Recortes
La Generalitat Valenciana acumula una deuda de 35 millones de euros con el sector y es la única autonomía española que tiene retrasos en los pagos superiores a 9 meses
Se ponen en peligro cerca de 2.000 puestos de trabajo no deslocalizables en los 25 municipios en los que dan servicios estas empresas.
La Generalitat Valenciana acumula una deuda de 35 millones de euros con el sector que engloba a las empresas de atención socio-sanitaria encargadas de la gestión de residencias públicas, con una media de impagos superior a los 9 meses, la ratio más alta de España, según datos aportados por las organizaciones sindicales y la propia Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP).
Desde la Entidad, se considera inadmisible que se mantenga una deuda con los operados que gestionan los centros públicos, máxime cuando esta gestión está regulada por contratos administrativos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, que se licitan mediante concursos públicos por periodos de 4 años, y que cuentan con una asignación y partida presupuestaria plurianual validada por la Intervención.
Si bien la realidad, tal y como se denuncia desde AVREP, es que, mientras que la media de retrasos en el pago a proveedores en España está en 90 días, la Comunidad Valenciana triplica este periodo, alcanzando picos de hasta 12 meses de impagos a las entidades que atienden a los mayores y las personas en situación de dependencia, especialmente aquellas vinculadas a residencias públicas. Ver Anexo I (mapa).
En este sentido, desde la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas se ha reclamado al Gobierno Valenciano que busque los medios necesarios para hacer efectivo el pago de la deuda que mantiene con los operadores del sector desde noviembre de 2012, dado que éstos no han sido incluidos en el primer tramo del Plan de Pago a Proveedores, que finalizó el 6 de septiembre, y que teóricamente estaba destinado a cubrir los impagos que mantenía la Generalitat Valenciana hasta el 30 de abril de 2013.
La no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas, supone condenar a más de 2.600 dependientes y cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos, dado que la situación se ha convertido en insostenible para muchos de los gestores, con riesgo de continuidad en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante (6), Castellón (3) y Valencia (16).
Desmantelamiento de la red pública
El incremento mensual de la deuda y el sistemático incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público por parte del Gobierno Valenciano ha provocado que la red pública de atención a personas en situación de dependencia pueda desaparecer en los próximos meses ante la pasividad de los gobernantes autonómicos y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el consiguiente perjuicio social y reducción de la calidad de vida para muchos dependientes y sus familias.
La Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP), constituida recientemente para defender a las empresas, trabajadores y usuarios de estos centros, representa al 97% de los gestores de éste sector, agrupando a las entidades que coordinan los servicios de 26 de los 28 recursos disponibles en la red pública de la Generalitat Valenciana.
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Consejera andaluza señala que a la Dependencia «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas»
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha señalado que el criterio de admisión de las persona en el Sistema Andaluz de Dependencia «es el que establece la Ley a nivel nacional», pero «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas», porque «estamos hablando de derechos». «Tampoco se le aplicaría a un derecho consolidado como es la asistencia sanitaria», añade.
La consejera ha hecho esta declaraciones al ser preguntada por los periodistas en Sevilla sobre si en Dependencia se podrían perder ayudas con la nueva medida de la Junta de Andalucía, anunciada este martes en Consejo de Gobierno, de ampliar los requisitos para medir la capacidad económica de los solicitantes de ayudas públicas de modo que, además del nivel de ingresos por renta, también ponderará el patrimonio neto del posible beneficiario de las mismas.
Así, la consejera ha recordado que la Ley de Dependencia tiene un carácter normativo «de máximo rango» a nivel nacional, «donde el criterio de renta no entraría en el control que se estableció este martes a nivel de ayudas, subvenciones y aportaciones por parte de la Administración autonómica andaluza par otros temas», es decir, «estamos hablando de derechos, y, por lo tanto, no estamos hablando de subvenciones, incentivos o ayudas, y no se le aplicaría el mismo criterio a no ser que hubiera un cambio normativo a nivel nacional».
En este sentido, aclara que, en este momento, el criterio de admisión de las persona en el Sistema Andaluz de Dependencia «es el criterio que establece la Ley, con las modificaciones posteriores que ha hecho el Gobierno del PP al respecto de la Ley». Pero, insiste Sánchez Rubio, «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas». «Creo que hay que distinguir el derecho de la subvención, la ayuda o el estímulo, que es lo que la Junta quiso dejar claro este martes», reitera la consejera.
Aragón no aplicará copago en fármacos de dispensación ambulatoria en hospitales el 1 de octubre y plantea compensaciones
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha indicado que es «materialmente imposible» aplicar el nuevo copago en fármacos de dispensación ambulatoria en hospitales el próximo 1 de octubre y ha anunciado que su Departamento estudia «medidas compensatorias para reducir o eliminar la aportación del paciente».
En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el Consejo Aragonés de Servicios Sociales, ha expresado su «total acatamiento de las normas» y su voluntad de poner en marcha esta medida «lo antes posible», si bien «más prisa me corre tener claro cuál es el límite de aportación que desde un punto de vista social sería admisible y es ahí donde queremos incidir en primer lugar».
En este sentido, por un lado, ha aclarado que la lista de los 157 medicamentos incluidos en este copago «se conoció el viernes» y hacen falta «unos mecanismos administrativos para poder cobrarlos» que no se arbitran «de un día para otro».
Por otro lado, ha precisado que están analizando «uno por uno» los medicamentos para conocer «cuál sería la repercusión en la aportación del usuario porque, normalmente, son muy caros», y aunque «en muchos casos, puede ser una cantidad simbólica», «en otros no» y «es ahí donde queremos incidir».
