Archivo mensual: febrero 2014
Cataluña suspende la ayuda por partos o adopciones múltiples
El departamento de Bienestar Social y Familia ha decidido suprimir para este año las prestaciones por parto, adopción, acogimiento o tutela múltiple, la ayuda que concedía a las familias que tenían dos o más niños al mismo tiempo. Según han confirmado a Efe fuentes del departamento de Bienestar Social, esta ayuda ha quedado suspendida para el 2014, aunque las familias que hayan tenido un parto múltiple entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2013 pueden presentar la solicitud para obtener la prestación hasta el próximo 31 de marzo.
El departamento de Bienestar Social ha recordado que, desde el inicio de la legislatura, esta ayuda ya se concedía en función de la renta. La Asociación de Familias Numerosas de Cataluña (FANOC) ha mostrado hoy su rechazado a este nuevo recorte social de la Generalitat de una prestación económica, que era de carácter universal para las familias residentes en Cataluña que hubieran tenido un parto múltiple o adoptado, tutelado o acogido a dos o más niños de forma simultánea. Según ha informado la FANOC, la suspensión de estas ayudas no se les había comunicado y fue cuando empezaron a recibir quejas por parte de familias cuando la asociación comprobó que en la Ley de presupuestos de este año esta prestación ha quedado totalmente suspendida.
«Esta decisión contrasta con las declaraciones del Govern de que se mantenían las prestaciones sociales en los nuevos presupuestos», ha denunciado la asociación. La FANOC ha afirmado que con este recorte «el colectivo de familias con hijos es castigado con la supresión ahora de la única prestación económica de carácter universal que seguía vigente en Cataluña», después de la supresión en 2011 de las prestaciones universales para todos los hijos de 0 a 3 años (0-6 años en el caso de familias numerosas o monoparentales). Según ha lamentado el director ejecutivo de FANOC, Raúl Sánchez, «no puede ser que en momentos de dificultades y de una grave crisis demográfica, el Govern suprima las escasas prestaciones que tienen las familias».
«Lo peor para el futuro de un país es jugar con las políticas de apoyo a las familias. Ni un sólo país europeo ha disminuido las ayudas universales a las familias durante esta fuerte crisis, es más, algunos las han aumentado: todos son conscientes de que la familia se ha convertido en la primera ONG del país», ha asegurado Sánchez. La asociación ha recordado que una gran parte de las familias que tienen un parto, adopción, tutela o acogida múltiple entran a formar parte del colectivo de familias numerosas, que es, según los expertos, uno de los más afectados por la crisis. La asociación FANOC ha asegurado que es «consciente de que la grave situación financiera del país exige tomar medidas para hacer frente al déficit de la deuda», pero pide «medidas que no castiguen y debiliten más los hogares con más hijos y personas dependientes, ya que éstos soportan muchas cargas económicas, y están dando un servicio social (cuidado de parados, enfermos, personas mayores, etc.) que ahorra mucho dinero a cualquier Gobierno».
Validadas más de 55.000 firmas de ILP para garantizar pagos gran dependencia
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para pedir una reforma de la ley de finanzas públicas de Cataluña para que se garanticen los pagos a la gran dependencia ha conseguido las firmas necesarias para continuar la tramitación de la petición, al validarse un total de 55.554 firmas de apoyo.
La comisión de control de la ILP que propone modificar la ley de finanzas públicas de Cataluña para garantizar el pago puntual de las prestaciones de gran dependencia ha validado esta tarde las firmas recogidas por los promotores y que han superado las 50.000 firmas necesarias.
Esta ILP, la segunda presentada esta legislatura tras la que pide una renta mínima garantizada, plantea una proposición de ley de modificación del texto refundido de la ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.
Se trata, según sus promotores, de garantizar por ley que los pagos de las prestaciones de gran dependencia «lleguen puntualmente a los beneficiarios y a las entidades proveedoras» y tengan «carácter prioritario».
La comisión de control, el órgano que vela por la veracidad del proceso y que preside el magistrado de la sala social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Daniel Bartomeus, ha proclamado esta tarde las firmas recogidas y las ha comunicado a los promotores.
Ahora, la mesa del Parlament deberá abrir la tramitación propiamente parlamentaria de la iniciativa, y la junta de portavoces el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas.
Después, la junta deberá incluir en el orden del día de un pleno para hacer el debate de totalidad.
El primer centro de día para mayores LGTB de España se abrirá en Lavapiés
Se trata del primer centro de día de toda España destinado a prestar servicios al colectivo LGTB. Su gestión será participativa y ofrecerá actividades lúdicas, deportivas, terapéuticas, de alimentación y cuidados especializado y por personal también preferentemente LGTB. El centro, situado en la calle Amparo de Madrid, abrirá al público en cuanto terminen las obras de acondicionamiento previstas.
La Fundación 26 de Diciembre presentó el pasado viernes en la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM, el proyecto de Centro Socieducativo para mayores, principalmente lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Durante el acto, la Fundación 26 de Diciembre lanzará su nueva página web y presentará el vídeo promocional del Centro Socieducativo, en la que participan todos los grupos políticos de Madrid. Asimismo dará comienzo una campaña para la implicación de personas interesadas en participar asociándose a la iniciativa.
La Fundación no ha confirmado la fecha exacta de la inauguración, pero sí ha precisado que será “cuando terminen las obras de acondicionamiento previstas”.
“Hay muchos mayores (LGBT) que no tienen ni para comer, por la crisis y porque en el pasado no trabajaban por la discriminación que había y al no haber cotizado, ahora no tienen pensiones. Además de ofrecerles comida, también se trabajaría con ellos para fomentar su autoestima y valorarlas como personas”, explicó Federico Armenteros, presidente de la Fundación.
También adelantó que estaban trabajando en “varias campañas de captación de fondos y se está negociando con los empresarios de Chueca para que colaboren y así poder crear este comedor solidario”. Los responsables también anunciaron la puesta en marcha de una campaña de captación de voluntarios y de “implicación de personas interesadas en participar asociándose a la inciativa”.
Al acto también acudieron representantes políticos del Ayuntamiento de Madrid, periodistas como Fernando Olmeda, empresas y público en general. En el evento también se presentó la nueva web de la fundación. Así nos explicaba el responsable de la Fundación su gran proyecto, el residencial, que se construirá en la población madrileña de Rivas.
