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Cómo convertir un smartphone Android en un teléfono accesible para mayores o discapacitados
La aplicación Big Launcher para Android permite convertir un ‘smartphone’ normal en un teléfono adaptado para personas mayores, con problemas de visión o motrices. Emplea una interfaz sencilla y muy visible para facilitar la navegación por el teléfono, en la línea de lo que ofrecen teléfonos especiales como los de Emporia, con las opciones de un ‘smartphone’. La aplicación tiene una versión de prueba gratuita y un precio de 8 euros para la final. En los comentarios en Google Play parece que hay un alto nivel de satisfacción.
Big Launcher convierte el ‘smartphone’ en un dispositivo más accesible a mayores, niños y gente con enfermedades de visión, problemas motrices o ceguera. Se trata de un «lanzador» de aplicaciones que sustituye la interfaz propia de cada teléfono por otra. Otros ejemplos son Smart Launcher o inclusoFacebook Home, la última apuesta de la red social.
Mediante un diseño sencillo y muy claro visualmente los usuarios con discapacidad visual o aquellos que no están acostumbrados a la tecnología pueden navegar de manera fácil e incluso pedir socorro mediante un botón de SOS.
La aplicación ya está disponible y puede instalarse en cualquier dispositivo con Android a partir de la versión 2.1. Además también es posible instalarla en tabletas. Su precio es de 8 euros, es muy personalizable y está teniendo una buena acogida entre los usuarios, con una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5 con 297 votaciones. También hay disponible una versión de prueba gratuita.
LANZADORES QUE AYUDAN A PERSONAS
Big Launcher responde a una creciente demanda de un nicho de mercado como es el de los ancianos o las personas con dificultades visuales o motrices, que se encuentran con una barrera a la hora de utilizar teléfonos inteligente.
De forma paralela al desarrollo de los «complicados» ‘smartphones’, están apareciendo teléfonos ideados directamente para este sector de la población y diseñados con sencillez; incluso hay empresas de telecomunicación como Emporia que se dedican exclusivamente a la fabricación de dispositivos adaptados a personas mayores o con dificultades.
Sin embargo, hay una gran variedad de teléfonos Android relativamente asequibles que pueden cubrir esta necesidad, simplemente instalando una aplicación que sustituye al lanzador por defecto. Así, cualquier aventajado en el mundo de la tecnología puede ayudar a un padre, hermano o amigo con dificultades a configurar un ‘smartphone’ y convertirlo en un teléfono sencillo, pero con muchas posibilidades.
Big Launcher cumple con este propósito. La aplicación incorporaiconos aumentados que permiten manejar las principales funciones del teléfono con toques sencillos, sin llevar a errores o dificultades a la hora de encontrar algo. Dichos iconos están además diferenciados por colores para hacerlo todavía más intuitivo. Los textos también se presentan en grande para ser lo más legibles posible.
Los contactos pueden estar disponibles directamente desde el menú e incluso colocándolos en una pantalla de inicio. Los mensajes de texto se elaboran con un tipo de letra muy grandey las cadenas de SMS se diferencias por colores. Además tiene la opción de que las notificaciones de los mensajes aparezcan a pantalla completa.
ATAJOS Y COLORES PARA SIMPLIFICAR
Al tratarse de un ‘smartphone’ también incluye atajos para encontrar las aplicaciones más usadas por el usuario de manera rápida y sencilla. Y para aquellas ‘apps’ menos utilizadas ofrece la función de ocultarlas y eliminarlas de la lista del teléfono.
Los colores son muy importantes en Big Launcher ya que permiten ofrecer una mayor diferenciación en las funciones del dispositivo y mejorar la navegación, por ello es posible descargarse más gama de colores si el usuario lo desea. Además ofrece tres tipos de letra diferentes para mejorar la lectura, y para aquellas personas ciegas ofrece el servicio Talkback que lee la pantalla.
Otra de las grandes novedades son los controles alternativos ya que toda la interfaz puede ser controlada también con un teclado de hardware o con la interfaz para silla de ruedas Tecla. Esto permite a los usuarios con parálisis tener un control completo y preciso de su ‘smartphone’ sin tocar la pantalla.
Por último los indicadores de cobertura y batería se muestran con iconos grandes para ayudar a los usuarios a estar siempre comunicados. Además mediante el botón SOS las personas mayores podrán ser localizadas mediante geolocalización siempre que así lo necesiten.
Íñigo Alli presenta el nuevo modelo de concierto para residencias de mayores navarras
El consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, Íñigo Alli, ha presentado este sábado en un congreso sobre geriatría y gerontología celebrado en Vitoria el nuevo modelo de concierto económico para residencias de personas mayores que está impulsando el Gobierno de Navarra.
Este nuevo modelo, denominado ‘ResideN’ y que el Departamento de Políticas Sociales está consensuando con las residencias de personas mayores de la Comunidad foral, flexibilizará la gestión de las plazas y favorecerá su ocupación con la inclusión de nuevos perfiles de usuarios como personas discapacitadas con necesidades asimilables a las que puede tener una persona mayor dependiente y personas mayores en riesgo de exclusión social (dependientes sociales).
Este congreso, que comenzó el pasado jueves y se ha clausurado este sábado, ha sido organizado por la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología y por Zahartzaroa (Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología).
El consejero Alli ha intervenido en una mesa redonda sobre las propuestas que realiza la Administración para el futuro de la atención a las personas mayores junto con el director de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud, Ignacio Yurss; el consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Juan Mª Aburto; y el consejero vasco de Salud, Jon Darpon.
En la Comunidad foral, ha explicado el Ejecutivo foral en un comunicado, existen 73 centros de atención a personas mayores. De ellos, dos son propios del Gobierno de Navarra, 47 mantienen plazas concertadas con el Departamento de Políticas Sociales y 23 son privados. Respecto al número de plazas, existen 5.853 de las que 2.030 son públicas o están concertadas con el Ejecutivo.
SOBRE EL NUEVO MODELO
Con el nuevo modelo de concierto económico para residencias de personas mayores el Gobierno de Navarra pretende «flexibilizar y mejorar la gestión de las plazas y facilitar su ocupación».
De este modo, según ha detallado el Ejecutivo, «los diferentes módulos de concierto existentes hasta ahora se simplifican en dos tipos: personas dependientes (que incluye tanto a los grandes dependientes como a los dependientes severos) y personas no dependientes».
Asimismo, se dará entrada en el concierto a personas mayores en riesgo de exclusión social (dependientes sociales) y a personas discapacitadas menores de 65 años con necesidades asimilables a las que puede tener una persona mayor dependiente.
Finalmente, se flexibilizará también la contratación por parte de las residencias de determinados perfiles profesionales (cocina, lavandería y limpieza) eliminando la ratio que exigía hasta ahora un número determinado de profesionales según el número de residentes.
LÍNEAS DE FUTURO
Durante su intervención, el consejero de Políticas Sociales también ha explicado las líneas por las que, a su juicio, debe evolucionar la atención a personas mayores en un futuro.
