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En Cataluña hay 161.213 personas que se benefician de la Ley de Dependencia
La cifra supone un 12,1% más que en marzo de 2012. La Generalidad se queja de que el Gobierno no asume parte de la partida que le corresponde para hacer frente al coste de la aplicación de la ley.
Un total 161.213 personas se benefician actualmente de la aplicación de la Ley de Dependencia en Cataluña. Según los datos oficiales ofrecidos por la Consejería de Bienestar Social y Familia, el número actual de prestaciones y servicios asciende a 207.575 a fecha de 31 de marzo de este año.
En el último año (de marzo a marzo) hay un 12,1% más de beneficiarios de la prestación de ayuda para las personas en situación de dependencia -en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre-, pasando de los 143.724 al número actual de personas que reciben algún tipo de ayuda en Cataluña.
El 67% de los beneficiarios son mujeres y el 33%, hombres. Por edades, 78.946 tienen más de 80 años de edad; 43.869 personas, entre 65 y 79 años; y cabe destacar que1.135 bebés en Cataluña -menores de tres años- también reciben algún tipo de ayuda gracias a la norma de aplicación en toda España.
‘Un gran sobre esfuerzo’
En una respuesta al grupo del PSC en el Parlamento autonómico, la consejera Neus Munté i Fernández (CiU) ha informado que en el año 2012, la Generalidad ha destinado 922,8 millones de euros para sufragar los gastos de la aplicación de la Ley de Dependencia. Mientras que el Gobierno ha transferido a la Administración autonómica, para esta partida, 243,54 millones de euros.
Munté ha lamentado la baja cantidad del Gobierno destinada a esta partida y ha señalado que la Generalidad realiza ‘un gran sobre esfuerzo’ para garantizar las prestaciones y los servicios de la dependencia. Según los datos de la Consejería de Bienestar Social y Familia, la Administración autonómica soporta el 80% del coste de la aplicación de la ley y el Gobierno, el 20% restante.
Casi 800 euros por asistente personal
La Consejería también ha informado de que, en 2013, la media de tiempo para resolver las valoraciones de grado iniciales de las peticiones de posibles afectados por la ley está siendo de 1,19 meses; y para los programas individuales de atención iniciales (PIA), de 1,38 meses.
Además, la media de las prestaciones económicas otorgadas cada mes (tomadas con fecha del mes de febrero de 2013) a los beneficiarios están siendo de 283,34 euros para los cuidadores no profesionales; 669,56 euros para la prestación económica vinculada; y 788,70 euros para un asistente personal.
Curso sobre cuidados según el modelo de atención integral centrada en la persona
UNIVERSIDAD DE ALICANTE -18 , 19 y 20 de julio
La situación actual de reconfiguración de los servicios sociales y del Estado de Bienestar en general, pone de manifiesto la importancia de establecer nuevas estrategias de intervención ante los cuidados y las personas en situación de dependencia, que no comprometan la calidad ni la dimensión ética con la que se establece la relación de ayuda.
Atender a personas que tienen una situación de dependencia no es fácil. No basta con conocer las consecuencias de las enfermedades o discapacidades por las que las personas requieren ser atendidas. Tampoco es suficiente conocer «técnicas» como las de movilización o de apoyo a las actividades de la vida diaria.
Sabemos que, además de lo anterior, lo que es realmente efectivo es aprender cómo hacer la relación de ayuda desde principios éticos que tengan en cuenta el bienestar tanto de la persona atendida como de quien presta los cuidados. Para ello, se necesita conocer qué tipo de habilidades y técnicas utilizar para promover la independencia y la autonomía de las personas, cómo afrontar los cuidados de manera que los cuidadores y cuidadoras se sientan bien y no tengan que renunciar al desarrollo de su vida personal, laboral y social…
Todo lo anterior requiere conocer los elementos y estrategias relacionadas con los modelos de atención centrados en las personas. Por ello, los más señalados expertos y profesionales en estas materias y en la promoción y utilización de estos modelos de atención serán los ponentes de este curso de la Universidad de Alicante.
La metodología será muy participativa y se facilitarán materiales para aprender a cuidar bien desde una perspectiva eminentemente práctica. Entre ellos, se presentará una Guía para Cuidar y Cuidarse.
El curso va dirigido a todas aquellas personas que cuidan a otras en situación de discapacidad o de dependencia, ya sean familiares, cuidadores/as contratados por las familias y, naturalmente, también cuidadores profesionales. Por tanto, a las Asociaciones de personas con discapacidad, de familiares, etc. puede resultarles de utilidad.Y también a los proveedores de servicios.
Cursos de verano de la Universidad de Alicante «Rafael Altamira»
Fecha: Del 18 al 20 de julio de 2013
Lugar: Sede Ciudad de Alicante
Coordinación: Clarisa Ramos Feijóo, profesor del departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Unviersidad de Alicante/Pilar Rodríguez Rodríguez,Fundación Pilares
Programa
Jueves 18 de julio
9:00-9:15 Acto de Apertura y presentación del curso
9:15-10:30 Ponencia central: Innovación en los cuidados. Bases científicas, principios y aplicaciones del modelo AICP
Pilar Rodríguez Rodríguez, Fundación Pilares
10:30-12:30 Cuidado Familiar Evidencias y Implicaciones
Carmen de la Cuesta Benjumea, Universidad de Alicante
12:30-14:30 La voz de las mujeres cuidadoras. Estudios y evidencia científica
Miguel Ángel Mateo. Universidad de Alicante
Viernes 19 de julio
9:30-12:00 Los cuidados y las experiencias de programas de formación de cuidadores
Profa. Maria Silveria Agulló Tomás, Universidad Carlos III de Madrid
12:00-14:30 El malestar psicológico de las personas que cuidan. Intervenciones y Estrategias.
Andrés Losada Baltar, Fac. de Ciencias de la Salud Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid
Sábado 20 de julio
9:30-14:00 (Taller y mesa redonda) Taller participativo
Presentación: mesa redonda con representantes de las asociaciones de familiares y del ámbito del cuidado.
Modera: Pilar Rodríguez Rodríguez
Cuidar y Cuidarse. Promover la autonomía y la independencia en el día a día y el sistema organizativo
Teresa Martínez Rodríguez. Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Principado de Asturias
Pilar Rodríguez Rodríguez, Fundación Pilares
Clarisa Ramos Feijoo, Universidad de Alicante
14:00-14:30 Conclusiones y Clausura
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA AQUÍ
Casi la cuarta parte de los mayores de 65 años tiene problemas para salir a la calle y transitar por las calles sin riesgo para su salud
Motos aparcadas en medio de la acera, farolas o papeleras que impiden el paso en sitios estrechos, firme en mal estado… para la mayoría de los viandantes son un fastidio, pero para las personas de más edad son obstáculos a veces insalvables. Casi la cuarta parte de los mayores de 65 años, en concreto un 23,9% declaran tener problemas de accesibilidad, según el Barómetro del Mayor de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP).
El 8,8% de los afectados afirma encontrar los mayores problemas de accesibilidad en las calles de los municipios, seguido del acceso a las viviendas (8,5%), al transporte público (7,2%), a los edificios públicos (4,8%) y a parques o plazas (4,3%).
