Recortes
El Gobierno asegura que si las partidas de los PGE de dependencia no son suficientes aportará los créditos necesarios
El Gobierno asegura que si las partidas destinadas a sufragar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no son suficientes el Ejecutivo se encargará de aportar los créditos necesarios para su funcionamiento.
Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado del PSOE, Miguel Ángel Heredia, recogida por Europa Press, en la que asegura que, por parte del Gobierno, se han establecido toda una serie de medidas encaminadas a lograr una mejora en el sistema, racionalizando el gasto público en relación con esta materia, y asegurando la sostenibilidad presente y futura del mismo.
Eso sí, señala que, por parte de la Administración General del Estado (AGE) se consignan anualmente en los Presupuestos las cantidades necesarias para hacer frente a las obligaciones de financiación recogidas en la propia ley de dependencia.
«En todo caso, si las cantidades inicialmente presupuestadas resultasen insuficientes, se procedería a tramitar las ampliaciones de crédito suficientes para contar en todo momento con los créditos necesarios», confirma el Gobierno.
De esta manera, tanto para el presente ejercicio como para los ejercicios futuros, por parte de la AGE confirma que se consignarán las cantidades suficientes para poder cumplir con los compromisos asumidos en relación con la financiación de la Ley. «Por lo tanto, no existe ninguna previsión de recortes en esta materia», sentencia el Ejecutivo ‘popular’.
Las empresas asociadas a AERTE confirman su presagio: no podrán pagar sus nóminas en octubre
Aerte recuerda al Ministerio de Hacienda que el sector lleva más de un año sin cobrar en la Comunidad Valenciana y que el gobierno valenciano le ha comunicado que no abonará en el tiempo establecido la deuda comprometida.
La falta de efectividad de las acciones de la Conselleria de Bienestar Social genera al mes más de 10 millones de deuda al sector empresarial de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana.
AERTE volverá a solicitar al Ministerio de Hacienda que actúe de forma urgente para poner fin al continuo bloqueo de pago de deuda acumulada que mantiene la administración valenciana y que asciende a más de 100 millones. Planteará que abone directamente al sector el pago de la deuda comprometida.
El promedio de tiempo sin cobrar la deuda en la Comunidad Valenciana es cuatro veces superior a la media. Las empresas asociadas a aerte confirman su presagio: no podrán pagar sus nóminas en octubre.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, aerte, insistirá hoy al Ministerio de Hacienda para que actúe con el objeto de resolver el bloqueo del pago de deuda acumulada que, desde la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, viene manteniendo de forma continua con el sector de centros de atención a dependientes de la Comunidad Valenciana.
Para ello, la patronal de la dependencia de la Comunidad Valenciana, ya solicitó el pasado 4 de octubre una reunión con el Ministerio de Hacienda. Hoy en Madrid, volverá a reclamarla por vía de urgencia para denunciar la escandalosa y continua situación que se da en la Comunidad Valenciana, fruto de la escasa efectividad de las acciones de la Consellería de Bienestar Social encaminadas a resolver el problema, en un asunto que afecta a más de 14.000 puestos de trabajo y más de 22.0000 personas dependientes sólo en la Comunidad Valenciana.
María José Mira, directora general de aerte, ha subrayado hoy desde Madrid que “el promedio de tiempo sin abonar las cantidades pendientes en la Comunidad Valenciana es cuatro veces superior a la media. Esta actitud es inaceptable y está provocando que se generen aproximadamente unos 10 millones de euros al mes de deuda, que se acumulan a los 100 millones de euros que se adeuda a día de hoy”.
Ante este constante incumplimiento del compromiso de pago, Mira advierte: “el sector no puede esperar más: la situación para las empresas y trabajadores del sector es inaguantable socialmente, sanitariamente, económicamente y moralmente. Sólo en la patronal de empresas de la dependencia en la Comunidad Valenciana, aerte, hay adheridos más de 200 centros, en octubre algunos de ellos ya no podrán pagar las nóminas. Necesitamos una solución ya, de una vez por todas, con un compromiso firme y fiable que verdaderamente se cumpla, porque la situación de agrava cada día, dado que las empresas han superado el límite de resistencia”.
AERTE solicitará al Ministerio que abone directamente al sector el pago de la deuda comprometida
Ante la falta de efectividad de la Conselleria de Bienestar Social y la urgencia que requiere solucionar este grave problema, explica María José Mira, “plantearemos al Ministerio como solución más rápida y eficaz el pago directo por vía de urgencia de los fondos estatales de dependencia desde el estado a las empresas y beneficiarios. Entendemos que dada la falta de liquidez del Gobierno valenciano, y la falta de soluciones, ésta sería una de las únicas que permitieran “respirar” al sector”.
Mira señala que, “se trata de deudas avaladas por contratos y compromisos firmados, con línea presupuestarias fijadas para ese fin y que, obviamente, no se están destinando al mismo. Lo cual es totalmente incomprensible. ¿A dónde se ha destinado ese dinero?”.
Por otro lado, Mira recalca que “existe una latente asimetría de la deuda de nuestro sector con respecto a otros, cuyos calendarios de pago son menos dramáticos, ya que, prácticamente no hay ninguno que esté en alrededor de un año de impagos, como es el caso. Y, a su vez, una asimetría incluso dentro de la misma Conselleria con entidades y recurso que llevan más de un año sin cobrar, como es nuestro caso, y otros que están casi al día. Y si además, le añadimos que estamos hablando de un sector que trabaja con personas dependientes la situación se agrava más si cabe”.
Deuda acumulada de la Administración valenciana en el mes de octubre al sector de los centros y residencias de atención a los dependientes de la Comunidad Valenciana (Fuente: AERTE).
– 44 millones de euros correspondientes a los servicios públicos de gestión privada. Pendientes de cobro desde noviembre de 2012, es decir once meses sin cobrar.
– 40 millones de euros correspondientes a los servicios de accesibilidad social. Pendientes de cobro desde diciembre de 2012, es decir, diez meses sin cobrar.
– 9 millones de euros correspondientes a los Bono-residencias. Pendientes de cobro desde enero de 2013, es decir, nueve meses sin cobrar.
– 9,3 millones de euros correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
La ‘marea naranja’ informará a los dependientes sobre sus derechos a prestación
‘Marea Naranja’, una organización integrada por trabajadores sociales y personas dependientes, ha organizado una campaña informativa para dar a conocer cómo afectan en cada caso los recortes presupuestarios en la aplicación de la Ley de Dependencia.
El portavoz de esta organización, Carlos Santamaría, detalló ayer que se desarrollará en diferentes puntos de Logroño hasta el próximo 14 de noviembre con el lema ‘Reclama tus derechos, nosotros te ayudamos’. Durante las tardes de los días laborables, excepto viernes, los dependientes y sus familiares podrán acercarse a las sedes del Colegio Riojano de Trabajo Social (lunes y miércoles), UGT (martes) y CC OO (jueves) para conocer de forma detallada si tienen derecho a alguna prestación que ha sufrido un «recorte».
