportación de los usuarios se estima en un 20% sobre el total del gasto, lo que provoca una situación de copago, que no está al alcance de muchas familias.
El informe destaca el gran impacto de las medidas de recorte de la última legislatura que ascienden a 2.865,3 millones de euros. Frente a estos datos, Luis Barriga Martín, socio fundador de la Asociación, asegura que la Ley de Dependencia es «absolutamente rentable desde el punto de vista económico» debido a su sorprendente capacidad de creación de empleo. Los datos demuestran que la Ley ha generado 35 empleos directos por cada millón de gasto público y una tasa de retorno del 38,3%.
Respecto a las comunidades autónomas, se mantienen grandes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Andalucía, Castilla y León y Cantabria mantienen altos porcentajes de personas beneficiarias de la Ley, frente a comunidades como Aragón, Canarias, o la Comunidad Valenciana, cuyo porcentaje de beneficiarios se sitúa separado más de tres décimas de la media estatal. Además, únicamente seis comunidades autónomas aprueban en la escala de valoración de la dependencia elaborada por este organismo.
«Debe de haber un Pacto de Estado concreto que incluya a la Ley de Dependencia» han señalado los ponentes en relación al acuerdo firmado el pasado miércoles entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Para la asociación, las medidas del acuerdo en relación a la dependencia son demasiado genéricas. «El sufrimiento de los dependientes es de tal magnitud que ya no valen sólo las palabras» afirma su presidente quien exige que el primer punto del pacto sea el verdadero cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Fuente: eldiario.es
Cada día es más difícil desvincular el servicio doméstico de la ayuda a domicilio a dependientes
‘La ayuda a domicilio como servicio de proximidad en el contexto social actual’ es el título de la tesis doctoral de Mª Luisa Revuelta, profesora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, en cuyo trabajo de investigación se recoge la situación vigente de los servicios de proximidad y de la ayuda a domicilio que reclaman familiares dependientes.
Este trabajo, dirigido por Susana Rodríguez Escanciano, catedrática de Derecho del Trabajo y S.Social, y calificado de Sobresaliente ‘Cum Laude’ por el tribunal formado por Josefa Cantero Martínez (Universidad de Albacete), Juan Carlos García Quiñones (Universidad Complutense de Madrid) y Mª Jesús Domínguez Pachón (Universidad de León) surgió –como explica su autora- “ante la preocupación que me suscita como Trabajadora Social el hecho de que quienes necesitan ayuda, la puedan recibir en las condiciones más humanas y profesionales posibles. Soy plenamente consciente de que los servicios sociales institucionales, principalmente los centros residenciales, no pueden desaparecer, pero quisiera manifestar mi deseo de que las personas permanezcan el mayor tiempo posible en el que ha sido su medio habitual. De aquí surge la inquietud por los servicios de ayuda a domicilio”.
El estudio desgrana como principales objetivos de este servicio, evitar el internamiento innecesario de personas que con una alternativa adecuada pueden permanecer en su medio habitual, favorecer el desarrollo de sus capacidades personales, atender situaciones de crisis personal o familiar y potenciar las relaciones sociales con su entorno comunitario. En este sentido, Mª Luisa Revuelta destaca que a través de la investigación “las personas manifiestan abiertamente su preferencia por mantenerse en el que ha sido su medio de vida el mayor tiempo posible, pues este hecho les facilita sus relaciones sociales y aporta mayor calidad de vida”.
Pese a estas preferencias el servicio “se ve amenazado por la dificultad de prestarse en el medio rural y por su encarecimiento al comprobar que se trata de personas que necesitan mayor nivel de dependencia”. Esta necesidad de un mayor número de horas de atención concluye que “ya no es posible su consideración como opción más económica que la residencial”. A esto se une el proceso de crisis económica en el que se desarrolla la Ley de Dependencia donde se ha sometido a continuos ajustes y reducciones de horas del servicio “y esto ha repercutido negativamente en las personas dependientes”, concluye Revuelta.
“Habrá mayor presencia de hombres como cuidadores familiares”
La Ley de Atención a las personas en situación de Dependencia contempla que una de las figuras principales que integran el equipo de este servicio asistencial, es el Auxiliar de Ayuda a Domicilio, una persona encargada de realizar en colaboración con la familia, todas las actividades cotidianas que la persona dependiente no puede hacer.
A juicio de María Luisa Revuelta, esta profesionalización y formación “ha sido un gran reto que se ha logrado gracias a la constante exigencia de que las personas tuvieran el correspondiente certificado de profesionalidad”.
Sin embargo, el Servicio de Ayuda a Domicilio amparado por la Ley de Dependencia choca en la actualidad con los denominados servicios domésticos y cuidado de personas, llegando incluso a ser equiparados, “de manera que cada vez se hace más difícil desvincular el servicio doméstico de la ayuda a domicilio, y esto supone un riesgo en las prestaciones de atenciones personales ya que quienes las realizan no cuentan con la cualificación requerida, pero las familias se ven obligadas a ello por el abaratamiento de costes”.
La tesis doctoral alude además a la dificultad de implantar políticas de igualdad en la asistencia a domicilio “pues siempre se atribuye a las mujeres su desempeño, aunque la realidad actual conllevará un cambio en el perfil del cuidador familiar y la incorporación de la mujer al mercado laboral unido a otros factores de diversa índole hacen predecir un cambio de roles y una mayor presencia de hombres”.
Fuente: León Noticias
Una herramienta para la Evaluación de la Atención Centrada en la Persona, ACP
El enfoque centrado en la persona en Gerontología: nuevas evidencias de validez del Cuestionario de Atención Dirigida a la Persona para la Evaluación de Profesionales.
Esta prueba, de origen norteamericano, ha sido adaptada y validada para población española y los resultados obtenidos permiten su utilización tanto en residencias como en centros de día. El estudio de sus propiedades psicométricas en una muestra de residencias españolas acaba de ser publicado en la International Journal of Clinical and Health Psychology.