«Son riesgos potenciales para una persona mayor a sufrir caídas, por lo que pedimos a las administraciones especialmente a las locales que mantengan su inversión en la mejora de las vías de tránsito, así como el acceso al transporte público, cuyos principales usuarios son las personas mayores», señala el presidente de UDP, Luis Martín Pindado, que añade: «No podemos confinar a las personas mayores en su hogar porque carezcan de ascensor o rampas de acceso».
Los problemas de accesibilidad impiden a uno de cada tres (33,1%) afectados mayores de 65 años realizar algunas actividades como acceder a lugares con escaleras, sin rampa ni ascensor (49,3%); realizar la compra (29,4%) o la limpieza doméstica (28,8%); o utilizar el transporte público (10,7%).
Para Pindado es imprescindible seguir trabajando en planes de accesibilidad, y ayudando económicamente a aquellas personas quenecesitan realizar algún tipo de reforma en su vivienda. «Garantizar que las personas mayores vivan en su hogar y en su entorno es una inversión a futuro, tanto por el beneficio económico como social que esto produce», asegura el presidente de UDP.
El 5,4% de las personas mayores tienen dificultad para moverse sin riesgo en sus propias viviendas o en el acceso a su edificio. De éstas, el 82,7% cree que sería necesario realizar obras para mejorar la accesibilidad como la instalación de ascensores o su adaptación (53,1%); de rampas o pasamanos (32,4%). En cuanto a las mejoras en el interior, para el 23,2% sería necesario reformar los cuartos de baño y para el 6,9% la instalación de calefacción o aire acondicionado. Tan sólo el 1,1% se refieren a la mejora de la iluminación.
La mayor parte de los mayores de 65 años (64,2%) afirman no conocer la existencia de ayudas de las administraciones públicas para realizar obras de mejora y accesibilidad en la vivienda, siendo el colectivo con ingresos más reducidos de hasta 750 euros al mes los menos informados (22,3%), frente a quienes ingresan más de 1.250 euros al mes (51,6%).
Sin embargo, más de la mitad (53,2%) afirma que su ayuntamiento sí se preocupa por hacer más accesible su ciudad, percepción que es mayor entre quienes viven en el ámbito rural (62,8%), o en ciudades de más de 100.000 habitantes (58 %), excepto en Barcelona y Madrid con un porcentaje del 34%. La percepción de aquellos que viven en ciudades pequeñas (hasta 100.000 habitantes), es diez puntos menor (48%) que entre aquellos que viven en grandes ciudades.
Expertos coinciden en la importancia de planificar «la etapa de la vejez para tener una calidad de vida digna»
Fundación SERES, Caser y Vodafone han organizado la jornada ‘Envejecimiento, crisis y RSE’, en la que se apuesta por «planificar la etapa de la vejez para tener una calidad de vida digna» y del papel importante que las empresas deben tener en este tema.
Así lo ha manifestado el director general de Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE, Miguel Ángel García Martín, al cierre de estas jornadas, que han tenido lugar en el Club Financiero Génova. «Debemos entender que el envejecimiento es una oportunidad gracias al logro del incremento de la esperanza de vida», ha sentenciado.
En la jornada también ha participado la directora general de Fundación Seres, Ana Sainz, que ha instado a «anticiparse a los problemas que atraviesa la sociedad», y añade que «el envejecimiento es uno de ellos en el que están trabajando muchas de las empresas de la fundación».
La empresa de estudios de mercado Feebbo, realizó un estudio para Fundación Seres sobre «hábitos de consumo en mayores de 50 años», en la que se ponía de manifiesto que «los mayores son uno de los colectivo a los que más está afectando la crisis» y que «el 94 por ciento de ellos consideran que las empresas podrían realizar más actuaciones enfocadas al colectivo».
Por su parte, el coordinador General de Cruz Roja Española, Antoni Bruel, ha recordado que el 20 por ciento de los mayores de 80 años tienen alto riesgo de enfermedad y dependencia. «Este colectivo debe diferenciarse del grupo de edades comprendidas entre 65 y 79 años, es un grupo totalmente distinto», ha matizado.
«Nuestras preocupaciones deben centrarse en la permanencia de estas personas en el entorno, en poco tiempo nos encontraremos con un problema de trabajo sumergido en personas mayores de 65 años que hay que solucionar», ha apostillado.
En la segunda parte, con el nombre ‘Retos en materia de RSE. Tecnología, productos y servicios’, han intervenido el director de Sostenibilidad y Calidad de Vodafone, José Manuel Sedes, y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales en Caser, Juan Sitges.
En este sentido, Sedes ha explicado que la estrategia de Sostenibilidad de Vodafone está centrada en hacer la vida más fácil a los colectivos desfavorecidos. Así, ha insistido en que «los mayores piden que se hagan productos adaptados para ellos» y, por ello, «se apuesta por dispositivos accesibles, tratando de disminuir la brecha digital que existe en este colectivo».
Por último, Sitges ha hablado de la labor de Caser en el envejecimiento. «La etapa de la vejez no se debe politizar. Las personas mayores son un colectivo que está sufriendo grandes dificultades, hay que planificar la etapa de la vejez para que tengamos una calidad de vida digna», ha sentenciado.
Imputados por estafar a ancianos de una residencia con recetas de fallecidos
Dos responsables de una residencia de ancianos de Roquetas de Mar han sido imputados por la presunta estafa cometida al utilizar las recetas electrónicas de 26 personas fallecidas entre enero de 2010 y junio de 2012, con las que pudieron defraudar al sistema público de salud algo más de 10.000 euros, ha informado la Guardia Civil.
La operación ‘Pegollo’ se inició después de que durante una visita de inspección de las instalaciones de la residencia, los inspectores de la Delegación de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Almería detectaran una serie de irregularidades, en cuanto a la facturación de medicamentos dispensados mediante receta electrónica, a pacientes fallecidos de la residencia, hechos de los que informaron a a la Guardia Civil.
En su investigación, los agentes de este cuerpo confirmaron que la residencia continuaba haciendo uso de la tarjeta sanitaria de ancianos con posterioridad a su fallecimiento, con lo que recibía de forma gratuita y durante el periodo de validez del tratamiento los medicamentos y productos sanitarios recetados al paciente, que destinaban a otros residentes.
Este es el segundo caso de fraude con recetas de pacientes fallecidos que se ha descubierto en Almería en 2013, puesto que a primeros de año fueron también imputados los dos responsables de una residencia de ancianos de Vícar. En este caso, los agentes de la Guardia Civil detectaron el uso de las recetas electrónicas de 24 personas, fallecidas entre enero de 2010 y junio de 2012, que supuso un coste de 4.367 euros para el erario público.
Las estafas a la Dependencia se castigan con multa de hasta un 1 millón
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en una medida que se adapta como un guante a los tiempos actuales, aprobó hace días un decreto que modifica el reglamento de funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales y que persigue multar a los que infrinjan la aplicación de los recursos obtenidos con la Ley de Dependencia. En definitiva, acabar con el fraude -si es que lo hay-.
