Recortes
Más de 9000 trabajadores se concentran a la puertas de los centros socio-sanitarios para exigir el cobro de sus sueldos a la Generalitat Valenciana
El Gobierno autonómico debe casi 110 millones de euros al sector de las residencias y centros de atención a personas mayores, tras casi un año sin pagar a los operadores.
Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector exigen una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.
Más de 9.000 trabajadores se han concentrado hoy a las puertas de 300 residencias y centros de día de Alicante, Castellón y Valencia para exigir a la Generalitat Valenciana el pago de la deuda que mantiene con el sector desde hace casi un año, situación que ha provocado la imposibilidad de cobrar los sueldos a muchos de estos trabajadores.
En cada una de estas concentraciones se ha leído un comunicado en defensa de la red socio-sanitaria y de los salarios de los trabajadores, especialmente de los compañeros de los centros que no están pudiendo cobrar su nómina desde hace ya varios meses. Una situación provocada por la Generalitat Valenciana como consecuencia de los más de 106 millones de euros que adeuda a las Empresas del Sector.
A fecha de hoy, se acumulan ya más de 12 meses de impagos por parte de la Generalitat Valenciana, cifra que se incrementa en 6 millones cada mes que se mantiene esta situación. En total, la deuda que mantiene el Consell con los operadores afecta a casi 200 empresas, más de 15.000 trabajadores y 30.000 personas mayores dependientes.
En este sentido, desde la plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios – CCOO y UGT- y las principales asociaciones del sector – la red pública concertada de la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP) y la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES)- se ha destacado que la situación actual afecta a servicios profesionales y una calidad contrastada, que están siendo discriminados en su trato respecto a otros sectores básicos.
Por ello, las concentraciones de 5 minutos realizadas hoy, primeras de un calendario de actuaciones que prevé manifestaciones y marchas por diferentes puntos de la Comunidad Valenciana, ha sido seguida por el 100% de los centros vinculados a las asociaciones mayoritaria del sector.
Reivindicaciones legítimas
Por otra parte, los portavoces de cada centro han destacado en sus intervenciones la necesidad de un compromiso por parte la Generalitat valenciana “totalmente firme” para establecer un plan de pagos que sea “real y de urgente aplicación”, y que salde de “inmediato la deuda acumulada.”
Del mismo modo, han señalado que, después de casi tres años de impagos, “no se puede esperar más” y, por tanto, han afirmado que “no se abandonarán las movilizaciones hasta conseguir que el President de la Generalitat se reúna con nuestros representantes y los de las empresas y dé respuesta a nuestras legítimas reivindicaciones”. En esta línea, en las intervenciones se ha exigido que la Generalitat Valenciana que “de el mismo trato en cuanto a pagos que a otros servicios básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.”
Además, los portavoces han emplazado a los representantes de los centros, trabajadores y familiares a apoyar las movilizaciones previstas para el día 18 de noviembre, frente a la Consellería de Hacienda, en Valencia; y frente a las delegaciones de gobierno, en Castellón y Alicante. Asimismo, han advertido que, de no mediar una solución, se prepara una gran marcha social en Valencia para el 29 de noviembre, con el objetivo de hacer llegar a la sociedad el peligro en que se encuentra la atención de sus mayores.
Como muestra de las concentraciones de hoy, una representación de delegados sindicales de las empresas operadoras se ha concentrado esta mañana ante las puertas de la Dirección Territorial de Bienestar Social, en Valencia para reclamar el pago de la citada deuda y presentar un nuevo paquete de quejas de los trabajadores al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, al igual que hicieron la semana pasada cuando entregaron un primer paquete de 4.000 reclamaciones de profesionales del sector.
Desciende un 93% el número de cuidadores no profesionales de dependientes en Andalucía
El número de cuidadores no profesionales de personas dependientes cotizantes a la Seguridad Social pasó de 55.182 en julio de 2012 a 3.737 en agosto de 2013 en Andalucía, un 93 por ciento menos, según datos aportados por el Gobierno al diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, que ha denunciado el «hachazo» producido y la «voladura» de la Ley de Dependencia.
En una rueda de prensa en el Congreso, el coordinador de la interparlamentaria del PSOE-A ha señalado que, además, en los últimos cinco meses, en la región se ha producido un descenso del 15 por ciento de los cuidadores no profesionales en la Seguridad Social, es decir, «un recorte progresivo y mayor».
A nivel nacional, el número de cuidadores no profesionales cotizantes pasó de 179.800 en julio de 2012 a 18.191, un 89 por ciento menos; mientras que en el último mes con datos, septiembre, hubo 116 beneficiarios y 800 trabajadores menos cada día.
A la vista de los datos, el PSOE denuncia «el fin de la ley de dependencia tal y como la plantó Zapatero en 2007» y dan por «seguro» la demolición del cuarto pilar del Estado de Bienestar». «La voladura de la Ley de Dependencia se ha culminado, en un solo año el PP ha acabado con la práctica totalidad de la cotización a la Seguridad Social», ha lamentado.
Pero, además, el PSOE atribuye estos recortes «no al dogma de la austeridad y el déficit» sino a un «nicho de negocio para las empresas, quien sabe si cercanas a quienes dictan las leyes, como hemos podido comprobar en la privatización de los hospitales de la Comunidad de Madrid».
En ese punto, el también secretario del PSOE de Málaga ha criticado que el PP vea la Dependencia «como un gasto» y, en último caso, como «un negocio para empresarios y amigos». «Al ritmo que vamos, cuando acabe la legislatura no va a quedar ni un solo cuidador no profesional dado de alta en la Seguridad Social», ha añadido el diputado adelantando que el próximo Gobierno socialista «recuperará» esta Ley.
Heredia ha explicado que su grupo pedirá la comparecencia de la ministra Ana Mato para que explique por qué si la ley fija la cofinanciación al 50 por ciento, la Junta tiene que pagar el 72 por ciento y el Gobierno central solo contribuye con el 28 por ciento y por qué en tres años ha recortado en 314 millones de euros el presupuesto.
«NO TODOS SOMOS IGUALES»
En ese sentido, Heredia ha defendido que «no todos somos iguales» y mientras que el Gobierno de Rajoy ha recortado en un 47 por ciento el presupuesto para la Ley de Dependencia, la Junta incrementará el suyo hasta un total de 1.115 millones de euros, 2,8 millones más que en 2013.
«El Gobierno no cumple con lo que se fija por ley y es importante ver el esfuerzo de la Junta para no dejar en la estacada a los dependientes, sobre todo, teniendo en cuenta la asfixia a la que somete a Andalucía el Ejecutivo», ha denunciado el diputado, que ha recortado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año próximo «obligan» a Andalucía a un recorte extra no previsto, cantidad que es lo que destina la Junta a dependencia y discapacidad.