La atención centrada en la persona es un enfoque innovador que busca mejorar la calidad asistencial de los servicios para personas mayores que precisan cuidados. Ante el creciente interés hacia este enfoque es necesario contar con instrumentos de medida que permitan evaluar en qué grado los servicios gerontológicos llevan a cabo una atención centrada en la persona. El objetivo de este trabajo es la adaptación y validación del Staff Assessment Person-directed Care (PDC) en población española. Se llevó a cabo la traducción y adaptación del PDC al español y se aplicó a una muestra de 1.339 profesionales de atención directa, pertenecientes a 56 residencias para personas mayores. La evaluación se realiza a través de la respuesta de los profesionales de atención directa a un total de 50 ítems. Se obtiene una medida total en ACP, además de puntuaciones en sus 8 factores: autonomía, perspectiva de la persona, conocimiento de la persona, bienestar en los cuidados, relaciones sociales, ambiente personalizado, profesionales de atención directa y organización.
La versión espanola del PDC confirma los resultados encontrados en otras poblaciones, presentando unas excelentes propiedades psicométricas para su uso en la evaluación de residencias de personas mayores, tanto con fines profesionales como de investigación.
La ACP es un enfoque escasamente aplicado hasta ahora en los servicios gerontológicos españoles; sin embargo es un aspecto clave en la calidad asistencial que cuenta con un amplio respaldo internacional tanto en el campo de salud como en el de cuidados a las personas dependientes. Propone una atención que sitúa a las personas mayores en el centro de los servicios, frente a otros intereses u objetivos, apoyando que éstas puedan seguir teniendo control sobre su vida y cuidados cotidianos.
Aurelia Jerez: «Necesitamos un gran Pacto de Estado por la Dependencia para volver a poner en marcha algo que está casi destruido»
Aurelia Jerez tiene un hijo de ocho años, uno menos de los que ha cumplido la Ley de Dependencia en enero. Su pequeño Alberto padece el síndrome de Pitt-Hopkins, una mutación del cromosoma 18 de la que sólo hay cuatro casos en España y 150 en todo el mundo. «No anda, no habla, no tiene control de esfínteres y es prácticamente ciego», confiesa su madre. La lucha en casa es diaria, pero también lo es fuera de ella.
Acaba de asumir la presidencia de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y de la Coordinadora Estatal en sustitución de José Luis Gómez-Ocaña. ¿Qué testigo recoge de su antecesor en el cargo?
Ha dejado el listón muy alto. Fue el creador de la plataforma en Castilla-La Mancha y se ha dejado el alma y la piel en este proyecto. Lo conseguido hasta ahora ha sido, en gran medida, gracias a su esfuerzo. Espero estar a la altura y agradezco al resto de representantes de las plataformas agrupadas en la coordinadora estatal que hayan depositado su confianza en mí para continuar con esta labor.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia está destinada a ser el cuarto pilar del Estado de bienestar pero, a juzgar de algunas situaciones, la realidad es que ha estado cerca de convertirse en un derecho en vías de extinción. ¿En qué punto nos encontramos?
La Ley de Dependencia surgió en un primer momento como un derecho subjetivo hacia las personas más vulnerables que tiene la misma consideración legal que las pensiones de los jubilados, los subsidios de los desempleados y los sueldos de los funcionarios. Desafortunadamente, el Gobierno de Rajoy no lo entendió así y, a unos meses antes de llegar al poder, en el año 2011, ya decía que no era viable. Efectivamente, la acabó haciendo prácticamente inviable. No la derogó, porque le daba vergüenza hacerlo y porque, ante la opinión pública, hubiera quedado bastante mal. Pero ha ido recortando los presupuestos a la espera de que le ley muriera sola. Esperamos en el futuro un Gobierno central con una sensibilidad social distinta para que vuelva a ocupar el lugar que no debió dejar nunca.
De hecho, la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español presentó en agosto una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra Rajoy por incumplir la norma.
Así fue, pero la Fiscalía General del Estado entendió que no había ningún tipo de delito y la echó atrás. Acatamos su decisión, aunque a veces la Justicia no nos parezca justa.
Con tres años de retraso sobre lo previsto, los dependientes moderados se incorporaron al sistema el pasado mes de julio. Y eso ha aumentado de manera considerable la lista de espera. Pero, en el llamado «limbo de la dependencia» sigue habiendo personas cuya situación revista mayor gravedad sin su programa de atención individual (PIA). ¿Tiene solución este atasco?
Tenían que haberlo hecho en enero de 2012. Más de 400.000 personas que han sido valoradas con grado I han entrado a formar parte del sistema de Dependencia en el mes de julio de 2015 con una incorporación más o menos dudosa, según la región en la que viven. Están en el limbo, sin saber que hacer con ellas. Hay muchísimos dependientes grado II (severos) y III (grandes dependientes) que aún no han recibido una prestación económica o un servicio pese a tenerlo reconocido. A todos ellos hay que sumar los 127.000 que durante la pasada legislatura fallecieron esperando. No queremos acusar al Gobierno de haber provocado sus muertes, pero sí es cierto que podrían haberse ido de una manera mucho más digna.
La Consejería de Bienestar Social ha contratados a nueve profesionales (dos valoradores, tres auxiliares administrativos y cuatro técnicos PIA) para engordar la plantilla hasta los 34 trabajadores. ¿Son suficientes?
Es el paso para desatascar las lista de espera, porque la verdadera herencia que nos ha dejado el Gobierno de Cospedal son miles de expedientes sin siquiera mecanizar. El ejecutivo actual lo tiene que solucionar, pero con unos presupuestos tan complicados le va a resultar lento y farragoso. A, pesar de ello, la diferencia con los anteriores, en cuanto a Dependencia se refiere, es abismal. Será de 166,2 millones de euros, 70 más que los 96 millones del presupuesto de 2015. Casi se ha duplicado y eso es una grata noticia.
¿Le parece farragoso el protocolo que se sigue desde la presentación de la solicitud a la concesión de la ayuda?
