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FAMMA remite a Consumo las denuncias sobre la aplicación de tarifas abusivas a usuarios discapacitados del Eurotaxi
La Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos y Orgánicos de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha remitido a la Dirección General de Consumo documentación que acredita que algunos profesionales del Eurotaxi Madrileño han aplicado tarifas abusivas a personas con discapacidad, según ha confirmado la organización en un comunicado.
FAMMA ha asegurado que «se ha denunciado públicamente esta situación a lo largo de las últimas semanas y han tomado esta medida con el fin de poder atajar de raíz las prácticas ilegales que llevan a cabo algunos profesionales del sector del taxi, quienes, en el 100% de los casos analizados por FAMMA, aplicaron a personas con discapacidad una tarifa superior a los 5 euros en el momento de la recogida, cuando, precisamente, éste es el tope máximo legal fijado en los cuadros tarifarios vigentes en este 2013, así como en la Ordenanza Reguladora del Taxi de Madrid».
A su vez, la organización ha añadido que se han detectado que hay incluso casos en los que los taxistas han aplicado una tarifa en el momento de la recogida de 18 euros, «una práctica lamentable que está fuera de norma y que menoscaba los derechos fundamentales de quienes tienen una discapacidad, como personas y como consumidores».
Los usuarios del Eurotaxi que han vivido este tipo de actuaciones, según expone FAMMA en el escrito enviado a la Dirección General de Consumo, «han sido objeto de una situación discriminatoria, dado que se les ha aplicado una tarifa ilegal y fuera de norma que no se aplica al resto de ciudadanos, lo que contraviene numerosos preceptos de la legislación vigente, entre ellos los que establece la Ley 51/2003 de Igualdad de oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (Liondau) o la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad».
«Precisamente, sin ir más lejos, en este último tratado, que ha sido rubricado por la Comunidad de Madrid en el pleno celebrado el 19 de junio de 2008, se establece, en su artículo 9, que la Administración debe garantizar la accesibilidad en igualdad de condiciones para todas las personas a las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público, como, en este caso, el transporte», ha declarado la Federación.
Por otra parte, FAMMA también ha asegurado que los conductores «aplican la cuantía máxima de recogida de 5 euros (o tarifas superiores) incluso en trayectos en los que, por proximidad, no se llegaría a ese importe y que, además de la aplicación de tarifas que están al margen de la legalidad, en los casos estudiados se brinda al usuario un servicio que, en muchos casos, no cumple con lo estipulado en la Ordenanza Reguladora del Taxi como la entrega de tickets que no se ajustan a la norma».
Por último, la Federación ha concluido manifestando que seguirá en actitud vigilante «para denunciar cualquier acción ilegal y discriminatoria que vulnere, como en este caso, los derechos de las personas con discapacidad».
García Ferrer afirma que la nueva ley de dependencia será ‘más sostenible y eficiente’
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, señaló que la nueva ley de dependencia va a ser «más sostenible y eficiente» y va a apostar más por la «prevención que la intervención».
García Ferrer se pronunció así tras la reunión mantenida con la presidenta de la Federación Provincial Alcarreña de Jubilados y Pensionistas de la Tercera Edad, Carmen Hombrados, con el objeto de informar a este colectivo acerca de la nueva normativa que entrará en vigor en breve, según palabras del director general de Mayores.
«Entendemos que era importante regular los servicios de prevención y de promoción de la independencia personal y así lo hemos recogido en la nueva ley», señaló el director general de Mayores, quien destacó que la nueva normativa recoge con detalle los servicios de atención al dependiente, «apostando por un modelo de servicio público y, si con éste no es suficiente, aportar el dinero necesario para que el dependiente contrate a profesionales que le presten dicho servicio».
En este sentido, defendió la profesionalización de la asistencia a los dependientes a la región, con un apoyo en casa en lugar de la asistencia en residencias y la inclusión del dependiente moderado «que con la actual ley no está recogido de forma detallada».
Todas estas medidas recogidas en la nueva normativa, insistió García Ferrer, van encaminadas a un objetivo único que es atender a los que más lo necesiten y de forma proporcionar a sus necesidades.
El director general explicó, asimismo, que la Consejería va a mantener el mismo número de horas de ayuda a domicilio a todos los grandes dependientes, a pesar de que el acuerdo del Consejo Interterritorial contempla que se reduzca su intensidad más de un 20 por ciento.
Para el próximo año, el Gobierno regional tiene prevista una inversión de más de 400 millones de euros para atender a las personas en situación de dependencia, señaló García Ferrer.