Fundación de Ayuda a Niños Necesitados presenta una silla de montar a caballo adaptada para personas con discapacidad
La Fundación de Ayuda a Niños Necesitados (FANN), en colaboración con el responsable de Tiendas Hípicas Elián, el ingeniero técnico Abdón Rodríguez Bello, ha presentado una silla de montar a caballo adaptada a las necesidades de niños con discapacidad física (carencia de funcionalidad en las piernas) y psíquica, según han explicado.
El nuevo asiento, busca conseguir una mejora de la coordinación motora y que sus jinetes «consigan estar relajados» encima del caballo gracias a la seguridad que aporta el respaldo y el asa que incorpora.
«Este tipo de niños tienen fuerza en el torso y por lo tanto podrán hacer presión sobre le asa y erguirse», ha explicado el ingeniero, que ha indicado que el diseño está basado sobre el modelo de silla de vaquero de rejoneo por ser «más confortable y seguro».
Por su parte, la fundación ha recordado los «múltiples beneficios que tiene la Equinoterapia en el tratamiento y rehabilitación de las disfunciones motrices» y ha explicado que el diseño busca «facilitar a los niños con discapacidades físicas y psíquicas el contacto y disfrute de los caballos».
La fórmula del ahorro en Dependencia: revisar los casos para recortar prestaciones
Algunas comunidades autónomas como Valencia, Castilla-La Mancha o Madrid presionan a los trabajadores sociales.
Hace una semana, el 6 de febrero, se conoció el caso de Daniela, una niña castellano-manchega que padece una rara enfermedad (el síndrome de Ondine) cuyos cuidados reclaman atención las 24 horas. A Daniela, la Consejería de Asuntos Sociales le había rebajado el grado de dependencia por una revisión de oficio iniciada por la Administración. Su caso se unía al del niño de siete años con parálisis cerebral al que se le retiró una prestación económica para ofrecerle a cambio la escolarización en un centro especial… al que ya estaba acudiendo desde hacía un año.
Aunque el Gobierno de María Dolores de Cospedal dio marcha atrás en el caso del niño (adujeron un «error»), estos ejemplos ilustran la dinámica que se está desarrollando en algunas comunidades autónomas: la revisión de oficio de expedientes de dependencia antiguos que resultan en valoraciones menos graves.
La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hace referencia a estas actuaciones en su XXII Informe sobre el desarrollo de esta ley: «Se viene produciendo una bajada paulatina de las personas con grado III (el más alto) de dependencia», y entre las causas el dossier recoge que «en algunos territorios se están produciendo revisiones de grado de oficio que tienen como resultado dictámenes que reducen el mismo».
El marco para que se pueda producir esto nació con el Real Decreto, de julio de 2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Ahí se hizo desaparecer la clasificación de cada grado en dos niveles, se rebajaron las cuantías económicas de las ayudas y se convirtieron en «incompatibles» las aportaciones de dinero con otros recursos como centros especiales, residencias de mayores, etcétera.
El cambio a la baja en el catálogo de prestaciones está en el corazón de estas reevaluaciones de dependientes para adecuarlos a la nueva situación normativa.
La Plataforma para la Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha está recopilando estos casos. Según los expedientes con los que cuentan, se han producido al menos 45 revisiones de grado con rebaja de grado III (gran dependiente) a grado II (severo), 12 de grado III a grado I y 69 de grado II a grado I. También, 389 revisiones de Planes Individuales de Asistencia (PIA) en los que se ha suprimido la ayuda económica dejando –ahora la ley las hace incompatibles– la ayuda a domicilio. La plataforma asegura que «en algunos casos son 26 horas al mes para grandes dependientes, menos de una hora al día».
El consejero de Asuntos Sociales castellano-manchego, José Ignacio Echániz, considera que su gestión «nos permite atender primero a quien más lo necesita y reducir la lista de espera en 4.233 personas con derecho reconocido pendientes de recibir un servicio o prestación económica» .
La orden con la que adaptó el real decreto, aseguran, «establece la cobertura a las personas con dependencia moderada, que la legislación nacional todavía no incluye». La norma está recurrida por la plataforma castellano-manchega, que este viernes presenta sus argumentos jurídicos al juez que admitió la querella. Asuntos Sociales ha calificado de «irresponsabilidad que se relacionen estas reevaluaciones a una intencionalidad política».
Un cambio «ideológico»
«Desde luego que se está reevaluando». Así de rotunda se expresa una trabajadora social en activo en la Comunidad de Madrid que prefiere no dar su nombre. Ana Lima, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, confirma a eldiario.es que han «recibido consultas por parte de trabajadores de Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha acerca de la insistencia por parte de los servicios regionales en revisar expedientes».
Lima entiende que «se está rebajando la importancia de lo social a la hora de evaluar la situación de los dependientes y que se está focalizando en lo sanitario». En este sentido, analiza que «los trabajadores tienen temor a hacer públicos estos casos porque temen por su puesto de trabajo».
La trabajadora social madrileña explica que «en realidad es más costoso para la consejería cambiar una ayuda de 500 euros por una plaza en una residencia de mayores». José Luis Gómez Ocaña, portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, y Ana Lima lo corroboran: «Una plaza cuesta más». ¿Entonces?
Ambos coinciden en apuntar a motivos ideológicos. «Deshacerse de la dependencia y dejarla en manos privadas». Los aseguramientos con empresas privadas han visto crecer su negocio, «el que pueda, que se lo pague», dice Lima. Y aunque sea aún un nicho de negocio pequeño, está creciendo. Gómez Ocaña opina que «no hay nada más que mirar cómo está montado el sistema de atención y ayudas: empresas privadas concertadas por cada persona que atienden».
Mirando el modelo en la Comunidad de Madrid, se observa que hay una veintena de residencias públicas de mayores gestionadas directamente por la Administración. Otras tantas son de titularidad pública y gestión privatizada. Hay 125 concertadas con parte de sus plazas sostenidas con fondos públicos. En Castilla-La Mancha, según un recuento de la Dirección General de Atención a Personas Mayores, con discapacidad o en situación de dependencia de 2010, de las más de 11.000 plazas pagadas con dinero público, el 39% son concertadas.