Uno de los planteamientos que hemos hecho a la Consejería de Bienestar Social es que, ante una enfermedad degenerativa o una gran dependencia, lo primero que hay que hacer es valorar un grado de discapacidad que no tiene nada que ver con el de dependencia. En los casos en los que esa discapacidad genera una clara dependencia, el expediente debería de iniciarse en el mismo momento en el centro base, donde hay médicos, trabajadores sociales, psicólogos…
Están trabajando para devolver los derechos a los dependientes cuyas prestaciones o grados han sido rebajados como consecuencia de una legislación que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declaró nula. ¿Eso le complica aún más al Gobierno de García-Page?
Ese es otro problema. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) declaró nula de pleno derecho la Orden del 29 de julio de 2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos sociales . Y eso le lleva a tener que revisar los miles de expedientes (más de 20.000) que se vieron afectados a la baja.
Los recortes llevaron a un sistema de atenciones low cost, que los dependientes empezaron a denunciar ante una retirada de la prestación económica, que trataban de compensar con un aumento de las horas de asistencia a domicilio. ¿Había informes técnicos que así lo avalaran?
No. Por fortuna, el TSJCM nos dio la razón, porque llevaban años haciendo revisiones de oficio ilegales con el único fin de eliminar derechos al bajarles de grado o reducirles la ayuda, cuando las circunstancias de la mayoría no habían variado ni un ápice.
¿Cuáles son los casos más sangrantes con los que se ha encontrado?
Para mí el más sangrante ha sido el de Jomian Leonel, un niño de 13 años con un grado de minusvalía del cien por ciento para el que el Gobierno de Cospedal no le reconoció el derecho a la prestación económica por ser cuidado en su domicilio. Su madre tenía que justificar el agua que bebía para poder llegar a una ayuda económica de 387 euros. Al final, fue obligada a trabajar a más de cien kilómetros de su hijo, al que no vio ni siquiera morir. A la primera persona a la que llamó fue a mí.
¿Qué recortes ha llegado a sufrir en su caso?
Mi hijo es gran dependiente y tiene una prestación de cuidados en el hogar que, en un primer momento, era de 520 euros. A esa cantidad había que unir mi cotización a la Seguridad Social. Con la llegada al poder del Gobierno del PP, la ayuda se vio reducida en un 15 por ciento, a 442 euros, y dejé de cotizar como tantas otras personas. Ahora la cotización es voluntaria. También se eliminó un acuerdo por el que cotizaban por nosotros 56 euros para darnos derecho a la pensión mínima de jubilación. Ahora si nosotros la queremos pagar son 200. Y el 90 por ciento de los cuidadores pues nos hemos negado (en la provincia había 156 a finales de 2015). Lo que no podemos hacer es coger ese dinero de las prestaciones que recibimos y que van orientadas al pago de pañales, terapias, medicinas…
¿Qué opinión le merece el nuevo Decreto del Catálogo de Prestaciones, Intensidades y Compatibilidad del Sistema de Protección de la Dependencia en Castilla-La Mancha?
Nos hubiera gustado que hubiera profundizado más en la eliminación de incompatibilidades, pero para nosotros es un paso bastante importante porque hasta este momento todas las ayudas eran compatibles entre sí a excepción de la prestación de cuidados en el entorno familiar, con la paradoja de que podías encontrarte un grado un grado III (gran dependiente) que, tras los recortes de Cospedal, tuviera una ayuda económica de 190 euros sin derecho a una prestación vinculada al servicio para poder recibir terapias.
Entonces, ¿hay una buena sintonía con el nuevo Gobierno regional? ¿Cuáles son sus sensaciones?
El primer Consejo de Gobierno que se hizo en Castilla-La Mancha después de las elecciones fue un monográfico de Dependencia al que nos invitaron. Nos hemos sentido arropados desde un primer momento y hemos mantenido varias reuniones con la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra. Presentamos 25 adendas y, aunque algunas no han sido aceptados, el simple hecho de poder sentarte en una mesa y dialogar ha sido un gran avance. En la última reunión, el pasado día 4, nos dijeron que nos van a hacer llegar los datos por provincias, porque el Imserso sólo los ofrece por regiones. Y el 22 nos incluyeron en una reunión del grupo de trabajo de Mayores, Discapacidad y Dependencia.
«Nuestra sociedad aún no se ha dado cuenta de que dependientes vamos a ser el cien por cien de la población», aseguraba recientemente en una entrevista. ¿Por qué cree que aún falta sensibilidad?
Por edad, accidente o enfermedad vamos a ser dependientes todos, a excepción del que tenga una muerte instantánea. La sociedad no lo termina de entender. Ve la dependencia como algo que le pasa siempre al otro y no lo vive en carne propia. Pero eso con el tiempo va a ir cambiando. Falta sensibilidad y sensibilización, porque es una ley muy nueva y no está tan arraigada como puede ser la educación y la sanidad pública y universal. Hacerla llegar a la sociedad son años.
Como presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, ¿qué le pide al nuevo Gobierno central?
Hace unos días hicimos público un comunicado en el que se pedía a los partidos políticos altura de miras para empezar a revertir todos los recortes sociales efectuados en una legislatura que todos tenemos ganas de olvidar. Ha sido un verdadero desastre para las personas en situación de dependencia. Esperamos una mayor equidad entre el Gobierno central, que aporta en estos momentos aporta el 17 por ciento del presupuestos, y las distintas autonomías, que están asfixiadas. Necesitamos un gran Pacto de Estado por la dependencia para acabar con las desigualdades existentes entre regiones. Queremos una cartera de servicios unificada, los mismos criterios para las valoraciones en todas las autonomías y la recuperación de la cotización de los cuidadores familiares, a los que hay que formar. En definitiva, que se vuelva a poner en marcha algo que está casi destruido.
¿Cómo está Castilla-La Mancha con respecto al resto de autonomías de España?
El Gobierno de Cospedal inició la legislatura con un 9,5, mérito del equipo de Barreda. Según el Observatorio de la Dependencia estábamos a la cabeza del país, pero la última nota concedida fue un suspenso. No llegamos ni al cinco. El recorte presupuestario y la aplicación de la Orden del 29 de julio de 2013, que sólo ha traído sufrimiento, la ha dejado por los suelos.
