Archivo mensual: noviembre 2012

Aerte se siente «marginada» por el Consell en el abono de la deuda frente a otros colectivos y anuncia nuevas acciones

  El sector de la dependencia representado por Aerte ha asegurado este viernes que se siente «marginado» por la administración valenciana tras la intención manifestada por el Consellde pagar 10 millones de euros a discapacitados, «cuando el Ministerio de Sanidad ha confirmado haber abonado ya más de 339 millones de euros destinados a deuda de servicios sociales de cinco autonomías». En este sentido, ha anunciado que emprenderá nuevas acciones para dar a conocer su «discriminación».

Esta patronal del sector de la dependencia valenciana, que atiende a mas de 20.000 usuarios, ha calificado el anuncio de pago del Consell a discapacitados como un «parche inservible e infructuoso», ya que, según ha apuntado, «solo a los centros que representa –cifra que en su conjunto supera los 200– adeuda más de 100 millones de euros, equivalentes a las facturas impagadas de todo el año 2012». de esta cantidad, la patronal afirma «no haber cobrado aún ni un euro».

En esta línea, ha recalcado que la «decepción» del sector de la dependencia valenciano agrupado en Aerte «se evidencia aún más al conocer que el Gobierno central ha destinado 339,6 millones de euros al pago de conciertos de servicios sociales a través del Fondo de Liquidación Autonómico (FLA), abonando con ello facturas pendientes de las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, hasta el 21 de noviembre».

Frente a este dato, Aerte ha exigido «explicaciones» al Consell «por la situación en que se encuentra la dependencia valenciana y en particular, las empresas, trabajadores y pacientes de los centros que representa».

La patronal ha anunciado la adopción de nuevas medidas en su Asamblea Extraordinaria –que celebrará el 18 de diciembre–  para acordar «las acciones oportunas a desarrollar para dar a conocer a la sociedad española en general y valenciana en particular, la situación de discriminación que existe sobre el sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana».

El Gobierno inyecta 117 millones de euros más a la Dependencia

El Gobierno se afana por dotar suficientemente la Ley de Dependencia a pesar de las restricciones que impone la crisis económica. Con este objetivo y a la vista del aumento de los beneficiarios con prestación reconocida, el Consejo de Ministros aprobará hoy elevar en 117 millones de euros el nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia estipulado para este año, según un documento al que ha tenido acceso ABC.

La cifra supone un incremento del 15% sobre el presupuesto inicial que estaba cifrado en 1.287 millones de euros. Así el crédito definitivo para el presente ejercicio ascenderá a 1.405 millones de euros, 119 más que el de 2011. Con esta cifra, que se repartirá a las comunidades autónomas, el Gobierno garantiza en todo el territorio nacional el nivel mínimo de protección a todas las personas que tienen reconocido algún grado de dependencia. El aumento de la dotación económica se debe a que desde enero de este año ha aumentado en 21.252 el número de beneficiarios con prestación reconocida. A octubre de este año, había un total de 1.005.000 personas dependientes con derecho a algún tipo de prestación.

Aumento de la protección

La medida garantiza, en medio de una situación de grave recesión, un nivel mínimo de protección, sobre todo después de que el Consejo Interterritorial, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, acordara una reforma del sistema, que ha propiciado un descenso en el gasto de 835 millones de euros.

Dicho ahorro afectó sobre todo a las prestaciones económicas de los cuidadores familiares que, pese a ser considerado por el catálogo de servicios como de carácter excepcional, llegó a absorver el 46% del prespuesto de la Ley de Dependencia. Entonces se decidió reducir un 15% esas ayudas para poder mantener el resto de servicios. El efecto conjunto de ambas medidas es el aumento del nivel mínimo de protección, según el Ministerio.

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Senda SENIOR se renueva y sale a la venta en los quioscos

Tras un recorrido de más de 12 años siendo la publicación de referencia dirigida a los senior, la revista mensual Senda SENIOR sale a la venta en los quioscos este viernes, totalmente renovada, con el número doble de diciembre-enero. La protagonista del primer número de esta nueva etapa, y madrina de lujo, es la actriz Miriam Díaz-Aroca.

Nuevo formato, diseño y unos contenidos renovados, que abordan todos los temas de interés para los mayores de 50 años: tendencias de moda y tecnología, decoración, economía, belleza, salud, nutrición, entrevistas, viajes, gastronomía, así como una extensa agenda cultural y de ocio con propuestas de teatro, cine, exposiciones, música, etc.

“Hemos rejuvenecido la imagen, ampliado nuestra tirada y vamos a estar en más de 8.000 puntos de venta distribuidos por todo el país. Senda SENIOR será la única revista dirigida al público senior que habrá en los quioscos de España. El reto es llegar a la mayor cantidad de personas mayores de 50 años, un colectivo creciente y parte fundamental de la economía”, declaró la directora general de Grupo SENDA, Matilde Pelegrí.