La norma -que recae sobre particulares e instituciones- desarrolla el cuadro de infracciones y sanciones previstas en la Ley de Dependencia. El texto andaluz consolida el modelo sancionador previsto en la ley estatal y establece para faltas leves multas de hasta 300 euros a personas cuidadoras y de hasta 30.000 a instituciones proveedoras de servicios. Para las graves, las cuantías oscilan entre 300 y 3.000 euros para cuidadores y entre 30.000 y 90.000 euros para entidades, mientras que las muy graves se sitúan entre 3.001 y 6.000 euros para particulares y de entre 90.001 y un millón de euros para proveedores.
Los cambios -anunció el ejecutivo andaluz- se dirigirán sobre todo a vigilar la labor del servicio de ayuda a domicilio, así como las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. En Andalucía, los profesionales de la inspección realizaron el año pasado 74.209 visitas domiciliarias, de las que 17.102 se dirigieron al primero de estos fines y 57.107 al segundo.
La tarea inspectora se va a reforzar. Aunque sea por el simple hecho de que los trabajadores tienen más tiempo libre: «Los que ejercían de valoradores de los solicitantes para ver si tenían derecho a recibir o no una ayuda han sido destinados a realizar inspecciones. Las altas están paralizadas desde hace año y medio», explica un funcionario granadino. También señala que -ante los recortes del Gobierno central y la escasa disponibilidad presupuestaria de la Junta- el personal encargado de agilizar las prestaciones está ahora destinado a perseguir a los infractores de la norma.
Como consecuencia, la Inspección de Servicios Sociales detectó en Andalucía en el año 2012 un total de 51 infracciones, de las que 15 fueron leves, 35 graves y una muy grave. «En cuanto a recursos asistenciales en Jaén, los inspectores impusieron durante 2012 una falta grave», aseguran en la Junta de Andalucía. La media de las sanciones graves fue de 9.200 euros y las muy graves, 37.000 euros, explican fuentes de Salud y Bienestar Social.
«Nos criminalizan»
Algunos ciudadanos afectados entienden el recrudecimiento de las medidas persecutorias, pero otros las ven como una sinrazón. «A mí me parece maravilloso que se persiga a los infractores, lo que me parece una barbaridad es que el Gobierno esté recortándonos a todos las prestaciones, sin asegurarse primero de quiénes hacemos buen uso de ellas o no. Los gobernantes no se dan cuenta de que esas miguitas de pan que suponen la Ley de Dependencia son un balón de oxígeno para quienes vivimos esta situación. Si nos la quitan, nos asfixian», explicaba ayer Carmen, madre de un niño discapacitado.
«Me parece indigno y descabellado que se criminalice a los ciudadores, una población que tiene a sus espaldas la responsabilidad económica y moral de una persona dependiente, mientras se permiten fraudes como los ERE, Urdangarin o Bárcenas, que no devuelven el dinero robado. Solo con los más de mil millones de los ERE en Andalucía se podrían pagar dos años de la Ley de Dependencia a los andaluces. Nos condenan a los más necesitados», declaraba Natalia Gómez, funcionaria jubilada e hija de una anciana con alzhéimer, que percibe por la atención a su madre 370 euros.
No obstante, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, explicó el día que vio la luz verde la norma que se reforzaban los mecanismos de inspección no porque hubiera habido muchos fraudes, sino para que las personas dependientes recibieran la mejor calidad posible en sus cuidados.
La administración autonómica (que financia el 70% frente al 30% del Gobierno central) ha destinado unos 5.400 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor en el 2006 y en los presupuestos de este año se consigna una partida inicial de 1.108 millones.
Nuevo cheque de ayuda a domicilio en Castilla-La Mancha
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, ha anunciado la creación de un cheque de Ayuda a Domicilio, que permitirá al propio usuario elegir la persona o entidad acreditada que quiere que le preste este servicio.
El director general ha mantenido un encuentro con representantes de asociaciones de mujeres del medio rural, en el que han participado la presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Carmen Quintanilla, y miembros de la Junta Directiva de cuatro provincias de la región, según ha informado la Junta en nota de prensa.
En este marco, el director general y las representantes de AFAMMER han acordado trabajar «de la mano» en la renovación del Servicio de Ayuda a Domicilio que la Junta de Comunidades presta a los ciudadanos que lo precisan en Castilla-La Mancha.
Esta «innovadora» propuesta, ha dicho García Ferrer, servirá de vía para que muchas mujeres del medio rural puedan trabajar como autónomas o cooperativas de iniciativa social. «Así favoreceremos la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestros municipios», ha señalado.
Hasta el momento, este servicio lo prestan los ayuntamientos, a través de subvenciones concedidas por la propia Junta de Comunidades. La puesta en marcha de este proyecto vendrá a complementar la estructura del mismo a través de personas o entidades acreditadas. Además, el nuevo modelo de cheque de Ayuda a Domicilio, que comenzará a funcionar a principios del próximo año, permitirá que el ciudadano elija a la persona que le preste este servicio.
Llegar a todos
El motivo que ha llevado a replantearse y modificar la estructura del Servicio de Ayuda a Domicilio «es llegar a los 200 municipios de la región a los que no estamos llegando actualmente. De ellos, 140 corresponden a la provincia de Guadalajara, que en la actualidad no pueden acceder al mismo. Con la puesta en marcha de esta iniciativa, el Gobierno regional, en colaboración con AFAMMER, logrará llegar a todas aquellas personas que lo necesitan y que en la actualidad por distintos motivos, no reciben la ayuda», ha aseverado García Ferrer.
«Clara apuesta de futuro»
Por su parte, la presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla, ha afirmado que este acuerdo es «una clara apuesta de futuro para las mujeres que se encuentran en el ámbito rural. Hemos demostrado que somos emprendedoras y capaces de liderar proyectos de diversa índole en los municipios».Quintanilla ha apuntado que «desde la formación y la profesionalidad, las 15.000 mujeres que forman parte de esta asociación en la región asumirán este compromiso, para ayudar a los mayores y dependientes que requieran de esta atención», ha concluido.
Aprobado el decreto que regula el Comité de Ética en Intervención Social del Principado
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regulará el Comité de Ética en Intervención Social, un órgano multidisciplinar, de carácter consultivo y asesor, que mejorará la calidad en la intervención social.
Este comité se encargará de analizar y asesorar en la resolución de posibles conflictos éticos, en los ámbitos de intervención de servicios sociales; de orientar en la elaboración de documentos de buena praxis o protocolos de actuación, desde el punto de vista ético, y en potenciar la formación en ética asistencial de los profesionales de los servicios sociales.
Un rasgo distintivo del futuro comité de ética en Servicios Sociales lo constituye la apuesta por la participación y la búsqueda de la pluralidad a lo largo de todo el proceso. Profesionales diversos, de distintos sectores, de distintas disciplinas, de la atención directa y de la gestión, del ámbito público y privado, han participado en este proceso. Un espíritu que permanecerá en la composición final de los miembros que integren este primer comité.
Por tanto, el Comité de Ética en Intervención Social se configura como un recurso para facilitar la reflexión y deliberación, orientando prácticas concretas que ayuden a la toma de decisiones óptimas y prudentes en aquellos casos donde convergen diversidad de perspectivas y opiniones entre todas las partes implicadas, como son los profesionales, personas usuarias, familias, entidades e instituciones, así como otros agentes sociales.
