Recortes
Amade alerta de que el plus de transporte incluido en la base de cotización generará desempleo
La Asociación Madrileña de Asistencia a la Dependencia (Amade) alertó este jueves de que la cotización de las empresas a la Seguridad Social por el llamado plus de transporte generará desempleo en el sector de la dependencia, para el que la aplicación de la medida supondrá, solo en la comunidad madrileña, un gasto de más de siete millones de euros al año.
La aplicación del decreto que regula la cotización a la Seguridad Social por conceptos por los que hasta ahora no cotizaban las empresas conllevará para Amade un gasto de más de siete millones de euros al año, «teniendo en cuenta los ajustes que ya se han venido haciendo en los precios de plazas concertadas con la Administración y considerando que el 70% del gasto del sector es en personal», afirmó la entidad en un comunicado.
Según dijo, esta decisión del Gobierno «generará desempleo y podría suponer el cierre de muchas empresas ya agotadas financieramente tras largos años de crisis». Por todo esto, las patronales madrileñas han solicitado que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) «se oponga rotundamente a esta medida», dadas las «graves consecuencias» que podría suponer su puesta en práctica.
Más de 9.300 cuidadores dejan de cotizar por los recortes en dependencia
Los recortes en materia de dependencia se han llevado por delante las cotizaciones de más de 9.300 cuidadores no profesionales en la provincia. La decisión del Gobierno hace poco más de un año de dejar de financiar las cuotas de estas personas, en su mayoría mujeres, ha provocado que vuelvan a engrosar las listas del paro. Así, las últimas estadísticas disponibles del Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestran que a fecha de 30 de noviembre de 2013 sólo había 732 cuidadores afiliados en Málaga, frente a los 10.131 que estaban dados de alta en octubre del año anterior, justo antes de que entrara en vigor la medida del Ejecutivo.
Esto supone que apenas el 7% siguen cotizando para poder cobrar una pensión en un futuro, haciéndolo de su propio bolsillo. Al suprimirse el régimen especial de cuidadores no profesionales en la Seguridad Social, la Administración del Estado ‘invitó’ a los afectados a costearse sus cotizaciones extinguiéndose así el convenio especial suscrito en 2007 para que los cuidadores no profesionales pudieran regularizar su actividad. Durante los primeros meses, hasta final de 2012, se bonificaron las cuotas de quienes decidieran seguir afiliados, con un descuento del 15%.
Pero son pocos los que pueden hacer frente al pago de las cotizaciones, que ascienden a 163,04 euros al mes, máxime cuando la reforma de la Ley de Dependencia de 2012 -Real Decreto 20/2012, de 13 de julio- estipuló además un recorte del 15% en las prestaciones que venían recibiendo. El hecho de que una persona deje de cotizar a la Seguridad Social no significa que no pueda continuar como cuidadora no profesional a efectos de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Esta cantidad, que reciben más de 20.000 personas y que rondaba los 370 euros al mes, se vio reducida en unos 55.
Cobrar una pensión
La figura del cuidador no profesional es una de los recursos que la ley reconoce a los dependientes y su valor reside en que se trata de una persona cercana al enfermo o anciano que posibilita que su vida diaria se desarrolle en casa. Aunque hay más de 20.000 en la provincia, solo han llegado a estar afiliados en el régimen especial aproximadamente la mitad porque el resto ya cotiza por otros trabajos o bien están jubilados, como explica el presidente de la Asociación Española de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, que señala que los 732 cuidadores que continúan afiliados -654 mujeres y 78 hombres- lo hacen en su mayoría «porque necesitan cotizar para garantizarse una pensión al estar cercana su jubilación».
Para este especialista, la expulsión de la Seguridad Social de la mayor parte de los cuidadores al no costear el Gobierno sus cotizaciones supone «la pérdida de un derecho subjetivo». Además, a su entender, «desde la perspectiva feminista se trunca un estatus reconocido a las mujeres en 2007». «Las políticas sociales no son políticas de género, pero las mejores políticas de género son las políticas sociales», señala. «Para el Gobierno supone un ahorro, pero es un recorte de mil millones de euros al dejar de pagar las cotizaciones y fastidiar a las mujeres», denuncia Ramírez.
A nivel nacional se han perdido más de 154.000 cotizantes desde la entrada en vigor de la medida que suprime el pago de las cuotas por parte de la Administración. Tras Madrid (881) y Barcelona (2.038), Málaga es la provincia con más personas afiliadas como cuidadores en el ámbito familiar, aunque esta cantidad cae mes a mes desde noviembre de 2012.
Una dependiente de 84 años denuncia al Consell por «quedarse» su pensión y la extra
Felisa Trampal Navarro, residente del geriátrico público de Torrevieja, ha decidido pasar de la protesta a la acción. Con la ayuda de UGT, acaba de presentar un recurso de alzada contra la decisión de la Dirección General de Personas con Discapacidad y Dependencia de la Conselleria de Bienestar Social de «llevarse» las pagas extraordinarias de los mayores que tienen plaza en una residencia pública. Una decisión que la Generalitat justifica en la necesidad de establecer un copago de los servicios públicos, pero que supone un auténtico mazazo para un sector de población que ya vive asfixiado por otros recortes. Los usuarios de residencias públicas ya empleaban antes de esta decisión la mayor parte de su pensión en pagar la plaza.
Con la meridiana lucidez que le da una experiencia de 84 años, Felisa explica que llevará su oposición a esta medida hasta «donde sea». Como ella dice, «a estas alturas de mi vida no le tengo miedo a nada», así que ha decidido dar orden al banco de devolver uno de los dos recibos que en junio le pida la residencia, «…y luego, Dios dirá«. Cerca de 11.500 personas en la Comunidad reciben una prestación residencial. La medida les afecta a todos en el caso de las pagas extra y en distintos grados en la pensión mensual. Bienestar Social «se come» hasta el 90% de las más altas y deja más margen a las más reducidas. La afectada critica el «lenguaje vacío de políticos y Conselleria que temen hablar con claridad, de ahí que hayan estado un año con rumores y sin que se aclarara nada» hasta recibir notificación escrita el 16 de diciembre. Pero cansada de protestas testimoniales, Felisa decidió plantarse entonces en UGT y recurrir.
Madrid, asuntos sociales asegura que está al día con la ley de dependencia
El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, aseguró este lunes que la región está al día con la Ley de Dependencia y dijo que Madrid cree en la ley y en el espíritu de la ley.