Además, “el perfil del mayor está cambiando mucho. Todos tenemos amigos con 55 años, prejubilados, que lo que tienen es tiempo y ganas de hacer cosas. Son personas que viajan, les gusta cuidarse, estar a la última y verse bien. Porque ser mayor no depende de la edad, es una cuestión de estilo de vida”, explicó Pelegrí, que animó a todos los mayores de 50 años a “buscar la revista en los quioscos”.

A continuación, la actriz Miriam Díaz-Aroca, madrina de lujo de la nueva Senda SENIOR, se mostró muy orgullosa de “poder participar en el primer número de la revista que sale a quioscos, porque yo también hace poco que he entrado en la 5ª dimensión, en los 50. Soy una veterana de la vida y me gusta aprovechar este trampolín, que es mi profesión, para decir que hay un mundo maravilloso y tremendo, lleno de madurez, al llegar a los 50”.

Miriam Díaz-Aroca quiso también felicitar a Senda SENIOR, “porque hay que ser muy guerreros en la vida para apostar por cosas nuevas y no dejarte llevar por el pánico. La realidad es la que es, pero hay que sobreponerse al monstruo y vencerlo con tu propia actitud, y Senda SENIOR es una muestra de ello, de que nunca hay que perder el entusiasmo, da igual si estás en la veintena, en la cuarentena o en la 5ª dimensión”.

La directora general de Comunicación del Ministerio de la Presidencia, Consuelo Sánchez-Vicente, quien finalmente no pudo estar presente en el acto, envío su apoyo a través de una carta que leyó la directora general de Grupo SENDA:

“Los medios de comunicación se enfrentan, hoy, no sólo a una importante crisis económica, como el conjunto de la sociedad española, sino también a un profundo cambio en su modelo de negocio. Por eso, considero muy relevante esta apuesta de Grupo SENDA, al lanzar a quiosco su revistaSenda SENIOR. Estoy segura de que los lectores, las Administraciones Públicas y las empresas anunciantes, encontrarán en la renovada Senda SENIOR un excelente canal de comunicación”.

Por último, el director general del Imserso, César Antón, reiteró las felicitaciones a Grupo SENDA y deseó el mayor de los éxitos a la nueva Senda SENIOR. “Grupo SENDA es un ejemplo de cómo en una situación de crisis hay posibilidades. Felicidades por vuestro trabajo, por los contenidos tan atractivos que ofrecéis y por el acierto en buscar a la madrina adecuada para asegurar el éxito de la revista en quioscos. Juntos tenemos que construir una sociedad para todas las edades, con igualdad de oportunidades”, declaró.

La tirada de Senda SENIOR, que editará 10 números al año al precio de 2 euros, será de 25.000 ejemplares, distribuidos por SGEL en los quioscos de toda España, y a través de suscripción y promociones.

Cabré entiende la «desesperación» de los discapacitados pero desautoriza el acto reivindicativo en las Corts

   El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha asegurado que entiende la «desesperación» de las personas discapacitadas pero ha desautorizado el acto reivindicativo que ha tenido lugar este jueves en las Corts, en el que varios integrantes de la Marcha por la Discapacidad han interrumpido la sesión mientras él estaba interviniendo.

Cabré se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir la comisión mixta TSJCV-Conselleria de Justicia, al ser preguntado por su opinión sobre la actuación de los miembros de esta Marcha, que finalmente han sido desalojados del parlamento valenciano.

Al respecto, el conseller ha indicado que esta actuación ha sido «desagradable» porque él ha ido a cumplir con su obligación como conseller y a dar cuentas: «yo me tomo muy en serio mi trabajo en las Corts», ha subrayado.

Así, Cabré ha afirmado que entiende la «desesperación» de este colectivo, pero ha remarcado que las Corts es una institución «muy importante» para los valencianos y «no está destinada precisamente a este tipo de actos».

En esta línea, ha reiterado que lamenta «mucho» la situación de los discapacitados, en relación con los impagos, pero ha repetido que «no era el momento ni el lugar» para hacer las reivindicaciones.

Preguntado por si se va a establecer un calendario de pagos para este colectivo, el conseller ha dicho: «ya estamos pagando», y ha puntualizado que este año el Gobierno valenciano ha abogado casi 500 millones de euros a este sector de la discapacidad –entre mayores, enfermos mentales, familias, mujeres, etc–, con lo que «se está haciendo un esfuerzo muy importante».

Asimismo, ha asegurado que «inmediatamente que podamos, haremos un plan de pagos y pagaremos». El objetivo es éste –ha dicho–, «cumplir con ellos –los dependientes– porque es nuestra obligación».

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AMADE se reune en la CEOE para reclamar medidas que den viabilidad al sector

   La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE) ha reunido este miércoles a más de 200 empresarios en la sede de CEOE para «dejar patente» la necesidad de adoptar medidas urgentes que den viabilidad a las empresas y centros en el sector, según ha informado en un comunicado.

«La dilación en los pagos, los recortes en los precios de los contratos establecidos y las bajadas de precios en los concursos públicos están devaluando seriamente la calidad de los servicios en las residencias de mayores y los centros de día de la Comunidad de Madrid», ha señalado AMADE.