Andalucía tiene el 24 por ciento de las personas atendidas por la Ley de Dependencia en toda España, el 26 por ciento de las prestaciones y el 37 por ciento de la ayuda a domicilio, porcentajes muy por encima de su peso poblacional en el conjunto del país, casi el 17,9 por ciento.
DENUNCIA DEL CONVENIO EN JAÉN
Por último, Heredia ha calificado de «intolerable» que el alcalde de Jaén, Enrique Fernández de Moya (PP), denuncie el convenio de ayuda a domicilio en la ciudad ya que «sabe perfectamente los recortes a los que el Gobierno somete a la Junta» y que, a pesar de ello, la Administración autonómica hace un «esfuerzo extraordinario» en defender la ley.
«Le pido al alcalde de Jaén y al señor Zoido que tengan la valentía de pedirle al Gobierno de su mismo partido que defienda la Ley de Dependencia y nos dé lo que nos corresponde para desarrollar la ley», ha concluido.
El gasto en dependencia disminuye y el plazo para las ayudas se incumple
El gasto estimado en atención a la dependencia en Navarra ha disminuido en un año en un 9%, al pasar de 153 millones en 2011 a 138 millones en 2012, según la Cámara de Comptos que constata que no se cumple el plazo de seis meses establecido para recibir la prestación.
Estos datos fueron facilitados por el presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, en una comparecencia parlamentaria, solicitada por PSN e I-E, en la que detalló el informe que el órgano fiscalizador ha realizado sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Navarra entre los años 2010 y 2012.
Según los datos que facilitó, el Gobierno de Navarra es el principal financiador de la atención a la dependencia y como mínimo aporta un 70% del total, seguido de los usuarios con un 21% y el Estado con un 9%.
Desde enero de 2008 hasta diciembre de 2012 se han presentado 33.980 solicitudes para su valoración de dependencia y en ese periodo ha habido 38.068 resoluciones, con una valoración de dependencia y 2.330 han sido archivadas, denegadas o con un recurso interpuesto que ha sido estimado.
Robleda ha precisado que el número de resoluciones excede al de solicitudes debido a que un número importante se realizan de oficio por la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP).
De las resoluciones con valoración de dependencia, el 14% acaban calificadas como no dependientes, el 34% como dependientes moderados, el 29% como severos y el 23% como grandes dependientes.
En abril de 2013 existían 984 expedientes pendientes de valoración.
A 31 de diciembre de 2012, 8.862 personas recibían prestaciones garantizadas por aplicación de la dependencia para un total de 10.401 prestaciones o servicios, ya que algunas personas pueden contabilizar varias prestaciones o servicios.
El plazo medio para recibir esas prestaciones era de 9,8 meses, por lo que se supera el plazo de seis meses previsto por la ley, según Robleda, quien citó entre los factores que influyen en ese dato el hecho de que «ha habido que resolver más expedientes con mismo personal y en menor tiempo» (antes el plazo era de once meses).
En esa fecha un total de 868 personas que cuentan con valoración de dependencia estaban pendientes de recibir el servicio o ayuda.
El informe, según Robleda, refleja que existe una menor asignación de recursos mientras que crece la necesidad de atender a un sector de la población.
En él se recogen además recomendaciones como la de dotarse de un sistema de contabilidad analítica adecuado que soporte la cifra de coste por dependiente en sus centros, en razón de la intensidad del servicio y que permita su comparabilidad.
Asimismo considera preciso ampliar la memoria de la ANAP de forma que permita ayudas en la toma de decisiones y planificación estratégica de la atención a la dependencia.
En este sentido Robleda comentó que la falta de esas memorias y de una información a través de las herramienta de costes dificultaron el trabajo así como la estructura del departamento por su necesidad de adaptación al marco de la Ley de Dependencia.
Precisó que con el seguimiento del informe que se realizó en 2011 se ha mejorado «sustancialmente», aunque, en su opinión, es preciso seguir avanzando en ese sentido.
La portavoz del PSN, María Victoria Arraiza, remarcó la necesidad de establecer mecanismos de control y ha apuntado que algunas de las recomendaciones siguen vigentes, por lo que seguirán insistiendo en su cumplimiento.
Txema Mauleón (I-E) incidió en la necesidad de que este trabajo se actualice, teniendo en cuenta, ha apuntado, que «el próximo año puede haber 7 millones menos para la dependencia».
El portavoz de UPN, José Antonio Rapún, vio aspectos positivos en el informe como la mejora de los procedimientos de gestión y de los plazos, ya que según ha dicho actualmente la media es de 7,6 meses en Navarra y en el Estado de dos años y medio.
Por Bildu, Bikendi Barea, tras aludir a «la voluntad del Ejecutivo de concertar con terceros», afirmó que no creen que se esté dando una respuesta a la crisis, «la crisis no fue la causa fue la excusa», en el fondo ven una apuesta por un modelo determinado.
La portavoz de Aralar-NaBai, Asun Fernández de Garaialde, aunque reconoció que ha habido una «leve mejora», remarcó su preocupación porque hay una «mayor desprotección social y una menor cobertura de la dependencia».
Amaya Zarranz (PPN), quien reconoció que ha habido recortes, ha resaltado el incremento en los Presupuestos del Estado en la partida destinada a la atención a la Dependencia. A continuación el parlamentario no adscrito de Geroa Bai Patxi Leuza ha opinado que muchas garantías que tenía la ley «ya no las tiene».
Medio centenar de delegados sindicales se concentran hoy ante la Dirección Territorial de Bienestar Social para exigir el pago de la deuda a las empresas de atención a mayores
Estas concentraciones a las puertas de los centros asistenciales se reproducirán en cerca de 300 instalaciones por toda la Comunidad Valenciana.
Se reclama a la Generalitat Valenciana una deuda cercana a los 110 millones de euros y una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.
Una representación de delegados sindicales del sector de las residencias y centros de atención a personas mayores en la Comunidad Valenciana se concentrarán mañana jueves, 14 de noviembre, a las 11 horas, ante las puertas de la Dirección Territorial de Bienestar Social, en Valencia (Avda. Barón De Carcer, 36), para reclamar el pago de la deuda que mantiene el Consell con las empresas del sector. Estas concentraciones se reproducirán en cerca de 300 centros por toda la Comunidad Valenciana para mostrar a la sociedad la unión de trabajadores, empresarios, sindicatos y familiares en la defensa de la atención a los mayores.
Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector – la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP), la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES) y las organizaciones sindicales CCOO y UGT- respaldan estas concentraciones que sacarán a las puertas de las residencias y centros de día a miles de trabajadores en defensa de sus salarios y en apoyo a los compañeros de los centros que no están pudiendo cobrar su nómina. Una situación provocada por la Generalitat Valenciana como consecuencia de los más de 106 millones de euros que adeuda a las Empresas del Sector.
