Recortes
Unas 20.000 familias andaluzas con atrasos en retroactividad en Dependencia cobran 2012 a cargo del plan a proveedores
Unas 20.000 familias andaluzas de las 24.500 afectadas por los atrasos en los pagos en retroactividad en la Ley de Dependencia han cobrado lo correspondiente al año 2012 con cargo al plan de pago a proveedores aprobado en junio por el Gobierno central, según los datos oficiales aportados por la portavoz del grupo formado por unas 1.266 familias agrupadas a través de Facebook bajo el nombre de ‘Atrasos de la Ley de Dependencia en Andalucía’, Rosa María Guijo Curado.
En este sentido, y en declaraciones a Europa Press, Guijo Curado ha explicado que «en el descuadre de 4.500 dependientes pueden entrar los fallecidos que tienen que cobrar en concepto de herencia en un solo pago; o puede deberse a problemas con los traslados de expediente en los dependientes que se han mudado a otras localidades; o los niños dependientes por problemas de identificación, un caso que sucede porque al tramitar la dependencia de estos niños, como no era obligatorio el carné de identidad, se les puso un DNI ficticio, de manera que ahora, al meter dicho DNI del menor en el sistema, sale que no existe».
«Esto ha hecho que no hayan podido acogerse al plan de pago de proveedores, y lo único que han podido hacer es una reclamación que parece ser resuelto con un parte de incidencias», añade al respecto de esto último Guijo Curado, que apunta que otro de los problemas tiene que ver con aquellas personas que «no han tenido noticias del acogimiento a ese plan de pago porque no se les ha notificado». «Todos estos casos están pendientes de pago a lo largo de lo que queda de diciembre», añade.
Por último, la portavoz ha asegurado que se sienten «esperanzados» tras empezar a cobrar los atrasos de las retroactividad correspondiente al año 2012, al tiempo que afirma que «seguirán luchando por cobrar el 2013», que «se debió de haber pagado en marzo y todavía no se ha pagado». En este sentido, hay que recordar que el plan de pagos establecido por la propia Administración se prolongaba por un periodo de cinco años desde 2012 a 2016.
La administración valenciana, una vez más, da la espalda al sector de la dependencia, no recoge el manifiesto leído hoy ante el Palau de la Generalitat valenciana
MÁS DE 250 CENTROS DE AERTE Y LARES PARTICIPAN EN LA MARCHA SOCIAL QUE HA REUNIDO A MÁS DE 3000 PERSONAS, ENTRE USUARIOS, FAMILIARES, TRABAJADORES Y CENTROS PARA RECLAMAR EL FIN DE LA MARGINALIDAD DEL GOBIERNO VALENCIANO A LA DEPENDENCIA
La deuda acumulada pendiente se cifra en torno a 110 millones. 13.000 personas reconocidas por la Ley de Dependencia no reciben su prestación (algunas a la espera desde hace tres años).
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) y la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del sector solidario (LARES), han participado en la masiva marcha social que ha congregado a más de 3.000 personas entre usuarios, familiares, trabajadores y centros para solicitar, una vez más, el fin de la marginalidad que el Gobierno valenciano y central están practicando desde hace años al sector de la dependencia y atención a mayores de la Comunidad Valenciana.
La manifestación, que ha contado con el apoyo de las principales asociaciones del sector, de los sindicatos mayoritarios, usuarios familiares, y otras entidades afectadas por esta situación se ha iniciado desde distintos puntos de la ciudad de Valencia, finalizando con la lectura de un manifiesto conjunto ante el Palau de la Generalitat. La Administración valenciana ha vuelto a dar la espalda al sector de la dependencia al no atender ni recoger el mencionado manifiesto.
La participación de AERTE y LARES, ha estado representada por los más de sus 250 centros de las tres provincias. Por parte de AERTE se ha solicitado, entre otros aspectos, la actuación urgente de la Generalitat Valenciana para el desbloqueo, por igual y a todos los centros, de la deuda pendiente, cifrada en torno a 110 millones, y el compromiso de no seguir aumentándola: cada mes de impago, supone alrededor de 10 millones de deuda. Se ha insistido además en la resolución urgente de los expedientes de más de 13.000 personas reconocidas por la Ley de Dependencia y que, sin embargo, no reciben su prestación (algunas a la espera desde hace tres años).
María José Mira, directora general de AERTE, ha manifestado: “consideramos muy grave y decepcionante la falta continuada de palabra y compromiso del Gobierno valenciano hacia la dependencia, y en particular con los más de 30.000 dependientes que reciben atención y cuidados cada día en los más de 300 centros y entidades”. Y señaló que “el sector, que atiende al segmento más débil y vulnerable de la sociedad, no tiene por qué asumir por más tiempo las obligaciones que incumple la Administración. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) no ha resuelto la asfixiante situación. Existen residencias que no cobran nada desde hace más trece meses y todo apunta a que seguirán así: esto es insostenible”.
En lo que va de año, cinco centros asociados a AERTE han cesado su actividad: 300 plazas cerradas y 150 puestos de trabajo perdidos. La situación insostenible hace que 13.000 de los 15.000 puestos de trabajo directos del sector peligren a corto plazo.
Aerte ha manifestado en muchas ocasiones las dificultades por las que atraviesan los centros de atención a la dependencia, la mayoría de los cuales llevan más de un año sufragando de su propio bolsillo los gastos que no paga Bienestar Social, sobrellevando la situación con préstamos y pólizas de crédito cuyos intereses están asumiendo e incluso, en ocasiones, comprometiendo su propio patrimonio personal. Y todo ello en el mejor de los casos, que es cuando las entidades financieras pueden adelantar ese crédito ya que la deuda con la administración valenciana les ha llegado al límite.
No por repetido el discurso, deja de ser menos grave. La situación se agrava cada mes. Con su participación en la marcha social de ayer, Aerte desea trasladar al conjunto de la sociedad valenciana la injusta y desesperada situación por la que atraviesan las empresas responsables de la atención a la población dependiente en la Comunidad Valenciana, cuyos problemas generados por los impagos de la Administración Valencia van a desembocar inevitablemente en más cierres de centros y entidades, si desde la administración no se ponen medidas que de una inmediata solución.
Cataluña apuesta por aumentar el copago de los dependientes ante los recortes
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha apostado este miércoles por aumentar la «corresponsabilidad» de los beneficiarios de la Ley de la dependencia para poder hacer frente a los recortes del Estado en esta materia.