El Ayuntamiento de Jaén consignará en el juzgado los pagos de la Junta por Dependencia posteriores al 3 de diciembre
El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que consignará en el juzgado los pagos que reciba de la Junta de Andalucía por la aplicación de la Ley de Dependencia en la ciudad después del pasado 3 de diciembre, fecha en la que se desvinculó de esta prestación. Además, espera que la Administración autonómica concrete una reunión para esta semana con el objetivo de firmar un nuevo convenio en tanto mantiene que no hay ninguno en vigor, ya que denunció el anterior «en tiempo y forma».
Así lo han indicado este martes en rueda de prensa los concejales de Hacienda y Comunicación, Miguel Contreras, y de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, para los que el auto del juzgado Contencioso Administrativo número 3 de la capital conocido este lunes «no retrotrae a ningún momento», sino que «sólo toma una medida cautelar» «pensado en los dependientes» y sin «entrar en el fondo» de la cuestión, que es determinar a qué administración compete el servicio.
De esta manera, han insistido en los argumentos que tanto la propia edil en una nota como el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, apuntaron a conocer esa decisión judicial. Han reiterado que «da la razón» al Consistorio por cuanto reconoce que los impagos de la Junta le causaban «quebranto económico», que denunció el convenio «en tiempo y forma» y que el Ayuntamiento «en ningún momento ha hecho dejación de funciones de su labor administrativa» en esta prestación.
«Se sigue trabajando con estas personas que tienen reconocida ayuda a domicilio a través de la Ley de Dependencia; tramitando expedientes, PIA… Y nosotros no podemos dar ni altas ni bajas porque no tenemos competencia para ello. es la Junta la única responsable», ha asegurado Chamorro, quien ha instado al Gobierno andaluz a que «como mínimo» cubra las bajas que se producen porque «no es de recibo» que existan personas «esperando más de un año» para percibir el servicio que les corresponda.
Contreras, además, ha dicho entender que la Administración autonómica «debe valorar el auto» y, desde su punto de vista, lo está haciendo «en su justa medida», dado que «ya ha llamado al Ayuntamiento para sentarse a negociar a raíz de su propuesta» de convenio. En este punto, ha dicho esperar que se concrete el encuentro que planteó para «esta semana» con el objetivo de «poder llegar a la firma» de uno nuevo.
«PARÁLISIS»
Al respecto, ha hablado de «parálisis» en la Junta, ya que aunque afirmó en numerosas ocasiones que garantizaría la dependencia, «no ha hecho nada» ni se ha sabido «nada del plan B» que decía tener. «Hasta ahora la empresa que está desarrollando el servicio es la que tenía contratado el Ayuntamiento (Multiservicios Jabalcuz) y lo ha seguido prestando», ha apostillado.
Ante esta situación, el responsable de Hacienda ha informado de que «mientras no haya convenio» entienden que la relación entre ambas instituciones «está pendiente de la resolución del contencioso planteado por la Junta», de modo que aquellos ingresos que se produzcan los consignará en el juzgado.
La primera cuantía que le trasladará será una parte de los 318.500 euros que el Gobierno regional transfirió por los servicios prestados en noviembre y diciembre. En concreto, será la correspondiente a partir del 4 de diciembre, cuando se desvinculó de la Dependencia al vencer, según reitera, el convenio. «Ese dinero lo vamos a poner a disposición del juzgado y que tome las medidas que tenga que tomar o que se quede consignado hasta en tanto haya una sentencia», ha declarado el concejal, quien ha añadido que la otra parte de esa transferencia se va a «transferir inmediatamente a la empresa».
El TSJ abre la vía para que los herederos de 36.000 dependientes fallecidos reclamen la prestación
La sentencia de la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que reconoce a los herederos el cobro de la prestación de una dependiente que falleció sin cobrar la ayuda sienta un precedente demoledor para la Conselleria de Bienestar Social, según explicó Sandra Casas, la letrada de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. Más de 36.000 familias de usuarios que murieron sin haber cobrado la prestación por la demora de la Generalitat podrían exigir con altísimas garantías de éxito la retribución de este derecho generado presentando un recurso contencioso administrativo en el TSJCV.
Como contó ayer en exclusiva Levante-EMV, el alto tribunal valenciano ha obligado a la Generalitat a abonar la prestación a los herederos de una dependiente que falleció mientras la conselleria tramitaba su expediente porque fue «prolongada, defectuosa y morosa» por parte de la Conselleria de Bienestar Social. En este caso, el departamento que ahora dirige Asunción Sánchez Zaplana tardó dos años en resolver la solicitud de dependencia.
De esta manera, el TSJ valenciano se suma a la jurisprudencia sentada por otros altos tribunales como el de Andalucía que dan la razón a los dependientes fallecidos y sus herederos ante la administración autonómica. Pero los recurrentes valencianos se pueden encontrar con otra sentencia de la Sección Quinta del mismo TSJCV que avaló a la Conselleria de Bienestar Social que defiende que la muerte del dependiente era motivo de archivo del expediente, según explicó la letrada Sandra Casas, que está pendiente de que el tribunal resuelva numerosos casos similares que presentó ella y otros abogados.
La letrada se mostró optimista, aunque muy cauta en la sentencia y explicó que será complicado que el TSJ aplique la «extensión de efectos». Es decir, que los herederos exijan un procedimiento abreviado sin ir a juicio con la sentencia hecha pública ayer por este periódico. La abogada considera que los familiares de los dependientes posiblemente tengan que acudir al contencioso-administrativo, aunque con posibilidades de ganar en casi el 100 por 100 de los casos.
Sea cual sea la estrategia que elijan los herederos de los dependientes, lo que queda claro en esta sentencia de la Sección Cuarta del TSJ es que se reconoce el derecho de cobrar la prestación retroactiva pese a que el dependiente haya fallecido en el proceso, puesto que asume que los familiares han asumido el coste del cuidado del solicitante de su bolsillo. Y es más, el tribunal censura duramente a la Conselleria de Bienestar Social por su demora en la resolución de expedientes. Llega a decir de la administración valenciana «abandona a su suerte al dependiente durante el proceso de tramitación».