Santamaría aseguró que, si es necesario, se presentarán solicitudes individualizadas para acceder a prestaciones que no se reciben y se ha comprometido a realizar un seguimiento de estas peticiones y quejas, que se enviarán al Gobierno regional.
Aunque no precisó el número de riojanos que se han visto afectados por los recortes, según los datos de ‘Marea Naranja’, el cambio en el baremo de reconocimiento del grado de dependencia y el retraso de la aplicación de algunos grados hasta 2015 afecta a unas 2.765 personas.
Santamaría recordó que, en marzo pasado, el Gobierno regional modificó por un decreto la cartera de servicios a la Dependencia y explicó que, para 2014, no se ha precisado todavía qué rebaja en las prestaciones se producirá, aunque los Presupuestos Generales del Estado recogen una reducción a la Dependencia del 46 %, unos 1.700 millones de euros.
La Generalitat no pagará los fármacos dispensados por farmacias en septiembre
El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha anunciado hoy martes a los farmacéuticos catalanes que el próximo día 31 no podrá pagarles los 107 millones correspondientes a los medicamentos dispensados el mes de septiembre, ha informado el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya.
La Generalitat ha aducido, según este colectivo, que no podrá hacer frente a este pago porque dispondrá de 1.700 millones menos de los solicitados a través del Fondo de Liquidez Autonómica, con los que se estaba haciendo frente a la factura de los medicamentos en los últimos meses.
El anuncio del CatSalut del nuevo impago ha provocado malestar y preocupación entre los farmacéuticos, que aún tienen pendientes de cobrar a través del Plan ICO Proveedores los 309 millones que les debe la Generalitat por las facturas impagadas de noviembre y diciembre de 2012 y mayo de 2013.
El presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya, Jordi de Dalmases, ha anunciado que ya ha iniciado «contactos para evitar que los problemas de tesorería afecten nuevamente a las farmacias».
Los farmacéuticos catalanes tuvieron que renunciar a la reclamación de los intereses de demora de los 309 millones que les adeuda la Generalitat porque ello era un requisito imprescindible para poder acceder al plan ICO Proveedores, pero aún no han cobrado estas mensualidades.
A causa de estos atrasos en los pagos, algunas farmacias catalanas han tenido que cerrar y otras han tenido que recurrir a pólizas de crédito bancarias, mientras que la mayoría sólo dispensan los medicamentos más caros por encargo y solicitados con antelación.
La Generalitat recibirá 1.700 millones menos para pagar a proveedores
El Gobierno de la Generalitat percibirá este año 1.700 millones menos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) porque el Gobierno central considera que el cobro de los planes de proveedores y el fondo de rescate no son complementarios. Según fuentes del Ejecutivo central, el Ministerio de Hacienda así lo comunicó a la consejería de Economía y al resto de las comunidades autónomas afectadas en una reunión que mantuvo con ellas el pasado viernes 11 de octubre. Según estas fuentes, Hacienda considera que ambos planes están conectados y que se descontarán de las entregas pendientes del FLA.
La novedad es un nuevo contratiempo para la Generalitat, que sostiene que la medida se contradice con la filosofía que hasta ahora ha seguido el ministerio de Hacienda, es decir, que no faltará jamás la liquidez para la lucha contra la morosidad. Según ha informado hoy La Vanguardia, el pasado 25 de octubre el consejero Andreu Mas-Colell pidió una reunión al ministro de Economía, Luis de Guindos, para abordar este asunto, sin que haya recibido respuesta.
La principal consecuencia de esa decisión, según la Generalitat, es que deberá implementar esa merma en la tesorería de la Administración este trimestre, por lo que se volverá a la situación de pagos de finales de 2012. Es decir, que no será posible ninguna mejora.
«Esta es una de aquellas decisiones que hace daño a la economía real», ha lamentado el consejero de Presidencia, Francesc Homs, tras la reunión del Gobierno catalán. «Nos devuelve a una situación de alargar los pagos. Nos sentimos engañados».
El geriátrico de Elda lanza un SOS
La residencia y centro de día para mayores dependientes «El Catí» de Elda, cuya titularidad depende de la Conselleria de Bienestar Social, se encuentra asfixiada económicamente porque la Generalitat Valenciana no le ha realizado ni un solo pago en todo el año 2013 y, además, sigue debiéndole el mes de diciembre de 2012. En total a la Fundación, Salud y Comunidad (FSC) que es la empresa que lleva prestando este servicio desde 2005, la Conselleria de Bienestar Social le debe 1,7 millones de euros por diez meses de impago continuado.
La situación es «límite» y la concesionaria ya ha anunciado que, si no recibe ninguna transferencia económica en las próximas semanas, a partir del próximo mes de noviembre ya no podrá hacer frente al pago de las nóminas de los 70 profesionales que trabajan en el geriátrico. Una circunstancia que se mantendría en diciembre –incluyendo la paga extra de Navidad– y que podría repercutir en el cuidado de los 110 mayores a los que se atiende tanto en régimen residencial como en el centro de día. Pero, a partir del próximo mes, la concesionaria también tendrá dificultades en adquirir los alimentos, hacer frente a las facturas de luz, agua y gas así como en pagar a los proveedores y a la Seguridad Social.
Para evitar llegar a este extremo los responsables de FSC han remitido una carta al Ayuntamiento de Elda solicitando al equipo de gobierno popular que medie ante el Consell para acabar con este problema. También han pedido ayuda a los grupos parlamentarios de Compromís, EU y PSPV y están a la espera de mantener otra reunión con Asunción Sánchez Zaplana, que es la titular de la Conselleria de Bienestar Social a quien este diario ha preguntado, en los últimos días, por la problemática que atraviesa «El Catí» sin obtener respuesta alguna a pesar de la insistencia.
La Conselleria no paga y los bancos no financian
El subdirector del área de Atención a la Dependencia de FSC, Ismael Estevan, admitía ayer que su empresa se encuentra en una encrucijada. «La Conselleria no nos paga lo que nos debe, ni siquiera una parte, y los bancos ya no nos dan más crédito porque no se fían. Por lo tanto ya no tenemos capacidad de financiarnos y sin nuevos créditos es imposible seguir pagando a nuestros trabajadores y a quienes nos abastecen de todo lo que necesitamos», explica Estevan recordando que FSC siempre ha pagado en tiempo y forma a sus operarios y a sus proveedores. «Algo que, por desgracia, ya no vamos a poder hacer si la Generalitat no nos abona lo que nos debe», advierte Ismael Estevan mostrándose proclive, no obstante, a acordar un plan de pagos con Bienestar Social para acabar con la «agonía».