Oliván ha dicho que el objetivo es que, «teniendo en cuenta la renta» del paciente, la aportación que haga «sea la mínima posible o incluso en algunos casos ninguna», diferencia que «asumiría» la Comunidad autónoma, de forma que, «la aplicación de la norma perjudique lo menos posible a los ciudadanos».
Gasto significativo
El consejero de Sanidad ha relatado que el impacto de cada medicamento en la aportación de cada paciente depende, por ejemplo, de las dosis que se tomen a lo largo del año, para comentar que hay casos en que el gasto para el paciente sería «significativo» y, entonces, se aplicarán medidas compensatorias.
Así, ha glosado que hay medicamentos cuyo coste es de 3.000 euros la dosis y la aportación final sería de 30 euros, mientras que otros con el mismo precio por dosis pueden suponer para el paciente el pago de 500 euros o más.
Por otra parte, ha argumentado que este copago es «coherente» con el que ya existe con los medicamentos que se compran en las farmacias y ha aclarado que se aplicará a los fármacos «que recogemos en el hospital y nos llevamos a casa, no a los que nos suministran en el propio hospital, cuando estamos ingresados o cuando tenemos que pasar por algún tratamiento».
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La reforma del PP supondrá un recorte de 33.000 millones en las pensiones
El Gobierno ya ha cifrado cuánto va a ahorrar la Seguridad Social con la reforma de pensiones en el horizonte más cercano. Serán 32.939,95 millones acumulados entre 2014 y 2022, según la memoria del anteproyecto de la reforma remida al Consejo Económico y Social (CES). De estos números se desprende que en los próximos años —aunque esto no aparece explícitamente en el documento— los jubilados perderán poder adquisitivo, al menos esta década.
El CES recibió este lunes el anteproyecto y la memoria de la reforma, a la que ha tenido acceso este diario, que el Consejo de Ministros estudió el viernes. En él se detalla la doble vía de ajuste del gasto en pensiones que el Ministerio de Empleo quiere tener lista antes de fin de año. Por un lado, se prevé cambiar la fórmula de actualización anual de prestaciones, ahora ligada al IPC, para vincularla a los ingresos y los gastos del sistema, fijando un suelo para los años de déficit (0,25%) y un techo para los de superávit (inflación más el 0,25%). Esta parte debe funcionar ya el año próximo.
Por otro, se pretende crear un nuevo parámetro (como la edad legal de jubilación, los años cotizados o el periodo de cómputo) que contemplaría la esperanza de vida desde los 67 años para calcular la cuantía inicial de la pensión, que comenzaría a actuar desde 2019, y que se actualizaría cada cinco años.
El recorte del gasto en casi 33.000 millones acumulados entre 2014 y 2022 llega por la combinación “respecto de la situación estimada en ausencia de los mismos”, explica el informe en la página 29. No obstante, el ahorro se produce de forma creciente. Para el próximo año, el impacto se notaría muy poco: unos 809 millones (el gasto presupuestado en pensiones contributivas este año es de 106.000 millones). Al siguiente, ya sumaría 1.637,74 millones. La cantidad crece año a año hasta 2020, cuando el recorte asciende a 5.234 millones. Entonces la cantidad se estabiliza.
“Ahorrar no es recortar. Es ahorro sobre el crecimiento previsto”, defiende el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que relaciona los 33.000 millones menos de gasto con el billón que supondrán las pensiones en ese periodo. “Nadie tendrá pensiones más bajas por esto. Lo que hacemos es reordenar el sistema para reequilibrarlo. Entre 2012, 2013 y 2014, el déficit superará los 35.000 millones”.
Para hacer sus números la Seguridad Social prevé que la inflación en estos nueve años sea del 1%. Esto arroja unos resultados bastante conservadores. Solo el plan de estabilidad del Ejecutivo prevé para 2014 una inflación del 1,5%, y del 1,7% para el siguiente año. De tomarse estas cifras, el recorte de gasto futuro sería mayor: solo en 2014, casi el doble.
La práctica totalidad del ahorro procederá de la aplicación del nuevo índice de revalorización. Habrá que esperar hasta 2030 para que el nuevo parámetro ligado a la esperanza de vida tenga impacto sobre el gasto del sistema, un 0,1% del PIB.
Estos resultados evidencian que durante los primeros años los pensionistas perderán poder adquisitivo, al menos durante el próximo lustro. Y que, a tenor del techo propuesto por el Ejecutivo para los años buenos (IPC más el 0,25%), es muy probable que los pensionistas necesiten mucho más tiempo para recuperar el terreno perdido. “Eso no tiene por qué ser así”, defiende Burgos, que no admite que con la reforma se vaya a devaluar las pensiones, lo que supondría un nuevo incumplimiento electoral. Y para sostener su posición afirma: “Esta reforma abre el debate de los ingresos del sistema”. Las palabras de Burgos hacen referencia a la fórmula de actualización anual que contempla tanto gastos como ingresos, y de aumentar mucho estos pueden influir decisivamente en el resultado de la ecuación.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, por su parte, optó este lunes en Onda Cero por mirar a los últimos 15 años pasado para justificar su propuesta de reforma y no por los cinco futuros: “Si se hubiese puesto en marcha en el año 96 ó 97 la revalorización de las pensiones con este nuevo índice, el resultado habría sido que en 16 años se hubiera subido el IPC más el 0,25% en 14 de ellos y sólo en los dos últimos años habrían subido, aunque menos del IPC”. Pero es difícil que ese pasado se repita. Las previsiones económicas inmediatas son lúgubres y auguran altas tasas de paro —el empleo y sus cotizaciones son la fuente de financiación de las pensiones— hasta al menos 2020. El FMI la sitúa por encima del 25%. Además, conforme avancen los años España camina hacia la generación del baby boom, que llevará el número de pensionistas en 2052 hasta los 15 millones desde los nueve millones actuales.