La Comunidad de Madrid emitió un total de 4.260 nuevos dictámenes sobre personas en solicitud de situación de dependencia entre mayo y diciembre de 2013, pasando de 167.854 expedientes en mayo a 172.114 a 1 de diciembre del año pasado, según datos del Sistema Nacional de Dependencia publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En un acto que se celebró hoy en la residencia de mayores Goya, el consejero valoró los datos publicados y subrayó que Madrid está a la cabeza de la prestación de servicios de la cartera de servicios de la Ley de Dependencia.
En este sentido, manifestó que siempre hemos dicho y seguiremos diciendo que la Comunidad de Madrid cree en la ley y en el espíritu de la ley y aseguró que la región está totalmente al día con la dependencia.
Asimismo, explicó que hemos hecho un gran esfuerzo y hemos simplificado el procedimiento administrativo de tal manera que con un solo acto valoramos y damos el PIA (programa individual de atención) y destacó que hemos hecho una encomienda de gestión a los ayuntamientos para que sean ellos mismos quienes realicen el informe social y el baremo de la dependencia de cada usuario para facilitar el proceso.
El Consell renueva las 2.000 plazas a geriátricos impulsados por Cotino
La historia se repite. Los beneficios que otorga la Conselleria de Bienestar Social a los geriátricos impulsados por el presidente de las Cortes, Juan Cotino, siguen año tras año. Los motivos no están claros, no se sabe si se debe al continuismo de la política del Consell o la ‘alargada sombra’ o poder del presidente de las Cortes.
Sea por un motivo o por otro, y a pesar de las quejas del sector, las 2.000 plazas que el pasado año concertó la Conselleria de Bienestar Social a las residencias del modelo Cotino serán renovadas en los próximos días para darles continuidad en 2014.
La Conselleria ubicada en el complejo 9 d’Octubre ya tiene preparada una orden para mantener el concierto al grupo de geriátricos que disponen de plazas de accesibilidad, entre las que se hallan las quehan pertenecido al sobrino del político valenciano, Vicente Cotino Escribá: Gerocentros y Savia. En concreto, este grupo de residencias consolida el segundo tercio de las plazas de que ya disfrutaba y amplía su concierto con 2.000 plazas que se suman a las 2.000 que ya tenía desde 2001.
Con lo cual los geriátricos AECAS -9 empresas- mejoran su situación al pasar a tener un total de 4.000 plazas concertadas, que son las primeras que se cubren cuando exista demanda de la población y las que primero cobran, para colmo del resto de residencias que no disponen de estos privilegios.
El hecho de que se vuelva a concertar las plazas a los centros del ‘modelo Cotino’ ha generado la consiguiente sorpresa y malestar en el resto de geriátricos porque el equipo actual de Bienestar Social -tanto la consellera Asunción Sánchez Zaplana, como la secretaria autonómica Nela García– habían dado esperanzas de no beneficiar sólo a 9 empresas.
De hecho, el ex conseller Jorge Cabré y el ex secretario autonómicoJoaquín Martínez rechazaron por escrito la ampliación de plazas para las residencias que estuvieron vinculadas a los Cotino ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De forma oficial, Bienestar Social se negaba a asumir el convenio que les permitía conseguir además del tercio de plazas del que ya disponen, que posteriormente recibieran los otros dos tercios restantes, hasta completar el 100% de las plazas. Desde Bienestar Social se argumentó que estos geriátricos no pueden beneficiar «un derecho de monopolio».
Estos geriátricos privilegiados habían consolidado el primer tercio de las plazas porque lo obtuvieron en 2001 y en repetidas ocasiones han reclamado a la Administración que cumpla con el convenio y les ceda el segundo y el tercer tercios, que les permitirían lograr 6.000 plazas.
No en vano, EL MUNDO denunció en mayo de 2010 que Juan Cotino benefició a las empresas de su familia al crear y poner en marcha varias normativas de gestión de residencias de la Tercera Edad que mejoraban sus condiciones de negocio mientras él era responsable de Bienestar Social, entre el 29 de junio de 2007 y el 28 de agosto de 2009. Con la orden del 5 de diciembre de 2007, Cotino amplió el número de plazas financiadas por la Conselleria que él dirigía. En aquella orden, el político de Xirivella eliminó la limitación contractual de un tercio que había en un principio y la amplió para que el grupo de residencias entre las que su familia había impulsado llegaran al 100% de las plazas existentes.
Esta trayectoria de mejoras para los geriátricos que promocionó Cotino se han venido repitiendo con contratos puntuales, pero desde el 31 de marzo de 2012 el contrato no se había renovado.
Por ello, llama la atención que Bienestar Social haya cambiado radicalmente sus argumentos y siga con condiciones más ventajosas para estas residencias a pesar de que había criticado que el convenio de 2001 se realizó «con reconocimiento expreso de la absoluta preferencia de estos centros para la cobertura de las plazas» y que «resulta inexplicable que se pida [por parte de los centros del modelo Cotino] la contratación de la totalidad de las plazas y se reconozca responsabilidad patrimonial».
Incluso, desde Bienestar Social se llegó a criticar que para aumentar el concierto se había forzado a que los geriátricos redujeran un 9% del precio de las plazas. De esta forma pasaron de cobrar 1.850 euros por paciente a 1.600 euros.
Desde la Administración también se recordó que se había consultado al resto del sector, a las asociaciones Aerte y Lares, para que mostraran su conformidad por carta sobre la ampliación de plazas concertadas a sólo un grupo de empresas. Una cuestión generó grancabreo a la mayoría de empresas porque consideran que han sido agraviadas frente a las impulsadas por la familia Cotino.
Este diario llamó a Bienestar Social para conocer el motivo de la renovación de la concertación de las plazas con las residencias impulsadas por el presidente de las Cortes pero, tras varios días de espera, no ha recibido respuesta.
La atención a la dependencia seguirá en picado en 2014: 31.000 grandes dependientes menos
El pasado año ha sido probablemente el más duro para los dependientes y sus familias desde que la Ley de Dependencia se pusiera en marcha en el 2006. El Estado ha reducido el nivel mínimo un 13% (aporte a las CCAA), ha suprimido el nivel acordado (se perdieron 283 millones para atención a la dependencia), se ha reducido un 15% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares, se ha incrementado el copago de los enfermos, se ha eliminado la cotización a los cuidadores y se ha aplazado la entrada de nuevos usuarios hasta 2015. Con este panorama, desde que Rajoy llegó a La Moncloa se han contabilizado 62.690 grandes dependientes menos en el sistema.