El Sistema de Dependencia pierde 116 beneficiarios al día y 800 trabajadores en el último mes
El Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) pierde 116 beneficiarios al día y 800 trabajadores en el último mes, según denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en base a los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En septiembre, se han reducido en 3.475 los dependientes y en 7.163 los que han perdido su derecho a ser atendidos.
Esta organización explica que la reducción de beneficiarios en espera de una prestación se ha conseguido «cercenando» el acceso al sistema y «abandonando» a los que ya son titulares del derecho y advierte de que los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes.
Asimismo, señalan que el retroceso en el sistema es «notorio» con respecto al mes anterior, pues todas las cifras son negativas: 3.475 beneficiarios, 3.899 dictámenes menos, 2.910 solicitudes menos, 3.504 grandes dependientes menos, 2.273 dependientes severos menos.
En cuanto a prestaciones y servicios, esta organización señala que hay 1.700 servicios de teleasistencia menos, 1.095 servicios de ayuda a domicilio menos, 158 plazas de centros de día menos, 717 plazas residenciales menos, 2.680 prestaciones de cuidadores familiares menos. La reducción de estos servicios, ha generado, según esta entidad, el despido de 800 trabajadores.
La Asociación de Directores y Gerentes asegura que se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste. También duda de que se estén atendiendo a quienes más lo necesitan y asegura que «decenas de miles» de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo «morirán sin ser atendidas».
La reducción del «limbo» de la dependencia o lista de espera se ha obtenido, según esta organización, impidiendo que nuevos dependientes accedan al sistema, y, por otro lado, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos o a los que se les revisa el grado para bajarlos al Grado I. Durante este último mes 7.163 personas con derecho menos figuran en el Sistema.
AVREP alerta que la deuda del Consell con el sector aumenta 3 millones de euros cada mes ante la pasividad del Gobierno valenciano
La deuda que mantiene la Generalitat Valenciana con las empresas encargadas de la gestión de residencias públicas se incrementa mensualmente en más de 3 millones de euros, ante la ausencia de medidas para paliar esta situación por parte del Consell. Actualmente, el impago al que tienen que hacer frente las empresas agrupadas en la supera los 38,5 millones de euros.
La operatividad de la red de centros públicos compuesta por 40 centros socio-sanitarios, podría verse afectada en las próximas semanas, e incluso terminar por reducirse a sólo 12 recursos ante la situación desesperada en la que se encuentran 28 centros, al no ser incluidas estas empresas en el Plan de Pago a Proveedores impulsado por el Gobierno Valenciano.
Y, lo más grave, es que la pasividad y falta de respuesta del Gobierno Valenciano puede afectar al funcionamiento de éstos recursos socio-sanitarios en los próximos meses, lo que pondría en peligro el 70% de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mediante gestiones integrales.
En este sentido, y con el constante incremento de la deuda, de no afrontar el Gobierno Valenciano los impagos mediante recursos propios, en diciembre la deuda ascendería a casi 50 millones de euros y superaría el año de retraso, situación que no se ha producido en ninguna otra autonomía y que deja en una posición insostenible a gestores, trabajadores y dependientes valencianos.
De hecho, la no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas en los planes de pago, supone condenar a más de 2.600 dependientes y cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos, con riesgo de continuidad en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante (6), Castellón (3) y Valencia (16).
Deuda validada por intervención
Por ello, desde la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas, que agrupa a prácticamente el 100% de los operadores y centros del sector, se ha solicitado al Consell el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y, en este sentido, se ha demandado que se salde la deuda con estos centros con la partida presupuestaria correspondiente, que se encuentra validada por la intervención.
La reducción de la operatividad de los recursos de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mermará la calidad de vida de muchos dependientes y sus familias. Y, paralelamente, provocará la pérdida de empleo no deslocalizable, que mayoritariamente beneficia a mujeres en municipios con poca masa de población activa.
AVREP reclama, por tanto, un esfuerzo de los gobernantes autonómicos y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para priorizar los servicios sociales a los colectivos más necesitados, garantizando el derecho adquirido por Ley.
Más info: prensa@sanserif.es · t.963 466 406 · 627760487
Artur Mas se compromete a no recortar más a las residencias
El presidente de la Generalitat Artur Mas se comprometió ayer ante Cinta Pasqual, presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), a no aplicar ningún otro recorte al sector de la gente mayor. Esta promesa tranquiliza al sector de las residencias, que temía un descenso en las tarifas, pero no responde a las otras demandas planteadas por la patronal.
El President, que estuvo acompañado por la consellera de Benestar Social i Familia Neus Munté, explicó a la presidenta de ACRA que “cuando la economía lo permita” se volverán a activar las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio, es decir las PEVS, las ayudas a personas que a la espera de poder entrar en residencias de titularidad pública acuden a centros privados. Mas tampoco quiso comprometerse, según una nota difundida por esta patronal mayoritaria del sector, a establecer un calendario para el pago de los 160 millones que la Generalitat les adeuda.
Cinta Pasqual explicó a Mas durante la reunión que se prolongó por espacio de una hora la difícil situación por la que atraviesan unas residencias que dan servicios a 56.000 personas.
La consellera Munté señaló ayer, a través de una respuesta parlamentaria, que los catalanes que solicitan una revisión de su grado de dependencia deben esperar una media de 2,93 meses. Y el tiempo medio para obtener un certificado de discapacidad oscila entre los cinco meses del Baix Llobregat (Barcelona) y 1,5 meses en las Terres de l’Ebre. Además, dijo que la Generalitat estudia distintas alternativas de copago de los usuarios de la ley de dependencia ante los impagos del Estado. En 2012 la Generalitat aportó 929 millones de euros al sostenimiento de las medidas incluidas en la ley de la dependencia y el Estado invirtió sólo 243 millones.
17.500 mayores dependientes, colgados sin residencia
Una de las peores caras de la crisis de las arcas públicas son los recortes en prestaciones y servicios vinculados a los grandes dependientes de más de 65 años de edad. En Catalunya 17.000 personas de este colectivo llenan la lista de espera para ocupar una plaza pública de residencia. Una cifra a la que se añade, según señalan fuentes del sector, medio millar de usuarios que, desde el 1 de agosto, no puede acceder a una residencia privada a causa de la supresión indefinida de las Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicio (PEVS), las ayudas que la Generalitat otorgaba a personas que están esperando a entrar en un centro geriátrico de titularidad pública y no pueden costearse íntegramente lo que vale una residencia privada.
“Ahora la gente que está en esta situación tiene que pagar la plaza privada exclusivamente con su patrimonio”, lamenta la presidenta de la Associació Catalanade Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual. Pero una plaza en un centro privado asciende a más de 1.700 euros mensuales, una cantidad difícilmente asequible para una pensión media en España (950 euros al mes). En estos casos son las familias las que acostumbran a atender las necesidades de estos mayores con grandes dependencias, a pesar de que son personas que “necesitan servicios profesionales”, según comenta el presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), Vicente Botella. En este sentido la Generalitat asegura que estos ciudadanos son atendidos por otras vías, como asistencia domiciliaria o prestación de cuidado no profesional.
