Dependencia
El Sepad afirma que Extremadura supera la media nacional en cuanto a implantación de la Ley de la Dependencia
El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) ha defendido su gestión y ha afirmado que Extremadura «supera» la media nacional en cuanto a implantación de la Ley de la Dependencia.
En relación a un comunicado de UGT, en el que se afirma que la región está «por debajo de la media nacional» en la implantación de la citada ley, el Sepad ha aclarado que, según los datos publicados mensualmente por el Imserso, el 1,75 por ciento del total de la población extremeña es beneficiaria con prestación de la Ley de la Dependencia, mientras que en el conjunto nacional ese porcentaje es del 1,56 por ciento.
Asimismo, con respecto a la gestión de la Dependencia, los datos del Imserso reflejan que Extremadura se coloca entre las tres comunidades autónomas con mayor número de personas valoradas, registrando un porcentaje en este capítulo del 4,09 por ciento, frente a la media nacional que es del 3,22 por ciento.
Extremadura ostenta también el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a porcentaje de solicitudes de la Ley de la Dependencia. Mientras el conjunto del Estado tiene una media del 3,44 por ciento en este apartado, la región alcanza un 4,26 por ciento, señala el Sepad en nota de prensa.
Además, Extremadura se encuentra entre las comunidades autónomas que están apostando firmemente por ofrecer servicios profesionales, frente a las prestaciones económicas en el entorno familiar.
Concretamente, la región ocupa un puesto destacado en el ranking nacional al contar con un 59,17% de servicios, frente a un 40,83 por ciento de prestaciones económicas en el entorno, superando nuevamente a la media nacional, que tiene un 55,98 por ciento y un 44,02 por ciento, respectivamente.
Este balance en «favor» de las prestaciones profesionales «beneficiará» a la región porque el nuevo sistema que aplicará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el reparto de los fondos entre las comunidades autónomas «discriminará positivamente a aquellas que den prioridad a la atención a las personas dependientes mediante servicios profesionales en lugar de ayudas a los cuidadores familiares», añade.
COMPARATIVAS NACIONALES
Por otro lado, el Sepad ha recalcado que a la hora de realizar una comparativa nacional y establecer una media es necesario comparar los datos sobre el porcentaje poblacional de cada comunidad autónoma, porque de otro modo los datos resultantes «no son objetivos».
Según ha detallado, solo ocho de las 17 comunidades autónomas utilizan únicamente el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), que es la aplicación nacional para la gestión de la ley, volcando en él los datos en cuanto se inicia un procedimiento.
Este hecho supone que otras nueve comunidades autónomas utilizan programas informáticos paralelos al SISAAD, trasladando los datos al sistema nacional no cuando se inicia el procedimiento, sino en otros momentos del expediente, por lo que el Sepad considera que «de ninguna manera» la comparativa entre territorios puede realizarse sobre estos datos.
Para que la comparativa sea «adecuada, veraz y objetiva», ha añadido, debe utilizarse «siempre» el porcentaje de la población, evitando así «toda serie de equívocos».
VENTAJAS EN EXTREMADURA
A su vez, el Sepad ha destacado el «esfuerzo» del Gobierno de Extremadura para que las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar solo se reduzcan en el mínimo exigido por el Gobierno central, que es de un 15%, no haciendo por tanto uso de la posibilidad que ofrece el Real Decreto Ley de aumentar este porcentaje.
Respecto al régimen de incompatibilidades ha explicado que, pese a que la reforma de la Ley de la Dependencia ha introducido importantes modificaciones, incompatibilizando servicios y prestaciones, en Extremadura el régimen de incompatibilidades permanece en las mismas condiciones que antes de esta modificación legal, ofreciéndose por tanto un nivel de protección adicional.
Asimismo, ha indicado el Sepad que Extremadura «no» va a realizar «por el momento» una revisión de la capacidad económica de quienes ya están cobrando alguna prestación, ni va a tener en cuenta el periodo suspensivo de retroactividad máximo de dos años en los expedientes de niños de 0 a 3 años, garantizando por tanto la atención a estos menores, apunta.
Por todo lo anterior, subraya que Extremadura «no sólo está realizando una correcta aplicación y desarrollo de la Ley de la Dependencia, sino que cree firmemente en ella», poniendo «todos los medios adecuados, tanto de personal, como informáticos y presupuestarios», para continuar con sus líneas de actuación.
Especialistas en atención socio-sanitaria abogan por colaboración entre hospitales y residencias para garantizar la atención a 600 crónicos
Estos protocolos disminuirían indirectamente las demoras y la presión asistencial en urgencias por falta de camas disponibles, según Marcos Penadés.
Aecas y Ciegs proponen la derivación de los pacientes para terapias de rehabilitación mientras no se disponga de la red mínima hospitalaria para éstos pacientes.
Especialistas en atención socio-sanitaria y gestión de recursos sanitarios defienden extender la colaboración entre hospitales y residencias para garantizar la atención de los más de 600 enfermos crónicos que no disponen de la plaza prevista en el Plan integral de atención sanitaria a las personas mayores y a los enfermos crónicos en la Comunidad Valenciana.
Las experiencias previas demuestran que, en el periodo transitorio que requerirá la habilitación de nuevos hospitales para completar la red de diez centros prevista por el Gobierno Valenciano, las residencias pueden adoptar un papel esencial para agilizar la disponibilidad de camas hospitalarias, proporcionándoles así más movilidad en sus estancias, disminuyendo indirectamente las demoras y la presión asistencial en urgencias por falta de camas disponibles, según el presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas, Marcos Penadés.
La carencia de estas plazas supone que el paciente no pueda iniciar procesos de rehabilitación integral en un lugar terapéutico adecuado a sus condiciones socio-sanitarias, al tiempo que se dificulta la proximidad del paciente a su entorno, ya que sólo hay seis centros que puedan cumplir esta función en nuestra autonomía, frente a las más de 60 residencias disponibles en todo el territorio, que podrían actuar como apéndices de centro hospitalario y extender las terapias de rehabilitación en pro de la recuperación del paciente y la mejora de su calidad de vida.