La Junta de Andalucía garantiza que abonará las deudas a empresas y familias por dependencia
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha garantizado este martes que la administración autonómica abonará las deudas a empresas y familias por el servicio de dependencia.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Vázquez ha querido dejar clara la apuesta de la Junta por la dependencia y por lo que supone para muchas familias ese cuarto pilar del estado del bienestar, al tiempo que ha garantizado que la pretensión es mejorar, sabiendo las enormes dificultades impuestas por el Ejecutivo de la nación, con medidas que vienen a recortar todas las conquistas que se habían logrado.
Además, ha manifestado que la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, lo primero que ha hecho es plantear un plan de pago en la línea de poder atender esas deudas que se tienen y que no se han podido abonar en su momento.
Vázquez ha recalcado que hay una voluntad política, evidentemente, de sufragar el pago para que el sistema siga funcionando, porque la dependencia es un pilar irrenunciable.
También ha señalado que la Junta entiende el malestar de empresas y de familias que ven que les llega el dinero con cierto retraso. «Pero les llegará y no es solo una cuestión de voluntad política, sino de convencimiento y de apuesta firme por las políticas de dependencia», ha sentenciado.
Poco tiempo en consulta para atender a un enfermo de Alzheimer
El 75 por ciento de los médicos de Atención Primaria tienen menos de 10 minutos para evaluar un deterioro cognitivo en sus consultas y, en el caso de los neurólogos, el 82 por ciento dispone de menos de media hora en una primera consulta, en ambos casos un tiempo insuficiente para lograr un correcto manejo de la enfermedad de Alzheimer.
Así se desprende de los resultados del primer ‘Barómetro del cuidado del paciente con Alzheimer en España’ del proyecto kNOW Alzheimer presentados este martes en un encuentro informativo de Europa Press. «Es imposible valorar un deterioro cognitivo así, ni en los 10 minutos que tiene un médico de Atención Primaria ni en los 30 que tiene un especialista», ha lamentado el neurólogo Pablo Martínez-Lage, coordinador del proyecto.
Dicho barómetro, elaborado con el apoyo del laboratorio STADA, ha incluido una encuesta a cerca de 1.700 personas –entre neurólogos, médicos de Atención Primaria, geriatras, farmacéuticos, cuidadores y familiares– con el objetivo de conocer las actitudes, los conocimientos y las necesidades de los colectivos que participan en el manejo del paciente con enfermedad de Alzheimer.
El objetivo, ha resaltado Martínez-Lage, era ofrecer «por primera vez» un retrato actualizado y multidisciplinar del estado del manejo de esta enfermedad, que afecta ya a uno de cada diez hogares españoles y cuya incidencia está previsto que se duplique en los próximos años como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población.
Para su diagnóstico precoz y adecuado tratamiento es necesario que los médicos tengan tiempo en sus consultas para atender adecuadamente las necesidades de pacientes y cuidadores, algo de lo que actualmente carecen, según ha reconocido este experto.
En el caso de la Atención Primaria, ha explicado el coordinador de kNOW Alzheimer, es necesario utilizar herramientas para detectar un deterioro cognitivo, pero para aplicarlas se necesitan 7 minutos, de ahí que los 10 minutos con que cuentan la mayoría para ver a sus pacientes sea insuficientes.
«Y hay síntomas que la gente no cuenta espontáneamente y por los que hay que preguntar», reconoce Martínez-Lage, que también lamenta que con el tiempo que disponen los médicos de familia es complicado en muchos casos informar como deben a los cuidadores. «¿Como vamos a dar buena información a la familia con esos tiempos de consulta?», se ha preguntado.
De igual modo, los datos del barómetro también muestra la necesidad de ampliar los tiempos de consulta del médicos especialista, ya que en la actualidad «no se puede informar ni hacer una historia clínica en las mejores condiciones».
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TARDÍO
El problema de todo ello, apunta este experto, es que esta falta de tiempo hace que el Alzheimer «se diagnostique y se trate tarde». De hecho, los datos del Barómetro muestran que el tiempo transcurrido entre la detección de los primeros síntomas y la primera visita suele ser de un año de media.
«Al neurólogo le suele llegar bastante tarde el enfermo», ha lamentado el presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Jerónimo Sancho, lo que hace que haya un porcentaje de pacientes que cuando acuden a sus consultas ya llegan con una demencia franca.
El problema de todo ello, apuntan, es que esto repercute en el pronóstico que tendrán estos pacientes, ya que la eficacia de los tratamientos ha demostrado estar estrechamente relacionada con el punto de evolución de la enfermedad.
Por otro lado, en el estudio todos los colectivos encuestados resaltan la necesidad de obtener formación más específica en áreas como el diagnóstico, pronóstico, tratamiento farmacológico y recursos para el cuidado del paciente. Prueba de ello es que el 60 por ciento de los cuidadores y familiares reconocieron no haber recibido suficiente información sobre la enfermedad de Alzheimer.
Los profesionales también defienden la importancia de continuar investigando en el desarrollo de nuevos fármacos que mejoren la calidad de vida de estos pacientes y permitan retrasar el deterioro cognitivo que padecen.
LOS FÁRMACOS APORTAN BENEFICIOS
Prueba de ello es que, según el Barómetro, la mayor parte de los médicos de familia perciben que los fármacos aportan beneficio mientras que el 53 por ciento de los especialistas consideran que logran estabilizar transitoriamente los síntomas de la enfermedad.
Además, un 94 por ciento aplican la terapia combinada con inhibidores de colinesterasa y memantina en algún momento de la evolución y existe una apuesta «tajante» por la estimulación cognitiva.
En este punto, la directora general de STADA, Mar Fábregas, ha destacado la importancia para el avance y la mejora de la atención del paciente con Alzheimer que tendrá la llegada de los medicamentos genéricos, «con la misma eficacia y seguridad y un coste sustancialmente inferior que el que tenía en su momento el medicamento protegido por la patente».
