La existencia de 70 normas diferentes causa inseguridad jurídica a los dependientes
La Confederación Española de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) denuncia en un informe la inseguridad jurídica y la desigualdad territorial que para las personas en situación de dependencia supone la existencia de 70 normas jurídicas distintas, tanto autonómicas como estatales.
Bajo el título ‘Regulación de la participación económica del beneficiario del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia’, el informe concluye que la falta de la obligatoriedad de la normativa común genera falta de transparencia, inseguridad jurídica y desigualdades en el colectivo de dependientes y, en concreto, de aquellos con discapacidad.
El Sistema de Dependencia no sólo se rige por la Ley para la Autonomía Personal y Atención a la Personas en Situación de Dependencia de 2006, sino por normativas y desarrollos reglamentarios autonómicos y acuerdos en el seno del Consejo Territorial de Dependencia –integrado por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad–.
Todo ello ha provocado la existencia de unas 70 normas que se han ido publicando desde 2007, pero sin derogar o sustituir completamente a las precedentes. Esto ha incurrido una «mezcolanza» normativa que afecta directamente al administrado y familiares, que, según este documento, «no saben de forma clara a qué texto remitirse».
NO HAY UN MÍNIMO COMÚN DE DERECHOS
Además, las diferencias entre regulaciones de las distintas comunidades autónomas determinan, según este estudio, que el contenido económico del derecho de una persona en la misma situación de dependencia varíe «sustancialmente» del territorio en que reside el beneficiario. «No existe un mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio español», aseveran los autores de este informe.
El documento pone en evidencia que aunque la Ley de Dependencia establece que nadie quedará fuera del sistema por falta de recursos suficientes, y para ello pone como límite el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en la práctica algunas comunidades autónomas han establecido valores distintos. «Existe una importante falta de homogeneidad», añaden.
Durante la presentación de este informe, el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha afirmado que el sistema de Dependencia «ha perdido fuerza» desde su implantación, «primero con los baremos, luego con la carta de servicios y después con el copago». Asimismo, ha subrayado que todos estos cambios unidos a criterios autonómicos dispares «se han lesionado los derechos de las personas con discapacidad».
«Vivimos tiempos difíciles», ha reconocido Martínez Donoso, no sin advertir de que España cuenta con un tejido asociativo que es «la envidia de Europa» y que existe un marco normativo que «ampara» las reivindicaciones del colectivo de las personas con discapacidad, pese a lo «difícil» que «día a día» se lo ponen las administraciones.
REFUNDICIÓN NORMATIVA
Entre las recomendaciones de este informe, realizado por la asesora jurídica de FEAPS, Inés de Araoz, destaca la necesidad de que las comunidades autónomas aborden una «refundición normativa» para que se aclare la situación jurídica de las personas con discapacidad y que ofrezcan en sus webs información actualizada, simplificada y accesible, de tal forma que los beneficiarios puedan consultarla y comprenderla.
Asimismo, propone que en el Consejo Territorial de Dependencia, los responsables autonómicos en esta materia alcancen un acuerdo para homogeneizar las condiciones de participación económica de los dependientes, estableciendo criterios y condiciones que «preserven su derecho a nivel de vida adecuado para ellos y sus familias».