El año que acaba de comenzar no presenta mejores expectativas para aquellos que están pendientes de una valoración o que ya están dentro del sistema. En octubre de 2011, las personas dictaminadas con un grado III de dependencia (el mayor de todos, llamado ‘Gran Dependencia’, que supone que necesitan ayuda para realizar diversas actividades básicas de la vida diaria varias veces al día con el apoyo continuo de otra persona para lograr autonomía) eran 433.290. En octubre de 2013 han bajado a 332.627 con 37.973 incorporaciones (antes de que se paralizaran), de manera que el total de grandes dependientes suma 370.600.
Estas cifras oficiales del Ministerio de Sanidad muestran que se han perdido 2.588 grandes dependientes cada mes. De seguir la tendencia actual, en 2014 habrá 31.000 grandes dependientes menos, hasta quedar reducido su número a 340.000, según los cálculos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. «Esta reducción se explica básicamente por tres motivos: hay bajas por fallecimientos de las personas, estas bajas no se están reponiendo con nuevos usuarios atendidos y además en algunas comunidades se están realizando revisiones de grado a la baja«, comentaba José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación.
Las mencionadas revisiones de los dependientes han dado lugar enalgunos casos a una reducción de grado, algo que tiene su explicación en la necesidad de recortar las prestaciones económicas principalmente. Según los límites establecidos, un dependiente valorado con un grado III nivel 2 (existen tres grados de dependencia y cada grado se divide a su vez en dos niveles) podía llegar a percibir por cuidados familiares en enero de 2013 un máximo de 520 euros, que quedaban en 387 tras el Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio. Rebajando un grado la valoración, el máximo a percibir sería de 337 euros al mes (268 tras la medida de julio), lo que supone un ahorro neto de 183 euros mensuales. Lo mismo ocurre con la prestación vinculada o con la ayuda a domicilio, en cuyo caso se reduciría el número de horas de ayuda.
«Es cierto que la rebaja de grado supone también una merma en la entrada de recursos estatales, pero les compensa. Por el dependiente de grado III nivel 2 con cuidados familiares la Comunidad Autónoma recibiría 231 euros al mes y una rebaja de grado supondría percibir únicamente 89 siendo grado II nivel 2. Esto con una merma de ingresos de 141 euros pero con cierta ‘ganancia’ neta mínima de 41 euros al mes que se acrecentaría en función del copago por parte del usuario en la prestación económica», explican desde la Asociación Estatal.
También la Administración General del Estado se beneficia de estas medidas, ya que reduce notablemente su aportación a las comunidades para la gestión de la dependencia. Si entre octubre de 2011 y febrero de 2012 debía transferirles 90 millones de euros por el nivel mínimo de las personas con grado III, desde julio de 2013 se ha reducido la cifra a menos de 70 millones, por lo que soncasi 25 millones de ahorro, «unos 23 si tenemos en cuenta ese 10% de grandes dependientes valorados pero sin Programa Individual de Atención (PIA)», comentan.
Lucha incansable
Pese a la pésima situación actual de la dependencialos actores sociales no han dejado de denunciar las medidas adoptadas y la manipulación de datosque dicen que lleva a cabo el Ministerio que ocupa Ana Mato y el IMSERSO, quien el pasado noviembre habría difundido unas estadísticas con un incremento mensual de más de 14.000 personas atendidas. «Este Observatorio ha analizado estos datos y ha recabado información de las Comunidades Autónomas de forma que está en condiciones de afirmar que el “cambio de tendencia” desgraciadamente no es tal sino que se trata de datos no depurados con las bajas de personas fallecidas correspondientes al cruce de los datos de vivencia facilitados por el Ministerio de Justicia en el último mes. Es notorio que tras la supresión de los niveles, las personas dictaminadas con grado y nivel no pueden hacer sino disminuir su número a medida que se producen las bajas por fallecimiento. Por el contrario, los nuevos dictámenes (sólo de grado) son los que deberían mantener una línea ascendente. Si no fuera por lo dramático y serio del asunto,se podría decir que el IMSERSO ha “resucitado” este mes a más de 4.000 personas dependientes», decían desde la Asociación Estatal.
Precisamente para protestar por la suma de todo lo anterior, el pasado 20 de diciembre presentaron en el Congreso, junto con laCoordinadora Estatal de las Plataformas en defensa de las LAPAD,250.000 firmas para pedir al Gobierno que cumpla con la Ley de Dependencia. «Se está produciendo una derogación encubierta y una demolición controlada de la ley. En noviembre de 2011 eran 1.048.424 las personas dependientes con derecho a atención, y en noviembre de 2013 se reduce a 940.642. En sólo dos años son 107.782 personas menos a las que se les reconoce el derecho a las atenciones. Son 148 bajas diarias en el sistema desde que gobierna Rajoy. El sistema tiene cuatro beneficiarios menos cada día en este periodo. Es inadmisible y cruel revertir esto con eufemismos como «mejora» o «sostenibilidad» del sistema o de la ley», concluye Ramírez.
Nueva sentencia para aplicar la Ley de Dependencia a internos en el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina
Tras una tercera sentencia a favor de los residentes, familiares de personas que se encuentran en el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina han creado una plataforma para exigir el cumplimiento de la Ley de Dependencia por parte de la Junta.
Y es que las sentencias les dan la razón a quienes habían denunciado que están pagando una residencia pública como si fuera privada.
La plataforma ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que considera “improcedente” que los residentes de este centro, con los beneficios reconocidos de la Ley de Dependencia, paguen su plaza íntegramente como si fuera privada.
Se trata de una sentencia del mes de octubre, que se une a otra similar de mayo, en la que se falló de manera similar a favor de una persona interna en la residencia, y a otra en el mismo sentido de 2012.
Sentencia para todos
En la nueva sentencia se fija un criterio “extensible” a todos los afectados, que en Ávila podrían ser más de 40, por lo que algunos familiares han decidido adoptar las medidas necesarias para que la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León garantice el cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Las medidas incluirán el requerimiento para que se deje de cobrar como si estas plazas fueran privadas y se cobre únicamente el precio de referencia en cada caso.