En este sentido, Alli ha considerado que las residencias para personas mayores «deben flexibilizar los servicios que ofrecen hasta el momento, generalmente atención residencial y diurna, para incluir otros como estancias temporales, de convalecencia (una recuperación post-hospitalaria, por ejemplo), apoyo a personas en domicilio o programas específicos que retrasen la dependencia».
Alli también ha planteado la necesidad de que la Administración adapte también sus recursos favoreciendo, entre otras cuestiones, «las ayudas y servicios a domicilio para la vida en el hogar, los pisos tutelados para personas no dependientes o las unidades de convivencia independientes dentro de las residencias».
Finalmente, el consejero Alli se ha referido al espacio sociosanitario que impulsa el Gobierno de Navarra a través de los departamentos de Salud y de Políticas Sociales. Con esta iniciativa, según ha dicho, se pretende «ofrecer una mejor atención a las personas con la optimización de los recursos y las herramientas existentes».
ATENCIÓN SANITARIA
Por su parte, el director de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud, Ignacio Yurss, ha realizado en su intervención un recorrido histórico sobre la atención sanitaria de personas mayores en la Comunidad Foral durante los últimos 30 años.
Yurss ha destacado como principales hitos la creación del Servicio de Geriatría, el desarrollo de la guía de valoración integral del anciano y el plan de atención integrada a los enfermos crónicos y pluripatológicos que está elaborando el Departamento de Salud en la actualidad.
La Delegación del Gobierno en La Rioja detecta 14 casos de malos tratos a mayores en el primer cuatrimestre del año
Un total de 14 supuestos de casos de malos tratos a mayores se han detectado en La Rioja en el primer cuatrimestre del año, según los datos facilitados por el delegado del Gobierno en la comunidad, Alberto Bretón.
Bretón ha presidido este miércoles la Junta de Seguridad Ciudadana de La Rioja, en la que se han aprobado las nuevas instrucciones del Plan ‘Mayor Seguridad’, enmarcado dentro de las iniciativas promovidas por el Ministerio del Interior para la mejora de los niveles de protección de los colectivos sociales más vulnerables.
De este total de supuestos de malos tratos, todos ellos a personas de más de 65 años, Bretón ha detallado que, en ocho de ellos, los responsables fueron los hijos; en 3 casos, los nietos; y en otros tres casos, las actuales parejas de los mayores víctimas.
Es el único dato que se tiene sobre la delincuencia ejercida contra personas mayores, entre los que, como ha dicho Bretón, «el porcentaje de personas mayores víctimas de delitos no es sustancialmente mayor del que se puede encontrar en otros sectores sociales».
Sí lo es, en cambio, «la percepción subjetiva de inseguridad, sobre todo ante determinados tipo delictivos, como robos y estafas», ante los que son más vulnerables las personas mayores. En este momento, en La Rioja hay más de 60.000 personas de más de 65 años, lo que supone un 18,6 por ciento de la población de la comunidad.
Con este motivo, la Delegación del Gobierno, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en el marco del Plan ‘Mayor Seguridad’, ha analizado y establecido cuatro ejes de acción en la lucha por mejorar la seguridad de las personas mayores.
El primero de estos ejes es la información, porque, en palabras del delegado, «uno de los principales objetivos del Plan Mayor Seguridad es explicar los riesgos en la seguridad diaria que pueden afectar a los mayores, así como difundir una serie de consejos para prevenir los tipos delictivos a los que este grupo de edad es más vulnerable».
En este sentido, «agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional imparten charlas en centros de la Tercera Edad, asociaciones locales, centros de día y lugares habilitados por la Administración o entidades colaboradoras para informar y prevenir de las amenazas actuales».
De este modo, en lo que va de año, la Delegación del Gobierno ha emitido 228 cartas a centros y entidades que puedan estar interesadas en la difusión de estas charlas. Hasta el momento, se han impartido 16 sesiones de las 48 solicitadas, a las que han asistido 754 personas mayores, una media de 47 por sesión.
Bretón también ha solicitado la colaboración de las entidades financieras, asistentes sociales, familiares y cualquier miembro del entorno de las personas mayores, «porque su ayuda e información facilitan la identificación de tendencias delictivas como estafas, timos, maltrato, y el trabajo de los agentes de seguridad».
PREVENCIÓN.
El segundo eje en el Plan es la prevención, para lo que se ofrecen una serie de consejos útiles según los diversos escenarios. En esta línea, Bretón ha detallado que, en la vía pública, se recomienda proteger las pertenencias, no hacer ostentación de joyas u objetos de valor y «no aceptar ninguna propuesta por ventajosa que parezca, porque puede ser una estafa».
En el caso de los domicilios, el delegado ha hecho hincapié en «no abrir a desconocidos, desconfiar de la visita de cualquier servicio técnico no solicitado previamente, no dar datos de cuentas bancarias o tarjetas de crédito y no firmar ningún documento». Igualmente, en Internet, se recomienda no aportar datos y desconfiar de las grandes ofertas a través de la red.
En cuanto a los bancos, «ir acompañado si tiene que hacerse con mucho dinero, y no sacar dinero en cajeros en la calle, además de desconfiar de cualquiera que se le acerque inmediatamente después». Por último, en los viajes, tener el equipaje siempre vigilado «y no confiar las maletas a desconocidos o aceptar llevar maletas ajenas».
RESPUESTA POLICIAL.
En tercer lugar, otro de los objetivos del Plan ‘Mayor Seguridad’ es mejorar la respuesta policial en este tipo de actuaciones e incrementar la comunicación y confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por ello, Bretón ha llamado a todas las personas mayores a que, si han sido víctimas de un delito o creen que pueden estar siéndolo, «que llamen a la Guardia Civil o al Cuerpo Nacional de Policía, cuanto antes». Ha destacado que el colectivo de las personas mayores es «especialmente vulnerable» a los timos y estafas, y ha destacado el timo de la estampita, el tocomocho o el precio chollo.
En último lugar, el delegado ha subrayado los malos tratos, «un tipo de delitos que no se pueden prever, pero sí detectar por sus síntomas, que pueden dar la pauta para avisar a un especialista que valore la situación real y no sea una situación irreal».
Con todo, ha señalado que «las consecuencias penales de todos estos casos de delincuencia contra personas mayores, al no tratarse de robos con violencia o con intimidación, es difícil que los autores pasen a prisión preventiva, salvo que exista reincidencia».
La Junta de Seguridad Ciudadana ha estado presidida por el delegado del Gobierno, Alberto Bretón. A la cita han asistido además los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) y la subdirectora general de Acción Social del Gobierno de La Rioja, María Teresa Antoñanzas.
Sanitas Residencial y Ceafa presentan el ‘Decálogo Mundial sobre la demencia’
Sanitas Residencial y la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (Ceafa) han presentado este jueves en los 40 centros de los que dispone la compañía sanitaria en España el ‘Decálogo Mundial sobre la demencia’ bajo el lema ‘Puedo vivir bien con demencia’.