La plataforma que agrupa a los representantes sindicales y empresariales reclama a la Generalitat valenciana el desbloqueo urgente de la deuda comprometida con un sector necesario socialmente, así como una reunión con el President de la Generalitat para concretar una respuesta a las legítimas reivindicaciones de los operadores y sus trabajadores.
Delegados sindicales del sector de las residencias y centros de atención a personas mayores se concentrarán hoy jueves, 14 de noviembre, a las 11 horas, ante la Dirección Territorial de Bienestar Social (Avda. Barón De Cárcer, 36), para reclamar el pago de la deuda que mantiene el Consell con las empresas. Estas concentraciones se reproducirán en cerca de 300 centros por toda la Comunidad Valenciana.
Unos 8.400 ancianos catalanes están en lista de espera para una plaza pública de residencia
Un total de 8.437 ancianos catalanes estaban en lista de espera el 7 de agosto de este año para poder acceder a una plaza pública en una residencia, de las que 5.816 constaban ingresadas en otros centros pero habían solicitado un traslado.
Lo ha explicado este martes la consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, en la que ha añadido que en la misma fecha constaban 557 personas informadas en la lista de espera para acceder a una plaza de centro de día, de las que 424 ya estaban en otros centros pero habían pedido un cambio.
Munté ha concretado que todas las personas que están en lista de espera son beneficiarias de alguna prestación en el marco de la Ley de dependencia, y ha explicado que los ancianos pueden seguir apuntados en una lista de espera pese a estar ya en un centro si desean estar en otra residencia.
El Ayuntamiento de Jaén renuncia a la prestación de la dependencia
El secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT-Jaén, Miguel Ángel Cazalilla, ha lamentado que el Ayuntamiento de la capital «abandona a su suerte» a los usuarios de la Dependencia de la capital al haber «presentado la renuncia» a este servicio mediante un escrito presentado ante la Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
Con ello, según ha informado el sindicato en una nota, el Consistorio el sindicato demuestra su «total falta de interés y ausencia de compromiso con las personas más necesitadas», llegando incluso a plantear, como es el caso, el «abandono de una prestación a la que por ley están obligados a prestar, como el resto de municipios de más de 20.000 habitantes».
Cazalilla ha criticado que la solución pase por dejar de prestar este servicio y ha pedido al alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), que explique a los usuarios y a sus familiares los motivos que le han llevado a esta decisión y sus posibles consecuencias. Del mismo modo, ha advertido de la «posible irregularidad» de esta medida no sin insistir en la «falta de sensibilidad tanto para los alrededor de 800 usuarios de la capital como para las 200 trabajadoras», al tiempo que ha solicitado a la Junta de Andalucía que se pronuncie al respecto.
Junto a ello, ha recordado que desde UGT se viene denunciando la deuda que la empresa concesionaria (Multiservicios Jabalcuz) mantiene con las trabajadoras, a las que se «deben las nóminas de septiembre y octubre». Asimismo, ha dicho tener «constancia de la utilización de algunas partidas del dinero pagado por la Junta de Andalucía para este servicio y que se han utilizado para otros «menesteres».
La administración valenciana incumple de nuevo y no abona las cantidades comprometidas para octubre
- Genera otros seis millones de deuda, el total acumulado asciende a 106 millones de euros.
- AERTE espera que la Conselleria de Bienestar Social explique con detalle el blindaje de los fondos destinados a dependientes.
- A la espera de la reunión con Juan Carlos Moragues.
La Administración valenciana vuelve a incumplir con el compromiso de pago adquirido con el sector de las residencias y centros de dependencia de la Comunidad Valenciana. Las partidas correspondientes al mes de octubre como los Bonos-residencias, la accesibilidad social o diversos servicios públicos de gestión privada no se han abonado. La Conselleria de Bienestar Social se había comprometido a no seguir generando deuda. Este impago provoca otros seis millones de deuda, lo que supone un total de 106 millones de euros y un agravio de la situación angustiosa que padece el sector.
Una vez más, se pone de manifiesto la incapacidad para hacer efectivo lo comprometido, tanto de deuda acumulada, como de las cantidades establecidas que por ley debe percibir mes a mes el sector, para seguir ofreciendo los servicios de asistencia sociosanitaria a personas dependientes en la Comunidad Valenciana.
Una situación insostenible de impago continuo que también está afectando a alrededor de 13.000 dependientes, con casos de personas que llevan más de tres años sin cobrar las ayudas que por ley les corresponde. En definitiva: marginación total al sistema sociosanitario de la Comunitat.
Aerte espera que Bienestar Social explique “el blindaje de los fondos para la dependencia”
AERTE espera que la Conselleria de Bienestar Social explique con detalle la decisión, anunciada la semana pasada, de blindar por ley los fondos económicos destinados para la dependencia. Una iniciativa que pretende evitar lo que AERTE lleva denunciando desde hace tiempo: el desvío reiterado de los fondos destinados a la dependencia a otros fines.
María José Mira, directora general de AERTE, “necesitamos conocer de forma especifica el alcance de esta medida, pero sobre todo, si los calendarios de pago comprometidos se van a cumplir y si se adoptará una medida adicional para solucionar el bloqueo de más de 100 millones que viene padeciendo el sector de la dependencia de la Comunidad Valenciana. Una situación que está poniendo en peligro la existencia de todo el sector: 10.000 empleos de los 15.000 que genera de forma directa el sector pueden desaparecer a corto plazo, lo que afectará a la red asistencial que día a día atiende a más 30.000 personas dependientes en la Comunidad Valenciana.
Mira añade que “los centros están al límite y exigimos a Bienestar Social que confirme de inmediato lo que está dispuesto a abonar y lo que no a la dependencia: sector que se siente totalmente discriminado”. Por ello, reclamaremos de nuevo “una redistribución equilibrada de los presupuestos entre todos los subsectores que forma el ámbito sociosanitario de forma que exista un calendario parejo, inclusive cualquier tipo de prestación del sector”.
A la espera de reunión con Juan Carlos Moragues
Por otro lado, AERTE aún no ha recibido respuesta alguna a la solicitud de reunión con el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues. La petición efectuada de forma urgente el pasado 25 de octubre, tiene como objetivo encontrar los mecanismos más adecuados y ágiles para solucionar esta situación, dada la incapacidad de Conselleria de Bienestar Social en todo este tiempo para ejecutar un plan de pagos estable que solucione la asimetría del calendario de pago existente. Una actuación que va contra la dependencia, uno de los pocos sectores que pueden generar empleo directo e inmediato pero que el impago lo destruye”.
La Generalitat valenciana blinda por ley los fondos para la Dependencia, que no podrán desviarse a otro fin
Las transferencias del Estado o de cualquier ente que reciba el Consell para financiar la Dependencia estarán blindadas el próximo año legalmente y no podrán destinarse a otros fines, según una cláusula introducida en la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2014. Es la principal novedad de las cuentas de la Conselleria de Bienestar Social que ayer presentó en la comisión de Economía de las Corts la titular del departamento, Asunción Sánchez Zaplana. La citada cláusula establece de forma taxtativa que «durante 2014, todas las aportaciones, ya sean del Estado o de cualquier otro sujeto, público o privado, para financiar las prestaciones de la ley 39/2066 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de ésta».