Los promotores de la plataforma reclamarán la totalidad de las cantidades que cada residente ha abonado sin tener obligación a ello.
Según han asegurado en un comunicado, tienen constancia de que las administraciones central y autonómica han ingresado a la Diputación de Ávila “toda o parte” de las cantidades que correspondían a los residentes por aplicación de la Ley de Dependencia, aunque institución provincial no ha transferido esas cuantías a los beneficiarios ni se han aplicado a financiar el precio de la plaza residencial.
Consideran que, “de ser así, se habría producido un hecho gravísimo”, ante lo que consideran una posible “indebida retención”.
La Plataforma de Afectados por el Incumplimiento de la Ley de Dependencia del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina anuncia denuncias ante los organismos e instancias judiciales, y han invitado a todos los afectaos a agruparse para “depurar responsabilidades”.
La falta de DNI deja sin cobrar los atrasos a familias de niños con discapacidad
Padres de niños con alguna discapacidad denuncian impagos por parte de la Junta de Andalucía debido a un trámite burocrático. Al parecer, sus hijos no han podido cobrar los pagos correspondientes a los dos últimos años por el concepto de retroactividad en la concesión de sus prestaciones de la Ley de Dependencia -ya desaparecido- porque no contaban con DNI, al no ser obligatorio hasta los 14 años. Una situación que también salpica a las familias de personas dependientes fallecidas, que también tienen derecho a este pago.
En agosto del pasado año, entró en vigor el Real Decreto que modifica la Ley de Dependencia y que incluye una serie de «medidas de racionalización para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad». Uno de los cambios que se incluían es que se eliminaba la retroactividad en los pagos de a las personas dependientes.
Hasta ese momento, la norma garantizaba un periodo máximo de seis meses desde que la persona dependiente solicitaba la valoración hasta que se le concedía la prestación correspondiente con su grado y nivel. Si el Estado, a través de las Comunidades Autónomas -que son las encargadas de la ejecución de la ley-, tardaba más de ese periodo, tenía la obligación de pagar al beneficiario por todos los meses de retraso que se acumulasen hasta que recibiese la ayuda. No es la primera modificación que sufre la retroactividad ya que, en su origen, le Ley de Dependencia preveía abonar la retroactividad desde el mismo día en el que se solicitaba la misma y fue cambiado por el Gobierno de Zapatero en el año 2010.
Pero una cosa era tener el derecho a cobrar el dinero por los atrasos y la otra era cobrarlo. Muchas de estas familias se toparon con la crisis económica y no empezaron a recibir el dinero hasta que el Gobierno del PSOE acordó un plan de pagos que preveía saldar la deuda entre 2011 y 2016 en cinco cuotas cada primer trimestre del año. Sin embargo, las 24.500 familias andaluzas afectadas -según el Defensor del Pueblo Andaluz- solo habían recibido el importe del año 2011.
Plan de pago a proveedores
Al menos hasta hace unas semanas. Del total de afectados, unas 20.000 personas ya han cobrado la cuota del año 2012. El Gobierno central aprobó el pasado junio que la Junta incluyese los pagos de la retroactividad de la Ley de Dependencia dentro del plan de pago a proveedores. El problema es que para incluirlos en esta opción, era necesario aportar el DNI. Y muchos niños no lo tienen o no lo tenían en el momento en el que hicieron la solicitud de la Ley de Dependencia.
Según indican desde la Plataforma de afectados por los atrasos de la Junta de Andalucía por la retroactividad de la Ley de Dependencia creada en Facebook -que cuenta con más de 1.200 familias andaluza-, actualmente hay unos 2.000 menores acogidos a la Ley de Dependencia en la Comunidad, según el último informe del Defensor del Pueblo Andaluz, y un alto porcentaje podrían estar afectados por esta «situación dantesca».
«Dependientes de segunda»
Uno de los casos es el de Carlos González. Su hijo de siete años tiene Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDA-H). Solicitaron la Ley de Dependencia en el año 2008. Se la concedieron en mayo del año 2011. Le deben 3.400 euros en total y solo ha cobrado una quinta parte. «Mi hijo se ha convertido en un dependiente de segunda clase; después de casi dos años sin respuesta, ahora vemos que otras personas beneficiarias están cobrando y nosotros no por un mero trámite burocrático, y el dinero es necesario; mi hijo tiene también fagofobia y cada semana tengo que gastar 100 euros en batidos especiales», señala. Lo peor es que su hijo ya tiene DNI desde hace algunos años. «Cogieron los datos del expediente de 2008 y no nos alertaron de que esto podía pasar; si no, podríamos haberlo tramitado», se queja.
La malagueña Mar Castillo, que tiene un hijo con el 87% de minusvalía visual, tiene una historia parecida. Le deben 1.815 euros de los que solo ha cobrado 397. «En mi caso, el problema no es el DNI, sino que hicimos un cambio de residencia y no han actualizado los datos para avisarnos», dice.
Fuentes de la Delegación de Salud y Bienestar señalan que la Junta está a punto de abonar los pagos a las personas que se han visto afectadas y que en cualquier caso, cobrarán antes del 31 de diciembre. Aunque ya no se les pagará desde el plan de pago a proveedores sino desde la propia Consejería. Aunque no indican ninguna cifra, indican que esta situación ha afectado «a muy pocas familias».
AERTE reclama que Bienestar Social abone entre el 30 de diciembre y el 2 de enero los 25 millones de euros, tal como se comprometió
. La Conselleria de Bienestar Social continúa acumulando deuda con el sector de la atención a la dependencia, al seguir sin abonar las cantidades establecidas mensualmente, cada mes de impago supone 15 millones de euros. La deuda acumulada al final de este mes será de más de 115 millones.
Como en más de una ocasión ya ha denunciando AERTE, la situación de continuos impagos y promesas incumplidas no puede sostenerse más. Centros de atención a la dependencia no han podido hacer frente a la paga extra de Navidad de sus trabajadores y, en algunos casos, tampoco a las nóminas de noviembre y diciembre.
María José Mira, directora general de AERTE, ha reconocido que “a ningún empresario le gusta dejar de abonar la paga de Navidad y las nóminas, sobre todo, en un sector como este, donde la mayor parte del gasto es en personal especializado. En la mayoría de los casos, incluso, es el único sustento de sus familias”. Mira subraya que en representación de las empresas desea “agradecer a los trabajadores del sector su paciencia y apoyo en momentos como estos, dado su compromiso por seguir atendiendo a las más 30.000 personas dependientes a pesar de la situación”.