Durante su comparecencia en la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración del Parlament, Munté ha informado de que su Conselleria ha presupuestado 1.630,5 millones para 2014, un 15,5% menos que en 2012, una caída que se debe principalmente a los ajustes que el Ejecutivo español ha aplicado a la dependencia y la discapacidad, ámbitos que concentran más de un 70% del peso total de este departamento, con 1.401,9 millones.
Para poder hacer frente a esta situación y seguir garantizando la protección social de todos los dependientes y discapacitados, Munté ha abogado por aumentar el copago en función de la renta y del patrimonio de los beneficiarios, a través de un sistema que «siempre garantice la equidad».
«Estos no son los presupuestos que quiere presentar el Govern, pero son los que se pueden hacer con el objetivo de déficit impuesto por el Estado», ha afirmado la consellera, que ha cifrado en un 93,4% el recorte del Gobierno español en políticas sociales en cuatro años.
Pese a que caen la mayoría de partidas políticas del departamento respecto al presupuesto de 2012, Munté ha apostado por priorizar la lucha contra la pobreza y la inclusión social con un montante de 192,4 millones de euros, 2,2 más que hace dos años, con especial incidencia en la protección de la infancia más vulnerable.
Las cuentas prevén, entre otras medidas para 2014, la reconversión a concierto de todas las plazas residenciales, el despliegue del Plan integral de apoyo a las familias, el impulso de la Ley del voluntariado, la aprobación del Plan de Ciudadanía y Migraciones, y la elaboración del Plan de atención integral a la infancia y la adolescencia 2014-2017.
ENMIENDAS A LA TOTALIDAD
Ni CiU ni ERC han presentado enmiendas a la totalidad a las cuentas del departamento que lidera Munté para 2014, mientras que sí lo han hecho el resto de grupos del arco parlamentario –PSC, PP, ICV-EUiA, C’s y CUP–.
La portavoz del PSC en la Comisión, Eva Granados, ha alertado de que 2014 será el «año negro» de la dependencia en Catalunya, tras alertar de una reducción de 3.572 plazas de residencia y de 20.832 prestaciones menos para cuidadores familiares, entre otros recortes.
El diputado del PP Rafa López ha criticado que el Govern haya «pactado los recortes en un despacho con ERC», y ha criticado la reducción de las partidas de ayuda a la familia, los jóvenes y los dependientes.
«Con estas cuentas está claro que el Govern comparte las ideas de la Troika», ha sentenciado la diputada de ICV-EUiA Laura Massana, que ha deplorado los recortes sociales y ha criticado la opacidad del departamento que lidera Munté.
EXCUSAS DEL GOVERN
El diputado de C’s José María Espejo ha criticado que la Conselleria «haya construido un relato basado en culpar al Estado para justificar los recortes», aunque ha alertado de que las entidades sociales ya no confían en las excusas del Govern.
La portavoz de la CUP en la Comisión, Isabel Vallet, ha afirmado que el presupuesto global con el que cuenta la Conselleria para 2014 es inferior a los intereses que el Govern paga por la deuda, y ha criticado que el Ejecutivo catalán «no se dé cuenta de lo que pasa de verdad en la calle» e intente justificar los recortes sociales.
Todos los partidos de la oposición, a excepción de ERC, han reprochado a Munté que haya decidido eliminar el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) sin previo aviso, y han coincidido en alertar de un retroceso de diez años en materia de protección social.
El diputado de ERC Pere Bosch ha destacado el «esfuerzo notable» del Govern para aumentar el gasto en materia de becas comedor y renta mínima de inserción (RMI), y ha destacado la incidencia de las cuentas en la lucha contra la pobreza.
Psicólogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales claman contra los recortes en residencias de Cataluña
Los colegios profesionales de psicólogos, fisioterapuetas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y educadores sociales catalanes han clamado contra los recortes en horas que sufrirán sus especialidades en las residencias catalanas, tras un acuerdo entre las patronales y la Generalitat en el que critican que no han sido consultados.
En un comunicado conjunto, han deplorado el citado pacto porque, a su juicio, favorecerá el aumento de la dependencia de los usuarios de centros residenciales y disminuirá la atención y calidad de vida de los ancianos.
Esta medida provocará la existencia de «dos modelos diferenciados de atención», entre los de titularidad pública del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), donde no se aplicarán estas medidas, y los centros concertados y colaboradores, donde sí se podrán aplicar.
Han manifestado comprender la situación económica del sector, pero han criticado que esta política perjudicará la atención de los usuarios y los programas de autonomía.
También han alertado de que este pacto no se puede aplicar hasta que no se modifique la cartera de servicios, lo que se puede hacer con una orden del Govern o bien con un decreto ley debatido en el Parlament.
Han apoyado la segunda opción por entender que deben ser los representantes de los ciudadanos quienes decidan si el pacto alcanzado entre Generalitat y patronal es bueno.
Han firmado el documento el Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya, el Colegio de Fisioterapeutas de Catalunya, el Colegio de Educadores Sociales de Catalunya y el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Catalunya.
Campaña para pedir a la Generalitat las ayudas de la Dependencia
El colectivo Pendientes de la Ley de la Dependencia ha iniciado este lunes una campaña de recogida de firmas en Internet, a través del portal Change.org, para solicitar al Gobierno catalán el pago de las ayudas reconocidas y todavía no abonadas.
El colectivo asegura que muchas familias catalanas tienen reconocida una prestación por ley pero a pesar de ello no la cobran, con diferentes casuísticas que incluyen personas con mayores a cargo, familias que deben pagar una plaza de residencia y viudos que no han cobrado las ayudas que tenían reconocidas sus parejas, entre otras.
Por ello, la iniciativa pide a la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, y a los partidos con representación en el Parlamento catalán que resuelvan esta situación y cumplan con sus compromisos.
De este modo, confían en visualizar la situación actual de las familias con personas dependientes a cargo, reunir el apoyo social necesario para presionar a la Generalitat para que haga de esta reivindicación una prioridad y «agrupar a las familias para hacer una queja colectiva» al Portavoz de Greuges.
Pendientes de la Ley de la Dependencia ha animado así a todas las familias afectadas a sumarse a su iniciativa y dar a conocer a través de las redes sociales cada situación concreta.