En este sentido, el presidente de la Red pública concertada de la dependencia ha recordado que, según el citado Plan integral, deberían de existir 10 Hospitales de atención a pacientes crónicos y larga estancia (Hacle) en nuestra autonomía, pero que, a fecha de hoy, sólo hay 6 habilitados, lo que, con una media de 150 plazas cada uno, no cubren las 1.500 previstas para dar una cobertura mínima autonómica.
De hecho, y según estudios del Centro de Investigación en Economía y Gestión de la Salud (CIEGS) de la Universidad Politécnica de Valencia, no se cumple el ratio de un hospital de agudos por cada 500.000 habitantes, lo que significa que se carece de más de 600 plazas para los enfermos crónicos. Por ello, Marcos Penadés incide en que es imprescindible ampliar la colaboración entre hospitales y residencias para cubrir estas necesidades inminentes, y que el paciente crónico hospitalario pueda transferirse a las unidades geriátricas de recuperación funcional para llevar a cabo su rehabilitación.
Menos reingresos
En este sentido, Penadés explica que las experiencias previas realizadas en centros de Alzira y San Vicente del Raspeig han permitido que el Centro de Investigación en Economía y Gestión de la Salud evalúe el impacto sobre los enfermos crónicos y de larga estancia, confirmando las previsiones que indican que este modelo de coordinación socio-sanitaria favorece la disminución de la tasa de reingreso respecto a la media hospitalaria, al tiempo que se han contrastado resultados positivos tanto a nivel clínico, de satisfacción de pacientes y de costes.
Para el portavoz de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas, el éxito de este modelo se centra en tres magnitudes; la disponibilidad de un equipo multidisciplinar integrado por personal hospitalarios y residencial, las instalaciones adaptadas y con equipos de última generación para rehabilitación, y la concreción de los criterios de derivación y procedimiento de coordinación, esto es, que siga siendo el hospital quien gestiona las altas, ingresos y evolución de los pacientes, así como el control y suministro de los medicamentos.
De esta forma, favorecemos que los enfermos crónicos dispongan de un tratamiento agudo de urgencia y, posteriormente, de un periodo de rehabilitación y reintegración en sus dinámicas social pautado y progresivo, con lo que se reducen las recaídas, la ocupación de camas hospitalarias para agudos y los costes del tratamiento, mejorando la eficiencia del gasto público sanitario sin necesidad de recortes.
No olvidemos que, en la actualidad, existen cerca de 800.000 personas mayores de 65 años con riesgo de padecer enfermedades crónicas, según el presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia, que incide en que el envejecimiento de la población provocará en breve un incremento de la cantidad de pacientes crónicos, lo que generará la necesidad de ampliar los recursos de atención socio-sanitaria. De hecho, alrededor del 80% de los recursos sanitarios están dedicados a personas mayores de 65 años, apostilla Penadés.
Afectados por atrasos en retroactividad en Dependencia, «abandonados» por la Junta
Las en torno a 275 familias andaluzas afectadas por los atrasos en los pagos en retroactividad en la Ley de Dependencia dicen sentirse «abandonadas» por la Junta de Andalucía, que sigue «sin responder» a su petición de que «cumpla» con el calendario de pagos «establecido por la propia Administración», que se prolongaba durante un periodo de cinco años desde 2012 a 2016, y «del que siguen sin ver ni un duro». Así lo ha afirmado Rosa María Guijo Curado, portavoz de los afectados, que bajo el nombre de ‘Atrasos de la Ley de Dependencia en Andalucía’ continúan movilizándose online a través de Facebook, donde ya suman 1.180 amigos y «seguimos subiendo», puntualiza.
Guijo Curado señala en declaraciones a Europa Press que «se ha hablado mucho» de los recortes de la Dependencia, de la reducción por parte del Gobierno del 15 por ciento de la paga a los cuidadores familiares o de que dejará de hacerse cargo de la cotización a la seguridad social, «pero nadie ha hablado del dinero que se nos debe desde 2007 a 2011», porque «aunque han eliminado la retroactividad en los pagos de la Dependencia, nosotros entrábamos aún dentro de plazo». Según ha recordado la portavoz, los pagos que se adeudan a estas familias oscilan entre «los 6.000 euros a algunas de ellas y los 20.000 a otras».
En este sentido, reitera que en 2012 la Junta les notificó por escrito que «se pagarían esos retrasos en cinco años –de 2012 a 2016– todo los meses de marzo, pero «el año pasado no se cobró y tampoco en 2013»; además, añade, «no nos han presentado un nuevo calendario de pagos». Al respecto, señala que el todavía Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, al que los afectados pidieron ayuda, les ha mandado una carta informándoles de que la Consejería de Salud y Bienestar Social «sigue sin responderle», motivo por el que «ha declarado en rebeldía a la Junta», precisa Guijo Curado, quien lamentan la destitución de Chamizo y dicen sentirse «más solos».
Así las cosas, la portavoz de los afectados insiste en que «no saben dónde más recurrir», al tiempo que asegura que «las familias están pasando muchas fatigas» porque además «somos gente que nos estamos viendo en una situación muy precaria». Asimismo, añade que todos los abogados «les aconsejan denunciar» esta situación en los juzgados, pero «no tenemos para denunciar». Y aunque «queremos hacer movilizaciones, no podemos debido a la situación en la que estamos, ya que nuestros enfermos están encamados y necesitan vigilancia estricta por prescripción médica», añade.
«Nos sentimos solos y abandonados», afirma Guijo Curado, quien indica que ha escrito una carta al Tribunal Constitucional –aún sin respuesta– porque «hemos llegado a una situación en la que ya se está atentando contra la vida de los enfermos», concluye.
La ILP sobre ayudas a la gran dependencia consigue 343 fedatarios
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre ayudas a la gran dependencia ha conseguido 343 fedatarios, que han sido registrados hoy en el Parlament por lo que sus promotores ya pueden iniciar a partir del lunes la recogida de las 50.000 firmas necesarias para que se pueda debatir en la cámara.