Reclama que Bienestar Social abone los 25 millones comprometidos
La Conselleria de Bienestar Social comunicó la semana pasada a la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), que entre el 30 de diciembre de 2013 y el 2 de enero de 2014, abonará unos 25 millones de euros, pertenecientes a la deuda acumulada.
Aunque esta cantidad es insuficiente para solventar la dramática situación, Aerte urge a cumplir con este compromiso en las fechas establecidas, de una forma equilibrada, para dar un puntual respiro al sector. Así mismo, reclama que el pago de la segunda fase del FLA se agilice lo antes posible dada la extrema falta de liquidez de los centros que ahora no recibirán ni un euro.
Plan de pagos
Desde AERTE, su directora general insiste que es “imprescindible que se adquiera un compromiso por parte de la administración para establecer un plan de pagos”, ya que en este sector cada mes que pasa sin cobrar se genera una deuda superior a los 15 millones de euros. La segunda fase del FLA, una vez que se active, únicamente solucionará la deuda anterior a abril de 2013.
Establecer un plan de pagos permitiría, según María José Mira, asegurar un cobro continuo a las empresas y entidades que prestan servicio a la dependencia. Mira aboga por un “plan de pagos equilibrado entre todos los programas que garantice, no sólo la atención a los más de 30.000 dependientes, sino la supervivencia de las empresas del sector y sus trabajadores”.
AERTE solicita reunión con el Presidente Fabra
AERTE ha solicitado una reunión al Presidente Fabra para encontrar una solución consensuada que permita no sólo afrontar el futuro del sector sino establecer un calendario de pagos que se cumpla y también posibilitar la resolución de los expedientes de más de 13.000 personas reconocidas dependientes. En definitiva, para solicitarle que interceda para que la dependencia no siga siendo lo último en el que piense el gobierno valenciano.
El Sistema de Dependencia «está tocando techo», según el IMSERSO, que cifra en 750.000 los que reciben prestación
El número de personas que recibe algún tipo de prestación por dependencia ha crecido desde el pasado mes de enero en un total de 2.693 personas, hasta alcanzar la cifra de 754.244 que reciben algún tipo de ayuda económica, según ha informado el director general del IMSERSO, César Antón.
El crecimiento de este año ha sido menor al del año pasado, cuando la cifra creció en 12.694 personas, aunque Antón ha matizado que la diferencia se debe, entre otras razones, a que el sistema «está tocando techo».
«Las cifras de crecimiento no pueden ser las mismas ahora que cuando se puso en marcha el sistema, en 2007», ha señalado.
El crecimiento se ha producido en un total de doce comunidades autónomas, encabezadas por la Comunidad de Madrid, que han sumado un total de 26.264 beneficiarios de las ayudas, pero la cifra queda reducida por el descenso del número de ayudas que se conceden en otras cinco, entre las que destaca Andalucía, con más del 80 por ciento de la reducción, según ha indicado Antón.
Según el director general del IMSERSO, la reducción de las ayudas concedidas en algunas comunidades y el aumento de un 17 por ciento del número de solicitudes rechazadas en el conjunto del sistema no se debe a un endurecimiento de las condiciones de acceso dado que el baremo para acceder a las mismas «sigue siendo el mismo y corresponde a un Real Decreto de 2010».
Por otra parte, desde que el actual Ejecutivo asumió la gestión del sistema, el número de beneficiarios del mismo ha crecido en más de 180.000 personas y las listas de espera para acceder a las ayudas se han reducido en 112.000 personas (un 35 por ciento menos), ha asegurado el responsable del IMSERSO.
Así, un total de 193.239 personas han sido reconocidos como «beneficiarios» aunque la concesión de prestaciones se encuentra aún «tramitándose», según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la solicitud de otras 296.337 personas ha sido «valorada» aunque el reconocimiento del grado de dependencia aún no es efectivo.
En este sentido, Antón ha señalado que «nadie está contento de que haya tantas personas en la lista de espera», pero ha valorado positivamente el hecho de que se haya reducido cerca de un 36 por ciento.
De hecho, ha recordado que, pese a las críticas recibidas tras la reforma del sistema de pensiones, «los datos están ahí» y ha señalado que el sistema «se ha mantenido» y ha obtenido un leve crecimiento «en el peor momento económico de la democracia».
Además, ha señalado que «ya no habrá más medidas ni ajustes en el sistema de atención a la dependencia más allá de la evaluación y el seguimiento» y ha recordado que tanto la cuantía como el catálogo de las prestaciones y las condiciones de acceso a ellas «se han mantenido intactos», a excepción de las ayudas a familiares, que se redujeron un 15 por ciento de forma pactada con las comunidades autónomas.
CRECEN LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
Como resultado de ello, ha explicado que ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social de trabajadores del sector de atención a la dependencia en un total de 6.218 personas en lo que va de año, hasta alcanzar los 342.147 trabajadores hasta el 30 de noviembre. «Son pocos, pero es un primer paso», ha asegurado el director general del IMSERSO.
Además, ha señalado que «se está estudiando algún tipo de cualificación» o reconocimiento de las capacidades para ejercer la actividad que sirva como marco regulador y que tenga un posible «efecto llamada» sobre las personas en situación de desempleo que puedan realizar estas tareas.
De este modo, además, se conseguiría tener «no solo una lista de personas que demandan estos servicios sino también una de personas cualificadas para ello. Así se agilizaría el trámite», ha asegurado.
Directoras y gerentes de Servicios Sociales dicen que los datos de la Ley de Dependencia están «manipulados»
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales creen que los últimos datos de gestión de la Ley de Dependencia ofrecidos por el IMSERSO, referidos al mes de noviembre de 2013, no depuran todas las personas fallecidas en lo que, a su juicio, «parece una estrategia desesperada para ofrecer datos ‘positivos’ a final de año».
Según han denunciado, a través de un comunicado, es «enfermiza» la «manipulación» de los datos oficiales que mensualmente ofrece el IMSERSO respecto a la evolución de la Ley de Dependencia, y ha indicado que quieren «dar una apariencia de gestión diligente y mostrar las pretendidamente salvíficas mejoras introducidas por nada menos que tres reformas de la Ley».
«Se retuercen los datos hasta conseguir que ya nada sea fiable, comparable o que pueda ser estadísticamente analizado con un mínimo de rigor», señalan.