Además de los usuarios directamente afectados por no poder acceder a una residencia pública, los recortes en este tipo de prestaciones están generando un aumento de plazas vacantes en los centros geriátricos colaboradores, que fuentes del sector cuantifican en unas 1.200 de un total de 13.000, lo que agrava aún más la delicada situación por la que atraviesa el sector como consecuencia de la crisis y los impagos de la Generalitat -160 millones de euros sin fecha de pago-. “Las plazas de las residencias que antes se cubrían mediante prestación vinculada a servicio ahora ya no se ocupan”, afirma Pascual.
Según señala Botella, otra de las cosas que afecta a la continuidad de los centros colaboradores, donde una parte del importe va a cargo del usuario y el resto de la Administración, es que hay residencias que desde el 1 de enero no perciben los ingresos procedentes de la Generalitat. Los impagos provocan que algunos centros deban dinero a propietarios de inmuebles, proveedores, personal e impuestos. Aún así, Botella asegura que los usuarios “reciben el mismo nivel de atención que antes”, a pesar de que haya trabajadores que han dejado de cobrar algunas nóminas.
Medidas para la sostenibilidad de los centros geriátricos
“El año pasado cerraron 27 centros, este año serán más”, alerta la presidenta de ACRA, que concreta que el sistema cuenta con 8.500 plazas privadas libres. “Como no tengas una ocupación alta, no funcionas”. Precisamente, esta semana una nutrida representación de asociaciones y patronales del sector ha expuesto su preocupación por los últimos recortes y los impagos del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) ante el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien se ha comprometido a no efectuar ningún otro recorte en el sector y a restablecer las PEVS “cuando la economía lo permita”.
Por otro lado, el ICASS y representantes de los equipamientos residenciales han acordado profundizar en la flexibilización y la racionalización de las ratios del personal de los centros según el perfil de los usuarios. También se ha propuesto cambiar el régimen de relación del Departamento de Bienestar Social y Familia con las residencias que tienen plazas colaboradoras y transformarlas en plazas concertadas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Joven tetrapléjico de Montiel (Ciudad Real) pide a C-LM que habilite un autobús escolar adaptado para poder ir a clase
Ismael González Garrido, un joven de 20 años natural de la localidad ciudadrealeña de Montiel, tetrapléjico con un 80 por ciento de grado de discapacidad, ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que habilite un autobús de transporte escolar adaptado para que pueda ir a diario a las clases del instituto de Villanueva de los Infantes.
Este es el llamamiento que ha realizado este martes Ismael para que la Junta de Comunidades le solucione esta incidencia porque, explica, «estoy pidiendo ayuda en la delegación de Educación me han dicho que como no soy de Educación Obligatoria no pueden hacer nada por mí», ha informado el PSOE en nota de prensa.
Los socialistas señalan que la familia se puso en contacto con los responsables de la delegación de Educación en la provincia de Ciudad Real y le garantizaron una solución, aunque a día de hoy «persiste el problema».
Este joven ha explicado que es su padre quien hasta la fecha, con un coche particular, le lleva todos los días al instituto donde cursa el módulo de FP Administración y Finanzas, pero su progenitor está enfermo y próximamente será sometido a una operación.
Una situación delicada ante la que el portavoz del PSOE en Montiel, Juan Ramón Mena, se ha preguntado «quién llevará a Ismael al instituto cuando su padre no pueda».
Tanto el propio Ismael como su padre han indicado que la solución no es nada compleja, pues pasa únicamente porque la Junta cambie el actual autobús por uno adaptado. «Ni más ni menos, puesto que la familia haría frente a los 60 euros mensuales que supone esa ruta escolar», añade el PSOE
«Lo sangrante e indignante», según Mena, viene cuando los responsables del Gobierno regional «le exigen» a Ismael que pague por cuatro plazas, es decir, 240 euros al mes, «pese a que se trate de una persona con su particularidad de movilidad en una silla de ruedas, un gasto imposible de asumir con la pensión que percibe su padre».
En este sentido, el secretario de Acción Electoral del PSOE de Ciudad Real, David Triguero, ha hecho hincapié en que «es lamentable que el Gobierno regional no le está prestando ningún tipo de ayuda a un joven como Ismael, que tiene la valentía de seguir formándose y de salir adelante con el apoyo de su familia».
El Gobierno acelera el paso hacia la política de la beneficencia
Los «presupuestos sociales» que defiende el Gobierno prevén un tijeretazo del 36% a los servicios sociales para 2014. Al recorte se han sumado en los últimos meses otras medidas y cambios legislativos que, según denuncian profesionales, asociaciones, sindicatos y usuarios, socavan los derechos sociales y dejan la caridad como única salida.
1. Tijeretazo presupuestario
Los Presupuestos Generales del Estado en materia de servicios sociales han pasado de los 2.848 millones de euros de 2013 a 1.809. No obstante, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se refiere a «blindaje» en las cuentas. La razón es que para 2013 se incluyeron 1.034 millones con los que se pagaron atrasos de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de personas con dependencia.
Aun olvidando esta cantidad, las cuentas no cuadran si se considera que la demanda se ha disparado. A falta de datos oficiales, los expertos estiman que en los dos últimos años la demanda de algunas prestaciones de emergencia –para hacer la compra, pagar el recibo de la luz o la hipoteca– han aumentado hasta un 200%. Además, un total de 201.729 personas siguen esperando recibir la ayuda que les fue reconocida por la ley de dependencia.
2. Destrucción de la ley de dependencia
«Están dejando vacíos de contenidos reales los servicios, para echar a la gente y para que el que pueda contrate a un seguro privado, pero como la mayoría no podemos permitírnoslo, quedamos en manos de la caridad». Así interpreta José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma de la Dependencia en Castilla-La Mancha, la marcha atrás de la única ley estatal que reconoce y garantiza un derecho subjetivo en materia de servicios sociales.
Hace poco más de un año el Gobierno retrasó la entrada de los dependientes moderados en el sistema, eliminó la obligación de pagar la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras y amplió hasta dos años el plazo que tienen las autonomías para entregar las ayudas ya reconocidas sin tener que asumir la retroactividad con que nació la ley. Para el año que viene, con una lista de espera crónica, el Gobierno ha presupuestado exactamente la misma cantidad que en 2013: 1.087 millones de euros, que repartirá entre las comunidades autónomas en función del número de dependientes a los que atiendan.
«¿Sabes lo que es estar valorado y no tener la atención que te corresponde por ley?», añade otra miembro de la plataforma. Para Gómez-Ocaña, hay gato encerrado. «No es lógico el hachazo a la dependencia, con lo poco que significa respecto a todo el dinero que se maneja», apunta.