Trabajadores sociales de Málaga alertan de que los impagos podrían afectar a unos 13.000 usuarios de ayuda a domicilio
El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Málaga ha advertido de que a partir de diciembre se podrían ver afectados en la provincia malagueña casi 13.000 usuarios del servicio de asistencia a domicilio, incluido en la cartera de programas que se financian con cargo a la Ley de Dependencia, así como 3.526 auxiliares, debido a «los recortes del Gobierno central y los impagos de las administraciones públicas».
En el caso de la capital malagueña, esas cifras serían de 7.042 usuarios afectados y 1.173 trabajadores, según ha señalado el presidente del Colegio de Trabajo Social de Málaga, Rafael Arredondo. Así, ha lamentado «profundamente» esta situación, que se está viviendo ya en puntos de Andalucía como Jaén, donde a partir del 4 de diciembre la Junta se hará cargo directamente de la prestación por la renuncia municipal debido a los impagos de la Administración autonómica.
«Si continúa la estrategia del Gobierno de desmantelar el sistema público de la prestación del servicio de ayuda a domicilio y esta situación se generaliza por toda Andalucía, a partir del 4 de diciembre pueden verse afectados unos 135.000 usuarios y unos 42.000 auxiliares en la Comunidad», ha manifestado a Europa Press Arredondo.
Igualmente, ha alertado el representante de los trabajadores sociales malagueños, «padecerán esta situación las familias de las personas que necesitan este servicio para compatibilizar su vida personal y laboral», lo que, por tanto, «podría tener consecuencias en sus empleos».
Arredondo ha rechazado la reforma local que impulsa el Gobierno central, denunciada reiteradamente por el Consejo General del Trabajo Social y por el Consejo Andaluz, así como por los colegios que los integran, por considerarla «una estrategia para desmantelar el sistema del bienestar social público».
Según ha indicado, «para que existan unos servicios sociales fuertes es imprescindible que se presten desde las corporaciones locales, por ser las administraciones que están más cerca de los ciudadanos y de sus necesidades», de modo que «se garanticen los principios de justicia social, igualdad de oportunidades y equidad». Para ello, ha resaltado, «deben contar con la financiación correspondiente».
En este sentido, Arredondo ha dejado claro que «el servicio de ayuda a domicilio es una prestación básica de los servicios sociales comunitarios», por lo que, en nombre del Colegio de Trabajo Social de Málaga, ha confiado en que «pronto se llegue a un acuerdo en beneficio de los ciudadanos de la provincia y del conjunto de la Comunidad andaluza».
Sólo un tercio de los 7.380 enfermos mentales de Cantabria están reconocidos como dependientes
Sólo un tercio de las 7.380 personas que en Cantabria tienen una discapacidad atribuida a una enfermedad mental están reconocidas como dependientes, es decir, tienen derecho a una prestación. ¿El motivo? Los baremos por los que se rige la actual Ley de Dependencia estatal valoran el grado de dependencia física, pero no tienen en cuenta la enfermedad mental por sí sola.
Según los datos del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), a fecha de mayo de 2013, la cifra de dependientes como consecuencia de una enfermedad mental crónica es de 2.326, siendo en su mayoría (1.637) grandes dependientes o con dependencia severa -grados 2 y 3-. Los 699 restantes tienen reconocido el grado 1 -moderado o leve-, pero porque fueron valorados antes de la moratoria de julio de 2012. El decreto aprobado por el Gobierno de Rajoy impide la incorporación al sistema de dependencia de las personas con dependencia moderada hasta el año 2015.
La reivindicación de colectivos como Ascasam (Asociación Cántabra de Salud Mental) y Amica es que «estos filtros desaparezcan», como se ha hecho ya en otras comunidades autónomas, para que los afectados por trastornos mentales puedan acceder a los recursos de rehabilitación psicosocial, ocupacionales y residenciales y recibir el apoyo terapéutico que precisan para que la enfermedad esté controlada y evitar su deterioro. En definitiva, que puedan beneficiarse de una atención sociosanitaria para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones y facilitar su reinserción social.
El Gobierno cántabro espera dar respuesta a esta situación con el Plan de Salud Mental, que prevé esté listo en marzo. La Consejería ultima ya el documento, en el que un amplio grupo de expertos ha trabajado durante meses. En él quedan bien definidos los objetivos y las líneas estratégicas de este proyecto, que integrará en una única red todos los dispositivos sanitarios asistenciales, ahora dispersos. Jesús Artal, jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Valdecilla y coordinador del grupo de trabajo de salud mental, confirma que el primer paso de esta nueva etapa será la integración, en los próximos meses, del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, que ahora depende de la Consejería de Sanidad, en el Servicio Cántabro de Salud (SCS). «Uno de los objetivos de este plan es unificar las redes, que todos los instrumentos sanitarios, que ahora tenemos bastante dispersos, dando lugar a áreas de nadie y a duplicidades, se integren en una sola. Será bueno para los profesionales y para los pacientes y familiares, que ya no saben a veces dónde tienen que acudir», explica.
Parayas es el único centro psiquiátrico público de Cantabria, donde se atiende la patología mental más grave, que es la que requiere de una estancia más prolongada. Con un centenar de profesionales y 60 camas operativas, el año pasado registró un centenar de ingresos, con un balance de 17.615 estancias. En sus instalaciones dispone, además, de un centro de día para rehabilitación psiquiátrica ambulatoria, cuyo balance en 2012 fue de 2.580 estancias
El SCS es el principal proveedor de servicios que atienden a las personas con enfermedad mental. El Servicio de Psiquiatría de Valdecilla presta atención hospitalaria para patología aguda (708 ingresos el año pasado), atención en hospital de día (225 ingresos) y de urgencia (1.409 intervenciones). Además, tiene a su disposición 30 camas concertadas con el SCS para la media estancia sanitaria en el Hospital Padre Menni. Asimismo, la Consejería, a través del Icass, cuenta con varios dispositivos de rehabilitación psicosocial concertados en Santander, Torrelavega, Reinosa y Colindres y recursos para atención en régimen de 24 horas.
El jefe de Psiquiatría destaca la importancia de disponer en Cantabria de un programa regional para atender al enfermo mental grave, en cada uno de los pasos de su tratamiento: el ingreso hospitalario, el acceso a tratamientos ambulatorios y a la rehabilitación psicosocial y las estancias de media estancia? El objetivo es que la integración de todos estos dispositivos en una única red facilite la gestión de los casos y el establecimiento del circuito asistencial, con una historia clínica única y accesible desde el sistema en su conjunto. «En la práctica habitual tenemos que mejorar los protocolos, para que cada profesional tenga elementos para decidir cuándo debe derivar al paciente y qué tipo de atención necesita. La clave es que tengamos una buena continuidad de cuidados», señala.