Así, critican que los datos de noviembre arrojan un «inaudito pero oportuno» incremento mensual de más de 14.000 personas atendidas que, según han declarado, «ojalá fuera reflejo de la realidad».
«Este Observatorio ha analizado estos datos y ha recabado información de las comunidades autónomas de forma que está en condiciones de afirmar que el cambio de tendencia que anuncia el Gobierno, desgraciadamente, no es tal sino que se trata de datos no depurados con las bajas de personas fallecidas correspondientes al cruce de los datos de vivencia facilitados por el Ministerio de Justicia en el último mes», indica la asociación.
Otro elemento que, en su opinión, denota «una manipulación» es el incremento de personas con dictamen de grado y nivel de dependencia cuando desde agosto de 2012 se eliminaron los niveles. En el mes de noviembre respecto al mes anterior este incremento se dio en 4.103 casos:
En cuanto al mensaje de que las «mejoras» producidas en el sistema han reducido a 112.702 personas de la lista de espera, la asociación ha señalado que la «manipulación de los datos es obvia».
Así, ha explicado que la lista de espera se elevaba a 305.941 en enero de 2012 y que ahora, si se dan como buenos los datos de noviembre, se reduciría hasta 193.239 personas. «En el mismo intervalo de tiempo, el incremento de personas atendidas fue de 2.693 personas. Cuando una lista de espera se reduce en más de 112.000 personas con un incremento de atendidos de solo 2.693, es evidente que muchos de esa lista simplemente perdieron el derecho a ser atendidos (cerca de 30.000 personas que tenían grado I y nivel 2) gracias a la primera reforma de Ana Mato», ha indicado, para añadir que, el resto, «en un número indeterminado, han sufrido revisiones de grado a la baja».
«Vender esto como un ‘éxito en la gestión’, además de ser una ficción estadística y una mentira que exigiría más de una dimisión, es de una crueldad insoportable», han denunciado directoras y gestores de Servicios Sociales, que han señalado que «no se puede desbaratar por la vía de la inanición de recursos el desarrollo de una Ley como esta y luego pretender que se ha hecho más sostenible gracias a la ‘eliminación’ de los derechos de las personas y manipulando los datos hasta lo enfermizo».
250.000 firmas para exigir que el cumplimiento la Ley de Dependencia
La Coordinadora Estatal de las Plataforma defensa de LAPAD y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales entregan este jueves en el Congreso de los Diputados más de 250.000 firmas recogidas para exigir el cumplimiento de la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia en su séptimo aniversario.
Se trata de una iniciativa ciudadana ante la «demolición controlada» del Sistema de Atención a la Dependencia y las tres reformas que ha sufrido la ley por el Gobierno actual, que según alertan estas entidades, «ha impactado de manera cruel» en las personas en situación de dependencia, «impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo».
Por ello, piden a los grupos en la Cámara baja la adopción de la resolución parlamentaria procedente que obligue al Gobierno a dotar al sistema de la partida presupuestaria suficiente –al menos del 50%– para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden en los términos fijados en los artículos 9 y 32 de la misma ley.
Estas dos entidades alertan de que más de 200.000 personas se encuentran en el ‘limbo de la dependencia’ –con el grado reconocido, que esperan a ser atendidos– y del «recorte de más de 1.000 millones de euros» –supresión del nivel acordado y reducción 13% nivel mínimo– y el «abandono» de los cuidadores familiares.
Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia piden más presupuestos
Con motivo de cumplirse el séptimo aniversario de la promulgación de la Ley de Dependencia, distintas asociaciones, entre ellas la de Castilla-La Mancha, pidieron a los Gobiernos central y autonómicos más presupuestos.
Con motivo de cumplirse hoy el séptimo aniversario de la promulgación de la Ley de Dependencia, distintas asociaciones, entre ellas la de Castilla-La Mancha, pidieron a los Gobiernos central y autonómicos más presupuestos.
En un comunicado, la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (Lapad), cuyo portavoz es el toledano José Luis Gómez-Ocaña, exigió a los gobernantes que doten a las distintas administraciones de los presupuestos y las herramientas adecuadas para su desarrollo completo.
«Un Gobierno que deja desprotegido a sus ciudadanos más débiles, es un Gobierno injusto y desalmado», según esta Plataforma, que explicó que se ha pasado de «la esperanza» surgida en 2006 con la aprobación de la ley hasta el momento actual, en que los derechos reconocidos «retroceden a pasos agigantados».
La Lapad consideró que los distintos Gobiernos «al amparo de la crisis económica están llevando a cabo toda una batería de recortes presupuestarios en materia de dependencia» con «distintos repagos y copagos» que llevan a en muchas personas dependientes a tener que abandonar tratamientos y terapias que afectan a su salud y su calidad de vida.
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) señaló en una nota que la Ley de Dependencia «ha traído más decepciones que soluciones a los centenares de miles de personas con discapacidad y mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía personal».
«Los crecientes recortes» han llevado a un fracaso colectivo que ha defraudado las enormes expectativas de mejora de la atención que habían depositado en este texto legal las personas mayores y con discapacidad», según el CERMI, que hace un balance «negativo» de la legislación promulgada hace siete años.
El CERMI reclamó por ello «un auténtico pacto de Estado que revitalice la ley y su aplicación, corrigiendo los errores cometidos, orientando el sistema hacia la autonomía personal y garantizando una financiación adecuada».
Cermi: «la ley de dependencia, un intento fallido siete años después de su aprobación»
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) hizo un balance negativo de los siete años que se cumplen este sábado de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Para el comité, este dispositivo normativo «ha traído más decepciones que soluciones a los centenares de miles de personas con discapacidad y mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía personal».
La entidad que preside Luis Cayo Pérez señaló en un comunicado que «la falta de voluntad, los desencuentros y los crecientes recortes de los distintos gobiernos y administraciones públicas responsables de su puesta en marcha en estos siete años han llevado a un fracaso colectivo que ha defraudado las enormes expectativas de mejora de la atención que habían depositado en este texto legal las personas mayores y con discapacidad».
«Siete años después de su entrada en vigor, el balance que hace el movimiento social de la discapacidad no puede ser más que negativo, ya que estamos lejos de ver implantado un sistema de protección social, con rango de auténtico derecho, que proporcione apoyos reales y efectivos para promover la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad y mayores», afirma la nota.