Esta ILP tiene como finalidad modificar la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña para garantizar el pago puntual de las prestaciones de gran dependencia, y sus promotores son Andrés Rueda, Pedro Ignacio Antón, Juli Martí, Luis Juan, Josep Lluís Navarro, Higinio Viellas, Jordi Coma, Pol Andrés, Joaquín García y Juan López.
Los fedatarios han prometido o jurado esta semana sus cargos en el Parlament en diversas sesiones que empezaron el pasado lunes y han acabado hoy por la tarde.
En paralelo, la comisión de control de la ILP, que es el órgano que vela por la veracidad del proceso, ya ha aprobado el pliego de recogida de firmas, que es el único válido para conseguir los avales, los primeros de los cuales ya fueron sellados y contabilizados.
A partir del lunes, los promotores de la ILP disponen de 120 días hábiles prorrogables a 60 días más para recoger firmas antes de depositarlas en el Parlament.
Si las obtienen, la iniciativa proseguirá su tramitación como proposición de ley y en el debate a la totalidad los promotores podrán designar a un representante para defenderla ante el pleno.
Esta ILP es la segunda que se tramita en la presente legislatura del Parlament.
El Síndic registra más de 2.200 quejas al año por la Ley de Dependencia
La incorrecta aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana generó el año pasado 2.252 quejas al Síndic de Greuges, según explicó ayer Emilia Caballero, primera adjunta en esta institución. Estos datos contrastan con las 948 quejas que se pusieron en 2009 y parece que van en aumento «porque en lo que llevamos de año hemos recibido ya 1.077». Las cifras fueron dadas a conocer en el transcurso de una mesa redonda, celebrada en la Sede de la Universidad de Alicante, sobre la situación actual de la ley.
Para Caballero, la norma en la Comunidad Valenciana «arrastra unos obstáculos desde la base de su aplicación» y que se han visto incrementados «por la interpretación que la Generalitat ha hecho del decreto de 12 de julio de 2011 del Gobierno central».
Los asistentes a esta mesa redonda, en la que había representantes del Colegio de Abogados, de las plataformas de la discapacidad y la dependencia y del sector de las residencias, discutieron sobre los recortes que ha sufrido la norma en los últimos años y que la han dejado en una situación de parálisis casi total en la Comunidad.
Según explicó Miquel Martorell, de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, la norma «está prácticamente desmantelada». El Gobierno central «ha recortado de una manera brutal, hasta en un 20% las aportaciones». La situación en la Comunidad se agrava «porque no hay resoluciones, sólo se atienden las pocas urgencias en algunos centros residenciales». Una situación que, a juicio de Martorell, «está haciendo dejar morir de inanición la dependencia, esperando que vayan falleciendo los dependientes sin invertir, con lo cual la tasa de reposición no se mantiene».
Las residencias son para vivir
- El Consorci d’Acció Social de Catalunya implanta el nuevo modelo de atención en 13 centros
- La persona que va a una residencia debe poder decidir a qué hora levantarse o si quiere llevar chándal
Cuando en la residencia para gente mayor de Sant Hilari Sacalm (La Selva) preguntaron a sus 30 usuarios si querían ponerse los habituales baberos blancos para comer, sólo dos los aceptaron y el resto prefirió la servilleta de tela, aún a riesgo de mancharse. Para los cuidadores era más cómodo el uso del babero y más fácil de limpiar. También facilita su tarea que el anciano se vista con chándal, una prenda que la mayoría nunca usó antes de entrar en una residencia. Pero si les dejan elegir seguro que lo rechazarán. Y esta es una de las revoluciones que poco a poco se introducen en los servicios de cuidado de la gente mayor: quien decide es la persona atendida o, en su defecto, sus familiares.
La mayoría de ancianos no acoge de buen agrado la decisión de su familia de que ingrese en una residencia. ¿Cuál es la causa? Tienen la percepción de que perderán su autonomía, de que ya no podrán levantarse a la hora que quieran, tendrán que compartir habitación, no podrán ver su programa de televisión favorito ni leer a la hora que les plazca, o simplemente no podrán comprar esas galletas que siempre les han gustado. «Hay que cambiar esa percepción, las residencias son para vivir, no para morir», explica Estanis Vayreda, gerente del Consorci d’Acció Social de Catalunya, entidad pública creada hace cinco años por ayuntamientos y consejos comarcales. Gestiona 30 servicios, atiende a más de 2.700 personas y están implantando un nuevo modelo de atención basado en la idea del «Tú decides». Es el usuario el que al entrar en un centro explica sus preferencias e intereses, para mantener los mismos hábitos, o casi, que tenía en su casa.
Elisenda Serra, que coordina la implantación del modelo en la residencia de Sant Hilari, en el centro de día Les Bernardes, de Salt, y en once centros de servicios de ámbito rural, explica que cada usuario dispone de un «plan de atención y de vida», que puede llegar a ser un documento de diez páginas donde se explica quién es, se describe qué le gusta hacer, las actividades que más le interesan, y se actualiza permanentemente. La persona tiene además un profesional de referencia que le acompañará. «En Sant Hilari, al ser una residencia que ya existía, la mayoría de las habitaciones son compartidas, pero procuramos que cada persona pueda tener objetos personales, algún cuadro para decorar, incluso el sillón o la mesita de noche que tenía en su casa. Otra característica es que existe un horario flexible para levantarse, entre 7 y 10 de la mañana. Con excepciones, también es posible desayunar en la habitación y las actividades se deciden en reuniones con ellos. Al principio todo les iba bien, pero ahora en las asambleas ya empiezan a pronunciarse».
El objetivo es mantener el máximo de autonomía. Allí donde es posible se permite tener un pequeño huerto, se facilita que puedan salir a comprar, con ayuda de voluntarios, y si les gusta maquillarse que puedan hacerlo. «No es fácil implantar esa filosofía en centros que ya existen -dice Elisenda Serra-; implica cambios de organización y de horarios e, inicialmente, requiere un trabajo de preparación y muchas reuniones, pero económicamente no resulta caro».
