Las estafas a la Dependencia se castigan con multa de hasta un 1 millón
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en una medida que se adapta como un guante a los tiempos actuales, aprobó hace días un decreto que modifica el reglamento de funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales y que persigue multar a los que infrinjan la aplicación de los recursos obtenidos con la Ley de Dependencia. En definitiva, acabar con el fraude -si es que lo hay-.
La norma -que recae sobre particulares e instituciones- desarrolla el cuadro de infracciones y sanciones previstas en la Ley de Dependencia. El texto andaluz consolida el modelo sancionador previsto en la ley estatal y establece para faltas leves multas de hasta 300 euros a personas cuidadoras y de hasta 30.000 a instituciones proveedoras de servicios. Para las graves, las cuantías oscilan entre 300 y 3.000 euros para cuidadores y entre 30.000 y 90.000 euros para entidades, mientras que las muy graves se sitúan entre 3.001 y 6.000 euros para particulares y de entre 90.001 y un millón de euros para proveedores.
Los cambios -anunció el ejecutivo andaluz- se dirigirán sobre todo a vigilar la labor del servicio de ayuda a domicilio, así como las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. En Andalucía, los profesionales de la inspección realizaron el año pasado 74.209 visitas domiciliarias, de las que 17.102 se dirigieron al primero de estos fines y 57.107 al segundo.
La tarea inspectora se va a reforzar. Aunque sea por el simple hecho de que los trabajadores tienen más tiempo libre: «Los que ejercían de valoradores de los solicitantes para ver si tenían derecho a recibir o no una ayuda han sido destinados a realizar inspecciones. Las altas están paralizadas desde hace año y medio», explica un funcionario granadino. También señala que -ante los recortes del Gobierno central y la escasa disponibilidad presupuestaria de la Junta- el personal encargado de agilizar las prestaciones está ahora destinado a perseguir a los infractores de la norma.
Como consecuencia, la Inspección de Servicios Sociales detectó en Andalucía en el año 2012 un total de 51 infracciones, de las que 15 fueron leves, 35 graves y una muy grave. «En cuanto a recursos asistenciales en Jaén, los inspectores impusieron durante 2012 una falta grave», aseguran en la Junta de Andalucía. La media de las sanciones graves fue de 9.200 euros y las muy graves, 37.000 euros, explican fuentes de Salud y Bienestar Social.
«Nos criminalizan»
Algunos ciudadanos afectados entienden el recrudecimiento de las medidas persecutorias, pero otros las ven como una sinrazón. «A mí me parece maravilloso que se persiga a los infractores, lo que me parece una barbaridad es que el Gobierno esté recortándonos a todos las prestaciones, sin asegurarse primero de quiénes hacemos buen uso de ellas o no. Los gobernantes no se dan cuenta de que esas miguitas de pan que suponen la Ley de Dependencia son un balón de oxígeno para quienes vivimos esta situación. Si nos la quitan, nos asfixian», explicaba ayer Carmen, madre de un niño discapacitado.
«Me parece indigno y descabellado que se criminalice a los ciudadores, una población que tiene a sus espaldas la responsabilidad económica y moral de una persona dependiente, mientras se permiten fraudes como los ERE, Urdangarin o Bárcenas, que no devuelven el dinero robado. Solo con los más de mil millones de los ERE en Andalucía se podrían pagar dos años de la Ley de Dependencia a los andaluces. Nos condenan a los más necesitados», declaraba Natalia Gómez, funcionaria jubilada e hija de una anciana con alzhéimer, que percibe por la atención a su madre 370 euros.
No obstante, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, explicó el día que vio la luz verde la norma que se reforzaban los mecanismos de inspección no porque hubiera habido muchos fraudes, sino para que las personas dependientes recibieran la mejor calidad posible en sus cuidados.
La administración autonómica (que financia el 70% frente al 30% del Gobierno central) ha destinado unos 5.400 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor en el 2006 y en los presupuestos de este año se consigna una partida inicial de 1.108 millones.