Pero además añade: «En el supuesto de tratarse de ingresos superiores sobre los totales previstos, así como de ingresos no previstos, y que estén vinculados en origen a la materia, habrá de tramitarse la correspondiente generación de créditos con vistas a formalizar la mencionada afectación». De este modo, se pretende impedir legalmente una práctica del pasado, que permitía gestionar temporalmente a lo largo del ejercicio transferencias recibidas para financiar la Dependencia con el fin de cubrir otros huecos. Aunque a finales de año esos recursos se dedicaran finalmente a la Dependencia, la inversión se producía con un retraso de meses. No obstante, como no eran fondos finalistas, podía desviarse una parte a otros objetivos. La consellera Sánchez Zaplana ha peleado por la inclusión de esta cláusula que blinda por ley los recursos de que dispondrá para Dependencia.
En la comisión, Sánchez Zaplana defendió que su conselleria incrementa su presupuesto para 2014 en un 2,1 % para «mejorar la gestión y mantener los niveles de atención social a los colectivos más vulnerables». Con 703,8 millones, centrará su actuación en discapacidad, menores, cooperación e integración. Admitió que le hubiera gustado que sus presupuestos de 2014 «subieran más» pero defendió que son «ajustados a la realidad social».
El socialista José Manuel Sánchez calificó las cuentas de «decepcionantes, ineficientes e injustas con los más débiles» y lamentó que la Cooperación suponga un «exiguo» 0,4 %, así como que no añadan «ni un euro más» para la violencia de género. Según el socialista, pese a los «datos dramáticos» de paro y pobreza, el presupuesto es «más de lo mismo: lleno de recortes».
Empresas y sindicatos exigen a la Generalitat valenciana el pago inmediato de más de 100 millones de deuda al sector de atención a personas mayores
Organizaciones sindicales y asociaciones empresariales han acordado hoy un calendario de movilizaciones, y reuniones con administraciones locales, autonómicas y nacionales.
Solicitan una reunión urgente al presidente de la Generalitat para que conozca y resuelva la grave situación.
El sector de las residencias y centros de atención a personas mayores en la Comunidad Valenciana sufre una constante marginación por parte de la Administración valenciana debido al impago de la deuda acumulada que mantiene, de manera continua, desde hace más de doce meses y que asciende a más de 100 millones de euros.
La incapacidad de la Consellería de Bienestar Social por solventar esta situación y el constante incumplimiento y asimetría con respecto a otros sectores de los calendarios de pago comprometidos, pone en peligro de extinción a corto plazo a todo el sector de atención a la dependencia, a sus más de 300 centros y mas 15.000 trabajadores directos que atienden diariamente a alrededor de 30.000 personas mayores en la Comunidad Valenciana (la mayoría ancianos).
Ante el agravamiento continuo de la situación y la falta de actuación de la Administración, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana(AERTE); La Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES); la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS); la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP); y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, han acordado hoy realizar una serie de concentraciones, movilizaciones, paros y reuniones con administraciones locales, autonómicas y nacionales para que, de forma urgente,la Generalitat valenciana resuelva el desbloqueo de la deuda comprometida de un sector necesario socialmente, más en tiempos de crisis, y que además genera empleo (por cada dos personas atendidas se crean un puestos de trabajo directo).
Concretamente, el sector exige a la Generalitat Valenciana, que dé al sector el mismo trato de financiación que a los conciertos sanitarios y educativos, además de un compromiso totalmente firme para establecer un plan de pagos real y urgente que se ejecute en tiempo y forma que permita solventar la situación de colapso por la que atraviesan los centros, evitando así impagos masivos de salarios a los profesionales antes de final de año: de los mas 15.000 puestos de trabajo directo que genera actualmente el sector, 10.000 pueden desaparecer a corto plazo.
Acciones:
– El miércoles 6 de noviembre, a las 11 de la mañana, se hará entrega de las primeras 4000 quejas de los trabajadores del sector de atención a personas mayores, al Sindic de Greuges en su sede en la calle Pascual Blasco, 1 – 03001 Alicante.
El pasado día, 30 de octubre, se solicitó por vía de urgencia una reunión con el President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, de cara a que pueda conocer personalmente la situación insostenible por la que atraviesa el sector en la Comunidad Valenciana, donde el periodo de tiempo sin cobrar las cantidades pendientes es cuatro veces superior a la media, algo insólito en otras autonomías. Por ello, se reclama la actuación del President para que adopte de forma inmediata acciones para solventar esta dramática situación.
Suma de otros agentes sociales
El sector de atención a personas mayores invita, a otros colectivos que se vean afectados directa o indirectamente por el incumplimiento de la administración valenciana y asociaciones afines se sumen a esta iniciativa reivindicativa con el propósito de reclamar una actuación creíble que no puede ser aplazada por más tiempo.
Deuda acumulada.
Deuda acumulada de la administración autonómica valenciana a 31 de octubre con el sector de centros y residencias de atención a personas mayores en la Comunidad Valenciana.
– 44 millones de euros correspondientes a los servicios públicos de gestión privada. Pendientes de cobro desde noviembre de 2012, es decir once meses sin cobrar.
– 40 millones de euros correspondientes a los servicios de accesibilidad social. Pendientes de cobro desde diciembre de 2012, es decir, diez meses sin cobrar.
– 9 millones de euros correspondientes a los Bono-residencias. Pendientes de cobro desde enero de 2013, es decir, nueve meses sin cobrar.
– 9,3 millones de euros correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
* El impago en el mes de noviembre, generará otros diez millones mas de deuda.
A la cola del resto de España
Según los datos a los que tienen acceso las asociaciones empresariales junto a CCOO y UGT, la Comunidad Valenciana se sitúa a la cola de España con respecto al pago a proveedores en las Comunidades Autónomas, siendo la única que tarda más de nueve meses en realizar los pagos.
Para más información:
Dpto. de Comunicación de Aecas · comuniacion@centroaecas.con· t. 627760487
La Sexta columna: «Cuando llegan las elecciones, ¿cómo pueden salir a la calle para abrazarte?»
Por su indudable interés, reproducimos el reportaje de «La Sexta columna» del viernes 1 de noviembre, «Cuando llegan las elecciones, ¿cómo pueden salir a la calle para abrazarte?»
Los recortes en la Ley de Dependencia afecta a personas con nombres y apellidos, personas que están directamente relacionadas con la política y los políticos, pues son ellos quienes más sufren sus descorazonadas medidas.