Este texto, que ha sido creado por las entidades paraguas de ambas, Bupa y la Federación Internacional de Asociaciones de Alzheimer (ADI, por sus siglas en inglés), sirve es «un granito de arena» para los 36 millones de afectados por demencia, sostiene el director general de Sanitas Residencial, Doménec Crosas, que ha expuesto sus bondades en el centro Puerta de Hierro de la compañía.
A su juicio, el objetivo del mismo es «trabajar para que los afectados de demencia tengan una vida alegre, feliz y lo más plena posible». Para ello, y por los pacientes de esta enfermedad «irreversible y asociada, principalmente, a la edad», se recogen en diez puntos los objetivos», sostiene.
En este sentido, indica que el decálogo es «un ideario para la sociedad, los profesionales y los Gobiernos» con la intención de «que tengan presente que estas personas «ocupan un lugar importante en la población». De hecho, señala que en España hay 800.000 personas con demencia, a las que hay que sumar «sus familiares».
Por todo ello, Crosas afirma que ésta es una cuestión social «de primera magnitud», algo que repercute en que la iniciativa vaya «más allá de los derechos fundamentales de las personas». Para él, la idea clave es que «se puede vivir con demencia».
LOS AFECTADOS SON PERSONAS CON DIGNIDAD
En esta misma línea se muestra el presidente de Ceafa, Koldo Aulestia, que añade que «se puede convivir con el Alzheimer» asumiendo que esta enfermedad «cambia la vida». Por ello, sostiene que los que la padecen, que son «personas con dignidad y no enfermos» deben aprender a vivir con ella.
Además, el máximo representante de la confederación ha querido agradecer a Sanitas su colaboración, la cual sirve «para defender la calidad de vida de las personas con demencia». A su parecer, en esta conjunción de esfuerzos «no hay pena, ni compasión, sino compromiso para trabajar».
«Hay que reaccionar cada vez que se atentan los derechos de las personas con demencia», continúa Aulestia. Por ello nace este decálogo, cuyo primer punto recoge la importancia de que las personas tengan acceso a un médico para comprobar si padecen demencia.
Añadido a ello, se expone que deben tener acceso a información sobre demencia para saber cómo les va a afectar, así como recibir ayuda para vivir independientemente durante el mayor tiempo posible. También es necesario que éstas tengan el derecho de opinar sobre la atención y apoyo que reciben, y que puedan tener acceso a cuidados de alta calidad que sean adecuados.
Por otra parte, es importante que sean tratadas como individuos y que las personas que les cuidan les conozcan, que sean respetadas por lo que son y que tengan acceso a los medicamentos y tratamientos que les ayuden. Por último, Sanitas Residencial y Ceafa destacan la relevancia de que les sea posible decidir sobre sus últimas voluntades mientras todavía puedan tomar decisiones y de que puedan estar seguros de que sus familiares y amigos tengan un buen recuerdo de ellos.
Los mayores se enganchan a Twitter
Las redes sociales no son cosas de niñatos. Al menos, ahora, Facebook, Google+ o Twitter están creciendo a ritmos superiores al 30% gracias a nuevos usuarios que están lejos de una recién estrenada mayoría de edad, según los últimos datos trimestrales de Globalwebindex, que mide el tráfico de las redes en 31 países, entre ellos España.
Dos corrientes están consiguiendo que el fenómeno de las redes sociales no solo se frene sino que siga aumentando por número de usuarios, pero también por su actividad, sin distinción de marcas. No es solo Facebook, son todas. Una de esas corrientes es la de la telefonía móvil. La gente que se incorpora a las redes desde el smartphone se ha incrementado un 60% en dos años y ya son 818 millones en total.
Pero la otra gran corriente, y más sorprendente, es la edad de los que se están enganchando ahora a las redes sociales. La mayoría ha cumplido el medio siglo. Por ejemplo, la gran subida de usuarios de Twitter no son los jóvenes, sino la franja de edad que está entre los 55 y 64 años, con un incremento del 79% en menos de un año (desde el segundo trimestre de 2012 al primero de este).
El fenómeno es menos acusado en Facebook o en Google+, sin embargo la franja entre 45 años y 54 ha crecido un 46% y un 56% respectivamente, en ambas redes la franja que más crece.
En cuanto al crecimiento absoluto, Twitter es la primera con un 44%, seguida de Facebook (35%) y Google + (33%), que ya es la segunda con 359 millones de personas que se han conectado al menos una vez en el último mes. Twitter tiene 288 millones y Linkedin, 200 millones. Por delante de todos ellos, Facebook, con 1.110 millones.
Las redes sociales (Internet), el móvil y el ordenador ya roban más tiempo de ocio que la televisión, la radio y la presna en muchos países, entre ellos España, según Globalwebindex.
Autonomía Personal y Dependencia: Una Ley en el corredor de la muerte
Por su interés, reproducimos el post de Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en su blog http://www.lawyerpress.com
No hace ni siete años que se aprobaba en España una Ley, la de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, así rezaba su denominación oficial, que a pesar de sus muchas insuficiencias parecía inaugurar algo inédito en nuestro país, a saber, el abordaje de las necesidades sociales más básicas de extensas capas de población –personas mayores y personas con discapacidad que precisan apoyos intensos para su autonomía individual- en clave de derechos. Este clase de necesidades no había tenido hasta entonces una respuesta firme en términos de derechos, por lo que con reticencias y aprensiones, que las hubo, y justificadas, tanto por el modo en que se hizo como por el resultado obtenido, fue saludada como un avance social. El lance estaba hecho, y podía concluir más o menos bien, a reserva de la intervención del azar, que como dijo el poeta nunca puede ser abolido.
En estos casi siete años de despliegue, un sino aciago parece haberse apoderado de esta Ley, frustrando amargamente las expectativas de cientos de miles de personas y de sus familias que aguardaban, en una suerte de justicia histórica, tan desacostumbrada para ellas, el comienzo de una cierta reparación a una demanda tan antigua como insatisfecha. Los motivos de este fracaso social, particularmente cruel por lo mucho que prometía y sobre todo por a quienes lo prometía, no son solo económicos, no son ni siquiera principalmente económicos, aunque la aguda crisis de estos últimos años haya precipitado el fracaso que se gestaba.
¿Dónde estarían pues las causas de este resultado adverso? ¿Acaso España como comunidad política es incapaz de un proyecto ambicioso de mejora colectiva destinado a las partes de la ciudadanía más castigadas? ¿Si el fin perseguido suscitaba un amplio consenso social y político, qué ha malogrado su consecución? Las concausas son variadas, como siempre que nos enfrentamos a hechos complejos. Citemos algunas, las más notables. Defectos de origen, como la no incardinación de esta modalidad de protección social en la esfera de la Seguridad Social que por suerte sigue siendo atribución del Estado, y que la hubiera dotado de estabilidad y dirección única. Lejos de eso, el precario título competencial sobre el que se ha desarrollado, ha condenado al naciente sistema a quedar a resultas de la rebatiña permanente entre la Administración central y las Comunidades Autónomas, colocándolo en una tierra de nadie, que más parece cementerio inerte que campo abonado para dar frutos. Defectos de despliegue, producto de una gobernanza anómala sin centro de decisión definido ni participación de aquellas partes de la ciudadanía que son las destinatarias naturales de sus pretendidos beneficios. Falta de buena fe y clamorosa ausencia de lealtad institucional de los operadores políticos llamados a implantarla, que se han desangrado en estos años en disputas partidistas improductivas, como si las miras altas estuvieran vedadas a los responsables públicos. Y la crisis, también la crisis, pero en menor medida y a título de falsa coartada, que todo lo excusa y justifica.