Gómez-Ocaña, maestro de escuela de Toledo, lleva años luchando porque sus dos hijos, de 10 y 17 años, ambos con una enfermedad rara hereditaria, grandes dependientes, sobrevivan. Han ido superando los retrasos en el pago de las ayudas del Gobierno de María Dolores de Cospedal, pero la salud de Nacho, el menor, ha empeorado hace unas semanas. La esperanza de su padre es que aguante lo suficiente para poder beneficiarse de un tratamiento pionero que se empezará a aplicar en Gran Bretaña en 2014.
3. Desmantelamiento de los servicios sociales
A los recortes que se soportan desde 2011 se suma ahora el Proyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, en trámite parlamentario. El texto prevé eliminar las competencias municipales en «la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social», cediéndolas a las autonomías. En la práctica, esto representa que los ayuntamientos solo garantizarán unos servicios mínimos de información y orientación y alguna prestación económica de emergencia y de carácter puntual.
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha elaborado un decálogo donde se denuncia que este traspaso de competencias supondrá la eliminación de los servicios sociales municipales, teniendo en cuenta el estado de las arcas autonómicas. El documento, firmado por asociaciones de personas mayores, profesionales, sindicatos y las principales organizaciones empresariales del sector, alerta de que al menos 200.000 familias se quedarán sin asistencia. Además, calculan la pérdida de 65.000 puestos de trabajo.
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) denuncia que peligra la continuidad de la ayuda a domicilio. Esta organización calcula que unas 600.000 personas se benefician de ella en toda España, en su mayoría a través de los servicios sociales municipales (del total, sólo 121.000 se conceden por la vía alternativa de la ley de dependencia).
Al margen de esta reforma, el pasado enero la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció a los consejeros del ramo que iba a dejar de financiar los servicios sociales municipales mediante el llamado Plan Concertado. En los presupuestos de 2014 aún no se recoge este recorte. El Gobierno ha mantenido su aportación; 32 millones de euros que no se estiran lo suficiente como para ayudar, ni con carácter de urgencia, a los más de ocho millones de familias que acuden a los servicios sociales municipales porque no pueden comprar comida, pagar las medicinas, el recibo de la luz, el agua o el alquiler de su vivienda.
Para la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, «el panorama es absolutamente demoledor». Los servicios sociales son «el último recurso para un número cada vez mayor de personas y familias», recuerda en un comunicado.
4. Vía libre a la privatización
La reforma de la Administración Local también abre la puerta a que los servicios sociales sean de «gestión indirecta». Muchas prestaciones, como la ayuda a domicilio, ya llevan años prestándose a través de empresas subcontratadas. La novedad que implica la reforma es que los ayuntamientos también podrán delegar el servicio mínimo de asesoramiento que quede en sus manos, y que hasta ahora imparte personal propio en una entidad privada.
El Ayuntamiento de Galapagar (PP), en la comunidad de Madrid, ya se ha adelantado a la aprobación del proyecto de ley. El pasado 4 de abril aprobó la externalización de todos sus servicios sociales argumentando que el objetivo es «abaratar los costes» y mejorar la atención. La medida ha sido criticada por vecinos, oposición, profesionales y sindicatos, que han protagonizado varios actos de protesta en los últimos meses. También el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Madrid se ha pronunciado defendiendo los servicios sociales como «imprescindibles» y denunciando que «su privatización busca siempre un beneficio económico».
5. Rentas mínimas inaccesibles
Escudadas por la crisis, muchas autonomías han endurecido las leyes que garantizan las rentas mínimas, las pagas que se dan a aquellas familias sin ningún tipo de recursos, de unos 500 euros, dependiendo de la autonomía. En Madrid la espera ya es de 12 meses, por ejemplo. Estas ayudas se solicitan cuando la familia quizá ya lleva meses sin ningún ingreso.
Según la Alianza Social en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Madrid, el año pasado aumentó un 76% el número de solicitudes para obtener esta ayuda, mientras que el número de familias beneficiarias sólo se incrementó en un 22%. Esta plataforma, integrada por sindicatos, educadores y trabajadores sociales, psicólogos, la Confederación de Consumidores y Usuarios CECU, EAPN y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, entre otros, denuncia que las trabas para beneficiarse son cada vez mayores.
«Se trata de vericuetos administrativos, como la solicitud de documentación extra que en principio no era necesaria», explican desde la organización. Ante esta situación, ¿cómo sobrevivir, entonces, a la espera? Quedan las ayudas de emergencia, concretas, que pueden conceder los ayuntamientos. Pero tampoco el dinero llega, y las familias buscan salidas fuera de la red pública. Una muestra es que Cáritas casi ha triplicado el número de personas atendidas en los últimos años.
6. Desvío de responsabilidades
Cuando Ana Mato anunció que los inmigrantes sin papeles dejarían tener tarjeta sanitaria y, por tanto, atención médica (salvo en determinados casos), negó que estas personas fueran a quedar desatendidas. Para ello, aseguró, se firmarían acuerdos con las ONG. Pero las ONG no están conformes con la idea de que ellas deban asumir el papel que el Estado está dejando de ejercer.
«No tenemos que sustituir al Gobierno, somos complementarios», explican desde EAPN-España, una red de ONG que luchan contra la pobreza y la exclusión social, entre las que se encuentran Cáritas, Cruz Roja o CEAR. Su presidente, Carlos Susías, recuerda que «la pobreza y la exclusión no caen del cielo, son consecuencia de decisiones políticas». Por eso exigen que el Gobierno asuma su responsabilidad de crear planes integrales y herramientas para fomentar la inclusión social. EAPN-España rechaza la vuelta a la beneficencia y la caridad. Según explican, estos conceptos muestran la tolerancia: «Como hay pobres, vamos a darles de comer». Para ellos, la clave está en luchar por que no haya pobres, algo que no se combate con el parche de la beneficencia.
7. La solidaridad del vecino
El paso « del Estado del bienestar a una sociedad participativa«, que defendió el rey de Holanda hace unas semanas, muestra la tendencia que también vive España. Las llamadas a la solidaridad para sustituir lo que hasta ahora el Estado paga con las arcas públicas están a la orden del día.
El último debate al respecto, muy visible en las redes sociales, lo ha protagonizado el programa de TVE ‘Entre todos’, que empezó a emitirse el 26 de agosto, en la sobremesa. Este espacio, que la cadena pública define en su web como «una red social de cooperación», muestra a familias necesitadas y abre una línea telefónica para que otras personas les hagan donaciones económicas o les presten otro tipo de ayuda. El formato ha provocado una discusión entre quienes consideran que publicitar la caridad excusa la evasión de la Administración Pública y aquellos que defienden que es la solución más pragmática para quien no tiene nada.