Pepita Camprubí tiene 90 años y desde que abrió el Centre de Serveis de Santa Maria d’Oló (Bages) acude cada mañana. A las siete de la tarde regresa a casa donde vive con su sobrina, y pasa las noches y los fines de semana. «Este centro es una riqueza para el pueblo, está muy bien. Hacemos muchos juegos, gimnasia y otras actividades; la comida está bastante bien y las chicas valen un imperio. ¡Madre de dios!, aquí nos conocemos todos y disfruto mucho».
Es el resumen que hace esta mujer de un servicio creado hace tres años en un pueblo de poco más de mil habitantes. La directora del centro, Vanessa Pallàs, valora positivamente que sea un centro pequeño (ahora son sólo 18 usuarios). «En los macrocentros -dice- la atención individualizada es más complicada, las decisiones las tomamos con ellos y si algo no funciona se cambia. Intentamos darles la oportunidad de envejecer de otra manera».
Leer artículo original: Las residencias son para vivir.
Las ayudas a la dependencia, en la cuerda floja de la crisis
Los efectos no se han hecho esperar y ni tan siquiera los equilibrios sobre la cuerda floja de financiación que ha dejado el Gobierno central que ha hecho la Consejería de Familia para que el sistema de atención se sostuviera han conseguido evitar la pérdida de beneficiarios y de personas con derecho a serlo. Los datos son más amables en Castilla y León que en el resto del país pero la línea ascendente desde que se pudiera en marcha la Ley de Dependencia en 2007 se ha roto por primera vez.
Por primera vez la comunidad, y España, baja su número de beneficiarios, de forma más discreta eso sí que el resto del país, y ha perdido, en una comparativa de un año, 170 dependientes atendidos y entre marzo y abril, en un solo mes, 450. No obstante, sus cifras se sitúan por encima del cierre de 2011, el ejercicio anterior al de los recortes. Según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, y el análisis que de ellos realiza la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, «en toda España se ha suprimido el derecho de la Ley de Dependencia a 162 personas cada día desde que gobierna Mariano Rajoy». Estos datos recién publicados recogen la regularización del sistema de información; pero «el impacto de la corrección de los datos es mínimo en la evolución global del sistema, si bien se observan con toda claridad los efectos de las dos andanadas que ha sufrido la Ley (recorte de derechos y reducción de financiación). La curva de personas con derecho baja estrepitosamente (-77.948 desde diciembre 2011) y la de beneficiarios se reduce en 3.316 en lo que va de año». En Castilla y León, la de personas con derecho bajan en 1.351 al pasar de 66.077 en enero de 2012 a 64.726 el pasado mes de marzo.
Fallecidos y duplicados
Además, en la región de los 2.447 expedientes de dependientes que figuraban como beneficiarios de forma irregular, según el polémico informe del Tribunal de Cuentas, 1.288 eran personas fallecidas y otros 150 estaban duplicados.
El descenso en los beneficiarios se han registrado en los centros de día y en la atención residencial y ha aumentado la ayuda vinculada al servicio y la teleasistencia.
Durante el mes de abril de 2013, el Sistema de Atención a la Dependencia ha perdido 8.188 beneficiarios en toda España. De ellos, 10.185 fallecieron y solo 7.926 se incorporaron al sistema, además del proceso de regularización realizado por el Imserso y que afecta a 5.929 expedientes dados de baja en mes de abril, «se evidencia un retroceso notorio con respecto al mes anterior: 8.265 grandes dependientes menos, 10.494 solicitudes activas menos que el mes anterior, y 12.278 dictámenes menos, se superan las cien mil personas pendientes de valoración (103.537), y 14.059 personas menos pierden el derecho a ser atendías con respecto al mes anterior quedando todavía 218.285 en el ‘limbo de la dependencia’ –un 23% que tienen derecho engrosan la lista de espera-. Las estadísticas oficiales demuestran que el Sistema se destruye por inanición», destaca esta organización. El citado observatorio califica de «vergüenza que este Ministerio, algo que presenta como un gran logro, diga haber rebajado la lista de espera, y eso es una media verdad porque sí que hay menos personas en el limbo de la dependencia, pero no porque hayan sido atendidas sino por tres razones: la primera porque a los denominados dependientes moderados se les ha quitado el derecho y se les deja sin atención hasta 2015; la segunda porque a principios de 2012 había más personas en situación de dependencia que se les había reconocido el derecho y la tercera son los fallecimientos de las personas que murieron sin haber ejercido su derecho a ser atendidos durante este año y medio de derogación encubierta de la Ley».
La Junta de Castilla-La Mancha regula los nuevos requisitos y condiciones de la Ley de Dependencia
El Diario de Castilla-La Mancha publica hoy el decreto por el que se regula el nuevo régimen de requisitos y condiciones para los beneficiarios de la Ley de Dependencia.
El decreto 26/2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales supone la adaptación a Castilla-La Mancha del Real Decreto Ley aprobado en julio de 2012 por el Gobierno central, con el que se reformó la ley.
Dicha reforma conllevó, entre otras medidas, la rebaja del 15 % en la paga a los familiares cuidadores de dependientes o la desaparición de los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia, si bien las personas que ya tuvieran reconocido el grado y el nivel seguirán manteniéndolo.
Asimismo, se incluyó como novedad para determinar la capacidad económica del usuario el cálculo no sólo de la renta, sino también de su patrimonio.
Las personas dependientes cuyos ingresos estén por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) no tendrán que pagar nada por la atención y a partir de este punto la aportación se medirá de forma progresiva hasta llegar al 90 por ciento del coste del servicio.
El decreto aprobado ahora por el Gobierno castellanomanchego expone que, además de la necesaria adaptación a esta normativa estatal, en Castilla-La Mancha «se vienen constatando algunas desigualdades derivadas de los criterios de aplicación» de la ley.
Entre esas desigualdades cita que «los procedimientos se alargan en el tiempo más de lo esperado, que se abonan retroactividades por situaciones no imputables directamente a la Junta, que coexisten diferentes formas de resolver determinadas incidencias en el procedimiento o de priorizar actuaciones conforme a criterios de calidad, eficiencia y eficacia».
