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Ana Mato, Cospedal, Rudi y Rafael Hernando, nominados al Premio ‘Corazón de Piedra’ 2013
La ministra de Sanidad, Ana Mato; la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; la de Aragón, Luisa Fernanda Rudi y el diputado nacional del PP Rafael Hernando, han sido nominados para el premio ‘Corazón de Piedra’ 2013, galardón que entrega la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en reconocimiento por la «falta de sensibilidad en materia social y el desprecio hacia las personas más necesitadas».
Según informa la organización en un comunicado, el «ganador» será elegido por votación popular a través de la página web de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales y en las redes sociales. La votación se prolongará durante las próximas semanas y el resultado se dará a conocer el 25 de octubre durante el XX Congreso anual de la Asociación, al que serán invitados a asistir todos los candidatos.
El premio, que será entregado en ese mismo acto, consistirá en un diploma y trofeo al ganador, así como diploma a los candidatos que no resulten ganadores. «En caso de que alguno de ellos no asista personalmente a recoger su trofeo, les será entregado en el lugar que ellos mismos determinen y si tampoco fuera posible, se les enviará por mensajería», según explica la organización.
‘Corazón de Piedra’ nace como alternativa al premio que la asociación viene entregando en sus congresos anuales para reconocer la labor positiva de personas, entidades, empresas y medios de comunicación en materia social.
«De la misma manera que se debe conocer estas buenas prácticas en materia social, es necesario que se reconozca a las personas que muestren mayor insensibilidad y cuyas opiniones o actuaciones produzcan más desamparo y sufrimiento a las personas y familias, especialmente en situaciones tan graves como las que estamos viviendo», explica la asociación.
En este sentido, Mato ha sido propuesta como candidata «por su personal insensibilidad y porque su único cometido al frente del Ministerio ha sido recortar, destruir y demoler políticas sociales», mientras que Cospedal se nombra «por su obsesión por desmontar políticas sociales, con especial dedicación a aquellas dirigidas a las personas más vulnerables».
En cuanto a Rudi, la asociación ofrece su candidatura «por la aplicación del gobierno que preside en desmontar el Sistema de Atención a la Dependencia, y añadir un destacable punto de crueldad al culpar de sus malos resultados a los fallecidos», mientras que a Rafael Hernando se le ha propuesto por «su descaro y crueldad al decir que son los padres los responsables de la situación de los niños que padecen dificultades de alimentación».
Madrid potenciará la imagen positiva de los mayores con carteles en Metro, EMT y mobiliario urbano
Una campaña municipal, en colaboración con la Fundación Especial Caja Madrid, potenciará la imagen positiva de los mayores con carteles en el Metro, en los autobuses de la EMT, en el mobiliario urbano y en los centros municipales, como ha avanzado este martes la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
Se desarrollará del 14 al 27 de octubre, como ha explicado la primera edil en el transcurso de un acto de celebración con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, al que también ha asistido la delegada de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, Lola Navarro.
En el acto se han entregado 21 placas conmemorativas, una por cada distrito, a mayores voluntarios con reconocimiento a su entrega y altruismo. «Es un homenaje bien merecido para mayores entusiastas, como vosotros, que nos enseñáis día a día a superarnos y a tratar de ofrecer en todo momento lo mejor de nosotros mismos a los demás», les ha dicho la alcaldesa. Una de las homenajeadas ha sido Elisa, que en pocos días cumplirá cien años, a quien se le ha cantado el ‘Cumpleaños feliz’.
Botella se ha mostrado convencida de que los mayores ayudan a los jóvenes «a tener una imagen más positiva de las personas de más edad» y les permite «aprovechar sus conocimientos y estrechar vínculos». Ella misma se ha puesto como ejemplo al ser abuela de cinco nietos.
En este sentido ha recordado que en 2008 se constituyó el Consejo Sectorial de Personas Mayores de Madrid, que se reúne periódicamente para recoger las opiniones de los representantes de las asociaciones, de los centros municipales de mayores, de los técnicos municipales y de la Comunidad de Madrid. Además, los mayores participan activamente en los Consejos Territoriales de los distritos para aportar soluciones y alternativas a las cuestiones de sus barrios.
Ana Botella ha señalado que en los últimos quince años se ha incrementado la participación social de los mayores, que se ha traducido en un importante aumento de voluntarios. Y es que el cuerpo de voluntarios del Ayuntamiento cuenta en estos momentos con más de 8.350 personas, de las cuales 1.800 son mayores de 65 años, estos es, un 22 por ciento.
La alcaldesa ha destacado especialmente la labor de los más de 1.500 mayores que prestan sus servicios como voluntarios activos en los 89 centros municipales de la Tercera Edad, donde ejercen como monitores de diversas actividades socioculturales y cuya labor ha permitido que más de 15.000 mayores de la ciudad hayan disfrutado de diferentes talleres.
Por último, la primera edil ha anunciado que en los próximos días solicitará la adhesión de Madrid a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las personas mayores como un paso más en el compromiso del Gobierno municipal de potenciar la participación de esta parte de la población. «Queremos aprender, valorar y escuchar todo lo que tienen que decirnos», ha concluido.
El Programa Inserta logra la inserción laboral de más de 6.000 personas con discapacidad en 13 años
Un total de 60 empresas se han adherido al Programa Inserta para la inserción laboral de personas con discapacidad, una iniciativa que desarrolla Fundación ONCE a través de FSC Inserta, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, y que ha permitido crear y consolidar más de 6.000 puestos de trabajo desde que comenzó el Programa hace 13 años.
El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, ha ofrecido estos datos en declaraciones a Europa Press, tras firmar este miércoles en Murcia la adhesión de la empresa ElPozo Alimentación al programa, y que permitirá que 40 personas con discapacidad entren a formar parte de la compañía en un plazo de dos años.
Durán, quien ha suscrito el acuerdo con el presidente de ElPozo Alimentación, Tomás Fuertes, ha recordado que Fundación ONCE, a través de FSC Inserta, modula estos convenios de un modo «singular y adaptado a las condiciones de cada empresa».
Además, ha indicado que Fundación ONCE trata de trabajar con empresas «líderes en su sector», porque el objetivo es que estas experiencias de inserción laboral «se visibilicen». Además, ha apostillado que las empresas salen reforzadas como «compañías exitosas en el campo en el que trabajan».