¿Qué metas se ha fijado al frente de las plataformas de la región y del país?
En la región espero que se vayan ampliando progresivamente los presupuestos destinados a servicios sociales, porque hay zonas rurales con muchísimos dependientes. En el conjunto del país mi meta es conseguir un gran Pacto de Estado por la dependencia, en la que todos los partidos y las autonomías se vean implicados para que la dependencia cale en la sociedad como un derecho social y no como una ayuda que cuando hay dinero, se da, y cuando no lo hay, se quita.
Fuente: LaTribunadeCiudadReal.es
El Comité de Empresa denuncia la situación de centros dependientes de Bienestar Social en Cuenca
Los representantes de los trabajadores critican que faltan tres auxiliares en la residencia ‘Las Hoces’ de Cuenca y que es necesario personal en la residencia de mayores de Priego.
Desde el Comité de Empresa de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Cuenca han emitido una nota de prensa para hacer pública la situación que se arrastra en varios centros dependientes de este organismo.
Concretamente en la residencia de Mayores ‘Las Hoces de Cuenca’, en la capital de la provincia, denuncian una sobrecarga en la plantilla de trabajadores debido a la no cobertura de plazas tanto vacantes como en situación de baja laboral.
Según el Comité de Empresa, actualmente existen tres plazas de Auxiliar Sanitario que están sin cubrir, además de otras tantas de personal de limpieza», señalaron. Desde el Comité de Empresa se hizo hincapié en que «estas plazas de Auxiliar Sanitario, según marca el Convenio Colectivo vigente para el personal laboral de la Junta, son de cobertura urgente por el trato directo que se tiene con las personas, en este caso personas con una gran dependencia».
Por otro lado también los representantes del Comité de Empresa denunciaron la grave situación que se vive en el Centro de Mayores de Priego, dependiente igualmente de la administración regional, y que se alarga ya desde hace siete meses.
«Es un centro de trabajo, con el mínimo de personal, dos ordenanzas, dándose la situación que uno lleva de baja laboral ya siete meses, sobrecargando al otro compañero que está activo y a la Dirección del Centro», comentaron; al tiempo que añadieron que «se ha tenido que ajustar el horario del Centro a esta situación, debiendo cerrar dos días en semana por las tardes, por lo que los usuarios se han visto afectados por el cierre del mismo a la hora de realizar sus actividades»
Por último, los representantes legales de los trabajadores en la Dirección provincial de Bienestar Social insistieron en que «no es un tema de reivindicaciones salariales, sino de solucionar cuestiones sencillas, que en el fondo es defender un adecuado servicio a las personas que lo precisan, y en este caso son sobre todo personas mayores». Y confiaron que se resuelvan, lo antes posible, estos problemas cotidianos que se dan en los centros de trabajo dependientes de la administración regional.
Fuente: Vocesdecuenca.es
Barcelona acogerá, entre los días 27 y 30 de abril, la 18 edición de la FiraGran
El evento tratará de ser punto de encuentro y espacio de debate para los mayores y los profesionales del sector senior.
El Museo Marítimo de Barcelona acogerá en el mes de abril el Salón de las Personas Mayores de Cataluña, más conocida como la FiraGran.
El evento, que cumple su 18 aniversario, se celebrará, concretamente, en la Sala Marqués de Comillas entre los días 27 y 30.
La feria procurará ser, como cada año, un punto de encuentro de carácter activo y participativo tanto para las personas mayores como para los profesionales del sector.
Durante el mismo, se celebrarán más de 400 actividades, la mayoría de ellas organizadas por el colectivo senior. Estas se ejecutarán en diversos espacios temáticos que irán desde la música y el deporte hasta las manualidades, pasando por los talleres y foros donde los participantes podrán poner en común sus intereses.
La FiraGran se llevó a cabo por primera vez en 1999, coincidiendo con la celebración del año internacional de las personas mayores. Desde entonces, esta iniciativa trata de mantener su filosofía primigenia. Esta comprende, además de las características esbozadas líneas atrás, la intención de constituir un foro donde poner a debate los temas que más preocupan a los mayores, además de un espacio para que estos puedan recibir asesoramiento en diversos aspectos de interés.
Igualmente, el evento que acogerá la Ciudad Condal se caracterizará por ser un escaparate para los servicios, productos y tecnologías ideados y dirigidos a mejorar la calidad de vida de los protagonistas de la feria.
La felicidad en las personas mayores, ¿actitud positiva o estado de salud?
• Una iniciativa desarrollada en todos los centros residenciales de Sanitas para favorecer un envejecimiento saludable y feliz
• Los 5.000 usuarios de Sanitas Mayores y sus familiares podrán compartir su receta de la felicidad
• Los centros ponen en marcha un programa especial de actividades para promover momentos felices
Con el objetivo de fomentar un envejecimiento saludable y feliz, Sanitas Mayores ha puesto en marcha en todos sus centros la iniciativa “Nuestra mayor felicidad”. A través de ella buscará la receta de la felicidad entre sus más de 5.000 residentes y sus familiares a la vez que pone en marcha un programa especial de actividades dirigido a promover los momentos de felicidad.
Desde hoy y hasta el 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad, se invitará a los residentes y familiares a compartir sus consejos para alcanzar la felicidad. Con las respuestas recopiladas en este tiempo, Sanitas Mayores editará un vídeo para hacer llegar la experiencia y opinión de los participantes al máximo número de personas a través de las redes sociales.
“La felicidad en la madurez puede depender en muchas ocasiones más de una actitud positiva que del estado de salud. Por eso es tan importante favorecer un pensamiento positivo en los mayores que ayude a afrontar y minimizar los problemas de salud asociados a la edad” explica el doctor David Curto, jefe de Gestión Asistencial de Sanitas Mayores.
