Granada tiene 2.000 mayores en residencias públicas y otros 2.000 dependientes severos sin atender
Granada tiene 2.000 mayores en residencias públicas y otros 2.000 dependientes severos sin atender y susceptibles de necesitar una plaza, pero la Junta dice no poder ofrecer más camas, aunque aún le quedan 200 por ocupar.
La familia de una anciana granadina con una dependencia severa pidió una plaza en una residencia pública porque ya no podía cuidar de la enferma en casa. Pasó más de un año hasta que llegó la respuesta -en este caso afirmativa- de la administración, pero para entonces la viejecita llevaba tres meses enterrada. «Hace una semana entró en una residencia concertada de la provincia -gracias a nuestra mediación- otra abuela que llevaba casi un año a la espera de una cama residencial», explica Manuel Martín, Defensor del Ciudadano, acostumbrado a que le lleguen quejas por la tardanza de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en resolver estos expedientes.
Manuel Martín y el resto del sector vinculado a la geriatría saben que hoy día las plazas en las residencias públicas -y concertadas- de Andalucía están totalmente dedicadas a la Ley de la Dependencia. Es casi imposible que un anciano con autonomía pueda ocupar una cama en un centro financiado con dinero público. La consejera del ramo, María José Sánchez Rubio, explicó -el pasado jueves- en comisión parlamentaria que la atención residencial «es el último recurso para la Consejería». Por delante de él, para la Junta, están las ayudas a domicilio, unidades de día, cuidados en el hogar…
La administración quiere fomentar el envejecimiento activo y las vidas independientes de los mayores y eso está bien. El problema es que -según los afectados- la Junta tiene sin resolver demasiados casos de personas que no se pueden valer por sí mismas y cuyas familias buscan un recurso residencial donde dejarlas sin tener que hipotecar todos sus ahorros, en caso de tenerlos. El coste de una plaza en los centros públicos es dispar, pero generalmente los que logran entrar aportan el 75% de su pensión o de sus ingresos mensuales.
Según denuncian el Defensor del Ciudadano de Granada, el Defensor del Pueblo Andaluz y las familias, a un centro público -el recurso más barato- se llega por un camino demasiado largo para quienes viven en una cama o padecen alzhéimer. Muchos demandantes no tienen fuerzas para completar el trayecto y se quedan en el intento. Muchas familias -las que pueden pagarlo- escapan por la tangente y abonan como pueden las mensualidades de un centro privado, que ronda como mínimo los 1.500 euros al mes.
Tal panorama se traduce en convivencias familiares con ancianos impedidos y donde son comunes los problemas para conciliar el cuidado con la vida laboral. Eso en el mejor de los supuestos, ya que también se amontonan los expedientes donde el cuidador principal cae enfermo y necesita una atención sobrevenida. El Defensor del Pueblo Andaluz se ha hecho eco, por ejemplo, del caso de un hombre con alzhéimer, asistido por su mujer, con quien se tardó más de dos años sólo para cambiarle la paga para cuidados en el entorno familiar y la teleasistencia por una plaza en una residencia. El estado de salud de la mujer se resintió, no podía ejercer de cuidadora y hasta se murió antes de que su marido entrase en la residencia. Los hijos se vieron obligados a pagar una plaza privada ante las demoras de la Junta y en la búsqueda de una cama asumible para su ajustada economía terminaron mandando al anciano a un centro lejos de su pueblo.
Casos de ancianas dependientes de 90 años que solicitaron en verano de 2012 una plaza en una residencia y que ingresaron en la misma en diciembre de 2014 también se han dado. Esos plazos maneja la administración, que aclara que en Granada, el pasado verano, había 19.425 personas en situación de dependencia que se beneficiaban de 25.862 prestaciones, principalmente servicios de proximidad como la ayuda a domicilio y centros de día. «En atención residencial, la provincia de Granada cuenta con más de 2.665 plazas concertadas, tanto para personas mayores ( 2.056) como personas con discapacidad», apostilla la administración.