De hecho, el lanzamiento al mercado de cuatro genéricos de este laboratorio permitirá al sistema sanitario español «un ahorro de más de 150 millones de euros anuales».
Los Yayoflautas se movilizan este otoño en defensa de las pensiones
El colectivo de los Yayoflautas prepara su particular ‘vuelta al cole’ tras los meses de verano con un calendario de movilizaciones para los próximos meses en los que realizarán acciones contra los recortes en la Ley de Dependencia y contra la reforma de las pensiones prevista por el Gobierno.
Así lo han aprobado en la última asamblea del colectivo en Córdoba, en la que acordaron volver a la calle con sus movilizaciones en las próximas semanas, en el que se augura un ‘otoño caliente’ de protestas para el que ya han venido trabajando durante los meses de verano, según informan fuentes del colectivo.
«No queremos que toquen las pensiones. Que no haya ningún tijeretazo ahí y, desde luego, hay que preservar el Pacto de Toledo», señalan los Yayoflautas en relación a su postura sobre las prestaciones por jubilación. En su opinión, la reforma que prepara al respecto el Gobierno central «va a acabar con la solidaridad intergeneracional» para preservar el sistema de pensiones.
Sobre este asunto, el colectivo prepara acciones en la Mesa Estatal por las Pensiones y recoge el guante de la recogida de firmas que ya se inició en junio en toda Andalucía para solicitar un referéndum donde la ciudadanía pueda votar a favor de la protección por ley de las pensiones, demanera que se introduzca en la Constitución la prohibición expresa de que cualquier gobierno actual o futuro, no las pueda tocar, recortar o privatizar.
Y es que desde que se hizo público el informe de expertos no gubernamentales sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, los Yayoflautas han sido uno de los colectivos sociales que se han movilizado para que no se cruce la línea roja de protección que se estableció con el Pacto de Toledo sobre las prestaciones de los jubilados.
«Luchamos por una pensión digna para todos»
Desde el colectivo se ven con preocupación los mensajes del Fondo Monetario Internacional, de Bruselas y del propio Gobierno español que han puesto en guardia desde hace meses a los ciudadanos. Si ya ahora ven que las pensiones actuales no se revisan según el encarecimiento de la vida, ahora alertan sobre la reforma que se prepara sobre el sistema público de pensiones.
«Luchamos por una pensión digna para todos», sintetizan desde el colectivo de Yayoflautas, quienes advierten que su lucha «no es ya por los que estamos jubilados sino por que las generaciones venideras son las que realmente van a sufrir el recorte en las pensiones».
En el mismo sentido, los integrantes de este colectivo también realizarán este otoño acciones por el mantenimiento de la Ley de Dependencia y contra los recortes que se están llevando a cabo actualmente sobre el que consideran un derecho universal para todas las personas dependientes. «Hay que denunciar los problemas que están patentes para que no se olviden», explican sobre el significado de sus acciones.
Procesiones en silencio con sus pancartas
La actividad regular de los Yayoflautas incluirá acciones en cada uno de los barrios de la capital cordobesa un día a la semana, como hasta ahora venían haciendo con su actividad ‘Los lunes al sol’ en el que cada día primero de semana sacaban sus pancartas y reivindicaciones a la calle por una zona de la ciudad. A ello se unirá como novedad en este nuevo curso la apuesta por llevar sus movilizaciones también a la provincia y, para ello, preparan un calendario de acciones en diversosmunicipios.
Esta suerte de «procesiones por los barrios, en silencio y con nuestras pancartas» que retomarán en las próximas semanas les ha devuelto la respuesta de la gente en la calle. «Nos paran, nos preguntan, la gente se fija y eso es lo importante, que no se olviden de los problemas y de que sepuede luchar contra eso». A cualquier edad.
Cabe recordar que, con sus movilizaciones, ya han llevado reivindicaciones contra la reforma laboral y por un empleo digno a diversas zonas de Córdoba. Una de las más simbólicas fue su paso por el Patio de los Naranjos de la Mezquita, de donde «nos echaron» en una primera ocasión pero, al poco tiempo, volvieron a realizar con éxito su particular «procesión» de pancartas y en silencio.
El colectivo de los Yayoflautas, que nació en Cataluña, actualmente tiene representación en Andalucía en las provincias de Córdoba y Granada. Como ellos mismos escriben en su web, «vamos a lomos de mula vieja como decía el poeta, no tenemos prisa, sabemos que estamos en el camino, la meta la alcanzarán otros, como tiene que ser».
Discapacitados intelectuales protestan contra los recortes en Cataluña
Representantes de la plataforma de discapacitados intelectuales Dincat, que representa a 310 entidades con más de 30.000 usuarios, protestará este miércoles ante la Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña contra el recorte del 20% en el Programa de Apoyo a la Autonomía en la Propia Vivienda, del que se benefician actualmente 650 personas en Cataluña.
El objetivo de la protesta es intentar revertir el tijeretazo, que el Govern ha aplicado con efectos retroactivos desde enero, algo que afecta a la viabilidad de las 44 entidades que actualmente gestionan este programa, ha informado este lunes Dincat en un comunicado.
El Programa de Apoyo a la Autonomía en la Propia Vivienda es «fundamental» para la plena inclusión de los discapacitados intelectuales ya que les permite independizarse y tener un proyecto de vida propio.
La cuarentena de entidades que llevan a cabo este programa ponen a disposición de los beneficiarios equipos de personas que les ofrecen apoyo en áreas como el cuidado personal, la resolución de trámites y gestiones administrativas y la organización de la economía personal y doméstica, entre otras.