Estos días se anuncian nuevos recortes en materia de autonomía personal y dependencia, y durante un tiempo, esta situación terminal reverdecerá un tanto en los medios y algún eco llegará a la opinión. Pero como los temas sociales carecen de prestigio en nuestra vida pública, el asunto pasará, sin pena ni gloria. El golpe de gracia puede estar avecinándose y quedarían solo los engorrosos trámites de todo deceso, el levantamiento del cadáver, la partida de defunción, la autopsia. Una Ley y un sistema de protección social condenados por las culpas de otros, espera en el corredor de la muerte. La fecha fatídica se acerca o al menos eso parece. Como en las películas norteamericanas, queda una última esperanza, que el Gobernador telefonee comunicando la conmutación de la pena. En esas estamos, con la soga al cuello. ¿Quién nos salvará?
Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
El 3,33% de los vascos mayores de 65 años vive en residencias
Un total de 14.422 ciudadanos vascos vive en residencias para personas mayores, lo que supone el 3,33 por ciento de la población mayor de 65 años de Euskadi, según los datos de Población Residente en Establecimientos Colectivos 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El porcentaje de personas mayores que se encuentra en residencias en la CAV se sitúa al mismo nivel que la media estatal, mientras que Murcia y Canarias son las que menor tasa presentan, ambas por debajo del 2 por ciento, y Castilla La Mancha y Castilla y León las de mayor porcentaje, en los dos casos por encima del 5 por ciento.
Teniendo en cuenta el conjunto de la población, los residentes en centros para mayores suponen el 0,66 por ciento de los 2,18 millones de ciudadanos empadronados en Euskadi. La media estatal es del 0,58 por ciento.
En función del censo del INE, la población residente en establecimientos colectivos –que incluyen además de las residencias, prisiones, instituciones con discapacidad o instituciones de asistencia social– se eleva a 21.798 personas, el 1 por ciento de la población.
Los ajustes en discapacidad deben hacerse con «solidaridad»
El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, ha solicitado a las administraciones públicas que los ajustes se hagan con «solidaridad e inteligencia» para que «no redunden en los más desfavorecidos», durante la presentación del informe ‘El impacto de los planes de austeridad de los Gobiernos Europeos y de España sobre los derechos de las personas con discapacidad’, presentado este martes en la sede de la Representación de la Comisión Europea en España.
Asimismo, Durán ha destacado que la crisis ha dado lugar a «un cambio que ha perjudicado a las personas con discapacidad», perjudicando principalmente a las mujeres y a los jóvenes, sobre los que ha manifestado que «atraviesan una situación dramática».
Respecto al documento, las conclusiones recogidas revelan que «los planes de austeridad europeos tienen un impacto muy negativo sobre los mecanismos de promoción y protección de las personas con discapacidad». Asimismo, recoge que estas medidas de austeridad han «afectado gravemente» a los derechos de las personas con discapacidad.
Además, el texto apunta que «los beneficios, los programas y los servicios se verán afectado por los recortes, provocando la restricción de la participación del colectivo en la sociedad en cuanto al empleo o la educación».
En cuanto a los servicios sociales, el trabajo recoge una reducción de «la capacidad de servicio y el aumento de la demanda de dichos servicios». En este sentido, señala que mientras que «los fondos para el empleo protegido y subvencionado habían disminuido –lo que provocó el cierre de muchas iniciativas en este ámbito–, la demanda de los servicios había aumentado».
Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, ha subrayado que los retos futuros de la discapacidad pasan por «mantener las cuotas de inclusión de derechos y bienestar conseguidos, hacer una toma de conciencia que favorezca la activación del colectivo y revisar las políticas de discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos».
Cayo también ha expresado la «necesidad» de hacer una «revisión» del modelo –del movimiento asociativo–, que tenga en cuenta la sostenibilidad, además de «valorar la convergencia asociativa y aprovechar las oportunidades para ganar espacio más allá de Europa, con vistas a una internacionalización del movimiento asociativo de la discapacidad».
AUMENTO DESEMPLEO Y POBREZA
Por otro lado, el secretario general de la Plataforma Europea de Rehabilitación (EPR) y coordinador del estudio, Jans Spooren, ha explicado que los datos procedentes de las estadísticas de la Unión Europea muestran que «las tasas de desempleo y riesgo de pobreza de las personas con discapacidad aumentaron desproporcionadamente desde el inicio de las crisis». Asimismo, ha asegurado que los beneficios de la Seguridad Social vinculados a la discapacidad han sido «recortados gradualmente». «Las personas con discapacidad están experimentando cada vez más desigualdades ante el acceso a servicios sociales y sanitarios y el sector de la educación a sido particularmente afectado por las medidas de austeridad en los países con las crisis económicas más severas», ha agregado.
Por último, el consejero del CES Europeo en representación de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna, ha destacado que «no es momento de retroceder más en el ámbito de la discapacidad, sino de buscar soluciones creativas que permitan continuar el camino empezado para alcanzar la plena inclusión del colectivo y sus familias».
Empresas donostiarras muestran productos para mejorar la calidad de vida de mayores y dependientes en LaguntzaTEK
Una docena de empresas donostiarras mostrarán hasta el próximo sábado productos para mejorar la calidad de vida de personas mayores o dependientes en la carpa LaguntzaTEK, instalada en las inmediaciones del Kursaal.
El espacio es fruto de la colaboración de Fomento de San Sebastián y la Fundación Policlínica Gipuzkoa y se enmarca dentro de DONOSTIAutism con motivo del congreso IMFAR 2013 que congrega a más de 1.700 expertos en el campo del autismo.
La carpa ha sido inaugurada este jueves por el concejal delegado de Desarrollo Económico, Josu Ruiz, el presidente de IMFAR 2013, Joaquín Fuentes, y la presidenta de INSAR (International Society for Autism Research), Helen Tager-Fushber-ek.
El objetivo de esta iniciativa es la promoción de las empresas vinculadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores o con cierta dependencia. Este sector emergente integra, en torno al Cluster, a más de 50 empresas y entidades que se centran en el diseño, fabricación, distribución y comercialización de tecnologías asistivas e innovadoras.
Las firmas participantes, además de Fomento de San Sebastián, son Adom, Bera-Bera, Gerodan, Kutxazabal, Linbika, Nesplora, Obea Chair, Obea Ortopedia, Pclanik, Sumisan y Tecnalia. La entrada al recinto es libre y gratuita y el horario de 11.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 20.00 horas.