El Servicio de Psiquiatría de Valdecilla va a ser el motor de este plan, aunque Artal hace hincapié en que debe ser la Unidad de Salud Mental, y no el hospital, quien supervise todo el recorrido del paciente. «Más del 90% de los pacientes psiquiátricos no tienen que hacer ningún recorrido, les basta con ser atendidos una o varias veces en la Unidad de Salud Mental, porque jamás van a precisar ingreso ni van a tener que ir al hospital de día, ni tendrán consideración de enfermos crónicos. Pero hay un 10% de enfermos que tenemos que conocer, tener registrados y acompañar, porque en algún momento van a necesitar la unidad de agudos, ingresos de media estancia?». Lo que se pretende es proporcionar a las personas con trastorno mental grave un plan individualizado de intervención, que se despliegue desde la atención psiquiátrica hacia los otros niveles, especialmente a Atención Primaria y Servicios Sociales. «Aspiramos a que ningún paciente esté ingresado toda su vida. La idea del manicomio la tenemos que erradicar», subraya Artal. Otra de las prioridades del plan es «atender la patología psiquiátrica mayor, mejorando y apoyando programas que ya tenemos para tratar enfermedades graves, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno de personalidad y las depresiones. También estamos trabajando en el tema del suicidio». El proceso de integración que contempla el plan incluye las unidades de atención ambulatoria a drogodependientes, presentes en Santander, Torrelavega y Laredo, y se reforzarán los dispositivos de atención a la salud mental de niños y adolescentes.
Ayuntamientos y diputaciones andaluzas del PP se plantean no renovar los convenios de dependencia hasta que Junta les pague
Los ayuntamientos y diputaciones del PP se están planteando la posibibilidad de no renovar los convenios con la Junta para la prestación de los servicios de dependencia hasta que la Administración autonómica liquide «por completo» la deuda en esta materia, aunque se tratará de una decisión que tomarán «en función de cada caso» y de la situación económica en que se encuentre cada corporación.
Así lo ha anunciado la portavoz de Bienestar Social del PP-A en el Parlamento, Rosario Soto, quien ha acusado al Gobierno andaluz de «herir de muerte» los servicios de dependencia en la Comunidad «por la vía de los impagos», cifrando en unos 100 millones de euros la deuda que la Junta mantiene en esta materia con las corporaciones locales gobernadas por el PP.
Soto ha subrayado que los ayuntamientos se están viendo obligados a actuar como «financieras» de la Junta al tener que adelantar el dinero de la dependencia sin haberlo cobrado. «Pero todo tiene sus límites y cualquiera puede entender que si hay ayuntamientos que no tienen dinero para pagar a sus trabajadores y para financiar sus servicios públicos, no puedan financiar competencias de la Junta», ha añadido.
La dirigente ‘popular’ ha negado que la decisión del Ayuntamiento de Jaén de dejar de prestar el servicio de dependencia suponga un incumplimiento de la normativa en esta materia. Y es que, según ha explicado, la ley obliga a prestar colaboración institucional en la elaboración del Plan Individualizado de Atención (PIA). «A partir de ahí es competencia de la Junta», ha precisado.
En esta línea, se ha preguntado qué hace la Junta con el dinero que tiene presupuestado la Agencia de Dependencia y que no está llegando para ese fin. Además, según ha apuntado, el Gobierno central transfiere mensualmente a la Comunidad 33 millones para la prestación de los servicios de dependencia, lo que supone unos 360 millones anuales.
Soto ha afirmado que las únicas políticas sociales que al Gobierno andaluz le interesan son las que «generan titulares». Así, se ha referido a la propuesta del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, sobre el decreto-ley de mínimo vital de agua y luz para los perceptores del Salario Social, asegurando que hace más de nueve meses que la Junta no paga esta cuantía.
RECORTE DE 3.400 MILLONES EN POLÍTICAS SOCIALES
La dirigente ‘popular’ ha afirmado que el Gobierno andaluz ha reducido «drásticamente» las políticas sociales y que está instalado en una política de impagos en materia social y de dependencia que están poniendo «en riesgo» la prestación de estos servicios. «La presidenta dice que no va a tocar ni un euro en dependencia, pero hace todo lo contrario», ha enfatizado.
Según los datos aportados por Soto, el Gobierno andaluz ha reducido en los dos últimos años el presupuesto para las políticas sociales en más 3.400 millones, fruto de las decisiones de un «gobierno retrógrada», que no tiene «ni un atisbo de progresismo» y al que no le importan las familias ni las personas que lo están pasando mal.
En este contexto, ha indicado que el recorte en bienestar social ha superado los 260 millones en los dos últimos años, junto con los 13 millones en el Plan de Drogodependencia. A ellos se unen más de 37 millones en el Plan de Atención a la Infancia, más de 80 millones en el Servicio de Apoyo a las familias, y más de 93 millones en la Atención a la Dependencia.
El País Vasco esquivará el copago compensando a las rentas más bajas
Euskadi fue el pasado 1 de julio la última comunidad autónoma en aplicar el copago farmacéutico decretado en 2012 por el Ministerio de Sanidad y será la primera en poner en marcha un mecanismo de compensación. El Gobierno vasco aprobó este martes, en su reunión semanal, el decreto por el que, a partir de diciembre, los colectivos más vulnerables podrán solicitar la ayuda.
Según la estimación del Departamento de Salud, las compensaciones llegarán a 400.000 personas —la comunidad autónoma tiene 2,1 millones de habitantes—. En un principio, el Gobierno habló de 546.374 personas compensadas. Es la cifra de pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales, parados sin prestación e inmigrantes con más de un año de empadronamiento y escasos recursos, los tres grupos que recibirán compensaciones. Los colectivos afectados —deben contar con una tarjeta sanitaria expedida en Euskadi— podrán solicitar la ayuda a partir de diciembre con efectos retroactivos a 1 de julio y los pagos comenzarán en 2014, año para el que el Ejecutivo autónomo ha reservado 18 millones de euros ampliables. La solicitud la deberán realizar los propios pacientes una vez al año en su centro de salud y el departamento abonará las cuantías al menos una vez cada seis meses.