Por ello, residencias y centros de día de Madrid han elaborado un manifiesto donde recogen sus demandas a la Administración y sus propuestas para mantener un sector «que genera empleo».

El presidente de la patronal madrileña, Javier Gómez, ha reivindicado a la Administración «hacer efectivas las propuestas que se están trabajando desde hace más de un año para mantener las empresas del sector y prestar un servicio de calidad para los mayores de la Comunidad».

Para AMADE, «las bajadas en los precios de los concursos, priorizando las bajadas de los mismos con 90 puntos no garantiza una calidad mínima en el servicio, sino servicios puramente asistenciales que no garantizan el derecho reconocido en la Ley de Dependencia».

Entre las propuestas realizadas por la asociación están agilizar las listas de adjudicación de plazas evitando la existencia de plazas vacías, optimizar ratios garantizando sistemas de calidad y racionalizando la adjudicación de las mismas a favor del usuario y sus circunstancias personales.

«Además, es clave la existencia de concursos que garanticen el mantenimiento de servicios de calidad a precios dignos. Trabajar por mantener empleo, tratándose de mujeres en su mayoría y de un nivel de formación básico, formadas en la atención a la persona mayor y apostando por la profesionalización del mismo», ha explicado AMADE.

La Asociación ha indicado que la colaboración entre la Administración y el sector privado es «básica», ya que «favorecerá la disminución del gasto sanitario, ofreciendo servicios especializados en el cuidado para aquellas personas hospitalizadas en situaciones de cronicidad que no requieren cuidados específicos para su recuperación, agilizando las listas de espera y disminuyendo el gasto público».

AMADE, ha ofrecido su colaboración a la Administración para la elaboración de estrategias que fomenten el empleo, generen recursos y creen posibilidades de ahorro.

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Los centros de Aerte pedirán a los usuarios el adelanto de las facturas que no abona la administración

Aerte, la patronal representante del sector de la Dependencia en la Comunitat Valenciana, ha asegurado este miércoles que sus centros exigirán a los usuarios el adelanto de las facturas que no está pagando la administración ya que ha afirmado que, de otra manera, «resulta imposible que las empresas continúen financiando los servicios sociales que Bienestar Social no realiza».

La patronal ha advertido en un comunicado de que muchos usuarios que no tienen familia y que se encuentran atendidos en sus centros se verán en la calle en breve por no poder asumir el pago de facturas. La entidad ha explicado que resulta «inevitable» en esta situación, en la que no han cobrado nada en todo 2012, se produzcan cortes de suministros, desabastecimiento de productos de primera necesidad o absentismo de personal debido a impagos de nóminas acumuladas.

Aerte ha recalcado que la situación es «inaguantable» y, además, «inminente que muchos usuarios sin familia se verán en la calle dentro de poco ante la imposibilidad de poder asumir el pago de estas facturas». En esta línea, ha puntualizado que esto «se agrava con la situación precaria en la que están inmersos los más de 10.000 dependientes que tienen reconocidos sus derechos por la Ley de Dependencia y no están recibiendo el servicio».

«Tienen derecho de percibir una prestación pública desde hace años en la mayoría de los casos, y  llegan a fallecer en la mayoría de las ocasiones antes de verlo realizado, de nuevo, por incumplimientos», ha criticado. La patronal ha calificado como «muy grave» la «falta continuada de palabra» del Consell hacia la población dependiente que representa Aerte –integrada por los más de 20.000 dependientes y más de 200 empresas– y ha lamentado su «falta de sensibilidad y compromiso en el ejercicio de sus funciones».

Aerte ha recalcado que el colectivo de la dependencia valenciano, que precisamente está «integrado por el segmento más débil y vulnerable de la sociedad», es el «único sector» que no ha cobrado nada en todo el año 2012. Asimismo, la patronal ha alertado de habrá cierre de empresas de atención a la dependencia, «lo que supondrá dejar de prestar sus servicios en la Comunidad Valenciana«.

En su opinión, «este hecho pone en tela de juicio la aplicación queBienestar Social está llevando a cabo de la Ley de Dependencia, una ley que ha sido recientemente reformulada y validada por el Gobierno central pero que no está siendo aplicada por el Gobierno autonómico», una realidad que califica como «muy grave».

Según la patronal, «son ya once meses los transcurridos desde que la Conselleria de Bienestar Social no paga ni un euro a los centros responsables de la atención y los cuidados de los dependientes y discapacitados, muchos de ellos tutelados por la misma administración, incumpliendo de forma grave y notoria con su compromiso de pago a la población dependiente así como con la palabra dada a la principal patronal de la dependencia valenciana y las empresas que la integran».

CON PRÉSTAMOS Y PÓLIZAS DE CRÉDITO

Aerte destaca que ya ha manifestado «en muchas ocasiones» las «dificultades» por las que atraviesan los centros de atención a la dependencia, que llevan «casi un año sufragando de su propio bolsillo los gastos que no paga Bienestar Social, sobrellevando la situación con préstamos y pólizas de crédito cuyos intereses están asumiendo e incluso, en ocasiones, comprometiendo su propio patrimonio personal».