El cluster de Soluciones de apoyo, constituido en 2011 con el liderazgo de Fomento San Sebastián, tiene como objetivo mejorar la competitividad de las compañías y agentes que trabajan en el ámbito de soluciones de apoyo y aumentar la percepción social sobre los beneficios de este tipo de productos y servicios.
Este cluster persigue promover la actividad en el sector a través de diversos servicios en red como son la creación de empresas e infraestructuras, apoyo a la internacionalización, I+D+i, financiación, asesoramiento especializado, o proyectos de colaboración.
La tasa de discapacidad en la infancia crece un 16 por ciento en la última década
Los niños de hoy con una discapacidad son un 16,3 por ciento más numerosos que hace una década, un incremento que es mayor en el caso de familias con ingresos elevados, según un estudio que se presentará este domingo en la reunión anual de la Academia de Sociedades de Pediatría que se celebra en Washington (Estados Unidos).
La investigación también encontró que los problemas relacionados con las condiciones de salud física han disminuido. «Cerca de 6.000.000 niños tenían una discapacidad en el periodo 2009-2010, casi un millón más que en el 2001-2002», destacó la autora principal, Amy J. Houtrow, director de la División de Medicina de Rehabilitación Pediátrica del Hospital Infantil del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh y profesor asociado de Medicina Física y Rehabilitación y Pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos).
Houtrow dijo que estudios anteriores ya habían indicado que la prevalencia de la discapacidad en la infancia es cada vez mayor, por lo que esta experta y sus colegas querían ver más de cerca las condiciones y los factores sociodemográficos asociados a la discapacidad.
Los investigadores analizaron los datos de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud llevada a cabo por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en el periodo 2001-2002 y los datos de la encuesta de 2009-2010.
Un total de 102.468 padres de niños de 0 a 17 años participaron en las entrevistas, en las que se les preguntó sobre si sus hijos habían tenido algún tipo de limitaciones en el juego o actividad, recibían servicios de educación especial, necesitaban ayuda con el cuidado personal, tenían dificultad para caminar sin ayuda, problemas con la memoria o cualquier otra limitación.
Si respondían que sí a cualquiera de estas preguntas, se les preguntó si las limitaciones de su hijo se debía a una visión o un problema de audición, asma o problema de respiración, articulaciones, huesos o problemas de músculos, déficit intelectual o retraso mental, problemas emocionales o de conducta, epilepsia, problemas de aprendizaje, del habla, trastorno de déficit de atención, defectos de nacimiento, lesiones u otras alteraciones de desarrollo.
Los investigadores clasificaron las condiciones en tres grupos: neurodesarrollo mental, físico y otros. Los resultados mostraron que la prevalencia de la discapacidad se incrementó un 16,3 por ciento desde el periodo 2001-2002 al 2009-2010.
Mientras las discapacidades relacionadas con la salud del desarrollo neurológico y mental aumentan, las debidas a las condiciones físicas disminuyen. Esta tendencia fue más notable entre los niños menores de 6 años de edad, cuya tasa de discapacidades del desarrollo neurológico casi se duplicó durante el periodo de estudio de 19 a 36 casos por cada mil niños. «Sospechamos que una parte del incremento en discapacidades del desarrollo neurológico se debe al aumento de la incidencia o el reconocimiento de los trastornos del espectro autista», dijo Houtrow.
Los datos también mostraron que los niños que viven en condiciones de pobreza experimentaron las mayores tasas de discapacidad en los dos periodos de tiempo, pero no el mayor crecimiento, que se vio entre los niños que viven en hogares con ingresos iguales o superiores al 300 por ciento del nivel federal de pobreza (alrededor de 66.000 dólares o 50.254 euros por año para una familia de cuatro miembros).
«Nos preocupa que los que viven en la pobreza puede estar teniendo problemas con ser diagnosticados y recibir los servicios necesarios», concluyó Houtrow.
La equinoterapia mejora el estado físico y mental de los mayores de una forma diferente
Cuando internan a una persona mayor en una residencia parece que lo que le queda por vivir está condenado al aburrimiento y a la monotonía. En la Residencia Amma de Santa Cruz han querido acabar con este prejuicio ofreciendo entre sus servicios una terapia asistida con caballos al aire libre que mejora su estado físico y mental de una forma diferente.
Solemos asociar a un abuelo solitario con un pájaro, un perro o un gato. Y es que las mascotas y los animales en general no sólo dan compañía, sino que psicológica y físicamente pueden aportarles mucho más. Este es el caso de los caballos, cuya simple respiración puede relajar y mejorar la atención.
Una vez al mes, los residentes de Amma se preparan para una sesión de esta novedosa terapia. Se levantan temprano, se visten con ropa cómoda y suben a los coches que los llevan al Centro Hípico La Cordillera, en Guamasa. Una vez allí, los acomodan en las gradas del terreno a la sombra de unos grandes paraguas a la espera de su turno. «No podemos aferrarnos a un horario porque con ellos nunca se sabe», comenta una de las gerocultoras que acompaña al grupo.
Laura de la Rosa es la joven fisioterapeuta de la residencia y desde pequeña monta a caballo. «Quise unir las dos cosas que me gustaban», asegura, y por eso ahora es la monitora de estas sesiones de rehabilitación.
«Yo no me subo, que ya estoy muy mayor para eso», comenta una de las residentes. «Yo tampoco, que mi tiempo para montar a caballo ya pasó», responde otra. «Nos adaptamos a ellos. No tienen por qué subirse todos. Tocarlos o peinarlos también les sirve», explica De la Rosa. Pero no es eso lo que piensa el abuelo José Manuel Afonso. «¡Valiente!», le vitorean sus compañeros al acercarse pasito a pasito a la yegua. Afonso se mueve con dificultades por culpa del Parkinson.
Una vez junto al imponente animal, comienza a acariciarlo sin pronunciar una palabra. Llega el gran momento, los asistentes dirigidos por De la Rosa se disponen a aupar al inexperto jinete. De un empujón y a duras penas consiguen que Afonso se suba al equino, momento en que pronuncia las primeras palabras del día: «Coño, coño, coño», exclama del susto aferrado a las crines. De la Rosa lo calma y el abuelo empieza a relajarse y a disfrutar de la yegua. Poco a poco va enderezándose.
«El movimiento que haces con la cadera al estar subido es igual al que hacemos al andar. Así recuerdan cómo deben de moverse», comenta De la Rosa, que añade: «Además, al tener que estar derecho para no perder el equilibrio, conseguimos que su centro de gravedad deje de ser el parkinsoniano, hacia adelante, y vuelva a su sitio».
Afonso se relaja más y va sintiendo la caliente piel de Ina Dancing, una yegua de hipódromo de 13 años que De la Rosa educó para ser la encargada de la rehabilitación de los mayores, pero también disminuidos psíquicos y niños en general. «Los más pequeños que padecen hiperactividad montados en Ina se relajan y por fuerza tienen que estar tranquilos, porque si no ella se pone nerviosa y podría tirarlos», dice la joven fisioterapeuta.