En definitiva, su papel debe de ser el de constituir un foro de deliberación, multidisciplinar e independiente, al servicio de la calidad asistencial y del bienestar de las personas usuarias de los servicios sociales, contribuyendo a la adopción de decisiones de calidad en supuestos complejos en que se presentan conflictos de diversos valores o derechos de las personas implicadas.
Fuente: http://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.07ff9aff07894a25ffdfb2c5f2300030/?vgnextoid=5c2da4e82fbce310VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=123d6a6227cdd210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es
Sanitas participa en un proyecto internacional para demostrar que el ejercicio físico aplaza la dependencia
Sanitas Residencial va a participar en un proyecto internacional, llamado ‘Happier’ y liderado por el grupo asociativo Siel Bleu, que tiene como objetivo demostrar como un programa de actividad física adaptada, diseñado y aplicado por profesionales resulta eficiente para contribuir a un envejecimiento activo en el entorno residencial.
Con una financiación del Ministerio francés de Salud y de la Comisión Europea, el proyecto está enmarcado en el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la solidaridad intergeneracional celebrado en 2012, y tiene como base los 32 centros residenciales participantes, de los cuales ocho son españoles y tres pertenecen a Sanitas Residencial.
En concreto, el fin de esta iniciativa es mantener y mejorar las capacidades físicas de las personas mayores para así aplazar los efectos de la dependencia y las desventajas vinculadas a la enfermedad, al envejecimiento o la minusvalía.
Así, durante 18 meses, un total de 450 residentes participaran en el proyecto. En el caso de España, una treintena de residentes de Sanitas Residencial Loramendi, Sanitas Residencial Les Corts y Sanitas Residencial Provença realizarán cuatro tipos de programa centrados en siete aspectos básicos: resistencia, aguante, flexibilidad, equilibrio, memoria, comunicación y relajación.
Además, los técnicos de Siel Bleu llevarán a cabo, de forma regular, un seguimiento y una evaluación detallada semanal, mensual y semestralmente. De esta forma, los educadores deportivos serán los encargados de valorar la movilidad mientras que los responsables del grupo se centrarán en indicadores como el conocimiento y la socialización.
Del mismo modo, en los distintos controles se valorarán opiniones como la implicación, el bienestar y la autonomía de cada uno de los participantes. Incluso, se tratará de medir otros aspectos como la contribución indirecta del programa sobre los profesionales de la residencia, dado que las mejoras de autonomía y de humor de los participantes influye positivamente en el trabajo diario de los profesionales.
En este sentido, más de 96 cuidadores y médicos y 15 educadores físicos estarán inmersos en este proyecto con el fin de mejorar, en todo lo que sea posible, la vida de los residentes.
ACRA alerta de un recorte encubierto de las tarifas para la atención a las personas mayores
Los nuevos baremos establecidos desde el Estado y la eliminación de los niveles por el Consejo Territorial del SAAD comportan a la práctica una bajada encubierta de tarifas
El ICASS, que todavía no ha comunicado cómo ni cuando pagará la mensualidad pendiente desde julio de 2012, no está pagando nada por los nuevos ingresos desde diciembre, ni por las actualizaciones de grado de los usuarios, ni lo hizo con la actualización de los anticipos de todo el año pasado
La deuda, que se incrementa mensualmente, ya se sitúa alrededor de dos nóminas enteras con cada una de las empresas y entidades.
Los nuevos baremos para la valoración del grado de dependencia de las personas solicitantes establecidos por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), así como la simplificación de los grados y de los niveles del sistema, que presentó el julio pasado el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad -que cambia a tres grados (Gran Dependencia, Dependencia Severa y Dependencia Moderada) los seis niveles anteriores- están comportando a la práctica una bajada encubierta de las tarifas públicas para los servicios de atención a las personas mayor.
Se trata de un problema económico más en el largo listado de dificultades con que se encuentran los operadores de Servicios Sociales en todo el Estado y que en Cataluña se suma a la gran deuda que tiene la Administración con las empresas y entidades asistenciales. Y es que, además de la nómina íntegra pendiente desde julio de 2012, en cuanto a las empresas y entidades colaboradores asociadas, el ICASS tiene con cada una de ellas una deuda añadida que llega ya a otra mensualidad completa, según la información recogida a través de dos barómetros enviados recientemente a los socios de ACRA.
Una deuda, si cabe, aún más preocupante que las cantidades pendientes desde julio, pues se incrementa mes tras mes y está relacionada con el hecho que el 83% de los socios encuestados hayan denunciado que no han cobrado nada en cuanto a la actualización de los anticipos del año pasado, que tampoco se esté pagando nada por los nuevos ingresos desde diciembre, ni tampoco en lo que se refiere a las actualizaciones de grado de los usuarios.
Impago de julio: Casi un año sin respuestas
Ya hace nueve meses de la reunión de la comisión de seguimiento de los pagos del ICASS del viernes 7 de septiembre. En este sentido, ACRA denuncia que a fecha de hoy todavía no se ha informado formalmente a esta comisión sobre la evolución de la situación de los pagos, todo y las graves dificultades que están sufriendo los centres colaboradores, concertados y de gestión, y reclama públicamente el pago inmediato de todas aquellas cantidades pendientes.
Igualmente, ACRA pide en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña que considere el sector de la atención a la gente mayor como prioritario por el mantenimiento de la cohesión social al país, así como que sea más vehemente a la hora de reclamar al Estado los recursos que no les están facilitando en relación con el acuerdo por la financiación de la LAPAD.
Sobre ACRA
ACRA, Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1989, que agrupa entidades privadas de iniciativa mercantil, entidades privadas de iniciativa social y entidades de iniciativa pública de recursos asistenciales (teleasistencia domiciliaria, atención domiciliaria, centros de día, hogares residenciales, residencias asistidas, pisos tutelados y centros sociosanitarios) para personas mayores de toda Cataluña. ACRA está conformada por 440 emprendidas/entidades asociadas, que gestionan 929 servicios con 34.214 plazas y 29.213 trabajadores.
Unos 800.000 españoles padecen Alzheimer y otras demencias
La enfermedad del Alzheimer y otras demencias afectan en la actualidad a unos 800.000 españoles y, de seguir en la línea actual de incidencia, la cifra superará los 1,5 millones en el año 2050, unos datos que se han dado a conocer en el I Simposio internacional ‘Avances en la investigación sociosanitaria en la enfermedad de Alzheimer’, que se ha inaugurado este martes en la Hospedería Fonseca de Salamanca con la presencia de la Reina Sofía.
En el acto de apertura han estado presentes numerosas autoridades como la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato; el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, y el alcalde de la ciudad de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco.
Precisamente, la ministra Mato ha explicado que la población española está envejeciendo y que si ahora la cifra de personas por encima de 65 años se encuentra en el 17 por ciento, aumentará hasta el 32 por ciento en el año 2050.
Este aumento de la media debe entenderse como «un éxito del sistema sanitario» pero es preciso afrontar «nuevos desafíos» desde las administraciones como «combinar calidad con la necesaria garantía de la sostenibilidad», dentro de un «modelo integrador de cuidados de salud y asistencia social al servicio de las personas».