María tiene Alzheimer desde hace 7 años. Su enfermedad le ha cambiado la vida a toda su familia. Tuvieron que irse de la ciudad a una casa más barata en el campo. Su nuera, Ana María, se tuvo que dedicar exclusivamente a su cuidado.
El marido de Ana María está en paro, ninguno de sus 2 hijos trabajan y ella tampoco, aunque al menos la ley le garantizaba cotizar a la Seguridad Social como cuidadora. Pero tras los últimos recortes, le han quitado la cotización y además le han bajado la ayuda a la dependencia un 16%. Un recorte que para esta familia de 5 miembros, es un drama.
El campo ha aliviado su situación con un pequeño huerto o con los huevos que ponen sus gallinas. Pero lo que de verdad les vendría bien, son los 19.000 euros que el Gobierno les debe de pagos atrasados de ayudas a la dependencia.
El caso de Ariadna también es muy duro. Ha decidido hablar y contar su historia. “Mi madre tiene una enfermedad rara, que se llama Machado-Joseph. No hay cura ni medicación específica. Cuanto más joven se sufre, peor. Su exmarido le dejo. Ella no puede hacer nada. Tengo que hacer yo todo. Es como una cría pequeña”.
Ariadna se encontró con esta situación con 17 años. Ahora tiene 23, pero habla con una seriedad que desgarra.
Ha estudiado para convertirse en enfermera, pero no tiene posibilidad ninguna de trabajar, salvo gratis en su casa cuidando a su madre. Tiene que estar constantemente pendiente de ella. Además de cobrar cada vez menos ayuda a la dependencia, ahora tampoco cotiza por su trabajo.
Andrés es la sombra de su madre. Tiene 26 años y depende de ella totalmente: para vestirse, peinarse, lavarse la cara. Los recortes les han dejado al límite. Los 215 euros al mes que cobran de dependencia se van en pañales y medicinas. Los 500 euros de pensión de invalidez los gasta en el alquiler. Y ella, que no puede trabajar porque tiene que cuidarle, ya no cotiza nada.
Sin embargo, Amparo, que ya no llega fin de mes, no tiene sólo tiempo para sentir pena, últimamente también siente mucha rabia, sobre todo cuando recuerda. «Cuando llegan las elecciones, ¿cómo pueden salir a la calle a abrazarte? Yo he abrazado a María Dolores de Cospedal. Yo la voté porque me dio un voto de confianza».
Gerentes de Servicios Sociales piden impulsar la Ley de Dependencia
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales propone revisar «en profundidad» el modelo de relaciones laborales, llevar a cabo una reforma fiscal «justa y progresista» e impulsar la Ley de Dependencia, en el documento con las conclusiones del Debate sobre el Estado social de la nación 2013.
Estas propuestas, según adelantan, están destinadas a reducir las desigualdades que, a su juicio, «son la causa de que España tenga tantas dificultades para salir de la crisis y para que las mejoras económicas repercutan en las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población».
En primer lugar, ante las «ineficaces» reformas para crear empleo, sugieren modificar «de manera radical» el modelo de relaciones laborales con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas y las familias en España y de «evitar que se siga agudizando la pobreza y la exclusión social».
Concretamente, proponen una mayor regulación y protección de los derechos de los trabajadores y defienden que la estabilidad en el empleo y unas condiciones de trabajo y unos salarios dignos no son incompatibles con el desarrollo económico.
Otra de las conclusiones pone el acento en la necesidad de «corregir los desajustes estructurales que afectan a la fiscalidad en España»; de reducir la brecha de nueve puntos porcentuales que separa al país de la media europea en ingresos fiscales en relación con el PIB; y de avanzar en una fiscalidad «donde cada cual contribuya en función de su capacidad económica».
Asimismo, alertan de «los cantos de sirena» de las bajadas de impuestos generalizadas que, a su juicio, «se han de compensar con el incremento de la fiscalidad a las grandes fortunas, a los beneficios de las sociedades y, sobre todo, al capital financiero y sus actuaciones especulativas».
Por ello, entre sus propuestas para la Reforma Fiscal en España se encuentran: suprimir los regímenes privilegiados en el Impuesto de Sociedades; establecer un sistema de tributación objetiva para grandes empresas; recuperar los impuestos de Patrimonio y Sucesiones; establecer medidas que penalicen la utilización de entidades radicadas en paraísos fiscales; crear un impuesto de transacciones financieras que penalice la especulación; crear ecotasas medioambientales; rebajar los tipos de IVA general y reducido; incrementar las plantillas de inspectores y técnicos de Hacienda; y reforzar los sistemas públicos de participación de los ciudadanos en la lucha contra el fraude.
ENMIENDAS A LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
No obstante, los directores de Servicios Sociales aseguran que la «mayor amenaza» que se cierne sobre ellos es el proyecto de reforma local que se está debatiendo actualmente en el Congreso que «extirpará las competencias en servicios sociales y promoción social de los ayuntamientos españoles».
«Las comunidades autónomas no podrán asumir todos esos servicios, como se plantea», apuntan, para añadir que «cuando en pocos años surjan entornos urbanos tremendamente degradados y llenos de miseria, los ayuntamientos no tendrán ninguna capacidad de respuesta, ni preventiva ni paliativa, más allá de la respuesta policial.
Ante esta situación, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados dos propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley de Racionalidación y Sostenibilidad de la Administración Local, en las que reclaman «aclarar el nivel competencial de las entidades locales en servicios sociales» y «ampliar a cinco años el plazo para que las entidades locales realicen la transferencia a las Comunidades Autónomas».
Finalmente, consideran necesario un Pacto de Estado para la aplicación y el mantenimiento de la Ley de la Dependencia, cuyos ejes serían: el mantenimiento de la tasa de reposición, es decir, que el Sistema incorpore al menos un nuevo beneficiario por cada beneficiario que cause baja en el mismo, y el impulso de servicios profesionales como la Ayuda a Domicilio, los Centros de Día y las Plazas residenciales.
Unos 250 ancianos de residencias privadas dejarán de cobrar una ayuda temporal del Gobierno catalán
Cerca de 250 ancianos catalanes residentes en geriátricos privados dejarán de cobrar a partir del 30 del noviembre la prestación de cuidador no profesional que el Gobierno catalán conservaba a los mayores hasta la resolución de la prestación económica vinculada (PEV), cuyos trámites iniciales de petición han sido suspendidos ‘sine die’, han señalado a Europa Press fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat.
Hasta ahora el departamento que lidera Neus Munté había conservado la ayuda que perciben estos ancianos durante los meses que supone el trámite para empezar a cobrar una prestación económica vinculada (PEV), tras su incorporación a una residencia privada.
Se les mantenía esta ayuda, menor a la de la PEV, pero desde verano la Generalitat ha suspendido de forma temporal indefinida las nuevas peticiones para obtener esta prestación.