El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE ha recordado que el programa Inserta comenzó en el año 2000 y, ahora mismo, ya suma más de 6.000 empleos de personas con discapacidad gracias a la colaboración de 60 grandes compañías. Los trabajadores no son exclusivamente personas con discapacidad visual, sino que pueden tener cualquier tipo de discapacidad, ha puntualizado.
No obstante, ha explicado que el Programa Inserta es un proyecto específico en el que participan grandes empresas, pero la Fundación ONCE lleva a cabo más planes de inserción y procura más de 5.000 empleos cada año a personas con discapacidad en empresas locales de menor tamaño. En total, ya ha ayudado a encontrar trabajo a más de 80.000 personas con discapacidad desde su creación, hace 25 años.
En este sentido, FSC Inserta, en el marco del Programa ‘Por Talento’ (Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por Fundación ONCE) tiene una bolsa de empleo con más de 180.000 personas con discapacidad demandantes, censadas y entrevistadas. El archivo incluye un perfil detallado de cada trabajador, con información de los estudios y habilidades que posee.
La entidad de Fundación ONCE, experta en intermediación laboral, ofrece a sus beneficiarios itinerarios para la mejora de la empleabilidad mediante la realización de cursos y talleres formativos y posteriormente presenta a los candidatos a las ofertas de perfiles demandados por las empresas.
Disponer de trabajadores con discapacidad en la plantilla, añade Durán, aporta un «valor añadido» a las empresas, ya que gracias a ello cuentan con empleados «con un grado de motivación excelente», y pueden conocer a un sector de la población «con el que a veces no se tiene contacto directo».
Así pues, las empresas pueden conocer a las personas con discapacidad «como clientes y como destinatarios finales de productos y servicios». Asimismo, ha remarcado, supone un valor añadido desde el punto de vista emocional, puesto que se trata de gente que «tiene menos oportunidades y se relativizan problemas que, realmente, no lo son». Las personas con discapacidad en el ámbito laboral «es gente que va al grano y que trata de resolver su trabajo de la mejor manera posible, trabajando con muchas ganas», ha subrayado.
Durán ha alabado a ElPozo Alimentación como una empresa «líder» que ya cumple el requisito del cupo legal del dos por ciento mínimo de trabajadores con discapacidad, y ahora busca «la excelencia». A su juicio, es una empresa «con voluntad de realizar estos programas de mejora».
FSC Inserta, que trabaja con muchas otras empresas del sector industrial, puede aportar «buenos perfiles adecuados» a los puestos que se oferten. Además, Durán cree que existe una posibilidad de establecer una relación comercial con ElPozo Alimentación a través de empresas de la ONCE y su Fundación (Corporación CEOSA y Grupo Fundosa) que trabajan en el sector de lavandería, de la seguridad, la limpieza o el tratamiento documental, entre otras cosas.
ETAPA DE CRISIS
Durán ha indicado que la Fundación ONCE no ha acusado de manera tan adversa el efecto de la crisis porque ha aprendido a trabajar «con más eficiencia, si cabe», y el sector de la discapacidad «ha aguantado bastante bien el empleo, porque tenemos una gran convicción detrás de los empleos que generamos». «No estamos para ganar dinero en el corto espacio de tiempo, sino para generar empleo», ha subrayado.
No obstante, ha admitido que el mercado laboral del ámbito de la discapacidad «ha ido funcionando bien, aunque en los últimos meses ha caído un poco». Por eso, Fundación ONCE y FSC Inserta «tienen que hacer un doble esfuerzo para poder mantener las cifras de creación de más de 5.000 empleos para personas con discapacidad cada año».
El objetivo de Fundación ONCE es, a su juicio, mantener esa creación de empleo «llueva o haga sol, de forma independiente a la crisis o el contexto».
Gobierno catalán dice que intensificará el diálogo con las entidades tras los nuevos recortes en dependencia
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha asegurado este miércoles que intensificará el diálogo con las entidades sociales, tras anunciar que mantendrá la suspensión de nuevas ayudas a dependientes para pagar una residencia –el departamento anunció en un principio que la suspensión sería solo en julio y agosto– y el recorte del 4,6% en los pagos a centros sociosanitarios con carácter retroactivo –un 0,25% del total de dinero público que reciben–.
«Tenemos un importante problema de financiación de todo lo que tiene que ver con la dependencia», ha admitido Munté en una atención a los medios, en la que ha reiterado que la ley de dependencia está infradotada por parte del Estado y la Generalitat realiza un sobreesfuerzo desde hace años para atender a todas las personas.
Preguntada sobre por qué anunció en un principio que la suspensión era solo de dos meses, cuando finalmente se ha prorrogada ‘sine die’, la consellera ha asegurado que se debe a que en julio no se conocía el techo de déficit que, a pesar de ser superior en el caso de Catalunya que el de otras comunidades autónomas, ha considerado «totalmente insuficiente e injusto».
Munté, que ha recordado que cada décima adicional de déficit suponía disponer de 200 millones de euros, ha precisado también que los Presupuestos Generales del Estado para 2014 no prevén partidas adicionales para el sector de la dependencia, y la aportación del Gobierno «no ha hecho más que descender», lo que hace imprescindible buscar soluciones para construir un modelo sostenible de atención, algo que se ha comprometido a hacer desde el diálogo constante con las entidades.
En todo caso, y en relación a las 17.000 personas que están en lista de espera en Catalunya para acceder a una residencia –según cifras de las entidades–, la consellera ha asegurado que ello no quiere decir que no reciban otro tipo de ayuda, y se ha comprometido a buscar soluciones y ofrecer otro servicio: «Nadie quedará desatendido», ha prometido.
Asimismo, ha evidenciado que las 11.000 plazas que ya existían en el sistema de prestación económica vinculada (PEV) –como se llama el programa ahora definitivamente suspendido y que permitía a dependientes sin plaza pública acceder a una residencia privada–, Munté ha precisado que se seguirán pagando.
La consellera, que ha señalado que el sobreesfuerzo de la Generalitat en el ámbito de la dependencia no puede ser ilimitado, ha desvinculado los nuevos recortes de una decisión tomada por motivos de ahorro económico, sino para «evitar problemas de sobreesfuerzo mayores», por lo que ha evitado cuantificar el coste para el Govern del mantenimiento de este programa.