Junto a la búsqueda de la receta de la felicidad, los centros van a realizar distintas actividades tanto terapéuticas como de ocio que ayuden a experimentarla. Entre ellas, talleres de reminiscencia para recordar los momentos más felices de la vida; tardes de baile, sesiones de cine, talleres de belleza y la realización de murales temáticos. También la gastronomía estará muy presente en la iniciativa para lo que se trabajará en los platos favoritos de los residentes; se realizarán degustaciones de chocolates y repostería especial; y se montará un “Carro de la Felicidad” para repartir meriendas especiales.
El plan de atención y vida dentro de la ACP
Teresa Martínez
Nuevo post del blog de *Teresa Martínez experta psicogerontóloga.
Con esta nueva entrada que nos ofrece en su blog “La atención centrada en la persona, un camino por recorrer”, la Dra. Martínez prosigue enriqueciendo el enfoque gerontológico de la atención centrada en la persona.
Comienza así: “El plan individualizado de atención (plan personalizado o de cuidados) es una metodología ampliamente utilizada en los servicios de cuidados de larga duración a personas mayores. Su principal propósito, como su propio nombre indica, es planificar una atención individualizada para las personas usuarias coordinando las actuaciones/intervenciones técnicas.
Cabe destacar que esta metodología se ha convertido en uno de los requisitos de índole organizativo- funcional habitualmente exigidos por las diferentes normativas españolas que regulan la autorización y acreditación de residencias, centros de día o servicios de ayuda en el domicilio”. …….
Lectura completa del post: http://acpgerontologia.blogspot.com.es/
*Psicóloga. Dra. en Ciencias de la Salud y experta en gerontología social. Autora de distintas publicaciones técnicas y científicas relacionadas con la gerontología aplicada y la discapacidad. Entre sus publicaciones en relación a la Atención Centrada en la Persona cabe destacar: La atención gerontología centrada en la persona, guía para profesionales (2011); Avanzar en atención gerontológica centrada en la persona, instrumento para la revisión participativa (2013); Modelo de atención centrada en la persona, cuadernos prácticos (2014), Cuidar, cuidarse y sentirse bien: Guía para personas cuidadoras según el modelo de atención integral centrada en la persona (2015) y Atención centrada en la persona. Sus aportaciones al cuidado de personas con Alzheimer (2015) y de la reciente investigación sobre la Atención Centrada en la Persona en residencias y centros de día españoles. Creadora de la web www.acpgerontologia.com para la difusión de los modelos afines a la ACP.
El Gobierno quiere ocultar información sobre el Sistema de Dependencia, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad quiere ocultar información sobre el Sistema de Atención a la Dependencia con una nueva estadística y pide al nuevo Congreso de los Diputados y a las comunidades autónomas que lo eviten.
Según indica esta organización en un comunicado, el nuevo sistema no incluye información «tan básica» como las altas y bajas que se producen, especificando sus motivos, los tiempos de espera para la resolución de las solicitudes o los datos económicos de financiación del sistema y del copago. «Con ello se oscurece por completo información relevante, impidiendo constatar los efectos de los recortes que se han llevado a cabo en la actual legislatura», alerta.
Para esta asociación, la nueva estructura y contenidos de la Estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con los datos que presentará el ministerio en este mes de febrero, se basa en un acuerdo del año 2014 que aprobó la Comisión Delegada, en la que participan las comunidades autónomas.
Sin embargo, estos directores y gerentes recuerdan que los representantes autonómicos «han cambiado desde mediados del año pasado», y, desde entonces, «el ministerio no cuenta con mayoría en esta comisión» y «se ha limitado a informar por carta» a las comunidades sobre cómo serán publicados los datos correspondientes a este mes.
El Consejo Territorial de la Dependencia, según recuerda, «rechazó» la Evaluación del Sistema de Atención a la Dependencia en 2014 que presentó el ministerio porque «no ofrecía los datos reales» de gestión económica –aportación de las CCAA a través de certificado de gasto– o los datos de bajas en el sistema –solo se publican las altas–, entre otros.
En la nueva propuesta, esta organización asegura que se presenta «prácticamente la misma información» que ya fue rechazada, con nuevos gráficos y «de forma absolutamente sesgada y tendenciosa para presentar una interpretación positiva del balance del Sistema».
AERTE inicia la quinta edición del Curso de Directores de Centros Sociales
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) pone este mes en marcha su quinta edición del “Curso Superior de Directores de Centros de Servicios Sociales”.
Homologado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana, está dirigido a directores, gerentes, responsables de centros de servicios sociales y a aquellos profesionales que necesiten cumplir con los requisitos del Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Cabe recordar que según la resolución de 2 de diciembre de 2008 y de 3 de noviembre de 2015 (BOE Núm. 274) de la secretaría de estado de Política Social, los directores y directoras de los centros deberán contar con titulación universitaria y haber realizado formación complementaria en dependencia, discapacidad, geriatría, gerontología, dirección de centros residenciales, u otras áreas de conocimiento relacionadas con el ámbito de atención a la dependencia, salvo en los puestos ya ocupados, en los que el director o directora tendrá como mínimo tres años de experiencia en el sector y contará con la formación complementaria anteriormente reseñada.
En este sentido, el objetivo del curso se enfoca a ofrecer los conocimientos necesarios para ejercer las competencias claves en la dirección, gestión y administración de centros sociales. Se impartirá de febrero a julio, y se compone de 23 sesiones lectivas, 300 horas (180 presenciales) organizadas un día a la semana: los martes en Valencia y los miércoles en Alicante, en las sedes de AERTE.
Profesionales especializados de reconocido prestigio impartirán cada una de las materias: Geriatría y gerontología, gestión de recursos humanos, habilidades directivas, gestión económico-financiero; responsabilidad social corporativa, dirección técnica de centros, asistencia social y dependencia, calidad en la prestación de los servicios y, por último, salud laboral y prevención de riesgos laborales. AERTE además ofrece un máximo de cinco becas parciales a personas desempleadas e inscritas en el Servef para este curso.
AERTE propone medidas para el desbloqueo de las plazas concertadas de personas mayores
– Entre las medidas se planeta una reunión de urgencia entre todos los agentes del sector para establecer las bases de un nuevo modelo de concertación de plazas. Por otra parte, propone que hasta que se ponga en marcha dicho sistema se permita a las personas dependientes que obtengan una plaza concertada, la libre elección de centro entre todos los acreditados.