Así, la Junta sostiene que, varios años después de la entrada en vigor de la ley, «el acceso prioritario a los servicios del catálogo sigue condicionado por la utilización de prestaciones económicas que reciben algo más del 50 % de los usuarios» a pesar de que la ley subraya «el carácter excepcional» de esas prestaciones.
Esa situación genera en algunos casos «perjuicio no sólo para la persona dependiente con prestación económica reconocida, a quien dicha prestación no mejora la calidad de los apoyos recibidos, sino también con grave repercusión de carácter económico para la Junta al incidir negativamente en los ingresos que recibe de la Administración del Estado para la aplicación de la ley».
Por ello, la Junta ha establecido en el decreto los pertinentes cambios en el régimen de requisitos y condiciones del reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a las prestaciones y servicios señalados en la ley.
«Es una inmoralidad decir que se reduce ese limbo de la dependencia por un aumento en la prestación de servicios, porque se debe al recorte de derechos y a los fallecimientos»
Un total de 748.235 personas figuran a 30 de abril como beneficiarias de alguna de las prestaciones o servicios que ofrece la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, mientras que 218.345 tienen reconocido el derecho a acceder a estas ayudas pero aún esperan que les sean concedidas, conforme los difundidos por del IMSERSO tras depurar los 25.806 expedientes irregulares denunciados por el Tribunal de Cuentas.
En concreto, el proceso ha supuesto la regularización de 13.110 casos en el primer trimestre del año y otros 12.696 sólo en el mes de abril, cuando se ha completado la ‘limpieza’. No obstante, menos de la mitad de estos han tenido un efecto sobre las estadísticas generales: se trata de 5.929 casos eliminados del cómputo global, bien porque el dependiente que figuraba había fallecido, bien porque su expediente estaba duplicado.
Así las cosas, el número de personas recibiendo un servicio o prestación queda en 748.235, lo que supone un descenso en el número de beneficiarios de la ley de dependencia tanto respecto del mes de marzo (2.259 personas menos con datos ya regularizados) como en comparación con diciembre de 2012 (3.316 personas menos).
En cuanto a la lista de espera, que también se ha visto afectada por la regularización de expedientes duplicados o de personas que ya habían fallecido, a 30 de abril figuran 218.345 personas, 20.281 menos que en marzo y un 28,63 por ciento menos de las que figuraban a 1 de enero de 2012.
Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales este dato es un «espejismo» que no refleja una mejora en el sistema ya que, de ser así, el número de personas atendidas se habría incrementado en la misma proporción que se reducía la cifra de quienes estaban esperando. Sin embargo, no sólo no se ha incrementado sino que se ha reducido el número de beneficiarios.
Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press, el director de la organización, José Manuel Ramírez, quien asegura que miles de personas en situación de dependencia han fallecido desde enero de 2012 esperando a recibir la prestación o servicio a la que tenían derecho por ley. «Es una inmoralidad decir que se reduce ese limbo de la dependencia por un aumento en la prestación de servicios, porque se debe al recorte de derechos y a los fallecimientos», ha afirmado.
MÁS DE 12.000 FALLECIDOS EN LAS LISTAS
En este sentido, citando datos oficiales indica que cuando Ana Mato llegó al Ministerio de Sanidad, «1.045.000 personas tenían derecho a recibir atención por dependencia y ahora son 966.580», lo que achaca a la reforma que ha dejado fuera del sistema a los dependientes moderados, a la falta de incorporación de nuevos dependientes severos y a los fallecimientos entre quienes estaban atendidos.
En cuanto a las regularizaciones, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales consideran que se trata de un asunto «ridículo» y «residual» que no afecta demasiado a los grandes datos del sistema, ya que se trata de 13.418 expedientes «en un mar de más de un millón de personas» que están de un modo u otro, integradas en el sistema.
El Tribunal de Cuentas denunció posibles irregularidades en un total de 25.806 expedientes. Según los datos difundidos por el IMSERSO, 12.055 resultaron corresponder a personas que habían fallecido y seguían dadas de alta, en 1.363 casos se trataba de duplicidades, y en otros 12.388 había errores que se han subsanado sin generar repercusiones a nivel estadístico. Hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas cobran del Estado para la ley de Dependencia en función del número de beneficiarios que tengan. Tras la depuración, figuran 13.418 menos.
De ellos, el grupo más amplio correspondía al sistema andaluz, donde el Tribunal de Cuentas detectó hasta 5.174 incidencias, de las que 2.248 resultaron ser expedientes de fallecidos (1.359) o casos duplicados (889). En número le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.834 expedientes retirados de las estadísticas oficiales (1.666 de difuntos), Cataluña, que tenía 1.472 irregulares (1.469 de fallecidos) y Castilla y León, con 1.438 casos (1.288 de fallecidos).
En el lado opuesto, las comunidades que ofrecían al Gobierno datos más fiables eran La Rioja, con 15 expedientes irregulares, todos de fallecidos; Baleares, con 24; y Canarias, donde figuraban 93 personas que ya habían muerto y tres duplicidades.
Sanitas edita una guía de ayuda para los cuidadores de personas dependientes
‘El cuidado para quienes cuidan’ es el lema y el manual que Sanitas Residencial y la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Cantabria presentaron ayer en la sede de Sanitas en Santander. El manual recoge consejos saludables dirigidos específicamente a los cuidadores de personas dependientes.
«Cuidar a una persona dependiente puede ser una labor gratificante pero requiere de mucha fortaleza mental, física y emocional», explicó Teresa Pampín, directora de Sanitas. Con el paso del tiempo, este tipo de situaciones pueden llegar a perjudicar gravemente la salud del cuidador tanto a nivel físico como psicológico y provocar el llamado ‘síndrome del cuidador’. Pampín destacó que «aunque en un primer momento las personas dependientes reciben toda la atención y los mejores cuidados, a la larga es fundamental dar la misma atención a los cuidadores, porque, en definitiva, su salud y calidad de vida también están en juego».
Para Mónica Pérez, coordinadora de la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer, «este libro es una gran ayuda para todas aquellas personas que tienen a su cargo a una persona dependiente, siendo además un referente a la hora de afrontar situaciones tan cotidianas como el estrés y la ansiedad».