Las personas mayores, en «grave riesgo» de «pobreza y marginalidad» por la crisis
La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha advertido del «grave riesgo» que sufren las personas mayores de caer en situaciones de «pobreza y marginalidad» por los efectos de la crisis económica, agravados por los recortes y medidas como el copago farmacéutico y sanitario, la reducción de ayudas a la dependencia y la pérdida de poder adquisitivo que, a juicio de la organización, «previsiblemente» se producirá como consecuencia de la reforma de las pensiones.
Con motivo del ‘Día Internacional de las Personas Mayores’, que se conmemora este martes, la unión de asociaciones ha recordado que el colectivo de personas mayores representan el 17,4 por ciento de la población total española –según los datos del INE publicados en 2012–, lo que supone que son más de 8 millones de personas.
«Un día como hoy, no hay muchos motivos para la celebración», según ha indicado la presidenta de UNAF, Teresa Blat, que ha subrayado que «los derechos más básicos de las personas mayores no están siendo garantizados» y ha reclamado que el colectivo «sea un grupo prioritario de atención por parte de los poderes públicos».
En este sentido, ha pedido además que, para ello, se tomen medidas para «continuar avanzando hacia su reconocimiento social, su derecho a la participación y, en definitiva, su plena ciudadanía».
Por otra parte, Blat ha alertado de la posibilidad de que, debido a las situaciones de vulnerabilidad a que se ve expuesto el colectivo y al «progresivo» envejecimiento de la población y de su situación de dependencia tanto funcional como emocional, las personas mayores corren el riesgo de «convertirse en uno de los grupos sociales más susceptibles de sufrir situaciones de abuso y malos tratos».
Por todo ello, ha reiterado su petición a las administraciones públicas para que destinen recursos y desarrollen medidas para proteger a las personas que forman parte de este colectivo y, por lo tanto, son susceptibles de sufrir situaciones de pobreza, violencia o marginalidad.
Las residencias de mayores del sector social denuncian impagos por parte de siete comunidades autónomas
La Federación Lares, que representa a las residencias para mayores y dependientes gestionadas por entidades sociales –fundaciones, Cáritas y ONG–, denuncia en su último informe que hasta siete comunidades autónomas acumulan «grandes bolsas de deuda» con los centros residenciales por el impago de las plazas residenciales que tienen concertadas y que mantienen reservadas, se ocupen o no.
El nivel más «crítico» se da en Andalucía, donde la deuda supera los 14 millones de euros sólo para los centros de Lares y el pago de plazas, que debería abonarse a los treinta días, se está ejecutando con retrasos de hasta 4 meses. Para poder seguir funcionando, los centros han tenido que solicitar a los bancos anticipos de las facturas emitidas a la Junta, con un interés del 4%, así como pólizas de crédito.
En esta región, casi el 14 por ciento de las plazas concertadas con los centros Lares están vacantes y desde julio de 2012 «sólo se reponen las plazas para atender urgencias sociales y sólo en casos extremos», mientras las valoraciones están «prácticamente paralizadas y cuando se realizan reflejan índices a la baja». «El sistema está prácticamente paralizado, siendo los más afectados los usuarios sin acceso a los recursos que necesitan», explica el informe.
En Baleares, el nivel también se considera «crítico» en el informe. «Hay una importante deuda acumulada de 340.000 euros del impago de las 30 plazas concertadas en la Residencia Reina Sofía- Ibiza (única de Lares con plazas concertadas) desde el 2011 y hasta mayo de 2013», explica la organización, para incidir en que ha sido necesario contratar una póliza de crédito de 500.000 euros. El peso de esta deuda puede «hundir» el centro.
RIESGO DE DESAPARICIÓN EN CANARIAS
En la misma línea, las Islas Canarias, con un nivel igual de «crítico» por el adeudo de hasta siete meses de plazas concertadas a los centros residenciales más pequeños. «Es este un volumen muy importante para su dimensión empresarial», explica el informe, para incidir en que, también en este caso, la deuda se soporta con la suscripción de pólizas de crédito «que conllevan intereses importantes».
«Así las cosas las plazas concertadas corren el riesgo de desaparecer: En la actualidad los mayores atendidos en ellas no llegan a las 100 personas y mientras, el diálogo con las Administraciones es absolutamente deficiente», dice el informe sobre Canarias, donde, según afirma, «la Ley de Dependencia está totalmente paralizada».
Mientras, en la Comunidad Valenciana, los centros aún no se han recibido los importes correspondientes al 2013, es decir, el 60% del importe de las plazas concertadas, y se acumula una deuda «importante». Por un lado, los centros asociados a Lares de titularidad municipal tienen pendiente desde 2012 recibir 270.000 euros. Por otro, se adeuda a todos los centros 5,5 millones de euros por las plazas concertadas desde enero del 201) y 527.000 euros de subvenciones para equipamiento desde 2010.
Asimismo, en Castilla La Mancha se deben entre 3 y 4 meses tanto en los conciertos como en las residencias que funcionan por convenio, aunque está previsto que se salden con los mecanismos de pago a proveedores que están en marcha. En Extremadura, por su parte, las plazas se pagan en un plazo de dos a tres meses y se acumula una deuda actualmente de 12.000 euros, y en La Rioja, donde los pagos son a 90 días, se acumulan 3 meses de retraso, según el informe.
PLAZAS VACANTES, DEPENDIENTES INFRAVALORADOS
«La crisis económica ha provocado que las Administraciones retraigan el gasto en dependencia y esta postura se ha materializado de muy diversas formas, generando una cascada de desajustes», señala Lares, Lares, que agrupa a más de 950 entidades en las 17 comunidades autónomas.
En este sentido, denuncia que la reforma de la Ley de Dependencia por la que se suprimieron los niveles intermedios que se utilizaban para clasificar la situación de la persona necesitada de atenciones, ha desembocado en «una extendida tendencia a la baremación a la baja» por lo que un beneficiario con gran dependencia es catalogado, por ejemplo, con un grado medio y quien estaba en esta situación, a su vez, puede ser considerado moderado.
Lares sostiene que esta medida «provoca que los centros perciban importes inferiores al coste de la atención real que prestan» a los dependientes que están ingresados en ellos. «En Aragón, por ejemplo, apenas hay mayores valorados con el Nivel III (Gran Dependencia)», explica el informe.
Otro de estos «desajustes» que señala la organización es la desocupación de plazas residenciales por la falta de reposición de los dependientes que fallecen. Según explica el informe, en Aragón el 46% de las plazas concertadas en centros Lares está vacante y las plazas por defunción no se cubren desde el 2010. Mientras, las plazas vacías en Andalucía son el 14% y no se producen reposiciones desde julio de 2012.