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El 75% de las personas que tienen demencia en todo el mundo no han sido diagnosticadas y no siguen tratamiento

  Solo el 25 por ciento de las 36 millones de personas que tienen demencia en todo el mundo han sido diagnosticadas y siguen tratamiento, según el Informe Anual sobre el Alzheimer 2011 realizado por Alzheimer Disease International (ADI).

«En los países con altos ingresos, apenas el 20 por ciento de los casos de demencia son reconocidos y documentados en los cuidados primarios. En los países de bajos a medianos ingresos, este porcentaje puede ser tan bajo como un 10 por ciento», recoge el texto.

A este respecto, Sanitas Residencial ha puesto en marcha una Unidad de Diagnóstico y Terapias para personas mayores con demencia en Sanitas Residencial Ferraz (Madrid), que ofrece un servicio rápido y unificado en un solo centro para saber si una persona padece algún tipo de demencia y en qué grado, según la compañía.

Realizar un diagnóstico precoz de las demencias es una de las principales claves para conseguir ralentizar la enfermedad y poner en marcha el tratamiento adecuado. De este modo, permite iniciar los tratamientos disponibles tanto farmacológicos como no farmacológicos al comienzo de la enfermedad, ofreciendo mejores resultados y enalteciendo el proceso.

Con la puesta en marcha de esta Unidad de Diagnóstico y Terapias y el apoyo del Centro de Atención Integral al Deterioro se cubren los métodos diagnósticos innovadores basados en una valoración multidimensional que incluye una evaluación clínica integral y neuropsicológica así como los marcadores bioquímicos y técnicas de neuroimagen.

Además de la consulta con un médico geriatra especializado, encargado de realizar una valoración cognitiva, afectiva, funcional y clínica así como el acceso a un primer estadio de tratamientos especializados vía terapia de neuropsicología con métodos.

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La esperanza de vida en España aumentará entre seis y ocho años las próximas cuatro décadas, ¿cómo gestionaremos el incremento de mayores y las políticas restrictivas?

El INE publicó un informe basado en las proyecciones demográficas de 2012 refleja también el continuo proceso de envejecimiento de la población española, cuya tasa de mayores de 64 años alcanzará el 37% en 2052.

Si se mantuvieran en un futuro las actuales tendencias demográficas, la propia estructura de la población de España llevaría al país a un escenario de pérdida progresiva de habitantes en las próximas décadas. Es la principal conclusión a la que ha llegado el Instituto Nacional de Estadística tras analizar las proyecciones de población 2012. Así, en el año 2022 España contaría con 45 millones de habitantes, un 2,5% menos que en 2012. Y en 2052, la población de España se cifraría en 41,5 millones, un 10,2% menos que en la actualidad.

De mantenerse los ritmos actuales de reducción de la incidencia de la mortalidad por edad sobre la población de España, la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría los 86,9 años en los varones y los 90,7 años en las mujeres en 2051 (con un incremento de casi ocho años y de seis años, respectivamente). Eso significa, además, que la diferencia entre la esperanza de vida femenina y masculina se reduciría en dos años hasta entonces.

Por su parte, la esperanza de vida a los 65 años aumentaría a 24 en los varones y a 27,3 en las mujeres, casi seis y cinco años más que en la actualidad, respectivamente.
En cualquier caso, una estructura demográfica cada vez más envejecida produciría un continuo crecimiento del número anual de defunciones. Así, en los próximos 40 años morirían en España unos 17,9 millones de personas, un 34% más que en los últimos 40.

Con todo ello, el saldo entre nacimientos y defunciones entraría en una dinámica continuamente decreciente, explican desde el INE. De hecho, aseguran, «estos resultados nos ofrecen una perspectiva de crecimiento natural negativo desde 2018, lo cual aceleraría el declive poblacional».

La simulación realizada por el Instituto Nacional de Estadística muestra también el continuo proceso de envejecimiento al que se enfrenta la estructura demográfica en España, que se ve acelerado por el descenso de la natalidad y los saldos migratorios negativos.

Así, los mayores crecimientos de población se concentrarían en las edades avanzadas. Concretamente, en 2052 el grupo de edad de mayores de 64 años se incrementaría en 7,2 millones de personas (un 89%) y pasaría a constituir el 37% de la población total de España.

¿Cómo va a asumir nuestra sociedad el reto del gran crecimiento de las clases pasivas?

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La Generalitat Valenciana paga 42 M€ en metálico para ampliar el capital social de la Ciudad de las Artes y las Ciencias pero no para los Proveedores de la Sanidad Pública

   La Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana ha denunciado «el mal uso que se hace del dinero del contribuyente» y la «tremenda injusticia» que se está cometiendo con el colectivo de los proveedores.