Según un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el total de camas en la provincia -públicas más privadas- son 4.450, de lo que resulta que el 64% del parque total es estrictamente privado. La Junta colabora en el pago de una pequeña parte de algunas plazas de los dependientes ingresados en los centros privados con acreditación.
200 plazas vacías
Según los datos proporcionados por la diputada popular Ana Vanessa García, vicesecretaria de Igualdad y Políticas Sociales del PP andaluz, el número de plazas concertadas, pero vacías, en la provincia de Granada ronda aproximadamente las 200. «La Junta se está ahorrando al año no ocupando todas las camas 2,3 millones. Mantenerlas sin usar les sale más barato. Una plaza bien empleada le cuesta a la administración dinero todos los meses puesto que el usuario no puede pagar más del 75% de su pensión al mes», denuncia la popular.
La amortización de camas -según Ana Vanessa García- va a desembocar en la privatización total de residencias puesto que los centros concertados deben tener un personal y unos servicios determinados en función de las plazas que oferten, estén ocupadas o no. «Si la Junta no ocupa las plazas y tampoco las paga, se hace insostenible mantener al personal y al resto de servicios», describe la parlamentaria.
Lo que narra Ana Vanessa García ocurre también en las unidades de estancia diurna. Según ha consultado IDEAL, los centros privados son reticentes a concertar sus plazas de día con la Junta porque «luego la administración las deja sin usar o tarda mucho en reemplazar a los usuarios». «Pero el personal hay que pagarlo todos los meses, son muchos trabajadores», se queja un empresario del sector que prefiere omitir su nombre.
Pese a todo, en el mundo de las residencias privadas hay quien opina que las cosas están siendo gestionadas aceptablemente bien por la Junta. Es el caso de A., directora de una residencia privada de mayores de algo más de 80 plazas y de una unidad de estancia diurna -con capacidad para 30 usuarios- de gran categoría en plena capital granadina. El geriátrico -con todas las plazas completas- cuenta con amplios jardines, fuentes, luminosas habitaciones… y cuesta desde 1.800 a 2.500 euros al mes, en función de que el anciano sea independiente o precise asistencia total.
«Nosotros no estamos muy al tanto de las listas de espera porque nuestros usuarios no se plantean recursos públicos previamente. Vienen aquí directamente, digamos que son de clase alta. Sí es cierto que algunos beneficiarios de la Ley de Dependencia reciben una ayuda económica de la Junta para pagar una parte mínima de la plaza, ya que somos un centro acreditado. Actualmente la administración les puede dar alrededor de 300 euros al mes, cuando antes llegaba a los 700 u 800 euros», explica la directora de la residencia, quien reconoce que la Junta les ha pedido concertar plazas y ellos se han negado. No les sale rentable porque saben que tienen el público garantizado.
A. añade que su centro lleva 11 años abierto y que hubo una época en la que se dieron ayudas públicas a familias que «no las necesitaban tanto». La diferencia tan abismal que existe en lo que se refiere al coste de una plaza en este tipo de establecimientos tampoco ayuda a hacer los cálculos. En las residencias totalmente privadas, la cantidad se puede incrementar hasta los 3.000 euros cuando se trata de lugares en los que impera el lujo. En el extremo opuesto, en algunos centros de beneficencia, basta con que el anciano pague el 75% de su pensión para ser atendido, aunque esa paguita apenas llegue a unos pocos cientos de euros.
La brecha sigue abierta. El Defensor del Pueblo Andaluz ha hecho hincapié en su memoria de 2014 -presentada hace unos días en sede parlamentaria- en que se siguen produciendo incidencias por la insuficiencia de plazas residenciales y/o de centros destinados a dependientes adultos con necesidades específicas por su discapacidad, como son las personas gravemente afectadas, bien por psicodeficiencias o por discapacidad intelectual grave, así como quienes presentan situaciones de parálisis cerebral o discapacidad física motora.
Fuente: http://www.ideal.es/