«Para otro tipo de patología usamos a Margarita, una yegua más baja y ancha que Ina para que les sea más fácil subirse», aclara se la Rosa. Ana Díaz Armas, la directora de la Residencia, asegura que llevan cuatro meses con la terapia. «Venimos una vez al mes en grupos de 15 a 20 personas, aunque alguno no quiere subirse se acaban animando», explica la directora.
Los principales beneficios que se consiguen con el contacto ecuestre es la relajación y estimulación muscular mediante el calor corporal del caballo. También se mejora el equilibrio y la postura gracias a los impulsos rítmicos del animal, que incluso contribuyen a la rehabilitación neuromotora. Los beneficios psicoterapéuticos se consiguen al caminar hacia delante montados en la yegua, lo cual ejerce una influencia positiva en pacientes depresivos o angustiados. La relación de personas mayores con animales mejora la autoestima, la sociabilidad, la superación de episodios de aislamiento y el estímulo pscicomotor al acariciarlos o peinarlos.
La Residencia Amma de Santa Cruz también dispone de un programa parecido en el que un perro adiestrado pasa la tarde con los mayores. Y los resultados se notan.
Aerte desaprueba que el Gobierno «pueda siquiera plantearse un nuevo recorte en los derechos de las personas dependientes»
Para Aerte, Patronal de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, los nuevos recortes anunciados por el Gobierno en Dependencia impedirían a miles de dependientes vivir con un mínimo de dignida, vulnerando, con esta medida, los derechos de los dependientes y faltando, a su vez, al compromiso que asumió el Estado con la población dependiente, cuyos recortes anunciados de forma unilateral por el Gobierno, son rechazados por Aerte.
Según la patronal de la dependencia en Comunidad valenciana, esta nueva medida de ajuste, junto a los retrasos en los pagos, la disminución de beneficiarios de las prestaciones, el incremento del copago por los dependientes y todos los expedientes bloqueados que dejan sin atención a miles de dependientes con derecho reconocido, certifican la extinción objetiva de la Ley de Dependencia.
Así lo ha manifestado María José Mira, directora general de Aerte, quien ha subrayado la contradicción que supone recortar en la aplicación de derechos fundamentales para las personas Dependientes mientras que, por otro lado, se mantienen estructuras de despilfarro que hacen más injusta e insostenible la situación en la que se encuentran nuestros Dependientes.
Para la directora general de Aerte, no es de justicia que en España se destinen fondos públicos millonarios como grandes obras e infraestructuras que no ofrecen rentabilidad, cuando la alternativa que se ofrece como ahorro sea dificultar, aún más, el día a día de miles de personas dependientes y especialmente vulnerables.
Máxime cuando se ha demostrado con estudios independientes la rentabilidad económica del sector en retornos vía impuestos como IVA o IRPF, recaudación en seguridad social, etc, que suponen los fondos destinados a este sector, así cómo el impacto directo sobre el empleo, dado que se genera un trabajador directo por cada 2 plazas residenciales según la legislación existente.
Obviamente el simple anuncio de aplicación de nuevas medidas de recortes, además de ser socialmente perversas -dado que afectan a aquellos ciudadanos más débiles- conllevarían una destrucción de empleo más elevado que en otros sectores por la misma argumentación anterior. Aun se entienden menos estos anuncios, afirma la directora general cuando los políticos actuales no dejan ocasión para declarar su preocupación por las estadísticas de desempleo.
María José Mira califica estos nuevos ajustes presupuestarios anunciados como “medidas impropias de un sistema democrático comprometido con la salud y la calidad de vida de sus ciudadanos”.
Cuando el pasado julio el gobierno anunció modificaciones en la Ley Dependencia que racionalizaban su aplicación, Aerte inocentemente aceptó dichas medidas por entenderlas como un comienzo de exigencia hacia la profesionalización del sector asumiendo que así, la ley de dependencia, se convertía en una ley de servicios.
Siempre creímos, señala Mira, que con los ahorros que se generaban al aplicar medidas de ajuste, como la modificación en los criterios del copago, se iban a atender a las personas en situación de dependencia que todavía no están asistidas. Nunca imaginamos, comenta la directora general de la Patronal, que los ahorros irían encaminados a recortar presupuesto directamente.
Aerte anuncia demandas judiciales
Ante esta situación y tal y como propusieron y aprobaron los asociados de AERTE en su reciente Asamblea General anual, la patronal de la Dependencia sólo ve una solución a la cegera e incapacidad que muestran nuestros dirigentes y que nunca se ha querido aplicar: aconsejar a los dependientes a que emprendan acciones jurídicas que puedan traducirse tanto en la reclamación del cumplimiento de la Ley de Dependencia en sus plazos, como en el respeto a la libertad de elección del usuario que ésta establece.
Aerte también ha anunciado otras acciones jurídicas como recursos contra las órdenes de Bono (por entender que se tratan de plazas concertadas de centros que deben de tratarse equitativamente que el resto de operadores del sector) y contra la supuesta firma de un contrato que sólo beneficiaría a unas pocas empresas en detrimento de la gran mayoría del sector cuando el coste de dichas plazas es justo el doble que las ayudas de la dependencia; así como contra los concursos públicos del sector que se liciten por debajo del coste legal.
La patronal no ha tenido más remedio que personarse, por tratarse de un tema que afecta a la mayoría de sus asociados, en todos los recursos presentados por algunas empresas que defienden una falsa exclusividad del concierto de sus plazas frente a cualquier otro tipo de financiación pública.
Clece recibe el Certificado DisCert por su compromiso con la discapacidad
El Grupo Clece ha sido reconocido con el Certificado DisCert, distinción europea que valora y reconoce a las empresas y organizaciones que integran a personas discapacitadas. Este certificado verifica que Clece cumple con los requisitos que establece la ley con respecto a la integración social de personas con discapacidad.
El certificado fue recogido por Iñigo Camilleri, Director de Selección y Desarrollo de Clece, que, además de agradecer el reconocimiento, compartió con los asistentes en una ponencia posterior la experiencia de la compañía en Responsabilidad Social Corporativa, centrándose principalmente en la contratación y gestión de personas con discapacidad como parte sustancial del modelo de Responsabilidad Social de Clece.
Clece supera el límite mínimo exigido por la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad –LISMI- que obliga a las empresas de más de 50 personas, tanto privadas como públicas, a reservar un 2% de los puestos de trabajo a personas con alguna discapacidad. En la actualidad cuenta con más de 2.600 personas con alguna discapacidad.
Compromiso social con colectivos en riesgo de exclusión
Dentro de sus políticas de responsabilidad social (RSE), Clece cuenta con acuerdos con diversos organismos, tanto a nivel nacional como regional, para la integración de personas con discapacidad. Una labor cada vez más activa y que complementa con el trabajo de técnicos especializados en inserción laboral.