– Otra sentencia del TSJCV conocida ayer, también declara ilegal la exclusividad de las plazas concertadas de accesibilidad del segundo tercio y rechaza la responsabilidad patrimonial de la Generalitat por supuesto incumplimiento del contrato
Ante la decisión tomada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana de paralizar los nuevos expedientes de ingreso de usuarios en las plazas que integraban el segundo tercio de accesibilidad social, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), propone una serie de medidas para reconducir la situación actual garantizando al mismo tiempo el máximo respeto por las personas atendidas en los centros y el cumplimiento de los extremos recogidos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) del pasado trece de enero, que declaraba ilegal la exclusividad de las plazas concertadas de accesibilidad del segundo tercio.
Esta decisión de la Conselleria, coincide además con otra sentencia del TSJCV, la número 13-2016 conocida ayer, que reafirma la interpretación de que la exclusividad de plazas sólo afectaba al tercio del contrato original y rechaza la responsabilidad patrimonial de la Generalitat por supuesto incumplimiento del contrato.
Las propuestas son:
- La asociación más representativa del sector de atención a la dependencia propone, como siempre ha defendido desde hace varios años y con el fin de no perjudicar los derechos de los dependientes, que todas las personas que se encuentren en un centro de accesibilidad social, conforme a la derivación de plazas del segundo tercio declarado contrario a derecho, permanezcan en los centros en los que se encuentren en la actualidad.
En los centros de AERTE se ha vivido de primera mano el trastorno y los inconvenientes que supone para una persona mayor que ya se encuentra adaptada al entorno de una residencia el traslado a otra, como ha ocurrido en tantas ocasiones cuando personas han sido enviadas de forma obligada, para no perder el derecho a una plaza pública, a las plazas concertadas irregulares de accesibilidad social, por lo que desea que no se vean afectadas de ninguna manera.
No obstante, en el caso de que una persona que se encuentre en esos centros solicite de manera voluntaria el cambio, este se debería llevar a cabo. Así se podrá poner solución a los casos en los que las personas se han tenido que alejar de su entorno por la que la resolución les obligaba a ello.
- AERTE ha solicitado a la Conselleria que se convoque inmediatamente una reunión de urgencia a las entidades representativas del sector para establecer las bases de un nuevo proceso de concertación que regularice esta situación y permita poner al servicio de la Ley de Dependencia todos los centros acreditados para ello en la Comunidad Valenciana, donde sea el usuario el que decida en qué centro quiere ser atendido.
- Además, AERTE propone que hasta que se ponga en marcha dicho proceso, y mediante el procedimiento de urgencia, se permita a los dependientes que obtengan una plaza concertada, la libre elección de la misma entre todos los centros acreditados en dependencia para evitar que alguna persona que lo necesite no sea atendida lo que provocaría el colapso del sistema y la desatención de las personas.
- Por otra parte, AERTE desea que se aclare cómo se van a solucionar los expedientes que estén pendientes de resolución y que ya no podrían ser atendidos en residencias de accesibilidad en base al segundo tercio. No tendría mucho sentido respetar la situación de una persona que se encuentra en un centro de accesibilidad, y si permitir el traslado de las personas que están esperando la concesión de una plaza pública en otra residencia, con el consiguiente trastorno y molestias al usuario. Hoy en día, casi todas las personas pendientes de la resolución para ingresar en una plaza pública o concertada están siendo atendidas, y se encuentran perfectamente integradas, en alguna de las residencias que forman parte de la red de centros acreditados por la propia Conselleria. En esos casos, la resolución debería permitir que permaneciese en el centro en el que ya estuviera siendo atendido.
El Sistema de Atención a las personas en Situación de Dependencia se encuentra en un estado «preocupante» y de «incertidumbre»
El Sistema de Atención a las personas en Situación de Dependencia se encuentra en un estado «preocupante» y de «incertidumbre» debido a la falta de recursos y los recortes por la crisis económica, las largas listas de espera o la desigual aplicación de la ley en las distintas comunidades autónomas, entre otras causas, según el primer informe del Observatorio anual del Sistema de Atención a la Dependencia, publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
El trabajo de Sergi Jiménez-Martín y Cristina Vilaplana de la Universidad Pompeu Fabra y la de Murcia, respectivamente, señala que el Sistema de Dependencia fue «una buena idea» pero «pésimamente implantada», en especial tras los decretos de recortes aprobados por el Gobierno en 2012 y 2013. Asimismo, asevera que aunque el sistema haya crecido en un periodo corto, España sigue por debajo de la media de los países de la OCDE en el porcentaje de personas mayores de 65 años atendidas.
Los autores del documento ven «debilidades» más destacadas la brecha desigual entre personas con derecho a prestación y las que sí la reciben entre las comunidades autónomas; la composición de las prestaciones y el mayor peso otorgado al cuidado en el entorno familiar; el creciente copago de los beneficiariso; o la incertidumbre los gestores directos del sistema que no saben con qué recursos cuentan y que condiciona la oferta de servicios.
También alertan del «estancamiento» del empleo y la caída de los salarios en el sector desde 2010; el incremento «alarmante» del ‘limbo de la dependencia’ tras la incorporación de los dependientes moderados en julio de 2015; y las carencias del sistema de evaluación y de valoración del SAAD por parte de los ciudadanos.
Uno de los aspectos «más preocupantes» de la dependencia en España es, según el estudio, la «gran disparidad» regional en todos los indicadores de cobertura del sistema. Así, en términos de personas con derecho a prestación como de personas con prestación, a finales de 2014, en Murcia, Andalucía y Cantabria la cobertura teórica se situaba entre el 14 y 18 por ciento, el doble que la Comunidad Valenciana, Asturias y Navarra, entre el 6 y 7,8 por cient.
Además, indica que la probabilidad de acceder al SAAD es de más del doble en unas regiones que en otras, algo que para los responsables del informe es «inaceptable» y evidencia que el sistema de financiación y valoración de la dependencia «no está bien resuelto».