Uno de los problemas es el estrés. En síntesis, esta guía contiene consejos, como descansar cinco minutos cuando el cuidador esté en esta situación, evitar sentimientos de culpa, resentimiento, desesperanza o rabia, planificar un tiempo para el propio cuidador o mantener una mente positiva sin pensar en las cosas que están fuera del control del cuidador.
Otro consejo es llevar una dieta equilibrada con la que logre todos los nutrientes necesarios: comer cinco porciones de fruta y verdura al día, seguir una pauta regular de las comidas, intentar beber de seis a ocho vasos de agua. Recomienda tener una vida activa. Las personas que cuidan a dependientes, por norma general, no suelen tener tiempo «pero siempre es posible incluir en el día a día acciones con las que se motive la movilidad», como las labores del hogar.
Dormir bien es fundamental. Para ello hay que asegurarse de que el colchón sea cómodo, eliminar distracciones como televisores y ordenadores y establecer una rutina.
II JORNADAS INTERNACIONALES DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: INNOVACIONES PARA VIVIR EN CASA
Organizan la Fundación Caser para la Dependencia y Fundación Pilares para la autonomía personal, tendrán lugar los días 25 y 26 de Junio de 2013 en Madrid. Colaboran la Fundación Vodafone y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Como sabemos por la investigación desarrollada, las personas que necesitan apoyos por su situación de fragilidad o dependencia quieren recibir atención en su propio domicilio. Este deseo es coherente, por otra parte, con las recomendaciones y tendencias internacionales acerca de priorizar aquellas políticas que favorezcan la permanencia en la propia casa en condiciones adecuadas de bienestar. Lo anterior requiere hacer confluir y articular muy diversas áreas (los servicios de atención domiciliaria social y sanitaria, la coordinación entre ambos sectores, el desarrollo de los servicios de proximidad, las TIC, las adaptaciones del hogar y productos de apoyo, la política de vivienda, el apoyo a las familias…). Y también requiere que revisemos de manera crítica la provisión actual de apoyos para reconsiderarlos y desarrollar nuevas vías y soluciones que sean más acordes a una población que es cada día más consciente de sus derechos y más exigente en el ejercicio de su autonomía.
Para abordar todas estas cuestiones, la Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Pilares para la Autonomía Personal organizan las “II Jornadas Internacionales de Atención a la Dependencia: Innovaciones para vivir bien en casa. Más bienestar para las personas, mayores oportunidades de desarrollo”, en la que se presentarán las últimas innovaciones para ofrecer, de manera integral, las atenciones y servicios que requieren las personas en situación de fragilidad o dependencia que viven en su domicilio.
El mundo de la investigación, de las TIC, de vivienda y de las políticas públicas tanto de España como de otros países de nuestro entorno, se darán cita en estas Jornadas y en ellas se propiciará el debate enriquecedor con todos los participantes que acudan a las mismas.
Fecha: 25 y 26 de Junio 2013
Lugar: Salón de Actos del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad. Pº del Prado, 18-20, Madrid
Plazas limitadas
Programa e inscripción: www.vivirencasabien.org
En Cataluña hay 161.213 personas que se benefician de la Ley de Dependencia
La cifra supone un 12,1% más que en marzo de 2012. La Generalidad se queja de que el Gobierno no asume parte de la partida que le corresponde para hacer frente al coste de la aplicación de la ley.
Un total 161.213 personas se benefician actualmente de la aplicación de la Ley de Dependencia en Cataluña. Según los datos oficiales ofrecidos por la Consejería de Bienestar Social y Familia, el número actual de prestaciones y servicios asciende a 207.575 a fecha de 31 de marzo de este año.
En el último año (de marzo a marzo) hay un 12,1% más de beneficiarios de la prestación de ayuda para las personas en situación de dependencia -en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre-, pasando de los 143.724 al número actual de personas que reciben algún tipo de ayuda en Cataluña.
El 67% de los beneficiarios son mujeres y el 33%, hombres. Por edades, 78.946 tienen más de 80 años de edad; 43.869 personas, entre 65 y 79 años; y cabe destacar que1.135 bebés en Cataluña -menores de tres años- también reciben algún tipo de ayuda gracias a la norma de aplicación en toda España.
‘Un gran sobre esfuerzo’
En una respuesta al grupo del PSC en el Parlamento autonómico, la consejera Neus Munté i Fernández (CiU) ha informado que en el año 2012, la Generalidad ha destinado 922,8 millones de euros para sufragar los gastos de la aplicación de la Ley de Dependencia. Mientras que el Gobierno ha transferido a la Administración autonómica, para esta partida, 243,54 millones de euros.
Munté ha lamentado la baja cantidad del Gobierno destinada a esta partida y ha señalado que la Generalidad realiza ‘un gran sobre esfuerzo’ para garantizar las prestaciones y los servicios de la dependencia. Según los datos de la Consejería de Bienestar Social y Familia, la Administración autonómica soporta el 80% del coste de la aplicación de la ley y el Gobierno, el 20% restante.
Casi 800 euros por asistente personal
La Consejería también ha informado de que, en 2013, la media de tiempo para resolver las valoraciones de grado iniciales de las peticiones de posibles afectados por la ley está siendo de 1,19 meses; y para los programas individuales de atención iniciales (PIA), de 1,38 meses.
Además, la media de las prestaciones económicas otorgadas cada mes (tomadas con fecha del mes de febrero de 2013) a los beneficiarios están siendo de 283,34 euros para los cuidadores no profesionales; 669,56 euros para la prestación económica vinculada; y 788,70 euros para un asistente personal.
Las estafas a la Dependencia se castigan con multa de hasta un 1 millón
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en una medida que se adapta como un guante a los tiempos actuales, aprobó hace días un decreto que modifica el reglamento de funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales y que persigue multar a los que infrinjan la aplicación de los recursos obtenidos con la Ley de Dependencia. En definitiva, acabar con el fraude -si es que lo hay-.