Por su parte, Carmen Hombrados manifestó su apoyo a la nueva ley que «no viene a quitar nada» sino a regular los servicios y adaptarla tras ocho años en funcionamiento de la norma. Como representante del colectivo de jubilados y pensionistas de la provincia agradeció a la Junta que «hayan contado con nosotros para saber las necesidades y servicios más adecuados» que la nueva ley debe recoger.
La Ley de Dependencia como fuente de empleo
La diputada de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla, Trinidad Argota, ha asistido a la clausura del «Curso de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones», una formación que la Diputación ha orientado a auxiliares en instituciones sanitarias, donde ha manifestado que la Diputación ha manifestado que «cree en la Ley de Dependencia como derecho y como yacimiento de empleo par nuestros jóvenes».
Argota ha asegurado que «a diferencia de lo que está ocurriendo en otros ámbitos de la política, la Diputación cree firmemente en la Ley de Dependencia. Atender a los sevillanos en su dependencia viene a satisfacer un derecho fundamental y, además, consideremos que, hoy, la dependencia constituye un campo de empleabilidad para nuestra juventud, con formación y capacitación pertinente».
Argota ha estado acompañada por la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, Aurora Cosano, y por la responsable Provincial de Cruz Roja, Auxiliadora Prieto, entidad colaboradora en la formación. La diputada ha hecho hincapié en «la colaboración que se establece entre Junta, ayuntamientos y Diputación para el desarrollo de estos cursos, y en que esta formación es un preludio para un contrato de cuatro meses, a través de los planes de Empleo Estable».
La consejera de Bienestar Social tacha de «inaceptable» que 50.000 niños catalanes sufran malnutrición
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat catalana, Neus Munté, ha tachado de «inaceptable» que 50.000 niños catalanes sufran malnutrición y 751 estén siendo tratados por desnutrición en los centros de atención primaria (CAP), unas cifras reveladas este lunes por el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó.
En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, Munté ha sentenciado que Catalunya «no tiene un problema estructural de desnutrición, sino problemas de malnutrición» relacionados con los hábitos saludables y el empobrecimiento de las familias.
Aún así, ha admitido que es «preocupante» que la pobreza infantil afecte ya al 28% de los niños menores de 16 años, aunque ha recordado que el Govern ha impulsado diversas medidas para hacer frente a esta situación.
Ha reiterado que los colectivos más vulnerables, especialmente los niños, son una «prioridad» para el Ejecutivo catalán y ha avanzado que las políticas sociales serán el principal eje de los presupuestos de los próximos años.
Munté también ha defendido a prórroga presupuestaria porque, precisamente, permite «no tener que recortar más» a los sectores con mayores dificultades.
Los mayores que viven en residencias suelen sufrir melancolía durante el verano
Las personas mayores que viven en residencias suelen sufrir melancolía durante el verano, especialmente aquellas que por su patología o su estado general no pueden salir del centro y acudir con los familiares a sus lugares de veraneo.
De hecho, en Lepant Residencial sólo se van de vacaciones tres o cuatro residentes de los 170 que habitan en él aunque suelen regresar a la semana o a las dos semanas. El motivo, según ha informado el centro, es porque muchos dicen sentirse una «carga» para sus familias y consideran que es hora de que disfruten sin ellos.
«La rutina es muy importante para las personas mayores. Cuando se les cambia de entorno y de rutinas, frecuentemente se desorientan y se irritan. Ir de vacaciones acaba siendo para ellos una angustia, se les hace todo una montaña y no saben cómo decir a la familia que prefieren quedarse en el centro», ha comentado la psicóloga del centro, Alba Ribas.
En este sentido, la trabajadora social Natalia Barrientos ha recomendado a los hijos o familiares que se vayan de vacaciones sin «sentirse culpables» de dejar a la persona mayor en la residencia porque, ha asegurado, estará «perfectamente cuidado» durante el tiempo que ellos estén fuera.
«Normalmente las familias son muy entregadas y visitan a los residentes muy a menudo, pero es necesario que también disfruten de un tiempo de ocio para ellos y desconecten de la residencia, aunque sea por unos días. Llevan mucha carga emocional encima», ha zanjado.
La Comunidad de Madrid paga el 80% de los servicios de dependencia y el Estado el 10%
La Comunidad de Madrid costea actualmente al 80 % de los servicios vinculados a la ley de dependencia a pesar de que la legislación recoge que las autonomías tienen que aportar un montante igual al del Estado en la financiación, explica en una entrevista concedida a Efe el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel.