Hasta ahora, la subvención era de 626,35 euros mensuales, que tras el recorte se ha reducido a 500 euros, cifra que «dificulta claramente la viabilidad del programa», según Dincat.
La patronal AERTE sigue a la espera de una solución a los impagos
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), tras haberse reunido esta mañana con las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda, sigue a la espera de un compromiso y de la firma de una regulación segura de los pagos comprometidos con el sector de forma equitativa.
La Administración valenciana se compromete a que no aumente la deuda actual con un mecanismo de pago mensual.
Aerte, que había solicitado a las administraciones valencianas un plan de pagos que pueda garantizar la sostenibilidad del sector, sigue sin una contestación clara ni con la seguridad de que se vaya a afrontar la deuda que mantiene con la administración, aunque desde las Consellerias de Bienestar Social y de Hacienda se han comprometido a que no se eleve la deuda contraída desde 2012 mediante un mecanismo de pago mensual que podría estar listo a finales de este mes.
Desde la patronal valenciana le han insistido a las administraciones que el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana se encuentra en una situación muy compleja y delicada al no poder hacer frente por más tiempo a la carga de deuda que mantiene la Generalitat Valenciana y que sólo en los centros de atención a dependientes de titularidad pública asciende a más de 50 millones de euros, correspondientes a las facturas desde octubre de 2012. Cabe recordar que estos centros atienden a más de 5.000 personas, entre dependientes y discapacitados, y dan empleo a más de 3.000 profesionales.
Por otra parte, Aerte le ha solicitado una vez más a la Administración que es necesaria la ordenación del sector con iniciativas como la existencia del mismo número de plazas concertadas que de ayudas directas al usuario con un presupuesto que se distribuya equitativamente entre ambos programas, respetando siempre la libertad de elección del usuario. Por último, desde la patronal valenciana han insistido en la necesidad de la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, así como la atención de los más de 11.000 personas dependientes, ancianos y discapacitados en su mayoría, que tienen reconocido el derecho a asistencia pero no reciben ninguna prestación.
El Gobierno portugués propone recortes del 10% en las pensiones públicas
El Gobierno portugués propuso un nuevo plan de reducción de pensiones de trabajadores del Estado para 2014 que implica recortes del 10% en las pensiones de más de 600 euros y una disminución de las jubilaciones anticipadas.
El proyecto plantea un ahorro de unos 700 millones de euros en gasto público y fue divulgado por los sindicatos dentro de la ronda de negociaciones que se celebraron hoy con el Ejecutivo conservador.
El documento, que el Consejo de Ministros deberá aprobar en las próximas semanas, se enmarca en el plan de ajustes exigido a Portugal por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el rescate financiero.
Los recortes se aplicarían sobre las pensiones superiores a 600 euros concedidas hasta 2005 y afectarían unas 300.000 personas, según el texto.
En el plan, quedan fuera de la reducción unas 134.000 pensiones, entre ellas las de familiares de los fallecidos menores de 419 euros, un umbral más alto que el considerado en la versión inicial divulgada en agosto, que preveía aplicarlos sobre las jubilaciones de más de 300 euros.
En total, la población de Portugal, con uno de los índices de envejecimiento más elevados del mundo, tiene cerca de un 30% de jubilados y pensionistas, unos tres millones de personas de los 10,5 de su población total.
Las jubilaciones anticipadas, que en el sector privado están suspendidas desde abril de 2012, se mantendrían en el público pero según un nuevo cálculo que disminuiría también el montante.
Otra medida plantea la suspensión de aquellas pensiones que se paguen a pesar de que el trabajador siga ejerciendo sus funciones públicas.
Al final de la reunión en el Ministerio de Finanzas, los sindicatos de la función pública consideraron que la norma es «inconstitucional» y llamaron a los ciudadanos a una manifestación el próximo 25 septiembre contra los recortes planteados.
La coordinadora del Frente Común de los Sindicatos de la Administración Pública, Ana Avoila, afirmó en declaraciones a periodistas que «no hubo margen para negociar» y pidió una ronda más de conversaciones, aunque aseguró que el Gobierno dio por cerrado el proceso.
La oposición socialista avisó la semana pasada que una reforma de las pensiones mediante recortes sería enviada al Tribunal Constitucional, que la semana pasada anuló una ley que facilitaba el despido de funcionarios.
Para el Ejecutivo conservador, que cuenta con mayoría parlamentaria gracias al apoyo de los Social Demócratas (centro-derecha) y los democristianos, esta revisión del sistema es necesaria para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo.
Además, esta medida permitiría, según el gobierno portugués, una convergencia entre el régimen público de jubilaciones -conocido como Caja General de Pensionistas (CGA)- y el que afecta a los trabajadores del privado, a cargo de la Seguridad Social.
Según la argumentación del Gobierno en el texto, el sistema de la CGA es «más ventajoso» y en los últimos veinte años sobrecargó el presupuesto estatal, al pasar de 765 millones de euros a 4.300 millones.
La CGA concede pensiones a 437.000 funcionarios con una paga media de 1.350 euros mensuales frente a los 2,2 millones de pensionistas de la Seguridad Social.
Según datos oficiales, un 85% de los jubilados de la Seguridad Social recibieron en 2011 de media menos de 500 euros al mes.
Cada diez minutos se deja de atender a un beneficiario de la Ley de Dependencia
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha elaborado un estudio con los últimos datos del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia del que se desprende que una persona deja de ser atendida cada diez minutos y cada media hora, un trabajador pierde su empleo.
La organización, que toma como referencia el balance oficial del SAAD publicado este mes por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, destaca que hay 4.654 beneficiarios menos en el sistema y un total de 8.999 personas han perdido su derecho a ser atendidos, un año después de la reforma de la Ley de Dependencia. «Se consolida la dinámica de destrucción paulatina del sistema sin que se haya mejorado en ningún aspecto de la gestión», concluye.