Asimismo, refiere una «bajada o congelación extendida en los precios de las plazas concertadas», aunque las Administraciones muestran cierta tendencia a flexibilizar parámetros como ratios de personal y de servicios que ayuden a los centros a soportar estas bajadas de precios. En algunas comunidades, en cambio, los precios de las plazas concertadas han subido ligeramente como es el caso de Asturias (1%) y Euskadi con un porcentaje cercano al 5%.
Sanidad asegura que «la peor parte de los ajustes» en política social «ha pasado»
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Miniosterio de Sanidad, Juan Manuel Moreno, ha afirmado que «la peor parte de los ajustes presupuestarios» en política social «ha pasado ya» y se ha entrado «en un tiempo nuevo», de «consolidación del gasto» en el que «ya no hay necesidad de ajuste».
Así lo ha explicado en la rueda de prensa de presentación del presupuesto con que contará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el próximo curso, cuando dispondrá de 1.912 millones de euros, 3,2 millones más que en 2013, de los que 1.527 millones irán a parar a su departamento, 1,4 más que en 2013.
El grueso de estas partidas se irá al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que sobre el papel este año cuenta con un 46% menos de presupuesto por la desaparición de 1.034 millones de euros que el año pasado se consignaron de forma excepcional para sufragar cuotas a la Seguridad Social de cuidadores familiares que se adeudaban desde la legislatura anterior.
Moreno ha concretado que descontando estas obligaciones, el presupuesto para Dependencia este ejercicio ascenderá a 1.175 millones de euros, 4,8 millones más que el año pasado. Esta cantidad, el 61% de los fondos de que dispondrá el ministerio, incluye los 1.087 millones del nivel mínimo de financiación para las comunidades autónomas, que no varía.
A estas partidas hay que sumar otras cantidades que repercuten en la financiación de la dependencia, como 128,6 millones para promoción de la autonomía personal, 4,7 millones en transferencias al IMSERSO para la atención de grandes dependientes, 128,6 millones para termalismo social o 5 que se consignan para fundaciones que trabajan con mayores y discapacidad.
Con todo, en 2014 no habrá nivel acordado de financiación con las comunidades autónomas, por lo que el nivel mínimo será toda la transferencia que reciban del Estado para sufragar la gestión del SAAD y seguirá congelada la incorporación al sistema de dependientes moderados, cuyo ingreso se pospuso hasta julio de 2015.
22,2 MILLONES PARA VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otra parte, Moreno ha destacado el «compromiso» del Ejecutivo en lucha contra la violencia de género y ha destacado que el presupuesto de la Delegación del Gobierno para estos fines se mantendrá íntegro respecto de año pasado, con 22,2 millones de euros y «ni una sola política» de protección o asistencia a las víctimas se verá afectada en el nuevo ejercicio. «No hay ni un paso atrás», ha asegurado.
En este sentido, ha destacado que el servicio de tele asistencia ATEMPRO mantiene una partida de 5,5 millones de euros, el servicio telefónico 016 se queda con 1,1 millones y la partida para asistencia social de las víctimas respeta los 4 millones del año pasado. Además, se incrementa la partida para sensibilización en 122.000 euros hasta alcanzar 1,6 millones.
También varía el presupuesto para los brazaletes GPS de localización de maltratadores porque, según ha explicado Moreno, se ha «renegociado» el contrato y se ha conseguido una rebaja del precio «en torno a 200.000 euros». Este dinero va a reinvertirse en una nueva «macroencuesta» sobre violencia de género que ejecutará el Instituto Nacional de Estadística por importe de 300.000 euros, conforme ha señalado.
14 MILLONES PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER
Por otra parte, en materia de Igualdad, Moreno ha destacado que el Instituto de la Mujer contará con 13,6 millones de euros para el próximo año «una vez corregidos los desajustes presupuestarios del gobierno anterior, que habían dejado un agujero de siete millones de euros». En paralelo, se destinarán otros casi seis millones para promoción del emprendimiento y el empleo femeninos, parte de los cuales proceden de fondos europeos.
Otro de los asuntos en los que ha hecho más hincapié el secretario de Estado es en el presupuesto de lucha contra la pobreza, en tanto que su departamento gestiona la recaudación del IRPF correspondiente a la casilla de fines sociales y que el año próximo podría superar los 211 millones de euros, según sus propias estimaciones.
Además, Moreno ha destacado que, por un lado, el Ministerio ha aumentado en 1,8 millones la aportación de las subvenciones sociales con cargo al IRPF y, por otro, se ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado la creación de un fondo europeo de ayuda a personas en riesgo de exclusión social dotado con 40 millones de euros procedentes de la Unión Europea.
El informe económico y financiero que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado este lunes en el Congreso junto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado recoge una caída global del 36,4% en las partidas que las distintas administraciones públicas destinarán el próximo año a Servicios Sociales y Promoción Social.
«Ayudar a las personas mayores». Por Catalina Hoffmann, presidenta Fundación Catalina Hoffmann y Grupo Vitalia
Nuestra sociedad, en los tiempos actuales, está sufriendo traumáticos cambios económicos y sociales. Nadie esperábamos pasar por este en pleno siglo XXI. Y han sido justo los mayores, los mismos que con esfuerzo y tesón nos llevaron a la sociedad de bienestar, los que ahora están manteniendo a sus hijos y nietos para poder salir adelante.
Las pensiones de nuestros mayores, su capacidad de ahorro durante años, y su extrema generosidad, están salvando a nuestra sociedad en un momento tan complicado.
Mientras todo esto ocurre, hay un sector de la tercera edad que se ha quedado atrás. Sus pensiones no contributivas, el escaso desarrollo económico de la Ley de Dependencia y la ayuda a cuentagotas de la Administración, les hacen quedar marginados económica y socialmente en una sociedad por la que lo dieron todo.
Por eso surgió la Fundación Catalina Hoffmann que presido y lleva mi nombre. Ayudar a los mayores, devolverles una pequeña parte de lo que ellos han hecho por nosotros, hacer en lo posible algo de justicia social con nuestros mayores con problemas en nuestra sociedad.
Las iniciativas que tiene en marcha la Fundación Catalina Hoffmann van dirigidas a mejorar la vida de las personas mayores más necesitadas. Entre ellas, destacan las siguientes:
– Proyecto Mercados: su objetivo es ayudar a nuestros mayores a transportar su compra diaria desde el mercado hasta su domicilio.