Centrándose en la enfermedad del Alzheimer, ha señalado que tiene un «alto impacto social» no solo en las personas que la sufren sino también en sus familiares y que para mejorar las condiciones es preciso «ofrecer una respuesta integral», además de fomentar nuevas investigaciones para «mejores diagnósticos y nuevos tratamientos».
INVESTIGADORES
Posteriormente, tras el acto inaugural, han tomado la palabra investigadores y expertos del panorama nacional e internacional con el objetivo de «generar un espacio de reflexión y de debate que propicie la difusión de resultados de investigaciones psicosociales recientes, así como la profundización sobre los aspectos éticos y económicos relacionados con la atención e investigación psicosocial en el contexto de las demencias».
En la Hospedería Fonseca se ha contado con las intervenciones posteriores de los españoles Pablo Martínez Lage, de la Fundación CITA-Alzheimer, y Javier Olazarán, del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía – Fundación CIEN (España).
También han estado en la cita de Alzheimer Disease International (Reino Unido), Nori Graham; de Alzheimer Portugal (Portugal), Maria do Rosário Zincke dos Reis; representando a la Alzheimer’s Society UK (Reino Unido), Nikki Squelch; de la Federación de Neurología del Hôpital Pitié Salpêtrière de París (Francia), Bruno Dubois, y del Langome Medical Center de la Universidad de Nueva York (EE.UU.), Mary Mittelman.
Este primer encuentro arranca como parte de las actividades asociadas al proyecto ‘Espacio Transfronterizo sobre el Envejecimiento’ impulsado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca junto al Centro de Referencia Estatal de Atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias de Salamanca (perteneciente al IMSERSO), la Associaçao de Apoio e Estudo ás Psicognosis na Raia Central (Portugal), la Associaçao Humanitária de Doentes de Parkinson e Alzheimer (Portugal) y cofinanciado por la Unión Europea y la Fundación Reina Sofía, tal y como ha detallado el rector de la USAL.
SIMPOSIO
La unión de estas entidades hará posible este año la celebración del Congreso Internacional sobre Investigación de Enfermedades Neurodegenerativas los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2013, que aglutinará en un evento el Simposium de Investigación que sobre esta enfermedad se realiza todos los años el 21 de septiembre, día mundial del alzhéimer, y el Foro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), que anualmente realiza la Fundación CIEN.
La unión pretende convertirse en un punto de encuentro entre los mayores expertos internacionales en neurodegeneración, para conocer la situación real de la investigación en este tipo de enfermedades.
Investigadores hallan relación entre la apnea del sueño y el Alzheimer
Un nuevo estudio que analiza el riesgo de los trastornos respiratorios del sueño (TRS) y los marcadores de la enfermedad de Alzheimer (AD, en sus siglas en inglés) en el líquido cefalorraquídeo (LCR) y por neuroimagen se suma al creciente cuerpo de investigaciones que vinculan a los dos.
Este estudio, que se presentará en la Conferencia Internacional de la Sociedad Americana del Tórax de 2013, también plantea la pregunta de si la enfermedad de Alzheimer en sus «fases preclínicas» también podría conducir a TRS y explicar el aumento de la prevalencia de los trastornos del sueño en el anciano.
«Es realmente una historia del huevo y la gallina», dijo Ricardo S. Osorio, profesor asistente de investigación en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, que dirigió el estudio. «Nuestro estudio no determinó la dirección de la causalidad, y, de hecho, no descubrió una asociación significativa entre los dos, hasta que se separaron los datos de los pacientes delgados y obesos».
Cuando los investigadores tuvieron en cuenta la masa corporal, encontraron que los pacientes delgados (con un índice de masa corporal <25) con TRS poseían varios biomarcadores específicos y no específicos de riesgo de AD (aumento de P-Tau y T-tau en el LCR, atrofia del hipocampo mediante resonancia magnética estructural e hipometabolismo de glucosa mediante FDG-PET en varias regiones vulnerables de AD).
Entre los pacientes obesos (IMC> 25), también se encontró hipometabolismo de glucosa en el lóbulo temporal medial, pero no fue significativo en otras regiones AD vulnerables. Según el doctor Osorio, los precursores bioquímicos de AD están presentes de 15 a 20 años antes de que cualquiera de sus síntomas reconocidos actualmente se hagan evidentes.
En su estudio, se analizó a 68 pacientes ancianos cognitivamente normales (una media de edad de 64 a 87 años) que se sometieron a dos noches de vigilancia de trastornos del sueño y se les analizó para determinar al menos un indicador de diagnóstico de la Alzheimer.
Los investigadores observaron P-Tau, T-tau y Abeta42 en el LCR, la FDG-PET (para medir el metabolismo de la glucosa), compuesto de PET Pittsburgh B (PiB) para medir la carga de amiloide y/o MRI estructurales para medir el volumen del hipocampo.
La disminución del metabolismo de la glucosa en las regiones AD vulnerables, la disminución del volumen del hipocampo, cambios en la P-Tau, T-tau y Abeta42 y el aumento de la unión del PIB-PET son reconocidos como marcadores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer y se ha visto que son anormales en sujetos sanos antes de la aparición de la enfermedad.
Biomarcadores para el riesgo de AD se encontraron sólo entre los participantes del estudio con TRS, que mostraron una asociación lineal entre la severidad de los niveles de los biomarcadores TRS y LCR P-Tau y entre TRS e hipometabolismo de glucosa utilizando la PET-FDG, en el lóbulo temporal medial, la corteza cingulada posterior / precuneus y una puntuación compuesta de todas las regiones AD vulnerables.
Pacientes TRS también mostraron menor hipocampo en comparación con los controles, pero no se encontraron diferencias en las medidas de la carga de amiloide tales como disminución de Abeta42 en LCR o exploraciones positivas PiB.
Estos investigadores planean probar su hipótesis de que la fase preclínica de lesión cerebral de AD muy temprana que se asocia con estos biomarcadores pueden dar lugar a TRS. El objetivo del nuevo estudio es determinar la «dirección» de la causalidad entre TRS y la AD preclínica en pacientes de edad avanzada, puesto que cree que la relación entre ambas merece mayor estudio.
«La apnea del sueño se dispara en los ancianos y no se le ha prestado la atención que merece por el mundo del sueño o el mundo del Alzheimer», lamentó el doctor Osorio.
Cerca de doscientas localidades se han declarado en España «Ciudad Solidaria con el Alzheimer
- A día de hoy un total de 198 ayuntamientos han proclamado a su ciudad como solidaria con el Alzheimer
- El 17-18 de mayo se conmemoró en Sangüesa/Zangoza el primer aniversario de la localidad navarra como primera «Ciudad Solidaria con el Alzheimer» y donde se inauguró el Parque de los Cuidadores, pionero en España
Cerca de doscientas localidades españolas se han declarado, hasta ahora, como «Ciudad Solidaria con el Alzheimer» en el último año, gracias al proyecto “La memoria es el Camino”promovido por la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias (CEAFA), entidad miembro de COCEMFE. Esta cifra, en términos de habitantes, representaría a seis millones trescientas mil personas, algo más del 13 % del total de españoles.