Mientras que en las prestaciones económicas en el entorno familiar la regla del 50 % de aportación de las dos administraciones sí se cumple, admite Fermosel, en las prestaciones por servicios el Gobierno aporta solo «entre un 8 y un 10 %», un porcentaje similar al de los ciudadanos -la ley establece un copago en función de la renta-.
El consejero de Asuntos Sociales aguarda que esta situación cambie, y el que Consejo Inteterritorial acepte una reivindicación antigua como la de que el mínimo garantizado se eleve en el caso de estos recursos «de coste elevado».
Fermosel, que recuerda que Madrid destina más de 900 millones de euros a la dependencia, se queja de que el Estado, que aporta ese mínimo garantizado en función del grado del dependiente, financie «en torno a 250 euros» de una plaza de residencia que cuesta 1.800.
«La inmensa mayoría de las comunidades interpretaron el espíritu de la ley un poco por las hojas», prosigue el consejero, que dice que no atendieron al criterio de que los servicios son prioritarios, y no las pagas.
«El 44 % de los dependientes tienen prestación económica en el entorno familiar en España y en algunas comunidades este porcentaje supera el 60 %. Madrid está entorno al 20 %», añade Fermosel, que remarca que las prestaciones deben ser una «excepcionalidad».
Para ejemplificar el grado de insatisfacción de las comunidades, el consejero remarca que hasta el propio PSOE, cuando gobernaba tanto en Cataluña como en Castilla-La Mancha, pensó en «suspender» la ley por falta de financiación.
«Zapatero mintió en una sola frase dos veces cuando dijo que la ley iba a estar dotada de inicio con 1.000 millones de euros; pues ni inicio, ni 1.000 millones», se queja el consejero, que añade que por ley se atiende a menores de 0 a 3 años gracias a una enmienda del PP.
AERTE certifica en julio a 55 nuevos profesionales de atención socio-sanitaria en instituciones sociales
En lo que va de año, se han acreditado más de 200 auxiliares gracias al programa formativo de la asociación.
La Asociación de Empresas de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, Aerte, ha concluido en julio las prácticas del Curso de Atención Socio-sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. La acción formativa, de 450 horas, iniciada en octubre del pasado año, ha permitido certificar la profesionalidad de 55 profesionales más de los integrados en su red de centros, lo que les habilita para desempeñar las funciones de su cargo a los técnicos en esta materia.
En lo que va de año, se han acreditado más de 200 auxiliares gracias al programa formativo de la asociación. La patronal de la dependencia en la Comunidad Valenciana promueve así su compromiso por impulsar la profesionalidad en el sector, actualizando de forma continua el conocimiento de funciones y competencias socio-sanitarias a los más de 14.000 profesionales cualificados que aglutina y que atienden cada día a 22.000 personas en situación de dependencia.
De este modo, se estimula además su capacidad para generar empleo estable a través de su red asistencial compuesta por 200 empresas en las tres provincias. Y es que, en cada uno de sus más de 250 centros asociados, se crea un puesto de trabajo directo por cada dos personas dependientes que son atendidas.
El ejercicio físico permite a las personas mayores mantener una mente activa
La práctica regular de ejercicio físico permite a las personas mayores mantener una mente activa, además de sentirse ágiles, útiles y dependientes. Sin embargo, según alertan los expertos, son muchas las personas mayores que se olvidan de ejercitarla diariamente y evitar, así, que el paso de los años le afecte.
Los hábitos de vida saludables protegen a la mente del deterioro cognitivo o la falta de memoria. En este sentido, la directora médica del servicio de Promoción de la Salud de Sanitas, Clara Esteban, ha recordado que la mente sana se basa en tres pilares fundamentales: la realización de actividades intelectuales, la práctica de ejercicio físico y una alimentación saludable.
De hecho, las actividades intelectuales o de ocio como ‘sudokus’, sopas de letras o crucigramas consiguen lograr un cierto nivel de agudeza mental, ya que permiten entrenar la agilidad mental sin que suponga un gran esfuerzo para la persona realizarlo.
«Realizando este tipo de actividades, las personas mayores pueden prevenir la aparición de demencias así como la evolución de éstas si ya se hubiesen manifestado. Es más importante la calidad del tiempo destinado a realizar esta actividad que la cantidad de pasatiempos que se realicen, ya que cuánto más se practique estas actividades, combinando los diferentes tipos, la agilidad mental mejorará, y por tanto también lo hará la coordinación, la memoria y, por supuesto, la comprensión», ha comentado la experta.