– Proyecto Mejoramos en Casa: para que los mayores sin recursos puedan beneficiarse de tratamientos especializados en su domicilio.
– Proyecto Transición Vital: para acompañar y apoyar a las personas de forma profesional y humana en sus últimos momentos de vida.
– Proyecto Biomarcadores: se trata de una investigación que se desarrolla en colaboración con el Hospital Ruber Internacional y la Universidad Camilo José Cela entre otros, con el objetivo de determinar los biomarcadores que condicionan el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.
En los estudios demográficos nacionales e internacionales, todavía se sigue considerando al mayor a partir de los 65 años. Hoy, en sociedades avanzadas como la nuestra, al pensar en el sector de la tercera edad ni se nos ocurre ver el perfil de alguien que no alcanza ni tan siquiera los 70 años. Es más, hablamos de personas que probablemente tengan por delante 20 ó 30 años de vida.
En los últimos 30 años, la población de la tercera edad ha crecido un 90%, pero la cuarta edad –a partir de los 80– lo ha hecho en un 195%. Según las proyecciones demográficas del INE, España para el 2050 será uno de los países más viejos del mundo, con 12.800.000 personas que tendrán más de 65 años, el equivalente al 31,2% de su población total.
Todos juntos, desde la Administración y desde las iniciativas privadas, desde la sociedad y desde el particular, debemos concienciarnos que hubiera sido impensable avanzar en un momento tan complicado como el actual sin la ayuda de nuestros mayores. Por eso, hoy más que nunca, somos nosotros los que tenemos que apoyarles y no permitir que ninguno se quede atrás.
Catalina Hoffmann es presidenta de la Fundación Catalina Hoffmann y Grupo Vitalia.
España ocupa el puesto 22 de 91 en el ranking de mejores países para las personas mayores, según HelpAge International
España ocupa la posición 22 de los 91 países que componen el ranking donde las personas mayores viven mejor, liderado por Suecia, Noruega y Japón, presentado este martes por la organización HelpAge International, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora este 1 de octubre.
Así, en el ‘Índice Global de Envejecimiento 2013’, países como Israel, Chile o Eslovenia se sitúan en los primeros 20 puestos de este ranking, que también tiene en cuenta aspectos como la participación de los mayores en sociedad y la adecuación de los entornos, que sitúan a España es el decimocuarto mejor país. Además, en otros parámetros como la seguridad de ingresos, España aparece en el puesto 31; mientras que en estado de salud figura en el puesto 39 o en el 50 en cuanto a empleo y educación.
El estudio pretende «comparar las vidas de las personas mayores en los diferentes países» con el fin de «ayudar a los gobiernos a mejorar los datos disponibles» a través de decisiones políticas, según ha explicado la presidenta de HelpAge International, Isabel Martínez.
En este sentido, ha urgido a los países de todo el mundo a «tomar medidas para luchar contra la pobreza en la vejez y enfrentar la discriminación por edad y el abuso de los derechos de las personas mayores» ante el «rápido envejecimiento del mundo». «Es preciso que el envejecimiento sea tenido en las agendas nacionales», ha insistido.
Según el documento, el número de personas mayores de 60 años supera en la actualidad al de los menores de 5 años a nivel mundial y se prevé que, en 2050, será mayor que el de los menores de 15 años. De hecho, señala que, ese mismo año, los mayores de 60 representarán el 22 por ciento de la población mundial.
Entre los países del G20, India, Indonesia, Malasia, México, Rusia y Turquía serán los que experimenten de forma más rápida el envejecimiento de la población, según indica el informe, que señala que en los próximos 40 años se duplicará el número de personas de avanzada edad en esos países.
Por otra parte, la organización ha destacado que, pese a lo que habitualmente se cree, el PIB de un país «no está necesariamente ligado con mejores condiciones de vida para las personas mayores». De hecho, destaca que los países en expansión conocidos como ‘BRICS’ no puntúan de forma parecida en el índice ya que Brasil y China ocupan posiciones elevadas en el índice, mientras que Rusia e India tienen puntuaciones bajas y se sitúan en la segunda mitad de la tabla.
1 de octubre Día Internacional de las Personas mayores
Bienestar Activo organiza I Jornada sobre Derechos y Buen Trato a las Personas Mayores.
En el año 1990, Naciones Unidas estableció esta fecha para que, desde todos los países, se realicen actividades para concienciar a la población y a los estados acerca del envejecimiento de la población.
El tema de la conmemoración de este año, «El futuro que queremos: lo que dicen las personas mayores», se eligió para llamar la atención sobre los esfuerzos de las personas mayores, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de las Naciones Unidas y los Estados miembros para incluir la cuestión del envejecimiento en la agenda de desarrollo internacional.
Por ese motivo la Asociación Bienestar Activo organiza I Jornada sobre Derechos y Buen Trato a las Personas Mayores, que se celebrará mañana 1 de octubre en el Teatro Filarmónica de Oviedo.
La misma pretende ser un espacio para fomentar un mejor trato a las personas mayores, lo que implica reivindicar y reconocer sus derechos, tanto desde las instituciones como desde el ámbito familiar. Considerando sus promotores de especial importancia que sean las propias personas mayores quienes reclamen, reivindiquen y defiendan sus derechos, por ello entendemos esta I Jornada como una plataforma para hacerlo.
La entrada es libre y gratuita y el programa es el siguiente:
18:00 a 19:15 Ponencias:
“La atención centrada en la persona, un enfoque para el buen trato”, María Teresa Martínez, Psicóloga Experta en Gerontología Social
“Co-dependencia Vs buen trato en la atención a las personas mayores”, Maite Montes Nava, Psicóloga
Presentación del informe “Índice global del envejecimiento” realizado por Helpage Internacional Aita Sabela Siñeriz, Trabajadora Social
19:15 a 19:30 Pausa – descanso
19:30 – 20:00 Charla testimonial:
Secot (Seniors para el asesoramiento empresarial)
Carmen Ruiz – Tilve Arias, Escritora
Rafael Funes Martínez, Director del C.S.P.M. El Entrego
20:00 – 20:30 Debate
La Asociación Bienestar Activo, de reciente creación, nace como una actividad complementaria y transversal a la empresa socialEntamando Iniciativa Social. Sus principales objetivos son promocionar e informar sobre la importancia del envejecimiento activo, saludable y positivo, así como sobre los derechos, buenas prácticas y promoción del buen trato en los siguientes colectivos: personas mayores de 45 años, mujeres, personas con enfermedad crónica, personas con discapacidad, personas con demencia o en situación de dependencia.