Aerte cifra en más de 100 millones la deuda acumulada con todo el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte), junto con la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), solicitará este viernes una reunión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de cara a abordar el «desbloqueo necesario y urgente» de las cantidades pendientes de pago, que a día de hoy Aerte cifra en más de 100 millones de euros entre todo el sector de la dependencia de la Comunitat Valenciana.
En concreto, ha indicado en un comunicado, la deuda se divide en 44 millones correspondientes a los servicios públicos de gestión privada, pendientes de cobro desde noviembre de 2012; 40 millones de los servicios de accesibilidad social, pendientes de cobro desde diciembre de 2012; nueve millones correspondientes a los bono-residencias, pendientes de cobro desde enero de 2013; y 9,3 millones correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
La directora de Aerte, María José Mira, ha apuntado que «la situación por la que atraviesan todos los centros y residencias, diez meses seguidos sin cobrar, se hace cada vez más insostenible a medida que la deuda se acumula», por lo que «tienen serias dificultades para pagar no sólo a sus profesionales, sino para poder seguir desarrollando unos servicios de asistencia de calidad a más de 22.000 personas dependientes en la Comunitat Valenciana, en su mayoría mayores y discapacitados».
María José Mira ha subrayado que, además, «muchos centros están pagando altos intereses a las entidades bancarias a las que, por falta de financiación de la administración, han tenido que pedir prestado, haciendo así mas insostenible su situación». «Raro es el día que no contacta algún asociado con nosotros por problemas de embargos o sanciones de hacienda», ha lamentado.
La situación del cobro al sector de la dependencia es «especialmente grave» en la Comunitat Valenciana, donde, según Aerte, el promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces superior a la media.
«SITUACIÓN ASFIXIANTE»
«Esto, unido a que no se ha abonado la deuda integrada en la primera fase del plan de pagos a proveedores, junto al aplazamiento del pago de otra parte de la deuda establecida para la segunda fase de dicho plan, hace que la situación para muchas residencias y sus dependientes sea asfixiante», ha denunciado.
En este sentido, Mira ha añadido que «la administración central no puede dar la espalda a la Comunitat Valenciana, más aún cuando nuestras empresas han sido un referente a seguir por otras comunidades en distintos modelos de colaboración sociosanitaria con la administración».
Ana Mato, Cospedal, Rudi y Rafael Hernando, nominados al Premio ‘Corazón de Piedra’ 2013
La ministra de Sanidad, Ana Mato; la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; la de Aragón, Luisa Fernanda Rudi y el diputado nacional del PP Rafael Hernando, han sido nominados para el premio ‘Corazón de Piedra’ 2013, galardón que entrega la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en reconocimiento por la «falta de sensibilidad en materia social y el desprecio hacia las personas más necesitadas».
Según informa la organización en un comunicado, el «ganador» será elegido por votación popular a través de la página web de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales y en las redes sociales. La votación se prolongará durante las próximas semanas y el resultado se dará a conocer el 25 de octubre durante el XX Congreso anual de la Asociación, al que serán invitados a asistir todos los candidatos.
El premio, que será entregado en ese mismo acto, consistirá en un diploma y trofeo al ganador, así como diploma a los candidatos que no resulten ganadores. «En caso de que alguno de ellos no asista personalmente a recoger su trofeo, les será entregado en el lugar que ellos mismos determinen y si tampoco fuera posible, se les enviará por mensajería», según explica la organización.
‘Corazón de Piedra’ nace como alternativa al premio que la asociación viene entregando en sus congresos anuales para reconocer la labor positiva de personas, entidades, empresas y medios de comunicación en materia social.
«De la misma manera que se debe conocer estas buenas prácticas en materia social, es necesario que se reconozca a las personas que muestren mayor insensibilidad y cuyas opiniones o actuaciones produzcan más desamparo y sufrimiento a las personas y familias, especialmente en situaciones tan graves como las que estamos viviendo», explica la asociación.
En este sentido, Mato ha sido propuesta como candidata «por su personal insensibilidad y porque su único cometido al frente del Ministerio ha sido recortar, destruir y demoler políticas sociales», mientras que Cospedal se nombra «por su obsesión por desmontar políticas sociales, con especial dedicación a aquellas dirigidas a las personas más vulnerables».
En cuanto a Rudi, la asociación ofrece su candidatura «por la aplicación del gobierno que preside en desmontar el Sistema de Atención a la Dependencia, y añadir un destacable punto de crueldad al culpar de sus malos resultados a los fallecidos», mientras que a Rafael Hernando se le ha propuesto por «su descaro y crueldad al decir que son los padres los responsables de la situación de los niños que padecen dificultades de alimentación».
Gobierno catalán dice que intensificará el diálogo con las entidades tras los nuevos recortes en dependencia
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha asegurado este miércoles que intensificará el diálogo con las entidades sociales, tras anunciar que mantendrá la suspensión de nuevas ayudas a dependientes para pagar una residencia –el departamento anunció en un principio que la suspensión sería solo en julio y agosto– y el recorte del 4,6% en los pagos a centros sociosanitarios con carácter retroactivo –un 0,25% del total de dinero público que reciben–.
«Tenemos un importante problema de financiación de todo lo que tiene que ver con la dependencia», ha admitido Munté en una atención a los medios, en la que ha reiterado que la ley de dependencia está infradotada por parte del Estado y la Generalitat realiza un sobreesfuerzo desde hace años para atender a todas las personas.
Preguntada sobre por qué anunció en un principio que la suspensión era solo de dos meses, cuando finalmente se ha prorrogada ‘sine die’, la consellera ha asegurado que se debe a que en julio no se conocía el techo de déficit que, a pesar de ser superior en el caso de Catalunya que el de otras comunidades autónomas, ha considerado «totalmente insuficiente e injusto».
Munté, que ha recordado que cada décima adicional de déficit suponía disponer de 200 millones de euros, ha precisado también que los Presupuestos Generales del Estado para 2014 no prevén partidas adicionales para el sector de la dependencia, y la aportación del Gobierno «no ha hecho más que descender», lo que hace imprescindible buscar soluciones para construir un modelo sostenible de atención, algo que se ha comprometido a hacer desde el diálogo constante con las entidades.
En todo caso, y en relación a las 17.000 personas que están en lista de espera en Catalunya para acceder a una residencia –según cifras de las entidades–, la consellera ha asegurado que ello no quiere decir que no reciban otro tipo de ayuda, y se ha comprometido a buscar soluciones y ofrecer otro servicio: «Nadie quedará desatendido», ha prometido.
Asimismo, ha evidenciado que las 11.000 plazas que ya existían en el sistema de prestación económica vinculada (PEV) –como se llama el programa ahora definitivamente suspendido y que permitía a dependientes sin plaza pública acceder a una residencia privada–, Munté ha precisado que se seguirán pagando.