Por ello, las personas mayores deben completar la actividad intelectual con la práctica de ejercicio físico que permite estimular los músculos y articulaciones, así como mejorar su coordinación y equilibrio. Actividades más veraniegas como fisioterapia en el agua o paseos a primera hora del día, evitando las de mayor calor, harán que las personas mayores estén motivadas a realizarlas, gracias también a las relaciones sociales que se establecen, y, por tanto, que éstas terminen repitiéndose.
LA IMPORTANCIA DE UNA DIETA SALUDABLE Y EQUILIBRADA
Por otra parte, la alimentación también influye a la hora de que las personas mayores mantengan una mente activa, e incluso para prevenir su deterioro. Entre los alimentos que favorece la agilidad mental destaca el pescado azul, que contiene Omega-3; las nueces, que aportan vitamina E; el salvado de trigo ,por su aporte de minerales; o el aguacate, rico en vitaminas, minerales y ácidos grasos.
Asimismo, la leche y los cereales integrales también son productos de consumo recomendado para las personas mayores al fomentar el buen funcionamiento de la mente. Además, en los meses veraniegos, la experta ha recomendado a las personas mayores que en su dieta no se olviden de incluir frutas y verduras, así como moderar el consumo de grasas.
Sanidad asegura que ha satisfecho pagos a Cataluña para financiar dependencia
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegura que ha satisfecho el pago que cada mes recibe Cataluña para financiar la ley de dependencia, una cantidad que asciende a los 121,5 millones de euros en el primer semestre del año.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dependiente del Ministerio, han respondido de esta manera al anuncio de la Generalitat de Cataluña que ha culpado al Estado de incumplir la financiación prevista en la ley y ha anunciado que suspenderá durante dos meses las nuevas prestaciones para pagar las residencias.
En concreto, la Generalitat ha decidido suspender durante ese periodo y de manera transitoria nuevas entradas de beneficiarios de prestaciones económicas para pagar plazas de residencias geriátricas, previstas en la ley de dependencia, debido a la precariedad de sus finanzas.
Las fuentes de la Secretaría de Estado han insistido en que la parte de la financiación que el Estado debe destinar a las comunidades autónomas, según la legislación, el denominado nivel mínimo, ya ha sido entregada mes a mes a Cataluña.
En concreto, el Estado ha destinado a Cataluña 15,5 millones de euros en el mes de enero; 22,7 millones en febrero; 31,7 millones en marzo; 17,9 millones en abril; 14,9 millones en mayo; y 18,8 millones de euros en junio.
Las fuentes han indicado que la aportación del Estado a las comunidades autónomas depende del número de beneficiarios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por lo que si la aportación a Cataluña ha descendido en los meses de abril y mayo ha sido porque esta comunidad no ha incorporado nuevos dependientes.
En total, esta comunidad cuenta con 139.117 beneficiarios.
Cataluña es tras Andalucía la comunidad que más dinero recibe del Estado para financiar la ley, subrayan las fuentes, que han hecho hincapié en que la gestión de la dependencia es competencia «exclusiva» de las autonomías.
En este sentido, subrayan que el autogobierno conlleva marcar prioridades en las políticas de gasto y, en este caso, de políticas de inversión social, por lo que «quizás la Generalitat debería plantearse» reorientar sus fondos «a las personas que más lo necesitan».
Desde el Ministerio, añaden las fuentes, «se hace un esfuerzo» para hacer sostenible la ley de la dependencia y entre otras medidas han señalado que hace pocas semanas se aprobó el plan de pago a proveedores por lo que la deuda de los conciertos con las residencias de ancianos estará cubierta.
La Generalitat catalana cifra en medio millar los dependientes afectados por el nuevo recorte en dependencia
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat catalana, Neus Munté, ha cifrado este miércoles en medio millar las personas con dependencia que se verán afectadas por la suspensión de nuevas ayudas para pagar una residencia privada por falta de una plaza pública, y se ha comprometido a que la medida será «transitoria».
En un comunicado, Munté también se ha comprometido a que la medida «no afectará a ninguno de los beneficiarios» que ya reciben este tipo de ayuda, conocida como prestación económica vinculada residencia (PEV), que actualmente beneficia a unos 9.000 catalanes.
Las personas que durante estos dos meses puedan quedar afectadas por esta suspensión serán atendidas «por otros servicios y ayudas» en el marco de la Ley de dependencia, ha dicho Munté, aunque no ha concretado cuales.
También ha mostrado la voluntad de la Generalitat de «no generar más problemas» a las entidades sociales y mercantiles, ni tampoco a los usuarios.
Ha recordado que en Cataluña «se han hecho esfuerzos económicos muy importantes para responder a los servicios y prestaciones vinculadas a la dependencia pese a los incumplimientos del Estado».