Fuente: http://www.bienestaractivo.
INVITACIÓN JORNADA DERECHOS Y BUEN TRATO A P. MAYORES. ASOCIACION BIENESTAR ACTIVO
El programa ‘Menjar a casa’ beneficiará a 427 mayores de 65 años
El programa consiste en la entrega diaria, los laborables, de un menú completo que consta de dos platos y postre, adaptado a las necesidades nutritivas de cada usuario.
La Junta de gobierno local del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado la renovación del convenio de colaboración con la Conselleria de Bienestar Social para el desarrollo del programa ‘Menjar a casa’, que beneficiará a 427 mayores de 65 años, según han informado fuentes municipales.
La finalidad de este programa es la distribución de comida ya elaborada en los domicilios de las personas mayores que, por su especial situación, tienen una deficiente nutrición.
La Generalitat puso en funcionamiento este programa en el año 2004. En septiembre de 2007 se suscribió el último Convenio de colaboración entre la Consellería de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Valencia para su desarrollo en la ciudad, que comprendía como financiación por parte de la Consellería un 42%, por parte del Ayuntamiento un 24%, y el resto, un 34%, por parte de las personas beneficiarias.
El convenio se ha ido prorrogando hasta llegar a la actualidad, en que la Junta de gobierno local ha decidido su renovación por otros tres años, hasta septiembre de 2016, según la misma fuente. El reparto de la financiación se mantiene en el nuevo convenio que ha aprobado este viernes la Junta de gobierno local, en el que las plazas asignadas al Ayuntamiento ascienden a 427 usuarios, lo que supone que la financiación municipal a aportar, el 24% del precio, asciende a un total de 225.223 euros al año.
Al respecto, la concejala de Bienestar Social e Integración, Ana Albert, ha subrayado que «en estos momentos el número de beneficiarios en la ciudad asciende a 417 personas, 35% hombres y 65% mujeres, y nuestro propósito es que cada año pueda haber más beneficiarios en Valencia de este programa».
Aumento de beneficiarios
La concejala ha destacado que cada año ha ido creciendo el número de usuarios de Menjar a Casa. Así, el programa se inició en Valencia en 2004 con 100 personas beneficiarias, aumentando a 407 en 2010, 417 en 2013 y para 2014, con el nuevo convenio, el programa tendrá 427 plazas en la ciudad.
El programa consiste en la entrega diaria, de lunes viernes, excepto los festivos, de un menú completo que consta de dos platos y postre, adaptado a las necesidades nutritivas de cada usuario, según informe médico. Pretende contribuir a la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual, mejorando al mismo tiempo, su salud, bienestar y calidad de vida. El objetivo del programa es que estas personas, que son mayores o que tienen alguna dependencia o dificultad de movilidad, reciban una óptima alimentación sin necesidad de moverse de casa.
Entre los requisitos para acceder a Menjar a Casa destaca el tener 65 años o más, y también podrán acceder personas mayores de 60 años en situación de dependencia y mayores de 18 años con discapacidad, que convivan con la persona mayor de 65 años, beneficiaria del programa. Asimismo, deben estar empadronados en la ciudad de Valencia y tener autonomía suficiente para la preparación e ingesta de los alimentos objeto del servicio, o en su caso contar con apoyo y «lo más importante: han de acreditar que necesitan el servicio, y para ello presentar informe social e informe médico».
Cruz Roja dará prioridad a las personas mayores con cargas familiares
Cruz Roja Española centrará los esfuerzos del ‘Llamamiento de Ayuda Excepcional’ lanzado el año pasado en atender a los «numerosos casos» de personas mayores que, según la organización, con motivo de la quiebra económica de sus hijos o familiares han visto aumentadas sus responsabilidades teniendo que hacerse cargo de familias numerosas (en el 12 por ciento de los casos) únicamente con su pensión o de cuidar de personas dependientes, cosa que sucede en la mitad de los casos que atiende la organización.
De hecho, la organización ha recordado que, según datos del Consejo Económico y Social, «más de 420.000 hogares españoles viven gracias a la pensión de los abuelos».
Por otra parte, ha destacado que el 20 por ciento de las personas de este colectivo que reciben ayuda por parte de Cruz Roja tienen una pensión por debajo de los 500 euros y en el 16 por ciento de los casos tienen problemas graves de salud o se encuentran en situación de dependencia.
Por ello, ha anunciado que centrará su actividad de forma prioritaria en este colectivo junto con otros considerados por la ONG como casos de «extrema vulnerabilidad». En este sentido, ha explicado que existen también multitud de personas mayores que ejercieron, en su momento, como avalistas de sus hijos para la compra de un piso y que, ante la imposibilidad de estos de mantener los pagos, se ven sometidos a situaciones de ejecución hipotecaria de la vivienda que tenían en propiedad.
Las acciones de la organización irán dirigidas, además de a la atención básica, a promover el envejecimiento activo y la permanencia en el hogar de estas personas, a través de servicios como la asistencia a domicilio y los préstamos de productos de apoyo.
La responsable del Area de Atención a personas mayores y sus Familias de Cruz Roja Española, Begoña Dorado del Águila, ha destacado, sin embargo, la «gran capacidad de los mayores de hacer frente a los problemas, de sobreponerse a ciertos embates y de mantener intactas ciertas ilusiones e inquietudes».
De hecho, ha recordado que el colectivo «supone un porcentaje significativo de quienes colaboran para sacar adelante los proyectos y actividades que desarrolla la organización, en una clara muestra de solidaridad e interés en participar socialmente».
Por ello, ha invitado a la ciudadanía a colaborar con Cruz Roja a través del ‘Llamamiento de Ayuda Excepcional’ o bien, con la colaboración de los voluntarios de la organización, a la «creación y fortalecimiento» de redes con servicios como la ayuda a domicilio complementaria, el respiro familiar, y que «promocionen la participación de las personas en las actividades de su comunidad con servicios como el transporte adaptados o los préstamos de productos de apoyo».
Celebradas las jornadas madrileñas «Buenas prácticas en Centros de día»
Los días 24 y 25 de septiembre La Dirección General de Mayores y Atención Social del Ayuntamiento de Madrid han organizado las jornadas “Buenas prácticas en los centros de día”.