En comparación con el mes anterior, «el retroceso es notorio», según el estudio, porque «todas las cifras son negativas»: 4.654 beneficiarios menos, 9.068 dictámenes menos, 7.827 solicitudes menos, 4.751 grandes dependientes atendidos menos y 2.731 dependientes severos atendidos menos.
Misma tónica revelan los datos de prestaciones y servicios que recogen los directores y gerentes, con una reducción de 2.496 sistemas de teleasistencia, 1.088 Ayudas a domicilio menos, una caída de 242 plazas de Centros de Día y de 1.258 plazas en residencias, 289 prestaciones vinculadas al Servicio menos que el mes anterior y hasta 2.448 prestaciones para cuidadores familiares menos. Esto equivale, según sus cálculos, a la pérdida de 1.500 empleos.
«Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste ¿O se está dejando de atender a quienes más lo necesitan? Todo indica que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas», denuncian los expertos, para asegurar que «los fallecimientos de personas dependientes financian el déficit del Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento del Sistema».
En este sentido, señalan que la reducción de la lista de espera para acceder a una ayuda por dependencia difundida «como un logro» por el Ministerio de Sanidad, «se ha obtenido de la manera más cruel, eliminando personas acreedoras al derecho a ser atendidos».
«La estrategia ha sido doble: por un lado impedir que nuevos dependientes accedan al sistema –modificaciones del calendario primero por el RD-Ley 20/2011 y posteriormente por el RD-Ley 20/2012 que retrasa la entrada de personas dependientes con Grado I hasta julio de 2015–, y por otro lado, y esto es lo más doloroso, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos», señalan.
La Generalitat valenciana adeuda más de 35 millones de euros a los centros de atención a dependientes
El viernes 13, Aerte se reune con las consellerías de Hacienda y de Bienestar Social. Los centros sufren también las bajas de los residentes que esperaban el pago de su dependencia reconocida, y no llega.
En junio, la Generalitat se comprometió con Aerte, la asociación que aglutina a la mayoría de estos centros, a pagar en agosto toda la deuda de 2012. Pero no ha sido así. Ha habido algunos pagos, pero no el total. Con la suma de todo 2013, la deuda es ya de más de 35 millones de euros. La presidenta de Aerte, Mª José Mira se reune el próximo viernes con los secretarios autonómicos de las consellerías de Hacienda, Eusebio Monzón y de Bienestar Social, Álvaro Cuadrado.
A esta situación tan grave, se une el drama de las personas que tienen reconocido un nivel de dependencia y el cobro de una ayuda, y no la han cobrdo núnca. Aerte denuncia que once mil expedientes se encuentran en esta situación. Muchos de ellos, que han venido pagando la residencia como adelanto de lo que tenían que recibir, ya no pueden pagar más, y están abandonando las residencias.
La profesionalización de la Dependencia permite crear o mantener 4.000 empleos
La profesionalización de la Ley de la Dependencia, esto es, la apuesta por ofertar servicios especializados alternativos al cuidado familiar, ha permitido mantener o crear 4.000 puestos de trabajo durante el último año. Así lo destacó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, en el balance que ayer hacía en Valladolid, un año después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, que obligaba a reorganizar el modelo y orientarlo a esa mayor especialización. Según sus datos, se ha pasado de 4,5 empleos derivados de la atención personal por cada mil habitantes a los 6,1 actuales (que duplican la media nacional de 3,3 por ciento), y de 11.591 puestos de trabajo a medidados de 2012 a los 15.509 de junio de este año.
Unas cifras que tienen su traslación en el modelo autonómico, en el que se han reconocido 17.615 nuevas prestaciones por alta o cambio de servicio reconocidos a 15.504 usuarios, con un claro cambio de tendencia hacia los servicios profesionales, que suponen ya el 61 por ciento del total, frente al 39 por ciento de ayudas dirigidas al entorno familiar.
Esto representa un cambio estadístico evidente, que se ha hecho notar, en particular, a partir del pasado mes de febrero -seis meses después de que comenzaran a llegar los primeros expedientes posteriores el Real Decreto, que suelen resolverse en medio año-, lo que ha tenido como resultado la caída en un 17 por ciento de beneficiarios que recibían cuidados familiares, frente al avance, en ese mismo porcentaje, de personal externo que da apoyo a los pacientes dependientes. Milagros Marcos se refirió a los dos acuerdos sellados el pasado año (junio y septiembre) en el marco del Diálogo Social, que han propiciado el crecimiento de la profesionalización y destacó que a la norma estatal se añadió, por parte de Castilla y León, una rebaja del 15 por ciento en los recursos dirigidos a cuidados familiares en todos los grupos de dependientes, frente a la aportación suplementaria del 20 por ciento en los incluidos en los grupos I y III y del 74%para los registrados en el II.
Frente a las críticas socialistas, que apuntaban a una caída de beneficiarios y prestaciones, la consejera pidió «más coherencia y compromiso», si bien, desde el PSOE, la secretaria autonómica de Políticas Sociales, Marta Olmedo, planteaba a la Junta «que pregunte a los usuarios» del sistema si los recursos que reciben permiten pueden definir una asistencia de calidad.
La reforma de la dependencia ha tenido «efectos devastadores»
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha asegurado que la reforma de la Ley de Dependencia que aprobó el Gobierno en julio de 2012 ha tenido «efectos devastadores», tras un año de la aprobación del texto.
Según los portavoces de la organización, la medida ha «consolidado la dinámica de destrucción paulatina del sistema» y ha «impactado» en las personas dependientes «impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo».
Así, han acusado al Gobierno de «hacer un alarde de manipulación de datos sin precedentes» y de ofrecer información «mentirosa» cuando afirma que el número de desatendidos por los servicios sociales de atención a la dependencia bajó en más de 25.000 personas entre enero y julio de este año.