Ha alegado que la Generalitat ha decidido suspender las nuevas ayudas porque no quiere «generar falsas expectativas» al sector debido a la complicada situación de las arcas públicas, y ha defendido que se trata de una decisión que persigue la sostenibilidad del sistema.
«Lo que hemos hecho es establecer un plazo transitorio para ver de qué modo podemos resolver esta situación y como podemos ser el máximo de efectivos», ha valorado la consellera, que ha deplorado la deslealtad que, según ella, está mostrando el Estado con el pago de la dependencia a las autonomías.
Munté ha catalogado de «ejercicio de cinismo» el hecho de que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad haya dicho que el Estado ha efectuado las transferencias necesarias para que Cataluña pueda pagar las PEV.
Nota de prensa conjunta de las asociaciones empresariales del sector asistencial catalán
Las organizaciones empresariales del sector social piden a la consejera de Bienestar Social y Familia que no aplique la suspensión de las ayudas de la Ley de Dependencia anunciados.
Barcelona-. 31 de julio.
ACRA, la Unión Catalana de Hospitales, el Consorcio de Salud y Social de Cataluña y UPIMIR quieren expresar su preocupación ante el anuncio hecho por parte de la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté sobre la suspensión de las ayudas de la Ley de la Dependencia (prestaciones económicas vinculadas a servicios) durante los meses de agosto y septiembre.
A pesar de que se trata de una medida transitoria, las organizaciones empresariales del sector asistencial quieren manifestar que:
- Parar las Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicio (PEVS) durante dos meses impedirá que personas mayores, que no pueden pagar una plaza, se queden sin ingresar en un centro, abocando muchas familias a una situación muy complicada.
- Esta medida creará desocupación en los establecimientos asistenciales, cuando ya hay una lista de espera de 17.000 personas. El sector es uno de los pocos que ha mantenido la capacidad para generar ocupación (actualmente de un 1,2% sobre el total de la población activa catalana) y un incremento de cotizaciones a la Seguridad Social.
- La medida se añade al hecho que el ICASS no ha liquidado la totalidad de la deuda a los centres proveedores.
Por todo esto, las entidades piden a la consejera que:
- Reconsidere la aplicación de esta medida que afecta directamente los centros que han apostado para mantener un sector clave para la cohesión social y que constituye un estímulo para la recuperación económica de nuestro país.
- Que establezca un calendario para liquidar las deudas pendientes con los centres proveedores de servicios.
- Que no se siguen recortando los presupuestos de Bienestar Social y Familia si se quiere garantizar la continuidad de este sector y atender las necesidades asistenciales de nuestra gente mayor.
Las entidades se ofrecen a trabajar con la consejería de Bienestar Social y Familia en favor de la sostenibilidad de un sector tan importante por nuestro país.
Las olas de calor aumentan un 25% el peligro de morir
Las olas de calor aumentan un 25 por ciento el peligro de morir, según datos Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aportados por la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria (AIFiCC).
Además, un trabajo realizado por el Instituto de Salud Carlos III, ha mostrado que la mortalidad en personas mayores de 75 años aumenta un 20,1 por ciento por cada grado en que la temperatura máxima diaria supera los 36,5 grados.
De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la última ola de calor que asoló Europa en 2003 fueron 70.000 los muertos, y en España, 3.166 personas mayores de 65 años murieron como consecuencia de ello.
Por todo ello, AIFiCC ha destacado la importancia de beber bastante agua en los días que hace mucho calor, aunque no se tenga sed; protegerse de la exposición directa del sol; evitar realizar ejercicio físico de 12.00 horas a 16.00 horas; estar en lugares frescos; usar protección solar alta; y vestir con ropa ligera, clara, gorras y gafas de sol.
En este sentido, la organización ha recordado que los principales síntomas de un golpe de calor son mareo, confusión, desorientación, enrojecimiento, sequedad en la piel, ritmo cardiaco rápido, dolor de cabeza, vómitos, convulsiones, así como, en los casos más graves, problemas para respirar.
Así, en el caso en el que se produzca un golpe de calor, la Asociación ha aconsejado llevar a la persona a un lugar fresco, aflojarle la ropa, y enfriarlo rápidamente si es necesario con un baño de agua tibia, no muy fría para evitar bajar la temperatura corporal bruscamente.
Del mismo modo, ha subrayado la importancia que tiene que se le ofrezca agua a pequeños sorbos, y no se le suministre medicamentos. «Si presenta vómitos hay que girar de lado para mantener las vías respiratorias libres. Y, por supuesto, llevar a la persona al centro de salud más cercano», ha zanjado.