EL LIMBO DE LA DEPENDENCIA
En cuanto a la lista de espera para recibir la prestación quienes tienen derecho a ella, el estudio apunta que a finales de 2015, a nivel nacional, un 1,7% de las personas de 65 años o más se encontraba a la espera de recibir las prestaciones y a nivel autonómico hay «importantes diferencias» de cobertura.
En Murcia este dato se eleva al 5,5%, seguida de Andalucía (3,7%), Aragón (2,5%), Galicia (2,3%), Cantabria (2,1%) y Castilla La Mancha (2%), que superan la media nacional. Otras como Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, País Vasco y La Rioja la proporción de personas de 65 años o más que están a la espera de recibir prestaciones se sitúa cerca de la media nacional, entre el 1,5% y el 1%; Canarias, Navarra, Madrid, Ceuta y Melilla y Asturias, dicha proporción se sitúa entre 0,5% y 0,8%; y Castilla y León no llega al 0,1%.
Sobre la financiación el sistema y cómo se materializan los copagos, los autores apuntan a que éste se determinaba en algunas comunidades en función de la capacidad económica del beneficiario mientras en otras se opta por combinar información sobre renta y patrimonio, «lo que ha dado lugar, ante la ausencia de un marco legal común, a una pléyade de regímenes de copago».
Por otra parte, advierten de que las reducciones del importe mínimo acordado introducidas a partir de 2012 han impactado sobre la cuantía de las prestaciones y la contribución de los individuos al pago de los servicios, «haciéndolos prácticamente insostenibles».
De cara al futuro, y con el objetivo de que se sostenga el Sistema de Dependencia, Jiménez-Martín y Vilaplana apuntan que será necesario inyectar más recursos al sistema para poder ofrecer una cobertura razonable, así como diversificar las fuentes de financiación –pública vía impuestos y contribuciones que garanticen un mínimo de atención para todos los ciudadanos y fórmulas de aseguramiento privado complementario–.
Fuente: Europapress.
SARquavitae crea, junto con la Universidad de Barcelona (IL3), la primera Universidad Corporativa del sector de atención a la dependencia
• La Universidad Corporativa de SARquavitae nace con el objetivo de ofrecer excelencia en formación a sus empleados
• El primer curso, destinado a la formación de Directores de residencias para mayores, proporciona a los alumnos el reconocimiento académico oficial de Experto Universitario
• Más de 60 profesionales serán formados en diferentes ámbitos en el marco de esta iniciativa
SARquavitae ha puesto en marcha, en colaboración con la Universidad de Barcelona (IL3), la Universidad Corporativa de SARquavitae, que nace con el objetivo de ofrecer excelencia en la formación de los empleados de la compañía. Es la primera universidad de estas características del sector de la atención a la dependencia de España. Este proyecto se ha iniciado con el curso que se imparte en Barcelona para profesionales de SARquavitae en Dirección de Centros y Servicios con reconocimiento académico oficial de Experto Universitario.
SARquavitae es referente en la formación en un sector como es el de la atención a la dependencia. En este sentido, cabe destacar las 106.000 horas de inversión que la compañía ha realizado en 2014 en programas de formación para reforzar y ampliar las competencias de sus profesionales y mejorar la calidad de la asistencia. Asimismo, mantiene acuerdos de colaboración con diferentes Universidades como la UNED, la Universidad Cardenal Cisneros o la Escuela Superior Balear, entre otras, con las que colabora como docente en diversos cursos de dirección y gestión de centros sociosanitarios o de atención a la dependencia.
Fruto de esta experiencia se ha puesto en marcha la Universidad Corporativa, un paso más en la formación de los profesionales, que contará con el aval de la Universidad de Barcelona (IL3) y que permitirá que más de 60 profesionales sean formados en los dos próximos años gracias a los cursos enmarcados en este proyecto. La inversión y puesta en marcha de un Programa de Formación propio y específico para SARquavitae, con reconocimiento universitario, y con la colaboración de docentes internos, profesores universitarios y consultores expertos, ratifica el compromiso de SARquavitae con el desarrollo de las personas.
“Nuestro objetivo es poner en valor, una vez más, a las personas de SARquavitae. Para nosotros, suponen nuestro principal activo y por este motivo hemos querido poner a su disposición un programa educativo más allá de los estándares de la formación interna. Gracias a la colaboración con la Universidad de Barcelona, ofrecemos un valor añadido que incrementa la preparación de todos los miembros de la compañía”, explica Javier Jiménez, director de la Fundación SARquavitae.
Este curso ha dado comienzo con el módulo “Liderar y dirigir” que se completará con dos sesiones modulares más en los próximos meses de enero y febrero. Está compuesto de módulos presenciales que se completan con un aula virtual en la que los alumnos tienen acceso o todos los materiales necesarios para la realización del curso, así como materiales adicionales con el objetivo de llegar a la excelencia en formación.
La Fundación SARquavitae (www.sarquavitae.es/fundación) es el conocimiento, la formación, el alma social y las emociones de la compañía en el ámbito sociosanitario. Su compromiso por la calidad y la innovación son valores esenciales de la identidad corporativa de SARquavitae, que se caracterizan por su enfoque aplicado y su valor añadido.
Camon Consulting Group presentó su proyecto “Donantes de Vida” a la XIII edición de los Premios ACRA
Dirigido y desarrollado por Raquel Calatayud, socia directora de Camon Consulting Group, el proyecto “Donantes de Vida” desarrolla, desde un punto de vista muy pragmático, una serie de herramientas para la implantación del modelo de Atención Centrada en la Persona, ACP.
El modelo es un conjunto de herramientas, validadas desde su actual aplicación en diferentes centros y servicios, y que colaboran a la aplicación efectiva de un modelo de atención más humanista, partiendo del respeto a la singularidad y unicidad de la persona.
Como punto de partida el modelo se sustenta en unas premisas básicas. La atención centrada en la persona debe ser una nueva mirada a la persona usuaria. Verla sobre todo como un ser humano, que, cuando accede a nuestros servicios dispone de una experiencia vital, una historia de vida, y también un estilo de vida. No podemos partir de la «etiqueta» de la patología que la hace dependiente y por tanto usuario de nuestros servicios.