La consellera, que ha señalado que el sobreesfuerzo de la Generalitat en el ámbito de la dependencia no puede ser ilimitado, ha desvinculado los nuevos recortes de una decisión tomada por motivos de ahorro económico, sino para «evitar problemas de sobreesfuerzo mayores», por lo que ha evitado cuantificar el coste para el Govern del mantenimiento de este programa.
Las residencias de mayores del sector social denuncian impagos por parte de siete comunidades autónomas
La Federación Lares, que representa a las residencias para mayores y dependientes gestionadas por entidades sociales –fundaciones, Cáritas y ONG–, denuncia en su último informe que hasta siete comunidades autónomas acumulan «grandes bolsas de deuda» con los centros residenciales por el impago de las plazas residenciales que tienen concertadas y que mantienen reservadas, se ocupen o no.
El nivel más «crítico» se da en Andalucía, donde la deuda supera los 14 millones de euros sólo para los centros de Lares y el pago de plazas, que debería abonarse a los treinta días, se está ejecutando con retrasos de hasta 4 meses. Para poder seguir funcionando, los centros han tenido que solicitar a los bancos anticipos de las facturas emitidas a la Junta, con un interés del 4%, así como pólizas de crédito.
En esta región, casi el 14 por ciento de las plazas concertadas con los centros Lares están vacantes y desde julio de 2012 «sólo se reponen las plazas para atender urgencias sociales y sólo en casos extremos», mientras las valoraciones están «prácticamente paralizadas y cuando se realizan reflejan índices a la baja». «El sistema está prácticamente paralizado, siendo los más afectados los usuarios sin acceso a los recursos que necesitan», explica el informe.
En Baleares, el nivel también se considera «crítico» en el informe. «Hay una importante deuda acumulada de 340.000 euros del impago de las 30 plazas concertadas en la Residencia Reina Sofía- Ibiza (única de Lares con plazas concertadas) desde el 2011 y hasta mayo de 2013», explica la organización, para incidir en que ha sido necesario contratar una póliza de crédito de 500.000 euros. El peso de esta deuda puede «hundir» el centro.
RIESGO DE DESAPARICIÓN EN CANARIAS
En la misma línea, las Islas Canarias, con un nivel igual de «crítico» por el adeudo de hasta siete meses de plazas concertadas a los centros residenciales más pequeños. «Es este un volumen muy importante para su dimensión empresarial», explica el informe, para incidir en que, también en este caso, la deuda se soporta con la suscripción de pólizas de crédito «que conllevan intereses importantes».
«Así las cosas las plazas concertadas corren el riesgo de desaparecer: En la actualidad los mayores atendidos en ellas no llegan a las 100 personas y mientras, el diálogo con las Administraciones es absolutamente deficiente», dice el informe sobre Canarias, donde, según afirma, «la Ley de Dependencia está totalmente paralizada».
Mientras, en la Comunidad Valenciana, los centros aún no se han recibido los importes correspondientes al 2013, es decir, el 60% del importe de las plazas concertadas, y se acumula una deuda «importante». Por un lado, los centros asociados a Lares de titularidad municipal tienen pendiente desde 2012 recibir 270.000 euros. Por otro, se adeuda a todos los centros 5,5 millones de euros por las plazas concertadas desde enero del 201) y 527.000 euros de subvenciones para equipamiento desde 2010.
Asimismo, en Castilla La Mancha se deben entre 3 y 4 meses tanto en los conciertos como en las residencias que funcionan por convenio, aunque está previsto que se salden con los mecanismos de pago a proveedores que están en marcha. En Extremadura, por su parte, las plazas se pagan en un plazo de dos a tres meses y se acumula una deuda actualmente de 12.000 euros, y en La Rioja, donde los pagos son a 90 días, se acumulan 3 meses de retraso, según el informe.
PLAZAS VACANTES, DEPENDIENTES INFRAVALORADOS
«La crisis económica ha provocado que las Administraciones retraigan el gasto en dependencia y esta postura se ha materializado de muy diversas formas, generando una cascada de desajustes», señala Lares, Lares, que agrupa a más de 950 entidades en las 17 comunidades autónomas.
En este sentido, denuncia que la reforma de la Ley de Dependencia por la que se suprimieron los niveles intermedios que se utilizaban para clasificar la situación de la persona necesitada de atenciones, ha desembocado en «una extendida tendencia a la baremación a la baja» por lo que un beneficiario con gran dependencia es catalogado, por ejemplo, con un grado medio y quien estaba en esta situación, a su vez, puede ser considerado moderado.
Lares sostiene que esta medida «provoca que los centros perciban importes inferiores al coste de la atención real que prestan» a los dependientes que están ingresados en ellos. «En Aragón, por ejemplo, apenas hay mayores valorados con el Nivel III (Gran Dependencia)», explica el informe.
Otro de estos «desajustes» que señala la organización es la desocupación de plazas residenciales por la falta de reposición de los dependientes que fallecen. Según explica el informe, en Aragón el 46% de las plazas concertadas en centros Lares está vacante y las plazas por defunción no se cubren desde el 2010. Mientras, las plazas vacías en Andalucía son el 14% y no se producen reposiciones desde julio de 2012.
Asimismo, refiere una «bajada o congelación extendida en los precios de las plazas concertadas», aunque las Administraciones muestran cierta tendencia a flexibilizar parámetros como ratios de personal y de servicios que ayuden a los centros a soportar estas bajadas de precios. En algunas comunidades, en cambio, los precios de las plazas concertadas han subido ligeramente como es el caso de Asturias (1%) y Euskadi con un porcentaje cercano al 5%.
Sanidad asegura que «la peor parte de los ajustes» en política social «ha pasado»
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Miniosterio de Sanidad, Juan Manuel Moreno, ha afirmado que «la peor parte de los ajustes presupuestarios» en política social «ha pasado ya» y se ha entrado «en un tiempo nuevo», de «consolidación del gasto» en el que «ya no hay necesidad de ajuste».
Así lo ha explicado en la rueda de prensa de presentación del presupuesto con que contará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el próximo curso, cuando dispondrá de 1.912 millones de euros, 3,2 millones más que en 2013, de los que 1.527 millones irán a parar a su departamento, 1,4 más que en 2013.
El grueso de estas partidas se irá al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que sobre el papel este año cuenta con un 46% menos de presupuesto por la desaparición de 1.034 millones de euros que el año pasado se consignaron de forma excepcional para sufragar cuotas a la Seguridad Social de cuidadores familiares que se adeudaban desde la legislatura anterior.
Moreno ha concretado que descontando estas obligaciones, el presupuesto para Dependencia este ejercicio ascenderá a 1.175 millones de euros, 4,8 millones más que el año pasado. Esta cantidad, el 61% de los fondos de que dispondrá el ministerio, incluye los 1.087 millones del nivel mínimo de financiación para las comunidades autónomas, que no varía.