Galicia es la comunidad autónoma que tiene más ciudades solidarias con el Alzheimer con 66 ayuntamientos que representan al 58 % de su población. Por su parte, Navarra es la comunidad con más porcentaje de población solidara, un 61 % y
32 municipios.
Por Comunidades Autónomas:
Galicia: 66 localidades que representa el 58 % de la población
Euskadi: 42 localidades que representa el 42 % de la población
Navarra: 32 localidades que representa el 61% de la población
Andalucía: 21 localidades que representa el 19 % de la población
Comunidad Valenciana: 11 localidades que representa el 5,5 % de la población
Extremadura: 6 localidades que representa el 21 % de la población
Aragón: 4 localidades que representa el 6 % de la población
Comunidad de Madrid: 4 localidades que representa el 5,18 % de la población
Castilla-La Mancha: 4 localidades que representa el 3, 60 % de la población
Canarias: 3 localidades que representa el 14 % de la población
Castilla y León: 2 localidades que representa el 3 % de la población
Principado de Asturias: 1 localidad que representa el 26 % de la población
Región de Murcia: 1 localidad que representa el 4,57 % de la población
Cantabria: 1 localidad que representa el 2 % de la población
De las 198 localidades destacan ciudades con más de cincuenta mil habitantes como: Alcoy, Benidorm, Vila Real, Pamplona, Molina de Segura, Las Rozas, Parla, Rivas, A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Badajoz, Mérida, Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Donostia-San Sebastián, Irún, Ponferrada, Santa Lucía de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife, Gijón, Algeciras, El Puerto de Santa María, Granada, Jaén, Málaga, Marbellla y Vélez-Málaga.
No sólo las ciudades se han declarado como solidarias con el Alzheimer, sino que también lo han hecho entidades, instituciones y empresas. Hasta la fecha se han sumado al proyecto 29 entidades solidarias.
Aquí está la declaración de Sangüesa con el listado de las ciudades
http://lamemoriaeselcamino.com/ciudad-solidaria-con-el-alzheimer/
Aniversario en Sangüesa/Zangoza como Primera Ciudad Solidaria con el
Alzhéimer
El viernes 17 de mayo el Auditorio del Carmen de Sangúesa presentó un lleno para la efeméride. Durante el evento se pudo ver un resumen del documental «La Memoria es el camino«, un periplo de 7.000 km. de sensibilización hacia el Alzhéimer que realizó a pie el periodista navarro Guillermo Nagore desde Finisterre hasta Jerusalén. Lo que motivó que la localidad navarra diera el paso de proclamarse en pleno “Ciudad Solidaria con el Alzheimer”.
Abrió los actos el alcalde de la villa, Ángel Navallas Etxarte, quien se comprometió «a continuar con su labor de apoyo a los enfermos y a sus familias, trabajando para que el Hospital de Día pueda atender cuanto antes a los afectados con esta enfermedad.»
A continuación intervino Koldo Aulestia, Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias (CEAFA) quien expuso que “los ejemplos de Sangüesa y de Nagore suponen un reto para la confederación en su labor por impulsar entre todos una política de Estado que dé respuesta a la atención sanitaria y evite los recortes a la dependencia”. «Pedimos complicidad y compromiso. El ejemplo de Sangüesa ya lo han seguido 200 ciudades. Este trabajo es una inversión de futuro», afirmó. La directora gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas del Gobierno de Navarra, Gemma Botín, asumió el compromiso desde la administración de dar respuesta a estas demandas.
El cantante Enrique Villarreal «El drogas», quien tiene un familiar con Alzheimer, con un lenguaje directo describió la situación de los afectados por esta enfermedad y realizó la petición de más recursos.
Por último, la celebración del viernes finalizó con una emocionante actuación de Motxila 21 (grupo musical de jóvenes con Síndrome de Down) junto a Enrique Villarreal.
Ya el sábado 18 de mayo por la mañana, bajo una incesante lluvia, un grupo de personas liderados por el alcalde de Sangüesa/Zangoza, Ángel Navallas, el presidente de CEAFA, Koldo Aulestia, y el periodista Guillermo Nagore, se recorrió el camino desde Javier a Sangüesa donde se inauguró el Parque de los Cuidadores, primero de estas características que hay en España y que suponen un paso más en el compromiso de esta ciudad navarra con el Alzheimer.
Durante el acto de inauguración del espacio natural dedicado a los Cuidadores de familiares de personas con Alzheimer, el presidente de CEAFA, Koldo Aulestia, agradeció emocionado el apoyo de la ciudad de Sangüesa/Zangoza y solicitó más ayudas para una enfermedad que afecta a “800.000 personas que sufren alzheimer, 3,5 millones en total si se incluyen a las familias”. “Es una enfermedad que cada vez nos ataca más y, frente a los recortes, debemos defender el derecho a la dignidad de las personas. Urge una política de Estado sobre Alzheimer, como en Francia, en cuya elaboración participen todos los agentes implicados”, dijo.
Los actos culminaron con la plantación simbólica de un árbol, con la que se inauguraba el parque, ubicado junto al río Aragón.
CEAFA trabaja desde 1990 para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer y sus familiares cuidadores. Está compuesta por 13 Federaciones Autonómicas y 6 Asociaciones Uniprovinciales que aglutinan más de 300 Asociaciones Territoriales, y representan a más de 200.000 familias. Su Presidenta de Honor es S.M. la Reina Doña Sofía y en la actualidad su presidente es Koldobika Aulestia Urrutia.
Los mayores madrileños podrán elegir residencia concertada libremente
La Comunidad de Madrid ha acordado que una parte de las plazas residenciales concertadas para personas mayores dependientes puedan ser elegidas libremente por los usuarios para facilitar a las familias cambiarse de centro si no están cómodas donde están, según ha explicado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria.Estas medidas afectan a 4.708 plazas en residencias de mayores, con un coste total de 179,2 millones de euros, según ha explicado Victoria en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Además, el consejero ha señalado que esta libertad de centro se va a implantar de forma gradual, a partir del mes de agosto, y que si los usuarios no solicitan traslado alguno, continuarán recibiendo la atención en el mismo centro que tenían hasta ahora.
Victoria ha destacado que se «animará» a las residencias a una «sana competencia» en la medida en que si los usuarios deciden que no están recibiendo los servicios que estiman oportunos, los centros dejarán de tener las plazas concertadas por la Comunidad de Madrid.
Con este acuerdo marco, se unificarán los contratos de todas las residencias con la Administración. Concretamente, afectará a las plazas concertadas de financiación total, destinadas a personas mayores dependientes que tienen las rentas más bajas.
Los nuevos contratos se formalizarán en base a la disponibilidad presupuestaria anual, correcta ejecución de los contratos, preferencias de los usuarios, ofertas económicas y necesidades de ordenación de la red pública. En el Acuerdo se enmarcarán más de 200 contratos existentes en la actualidad.
La adjudicación anual de los contratos que estén dentro de este Acuerdo Marco se realizará de forma simplificada y sin necesidad de someterlos a un nuevo concurso. Con esta fórmula se logra la continuidad del servicio, el ajuste de plazas adjudicadas a cada centro en función de las demandas de los usuarios y la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.