La Generalitat aplaza el ingreso de dependientes en residencias durante dos meses
La consejería de Bienestar Social retira las ayudas de la ley de la dependencia para acceder a centros residenciales y elimina las evaluaciones de nuevos usuarios durante los meses de agosto y septiembre.
Hace dos años fue el PIRMI, el año pasado los impagos a las entidades sociales y este año en la ley de la dependencia. Y ahora, la conselleria de Bienestar Social ha suspendido durante dos meses, agosto y septiembre, las ayudas que da a las personas dependientes para poder ingresar en una residencia. Es una ayuda que la administración les da para que puedan pagar parte de una plaza en un centro privado. Con este recorte no habrá ni nuevos ingresos ni tampoco se evaluarán nuevos usuarios para que puedan obtener estas prestaciones.
La Generalitat ha anunciado este recorte a través de un comunicado en la web y a través de un email a los trabajadores sociales. Bienestar Social lo argumenta asegurando que no le llega el dinero del Estado para pagar la ley de dependencia y que debe tomar esta medida transitoria de dos meses. «La actual situación presupuestaria, marcada por un escenario de prórroga, hace necesario el establecimiento de medidas extraordinarias que permitan la estabilidad del sistema«, dice el comunicado de Bienestar Social.
Cinta Pascual, presidenta de ACRA, la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, cree que los efectos serán muy negativos: «Dicen que es una medida transitoria pero encontrarnos como sector y como país con esta situación es del todo dramático».
El PSC, por su parte, ha denunciado que la Generalitat aproveche el mes de agosto para recortar por tercer año consecutivo. La portavoz de cohesión social del PSC, Eva Granados, explica las consecuencias que tiene el recorte que impone ahora la Generalitat: «simplemente no podrán acceder a las residencias y deberán quedarse en casa y ser atendidos por sus familias de manera no profesional cuando son personas que necesitan ser atendidas por profesionales en una residencia «. Recuerda también que la medida de no hacer nuevas evaluaciones durante dos meses supondrá que la situación de estas personas se alargue mucho más ya que hasta el mes de octubre no tendrán opciones de poder acceder al PIA (Programa Individual de Atención). Según Granados el perfil del usuario de una residencia es una mujer, de más de 80 años, con grado III (alta dependencia) con un nivel de ingresos medio de entre 8.500 y 10.000 euros anuales.
Un 44% de las personas que ocupan una plaza en residencias privadas reciben esta prestación de la Generalitat.
Bienestar Social de Algeciras pone en marcha gimnasia en las playas para mayores
La delegación municipal de Bienestar Social, que dirige la concejal Paula Conesa, ha puesto en marcha clases de gimnasia en las playas para mayores, que se impartirán todos los miércoles entre las 10.30 de la mañana y las 12.30 del mediodía.
Las clases comenzaron el miércoles de la semana pasada en la playa del Rinconcillo, en la zona de los Pulpos, y continuarán en esta playa hasta el día de la Virgen de la Palma, el 15 de agosto, barajándose después su traslado a Getares.
Las clases se imparten por parte de personal especializado de la delegación de Bienestar Social, son totalmente gratuitas y abiertas a la participación, y en una primera fase consisten en ejercicios de precalentamiento en seco que se realizan en la zona del módulo de adaptados, para continuar con ejercicios de coordinación dentro del agua y terminar con un suave caminar por la orilla de la playa.
La delegada manifestó que el programa tiene una doble función, ya que por un lado persigue mejorar la coordinación en los movimiento y el fortalecimiento muscular y articular, lo que redunda en la salud y en la calidad de vida; y a la vez facilitar la socialización y comunicación de los mayores entre sí.
Los centros de día de Cádiz se quedan vacíos por los recortes en la Ley de Dependencia
Lo que se convirtió en una conquista en tiempos de bonanza, corre ahora peligro con la crisis y las reformas. Los ajustes en todas las áreas, también en la de Servicios Sociales, están haciendo tambalear los cimientos de una ley que se definió como uno de los grandes avances en materia de bienestar social. La paralización de la Ley de Dependencia ha puesto en jaque a la mayoría de las residencias de ancianos de la provincia que ven como cada día cuesta más salir adelante ante los retrasos de los pagos de la Administración andaluza y la ausencia de nuevos usuarios. En especial, existe cierta preocupación por la viabilidad de los centros de día, un eslabón intermedio entre una residencia de ancianos y la convivencia con la familia. Aunque desde la Junta de Andalucía se ha querido potenciar la estancia en las unidades diurnas en los últimos años, lo cierto es que muchos de los centros de la provincia se han quedado sin usuarios a pesar de que las plazas están concertadas. Desde la Federación Andaluza de Unidades de Estancia Diurna (Fanued), su vicepresidente José Andrés de la Cruz explica que «a pesar de que existen una gran demanda, las plazas están vacías porque todo el sistema está paralizado».