La norma -que recae sobre particulares e instituciones- desarrolla el cuadro de infracciones y sanciones previstas en la Ley de Dependencia. El texto andaluz consolida el modelo sancionador previsto en la ley estatal y establece para faltas leves multas de hasta 300 euros a personas cuidadoras y de hasta 30.000 a instituciones proveedoras de servicios. Para las graves, las cuantías oscilan entre 300 y 3.000 euros para cuidadores y entre 30.000 y 90.000 euros para entidades, mientras que las muy graves se sitúan entre 3.001 y 6.000 euros para particulares y de entre 90.001 y un millón de euros para proveedores.
Los cambios -anunció el ejecutivo andaluz- se dirigirán sobre todo a vigilar la labor del servicio de ayuda a domicilio, así como las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. En Andalucía, los profesionales de la inspección realizaron el año pasado 74.209 visitas domiciliarias, de las que 17.102 se dirigieron al primero de estos fines y 57.107 al segundo.
La tarea inspectora se va a reforzar. Aunque sea por el simple hecho de que los trabajadores tienen más tiempo libre: «Los que ejercían de valoradores de los solicitantes para ver si tenían derecho a recibir o no una ayuda han sido destinados a realizar inspecciones. Las altas están paralizadas desde hace año y medio», explica un funcionario granadino. También señala que -ante los recortes del Gobierno central y la escasa disponibilidad presupuestaria de la Junta- el personal encargado de agilizar las prestaciones está ahora destinado a perseguir a los infractores de la norma.
Como consecuencia, la Inspección de Servicios Sociales detectó en Andalucía en el año 2012 un total de 51 infracciones, de las que 15 fueron leves, 35 graves y una muy grave. «En cuanto a recursos asistenciales en Jaén, los inspectores impusieron durante 2012 una falta grave», aseguran en la Junta de Andalucía. La media de las sanciones graves fue de 9.200 euros y las muy graves, 37.000 euros, explican fuentes de Salud y Bienestar Social.
«Nos criminalizan»
Algunos ciudadanos afectados entienden el recrudecimiento de las medidas persecutorias, pero otros las ven como una sinrazón. «A mí me parece maravilloso que se persiga a los infractores, lo que me parece una barbaridad es que el Gobierno esté recortándonos a todos las prestaciones, sin asegurarse primero de quiénes hacemos buen uso de ellas o no. Los gobernantes no se dan cuenta de que esas miguitas de pan que suponen la Ley de Dependencia son un balón de oxígeno para quienes vivimos esta situación. Si nos la quitan, nos asfixian», explicaba ayer Carmen, madre de un niño discapacitado.
«Me parece indigno y descabellado que se criminalice a los ciudadores, una población que tiene a sus espaldas la responsabilidad económica y moral de una persona dependiente, mientras se permiten fraudes como los ERE, Urdangarin o Bárcenas, que no devuelven el dinero robado. Solo con los más de mil millones de los ERE en Andalucía se podrían pagar dos años de la Ley de Dependencia a los andaluces. Nos condenan a los más necesitados», declaraba Natalia Gómez, funcionaria jubilada e hija de una anciana con alzhéimer, que percibe por la atención a su madre 370 euros.
No obstante, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, explicó el día que vio la luz verde la norma que se reforzaban los mecanismos de inspección no porque hubiera habido muchos fraudes, sino para que las personas dependientes recibieran la mejor calidad posible en sus cuidados.
La administración autonómica (que financia el 70% frente al 30% del Gobierno central) ha destinado unos 5.400 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor en el 2006 y en los presupuestos de este año se consigna una partida inicial de 1.108 millones.
Nuevo cheque de ayuda a domicilio en Castilla-La Mancha
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, ha anunciado la creación de un cheque de Ayuda a Domicilio, que permitirá al propio usuario elegir la persona o entidad acreditada que quiere que le preste este servicio.
El director general ha mantenido un encuentro con representantes de asociaciones de mujeres del medio rural, en el que han participado la presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Carmen Quintanilla, y miembros de la Junta Directiva de cuatro provincias de la región, según ha informado la Junta en nota de prensa.
En este marco, el director general y las representantes de AFAMMER han acordado trabajar «de la mano» en la renovación del Servicio de Ayuda a Domicilio que la Junta de Comunidades presta a los ciudadanos que lo precisan en Castilla-La Mancha.
Esta «innovadora» propuesta, ha dicho García Ferrer, servirá de vía para que muchas mujeres del medio rural puedan trabajar como autónomas o cooperativas de iniciativa social. «Así favoreceremos la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestros municipios», ha señalado.
Hasta el momento, este servicio lo prestan los ayuntamientos, a través de subvenciones concedidas por la propia Junta de Comunidades. La puesta en marcha de este proyecto vendrá a complementar la estructura del mismo a través de personas o entidades acreditadas. Además, el nuevo modelo de cheque de Ayuda a Domicilio, que comenzará a funcionar a principios del próximo año, permitirá que el ciudadano elija a la persona que le preste este servicio.
Llegar a todos
El motivo que ha llevado a replantearse y modificar la estructura del Servicio de Ayuda a Domicilio «es llegar a los 200 municipios de la región a los que no estamos llegando actualmente. De ellos, 140 corresponden a la provincia de Guadalajara, que en la actualidad no pueden acceder al mismo. Con la puesta en marcha de esta iniciativa, el Gobierno regional, en colaboración con AFAMMER, logrará llegar a todas aquellas personas que lo necesitan y que en la actualidad por distintos motivos, no reciben la ayuda», ha aseverado García Ferrer.
«Clara apuesta de futuro»
Por su parte, la presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla, ha afirmado que este acuerdo es «una clara apuesta de futuro para las mujeres que se encuentran en el ámbito rural. Hemos demostrado que somos emprendedoras y capaces de liderar proyectos de diversa índole en los municipios».Quintanilla ha apuntado que «desde la formación y la profesionalidad, las 15.000 mujeres que forman parte de esta asociación en la región asumirán este compromiso, para ayudar a los mayores y dependientes que requieran de esta atención», ha concluido.