La clave: Sin el PIA aprobado
Otra de las claves importantes en la sentencia es que el TSJ tumba el argumento de la conselleria de que el fallecido no tenía reconocido el derecho al no estar aprobado el PIA (Plan Individual de Atención). En este caso, los jueces estiman que la «inacción» de la administración invalida la versión de la conselleria porque estaría actuando de manera perversa prolongando la tramitación para que fuera lo más larga posible. En román paladino, demoras en la resolución de los expedientes más allá de los dos años para que la persona que solicita el derecho acabe falleciendo.
Esta no es la única sentencia que cuestiona las resoluciones que está emitiendo la consellera de Bienestar Social. Cabe recordar que la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha cifrado en un 95 por ciento el porcentaje de casos judiciales ganados por personas dependientes y los profesionales y centros del sector que las asisten frente a la Administración.
Algunos ejemplos de situaciones que afectan a estas personas son la falta de resolución de las prestaciones de atención a la dependencia –en la Comunitat Valenciana existen más de 13.000 expedientes sin resolver–, los problemas en su ejecución e impagos de ayudas, y la desinformación y las dificultades en la libre elección de centro y servicio, situaciones provocadas por la «ineficacia» de la Administración valenciana.
Sanitas y Maria Wolff firman un convenio de colaboración para formar terapeutas en T2E®
- T2E® estimula, de forma sistemática, toda la amplitud de estados emocionales positivos, con una visión integradora del ser humano
- Sanitas ofrece sus centros residenciales de la Comunidad de Madrid a los alumnos que necesitan poner en práctica los conocimientos adquiridos en su formación en T2E®
- Las personas que han disfrutado de la terapia reportan haber vivido emociones y sentimientos que dejaron de sentir hace años
Sanitas ha firmado un convenio de colaboración con Fundación Maria Wolff para que los alumnos que se estén formando en Terapia de Estimulación Emocional T2E® puedan realizar las prácticas en sus centros residenciales de la Comunidad de Madrid. De este modo, Sanitas se suma a esta iniciativa brindando una oportunidad muy interesante a los alumnos que necesiten hacer prácticas guiadas con profesionales de Maria Wolff que dominan la técnica con maestría.
La Terapia de Estimulación Emocional T2E® es una Terapia No Farmacológica (TNF) muy novedosa. Se trata de la primera herramienta que permite a Terapeutas Ocupacionales, Psicólogos o Psicopedagogos hacer sentir a personas con problemas de memoria una variedad de 32 emociones positivas diferentes. La técnica se basa en los últimos avances en neurociencias relativos a las emociones, sentimientos y estados del ánimo, conectando el mundo de la ciencia con las experiencias más íntimas de amor, ilusión, afecto y respeto.
La gran ventaja de esta terapia es que aporta muchas vivencias satisfactorias y valores positivos tanto en las profesionales como en las personas receptoras. Las personas que han disfrutado de la terapia reportan haber vivido emociones y sentimientos que dejaron de sentir hace años.Los terapeutas formados en la técnica valoran los profundos conocimientos sobre emociones que se adquieren, así como la transformación interior que produce su práctica.
La intervención está diseñada para potenciar estas dinámicas en entornos institucionales como residencias y centros de día. Esta TNF ha sido desarrollada a lo largo de 10 años por un equipo de Fundación Maria Wolff, el mismo que ahora se encargará del trabajo docente.
Consulta el folleto para la formación en Terapia de Estimulación Emocional T2E®
Sanitas gestionará la residencia El Palmeral de Las Palmas de Gran Canaria
La gestora de centros para mayores Sanitas Residencial, integrada en el grupo de seguros y servicios sanitarios Sanitas, gestionará a partir del próximo 1 de marzo, la residencia de mayores El Palmeral,ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. La empresa ha llegado a un acuerdo para hacerse cargo del centro e integrarlo en su red, con su propietaria y actual gestora, la mercantil Explotaciones y Servicios Sociosanitarios. Inaugurada en 2005, la residencia El Palmeral cuenta con casi 8.000 m2 y dispone de 186 camas distribuidas en un total de 98 habitaciones.
Este acuerdo refuerza la apuesta de Sanitas Residencial por Canarias, donde también gestionará el futuro centro residencial que se está construyendo en la zona de La Mareta en Telde. En las islas, el grupo Sanitas cuenta con más de 42.000 asegurados, ocho oficinas de atención al cliente, tres clínicas ‘Milenium Dental’ y acuerdos firmados con los principales hospitales de referencia de la zona.
El Palmeral se convierte en la residencia número 41 de Sanitas Residencialen España y la primera operativa en Canarias. En 2012 (último dato disponible) Sanitas Residencial incrementó sus ingresos un 2,1% hasta 106,8 M€, incluyendo la actividad de las tres gestoras geriátricas del grupo: Sanitas Residencial, Sanitas Residencial Navarra y Sanitas Residencial País Vasco. Su volumen de inversiones en reformas de la red se acercó a los 5,7 M€ y su plantilla media alcanza los 2.880 trabajadores.
La patronal de residencias AERTE ve la solución jurídica como la única vía para salvaguardar sus derechos y los de los dependientes
En el último año el 95% de denuncias presentadas por dependientes o profesionales contra la administración los han ganado los demandantes
AERTE sospecha que la administración podría haber adoptado esta vía, esperar a que haya sentencia para pagar lo que debe y evitar así la solución administrativa aún teniendo que pagar igual. AERTE lamenta que la Consellería no realice su trabajo y obligue a cada dependiente con deudas pendientes a acudir de forma particular a la justicia.
Tras comprobar que durante el último año el 95% de las denuncias presentadas por dependientes y profesionales del sector contra la Generalitat son a su favor, la patronal AERTE (de residencias) sospecha que el gobierno valenciano ha tomado ese camino: obligar a que cada dependiente a quien le debe dinero acuda a los tribunales (quedan entre 11.000 y 13.000 expedientes sin resolver). El problema radica en que no todos pueden acudir a la justicia. María José Mira lamenta que el Consell no resuelva como debería, por vía administrativa.
AERTE llegó a esa conclusión tras una reunión informativa a la que acudieron afectados y profesionales. Afectados por la falta de resolución de las prestaciones de atención a la dependencia deberían acudir individualmente a los tribunales porque la administración no parece dispuesta a actuar como debiera y resolver esos expedientes por vía administrativa.