El comité tiene una sensación «de oportunidad desaprovechada y de intento fallido, que revela la incapacidad de las estructuras de poder del país, para conectar con las necesidades genuinas de la población más expuesta a la vulneración de sus derechos y darles soluciones eficaces a la altura del problema».
Ante esta «triste» situación, el Cermi reclama «un auténtico pacto de Estado que revitalice la Ley y su aplicación, corrigiendo los errores cometidos, orientando el sistema hacia la autonomía personal y garantizando una financiación adecuada que no haga recaer el esfuerzo una vez más en las personas con discapacidad y mayores, y en sus familias».
Bienestar Social obliga a los dependientes a pagar por ir a centros ocupacionales y de día
Familiares de afectados han recibido una carta de la Conselleria en la que les comunican que a partir de enero de 2014 tendrán que abonar hasta 700 euros mensuales.
Maite Hernández acudió ayer a las puertas del edificio Prop de la Generalitat de Alicante empapelada con carteles sobre los recortes en la dependencia. Hoy se cumple el séptimo aniversario de la entrada en vigor de la ley y, tal y como manifestaron desde la plataforma, no es momento de celebraciones. Un centenar de personas se concentró para denunciar la paralización de la normativa en la Comunitat. Más que indignados, Maite mostraba la carta que acaba de recibir de Bienestar Social.
Los dependientes que acuden a centros ocupacionales y de día deberán a partir de enero hacer más desembolso. Así ha empezado a comunicarlo esta semana la Conselleria. Entra en vigor un copago por estos recursos, -que se añade al farmacéutico- y que fue aprobado en agosto. En el caso de Maite asciende a 95,53 euros por 14 mensualidades. Es lo que deberá abonar si quiere que su hija Marina, de 28 años, siga acudiendo al centro ocupacional de Terramar en Apsa.
«Ella está llorando porque quiere ir», comentaba Maite, que ve muy difícil poder llevarla el próximo año cuando en su casa son familia numerosa, entra un ingreso de 426 euros y hay una persona mayor dependiente. «Además, nosotros ya estábamos pagando porque para ir al centro costeamos el servicio del autobús que son 135 euros», explicaba esta madre durante la protesta, quien añadía que Bienestar ha hecho el cálculo de la aportación según el nivel de renta de su hija. Un copago que, para la diputada autonómica de EU, Esther López, es un «repago y que ahoga más a este sector que tanto necesita una administración que garantice los derechos sociales básicos».
López afirmó que ha preguntado por los costes reales de los servicios (que no han sido publicados en ninguna parte) y que «el Consell, hoy por hoy, no desvela», según se desprende de una respuesta parlamentaria de la consejera Asunción Sánchez Zaplana, firmada el pasado 26 de noviembre del 2013.
Según los familiares, el copago es muy variable. Hay casos de 65 euros, de 100, de 187, de 375 y hasta de 725 euros al mes. Así se recoge en las cartas mostradas en la concentración que han llegado a usuarios del centro ocupacional Maigmó de San Vicente. Paulino López, trabajador en el sector, insistió en que todas estas familias ya están abonando un cuota mensual a las asociaciones, que puede rondar los 90 euros, para cubrir servicios a los que no se llega como son el transporte y el comedor. Sobre el caso de 700 euros, la explicación que dio es que hay padres que han puesto a nombre de sus hijos propiedades que tienen para «asegurarse en un futuro alguien va a hacer cargo de ellos».
En todas estas misivas, firmadas por la directora general de Personas con Discapacidad y Dependencia, se explica la disposición adicional cuarta del Decreto 113/2012, de 2 de agosto del Consell por el que se establece la aportación en los centros y servicios que reciben financiación pública y que será abonando directamente al centro que lo presta.
Una medida que traerá consecuencias «graves», según manifestó el portavoz de la Plataforma de la Ley de la Dependencia en Alicante, Miquel Martorell, quien recordó también los problemas con el copago farmacéutico que se impuso. «Hay personas que no se están comprando la medicación porque tienen que hacer frente a los gastos de luz, agua, además de la vivienda».
Martorell lamentó que la Comunitat está a la cola del país en la aplicación de la normativa -«está totalmente paralizada», añadió-, y dio cifras. En un año ha habido un recorte de 10.046 derechos en teleasistencia en la Comunitat, de 638 usuarios en residencias, de 425 vinculados a prestación de servicios y 3.675 por prestación económica porque no hay reposición tras los fallecimientos. Además, 21.500 personas están en lista de espera y se adeudan 22 millones por retroactividad. Aun así, «vamos a resistir, tenemos dignidad, fuerza y lucharemos», concluyó el portavoz.
Inician una recogida de firmas para pedir anulación acuerdo ICASS y patronal
La asociación Drets de la Gent Gran de Barcelona ha iniciado hoy una campaña para recoger firmas para pedir la abolición del acuerdo que firmó la consellería de Bienestar Social y la patronal de los geriátricos que redujo las horas de atención especializada de determinados profesionales a los ancianos.
La campaña de recogida de firmas, iniciada en la plataforma Change.org, quiere solicitar que se anule el acuerdo firmado por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) del departamento de Bienestar Social con las principales patronales del sector de las residencias, en el que se redujo la ratio de algunos profesionales, como psicólogos o terapeutas, en los centros residenciales.
Según los impulsores de la campaña, el ICASS «quiere aplicar un nuevo modelo asistencial en los centros de personas mayores, a través del cual se quiere reducir de manera drástica los tiempos de atención directa de los profesionales técnicos, responsables directos de todas estas necesidades, provocando una mayor dependencia y una peor calidad asistencial».
Pese a que el acuerdo del ICASS y las patronales asegura que la reducción de horas de dedicación no afectará a la calidad asistencial, la asociación considera que sí tendrá una afectación directa en el fomento del «ejercicio físico, la autonomía personal, la funcionalidad, el acompañamiento emocional, las relaciones sociales, la cultura y la diversión, la escucha, la movilidad, la atención centrada en la persona».
La Asociación de Esclerosis Múltiple anuncia que dejará sin tratamientos a los enfermos en 2014
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Getafe (AGEDEM) ha anunciado esta semana que dejará sin tratamientos a los enfermos a partir del próximo año por falta de recursos económicos, un servicio que se venían prestando en su sede de la calle Álvaro de Bazán desde 1996.