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña ha sido el encargado de alertar sobre esta medida que, a su juicio, empujará a situaciones de «mayor vulnerabilidad y desamparo», y ha cargado contra un debilitamiento del Estado del Bienestar.
Sobre la reducción de las ratios de trabajadores en las residencias geriátricas ha lamentado que supone una amenaza para la calidad asistencial y una precarización de las condiciones laborales de los empleados.
«DEBILITAMIENTO» DEL BIENESTAR
Las últimas decisiones tomadas por el Gobierno catalán en relación a la Ley de dependencia son «un paso más en el debilitamiento del sistema de protección y la precarización del mercado laboral», han indicado los trabajadores sociales.
El colegio ha advertido de que la suspensión indefinida de las PEV supone un «incumplimiento» de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (Lapad), puesto que esta ayuda continúa vigente como derecho subjetivo reconocido por ley.
Ha criticado el «deterioro del sistema de atención a la dependencia», y ha exigido el cumplimiento de las leyes y la reactiviación de la concesión del PEV lo antes posible y con efectos retroactivos, lo que han trasladado al Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares para que estudie la medida y emita un dictamen.
«Ante las difíciles situaciones que vivimos y el sufrimiento de las personas y familias que constatamos en nuestro trabajo cotidiano, no podemos restar impasibles», ha sostenido el colegio al agregar que quieren acompañarlas en la reclamación de sus derechos.
La dependencia acelera su caída
Ya hay menos beneficiarios que cuando Rajoy asumió la presidencia en diciembre de 2011- Las personas atendidas se reducen en 15.000 a lo largo de este año
- El dinero para dependencia se congela
El sistema de dependencia echó a andar en enero de 2007. Creció, se estancó y, ahora, lastrado por la sucesión de recortes, está acelerando su caída, hasta el punto de que el nivel de cobertura del que estaba llamado a convertirse en el cuarto pilar del Estado de bienestar ha retrocedido en el tiempo para situarse por debajo de los niveles de hace casi dos años, según muestran los datos oficiales. Las comunidades autónomas —con excepciones— no son ni siquiera capaces de mantener el ritmo de reposición de los usuarios que fallecen y causan baja en el sistema con nuevas altas, como demuestra la tendencia consolidada de los últimos nueve meses. A lo largo del año 2013, el número de personas atendidas se ha reducido en 15.302.
Existen 736.249 beneficiarios de alguna de las ayudas que contempla la ley, según los últimos datos oficiales publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), con fecha de 31 de septiembre. Son 2.338 usuarios menos de los 738.587 que se encontró Mariano Rajoy en los registros del Imserso —entidad dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad— hace 21 meses, en diciembre de 2011, cuando tomó posesión como presidente del Gobierno.
Y no es que ya se haya alcanzado el punto en el que se atiende a todo aquel que necesita ayudas. Hay decenas de miles de personas atascadas en el arcén del sistema, esperando que les llegue el turno. La lista de espera de potenciales beneficiarios a los que las comunidades autónomas han reconocido la condición de dependientes con derecho a ayudas y aún no atienden representa una bolsa de 198.041 personas.
Estas cifras corresponden a datos oficiales regularizados de los informes que mensualmente publica el Imserso. Es decir, están limpios, después de que se depuraran los registros debido a las duplicidades o errores (en torno a un total de 13.000) que detectó el Tribunal de Cuentas en los expedientes enviados por las comunidades autónomas.
Fuentes del Imserso comentan que, pese a ello, los datos que reflejan sus informes, aunque son los oficiales, no son definitivos. Fruto del estudio del Tribunal de Cuentas se ha puesto en marcha un nuevo sistema de información y las autonomías “están en pleno trasvase de uno a otro [sistema]”, añaden. Por ello, “habrá que esperar a final de año” para conocer los datos finales.
Desde el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales subrayan que a lo largo de este año ha habido 60.879 altas en el sistema. Pero esta cifra es engañosa ya que los datos oficiales muestran una caída en los beneficiarios de la dependencia (personas con ayudas) a lo largo de este año. A pesar de las más de 60.000, el saldo final de 2013 hasta septiembre es de 15.302 usuarios menos. Ello implica que el número de bajas en el sistema (beneficiarios fallecidos) en este periodo ha sido de 76.181, muy superior a las nuevas incorporaciones que destaca el ministerio, y que son insuficientes para mantener el nivel de cobertura del sistema.
¿A qué se debe la caída del número de ayudas? José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lo tiene claro: a los recortes del Gobierno del Partido Popular.
Por ejemplo, la eliminación de la inyección económica que el Estado transfería a las comunidades autónomas —las encargadas de ejecutar la ley—, una aportación de 283 millones de euros a la que se puso fin en 2012. El golpe más importante a la ley se produjo, sin embargo, con el Real Decreto de julio de 2012, añade Ramírez. Las “reformas para la racionalización del sistema”, según la terminología del ministerio, incluyó una batería de medidas con un impacto que el propio Ejecutivo valoró para 2013 en 1.108 millones de euros de ahorro (solo en dependencia) en las distintas Administraciones, según el Programa Nacional de Reformas remitido a Bruselas el pasado mayo.
En el real decreto se acordó la reducción del nivel mínimo (el dinero que destina el Estado a las regiones correspondiente a la cuota que paga por los dependientes) en un 13%, la minoración del 15% de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras o la reducción de la compatibilidad entre servicios, entre otros aspectos.
La puesta en marcha de estas medidas no tuvo un efecto inmediato, según apunta Ramírez. Provocó, primero, la congelación del sistema y, posteriormente, una caída de usuarios que se está haciendo especialmente evidente en estos momentos con las últimas cifras oficiales.
No todas las autonomías retroceden en ayudas. Extremadura, Castilla y León o Cataluña aumentan ligeramente el número de beneficiarios, a pesar de tener tasas de cobertura superiores a la media estatal. En otras, como Aragón, el retroceso ha sido del 15% de usuarios en 21 meses.
Pero más allá de estas diferencias, las tensiones presupuestarias para mantener el sistema son generalizadas. La Comunidad Valenciana, que desde la puesta en marcha de la ley siempre ha ocupado los lugares de cola en cuanto al desarrollo del sistema, cuenta con 2.000 expedientes de prestaciones económicas para atención residencial congelados, indican desde la patronal de residencias privadas Aerte. También respecto a estas mismas ayudas, Cataluña anunció en septiembre que la medida de suspender provisionalmente la concesión de nuevas prestaciones, dictada en agosto, se convertía en indefinida.