La opción elegida por la administración, sospecha AERTE, es esperar a que resuelva la justicia y de esa forma ahorrarse el trámite burocrático y pagar en el plazo de un mes. Algo lamentable, según la asociación, que recuerda seguirá luchando e insta a los afectados a coordinarse y recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La residencia MialSalud primer centro en recibir la Acreditación en el cuidado de demencias sin sujeciones
La iniciativa ha sido presentada este miércoles y pretende dar aliento, ayuda y reconocimiento a aquellas instituciones comprometidas con la mejora de la calidad asistencial de las personas con demencia. YA juicio de los organizadores, una correcta atención puede favorecer la eliminación de las sujeciones y, a la vez, mantener, o incluso mejorar, la seguridad global de los centros.
De hecho, esta acreditación va a avalar a los centros que ofrezcan cuidados y atenciones de calidad a las demencias y a sus residentes «libres de ataduras físicas». Esto es posible, según han explicado, mediante estrategias sistémicas de apoyo y formación de todo el personal de los centros, fundamentalmente, en el campo de las demencias, prevención de caídas, evitación de sujeciones químicas, manejo de problemas afectivos y conductuales mediante terapias no farmacológicas seleccionadas por expertos, y por programas que implanten una cultura amigable con las personas con demencias.
Al conseguir esta acreditación se garantiza que se aplica una metodología probada por Maria Wolff, la cual ha obtenido «excelentes» resultados y está respaldada por CEAFA. En este sentido, los centros que consigan acreditarse podrán ser recomendados por las asociaciones de familiares para potenciar unos cuidados de calidad.
«Cuando los familiares llevamos a nuestros enfermos a una residencia es porque el avance de su deterioro imposibilita ofrecerles un cuidado de calidad en el domicilio. Pero siguen siendo personas, a las que seguimos queriendo, y hay que tratarlas como tales, respetando sus derechos y su dignidad», ha comentado el presidente de CEAFA, Koldo Aulestia.
Por su parte, el presidente de Fundación Maria Wolff, Ruben Muñiz, ha asegurado que los centros que ya han puesto en marcha este modelo han conseguido una «marcada mejoría» en el ambiente de la residencia ya que, entre otros aspectos, los pacientes están «más tranquilos», la conflictividad con las familias se reduce «de forma notable» y no «aumentan» las lesiones graves por caída.
«Es necesario eliminar las sujeciones desde el punto de vista legal. Las sujeciones físicas, prescritas de forma diaria con la finalidad de evitar caídas y, sin haber intentado previamente otras alternativas que hayan resultado ineficaces, no son constitucionalmente legítimas. Según la doctrina del Tribunal Constitucional su uso debería quedar relegado a supuestos muy excepcionales», ha comentado la jurista de la Defensoría del Pueblo del Parlamento Navarra, Pilar García.
Finalmente, en el acto se ha entregado la primera ‘Acreditación en el cuidado de demencias sin sujeciones’ a la residencia MialSalud de Torrelodones, situada en Madrid. Su directora, Eva Alberquilla, ha recordado que la «mayoría» de sus usuarios tienen deterioro cognitivo y «alto riesgo» de caídas.
«Nuestro objetivo inicial era eliminar en el primer año de implantación del programa el 50 por ciento de sujeciones. En un año conseguimos eliminar el cien por cien sin aumentar las lesiones por caída. Pero lo importante no ha sido el objetivo final, sino implantar la idea de que trabajar de otra forma es posible, y produce satisfacción en usuarios, familias y cuidadores», ha zanjado Alberquilla.
La nueva reforma local recortará 300 millones en servicios sociales
Los efectos de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que retira a los ayuntamientos competencias en materia de educación y bienestar social, supondrá un recorte presupuestario de 300 millones de euros en servicios sociales en el conjunto de la Comunidad Valenciana, lo que afectará a 112.000 usuarios y causará la pérdida de 3.000 puestos de trabajo, 850 de ellos correspondientes a técnicos. Así lo explicó el martes en una charla-coloquio en Quart de Poblet el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, que ha elaborado un informe a partir de datos oficiales.
La asociación, cuyos estudios sobre la implantación del sistema de atención a la dependencia se han convertido en una fuente de referencia sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia en España, maneja numerosos indicadores y se basa para cuantificar el recorte en que 300 millones de euros “es la cantidad que aportan los ayuntamientos a estas ayudas y que ahora desaparecerá”.
La alcaldesa de Quart de Poblet, la socialista Carmen Martínez, que presentó a Ramírez en el acto celebrado en el Centro Cultural El Casino, abogó por recurrir la nueva ley ante el Tribunal Constitucional y dijo que “no ofrece soluciones, es decir, recursos a quienes tienen que asumir estas competencias, las diputaciones y la Generalitat, pero en cambio sí crea un grave problema a la ciudadanía que se queda sin estos servicios”.
Ramírez explicó que la Comunidad Valenciana ocupa el último puesto en la clasificación de comunidades autónomas por el desarrollo de su sistema de servicios sociales, aunque apuntó que se da la paradoja de que es la que más incrementó el presupuesto en servicios sociales entre 2009 y 2012, con un 14,69%. Pese a lo que calificó como “un meritorio esfuerzo”, dada su débil situación de partida, la Comunidad Valenciana está muy por debajo de la media estatal en gasto y en oferta de prestaciones.
Los datos que aportó el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales señalan que el gasto en servicios sociales ha pasado en la Comunidad Valenciana de 662,2 millones de euros en 2009 a 759,6 millones en 2012. Aún así, en términos relativos pasa de 129,5 euros por habitante en 2009 a 151,5 euros por habitante en 2012, lo que supone 123,6 euros menos que la media estatal, de 275,1 euros por habitante y año.
También el porcentaje del gasto en servicios sociales, que es del 5,6%, se sitúa por debajo de la media española, del 7,7%. En general, la cobertura de la Comunidad Valenciana en servicios sociales se sitúa en 0,6 puntos sobre 5. Entre los indicadores que empeoran figura la extensión del sistema de atención a la dependencia, que a finales de 2011 beneficiaba al 0,86% de los habitantes de la Comunidad Valenciana y a finales de 2012 había bajado al 0,83%.
El duodécimo dictamen sobre el desarrollo del sistema de atención a la dependencia, que la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hizo público la semana pasada en Segovia, coloca a la Comunidad Valenciana como la peor, con 0,4 puntos sobre 10. “En Valencia, una persona dependiente tiene la mitad de posibilidades de ser atendida que en el resto de España. hay 18.213 personas dependientes, una de cada tres, que tienen reconocidos los derechos pero figuran en lista de espera”, explicó Juan Manuel Ramírez. “Y lo más grave, en 2013 murieron más de 3.000 personas que tenían el derecho reconocido sin poder disfrutarlo”.