Todas las personas disponen de un proyecto de vida, bajo esta filosofía de atención, debemos trabajar de forma individualizada para conocerlo y contribuir entre todas las personas usuarias de nuestros servicios a llevarlo a cabo.
La atención centrada en la persona, no es más que un cambio de perspectiva: no son las personas las que deben adaptarse a los centros y servicios sino que desde los centros, servicios y también la Administración Pública, nos debemos adaptarse para respetar la individualidad y singularidad de cada persona usuaria.
La atención centrada en la persona no la entendemos como una moda o tendencia, sino como un camino sin retorno para adaptarnos a la realidad sociológica de los actuales usuarios y sus familias.
Uno de los ejes del modelo son las “huellas de vida”. Las huellas de vida son un instrumento para conocer mejor a la persona como ser integral y humano, tratando de conocer aquellos rasgos más significativos de su historia y estilo de vida. El documento de huellas de vida es una herramienta viva, de continuidad, y que se aconseja iniciar desde el momento en que la persona ingresa en un centro o servicio y que está vivo hasta que se produce la despedida de la persona.
El modelo responde a la necesidad de desarrollar de forma pragmática, eficaz, eficiente, y sobre todo, adaptada a la realidad de los centros y servicios de atención a personas en situación de dependencia, las bases de la filosofía de la atención centrada en la persona.
Este modelo comenzó a ser diseñado en Septiembre 2013, como un paquete de herramientas en proceso de mejora continua. Actualmente, es una realidad que está siendo utilizada de forma integrada en centros y servicios de diferentes características.
Para más información sobre el modelo: www.camonconsulting.es
SARquavitae renueva su compromiso con los 10 principios de responsabilidad social empresarial del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
SARquavitae, compañía líder en servicios sanitarios y sociales, ha renovado un año más su compromiso por el fomento de los 10 principios de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad del Pacto Mundial. En 2012 la compañía firmó un acuerdo de colaboración con la Red Española de Pacto Mundial de las Naciones Unidas en virtud del cual se comprometía a incorporar en su estrategia, cultura y acciones cotidianas dichos principios que fomentan la integración, la pluralidad, la transparencia y la sostenibilidad.
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa internacional que persigue la implantación de Diez Principios básicos de conducta y acción en materia de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en la estrategia de las operaciones diarias de las empresas. La idea fue lanzada por el entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, en Davos el 31 de enero de 1999. En 2004 se creó la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas que agrupa distintos grupos de interés: empresas, ONG, sindicatos, instituciones académicas y organismos sociales.
José Luis Roselló, director general de SARquavitae, ha valorado de forma positiva la renovación de este acuerdo que sitúa a la compañía en primera línea de referencia en materia de responsabilidad social corporativa. Según Roselló, “una empresa dedicada a la atención de las personas, como es SARquavitae, tiene la obligación de actuar con un compromiso constante y permanente con los clientes, los trabajadores y la sociedad, razón por la cual nos sentimos muy orgullosos de ser uno de los impulsores y defensores de los principios del Pacto Mundial”.
El Tribunal Supremo ratifica la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana reconociendo el derecho del usuario a escoger el recurso que considere más adecuado
AERTE cree necesario que la Generalitat articule los mecanismos adecuados para dar cumplimiento a esta sentencia y recuperar el retraso en la resolución de expedientes que existe actualmente en las prestaciones vinculadas al servicio (PVS)
AERTE, la entidad más representativa del sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana, celebra conocer que el Tribunal Supremo ha confirmado este mes la Sentencia del TSJ de Valencia que declaraba conforme a la Ley de la Dependencia el apartado 3 del artículo 12 del Decreto 18/2011 por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia y que regula el derecho del beneficiario a elegir la modalidad de ayuda a recibir en los términos siguientes:
En su caso, de no ser posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, o que el interesado, guardador de hecho o representante legal no considere adecuada la plaza adjudicada en la elaboración del PIA, se reconocerá subsidiariamente al beneficiario el derecho a obtener una prestación económica, bien sea la prestación económica vinculada al servicio, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar de personas en situación de dependencia o la prestación para asistente personal. Todo ello de acuerdo con la regulación específica de estas prestaciones económicas y teniéndose en cuenta el criterio profesional.
Como se observa, lo importante era que el interesado podía no considerar adecuada la plaza adjudicada y que podría pasar a la Prestación Vinculada al Servicio (PVS). Algunas empresas acogidas al Plan de Accesibilidad Social recurrieron manifestando que la modificación era competencia del Estado y que además incumplía el contrato de accesibilidad social. El TSJ no le dio la razón y ahora el Supremo lo ha confirmado por lo que dicho precepto es perfectamente válido, está vigente y es exigible por los usuarios.
Por lo tanto, si el interesado no quiere la plaza que se le conceda podría pedir una PVS para recibir el servicio donde quisiera. Las dos sentencias también dicen que debe ser compatible con el criterio profesional evaluador, la regulación específica de las prestaciones y que haya una supervisión del servicio para asegurarse de que es el adecuado.
Esta sentencia ratifica lo que desde la patronal AERTE siempre ha defendido, y es que la persona dependiente es la que debe escoger el tipo de recurso al que quiera ir y que no sea la Administración o cualquier entidad privada la que le imponga el recurso.
Por lo tanto, la Generalitat debe articular los mecanismos adecuados para dar cumplimiento a esta sentencia y equilibrar la diferencia en la resolución de expedientes que existen actualmente entre el resto de plazas residenciales y las PVS que alcanzan casi dos años.
Una vez más, AERTE se pone a disposición de la Generalitat Valenciana para reiterarle su apoyo y colaboración de cara al cumplimiento de esta sentencia sea una realidad a corto plazo, y se pueda dar respuesta a tantas personas en situación de dependencia que permanecen en sus casas a la espera de conseguir un recurso que satisfaga sus necesidades y expectativas.