Las estadísticas del Imserso reflejan la caída sostenida de las personas registradas en la lista de espera de la dependencia. De los 305.941 beneficiarios pendientes de recibir una prestación en enero de 2012 se ha pasado a 198.041 en septiembre de este año. El ministerio presume de que esta es la cifra más baja desde el inicio de la dependencia. Pero, según Ramírez, este comportamiento no obedece a una gestión exitosa del sistema de dependencia. Lo lógico sería que a la reducción de la lista de espera (sobre todo, dado el volumen de la caída) correspondiera un incremento en el número de beneficiarios por el trasvase de personas de uno a otro grupo. Pero los datos no solo niegan esta relación, sino que indican lo contrario: se ha producido una caída tanto en la bolsa de personas en espera como en el número de usuarios.
Ramírez apunta a varias razones para explicar esta aparente contradicción. La lista ha caído en parte por el aplazamiento de la cobertura a los dependientes moderados hasta julio de 2015 —una medida tomada a finales de 2011—. Pero también por las miles de personas que mueren aguardando una ayuda que nunca llega. Jaime Esteban, coordinador de las plataformas españolas en defensa de la Ley de Dependencia estima que solo en la Comunidad Valenciana, el número de fallecidos en estas condiciones sería de 30.000 desde el inicio de la norma.
Afectados por daño cerebral adquirido reclaman que se reactiven los recursos de la Ley de Dependencia
Nueva Opción, la asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Valencia, ha reclamado a las administraciones que activen los recursos previstos en la Ley de Dependencia, que garanticen la continuidad asistencial tras la recepción del alta hospitalaria, eliminen barreras para facilitar la participación social de las personas con discapacidad, implanten un plan de atención especializado para las personas con DCA y establezcan la figura de un gestor de casos que oriente a los afectados y a sus familiares.
Estas cinco peticiones forman parte del manifiesto que los afectados han leído en los Jardines de Viveros de Valencia con motivo de la celebración del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, según ha informado la asociación en un comunicado.
«En nuestra lucha diaria por recobrar la autonomía, nos encontramos que, de manera habitual, al recibir el alta hospitalaria se interrumpe el proceso de rehabilitación especializada, lo que impide avanzar en nuestra autonomía y aumenta las barreras para la inclusión social», aseguran los afectados en el manifiesto, común a todas las asociaciones miembros de Federación Española de Daño Cerebral (Fedace).
Asimismo, en el manifiesto se añade: «observamos como determinados ajustes repercuten de manera muy desfavorable en nuestra vida, condicionando nuestros derechos, en algún caso, recién estrenados. Los recortes aplicados en sanidad y servicios sociales no contribuirán a salir de la crisis si es a costa de agravar y cronificar nuestra desprotección».
La lectura del manifiesto, junto a varias actividades lúdicas, ha sido la última actividad organizada con motivo del Día Nacional. Durante la semana, Nueva Opción ha desarrollado una campaña de sensibilización que también ha incluido la colocación de carteles en edificios municipales, la instalación de mesas informativas en diversos puntos de la ciudad, la organización de una jornada sobre el DCA en el MuVIM dirigida a profesionales y afectados, la convocatoria de un concurso de dibujo para escolares y el montaje de una exposición en Tabacalera de cuadros pintados por afectados.
El Daño Cerebral Adquirido se produce como consecuencia de cualquier lesión en el cerebro, sea cual sea su causa, y afecta de forma notable a la salud y a las condiciones de vida de los afectados y de sus familiares. Las principales causas del DCA son accidente cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico y tumor cerebral, pero también puede producirse como consecuencia de anoxia, meningitis, encefalitis, encefalopatía, absceso cerebral, etc.
El DCA es el primer motivo de discapacidad en España, donde residen 420.000 personas afectadas. De ellas, 56.500 viven en la Comunitat Valenciana, la segunda autonomía con mayor número de casos, y 32.000 en la provincia de Valencia.
Los afectados presentan una pluridiscapacidad en el plano cognitivo, el control motor, la comunicación, el nivel de alerta o dificultades para relacionarse con el entorno, lo que origina una disminución de la autonomía personal, cuando no su pérdida total, y una modificación significativa en las relaciones sociales y familiares. Estas situaciones alteran la vida cotidiana de las familias de las personas que lo padecen y suponen un importante problema en su regreso a la vida laboral y comunitaria.
Aerte solicita una reunión con el conseller Moragues para encontrar una solución urgente a la deuda de más de 100 millones con los centros de atención a dependientes
La patronal empresarial de la dependencia pide que se actúe ya para la supervivencia del sector.
Debido al continuo incumplimiento de pago comprometido, de los más de 14.000 puestos de trabajo directo que genera actualmente el sector, 10.000 están en peligro de extinción a corto plazo.
La patronal, también pone en conocimiento del Ministerio de Hacienda la dramática situación que vive el sector de la dependencia de la Comunidad Valenciana debido al bloqueo del pago de la deuda desde hace más de diez meses consecutivos.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, aerte, ha solicitado esta mañana una reunión con el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, para encontrar una solución urgente y efectiva a la deuda de más de 100 millones que mantiene la administración con el sector de las residencias y centros a dependientes.
Ninguna acción encaminada a la obtención por parte de la administración autonómica valenciana de un plan de pagos estable está siendo efectiva. No es asumible, ni en lo económico ni en lo social, que la deuda comprometida se vaya acumulando de forma sucesiva durante más de diez meses consecutivos; que los tiempos establecidos a través del mecanismo de pago del FLA se incumplan y que, además, exista una latente asimetría en los calendarios de pago que se está practicando respecto a otros sectores que, ni mucho menos, llegan al año sin cobrar: el sector de la dependencia de la Comunidad Valenciana se siente totalmente ninguneada y marginada.
Según ha apuntado María José Mira, directora general de aerte, “este reiterado incumplimiento de pago tiene como consecuencia que, de los más de 14.000 puestos de trabajo directo que genera actualmente el sector, 10.000 estén en peligro de extinción a corto plazo. Esta situación afecta además a los servicios socio-sanitarios que reciben diariamente más de 22.000 dependientes en toda la Comunidad Valenciana: no sólo está en juego la supervivencia de un sector esencial en lo social, sino el bienestar y el cuidado necesario que necesitan estas personas”.
Petición al Gobierno central para que resuelva también el bloqueo
Por otro lado, la patronal de la dependencia de la Comunidad Valenciana, a través de la FED, volvió a poner en conocimiento del Ministerio de Hacienda el bloqueo del pago de la deuda acumulada con el sector, especialmente con la Comunidad Valenciana, donde el periodo de tiempo sin cobrar las cantidades pendientes es cuatro veces superior a la media.
En este sentido, Mira ha apuntado que “debido a la escasa efectividad de las acciones de la conselleria de Bienestar Social encaminadas a resolver el problema, aerte, reiterará la semana que viene, la necesidad de establecer una reunión en Madrid con la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas para plantear, entre otras cuestiones, el pago directo por vía de urgencia de los fondos estatales de dependencia desde el estado a las empresas como solución más rápida”.
Deuda acumulada de la administración autonómica valenciana en el mes de octubre con el sector de los centros y residencias de atención a dependientes en la Comunidad Valenciana (Fuente: aerte).