Bienestar Social se compromete con Lares CV a dar un Plan de Pagos a las residencias «en diez días»
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha asegurado a la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del sector solidario (Lares CV) que «en un plazo de diez días» fijará una reunión conjunta con Hacienda para establecer un Plan de Pagos para los centros sin ánimo de lucro, según ha informado la red de residencias en un comunicado.
La titular de Bienestar Social ha asumido este compromiso en la reunión que ha mantenido con la directiva de Lares CV, en la que también ha estado presente el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano.
Sánchez Zaplana ha afirmado que su Departamento ha estudiado el tema, pero que el pago «dependía de Hacienda», por lo que «era necesario verlo con sus responsables».
Por ello, se ha comprometido a sentarse con el secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, Eusebio Monzó, para darles un Plan que «pueda saldar la deuda que la Generalitat aún tiene pendiente con las residencias del sector solidario, el 60 por ciento del total de las plazas concertadas del 2013, que suma un total de más de 8 millones de euros».
El presidente de Lares CV, José Pascual Bueno, también ha solicitado a la consellera que el Plan de Pagos «no se ciña sólo a la deuda pendiente, sino que dé una solución general que garantice el futuro del sector y la atención a los mayores dependientes».
«Necesitamos un escenario claro de cuándo y cómo se va a cobrar, no solo la deuda acumulada, sino también de ahora en adelante, ya que, si no, solo será un parche, pero en unos meses volveremos a tener el mismo problema de liquidez en nuestros centros», ha resaltado Bueno.
Modificación ley servicios sociales
Lares CV también ha planteado a la consellera que se modifique la Ley de Servicios Sociales y se establezca un sistema similar al que ya existe en otras comunidades autónomas «que garantiza el sector solidario». Según ha asegurado Sánchez Zaplana, «se ha intentado trabajar» este aspecto, pero se han encontrado «problemas» para avanzar por la Ley de Bases.
Además de esta reunión con conselleria, la asociación de residencias del sector solidario ha solicitado a todos los grupos parlamentarios un encuentro para trasladarles la situación ante el impago y para abordar el futuro de la atención a las personas mayores dependientes. En esta línea, la semana pasada se reunió con el portavoz en las Corts del PSPV, Antonio Torres, y con el de Compromís, Enric Morera, y la semana que viene lo hará con el del PPCV, Jorge Bellver.
Actualmente, Lares CV está formada por 45 centros sin ánimo de lucro que atienden a casi 2.500 personas mayores dependientes y cuentan con unos 300 voluntarios, entre fijos y temporales.
Farmacéuticos de Barcelona colaborarán en la detección de personas mayores en situación de soledad
Las farmacias de Barcelona se han incorporado al proyecto Radars del Ayuntamiento de Barcelona, que vela por las personas mayores que viven solas. La colaboración se ha formalizado con la firma de un convenio entre el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB) y el Institut Municipal de Serveis Socials del consistorio, en un acto que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Barcelona con la presencia de la teniente de alcalde de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, Maite Fandos, y del presidente del COFB, Jordi de Dalmases.
El convenio nace del interés mutuo del Consistorio y del Colegio de coordinarse para llevar a cabo actividades sociales en los respectivos campos de actuación, para hacer más eficaz la atención a diferentes sectores de población en la ciudad de Barcelona. En el caso del proyecto Radars, se ha considerado que los profesionales farmacéuticos son personas con un perfil idóneo para hacer las tareas que requiere éste, puesto que los farmacéuticos son, por un lado, agentes de salud, y por otro, vecinos integrados plenamente en el tejido social del entorno.
Para poner en marcha el proyecto, se han establecido tres modalidades de colaboración de los farmacéuticos: el «Radar básico», mediante el cual el farmacéutico podrá identificar y comunicar situaciones de riesgo relacionadas con la población diana, aconsejando y derivando a las personas a la red de Servicios Sociales vía telefónica o por correo electrónico para que los técnicos municipales validen el caso y exploren la gravedad de la situación; «Farmacias como espacio de mediación», donde el farmacéutico podrá interceder y hacer que la farmacia sea un punto de encuentro entre la persona mayor y los Servicios Sociales; y «Radar especializado», mediante el cual el farmacéutico puede complementar la tarea de los Servicios Sociales, trabajando en los casos en que se ha determinado que se necesita una actuación de cariz sanitario, como revisión de medicamentos, seguimiento farmacoterapéutico con dispositivos de dosificación personalizada, o educación sanitaria de la patología.
Un proyecto de acción comunitaria
El proyecto Radars es un proyecto de acción comunitaria en el que intervienen el Ayuntamiento de Barcelona, las entidades del Tercer Sector y la ciudadanía a título personal, para crear una red de prevención que busca evitar la exclusión y el aislamiento de las personas mayores que viven solas, sobre todo aquellas personas que no cuentan con una red socio-familiar estable que pueda cubrir sus necesidades sociales, de afecto y amistad y que pueden resultar invisibles a su entorno.
El proyecto nació en el barrio del Campo de’n Grassot, en Gràcia, y en julio de 2012, el área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes le dio un nuevo impulso al extender el proyecto a otros barrios de la ciudad. En la actualidad, funciona en nueve de los diez distritos de la ciudad y en 15 barrios de Barcelona.
Con el visto bueno de la persona mayor, se les ofrece iniciar un seguimiento a partir de una plataforma de seguimiento telefónico, creada desde el proyecto y que gestionan entidades de voluntarios de los propios barrios: Avismon (en Santa Caterina y Ciutat Vella), Casal can Castelló (en el barrio de Sant Gervasi Galvany), el aula de Extensión Universitaria (en el barrio de Sant Ramon i Maternitat), el Casal Joan Casanelles y la entidad “50 y más” (en los barrios del Hoyo y Camp del Arpa del Clot) y Cruz Roja (en los barrios de Camp de’n Grassot, Vila de Gràcia y El Coll).