A estas partidas hay que sumar otras cantidades que repercuten en la financiación de la dependencia, como 128,6 millones para promoción de la autonomía personal, 4,7 millones en transferencias al IMSERSO para la atención de grandes dependientes, 128,6 millones para termalismo social o 5 que se consignan para fundaciones que trabajan con mayores y discapacidad.
Con todo, en 2014 no habrá nivel acordado de financiación con las comunidades autónomas, por lo que el nivel mínimo será toda la transferencia que reciban del Estado para sufragar la gestión del SAAD y seguirá congelada la incorporación al sistema de dependientes moderados, cuyo ingreso se pospuso hasta julio de 2015.
22,2 MILLONES PARA VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otra parte, Moreno ha destacado el «compromiso» del Ejecutivo en lucha contra la violencia de género y ha destacado que el presupuesto de la Delegación del Gobierno para estos fines se mantendrá íntegro respecto de año pasado, con 22,2 millones de euros y «ni una sola política» de protección o asistencia a las víctimas se verá afectada en el nuevo ejercicio. «No hay ni un paso atrás», ha asegurado.
En este sentido, ha destacado que el servicio de tele asistencia ATEMPRO mantiene una partida de 5,5 millones de euros, el servicio telefónico 016 se queda con 1,1 millones y la partida para asistencia social de las víctimas respeta los 4 millones del año pasado. Además, se incrementa la partida para sensibilización en 122.000 euros hasta alcanzar 1,6 millones.
También varía el presupuesto para los brazaletes GPS de localización de maltratadores porque, según ha explicado Moreno, se ha «renegociado» el contrato y se ha conseguido una rebaja del precio «en torno a 200.000 euros». Este dinero va a reinvertirse en una nueva «macroencuesta» sobre violencia de género que ejecutará el Instituto Nacional de Estadística por importe de 300.000 euros, conforme ha señalado.
14 MILLONES PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER
Por otra parte, en materia de Igualdad, Moreno ha destacado que el Instituto de la Mujer contará con 13,6 millones de euros para el próximo año «una vez corregidos los desajustes presupuestarios del gobierno anterior, que habían dejado un agujero de siete millones de euros». En paralelo, se destinarán otros casi seis millones para promoción del emprendimiento y el empleo femeninos, parte de los cuales proceden de fondos europeos.
Otro de los asuntos en los que ha hecho más hincapié el secretario de Estado es en el presupuesto de lucha contra la pobreza, en tanto que su departamento gestiona la recaudación del IRPF correspondiente a la casilla de fines sociales y que el año próximo podría superar los 211 millones de euros, según sus propias estimaciones.
Además, Moreno ha destacado que, por un lado, el Ministerio ha aumentado en 1,8 millones la aportación de las subvenciones sociales con cargo al IRPF y, por otro, se ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado la creación de un fondo europeo de ayuda a personas en riesgo de exclusión social dotado con 40 millones de euros procedentes de la Unión Europea.
El informe económico y financiero que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado este lunes en el Congreso junto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado recoge una caída global del 36,4% en las partidas que las distintas administraciones públicas destinarán el próximo año a Servicios Sociales y Promoción Social.
AERTE y la FED reclaman urgencia para impulsar nuevas fórmulas de colaboración sociosanitarias público-privadas
En la Jornada organizada por CIERVAL “Colaboración Público-Privada ¿respuesta a la crisis?” celebrada hoy en su sede de Valencia, AERTE y la FED reclaman urgencia para impulsar nuevas fórmulas de colaboración sociosanitarias público-privadas.
El pago efectivo de la deuda pendiente, más de 50 millones acumulados al sector por parte de la administración central y autonómica; mayor coordinación sociosanitaria; la potenciación del turismo de salud o la colaboración entre centros y hospitales, principales reclamaciones para dinamizar el sector y colaborar en la reactivación de la economía.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) a través del presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Alberto Echevarría, ha participado esta mañana en la jornada organizada por CIERVAL que con el título “Colaboración Público-Privada ¿respuesta a la crisis?” en la que se ha reflexionado sobre el papel de la administración y las empresas en la gestión de los servicios públicos.
Desde la patronal de la dependencia se ha expuesto el papel cada vez más importante que supone el sector de la dependencia para afrontar la crisis económica por su carácter generador de empleo, las residencias crean un puesto de trabajo por cada dos personas atendidas, y por propiciar retornos directos e indirectos que estimulan el tejido productivo y favorecen la reducción del déficit público. Además, se ha apuntado que el sector garantiza de una forma eficaz la atención sociosanitaria a personas dependientes que crece de forma continuada: diariamente se atienden, sólo por los profesionales asociados a AERTE, a más de 24.000 personas (la mayoría, mayores y discapacitados).
Por ello, se ha reclamado una mayor implicación y compromiso efectivo de las administraciones públicas tanto central como autonómica en aquellos retos esenciales para la sostenibilidad del sector: retos como la agilización del pago de las prestaciones y el reconocimiento de la situación de dependencia a las personas con derecho a ser atendidas; el pago por parte de la administración central y autonómica de la deuda acumulada a los centros que en estos momentos asciende a más de 50 millones de euros; la aplicación real de la Ley de la Dependencia o la compleja arquitectura financiera que genera efectos barrera para la sostenibilidad del sector.
Alberto Echevarría ha recordado el excelente nivel de cualificación de los profesionales del sector y felicitó a la Comunidad Valenciana por haber sido y ser pionera en muchos aspectos con iniciativas que hacen que sea imprescindible la colaboración público-privada. Programas como el Bono Residencia, del que hasta la fecha se han beneficiado miles de personas y cuyo modelo ha sido referenciado por autonomías, la eficacia con que se administra el material fungible a través de una central de compras centralizada en la misma Conselleria o la forma en que se ofrecen los servicios de farmacia en algunos de los centros proporciona a la Comunidad Valenciana un espacio relevante en el mapa nacional de la dependencia. Aspectos que otras comunidades replican y que, sin embargo, en su aplicación son más eficaces.
El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia ha alabado que la Comunidad Valenciana sea un territorio atrayente para el sector turístico pero ha remarcado que “deberíamos aprovecharlo como plataforma para el desarrollo de proyectos como el turismo de salud, una idea emprendedora que necesita apoyo para poner en marcha políticas internacionales que lleven a la firma de acuerdos bilaterales con otros países que sí saben valorar la calidad de nuestros servicios, nuestros centros y la profesionalidad de nuestros trabajadores”.
Otra idea expuesta por Echevarría ha sido la de impulsar la coordinación sociosanitaria mediante la colaboración entre centros sociosanitarios y los hospitales en aspectos como la reducción de la estancia media en hospitales, derivando a los pacientes a centros donde el nivel de profesionalidad y atención no tiene nada que envidiarles.