El colectivo, en un comunicado, ha criticado que se les excluya «del reparto del poco dinero que llega a la Comunitat Valenciana proveniente del Fondo de Liquidez Autonómica, teóricamente creados para pagar intereses de la deuda pública y proveedores». Además, ha señalado que ven con «asombro» como «sí hay dinero para pagar 42 millones en metálico para ampliar el capital social de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa)».

«Desconocemos lo importante que puede ser este desembolso en metálico para la Generalitat Valenciana, así como las repercusiones que esta inversión pueda tener para los ciudadanos, pero de lo que sí estamos seguros, es que esta inversión no contribuye a mantener el estado de bienestar sanitario», ha destacado la plataforma.

En este sentido, ha tildado de «chocante» que en esta situación, «en la que las empresas estamos cerrando por no cobrar de las administraciones y en la que al ciudadano se le está regateando una intervención quirúrgica con listas de espera kilométricas o en la se le está solicitando un copago, haya 42 millones, más que suficientes como para saldar la deuda de todas nuestras empresas, para ampliar el capital de una sociedad cuyo objeto habría que analizar».

«Una prueba más de la incomprensión, falta de sensibilidad e injusticia hacia un colectivo empresarial del que dependen muchos puestos de trabajo», ha denunciado la Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana.

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La Diputación de Álava mantendrá las ayudas a los dependientes moderados de grado 1

  El diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), ha anunciado que la institución foral mantendrá las ayudas para las personas dependientes moderadas de grado 1 a partir de 40 puntos de valoración, equivalente a un nivel de dependencia moderado.

De Andrés ha anunciado esta decisión durante el pleno de las Juntas Generales alavesas que se ha celebrado este lunes, según ha informado la Diputación en un comunicado.

En la Cámara foral, el diputado general ha asegurado que la Diputación mantendrá «niveles de protección adicional» en todas las prestaciones de la Ley de Dependencia para los alaveses que lleven tres años empadronados en el territorio.

En este sentido, ha informado de que, con las medidas aprobadas por el Consejo de Diputados, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar supondrá que los dependientes alaveses de grado 3 (gran dependencia) que cuenten con el requisito del padrón cobrarán 468,83 euros.

Por su parte, los de grado 2 (dependencia severa) recibirán 319,07 euros, y los dependientes de grado 1 a partir de 40 puntos de valoración de la dependencia (antiguo grado 1,2 correspondiente a la dependencia moderada) cobrarán 180 euros.

Según las cifras aportadas por la Diputación, estas cantidades contrastan con las del resto del Estado, donde los dependientes de grado 3 cobrarán 387,64 euros, los de grado 2 recibirán 268,79 euros y los de grado 3 percibirán 153 euros.

RESIDENCIAS Y ASISTENCIA PERSONAL

A su vez, la Diputación ha decidido mantener «niveles de protección adicional» en la prestación económica vinculada al servicio para los alaveses que cuenten con tres años de padrón, destinado al pago de residencias.

En este caso, según los datos de la institución foral alavesa, las personas dependientes de grado 3 recibirán 1.000 euros frente a los 715 que se abonan como regla general en el resto de España, y las de grado 2 percibirán 805 euros, mientras que en el resto del Estado reciben 426,12 euros. Por su parte, los de grado 1, también a partir de 40 puntos de valoración, cobrarán 508 euros, frente a los más de 200 que se les concede en los demás territorios.

Asimismo, De Andrés ha destacado como novedad la introducción de «niveles de protección adicional» en la prestación económica de asistencia personal, siempre que se cumplan los tres años de empadronamiento en Álava.

También ha decidido ampliar este tipo de prestación a los dependientes de los grados 2 y 1, pues los de grado 3 eran los únicos que lo percibían hasta la fecha. Con esta nueva medida, las personas dependientes de grado 3 cobrarán 775 euros, las de grado 2 recibirán 475 euros y las de grado 3, 325 euros.

GRADO 1

Por otra parte, dentro del nivel de protección adicional, y a pesar de que en el grado 1 se ha pospuesto su incorporación al sistema hasta el 2015, la Diputación mantendrá la atención al grado 1 a partir de los 40 puntos de valoración de dependencia. En el caso de los menores de tres años, la mantendrá en todo el grado.

Asimismo, el acuerdo del Consejo de Diputados adapta su normativa para acomodarla a la supresión de los niveles de cada grado. No obstante, los valorados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto del 13 de julio «de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad» conservarán su valoración y las cuantías de sus prestaciones por grado y niveles mientras no se revise su valoración de dependencia.

En su discurso, De Andrés ha señalado que, con estas decisiones, Álava «seguirá siendo un referente en la aplicación de esta ley a nivel estatal y autonómico».

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La FED participará este domingo en la marcha por los derechos de las personas con discapacidad

La Plataforma del Tercer Sector participará  convocada por CERMI, en el marco del ‘Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad’.

De esta forma, según ha asegurado la propia organización, muestra «su pleno apoyo y respaldo al CERMI» porque es una organización miembro de la plataforma y, «principalmente», porque comparte «plenamente» sus motivos y su alarma ante «los graves retrocesos que se están produciendo en materia de protección social para las personas con discapacidad en diversidad de planos y de políticas sociales».