Ante la posibilidad de un recurso contra la medida por parte del Gobierno central, el vasco ha tomado la decisión de no hablar de compensación del copago. Tampoco lo hizo al presentar el decreto. El consejero de Salud, Jon Darpón, explicó que la compensación es una “ayuda social” para “asegurar la adherencia a los tratamientos” de personas en situación “objetiva de enfermedad y necesidad”. Darpón lo enmarcó en el plan de salud vasco, que exige eliminar las desigualdades en el acceso a la sanidad, y añadió que no están “cuestionando” la legislación española, sino habilitando instrumentos propios dentro del marco competencial autonómico.
El Ministerio de Sanidad afirmó este martes que estudiará el decreto del Gobierno vasco antes de decidir si lo recurre. Una portavoz recordó que los parados de larga duración están exentos del pago desde que se puso en marcha la medida. El Ministerio sí recurrió a la justicia cuando Euskadi se declaró insumisa al copago farmacéutico y se negó a aplicarlo en su territorio. En diciembre pasado, el Tribunal Constitucional emitió una resolución que obligaba a poner en marcha el copago, que finalmente llegó a las farmacias en julio, es decir, justo un año después de que se iniciara en el resto del Estado. “Estamos en desacuerdo pero lo aplicaremos”, aseguró entonces el consejero Darpón.
A diferencia de otras comunidades, como Madrid, el País Vasco puso en marcha desde el principio un sistema que permite alertar a las farmacias de que se ha llegado al tope de aportación de cada usuario (en el caso de un pensionista, 8, 18 o 60 euros, en función de la renta), lo que evita los complejos trámites de devolución. Madrid, por ejemplo, cobró en los dos primeros meses de implantación 2,3 millones de euros de más a los pensionistas, que luego tuvo que devolver.
Castilla y León, comunidad gobernada por el PP, es una de las que lidera ahora la insumisión al copago de fármacos hospitalarios, la última medida impuesta por el Ministerio de Sanidad, en vigor desde el 10 de septiembre, pero que ninguna región ha puesto aún en marcha. El País Vasco y Andalucía, entre otras, también han criticado el copago de los medicamentos que los enfermos recogen en los hospitales.
La Junta reitera que «de una forma u otra» la ayuda a domicilio se mantendrá en Jaén
La consejera de Igualdad, Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha reiterado que «de una forma u otra» la ayuda a domicilio se mantendrá en Jaén, aunque no ha precisado cómo a la espera de la reunión que este mismo lunes va a tener con el alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), «con la idea de buscar alguna solución» para que se preste «como se había venido haciendo hasta ahora», por el Ayuntamiento mediante concesión a una empresa.
Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas antes de participar en la celebración del décimo aniversario de Salud Responde, donde ha confirmado el posterior encuentro con el regidor, después de que denunciara el convenio, «fuera de plazo», a juicio del Gobiernoautonómico.
«Pero lo más importante no es si está o no fuera de plazo, sino que ellos manifiestan la voluntad de no prestar el servicio y lo que nosotros queremos es llevarle a su ánimo que lo siga haciendo», ha matizado la consejera, para la que tanto los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes como las diputaciones son «instrumento fundamental» para la gestión de los servicios vinculados a la Dependencia «desde el ámbito público».
En este sentido y a la espera de lo que Fernández de Moya le transmita, ha dicho que «en primer lugar la propuesta» que le hará es que «siga manteniéndose el servicio» como hasta el momento, aunque no ha entrado en si planteará un calendario de pago sobre la deuda que la Junta mantiene con el Consistorio. «De ese tema hablaré después con él», ha declarado la consejera, quien ha recordado que ha recibido ya en torno a 630.000 euros y «en estos días» recibirá unos 800.000 euros con cargo al plan de proveedores, de modo que «será 1,4 millones de euros a finales de año» y el objetivo «es liquidar lo más posible».
«Queremos que sea a través del Ayuntamiento. Esperemos que no le vaya a pasar con las personas como le ha pasado con el metro (en alusión al tranvía). No es lo mismo», ha apostillado. En cualquier caso, la titular de Igualdad, Salud y Bienestar Social ha querido lanzar un mensaje para «quitarles esa ansiedad que se genera» entre los beneficiarios de la ayuda a domicilio, así como a sus familias y quienes la prestan, «porque al final, de una u otra forma, ellos van a seguir recibiendo la prestación», si bien no ha precisado cómo sería. «Vamos a esperar a esa reunión y espero que lo sigan haciendo desde el Ayuntamiento y, si no, buscaremos una fórmula», ha recalcado.
COLABORACIÓN
Además y preguntada por si le preocupa que el planteamiento del Ayuntamiento jiennense pueda extenderse por la comunidad, ha dicho confiar en que «no», puesto que se ha venido trabajando «en colaboración muy estrecha con las corporaciones locales» y «existe una red de profesionales que se financian precisamente para que se pueda prestar» a través de esta administración.
«Sí que es cierto que vamos a ir manteniendo una serie de reuniones a lo largo del martes y miércoles con todos los ayuntamientos y diputaciones para ver las preocupaciones y los problemas que plantean, con el tema de los pagos, fundamentalmente», ha señalado Sánchez Rubio, para la que «el mejor sistema de trabajar» es el actual y se va «a buscar la mayor celeridad al tema de los pagos».
Madrid se queda sin taxis para discapacitados
Los titulares de Eurotaxi (vehículos adaptados para personas con discapacidad física) han decidido en asamblea dejar de prestar servicio a partir de este martes en Madrid como protesta por las tarifas que regirán al sector a partir para el año que viene, puesto que a su juicio no se pueden garantizar con ellas el coste de explotación que soportan los profesionales.
El servicio, que realiza aproximadamente un centenar de vehículos en Madrid, se dejará de prestar a partir de las 6 de la madrugada y hasta que no se autoricen unas tarifas que contemplen la situación real del servicio, abogando por el criterio de la subvención para el usuario con diversidad funcional.
Así lo ha indicado el secretario de la Asociación Eurotaxi por la Movilidad y Accesibilidad (AEMA), Julián Fernández, quien ha indicado que en esa asamblea abierta a todos los titulares de licencias de Eurotaxi la práctica totalidad del sector ha decidido no prestar el servicio -realizan 55.000 servicios al año, según datos del sector-.
Al respecto, ha comentado a Europa Press que el 70% de los titulares de licencia de Eurotaxi acudió de forma presencial y el resto delegó su voto en otros compañeros.