La iniciativa se ha visto ayudada, además, con otra acción en la que participa Cruz Roja para la detección de personas mayores en situación de vulnerabilidad: el programa «Puerta a Puerta», en el que los voluntarios de la asociación hacen una prospección por barrio para detectar a personas mayores que viven solas y cuya situación las hace idóneas para ser usuarias del proyecto Radars.
La teniente de alcalde Maite Fandos ha explicado este jueves que, con el proyecto Radares, “conseguimos un aumento de la corresponsabilidad social verso los problemas que afectan a las personas más vulnerables de la comunidad, especialmente en momentos como el actual”, de forma que “trabajamos plegados para conseguir una sociedad más cohesionada e inclusiva, y en consecuencia, más fuerte ante los varios problemas y crisis que puedan aparecer”.
El 85% de personas entre 65 y 74 años tiene móvil aunque con un uso «residual»
El 85% de personas entre 65 y 74 años tiene móvil aunque lo utilizan de manera «residual» y todavía tienen como dispositivo principal el teléfono fijo, según ha informado la investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Mireia Fernández-Ardèvol, a la luz de un estudio sobre el uso de las nuevas tecnologías entre los ancianos.
Las personas mayores de 65 años suelen hacer un uso más instrumental del móvil e incluso algunos lo tienen simplemente porque la familia les ha obligado y no porque lo crean necesario, ha informado este martes la UOC en un comunicado.
«Los que les enseñan a usar el móvil son normalmente los hijos y nietos», ha especificado Fernández-Ardèvol, que ha añadido que el principal servicio que utilizan los mayores de 65 años es el de las llamadas de teléfono,
Ha recordado que «muchos no están acostumbrados a escribir, o bien las teclas son muy pequeñas para sus dedos», por lo que rechazan escribir SMS y usar aplicaciones de mensajería instantánea.
«Es más frecuente que hagan llamadas perdidas antes que enviar mensajes», una buena forma de comunicarse a coste cero, ha añadido.
Ana Botella se compromete a que «ningún mayor se quedará sin teleasistencia por no poder pagarla»
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se ha comprometido este miércoles a que «ningún mayor se quedará sin teleasistencia por no poder pagarla».
Así lo ha confirmado durante su visita a la Central de Teleasistencia de Personalia, del Grupo ONCE, basándose en el «principio de solidaridad», de modo que los mayores podrán estar eximidos del pago o abonarán por el servicio 3, 6, 9 ó 12 euros al mes, en función de sus posibilidades económicas.
La teleasistencia es gratuita para los mayores que vivan solos y cuyos ingresos no exceden de los 690 euros al mes o para familias de dos personas con ingresos que no superan los 920 euros al mes.
En el otro extremo, las personas que viven solas con ingresos superiores a 1.499 euros y las familias con dos personas cuyos ingresos superen lo 1.999 euros al mes, tienen que aportar la cantidad máxima, fijada en 12 euros al mes.
Dentro del contrato figura incluir la aportación económica de los usuarios al coste del servicio mientras que el Ayuntamiento financia el 87 por ciento del total. Esta aportación está definida en base a la capacidad económica de los usuarios, para lo que se establece un baremo basado en los principios de solidaridad y justicia social.
EN BUSCA DE LA «FÓRMULA MÁS JUSTA»
«Hemos tratado de buscar la fórmula más justa, que paguen más quienes más tienen, y que no paguen, o paguen menos, quienes menos tienen», ha explicado la primera edil. Las aportaciones se calculan en función de la Renta Mensual Per Cápita (RMPC), que es el resultado de sumar todos los ingresos anuales (pensiones y rentas) de todos los miembros de la familia y dividirlos entre los doce meses del año.
El resultado se divide por el número de miembros de la familia. En el caso de personas mayores que viven solas, su renta se divide entre 1,5 lo que supone un coeficiente de compensación.
«La vulnerabilidad social no conoce de rentas, ni de clases sociales, ni de nivel cultural. La vulnerabilidad social puede afectar a cualquier madrileño y yo les prometo que todos van a poder seguir viviendo en su domicilio en condiciones de seguridad», ha insistido la alcaldesa.
BOTELLA SE PONE AL OTRO LADO DEL TELÉFONO
La alcaldesa no ha dudado en ponerse al otro lado de la línea telefónica y ha hablado con Concepción, una usuaria que le ha contado que, tras hacer la compra y ver «la novela», se «dará una vuelta con las amigas».
También ha asegurado que está «muy contenta» con el servicio de teleasistencia, como Manuela, una usuaria de 88 años que hoy ha celebrado su cumpleaños en la central, donde ha podido poner cara a la trabajadora con la que lleva hablando «todos los días» desde hace años, Asunción.
DE 30.845 A 133.000 USUARIOS
Botella ha recordado que cuando llegó al área de servicios sociales, hace ya diez años, eran 30.845 los usuarios de teleasistencia mayores de 65 años mientras que en 2013 esta cifra se amplió hasta llegar a los 133.000. Actualmente da cobertura al 21 por ciento de los madrileños de más de 65 años y al 45 por ciento entre los mayores de 80 años. Esta cifra cobra especial relevancia si se compara con la media nacional, situada en el 7 por ciento.
A destacar que entre las modificaciones de ese nuevo contrato –prorrogado hasta 2016 por un importe de 88 millones de euros– se contempla graduar el número de llamadas de seguimiento en función de la situación de riesgo de las personas mayores, con un servicio más equilibrado y personalizado.
De las 8,4 millones de llamadas que se producen al año entre los usuarios y las centrales de asistencia, la gran mayoría, el 85 por ciento, parten de la central para recordarles la medicación, citas médicas, conocer cómo se encuentran, es decir, es un servicio de acompañamiento.
Asimismo, a través del sistema se canalizan multitud de mensajes y consejos importantes para la salud y bienestar las personas mayores. Es una comunicación bidireccional puesto que los usuarios realizan un millón de llamadas al año, en su gran mayoría para situaciones de no emergencia, como hablar, saludar, peticiones de información…
Ahora la apuesta pasa por la personalización. A destacar la incorporación de la domótica a la mejora de la calidad de vida de los mayores, con sistemas tecnológicos que permiten detectar caídas en el domicilio, el número de horas que se pasa en el sofá, alarmas para avisar de que hay que tomar la medicación, que la nevera está abierta o que se ha producido un escape de gas.