En este sentido, la Plataforma del Tercer Sector ha destacado que uno de sus fines es la defensa de los derechos sociales reales y efectivos a través de los sistemas y mecanismos de protección social de los diferentes tipos de políticas a favor de los colectivos más vulnerables, como es el de la discapacidad o cualquier otro sector que representa.

LA FED PARTICIPARÁ «ANTE LA GRAVE SITUACIÓN EXISTENTE»

Por su parte, la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) participará en la marcha «ante la grave situación existente». En concreto, la organización ha denunciado que muchas personas en situación de dependencia se encuentran en lista de espera y «continúan en sus casas sin poder recibir los servicios que por ley tienen derecho»; así como los impagos que colocan a empresas e instituciones en «una situación límite de desabastecimiento de productos de primera necesidad, falta de pago de nómina de los trabajadores y cierres».

Asimismo, ha advertido de que la situación se agrava «de una manera extraordinaria» cuando se compara con otros sectores de la economía española. Como ejemplo, ha incidido en que hay sectores, como el del automóvil, que están recibiendo «apoyos y subvenciones» y en que, a su parecer, con esos mismos importes «podría solucionarse el problema existente y con mejores retornos». «La FED entiende que apoyar esta gran marcha es estar junto al sector de la dependencia tan dañado en estos momentos», ha concluido.

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Más de 10.000 personas asistirán a la marcha por la discapacidad

   Más de 10.000 personas asistirán a la marcha del próximo domingo convocada en Madrid, a favor de los derechos de las personas con  discapacidad, bajo el lema ‘SOS Discapacidad-Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo’, según estima el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI).

Esta iniciativa, la víspera del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, comenzará a las 12.00 horas en la calle Goya esquina con Príncipe de Vergara y finalizará su recorrido en la Plaza de Colón y contará con la participación de miles de personas con discapacidad y sus familias, voluntarios, profesionales y simpatizantes.

Según indica el CERMI, todas estas personas se concentrarán «ante la inquietante situación que atraviesan, agravada por la crisis y las decisiones políticas de regresión de derechos y de debilitamiento del precario nivel de cohesión y protección sociales alcanzados por España».

Hasta ahora, de los CERMIS autonómicos, se han adherido a la marcha: CERMI CV, CERMI Asturias, CERMI CyL, CERMI Extremadura, CERMI Illes Balears, CERMI La Rioja, CERMI Canarias, CORMIN, CERMI Aragón, COCARMI, CERMI Andalucía, CERMI Cantabria, CERMI Melilla, CERMI Murcia y CERMI Galicia. Asimismo, se han unido también asociaciones como FEDACE, Autismo España, DOWN ESPAÑA, COCEMFE, PREDIF, AFEM, ASPACE Segovia, FIAPAS, CNSE, el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), FEDER, FEAPS y FEACEM.

Con este acto cívico, el CERMI pedirá, a través de la lectura de un manifiesto al término del recorrido, «evitar el colapso de los sistemas y dispositivos de promoción y protección de las personas con discapacidad y sus familias».

Sobre la estrategia de contestación ‘SOS Discapacidad’, la organización advierte de que se mantendrá «mientras perdure lo más agudo de esta crisis», iniciando su andadura en vísperas del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, en defensa de la inclusión, los derechos y la ciudadanía.

El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las personas con discapacidad que en la sociedad civil engloba a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión plena de una realidad presente en el 10% de la población, los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España.

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Jornada sobre Envejecimiento y Ciudadanía Activa

Participan   expertos y voluntarios en la materia y concluye con la lectura  del Manifiesto para  una política de envejecimiento activo



La Asociación Mayores de Madrid XXI y la 
Fundación Pilares para la Autonomía Personal ,  como aportación al Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional organizan en Madrid, en  la mañana del próximo  día 30 de noviembre en el Salón de Actos del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales una Jornada de  libre entrada sobre Envejecimiento y Ciudadanía Activa, según el Programa que se adjunta.

 

Entre los contenidos del programa destaca que se abordará el nuevo perfil de las personas que están llegando a la jubilación lo que requiere un cambio de perspectiva en las ofertas de participación que se realizan; también se abordará el envejecimiento de las personas con discapacidad,  fenómeno emergente  muy poco estudiado todavía y  que requiere una mayor atención.

 

Entre los testimonios de relaciones intergeneracionales, se ha seleccionado el de una mujer mayor comprometida con el movimiento del 15 M y el de una joven que muestra el enriquecimiento que puede lograrse mediante la acción voluntaria intergeneracional.

 

Al final de la Jornada se dará lectura al Manifiesto para una política de Envejecimiento Activo, que ha sido suscrito por diversas organizaciones representativas de personas mayores y personas con discapacidad, asociaciones vecinales, así como de Entidades y profesionales del sector.

 

El Manifiesto será remitido a las diversas Administraciones Públicas y será difundido al sector gerontológico y de la discapacidad.