La Comunidad de Madrid está preparando un segundo Acuerdo Marco para plazas concertadas de financiación parcial.
Requisitos de las residencias
Los centros que, estando autorizados, cumplan los requisitos de solvencia económica y técnica podrán incorporarse a este Acuerdo Marco. Los residencias que quieran participar tendrán que haber gestionado de forma continuada, al menos, una residencia en los tres años anteriores por un tiempo no inferior a nueve meses. Además, tendrán que ofertar como mínimo 15 plazas.
Asimismo, tendrán que prestar los siguientes servicios de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día los 365 días del año: el alojamiento, que incluirá el uso de una habitación y zonas de convivencia, la manutención, la ropa de cama, de mesa, de aseo así como el lavado, repasado y planchado de la ropa personal.
También deberán comprometerse a la promoción de la integración y participación en la vida del centro, la animación sociocultural y las relaciones con las familias de los usuarios. También se tienen que hacer cargo del control y la protección del usuario, incluyendo todas las actividades encaminadas a la seguridad y salvaguarda de su integridad personal, como el aseo, la higiene personal, el cambio de pañales, vestido, etc.
La Xunta fija su estrategia de atención a la dependencia hasta 2020
El Gobierno gallego ha dado el visto bueno a su estrategia para la atención y prevención de la dependencia, una guía que fija el horizonte temporal de 2020 para poner en marcha medidas que permitan mejorar y prolongar la autonomía personal.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que este documento supone un «salto cualitativo» en políticas sociales y una apuesta por el ámbito preventivo y no solo asistencial.
Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, Núñez Feijóo ha explicado en conferencia de prensa que esta estrategia está centrada en seis áreas de actuación, con 28 objetivos y casi 400 propuestas de actuación.
Además, la Xunta ha acordado también la presentación de Galicia para liderar un proyecto europeo que convierta a la Comunidad en un «referente» de la vida saludable.
Núñez Feijóo ha explicado que en los próximos años se prevé que la población gallega descienda casi un 2 %, pero los mayores de 65 años aumentarán sobre un 3,5 % y se calcula que la población con dependencia aumente un 8,14 %.
Por este motivo, ha dicho, el Gobierno gallego trabaja desde hace tiempo en una estrategia para la prevención precoz de la dependencia para prolongar la autonomía personal de los ciudadanos.
Ha considerado que Galicia es «pionera» en la elaboración de esta guía que, ha dicho, «nace del diálogo, consenso y acuerdo» entre distintos grupos de trabajo de la Xunta y entidades representativas de mayores.
Las seis áreas en las que está divida esta estrategia atienden a la educación y la concienciación de los ciudadanos, al aumento de la esperanza de vida libre de dependencia, a la mejora de la calidad de vida, al estímulo a través de amigos y familiares, a la investigación y la innovación y a la mejora de los recursos de la administración.
Ha señalado que la Xunta pretende mejorar la calidad de vida de los mayores, hacer «más sostenible» el sistema de sanidad y bienestar y lograr ser un referente europeo en el envejecimiento saludable.
Según Núñez Feijóo, cada euro que se destina a prevención de la dependencia equivale a la rebaja del gasto de 129 euro al año en su tratamiento.
Por otra parte, el Gobierno gallego ha presentado hoy los datos del plan para prevenir la violencia laboral en el ámbito sanitario.
Desde 2010 se han reducido un 32 % los episodios violentos, al pasar de 255 a 188 en 2012, aunque el objetivo de la Xunta es que «la sinrazón de estos episodios violentos sea cero», ha concluido Núñez Feijóo.
En la reunión de hoy la Xunta ha decidido renovar un convenio con la Fundación Josep Carreras para buscar donantes de médula para las personas con cuyas familias estos trasplantes son incompatibles.
Desde 2008, la primera vez que la Xunta firmó un convenio con esta fundación, y hasta el 1 de enero de este año se han hecho 117 trasplantes por medio de esta colaboración.
La crisis y el parón de la dependencia vacían las residencias valencianas
Los geriátricos de Castellón funcionan a medio gas. El largo brazo de la crisis se extiende por todas partes. También ha llegado a las residencias de la tercera edad, sobre todo a las privadas, un nicho de mercado en el que, en plena burbuja inmobiliaria, se embarcaron promotores inmobiliarios, bancos, aseguradoras y otras compañías que vieron la posibilidad de obtener una buena rentabilidad y que hoy afrontan la realidad de ver cómo las camas se están quedando vacías.
A un buen número de familias no les ha quedado otra opción que sacar a sus mayores de la residencia y volver a acogerlos en sus casas, ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos que supone la estancia en una residencia privada. Una plaza cuesta una media de entre 900 y 1.000 euros mensuales. Eso si es una habitación compartida. En el caso de las habitaciones individuales la tarifa supera los 1.300, una cantidad que pocas familias pueden asumir. Y eso se nota mucho. Prácticamente ningún centro de la provincia ha cerrado su balance anual sin plazas libres. En el año 2008, la mayoría tenía colgado el cartel de completo.
La plena ocupación de que gozaba el sector hace cinco años ha ido disminuyendo poco a poco. En la Comunitat Valenciana, según datos de la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia (Aerte), existen unas 5.000 plazas libres, de las que más de un millar están en Castellón. “La situación por la que atravesamos es mala y lo es por dos circunstancias. La primera porque las familias ya no tienen dinero para costear una plaza y la segunda es por el parón de la ley de la dependencia. La Conselleria prácticamente no concede ninguna nueva ayuda y hay personas que han solicitado la prestación vinculada al servicio, en este caso la estancia en una residencia, y aún no se les ha concedido”, reconoce Francisco Artola, director de Residencial Azahar del Mediterráneo, ubicada en Castellón.
Aunque motivos hay varios, en el sector todos coinciden en afirmar que el culpable de que las residencias funcionen a medias es el paro. “Cuando el subsidio por desempleo se acaba los mayores dependientes son llevados de nuevo a casa, con lo que la pensión se ha convertido en parte del ingreso familiar desde hace dos años. Hemos tenido casos de residentes que han vuelto con sus hijos porque gracias a la pensión podía ir tirando toda la familia”, coinciden en todos los centros privados consultados.
2.400 MAYORES EN GERIÁTRICOS // Las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que en la provincia hay 2.378 personas mayores que viven en alguna de las 35 residencias especializadas existentes. Son muchas menos que hace tan solo dos años. “Ahora mismo tenemos un 40% de plazas libres y no son más porque hemos hecho una política brutal de ajuste de precios”, reconoce la directora de otra residencia de la provincia.
Aerte asegura que en estos momentos existen entre un 30 y un 40% de camas disponibles y para que un centro sea rentable deben tener cubiertas, al menos, el 80% de sus plazas. Conclusión, a algunos centros no les ha quedado otra que echar el cierre. Otros están aguantando como pueden. En Valencia y Alicante ya han cerrado varias residencias por falta de rentabilidad, aunque en Castellón, de momento, todas tratan de aguantar como pueden.