Fernández ha manifestado que, como todos los servicios, se deben abonar o bien mediante subvenciones públicas o por parte de los usuarios, frente al caso del Eurotaxi, donde se «pretende no subvencionar el servicio con dinero público y no permitir que el usuario lo pague».
«Sólo pedimos un tope que garantice el coste de explotación para los profesionales», ha remarcado el secretario de AEMA para criticar también «el jarro de agua fría» que ha supuesto el resultado de la Comisión de Precios del pasado 15 de noviembre que establece las tarifas del servicio para 2014.
En un comunicado, AEMA ha manifestado que «por segundo año consecutivo no se ha tenido en cuenta» la «excepcionalidad» del servicio de Eurotaxi, por lo tanto se mantiene un importe máximo de recogida para servicio solicitado por medio telemático de 5 euros.
«Es inviable económicamente prestar este servicio en estas condiciones y es esto lo que nos ha llevado a los profesionales que actualmente realizamos este trabajo a tomar la decisión de, a partir del próximo día 19 de Noviembre, no prestar este servicio», relata el colectivo a continuación.
AEMA critica en su comunicado el «poco interés» de las administraciones a la hora de solucionar esta problemática y ha criticado que no se desplieguen subvenciones para un servicio de transporte público, tal y como se hace en el caso de Metro o la EMT.
No obstante, Fernández ha relatado que se mantienen aún negociaciones con administración y diversas asociaciones de personas con discapacidad para tratar de encontrar una solución. Al respecto, ha comentado que los profesionales también han presentado un plan de viabilidad para renovar la flota y abaratar el coste del servicio.
Sanidad retira la ayuda a la medicación a un niño con una enfermedad rara
Cuando Carmelo Alventosa Calatayud cumplió cuatro años, un especialista setabense descubrió que el niño no sufría una parálisis cerebral, tal como los médicos le habían dicho a sus padres al nacer, sino que, padecía el Síndrome de Lesch-Nyhan, una enfermedad rara que solo sufren dieciocho personas en España. Hoy Carmelo tiene doce años de edad y ha dejado de recibir las escasas ayudas que el Gobierno central y la Generalitat Valenciana le ofrecían. «No es justo que gasten dinero con la visita del Papa y en la Fórmula 1 y no tengan ayudas para hacer frente a la enfermedad de mi hijo», protesta el padre del niño, Carmelo Alventosa.
El síndrome que padece el adolescente de Canals solo puede ser tratado en el Hospital de La Paz, en Madrid, y la familia se ve obligada a desplazarse unas tres o cuatro veces al año hasta la capital, lo que su pone un gran gasto. además de asistir a chequeos mensuales en el hospital de La Fe.
En un principio, la Conselleria de Sanidad pagaba parte de esta movilidad y la totalidad de la medicación del niño. Pero hace tres años paralizó las ayudas y les ha dejado de pagar la totalidad de los gastos en medicación (ahora los padres tienen que abonar el 40%). También Sanidad le debe a la familia dos meses de dependencia, que percibe la madre como cuidadora. «Mi hijo necesita alguien a su lado siempre porque tiene dependencia de Nivel 3», afirma Alventosa.
Carmelo precisa de una silla de ruedas muy concreta, ya que los niños con el síndrome se autolesionan y requieren estar amarrados. De este modo, familias como la de Carmelo han de hacer frente, además de los gastos normales, a los pagos extra que conlleva una persona dependiente. Con el Plan Nacional de Reformas 2013, que prevé ahorrar 1.108 millones de euros en el sistema de ayuda a las personas dependientes, los recursos quedan paralizados salvo si es «urgencia social». Por ello, su madre abandonó su trabajo para dedicarse exclusivamente al cuidado de su hijo.
La familia también tuvo que cambiar de casa porque necesita una vivienda hecha a la medida de los problemas que presenta Carmelo. «Intenté conseguir ayudas para poder financiar la construcción de una casa adaptada para mi hijo y en conselleria me dieron largas», declara el padre.
Los cuidadores
Con la reforma de la Ley de Dependencia, los cuidadores familiares no profesionales, como la madre del afectado, han perdido las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno. A pesar de que todo se dificulta para la familia, Carmelo siempre ha estado «rodeado de grandes profesionales de la medicina», como a investigadora del laboratorio de bioquímica del hospital de La Paz, Rosa Torres, una de las encargadas de mejorar el diagnóstico de la enfermedad junto al doctor Juan garcía Puig. «Hemos notado mucho los recortes. Cada vez las autonomías nos ponen más dificultades administrativas para poder hacer nuestro trabajo», manifiesta la científica.
Durante todos estos años tanto Toñi como Carmelo se han movido para que su hijo viva de la mejor manera posible. Y, por ejemplo, en el antiguo colegio del niño consiguieron que los dependientes contaran con un cuidador personal.
Ahora Carmelo es el primer afectado por el síndrome que lleva una bomba de bacloceno, un tipo de medicación intravenosa que reduce su espasticidad (rigidez de los músculos). Este mecanismo se lo pusieron el pasado mes de junio en el hospital de La Fe después de un par de meses de negociaciones con varios especialistas. Gracias a este avance,« Carmelo puede hablar mejor y ya duerme de un tirón» y ha mejorado un ápice su calidad de vida.
Más de un millar de trabajadores se concentran a las puertas de las sedes del gobierno valenciano en las tres provincias para exigir el cobro de sus sueldos
Después de casi un año sin que el Gobierno Valenciano pague a los operadores y 110 millones de deuda acumulada, la nómina de la mayoría de los trabajadores de las residencias y centros de atención a personas mayores se vera afectada el próximo mes.
Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector exigen una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.
El segundo de los paros y concentraciones de protesta por la deuda que mantiene la Generalitat Valenciana con el sector de las residencias y centros de atención a personas mayores y dependientes desde hace casi un año, ha congregado a más de un millar de trabajadores a las puertas de las sedes principales del Gobierno Valenciano en Alicante, Castellón y Valencia. Concentraciones que se suman a las realizadas la semana pasada en más de 300 residencias y centros de la Comunidad, que sacaron a las calles a más de 9.000 trabajadores y familiares de usuarios.
De las tres concentraciones realizadas hoy, dos de ellas antes las sedes de las delegaciones del Consell de Alicante y Castellón; y una tercera que comenzó en la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, sita en Valencia, y que ha culminado en una marcha hasta el Palau de la Generalitat, ésta última ha sido la más numerosa y en la que se ha leído un comunicado en el que se reclama un compromiso por parte del Consell “totalmente firme” para establecer un plan de pagos que sea “real y de urgente aplicación”, y que salde de “inmediato la deuda acumulada.”