 

 Descargar Programa

FECHA:

Viernes 30 de noviembre de 2012

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Salón de actos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pº del Prado, nº 18

 

HORA:

10:00 a 13:30 h.

 

Libre entrada

Las acusadas por la intoxicación de cuatro ancianos en un geriátrico almeriense aceptan seis meses de cárcel

   Las dos acusadas por la intoxicación con salfumán de cuatro ancianos en el geriátrico ‘Nicolás Salmerón‘ de Alhama de Almería, por la que fallecieron dos de las víctimas, han aceptado penas que suman seis meses de prisión por dos delitos de homicidio imprudente y sendas multas de un mes con cuota diaria de tres euros por dos faltas de lesiones por imprudencia.

Durante la vista oral celebrada este viernes ante el Juzgado de lo Penal número 3, la directora del centro, M.P.M.G., y la empleada de la limpieza que dejó olvidada la botella con sosa cáustica en la estancia de uno de los residentes afectados, C.A.A., han admitido los hechos, por lo que el fiscal ha modificado el escrito de conclusiones por el que, de forma provisional, se interesaba una condena de tres años y seis meses de cárcel.

El Ministerio Público ha estimado que concurren las atenuantes de dilaciones indebidas, ya que los hechos se remontan a 2007, y la de reparación de daño al haberse satisfecho vía subsidiaria la responsabilidad civil e indemnizado solidiariamente a los familiares de las victima que oscilan entre los 76.600 y los 420 euros. Ha cambiado la calificación de delito de lesiones imprudentes por la de falta.

La sentencia, dictada ‘in vocce’ por conformidad, recoge, no obstante, la sustitución de las penas privativas de libertad por dos multas de 540 euros –seis meses a razón de tres euros al día– después de que lo solicitará la defensa y no se opusieran ni el fiscal ni las acusaciones particulares. Cabe recordar que la vista oral se aplazó el pasado lunes después de que se personara un nuevo heredero de una de las víctimas.

El Ministerio Público estimaba en su escrito de calificación provisional que tanto la responsable del centro como la trabajadora obviaron «las más elementales y mínimas normas de precaución y cuidado» con enfermos que «requieren una atención especial» al dejar «olvidada» en un aseo una botella de una marca comercial de agua mineral en cuyo interior habían «rebajado» sosa cáustica.

Según su relato, ambas, de 60 y 48 años, coincidieron en la mañana del día 14 de junio de 2007 en las labores de limpieza del cuarto de baño de una de las habitaciones de la tercera planta, destinada «a aquellos residentes con Alzheimer o demencia senil en estado avanzado». En ese momento, y debido a los problemas respiratorios que padece C.A.A., decidieron mezclar con agua el salfumán para «no usar este producto de forma directa.»

La botella de agua mineral quedaba minutos después «olvidada» en el aseo al acudir las acusadas a un «aviso en otra zona de la residencia» y era usada seis días después por otra empleada del geriátrico, quien la encontró sobre una de las estanterías de aseo, «como era habitual», para dar de beber a los pacientes que, en esos momentos, estaban en la estancia.

De inmediato, según recoge el fiscal, las cuatro víctimas comenzaron a encontrarse mal, por lo que tuvieron que ser evacuados de urgencia hasta el complejo hospitalario de Torrecárdenas, en la capital almeriense, donde fallecía apenas 24 horas después de su ingreso de una mujer de 75 años identificada como M.M.L.

Otros dos residentes recibían el alta médica en la UCI y eran trasladados al hospital de Cruz Roja, en el que fallecía un mes después la segunda víctima, un hombre identificado como J.L.Q. y de 91 años.

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Aerte denuncia la falta de sensibilidad del Consell

Aerte ha criticado este viernes la «falta de sensibilidad y compromiso» del Consell hacia la población dependiente y ha denunciado que «no se muestra receptivo con la problemática que vive hoy día la población de enfermos dependientes», según ha informado la patronal mayoritaria del sector de la Dependencia en la Comunidad Valenciana.

En este sentido, aunque la patronal ha manifestado ser consciente de los múltiples esfuerzos efectuados por la Consejería de Bienestar Social para conseguir el pago, el Gobierno valenciano permanece pasivo ante las constantes súplicas de todos los agentes implicados en el sector de la dependencia, quienes día a día ven cómo la situación de impagos existente deteriora su calidad de vida y dificulta aún más la existencia del sector de la dependencia, las más de 200 empresas representadas por Aerte, sus trabajadores y los miles de dependientes a quienes prestan servicios.

«La dramática situación por la que están atravesando las empresas por los constantes impagos del Consell, teniendo en cuenta que no cobrado prácticamente nada en todo el año 2012, ha sido el detonante que ha conducido a la situación actual de incertidumbre y peligro para la supervivencia de estas empresas, los puestos de trabajo y la atención y la calidad de vida de uno de los colectivos más sensibles de nuestra sociedad: los dependientes», ha señalado.