La asociación ha explicado que la causa de esta falta de recursos es debida al recorte sufrido de la Comunidad de Madrid, «que desde que modificó los requisitos para acceder a las subvenciones se ha rebajado año tras años la cantidad», pasando desde el año 2010 de recibir 23.559 euros hasta los 4.514 euros en 2013, «lo que supone una pérdida de subvención cercana al 80%, dejando inviable los proyectos relacionados con tratamientos que hasta el momento se venían realizando».
Asimismo, han señalado que solicitaron al Ayuntamiento de Getafe la ayuda económica necesaria para garantizar la continuidad de las terapias a enfermos sin que hasta la fecha les haya aportado ninguna solución, a pesar de haber sido aprobada por unanimidad una moción en el pasado Pleno municipal de noviembre a este respecto.
En concreto, se instaba al Gobierno municipal a realizar las gestiones necesarias para otorgar de manera urgente, y antes de acabar el año en curso, la ayuda económica necesaria para evitar el cierre de AGEDEM y poder seguir prestando los servicios a los enfermos de esclerosis múltiple.
«Dicha moción ha sido obviada por el gobierno de Getafe, dejándonos al borde de la desaparición al no poder garantizar la continuidad de los pagos a los trabajadores encargados de realizar las terapias necesarias, por lo que nos vamos a ver tristemente obligados a prescindir de parte de la plantilla necesaria para aplicar los tratamientos de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y psicología que resultan imprescindibles para el estado de salud de los enfermos de esclerosis presentes y futuros en el pueblo de Getafe», han agregado.
Desde la asociación han responsabilizado de esta situación, «por un lado a la Comunidad de Madrid, y por otro lado al Gobierno municipal, que han mostrado su insensibilidad para los afectados de tan terrible enfermedad, dejándolos en el más absoluto abandono».
COMUNIDAD DE MADRID NIEGA RESPONSABILIDAD
Sin embargo, la directora general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Carmen Pérez Anchuela, ha manifestado a Europa Press que la cuantía de la subvención se otorga en función del número de personas para las que se solicita y cumpliendo unos requisitos, «que no se han endurecido, sino que con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia las personas que tienen grado dos ya reciben una ayuda complementaria».
«Esta convocatoria es para ayudar a aquellas personas que, por no tener grado o un grado uno, nosotros, que somos de las pocas comunidades autónomas que ayudamos a las personas que están fuera de la Ley de Dependencia, les financiamos», ha agregado.
La directora general de Servicios Generales ha señalado que a AGEDEM «no se le ha bajado la cantidad, es que en el año 2010 pidieron subvención para 50 personas y en el año 2013 solicitaron subvención para siete porque esas otras personas recibían la prestación económica vinculada a la dependencia».
Asimismo, ha apuntado que además de esta subvención sobre las personas que ellos piden, «se les da una subvención desde hace muchísimos años para el servicio que gestionan de atención y orientación a personas con discapacidad, que no solo no se ha tocado sino que reciben la misma». «Madrid es la única comunidad en España que presta atención gratuita a personas con discapacidad», ha apostillado.
Pérez Anchuela ha subrayado que en las convocatorias de este año 2013 se han invertido más de 3,2 millones de euros para 120 proyectos y «ninguna entidad, tampoco AGEDEM, lo ha recurrido porque estaba en consonancia con lo que habían pedido».
Según la directora general de Servicios Sociales, no solo no se están haciendo recortes sino que existe un compromiso en la atención a las personas con discapacidad, ya que en el año 2014, el presupuesto aumentará en 33 millones de euros hasta un total de 338 millones.
Por último, ha afirmado que la situación de la asociación puede venir motivada, «no por el dinero que recibe de la Comunidad de Madrid, sino porque las personas a las que atienden han recibido otras prestaciones y tendrán menos personas que se dirijan a su centro para recibir tratamiento, pero no tiene nada que ver con la subvención que reciben».
El Ayuntamiento de Granada asumirá en solitario la campaña ‘Ponte en mi lugar si tuvieras una discapacidad’
El concejal de Familia y Bienestar Social, Fernando Egea, ha denunciado esta semana la no concesión por parte de la Junta de Andalucía de una subvención de 9.000 euros, para la puesta en marcha de la campaña de sensibilización ciudadana `Ponte en mi lugar, si tuvieras una discapacidad´, destinada a concienciar a la ciudadanía en general y especialmente a colegios profesionales, de la importancia de crear espacios accesibles que mejoren la calidad de vida del colectivo.
En el marco de la Orden de 5 de julio de 2013, por la que se convocaban subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería de Salud y Bienestar Social, para el ejercicio 2013, el área de Familia y Bienestar Social presentó a esta convocatoria un proyecto de sensibilización para la población general que mostraba las situaciones cotidianas a las que se enfrentan las personas con discapacidad o con movilidad reducida en sus desplazamientos, “un proyecto que perseguía desarrollar actitudes positivas, solidarias y de concienciación basadas en el derecho de las personas y el respeto a la diversidad desde los agentes educativos”.
“Dado que la Junta de Andalucía no concede al Ayuntamiento de Granada el presupuesto para desarrollar en 2014 este proyecto de concienciación tan importante y de gran repercusión para este colectivo, una vez más, el Ayuntamiento de Granada decide acometerlo en solitario, si contar con la administración competente en el ámbito de la discapacidad, que es la Junta de Andalucía”
Para Fernando Egea, esta negativa “resulta un despropósito, ya que la discapacidad es competencia de la Junta de Andalucía, y evidencia además, desinterés y falta de compromiso por parte de la administración autonómica con el colectivo”.
Según ha explicado el edil “la campaña mostraba diferentes actuaciones encaminadas a hacer llegar a la población granadina la realidad social del colectivo a efectos de sensibilización y reconocimiento de sus necesidades, y así, además del material de sensibilización, se proponían actividades de concienciación y sensibilización en centros educativos y de servicios sociales, entre otros”
Además, la campaña incluye la toma de contacto con los colegios profesionales y otros agentes sociales, al objeto de sensibilizarles sobre la importancia de adecuar los espacios de acuerdo a la normativa vigente y facilitar el uso de los mismos con seguridad a las personas con discapacidad.
La cuantía que se solicitó a la Junta de Andalucía para la puesta en marcha del proyecto y en concepto de material de papelería, publicidad exterior, autobuses, folletos, carteles, pegatinas y libros ascendía a 9000 euros.