Tras no ser recibidos en la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, que ni siquiera ha abierto las puertas de acceso, una delegación de la plataforma ha sido recibida por una asesora del President de la Generalitat, que ha señalado que realizará un informe de las reivindicaciones a Alberto Fabra y hablará con Hacienda para que reciba a los representantes del sector.
No obstante, sindicatos y empresas han advertido que, de no mediar una solución en los próximos días, se prepara una gran marcha social en Valencia para el 29 de noviembre, con el objetivo de hacer llegar a la sociedad el peligro en que se encuentra la atención de sus mayores, así como diversas concentraciones paralelas para dar a conocer a todo el mundo la indiferencia mostrada por el actual gobierno para con los mayores.
Trabajadores sin sueldos
A fecha de hoy, la Administración Valenciana adeuda cerca de 110 millones de euros a las empresas que operan en el sector, situación que ha provocado la imposibilidad de cobrar los sueldos a muchos de los trabajadores y/o pagar a los proveedores. Esta deuda estructural, que alcanza ya los 12 meses de impagos por parte de la Generalitat Valenciana, se incrementa en 6 millones cada mes que se mantiene esta situación, y pone en grave peligro la red socio-sanitaria de atención a mayores en esta autonomía.
En total, los impagos del Consell con los operadores afectan a casi 200 empresas, más de 15.000 trabajadores y 30.000 personas mayores dependientes, así como a otro centenar de empresas proveedoras, según los datos reunidos por las principales asociaciones del sector y los sindicatos mayoritarios, agrupados en una plataforma en defensa de la atención profesional para los mayores.
En este sentido, desde la citada plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios – CCOO y UGT- y las principales asociaciones del sector – la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la red pública concertada de la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP) y la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES)- se ha destacado que la situación actual afecta a todos los servicios profesionales socio-sanitarios, que están siendo discriminados en su trato respecto a otros sectores básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.
Denuncian que el Consell no paga a la residencia Virgen del Remedio
EU denunció ayer que la Conselleria de Bienestar Social lleva diez meses sin pagar las plazas de mayores en la residencia Virgen del Remedio, lo que afecta a 47 plazas subvencionadas.
Desde EU acusaron a la consellera Asunción Sánchez Zaplana de permitir que se produzcan estas «situaciones de riesgo en los sectores de población más vulnerables».
La diputada Esther López Barceló ha elevado una pregunta a Les Corts para denunciar la incertidumbre a la que trabajadores y residentes se ven abocados debido a la «insostenible» situación financiera del centro.
Desde EU explican que una de las medidas para paliar las desigualdades sociales consiste en la financiación de plazas en residencias de mayores para personas con graves dificultades. La residencia Virgen del Remedio, antiguamente ubicada en el Asilo de Benalúa, cuenta con 47 plazas subvencionadas de las casi 90 de las que dispone.
«En Alicante existe un déficit notable en recursos para nuestros mayores, y los más perjudicados están resultando ser aquellos que mayor grado de dependencia presentan, en el caso de los residentes de Virgen del Remedio, hablamos de personas a las que la administración tiene el deber de amparar, dadas sus condiciones», señala el concejal de EU Daniel Simón. «No permitiremos que se lesionen derechos fundamentales», añadió.
«Todavía estamos esperando saber qué va a ocurrir con el bloque terminado y reformado que ocupaba la Residencia Aitana en la calle Capitán Segarra y que lleva varios años cerrado a cal y canto. ¿A qué espera Conselleria, a que se caiga por desuso?», se pregunta el edil. Simón explica que «desde que en 2009 cerraron la única residencia céntrica que tenía la ciudad, nos hemos quedado con únicamente dos centros públicos y es inexcusable que no se paguen las plazas».
Discapacidad. Todos los cermis autonómicos se movilizarán el 1 de diciembre
Los 19 Cermis Autonómicos llevarán en próximo 1 de diciembre la estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’ a todo el país, para reclamar los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias y en protesta contra los recortes sociales.
Según informó en una nota el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), de este modo las plataformas territoriales de la discapacidad continuarán en diciembre de 2013 la estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’, que tuvo su inicio el 2 de diciembre de 2012, encabezada por el Cermi Estatal y que se tradujo en una marcha cívica que reunió a más de 90.000 personas en Madrid.
La estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’ puesta en práctica por el Cermi consiste en una campaña permanente de presión política para contrarrestar los retrocesos de derechos, de inclusión y de bienestar social de las personas con discapacidad y sus familias, como consecuencia de la crisis y las decisiones políticas de recortes económicos y sociales.
«‘SOS Discapacidad’ tiene pues su continuidad en 2013 en los territorios, culminando el día 1 de diciembre, antevíspera del día internacional de la discapacidad, en sendos actos cívicos en todas y cada una de las comunidades y ciudades autónomas, como expresión de la movilización de la discapacidad organizada por sus derechos, inclusión y bienestar», indica el comité.
Munté abonará la mayor parte de su deuda a las entidades sociales esta semana
La consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, ha anunciado este viernes que su departamento pagará la semana que viene –el 20 y 21 de noviembre– cerca del 70% de los 70 millones de euros que la Generalitat debía a las entidades sociales y mercantiles en julio de 2012.
Como ya ha dicho en anteriores ocasiones, Munté ha remarcado que la segunda fase del pago está prevista para 2014, según ha reiterado en la inauguración en Lleida de las nuevas instalaciones de la Asociación Antisida
«Nos felicitamos de que finalmente lleguen estos pagos aunque consideramos que desgraciadamente hemos perdido mucho tiempo por el camino», ha afirmado la consellera, en un acto en el que han participado el alcalde, Àngel Ros y el presidente de la Diputación, Joan Reñé.
PEDERASTA DE CASTELLDANS
Munté ha evitado concretar la evolución del expediente abierto por su Conselleria a la Fundació Concepció Juvanteny, encargada de hacer el seguimiento de los niños tutelados por la Generalitat del presunto pederasta de Castelldans detenido en junio.
«Sobre eso no contestaré, no hay ninguna novedad», ha señalado la consellera a los periodistas que le han preguntado sobre el caso, precisando que este viernes se había desplazado a Lleida para otras cuestiones.