Los más de 100 millones que la administración autonómica adeuda al sector de la dependencia, no solo dificultan la atención a todas las personas dependientes en un corto plazo, sino que aventuran la desaparición de más de 15.000 puestos de trabajo y la supervivencia de más de 200 empresas que hoy día prestan servicios a unas personas que tienen derecho a ellos por Ley.

Las empresas asociadas a Aerte mantienen un compromiso diario con la prestación de todos los servicios contemplados en el catálogo de la Ley de dependencia entre los que destacan la promoción de la autonomía personal, el servicio de teleasistencia, ayuda a domicilio, atención de las necesidades del hogar, cuidados personales, servicio de Centro de Noche, Centro de Día para mayores, menores de 65 años y de atención especializada, Centro de Noche y servicio de Atención Residencial.

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La justicia europea dictamina que la ley española de pensiones discrimina a los trabajadores a tiempo parcial

  El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este jueves que la normativa española sobre pensiones discrimina a los trabajadores a tiempo parcial, que en su mayoría son mujeres, ya que les exige un periodo de cotización proporcionalmente mayor al del resto de contribuyentes.

La sentencia responde a la denuncia de una mujer que trabajó exclusivamente como limpiadora de una comunidad de propietarios durante 18 años a jornada parcial de 4 horas a la semana (es decir, el 10% de la jornada legal en España). A la edad de 66 años, presentó una solicitud ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social para obtener una prestación de jubilación, que le fue denegada por no reunir el período mínimo de cotización de 15 años.

El caso acabó en el juzgado de lo social de Barcelona, que preguntó al Tribunal de Luxemburgo si la norma española vulnera la directiva europea sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.

El juzgado remitente destacaba que la legislación española computa exclusivamente las horas trabajadas y no el periodo de cotización, es decir, los días trabajados. En el caso de la denunciante, ello implica que las cotizaciones pagadas durante 18 años al 10% de la jornada equivalen a un periodo de menos de 3 años, por lo cual tendría que trabajar 100 años para acreditar los 15 años que le permitan acceder a una pensión de 112,9 al mes.

En su sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia dice que la ley española vulnera la directiva sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.

El motivo es que «exige a los trabajadores a tiempo parcial -que en España al menos el 80% son mujeres-, en comparación con los trabajadores a tiempo completo, un período de cotización proporcionalmente mayor para acceder a una pensión de jubilación contributiva cuya cuantía ya ha sido reducida proporcionalmente a la parcialidad de su jornada».

El Tribunal señala que «debido al método que se emplea para calcular el período de cotización exigido para acceder a una pensión de jubilación, dicha normativa priva en la práctica a estos trabajadores de toda posibilidad de obtener tal pensión.»

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Mato señala que el Estatuto del Mayor incluirá la creación «por primera vez en España de un espacio sociosanitario»

   La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha presentado en Zaragoza las principales líneas del borrador del Estatuto del Mayor que está elaborando el Gobierno central, que incluye, entre otras cosas, la creación, «por primera vez, en España un espacio sociosanitario».

Así se ha pronunciado Mato durante su intervención en la clausura de la jornada organizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el IMSERSO para cerrar el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional 2012 en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo aragonés, bajo el lema ‘Participación de las personas mayores en la toma de decisiones’.

Mato ha precisado que con la elaboración del Estatuto del Mayor, «se concreta un compromiso personal del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy», documento que ha definido como «una guía para la elaboración de las políticas públicas orientadas a promover un envejecimiento saludable y a prevenir situaciones de dependencia».

Según ha detallado, con esta finalidad «se han identificado diez áreas de actuación donde es posible mejorar, atendiendo a las preocupaciones que vosotros nos habéis planteado», ha señalado a las personas mayores presentes en el acto.

Ha añadido que «queremos asegurar una atención sanitaria cada vez mejor, cada vez de mayor calidad, optimizando la coordinación con unos servicios sociales de calidad» y para eso «vamos a aprovechar toda la experiencia y capacidad que disponemos para crear, por primera vez, en España un espacio socio sanitario».

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Un estudio revela que cada jubilado europeo se sostiene a través de cuatro personas activas

   El estudio de preparación para la jubilación confeccionado por Aegon revela que cada pensionista de la Unión Europea se sostiene a través de cuatro personas activas, del mismo modo que pronostican que la crisis económica y el desempleo provocarán que esta cifra descienda a dos personas «en unos años», informa en un comunicado.

La aseguradora destaca que las mujeres son las menos favorecidas en este ámbito, como refleja que solo el 5% de las mujeres llega a los 35 años de cotización. Además, la media de jubilación de las mujeres (63,4) está por encima de la de los hombres (61,8). Asimismo, el 71% de las mujeres confiesa su preocupación por cobrar una pensión que realmente cubra sus necesidades.

La responsable de marketing de canales propios de Aegon, África Hernández, ha advertido de la necesidad de tomar medidas para asegurar la jubilación. «A pesar de que estamos concienciadas con este tema, realmente no llegamos a dar el paso», ha apostillado.

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