Con ser importante, el de la salida de mayores de las residencias no es el único problema que la crisis ha provocado en el sector. Las ayudas o, mejor dicho, la falta de ayudas de la Administración pública por esa falta de recursos es otro de los grandes hándicaps con los que las empresas del sector deben apechugar cada día.
Y es que, con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en enero de 2007, los precios de las residencias deberían estar subiendo en lugar de bajando debido a las exigencias que las Administraciones imponen para que los establecimientos cumplan con un sinfín de requisitos a todos los niveles, tanto de instalaciones como de personal. Las empresas cumplieron e invirtieron millones confiando en el respaldo público, pero este no llega.
GENERADOR DE EMPLEO// Desde el sector no se dan por vencidos. Con los datos en la mano, reivindican el papel que pueden llegar a desempeñar las residencias de dependientes. “Por cada euro que invierte la Administración hay un retorno en este mismo año de 1,30 euros. Si se llenaran todas las plazas vacías que hay en la Comunitat se crearían más de 2.000 puestos de trabajo”, insiste María José Mira, directora general de la patronal del sector Aerte.
Pero no todas las residencias viven la misma situación. En Castellón hay tres tipos de infraestructuras y las privadas son solo una parte del sector. Las hay que son públicas (bien de titularidad municipal o de la Generalitat) y otras que funcionan vía concierto, es decir, pertenecen a una empresa privada pero el Consell les subvenciona determinadas plazas. Un ejemplo: si la estancia de una persona mayor cuesta 1.000 euros, la Generalitat paga 400 y el usuario los 600 restantes.
Aunque la situación de los centros públicos y con plazas concertadas no es tan mala como la de las residencias 100% privadas (hay varias residencias municipales en la provincia que prácticamente tienen llenas el 100% de las camas), este tipo de instalaciones tampoco pasa por su mejor momento. El Consell les debe parte del concierto del 2012 y todo este año. “Poco a poco van pagando, pero lo que la Administración valenciana adeuda al sector sigue siendo una cantidad muy importante. Muchas residencias siguen adelante gracias a los ayuntamientos”, reconoce el director de un centro público.
Asturias impulsa la Ley de la Dependencia, casi 500 nuevos beneficiarios en un mes
Asturias impulsa la Ley de la Dependencia. La frase, reiterada en numerosas ocasiones por el equipo de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda encuentra respaldo en las cifras. En solo un mes, cerca de medio millar más de nuevos beneficiarios. Una cifra casi clónica a la rebaja sufrida en la lista de espera. Por primera vez, en Asturias hay menos de 3.000 personas en el ‘limbo’, denominación que da el Observatorio de la Dependencia a las personas que, con derecho a una ayuda o prestación de la ley, aún no la reciben.
Así lo demuestran los datos estadísticos a que ha tenido acceso EL COMERCIO, los relativos a la evolución de la Ley de la Dependencia en Asturias. Unas cifras que aún no ha hecho públicas el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), puesto que, según explica en su web, se encuentra aún en proceso de revisión de los datos para cumplir lo apuntado por el Tribunal de Competencia. No obstante, otras fuentes apuntan a que la nueva estadística evidenciará lo que ya apuntaba en su último informe el Observatorio de la Dependencia: que la ley está prácticamente paralizada.
Sin embargo, las cifras enviadas por el Principado a Madrid evidencian que, al menos en Asturias, la norma que da derechos a las personas sin autonomía personal sigue en marcha. Dicen los expedientes que son ya 18.553 las personas con derecho a recibir un servicio -centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, residencia o asistente personal- o una prestación, ya sea para pagarse un servicio en la red privada o para cubrir la nómina de un familiar que le cuide en su casa. De ellas, 15.560 lo reciben ya realmente, una cifra que supone una merma de seis expedientes respecto al mes de marzo.
Fuera del sistema
Según fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, esa disminución, así como la de solicitudes, se debe a la desaparición de los diferentes niveles de la dependencia. En la gran reforma de la ley, la aplicada por el Gobierno central en julio pasado, la dependencia quedó solo limitada a grados -III, II y I- mientras que se eliminaban los niveles -1 y 2- que diferenciaban cada grado.
Eso supuso, en la práctica, el primer gran recorte, ya que todos los dependientes de nivel I quedaron fuera del sistema, incluso los de nivel 2, que ya tenían derecho a un servicio o prestación.
Al recorte de beneficiarios se suma, en clave positiva, la de asturianos en el limbo. Según las cifras oficiales, son 2.993 quienes ya saben que tienen derecho a una ayuda, pero no la reciben. Se trata de 466 casos menos en un mes, una tasa que desde el Principado se cree posible superar en breve, ya que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda ha rechazado paralizar la ley para revisar cada caso, tal y como pretende el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Los nuevos beneficiarios optaron, mayoritariamente, por los servicios. Sólo 39 pidieron que les cuide en casa un familiar, aunque la cifra eleva a 8.686 las pagas al cuidador no profesional, la prestación más alta de la región, pese a que la ley la considera ‘excepcional’. De entre los servicios, el geriátrico ha sido el más castigado. De acuerdo a las cifras oficiales, son 2.805 los asturianos que utilizan una residencia con cargo a la Ley de la Dependencia. Son 143 menos en un mes.
SEGG forma a los cuidadores de personas dependientes
Uno de los vacios que la Ley de Dependencia aún no ha cubierto, es la formación de los cuidadores familiares, sobre los que recae la atención de los dependientes. Ante este vacío, el Grupo de la Ley de Dependencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ha elaborado el ‘Manual de Habilidades para cuidadores familiares de personas mayores dependientes’, que se presentará en el 55 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) a celebrar en Valencia desde el 12 al 14 de junio de 2013.
Este grupo de trabajo de la SEGG, nació con los objetivos de promover la difusión del desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, formar a los profesionales y realizar materiales divulgativos que permitan colaborar a una mayor difusión y clarificación de lo que representa la Ley.
Desde sus inicios consideró prioritario dar una información, clara, sencilla y útil a los profesionales de la salud, para conocer más profundamente la Ley, sus recursos y las dudas en su aplicación.
En septiembre de 2011 presentaron ‘La Guía Práctica de la Ley de Dependencia’, en junio de 2012 el Manual Práctico de las 101 Dudas más frecuentes sobre la Ley de Dependencia, y ahora en 2013 este Manual de Habilidades para cuidadores familiares de personas mayores dependientes va dirigido a los cuidadores familiares y al colectivo de cuidadores no profesionales, que son quienes atienden mayoritariamente a las personas mayores dependientes en sus domicilios.
Su finalidad es dar formación a estos cuidadores en habilidades para el cuidado, ayudándoles a mejorar la calidad en la atención que proporcionan e informar sobre algunas ayudas técnicas que pueden facilitarles la importante labor que desarrollan.
En cuanto a su metodología, no pretende ser uno de los muchos libros que existen en el mercado sobre esta temática; es un sencillo manual que de forma divulgativa y formativa recoge los cuidados que más inquietan, y resuelve de forma concisa, escueta y clara, las dificultades que supone cuidar a un mayor dependiente por parte de sus familiares y/o cuidadores no profesionales.
Se ha elaborado con fichas sencillas y recuadros aclaratorios y su documentación tiene en cuenta la evidencia científica disponible.