Este compromiso de la compañía con colectivos vulnerables, no sólo se limita a personas con discapacidad sino también a personas en riesgo de exclusión social y mujeres que sufren violencia de género. En este sentido, Clece colabora con más de un centenar de asociaciones y entidades sociales como fuente de reclutamiento de estos colectivos.
Igualmente, el compromiso de Clece con la igualdad de oportunidades llevó a la compañía, en 2007, a incorporar a su red su propio Centro Especial de Empleo. Adquirió entonces Integra CEE, cuyo objetivo es facilitar la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad. El centro cuenta hoy con cerca de 1.000 trabajadores, donde más de un 90% tiene una discapacidad superior al 33%.
El Certificado DisCert©se obtiene después de una verificación por entidades homologadas, en función del cumplimiento no sólo de la legislación vigente sino también de otras acciones que mejoran el compromiso real de la empresa con las personas discapacitadas. Según Discapanet (informe 2009) el 84% de las empresas españolas incumple la legislación actual y un 90% de las entidades públicas o de participación pública.
Acerca de CLECE
CLECE es una empresa de multiservicios, líder en servicios integrales a empresas. Con 61.400 personas y presencia en todo el territorio nacional, CLECE ofrece servicios de limpieza, mantenimiento, energía, logística, aeroportuarios y servicios sociales, así como otros servicios profesionales, para todo tipo de instituciones y empresas en todos los sectores.
Las plataformas por la Ley de Dependencia plantan cara al “hachazo” del Gobierno
La Coordinadora estatal de plataformas en defensa de la Ley de Dependencia se ha sumado a las críticas de varias organizaciones hacia los recortes que el Plan Nacional de Reformas 2013 (PNR), presentado el 26 de abril tras la reunión del Consejo de Ministros, contiene en materia de dependencia. En palabras de la asociación, la rebaja en el gastosupondrá una «condena a la exclusión social, e incluso a la muerte» para miles de personas.
De acuerdo con las estimaciones del PNR, los recortes en atención a personas dependientes ascienden a un total de 1.108 millones de euros sobre lo presupuestado para este año. Dado que la partida inicialmente consignada era de 1.087,18 millones de euros, los cuidados que costea el Estado no podrían ser financiados, ya que el saldo sería negativo: -20,82 millones de euros si el Ejecutivo cumple al máximo el objetivo de ahorro. «Es un hachazo definitivo a la Ley de Dependencia yun acto de profundo desprecio hacia la vida humana«, asegura al respecto el portavoz de la coordinadora, José Luis Gómez-Ocaña.
Sobre el fondo de la cuestión, Gómez-Ocaña opina que se trata de una cuestión ideológica: «Es evidente que la Unión Europea le ha pedido al presidente Rajoy una cabeza, y Rajoy, en un acto de valentía suprema, ha ofrecida la cabeza de la dependencia, de los más débiles, que pasan a tener cero medios», afirma, y añade que en ningún caso pueden señalarse los recortes como una cuestión económica: «Antes de julio de 2012, la dependencia suponía un gasto del 0,6% del PIB. No era una cantidad importante. Lo que ocurre es que quieren trasladar el negocio de los cuidados al sector privado».
Así, la plataforma asegura que «en paralelo al desmantelamiento de la ley» han surgido varias compañías aseguradoras privadas que ofrecen prestaciones para dependientes. «El objetivo es que el que pueda pagarse un seguro tenga un seguro de dependencia. El que no, quedará en manos de la beneficencia, como en los años 60 o 70«, señala Gomez-Ocaña.
Recortes a los beneficiarios y freno a las altas
Los dependientes denuncian además la puesta en marcha de diversas estrategias encaminadas a reducir el gasto a costa de empeorar sensiblemente la atención y las prestaciones que reciben. Así, Gómez-Ocaña explica que son frecuentes las «reevaluaciones». Se trata de someter al beneficiario a una nueva evaluación médica que, según su versión, acaba frecuentemente en una rebaja del nivel de la prestación reconocida: «Son reevaluaciones en silencio, de oficio. Es gente que obviamente ha empeorado con el tiempo y a la que ahora se le dice que su dependencia es menor para dejarla sin prestación», dice.
También se ha frenado el proceso de evaluación para nuevos beneficiarios: «Se ha creado interesadamente un embudo de hasta 18 e incluso 20 meses para las valoraciones», explica. Los dependientes no pueden acceder a ninguna de las prestaciones de la ley hasta que no cuentan con ese dictamen, y la situación ha empeorado recientemente, pues se ha vinculado la prestación de servicios de asistencia social por parte de los Ayuntamientos a esa misma evalución médica. Sin ella, las personas afectadas no pueden optar ni a las medidas de la Ley de Dependencia, ni tampoco a los programas que ponen en marcha los municipios.
«El Gobierno quiere dejar morir la ley a medida que mueran los actuales beneficiarios. La idea es no reconocer nuevas prestaciones, no cubrir la tasa de reposición, y eso es lo que se está haciendo», cree Gómez-Ocaña. «Es impropio de un Gobierno digno cargar el pso de la crisis en los más débiles. El Partido Popular ha mostrado su verdadera ideología e intenta negar el derecho a una vida digna de los afectados», dice.
Nada que perder
Ante esta situación, «la gente está muy asustada porque no ve cómo va a poder hacer frente al cuidado de los dependientes«, dice el portavoz de la coordinadora, que señala como especialmente alarmantes son los supuestos de «gran dependencia», en los que la persona requiere cuidados continuados y asistencia para realizar cualquier actividad cotidiana. «Los familiares tienen miedo de no poder seguir cuidando a sus seres queridos. Con el recorte en las prestaciones, hay gente que tendrá que elegir entre comer o costear su tratamiento médico«, asegura.
Las diferentes plataformas en defensa de la Ley de Dependencia a nivel nacional han decidido coordinarse y organizar diversas acciones de protesta. «Puedo asegurar que no tenemos nada que perder. Preferimos morir de pie que de rodillas», explica Gómez-Ocaña. El portavoz añade que actos como manifestaciones suponen un importante reto para el colectivo, puesto que se trata de un grupo de personas «muy difícil de movilizar»: «La mayor parte está en cama o en una silla de ruedas, por eso tenemos que ser todos los demás los que salgamos a dar la cara», comenta.
Aún no hay cerrado un calendario definitivo de acciones. La coordinadora señala que busca «medir muy bien las protestas» en un momento en el que el Ejecutivo «está aplicando una política represiva en cuanto a manifestaciones». Por su parte, Gómez-Ocaña está convencido de que la movilización social es la única opción que tienen los dependientes para «defender sus intereses y defender, sobre todo, su vida». «Nunca podrán quitarnos la capacidad de lucha y la dignidad de la que carece este Ejecutivo», concluye.
El CERMI da por muerta la Ley de Dependencia si se aplican los nuevos recortes
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha alertado de que aplicar nuevos recortes a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia supondría «la defunción de la norma y un gran fracaso social».