Según los datos que manejan las asociaciones de unidades diurnas, el tiempo de espera desde que una persona solicita ser valorada a través del Sistema de Atención a la Dependencia, obtiene el grado y nivel de dependencia y se le asigna un recurso en algunas ocasiones llega a superar con creces un año lo que a su vez retrasa la llegada a los centros concertados.
En residencias como la de San Juan de Dios, gestionada por la Fundación Gerón, reconocen que de las 20 plazas concertadas que disponen en su unidad de día tan solo hay dos ocupadas. Ellos ya tuvieron que hacer un reajuste de su proyecto en Cádiz tras verse obligados a abandonar la idea de montar una segunda residencia de ancianos en el Convento de Santo Domingo y decidieron centrarse sólo en la de San Juan de Dios.
Situación parecida ocurre en la residencia geriátrica Adema, donde a pesar de tener solo dos plazas concertadas de las 29 que disponen, señalan que «entre unas 10 y 15 personas están a la espera de que se resuelvan sus expedientes». Circunstancias más complicadas viven en la Unidad de Estancia Diurna Santa María del Mar, también en la capital, donde de las 30 plazas conveniadas con la Junta mantienen sin ocupar seis. Sus circunstancias se agravan puesto que asumieron los costes de una reforma para ampliar su oferta a 45 plazas con el objetivo de poder firmar un convenio con la Junta pero la ansiada rúbrica no ha llegado y ahora compaginan las públicas con las privadas. En este centro critican que desde «hace dos meses y medio el Gobierno andaluz tan solo ha resuelto los expedientes para cubrir 11 plazas en toda la provincia».
Desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España señalan que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia ha provocado una tendencia ascendente en el número de plazas concertadas. Una dinámica que se cortó en julio de 2012. Desde Fanued alertan de que «salvo casos de extrema urgencia» ninguna persona dependiente «se ha incorporado en el último año a los recursos que ofrece la administración autonómica en materia de dependencia». La Federación hace hincapié en que en la Consejería de Salud y Bienestar Social se amontonan «cientos de expedientes» mientras «las personas mayores dependientes se encuentran desatendidas y privadas de un derecho subjetivo y universal».
Recortes en plantilla
Desde Comisiones Obreras, el secretario provincial de Sanidad, José Antonio Aparicio subraya que la reducción de plazas o la falta de llegada de nuevos usuarios está en directa proporción con los ajustes en la plantilla. «El empleo estable que generó la Ley de Dependencia en sus inicios está en verdadero riesgo», asegura, puesto que al no cubrir las plazas «se está comenzando a despedir a los profesionales». Desde el sindicato calculan que en torno a un 10 o un 15% de plantilla «se ha recortado» en los últimos años con la excusa de que no hay ratio para todos los profesionales, la gran mayoría de ellos contratos temporales.
Más de 2000 mayores participan de las terapias de rehabilitación acuática para la mejora de la motricidad
El programa se ha implantado en cincuenta centros residenciales este verano, si bien, se prevé que se extienda en breve a todos los recursos socio-sanitarios vinculados a la Patronal Aecas.
Más de 2.000 mayores participan de las terapias de rehabilitación acuática impulsadas en las residencias de la Red pública concertada de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana – Aecas para mejorar la motricidad y el estado de ánimo de los usuarios en verano, según ha señalado hoy el presidente de la citada Red, Marcos Penadés.
Se trata de una iniciativa que combina las terapias de exterior con actividades lúdicas en piscinas interiores acondicionadas para reforzar los programas de equilibrio o movilidad, al tiempo que permite eliminar la rutina que puede aparecer en el tratamiento de pacientes crónicos, tal y como ha explicado el portavoz de la Red pública concertada de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana – Aecas.
En este sentido, Penadés ha explicado que los efectos terapéuticos del agua se deben a sus principios mecánico y térmico, esto es, facilita los movimientos y tonifica, en función de las alteraciones controladas de la temperatura. De esta forma, el ejercicio en el agua facilita y resiste el movimiento dependiendo de la posición, mejora la percepción de la posición del cuerpo, ayuda a disminuir la espasticidad muscular y permite trabajar más tiempo, ya que la sensación de fatiga aparece más tarde, con lo que se pueden complementar la terapia de camilla o gimnasio habitual.