Lo ha dicho en alusión a la sede de la Asociación Antisida y a los actos de Asociación Down Lleida, que este viernes ha entregado los premios anuales a las empresas que facilitan la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual.
Las cifras de la dependencia tras el tijeretazo de 2012: 100 millones más de gasto, 40.000 ayudas menos
El BOE recoge las cuentas de 2012 del Instituto de Mayores y Servicios sociales, encargado de gestionar las pensiones no contributivas y las de invalidez, las ayudas a la dependencia y los programas para facilitar la autonomía de las personas con discapacidad, entre otras partidas. En total, el organismo ha gastado más de 5 mil millones (mil más que en 2011) entre el pago de ayudas, subvenciones y pensiones y su funcionamiento ordinario (nóminas, suministros). Detallamos algunas de las cifras más significativas:
1. Las personas que recibieron el nivel mínimo de protección establecido en la ley de dependencia fueron 751.364, 10.000 más que en 2011. Pero en realidad el número de beneficiarios es menor de lo que marcaba la previsión inicial: 790.000 personas. La memoria de las cuentas lo justifica por el «descenso de nuevos reconocimientos» por parte de las comunidades autónomas, es decir, porque aprueban menos nuevas altas de las esperadas.
2. El recorte de estas ayudas para cada grado y nivel, tras el tijeretazo incluido en el Real Decreto Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, fue de un 13%. Pese al recorte y a que el número de beneficiarios no cumplió las expectativas, el gasto en ayudas del nivel mínimo de protección fue de 1.404 millones, 117 más de lo presupuestado, ya que el Gobierno suponía que el gasto se iba a mantener estable con respecto a 2011 (1.280 millones).
3. Los cuidadores no profesionales (familiares o cercanos sin trabajo que reciben una ayuda por hacerse cargo de una persona dependiente) que firmaron el convenio para que ese trabajo cotizara en la Seguridad Social fueron 23.933, cuando la previsión era muchísimo mayor: de 193.000 personas. ¿A qué se debe ese desajuste entre las previsiones y lo que finalmente ocurrió? Hasta el 1 de agosto de 2012, esos cuidadores cotizaban a la Seguridad Social a cargo del Estado. A partir de entonces, gracias de nuevo al recorte aprobado en julio, si querían cotizar debían pagar el 85% de su bolsillo (a partir del 1 de enero de 2013 pagan el 100%). Además, la paga que recibían por cuidar de sus familiares también sufrió un drástico recorte.
4. Buena parte del presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se destina a pagar laspensiones no contributivas y las pensiones por invalidez, que sumaron 2.152 millones en 2012, 29 más que en 2011.
5. A cierre de año, en España recibían pensión por invalidez 194.896 personas (casi 200 más que en 2011) y las pensiones no contributivas sumaban un total de 250.382 (3.000 menos que en 2011).
La Generalitat reclamará deudas a 600 ancianos con recursos que se niegan a copagar la residencia
La Generalitat reclamará facturas impagadas a los 600 ancianos catalanes que, pese a contar con suficientes recursos, se niegan a abonar el copago correspondiente a su situación en las residencias públicas en las que viven, a riesgo, en última instancia, de ser expulsados del geriátrico.
Así lo ha anunciado la directora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), Carmela Fortuny, a la salida de una reunión entre el departamento, las patronales sociales y el sector de las residencias catalanas, donde han aprobado un protocolo para que sea la administración la que reclame a estas personas mayores las deudas pendientes por una cuestión de «justicia social».
El importe impagado asciende a 2 millones de euros, lo que significa el 0,68% de la facturación del Icass, y esta persecución pondrá fin a una «gran reivindicación» del sector de las residencias a la administración, ha indicado Fortuny, que ha admitido que hasta ahora no se había actuado.
El protocolo constata una «tendencia al alza» de las negativas a pagar, por lo que ahora la administración se propone hacer frente a las deudas acumuladas y exigir la obligatoriedad de la aportación.
Sobre la posibilidad de expulsar de la residencia a un anciano que se niegue a pagar, la directora del Icass ha dicho que esta opción «es posible, pero no es la voluntad» tener que llegar a este extremo, por lo que la administración emitirá varios advertimientos, como ha venido haciendo en una prueba piloto que ha demostrado que las personas empiezan a pagar.
A partir del protocolo firmado, la Generalitat empezará a actuar con todas las vías legalmente establecidas, aunque Fortuny ha reiterado: «Iremos más por la vía de la pedagogía, de la insistencia y en colaboración con las residencias».
«Nos podemos encontrar casos en que la persona no paga porque es la familia la que le quita el dinero, y esto tenemos que ir con mucho cuidado y mirar los casos de forma singular», ha advertido la directora del Icass, que ha recordado que generalmente el copago de la plaza pública es del 33%, aunque depende de la situación económica de cada uno.
Se trata de un «procedimiento largo y con muchos mecanismos jurídicos», ha insistido Fortuny, que ha remarcado que los casos son complejos y no se reducen a una mera negativa de pagar, por lo que se someterá a estudio cada situación.
Por otro lado, el sector ha aprobado reducir el número de horas de atención a los ancianos que llevan a cabo los psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales con el fin de «adaptar los requerimientos profesionales a la situación actual de las residencias», en que una media del 73% de los usuarios son grandes dependientes –de grado II o III–, ha defendido Fortuny.
Según Fortuny, el objetivo de la medida es doble, ya que por un lado se propone adaptar la ratio de los profesionales al perfil de los atendidos y, por el otro, trata de dar un balón de «oxígeno» a las residencias, que cargan con una deuda millonaria por parte de la administración.
La directora del Icass ha explicado que los profesionales afectados mantendrán su categoría profesional, y, de entrada, solo deberán ir menos horas al centro en función de las directrices de las residencias que sí mantendrán la figura del médico, gerontólogo y enfermera.
47 HORAS MENOS DE ATENCIÓN
En concreto, un anciano dependiente de grado III dejará de recibir 47 horas de atención anuales de las especialidades citadas, mientras que uno de grado II verá reducida este seguimiento en 34 horas.
«Sabemos que con estas medidas la atención no será mermada», ha asegurado la directora del Icass, que se ha reunido con la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra), La Unió, el Consorci de la Salut i Social de Catalunya (CSC), Centros Sociosanitarios Católicos, la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir) y la Associació de Centres d’Atenció a la Dependència de Catalunya.