En este sentido, el CERMI ha asegurado que el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia «languidece desde hace muchos meses, por lo que someterlo a nuevas medidas de contención y ahorro sería frustrar las expectativas de atención de cientos de miles de personas mayores con discapacidad que necesitan apoyos intensos para su vida diaria y su autonomía individual». «Recortar más la Ley constituiría un acto fallido del Estado y de la sociedad en su conjunto, que significaría dejar a su suerte a los segmentos más vulnerables, en términos de derechos y bienestar del país», ha precisado en un comunicado.
Asimismo, ha subrayado que la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia «es un valor social inmenso que no puede estar continuamente en juego». Por ello, ha expresado que «requiere el apoyo explícito y permanente con hechos y decisiones de las Administraciones responsables, del Gobierno central y de las comunidades autónomas».
Finalmente, ha reclamado que todas las fuerzas políticas y los sectores sociales de mayores y discapacidad suscriban «un gran pacto para salvar la Ley y el Sistema, que permita alcanzar las previsiones con las que surgieron y que les dote de estabilidad institucional y financiera».
Más de 12.800 valencianos tienen ya la tarjeta del mayor
La Conselleria de Bienestar Social ha emitido desde que se inició el programa en junio del pasado año un total de 12.871 tarjetas del mayor, un documento que permite a los portadores, mayores de sesenta años, beneficiarse de un sinfín de ventajas en numerosos establecimientos de la Comunitat Valenciana.
Según los datos actualizados del Departamento que dirige Asunción Sánchez, en la provincia de Valencia hay 8.870 beneficiarios, en la Alicante, 2.798 y en la de Castellón, 1.503. Además, el 51 por ciento del total son mujeres y el 49 por ciento, varones.
En cuanto a las solicitudes, dicha área recibió un total de 13.672. La mayoría de ellas, de personas de edad comprendida entre 65 y 75, el 55 por ciento, lo que se traduce en 7.583 ciudadanos. Rellenaron también los papeles 2.711 menores de 65 años y 2.879 entre 75 y 85 años. Mayores de 85, tan solo registraron 499 peticiones.
La tarjeta del Mayor es una iniciativa de la Generalitat que tiene por objetivo que sus titulares puedan acceder a una serie de ventajas y descuentos en establecimientos y servicios sociosanitarios como ópticas, clínicas dentales, agencias de viajes o casas rurales. En total, hay adheridas al programa 312 entidades.
Pese a que destaca la participación de empresas ortopédicas, ópticas y odontológicas, en el catálogo hay establecimientos de todo tipo. Desde funerarias hasta panaderías, pasando por una tienda de informática.
De la tarjeta pueden beneficiarse todas aquellas personas que hayan cumplido ya 65 años o que sean pensionistas mayores de 60. Además, han de residir en alguno de los municipios de la región valenciana. Las solicitudes deben presentarse en las direcciones territoriales de la Conselleria de Bienestar Social, en las oficinas Prop de la Comunitat, en los centros Especializados de Atención a mayores o en los servicios sociales de los Ayuntamientos.
La directora general de Acción Social y Mayores, Pilar Albert, mostró su satisfacción por la acogida del proyecto, «como muestra el número de documentos acreditativos expedidos y de las empresas y comercios que participan».
En esta línea, aseguró que las personas mayores «merecen» todo este esfuerzo del Consell, «para mejorar su calidad de vida».
«Se trata de una iniciativa muy importante de apoyo a nuestros mayores, el Gobierno valenciano es consciente del papel tan importante que están jugando en la sociedad por su inestimable experiencia y porque, en una época complicada como la actual, están siendo el pilar y apoyo de muchas familias y cualquier descuento o ventaja que puedan obtener es una gran ayuda».
MUGABE elige la atención centrada en la persona para su X jornada
La Jornada MUGABE que se celebra una vez al año, pretende ser un espacio organizado, dirigido y participado por personas mayores en el que se expongan y debatan opiniones, y se generen ideas e iniciativas en relación a sus temas de interés, con un espíritu abierto y dirigido a toda la sociedad.
Se reúne en un mismo foro a los participantes en las distintas actividades que se desarrollan bajo el programa MUGABE.
Para el acto se elige un tema relevante y de actualidad, y una persona profesional del tema ofrece una conferencia que posteriormente da lugar a un debate entre todas las personas asistentes.
Por ello, el próximo día 8 de mayo, MUGABE celebra en la sala Kutxa de la calle Andia (Donostia- San Sebastian) la X. Jornada MUGABE, bajo el título: “Pertsonek laguntza behar dutenean, ETXEAN ONDO, cuando las personas necesitan ayuda”.
El programa de la jornada será el siguiente:
- 10:00 Saludo y presentación de la Jornada. Actuación del Coro “Cum Jubilo” (Acex-Eske).
- 10:15 Ponencia. “La atención centrada en la persona. Un modelo para el buen trato a las personas mayores”. Teresa Martínez (Psicóloga experta en Gerontología Social. Consejería Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias). Autora de la Guía La Atención Gerontológica Centrada en la Persona, editada por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, en 2011.
- 11:00 Coloquio
- 11:30 Descanso
- 12:00 Mesa redonda “Etxean Ondo: Vivir bien en casa o como en casa cuando necesitamos ayuda”.
Ponentes:
- Miguel Leturia Coordinador del “Proyecto Etxean Ondo domicilios”.
- Pura Díaz Veiga Coordinadora del “Proyecto Etxean Ondo residencias”.
- Leyre Carrasco Diego auxiliar del Centro Gerontológico Fraisoro participante en el Proyecto Etxean Ondo.
- 13:00 Coloquio
- 13:30 Despedida y cierre. Actuación del Coro “Cum Jubilo” (Acex-Eske).
La Jornada está abierta al público en general.
Fuente: http://mugabe-elkartea.com/
La contratación de personas con discapacidad crece un 3,33%
La contratación de personas con discapacidad crece un 3,33 por ciento en el primer trimestre de 2013, lo que supone un total de 14.455 nuevos contratos realizados en los primeros meses del año, frente a los 13.987 que se efectuaron en el mismo periodo de 2012, según los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), recogidos por la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros de Empleo (FEACEM).
Asimismo, la Federación ha señalado que la contratación de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (CEE) en el primer trimestre del año muestra un aumento respecto al año anterior, con un total de 9.687 contratos en CEE en 2013, frente a los 8.958 en el mismo trimestre del pasado año, lo que supone el incremento del 8,13 por ciento. Si embargo, FEACEM ha indicado que la contratación en el resto de empresas continua descendiendo.
En cuanto a las comunidades autónomas, Cataluña, con 326 nuevos contratos; y Castilla León, con 202, han sido las regiones donde más ha crecido el índice de contratación de personas con discapacidad. Por el contrario, Andalucía y Aragón recogen 74 y 56 puestos de trabajos menos –respectivamente– con respecto al mismo trimestre de 2012.
Además, el documento revela un cambio de tendencia respecto al año anterior con el incremento de estos contratos en Cataluña, Castilla y León, Valencia y Galicia; así como con el decrecimiento que muestran Madrid, Canarias y Asturias en este 2013.