– 44 millones de euros correspondientes a los servicios públicos de gestión privada. Pendientes de cobro desde noviembre de 2012, es decir once meses sin cobrar.
– 40 millones de euros correspondientes a los servicios de accesibilidad social. Pendientes de cobro desde diciembre de 2012, es decir, diez meses sin cobrar.
– 9 millones de euros correspondientes a los Bono-residencias. Pendientes de cobro desde enero de 2013, es decir, nueve meses sin cobrar.
– 9,3 millones de euros correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
* Cada mes que no se abona los pagos, se genera 10 millones más de deuda con el sector de centros y residencias de atención a personas dependientes de la Comunidad Valenciana
Becerril: se están produciendo muchos retrasos en la aplicación de la ley de dependencia
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, aseguró hoy que se están produciendo muchos retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia.
En declaraciones a RNE, recogidas por Servimedia, Becerril dijo que la crisis económica no ha traído en España recorte de derechos, pero sí recortes en la prestación de servicios, de cosas a las que nos hemos acostumbrado porque hemos vivido momentos de bonanza y alto grado de bienestar.
Es el caso, dijo, de la Ley de Dependencia se están produciendo muchos retrasos a la hora de evaluar y hacer efectivo el pago para un cuidador, y es que ha habido un momento en que todo eso se conseguía pronto, pero ahora los ayuntamientos y las comunidades no tienen fondos suficientes.
Son retrasos de los que espero que podamos irnos recuperando. Entiendo perfectamente el lamento y también el de las comunidades y los ayuntamientos que prestan los servicios sociales, agregó Becerril.
La Generalitat podría no pagar este mes a los hospitales concertados
La Generalitat ha advertido a los 55 hospitales concertados que este mes probablemente solo les podrá pagar una cuarta parte de la factura de 250 millones por los servicios que prestan a la sanidad pública.
Fuentes del Departament de Salut han confirmado a Efe que están trabajando y «se harán los máximos esfuerzos» hasta el último día para poder hacer efectiva la totalidad de la factura el próximo 31 de octubre.
La directora general de la patronal Unión Catalana de Hospitales, la doctora Helena Ris, ha explicado a Efe que la Generalitat les advirtió primero de que no podrían pagar la factura ordinaria del mes de octubre, que asciende a unos 250 millones, pero después les comunicó que intentarían pagar un 28,65% de la factura con un pequeño remanente del Fondo de Liquidez Autonómica.
En cualquier caso, Ris ha calificado de «situación muy grave» si los hospitales concertados no cobran este mes porque «peligran las nóminas».
Ris ha señalado que confían en que la próxima semana cobren los 800 millones que les adeuda la Generalitat a través del plan proveedores del ICO, lo que «supondría un respiro» y podrían afrontar este nuevo impago. «De lo contrario, ya no tenemos más capacidad de endeudamiento», ha advertido.
La Generalitat adeuda hasta ahora unos 800 millones de euros a los hospitales concertados por las facturas de julio y abril de 2012, el 40% de la de agosto de 2012, el 25% de la de octubre de 2012 y el 25% de la de febrero de 2013.
Helena Ris ha explicado que de momento de la factura del próximo mes de noviembre, la Generalitat no les ha advertido de nada y confían en poder cobrarla puntualmente. «Los hospitales estamos al límite y confiamos en cobrar el ICO en la primera fase, es de la única manera que podríamos soportar este mes, porque si no lo cobramos sería un descalabro porque ya hemos agotado las posibilidades de endeudamiento y de pactar retrasos de pagos a la Seguridad Social», ha afirmado Ris.
«Cada nuevo impago pone en peligro la nómina y ya se han dado casos en que los trabajadores han cobrado el día 4 o 5 del mes porque los ingresos de la administración se han hecho el último día del mes», ha explicado la directora general de la patronal hospitalaria, que ha trasladado a los hospitales la situación «para que hagan frente, pero sin crear alarmas».
Maestre: «Cospedal está derogando la Ley de Dependencia por la puerta atrás»
La Ley de Dependencia, la considerada como el “cuarto pilar” del Estado del Bienestar es las más afectada por la política de continuos recortes de los gobiernos de Mariano Rajoy en España y María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha.
Esta es la conclusión que ponía sobre la mesa la portavoz del PSOE castellano-manchego, Cristina Maestre, tras analizar los datos que da mes a mes el propio Gobierno de la Nación sobre la situación de esta norma.
En Castilla-La Mancha, es más, indicaba Maestre, la Ley de Dependencia en los dos últimos años y pico, desde que gobierna el PP, “está siendo derogada en la practica por la puerta de atrás”. Desde mayo de 2012, 17 meses, explicaba, no se ha resulelto ni una sola prestación.
Los datos oficiales avalan este planteamiento, señaló Maestre en una rueda de prensa celebrada en Ciudad Real. Con las cifras oficiales a 30 de septiembre último, en la comunidad autónoma, en lo que va de legislatura, se ha retirado la prestación económica a más de 5.800 personas dependientes
Además, 11.500 beneficiarios de la ley han dejado de serlo y, en lo que va de año se han dejado de atender a más de 2.000 familias. En estos momentos existen casi 4.700 personas esperando para ser valoradas en su nivel de dependencia.
En la provincia de Ciudad Real, se ha retirado la prestación de ayuda a cuidador a casi 1.500 familias, casi 1.200 personas están esperando que se les dé una respuesta a su petición valoración y, en lo que va de año, ha descendido en 437 el número de personas atendidas.
Son datos que confirman la postura del PP ante la Ley de Dependencia desde que fue tramitada en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura. El PP, remarcaba Maestre, nunca quiso la Ley de Dependencia, votó a favor de la misma para no quedar mal políticamente, pero, ahora que está en el Gobierno la está dejando en nada por vía de los hechos consumados.
Otro aspectos, dijo, es el de la aplicación de nuevas tasas a la hora de que los afectados puedan iniciar la tramitación de una ayuda.
Con estas decisiones, Maestre no tiene dudas de que el PP “está retorciendo el brazo a los dependientes para que ellos mismos renuncien a las ayudas a las que tienen derechos”.
Otro punto a analizar es el de la generación de trabajo. La portavoz socialista recordaba que, si uno de los objetivos del PP es la creación de empleo, todos los estudios realizados al efecto confirman que, en torno a la dependencia, hay un nicho importante para la generación de puestos de trabajo que el PP “se está cargando”.
Todas las actuaciones en este campo de Cospedal, puntualizaba Maestre, ha llevado a que, según las estadísticas, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha sea una de las últimas regiones, junto a Aragón, en la aplicación de la Ley de Dependencia.
Maestre apuntó que el PSOE seguirá defendiendo esta ley, en lo más cercano, con enmiendas para mejorar su dotación económica en los presupuestos de la región para el próximo año de 2014.