En el acto, inaugurado por la Delegada del Área de gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, María Dolores Navarro, participaron el Coordinador General de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, D. Carlos Martínez y D. Javier Gómez Martín. Presidente de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE,) como numerosos profesionales de los Centros de día Madrileños.
En este encuentro, lugar de intercambio de experiencias, se dieron cita numerosos profesionales de centros de día donde compartieron experiencias de buenas prácticas que seguro enriquecerán a las iniciativas de los centros de día presentes en estas jornadas.
Gracias al trabajo de la Dirección General de Mayores y Atención Social y al buen hacer de todos los profesionales de la red de centros de día madrileños, hoy por hoy, y en palabras de nuestro presidente, podemos hablar de “un modelo de Madrid con acento propio” por cinco razones: tradición, su correcta aplicación del modelo, su contenido y nivel técnico, su compromiso con la calidad y los resultados obtenidos.
AERTE y la FED reclaman urgencia para impulsar nuevas fórmulas de colaboración sociosanitarias público-privadas
En la Jornada organizada por CIERVAL “Colaboración Público-Privada ¿respuesta a la crisis?” celebrada hoy en su sede de Valencia, AERTE y la FED reclaman urgencia para impulsar nuevas fórmulas de colaboración sociosanitarias público-privadas.
El pago efectivo de la deuda pendiente, más de 50 millones acumulados al sector por parte de la administración central y autonómica; mayor coordinación sociosanitaria; la potenciación del turismo de salud o la colaboración entre centros y hospitales, principales reclamaciones para dinamizar el sector y colaborar en la reactivación de la economía.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) a través del presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Alberto Echevarría, ha participado esta mañana en la jornada organizada por CIERVAL que con el título “Colaboración Público-Privada ¿respuesta a la crisis?” en la que se ha reflexionado sobre el papel de la administración y las empresas en la gestión de los servicios públicos.
Desde la patronal de la dependencia se ha expuesto el papel cada vez más importante que supone el sector de la dependencia para afrontar la crisis económica por su carácter generador de empleo, las residencias crean un puesto de trabajo por cada dos personas atendidas, y por propiciar retornos directos e indirectos que estimulan el tejido productivo y favorecen la reducción del déficit público. Además, se ha apuntado que el sector garantiza de una forma eficaz la atención sociosanitaria a personas dependientes que crece de forma continuada: diariamente se atienden, sólo por los profesionales asociados a AERTE, a más de 24.000 personas (la mayoría, mayores y discapacitados).
Por ello, se ha reclamado una mayor implicación y compromiso efectivo de las administraciones públicas tanto central como autonómica en aquellos retos esenciales para la sostenibilidad del sector: retos como la agilización del pago de las prestaciones y el reconocimiento de la situación de dependencia a las personas con derecho a ser atendidas; el pago por parte de la administración central y autonómica de la deuda acumulada a los centros que en estos momentos asciende a más de 50 millones de euros; la aplicación real de la Ley de la Dependencia o la compleja arquitectura financiera que genera efectos barrera para la sostenibilidad del sector.
Alberto Echevarría ha recordado el excelente nivel de cualificación de los profesionales del sector y felicitó a la Comunidad Valenciana por haber sido y ser pionera en muchos aspectos con iniciativas que hacen que sea imprescindible la colaboración público-privada. Programas como el Bono Residencia, del que hasta la fecha se han beneficiado miles de personas y cuyo modelo ha sido referenciado por autonomías, la eficacia con que se administra el material fungible a través de una central de compras centralizada en la misma Conselleria o la forma en que se ofrecen los servicios de farmacia en algunos de los centros proporciona a la Comunidad Valenciana un espacio relevante en el mapa nacional de la dependencia. Aspectos que otras comunidades replican y que, sin embargo, en su aplicación son más eficaces.
El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia ha alabado que la Comunidad Valenciana sea un territorio atrayente para el sector turístico pero ha remarcado que “deberíamos aprovecharlo como plataforma para el desarrollo de proyectos como el turismo de salud, una idea emprendedora que necesita apoyo para poner en marcha políticas internacionales que lleven a la firma de acuerdos bilaterales con otros países que sí saben valorar la calidad de nuestros servicios, nuestros centros y la profesionalidad de nuestros trabajadores”.
Otra idea expuesta por Echevarría ha sido la de impulsar la coordinación sociosanitaria mediante la colaboración entre centros sociosanitarios y los hospitales en aspectos como la reducción de la estancia media en hospitales, derivando a los pacientes a centros donde el nivel de profesionalidad y atención no tiene nada que envidiarles.
La Generalitat Valenciana acumula una deuda de 35 millones de euros con el sector y es la única autonomía española que tiene retrasos en los pagos superiores a 9 meses
Se ponen en peligro cerca de 2.000 puestos de trabajo no deslocalizables en los 25 municipios en los que dan servicios estas empresas.
La Generalitat Valenciana acumula una deuda de 35 millones de euros con el sector que engloba a las empresas de atención socio-sanitaria encargadas de la gestión de residencias públicas, con una media de impagos superior a los 9 meses, la ratio más alta de España, según datos aportados por las organizaciones sindicales y la propia Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP).
Desde la Entidad, se considera inadmisible que se mantenga una deuda con los operados que gestionan los centros públicos, máxime cuando esta gestión está regulada por contratos administrativos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, que se licitan mediante concursos públicos por periodos de 4 años, y que cuentan con una asignación y partida presupuestaria plurianual validada por la Intervención.
Si bien la realidad, tal y como se denuncia desde AVREP, es que, mientras que la media de retrasos en el pago a proveedores en España está en 90 días, la Comunidad Valenciana triplica este periodo, alcanzando picos de hasta 12 meses de impagos a las entidades que atienden a los mayores y las personas en situación de dependencia, especialmente aquellas vinculadas a residencias públicas. Ver Anexo I (mapa).
En este sentido, desde la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas se ha reclamado al Gobierno Valenciano que busque los medios necesarios para hacer efectivo el pago de la deuda que mantiene con los operadores del sector desde noviembre de 2012, dado que éstos no han sido incluidos en el primer tramo del Plan de Pago a Proveedores, que finalizó el 6 de septiembre, y que teóricamente estaba destinado a cubrir los impagos que mantenía la Generalitat Valenciana hasta el 30 de abril de 2013.
La no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas, supone condenar a más de 2.600 dependientes y cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos, dado que la situación se ha convertido en insostenible para muchos de los gestores, con riesgo de continuidad en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante (6), Castellón (3) y Valencia (16).