En este sentido, destacan que se trata únicamente de una «verdad a medias» y critican que el Gobierno no ofrezca los datos relacionados con la evolución del número de personas atendidas por estos servicios y que, según han indicado, «no solo ha permanecido más o menos constante, sino que se reduce sistemáticamente en lo que va de 2013».
En la misma línea, señalan que la explicación de la reducción en 100.000 personas desatendidas que el ministerio afirma haber logrado proviene de «aquellos a quienes se cercenó el derecho a atención» y de los que han muerto «sin haber sido atendidos por el sistema».
Por otra parte, aseguran que la reforma impulsada por el Gobierno ha supuesto la reducción de las prestaciones económicas de las 400.000 personas atendidas por el sistema y que 158.830 cuidadores familiares hayan dejado de cotizar a la seguridad social por la labor que realizan, también ahora, «pero sin ninguna cobertura».
También apuntan a una reducción, no solo de las personas desatendidas, que relacionan con un descenso de las personas con derecho a las prestaciones, sino también de las personas atendidas. En este sentido, señalan que de enero a julio de 2013, el sistema de atención a la dependencia se ocupa de 7.173 personas menos.
Por último, han criticado la supresión de los niveles convenidos de financiación a las Comunidades Autónomas para la atención a personas dependientes y aseguran que la ley «dilata los plazos hasta la desesperación» e influye en la destrucción de empleo del sector de servicios.
El Ayuntamiento almeriense no dará pasos atrás con las cuidadoras de dependencia
Después de semanas de negociación y de varios tira y afloja, la concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almería, Aránzazu Martín, está dispuesta a sacar dos pliegos de condiciones diferentes para concertar el servicio de atención a personas dependientes con dos empresas diferentes. El motivo: la falta de acuerdo con las 53 trabajadoras del plan concertado de ayuda a domicilio del Ayuntamiento.
Martín explica que el Estado ha retirado la aportación al plan concertado de los ayuntamientos y ha apostado por unificar las ayudas en torno a la Ley de Dependencia a cuyas trabajadoras, más de 400, también subvenciona la Junta de Andalucía. La concejal entiende que lo suyo sería sacar unificar el servicio y no tener dos empresas diferentes, con condiciones laborales diferentes y una de ellas con, cada vez, menos aportaciones económicas “puesto que lo del plan concertado para la ayuda a domicilio se acaba”.
Pérdida de beneficios La edil reconoce que las 53 trabajadoras del plan concertado tendrán que perder algunos de sus beneficios. Además de una rebaja en el sueldo (pasarían a cobrar 13 euros la hora en lugar de los 24 actuales), se les pide una modificación en la jornada laboral que quizá no fuera inmediata, pero sí a medio o largo plazo.
Y es que, si se unifica el servicio, el medio centenar de trabajadoras de ayuda a domicilio no pueden “legalmente” entrar a formar parte de una empresa cuando el grueso del personal (más de 400 trabajadoras) tienen otras condiciones laborales inferiores. Así lo explica la concejal que ve “imposible” que el Ayuntamiento pueda subir el sueldo a más del doble a cientos de trabajadoras algo que ocurriría si éstas lo solicitan legalmente tras una unificación de servicios.
La concejal de Asuntos Sociales insiste en que se trata de “perder ahora, para ganar después”. No sólo se les garantiza el trabajo, la antigüedad y una indemnización, sino que tendrían un empleo “de gran proyección en el futuro” y en el que mejorarían las condiciones laborales en cuanto haya mejores perspectivas económicas, entiende la edil.
Una concejal que “se ha cansado” de la postura de las trabajadoras del plan concertado y está dispuesta a dejar los dos servicios y preparar dos pliegos de condiciones diferentes para concesionar el servicio a dos empresas.
Claro que así las trabajadoras del plan concertado no asegurarían su puesto de trabajo dado que “las ayudas para este plan se están agotando”, insiste.
Mediación del alcalde Por su parte, las cuidadoras del plan concertado han denunciado en una nota de prensa que la concejal “juega con los derechos y los puestos de trabajo” y piden al alcalde que intervenga a su favor. Si no iniciarán protestas, dicen.
Por otra parte, frente a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Almería, hay más de 400 empleadas más que están sujetas a la Ley de Dependencia de la Junta de Andalucía y que piden igualdad de condiciones laborales y “más compañerismo” a las que hoy dependen del Ayuntamiento. Consideran que la situación de crisis obliga a “apretarse el cinturón”, pero confían en que mejore a corto plazo.
Patronales de residencias de mayores piden a Junta andaluza no dejar de pagar plazas reservadas por cuestiones económica
Diferentes patronales de residencias de mayores han solicitado por escrito a la consejera de la Presidencia e Igualdad y futura presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no aplique el proyecto de orden que ha iniciado la Consejería de Salud y Bienestar Social con el propósito de «dejar de pagar» las plazas reservadas en los centros para mayores «por falta de dinero» porque con ello «menoscabará la prestación de los servicios públicos esenciales».
Según ha informado a Europa Press el presidente de una de estas patronales, la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores en Andalucía, José Olmedo, con la modificación propuesta por Salud se permitiría a las residencias bajar el ratio de residentes autorizados en función de la población, cuando Andalucía cuenta sólo 2,8 plazas por cada mil habitantes cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 5,8.
Este hecho desencadenaría, según Olmedo, la pérdida de «unos 2.000 puestos de trabajo» en Andalucía, lo que además supondría grandes costes para las pymes porque «la mayoría de los empleados están indefinidos, y si tenemos que ponerlos en la calle porque hay menos ocupación y cuando esta suba volver a contratarlos nos costaría el collar más que el perro».