El seguro de dependencia no consigue atraer clientes
Desde hace tiempo es obvio que la contratación de seguros de dependencia en términos absolutos no logra despegar. Ahora, un informe de ICEA hecho público por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) repasa los resultados provisionales del sector a 31 de diciembre de 2013 y refleja que a finales del pasado año eran 21.724 las personas que mantenían contratado algún tipo de seguro de dependencia, lo que supone un incremento del 10,71 por ciento con respecto a los datos definitivos a cierre de 2012, cuando eran 19.622 los seguros contratados, si bien los datos provisionales a 31 de diciembre de 2012, publicados en febrero de 2013, registraron 20.667 seguros contratados. Esta fluctuación en los datos se debe, según han explicado a Redacción Médica fuentes del sector, a esa provisionalidad de los datos, que están sujetos a correcciones trimestrales a medida que las compañías van afinando sus números. En todo caso, este crecimiento interanual esconde un retroceso, ya que a cierre del tercer trimestre de 2013 el total de seguros de dependencia contratados ascendía a 22.243, según datos provisionales.
Por otra parte, el crecimiento en el número de asegurados se ve acompañado de un crecimiento en el total de provisiones técnicas. Así, a 31 de diciembre de 2013 se elevaban a 6,28 millones, frente a los 5,75 a 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, de nuevo este incremento interanual contrasta con los resultados del tercer trimestre, cuando el total de provisiones técnicas ascendía a 7,3 millones de euros.
Pese a que cada vez son más las compañías aseguradoras que ofrecen este tipo de productos, lo cierto es que los clientes no terminan de decidirse por ellos. Un repaso a los datos de los últimos años muestra un techo que ha superado con dificultades los 22.000 seguros contratados para inmediatamente volver a perder ese máximo, lo que lo convierte en una figura prácticamente testimonial, si bien hay que tener en cuenta que este tipo de productos arrancaron tras la llegada de la Ley de Dependencia en 2006 y que su proliferación ha llegado en los últimos años.
En todo caso, desde hace tiempo se vienen debatiendo las razones por las que estos seguros de dependencia no consiguen captar el interés de los clientes, y aunque son variadas las opiniones, el sector coincide en que no se ha terminado de cerrar el capítulo normativo en este sentido, por lo que son numerosas las voces que han solicitado al Gobierno que desarrolle la legislación por la que debe regirse el seguro de dependencia, al tiempo que se ha pedido la desgravación fiscal de este tipo de seguro.
Quién cuida del cuidador: consejos básicos para familiares de personas dependientes
Cuidar a un dependiente requiere de mucha fortaleza mental, física y emocional. La persona en cuestión se va a enfrentar a situaciones que pueden llegar a perjudicar gravemente su salud física y psicológica. Es lo que se da en llamar “síndrome del cuidador”.
Hay más de 600.000 personas en España con algún grado de dependencia que viven solas en sus hogares. A causa de los recortes, son familiares quienes se ocupan de ellos en la mayoría de los casos y la Ley de Dependencia no contempla ayudas a la formación.
Todas estas personas tienen vocación de cuidadores pero carecen de las habilidades necesarias para ejercer en el día a día esta función. Lo asegura María Ángeles García Antón, trabajadora social y coordinadora del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) que ha elaborado el «Manual de habilidades para cuidadores familiares de personas mayores dependientes”.
Estas son sus recomendaciones fundamentales:
Cuidarse para cuidar
Si el cuidador enferma la persona a su cargo se queda sin atención, por ello es fundamental seguir pautas como visitar de forma periódica al médico, evitar el aislamiento social, ya que es básico para encontrar apoyo ante las demandas diarias, pedir ayuda cuando es necesario y valorar la función de cuidador que se está ejerciendo.
Evitar la sobrecarga
Vigilar el sueño, la alimentación, mantener una actitud positiva, buscar información y prepararse ante el duelo por el familiar se encuentran entre las cuestiones básicas que también ayudan a evitar la posible sobrecarga.
Fomentar la autonomía del familiar
En cuestiones de higiene hay que saber qué puede y qué no puede realizar de forma autónoma la persona a la que se cuida y promover esta autonomía. Vestirse, comer o cuidar de su aseo repercuten en la autoestima del familiar y en su salud. Si el cuidador debe ocuparse de estas cuestiones, el manual le ayudará a saber cómo realizar cada una de ellas para facilitar la tarea.
Cuidar las posturas
El cuidador debe ser consciente en todo momento de la postura física que toma cada vez que realiza una tarea como movilizar a su familiar en la cama, pasarlo de la cama a una silla o ayudarle a caminar.
Estar atento a la alimentación
La falta de apetito o la pérdida de peso son indicios de que algo sucede y el cuidador debe saber reconocer estos indicadores para consultarlos con el médico. La dieta es fundamental para evitar que aparezcan trastornos como el estreñimiento y se deben seguir pautas al alimentar al dependiente como no hacerlo cuando está tumbado.
Desarrollar habilidades de comunicación
Existen cuestiones muy prácticas como evitar hablar con el mayor cuando está enfadado o cansado, saber reaccionar ante muestras de agresividad o actuar de forma adecuada ante posibles alucinaciones. El médico es una vez más el mejor aliado para poder tomar la actitud más adecuada a la situación por eso acudir a su consulta es clave.
Conocer la medicación y cómo conservarla
El cuidador cuenta con el apoyo de médicos y enfermeros para ayudarle y afrontará mejor las situaciones que se le presenten con el mayor si reúne toda la información necesaria para ello.
Manejar las caídas
Un hogar adaptado evitará muchos de los accidentes comunes y si además el cuidador sabe cómo movilizar al familiar cuando haya sido inevitable su caída, evitará lesiones propias y empeorar las existentes en el mayor.
Estar informado
Conocer las figuras jurídicas para ejercer la tutoría del mayor o cómo acceder a las ayudas administrativas son otra asignatura importante para el cuidador. En la página web de la SEGG podrá encontrar respuesta a muchas de estas cuestiones.
Controlar el uso de sujeciones físicas
Siempre hay que utilizarlas bajo prescripción médica y cuando fallan otros métodos. Deben emplearse el menor tiempo posible y dejar el mayor margen posible de movimiento para el mayor.
El manual se puede conseguir de forma gratuita en los centros de salud y centros de servicios sociales y se puede descargar en la web del Imserso.