Desmantelamiento de la red pública
El incremento mensual de la deuda y el sistemático incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público por parte del Gobierno Valenciano ha provocado que la red pública de atención a personas en situación de dependencia pueda desaparecer en los próximos meses ante la pasividad de los gobernantes autonómicos y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el consiguiente perjuicio social y reducción de la calidad de vida para muchos dependientes y sus familias.
La Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP), constituida recientemente para defender a las empresas, trabajadores y usuarios de estos centros, representa al 97% de los gestores de éste sector, agrupando a las entidades que coordinan los servicios de 26 de los 28 recursos disponibles en la red pública de la Generalitat Valenciana.
Más info: prensa@sanserif.es · t.963 466 406 · 627760487
Consejera andaluza señala que a la Dependencia «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas»
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha señalado que el criterio de admisión de las persona en el Sistema Andaluz de Dependencia «es el que establece la Ley a nivel nacional», pero «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas», porque «estamos hablando de derechos». «Tampoco se le aplicaría a un derecho consolidado como es la asistencia sanitaria», añade.
La consejera ha hecho esta declaraciones al ser preguntada por los periodistas en Sevilla sobre si en Dependencia se podrían perder ayudas con la nueva medida de la Junta de Andalucía, anunciada este martes en Consejo de Gobierno, de ampliar los requisitos para medir la capacidad económica de los solicitantes de ayudas públicas de modo que, además del nivel de ingresos por renta, también ponderará el patrimonio neto del posible beneficiario de las mismas.
Así, la consejera ha recordado que la Ley de Dependencia tiene un carácter normativo «de máximo rango» a nivel nacional, «donde el criterio de renta no entraría en el control que se estableció este martes a nivel de ayudas, subvenciones y aportaciones por parte de la Administración autonómica andaluza par otros temas», es decir, «estamos hablando de derechos, y, por lo tanto, no estamos hablando de subvenciones, incentivos o ayudas, y no se le aplicaría el mismo criterio a no ser que hubiera un cambio normativo a nivel nacional».
En este sentido, aclara que, en este momento, el criterio de admisión de las persona en el Sistema Andaluz de Dependencia «es el criterio que establece la Ley, con las modificaciones posteriores que ha hecho el Gobierno del PP al respecto de la Ley». Pero, insiste Sánchez Rubio, «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas». «Creo que hay que distinguir el derecho de la subvención, la ayuda o el estímulo, que es lo que la Junta quiso dejar claro este martes», reitera la consejera.
Asunción Sánchez Zaplana participa en el homenaje a los mayores de Llíria
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha asistido al homenaje que realiza el Ayuntamiento de Llíria a las Personas Mayores de la localidad en el marco de las Fiestas Patronales.
Sánchez Zaplana ha estado acompañada por el alcalde, Manuel Izquierdo, representantes de las tres asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Lliría y más de 2.000 mayores de la localidad que han participado en el encuentro.
La consellera ha destacado «la importante labor de las asociaciones de personas mayores de nuestra Comunitat que desarrollan actividades culturales, programas de ocio y tiempo libre, acciones de formación, en definitiva, iniciativas dirigidas a fomentar el envejecimiento activo y la participación de los mayores».
Asimismo, ha recordado alguno de los programas impulsados por la Generalitat para el colectivo como ‘Vacaciones Sociales’, ‘Coneix la teua Comunitat’, ‘Termalismo Valenciano’, ‘No estés solo en Navidad’, además de otros servicios de atención domiciliaria.
Asunción Sánchez Zaplana ha animado a las personas mayores a solicitar la Tarjeta del Mayor, «que ofrece numerosos beneficios para los mayores», y se ha dirigido a las empresas y los comercios de Llíria para que se adhieran a esta iniciativa.
«Desde los distintos departamentos del Consell trabajamos cada día para defender los derechos de las personas mayores y para ofrecerles una red de recursos y servicios dirigidos a mejorar su bienestar y calidad de vida», ha señalado, ha concluido la consellera.
Aragón no aplicará copago en fármacos de dispensación ambulatoria en hospitales el 1 de octubre y plantea compensaciones
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha indicado que es «materialmente imposible» aplicar el nuevo copago en fármacos de dispensación ambulatoria en hospitales el próximo 1 de octubre y ha anunciado que su Departamento estudia «medidas compensatorias para reducir o eliminar la aportación del paciente».
En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el Consejo Aragonés de Servicios Sociales, ha expresado su «total acatamiento de las normas» y su voluntad de poner en marcha esta medida «lo antes posible», si bien «más prisa me corre tener claro cuál es el límite de aportación que desde un punto de vista social sería admisible y es ahí donde queremos incidir en primer lugar».
En este sentido, por un lado, ha aclarado que la lista de los 157 medicamentos incluidos en este copago «se conoció el viernes» y hacen falta «unos mecanismos administrativos para poder cobrarlos» que no se arbitran «de un día para otro».
Por otro lado, ha precisado que están analizando «uno por uno» los medicamentos para conocer «cuál sería la repercusión en la aportación del usuario porque, normalmente, son muy caros», y aunque «en muchos casos, puede ser una cantidad simbólica», «en otros no» y «es ahí donde queremos incidir».
Oliván ha dicho que el objetivo es que, «teniendo en cuenta la renta» del paciente, la aportación que haga «sea la mínima posible o incluso en algunos casos ninguna», diferencia que «asumiría» la Comunidad autónoma, de forma que, «la aplicación de la norma perjudique lo menos posible a los ciudadanos».
Gasto significativo
El consejero de Sanidad ha relatado que el impacto de cada medicamento en la aportación de cada paciente depende, por ejemplo, de las dosis que se tomen a lo largo del año, para comentar que hay casos en que el gasto para el paciente sería «significativo» y, entonces, se aplicarán medidas compensatorias.
Así, ha glosado que hay medicamentos cuyo coste es de 3.000 euros la dosis y la aportación final sería de 30 euros, mientras que otros con el mismo precio por dosis pueden suponer para el paciente el pago de 500 euros o más.
Por otra parte, ha argumentado que este copago es «coherente» con el que ya existe con los medicamentos que se compran en las farmacias y ha aclarado que se aplicará a los fármacos «que recogemos en el hospital y nos llevamos a casa, no a los que nos suministran en el propio hospital, cuando estamos ingresados o cuando tenemos que pasar por algún tratamiento».
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