Los centros de día de Cádiz se quedan vacíos por los recortes en la Ley de Dependencia

Centro de díaLo que se convirtió en una conquista en tiempos de bonanza, corre ahora peligro con la crisis y las reformas. Los ajustes en todas las áreas, también en la de Servicios Sociales, están haciendo tambalear los cimientos de una ley que se definió como uno de los grandes avances en materia de bienestar social. La paralización de la Ley de Dependencia ha puesto en jaque a la mayoría de las residencias de ancianos de la provincia que ven como cada día cuesta más salir adelante ante los retrasos de los pagos de la Administración andaluza y la ausencia de nuevos usuarios. En especial, existe cierta preocupación por la viabilidad de los centros de día, un eslabón intermedio entre una residencia de ancianos y la convivencia con la familia. Aunque desde la Junta de Andalucía se ha querido potenciar la estancia en las unidades diurnas en los últimos años, lo cierto es que muchos de los centros de la provincia se han quedado sin usuarios a pesar de que las plazas están concertadas. Desde la Federación Andaluza de Unidades de Estancia Diurna (Fanued), su vicepresidente José Andrés de la Cruz explica que «a pesar de que existen una gran demanda, las plazas están vacías porque todo el sistema está paralizado».

Según los datos que manejan las asociaciones de unidades diurnas, el tiempo de espera desde que una persona solicita ser valorada a través del Sistema de Atención a la Dependencia, obtiene el grado y nivel de dependencia y se le asigna un recurso en algunas ocasiones llega a superar con creces un año lo que a su vez retrasa la llegada a los centros concertados.

En residencias como la de San Juan de Dios, gestionada por la Fundación Gerón, reconocen que de las 20 plazas concertadas que disponen en su unidad de día tan solo hay dos ocupadas. Ellos ya tuvieron que hacer un reajuste de su proyecto en Cádiz tras verse obligados a abandonar la idea de montar una segunda residencia de ancianos en el Convento de Santo Domingo y decidieron centrarse sólo en la de San Juan de Dios.

Situación parecida ocurre en la residencia geriátrica Adema, donde a pesar de tener solo dos plazas concertadas de las 29 que disponen, señalan que «entre unas 10 y 15 personas están a la espera de que se resuelvan sus expedientes». Circunstancias más complicadas viven en la Unidad de Estancia Diurna Santa María del Mar, también en la capital, donde de las 30 plazas conveniadas con la Junta mantienen sin ocupar seis. Sus circunstancias se agravan puesto que asumieron los costes de una reforma para ampliar su oferta a 45 plazas con el objetivo de poder firmar un convenio con la Junta pero la ansiada rúbrica no ha llegado y ahora compaginan las públicas con las privadas. En este centro critican que desde «hace dos meses y medio el Gobierno andaluz tan solo ha resuelto los expedientes para cubrir 11 plazas en toda la provincia».

Desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España señalan que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia ha provocado una tendencia ascendente en el número de plazas concertadas. Una dinámica que se cortó en julio de 2012. Desde Fanued alertan de que «salvo casos de extrema urgencia» ninguna persona dependiente «se ha incorporado en el último año a los recursos que ofrece la administración autonómica en materia de dependencia». La Federación hace hincapié en que en la Consejería de Salud y Bienestar Social se amontonan «cientos de expedientes» mientras «las personas mayores dependientes se encuentran desatendidas y privadas de un derecho subjetivo y universal».

Recortes en plantilla

Desde Comisiones Obreras, el secretario provincial de Sanidad, José Antonio Aparicio subraya que la reducción de plazas o la falta de llegada de nuevos usuarios está en directa proporción con los ajustes en la plantilla. «El empleo estable que generó la Ley de Dependencia en sus inicios está en verdadero riesgo», asegura, puesto que al no cubrir las plazas «se está comenzando a despedir a los profesionales». Desde el sindicato calculan que en torno a un 10 o un 15% de plantilla «se ha recortado» en los últimos años con la excusa de que no hay ratio para todos los profesionales, la gran mayoría de ellos contratos temporales.

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