Además, la hidroterapia tiene efecto psicológico positivo en las patologías en las que el agua ayuda a la motricidad o disminuye las resistencias, facilitando movimientos que de otra manera no podría realizar el usuario, con lo que se logra, por ejemplo, una mejor movilidad articular, se aumenta la coordinación, integrando la sensibilidad propioceptiva y exteroceptiva y reiniciando la carga precoz.
Con estas terapias acuáticas, promovemos la autonomía del residente, mejoramos la circulación sanguínea y ofrecemos estímulos sensoriales que repercuten en la mejora del estado de ánimo, aspecto que se relaciona directamente con la salud general del usuario, según Marcos Penadés.
Centros de última generación
Por otra parte, Penadés ha recordado que la gran mayoría de los recursos socio-sanitarios vinculados a la Red pública concertada de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana – Aecas son de nueva construcción y/o incorporan instalaciones y servicios que complementan a los centros sanitarios especializados en enfermos crónicos como los Hospitales de la red Hacle. De esta forma, los más de 9.000 usuarios que reciben atención en estos centros y servicios complementario cuentan con instalaciones adaptadas a sus necesidades con piscinas climatizadas que permiten la extensión de las terapias acuáticas durante todo el año, así como talleres psicosociales, unidades de rehabilitación y atención de enfermería residente 24 horas, así como médicos especializados en geriatría en plantilla.
El objetivo es disponer de centros que permitan la atención a crónicos, pero también estancias temporales para rehabilitación y/o programas de respiro en las propias residencias o apartamentos independientes anexos. Un modelo que integra la gestión pública y la concertada y que –a juicio de Marcos Penadés- es una garantía para responder a las previsiones del Instituto Nacional de Estadística, que prevé que el envejecimiento de la población continúe en ascenso con una aceleración a partir de 2025, llegando a los 15 millones de personas mayores de 65 años en España, un 32% de la población.
Dpto. de Prensa: José Antonio Giménez • comunicacion@centrosaecas.com • t.627760487
Castellón y la Cruz Roja firman por la teleasistencia
El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, firmó un convenio por la teleasistencia con Cruz Roja, en una reunión en la que también estuvo presente la concejala de Bienestar Social, Carmen Querol. Bataller afirmó que el consistorio ha asumido a 268 usuarios de teleasistencia en su servicio de teleayuda municipal “para que ninguna persona que lo necesite se quede desatendida”. Ahora serán 1.308 personas las que reciban este servicio en el que la Cruz Roja lleva a cabo el trasvase del sistema y los equipos de teleayuda municipal.
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) reclama a Rajoy el dinero que garantiza la ley
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), patronal que aglutina al sector empresarial de atención a la Dependencia, ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que apruebe la partida presupuestaria suficiente que garantice el “cumplimiento íntegro” de esta Ley. Más de 200.000 personas no reciben ninguna prestación a pesar de necesitarla.
“La crisis no puede convertirse en el pretexto para acabar, por la vía de los hechos consumados, con los derechos reconocidos, por Ley, a las personas en situación de Dependencia”, asegura la FED en un comunicado con el que expresan su “más enérgica protesta” a la actitud del Gobierno en este sentido.
Por ello, inciden en la necesidad de que Rajoy dote de la financiación suficiente para dar atención a un colectivo, el de los dependientes, que están notando como nadie las consecuencias de la delicada situación económica y los recortes.
Además del mencionado llamamiento al Gobierno, estos ‘empresarios’ de atención a la Dependencia han solicitado la ayuda del propio presidente del Congreso. En un comunicado, la FED pide el popular Jesús Posada “la adopción de la resolución parlamentaria procedente que obligue al Gobierno de España a dotar al sistema de la partida presupuestaria suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las Administraciones Públicas competentes” en esta norma.
Asimismo, esta federación, que engloba a los operadores que actúan en residencias, centros de día y noche, servicios de ayuda domiciliaria y de teleasistencia, solicita a los parlamentos autonómicos que pongan su granito de arena y ayuden a que la Cámara baja presione a La Moncloa.
Junto a este llamamiento al Gobierno y al Congreso, la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia ha iniciado una recogida de firmas en change.org para lograr 500.000 firmas con las que incidir en la necesidad de que Rajoy dé su brazo a torcer en este asunto.
“Nuestro único propósito se encamina exclusivamente a que el Sistema responda a las necesidades de atención que requieren las más diversas situaciones de Dependencia, así como a la promoción de la autonomía personal, a la mejora de la calidad de vida y a hacer realidad la igualdad de oportunidades”, aseguran desde este colectivo.