Álava aprueba su Mapa de Servicios Sociales
Con la aprobación de su Mapa de Servicios, Álava da un paso definitivo para adecuarse al Decreto de Cartera.
La entrada en vigor el próximo 1 de enero del Decreto de Cartera de Servicios Sociales, el marco legal que establecerá en Euskadi un modelo de atención universal que ponga fin a los tres existentes -uno por cada territorio histórico-, ha obligado a todas las instituciones vascas a echar el resto durante los últimos meses para adecuar sus sistemas a esta nueva realidad. Álava no ha sido una excepción y, tras un trabajo que arrancó a finales de 2015, ya cuenta con su particular Mapa de Servicios Sociales, en el que han trabajado la Diputación, los ayuntamientos representados por Eudel y técnicos del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), de los servicios sociales de base y de la propia asociación de municipios.
El objetivo de este documento no es otro que garantizar que cualquier alavés tenga acceso, como derecho subjetivo, a los mismos servicios y prestaciones económicas con independencia del municipio en el que resida. La fumata blanca a esta labor “rigurosa”, en palabras del ente foral, llegó el pasado viernes 22, justo al borde del periodo vacacional, como deseaba la responsable foral de Servicios Sociales, Beatriz Artolazabal. Con las críticas, eso sí, de EH Bildu, socio presupuestario del ejecutivo.
Pero, en la práctica, ¿qué implicaciones va a tener esta nueva guía y, más a la larga, el nuevo Decreto de Cartera? Cabe recordar que en la actualidad la Diputación asume la prestación de la práctica totalidad de servicios sociales que se dan fuera de Gasteiz y la atención a los dependientes que residen en la capital alavesa. Ahora, con la nueva normativa, serán los ayuntamientos quienes deberán proveer a sus vecinos los diferentes servicios de atención primaria. Recursos de vital importancia como el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que muchos de ellos no van a poder asumir, a diferencia de Vitoria, en cuya cartera de social ya está incluido. A partir de ahora, cada ayuntamiento deberá decidir si asume las competencias que la ley les otorga y las gestiona directamente o bien es la Diputación quien lleva a cabo la coordinación o integración de servicios como el SAD, previo consentimiento expreso de cada Consistorio.
“Hay que delimitar la fórmula jurídica para que los ayuntamientos deleguen o se coordinen con la Diputación para seguir prestando esos servicios. Cuando eso se determine, se harán los convenios correspondientes”, apuntan fuentes forales. Un trabajo que comenzará a acometerse al comienzo del curso político. El Mapa de Servicios Sociales, por de pronto, prevé que las horas anuales de atención del SAD deberán ampliarse, un aumento que también deberá extenderse a la dotación de viviendas comunitarias para personas mayores en las áreas de Ayala y Álava Nordeste, que comprende las cuadrillas de Gorbeialdea y Llanada Alavesa. En este caso, con 28 nuevas plazas.
En lo que respecta a las competencias forales y, más en concreto, a los servicios destinados a personas mayores, el Mapa establece que, fundamentalmente, las áreas de Gasteiz y la Cuadrilla de Ayala deberán crecer en 80 plazas residenciales, mientras que el número de personas beneficiarias de la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) tendrán que ser 95 más.
Por otra parte, el documento señala que los servicios destinados a personas con discapacidad deberán aumentar también en 48 plazas en Gasteiz, mientras que las plazas de residencia destinadas a personas con enfermedad mental se incrementarán en 25, en este caso tanto en Gasteiz como en Ayala y Álava Sur, donde se incluyen las Cuadrillas de Añana, Montaña, Rioja Alavesa y Trebiño.
La decisión final sobre dónde se crearán todas estas nuevas plazas residenciales, ya sean para uno u otro perfil de usuario, también se retrasará hasta el otoño. Entre otras cosas, porque la Diputación sigue esperando a que el servicio foral de Arquitectura concluya el informe que delimitará si la remodelación de parte de la residencia San Prudencio de Gasteiz para acoger un mínimo de 50 plazas psicogeriátricas es sostenible. El ente foral comenzará a encajar las piezas del puzzle cuando tenga sobre su mesa este documento, pero tal y como recordó en una reciente entrevista con este periódico Beatriz Artolazabal el ente foral tiene “tres años para planificar”, aun reconociendo que tanto Añana como Ayala “son susceptibles de tener nuevas infraestructuras”.
Otro de los epígrafes fundamentales que toca el Mapa de Servicios Sociales es el que se refiere a los recursos y prestaciones del ámbito de la desprotección, también de competencia foral. El documento aprobado asegura que la única área en la que se estima necesario crecer a lo largo de la presente legislatura es la relacionada con los centros residenciales dirigidos a prestar atención de media estancia a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos, con una dotación adicional de 12 plazas en un nuevo recurso a habilitar en Gasteiz.
Al margen de los ingresos corrientes con los que cuenta el sistema, la Administración cuenta con un fondo extraordinario destinado a la financiación del Mapa de Servicios Sociales, cuya vigencia está establecida hasta el año 2019. Su objetivo es impulsar los nuevos servicios y prestaciones económicas consideradas “no estabilizadas” y que son fundamentales para el despliegue del Sistema Vasco de Servicios Sociales a partir del próximo año. El fondo se destinará este año 2016 a apoyar la realización de inversiones o a potenciar servicios y recursos “nuevos o escasamente desarrollados de competencia municipal”, y aportará al conjunto de los municipios alaveses 1,6 millones de euros. A partir del año que viene, y con temporalidad ilimitada, el fondo se destinará a proyectos tanto de competencia municipal como foral.
RECHAZOS
La satisfacción del área de Servicios Sociales contrasta estos días con el rechazo de EH Bildu a la hoja de ruta alavesa. La coalición soberanista, que gobierna en nueve ayuntamientos del territorio, histórico presentó varias alegaciones al Mapa que la Diputación “ha pasado por alto” y no ha tardado en censurar las “carencias”, incluso las “irregularidades”, que a su juicio trae de la mano este documento. Según denunció la semana pasada Luis Salgado, procurador de la coalición soberanista, la coordinación de urgencias sociales se quedará “a un 50% de lo que marca la ley” según la propuesta del gobierno foral. Además, según sus cálculos, la Diputación “ha decidido de forma unilateral” reducir a la mitad el número de plazas en viviendas tuteladas y comunitarias que se deben crear. Salgado también denunció que el último documento “no habla” de plazas residenciales “de nueva creación”, sino que el incremento se daría “a través de prestaciones”.
Fuente: noticias de Álava