Según la patronal del sector, el proyecto de orden de la Junta consideraría vacía una plaza, y por tanto la dejaría de pagar, cuando el residente supere los cuatro días de permiso de fin de semana o vacaciones fuera de la residencia o bien cuando el titular se encuentre hospitalizado.
Olmedo ha criticado especialmente este aspecto, ya que ha puesto de manifiesto que «las personas mayores con frecuencia están en el hospital y cada vez que estén ingresados la Junta dejará de pagar esa plaza, pero al mismo tiempo estará reservada y no podrá entrar otra persona».
«UN AÑO MUY DIFÍCIL»
Según ha subrayado, esta nueva orden se produce durante un año «muy difícil», ya que hay más de 2.800 plazas sin ocupar y «este asunto está afectando de manera importante», sobre todo porque la mayoría de las residencias están en entornos rurales.
Asimismo, «se están llevando a cabo traslados de los pueblos a las ciudades, hay personas que están en pueblos porque cuando solicitaron la plaza no había sitio en la ciudad, y cuando hay sitio en las ciudades son trasladados», lo que se traduce en una despoblación de las pymes en los pueblos y supone «un problema grave», ha destacado Olmedo.
Sin embargo, a pesar de las 2.800 plazas vacías, la lista de espera para acceder a una plaza subvencionada por la Junta asciende a más de 40.000 personas, según los datos aportados por las patronales.
Plataforma Dependencia, preocupada por el futuro de las ayudas a familiares
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha expresado hoy su opinión respecto a la Orden, publicada ayer, que regula la Dependencia en la región, y muestran su preocupación por la eventual desaparición de las prestaciones que reciben los familiares cuidadores.
En un comunicado, este colectivo ha puesto de manifiesto su inquietud por los cuidadores familiares, el más amplio e importante dentro de la Ley de Dependencia, «ante la posibilidad que se pudiera abrir para dejarlos sin las prestaciones económicas que ahora reciben».
También han expresado su sorpresa por la celeridad en la publicación de dicha Orden, «en pleno periodo estival», así como «la falta de consultas y aportaciones» de la citada plataforma, que «quizás, hubieran enriquecido y modulado algunos aspectos de la citada orden».
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha entiende que en la citada Orden de la consejería de Sanidad se «aumentan de forma sustancial el proceso y las condiciones» para el acceso a las prestaciones de posibles nuevos beneficiarios, sobre todo a las personas valoradas como grandes dependientes.
Ello conllevaría, afirman en el comunicado, la práctica imposibilidad de poder ofertarles otros servicios, servicios que en realidad no podrían disfrutar, obviando que el espíritu de esta Ley era mantener a la personas dependientes dentro de su ambiente familiar con todos los beneficios que para ellos esto representa.
Además, han remitido a un estudio por parte de sus servicios jurídicos determinados artículos de esta Orden que «podrían no estar ajustados a derecho».
No obstante, valoran de forma positiva que se potencie en la Orden la prevención de las situaciones de dependencia y la intención de incorporar a los dependientes de grado moderado a algunas prestaciones antes de enero de 2015, aunque se muestran «expectantes».
AERTE solicita una reunión urgente con las Consellerias de Bienestar Social y de Hacienda para buscar una solución
El Gobierno deja fuera del Mecanismo de Pago a Proveedores a los centros de dependencia de titularidad pública al que se comprometió la Generalitat Valenciana.
La Conselleria de Bienestar Social debe más de 50 millones de euros a centros de titularidad pública que atienden a más de 5.000 personas con dependencia y/o discapacidad. El promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces superior en la Comunidad Valenciana.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), ante la exclusión del compromiso por parte de la Generalitat de introducir el pago pendiente a los centros de titularidad pública dentro del primer tramo del Mecanismo de Pago a Proveedores, desea manifestar que:
– La Conselleria de Bienestar Social debe más de 50 millones de euros a los centros de atención a dependientes de titularidad pública. Esta cantidad corresponde a todas las facturas desde octubre de 2012 que, en algunos casos, incluso se remontan a meses anteriores
– Que a pesar de ser debido a directrices del mismo mecanismo de pagos establecido a nivel nacional y de los esfuerzos efectuados desde la misma Conselleria de Bienestar Social por cumplir con el compromiso adquirido con estos centros, la situación en la Comunidad Valenciana es la más grave de toda España, ya que el promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces por encima de la media.
– Esta situación supone un importante agravamiento para la continuidad de estos centros de titularidad pública que atienden a más de 5.000 personas, entre dependientes y discapacitados, y da empleo a más de 3.000 profesionales. Algunos de ellos ya no cobrarán, de nuevo, sus nóminas de agosto y la mayoría de ellos las de septiembre si no se abonan las cantidades comprometidas por Conselleria y ante la dificultad añadida de poder negociar con entidades financieras el adelanto de financiación para la supervivencia de los centros.
– Ante la insostenibilidad total que supone el impago continuado y la falta de ejecución de los diversos compromisos de pago adquiridos por la administración valenciana, Aerte ha solicitado por vía de urgencia una reunión a la consellera de Bienestar Social y al conseller de Hacienda y Administración Pública con el fin de encontrar las fórmulas que permitan un compromiso serio y en firme para poder incluir, tal y como se comprometió la Conselleria de Bienestar Social, la deuda acumulada dentro del Mecanismo de Pago a Proveedores.
– Aerte, patronal del sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana y única asociación que representa a las empresas que gestionan centros de titularidad pública, ofrece una vez más la máxima colaboración a la Administración valenciana para trabajar de forma conjunta a favor de la sostenibilidad de un sector que aglutina, solo en la red de Aerte, a más de 10.000 profesionales y más de 200 centros que atienden día a día a más de 22.000 personas.