Aprobado el decreto que regula el Comité de Ética en Intervención Social del Principado
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regulará el Comité de Ética en Intervención Social, un órgano multidisciplinar, de carácter consultivo y asesor, que mejorará la calidad en la intervención social.
Este comité se encargará de analizar y asesorar en la resolución de posibles conflictos éticos, en los ámbitos de intervención de servicios sociales; de orientar en la elaboración de documentos de buena praxis o protocolos de actuación, desde el punto de vista ético, y en potenciar la formación en ética asistencial de los profesionales de los servicios sociales.
Un rasgo distintivo del futuro comité de ética en Servicios Sociales lo constituye la apuesta por la participación y la búsqueda de la pluralidad a lo largo de todo el proceso. Profesionales diversos, de distintos sectores, de distintas disciplinas, de la atención directa y de la gestión, del ámbito público y privado, han participado en este proceso. Un espíritu que permanecerá en la composición final de los miembros que integren este primer comité.
Por tanto, el Comité de Ética en Intervención Social se configura como un recurso para facilitar la reflexión y deliberación, orientando prácticas concretas que ayuden a la toma de decisiones óptimas y prudentes en aquellos casos donde convergen diversidad de perspectivas y opiniones entre todas las partes implicadas, como son los profesionales, personas usuarias, familias, entidades e instituciones, así como otros agentes sociales.
En definitiva, su papel debe de ser el de constituir un foro de deliberación, multidisciplinar e independiente, al servicio de la calidad asistencial y del bienestar de las personas usuarias de los servicios sociales, contribuyendo a la adopción de decisiones de calidad en supuestos complejos en que se presentan conflictos de diversos valores o derechos de las personas implicadas.
Fuente: http://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.07ff9aff07894a25ffdfb2c5f2300030/?vgnextoid=5c2da4e82fbce310VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=123d6a6227cdd210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es
ACRA alerta de un recorte encubierto de las tarifas para la atención a las personas mayores
Los nuevos baremos establecidos desde el Estado y la eliminación de los niveles por el Consejo Territorial del SAAD comportan a la práctica una bajada encubierta de tarifas
El ICASS, que todavía no ha comunicado cómo ni cuando pagará la mensualidad pendiente desde julio de 2012, no está pagando nada por los nuevos ingresos desde diciembre, ni por las actualizaciones de grado de los usuarios, ni lo hizo con la actualización de los anticipos de todo el año pasado
La deuda, que se incrementa mensualmente, ya se sitúa alrededor de dos nóminas enteras con cada una de las empresas y entidades.
Los nuevos baremos para la valoración del grado de dependencia de las personas solicitantes establecidos por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), así como la simplificación de los grados y de los niveles del sistema, que presentó el julio pasado el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad -que cambia a tres grados (Gran Dependencia, Dependencia Severa y Dependencia Moderada) los seis niveles anteriores- están comportando a la práctica una bajada encubierta de las tarifas públicas para los servicios de atención a las personas mayor.
Se trata de un problema económico más en el largo listado de dificultades con que se encuentran los operadores de Servicios Sociales en todo el Estado y que en Cataluña se suma a la gran deuda que tiene la Administración con las empresas y entidades asistenciales. Y es que, además de la nómina íntegra pendiente desde julio de 2012, en cuanto a las empresas y entidades colaboradores asociadas, el ICASS tiene con cada una de ellas una deuda añadida que llega ya a otra mensualidad completa, según la información recogida a través de dos barómetros enviados recientemente a los socios de ACRA.
Una deuda, si cabe, aún más preocupante que las cantidades pendientes desde julio, pues se incrementa mes tras mes y está relacionada con el hecho que el 83% de los socios encuestados hayan denunciado que no han cobrado nada en cuanto a la actualización de los anticipos del año pasado, que tampoco se esté pagando nada por los nuevos ingresos desde diciembre, ni tampoco en lo que se refiere a las actualizaciones de grado de los usuarios.
Impago de julio: Casi un año sin respuestas
Ya hace nueve meses de la reunión de la comisión de seguimiento de los pagos del ICASS del viernes 7 de septiembre. En este sentido, ACRA denuncia que a fecha de hoy todavía no se ha informado formalmente a esta comisión sobre la evolución de la situación de los pagos, todo y las graves dificultades que están sufriendo los centres colaboradores, concertados y de gestión, y reclama públicamente el pago inmediato de todas aquellas cantidades pendientes.
Igualmente, ACRA pide en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña que considere el sector de la atención a la gente mayor como prioritario por el mantenimiento de la cohesión social al país, así como que sea más vehemente a la hora de reclamar al Estado los recursos que no les están facilitando en relación con el acuerdo por la financiación de la LAPAD.
Sobre ACRA
ACRA, Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1989, que agrupa entidades privadas de iniciativa mercantil, entidades privadas de iniciativa social y entidades de iniciativa pública de recursos asistenciales (teleasistencia domiciliaria, atención domiciliaria, centros de día, hogares residenciales, residencias asistidas, pisos tutelados y centros sociosanitarios) para personas mayores de toda Cataluña. ACRA está conformada por 440 emprendidas/entidades asociadas, que gestionan 929 servicios con 34.214 plazas y 29.213 trabajadores.
Los mayores madrileños podrán elegir residencia concertada libremente
La Comunidad de Madrid ha acordado que una parte de las plazas residenciales concertadas para personas mayores dependientes puedan ser elegidas libremente por los usuarios para facilitar a las familias cambiarse de centro si no están cómodas donde están, según ha explicado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria.Estas medidas afectan a 4.708 plazas en residencias de mayores, con un coste total de 179,2 millones de euros, según ha explicado Victoria en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Además, el consejero ha señalado que esta libertad de centro se va a implantar de forma gradual, a partir del mes de agosto, y que si los usuarios no solicitan traslado alguno, continuarán recibiendo la atención en el mismo centro que tenían hasta ahora.
Victoria ha destacado que se «animará» a las residencias a una «sana competencia» en la medida en que si los usuarios deciden que no están recibiendo los servicios que estiman oportunos, los centros dejarán de tener las plazas concertadas por la Comunidad de Madrid.
Con este acuerdo marco, se unificarán los contratos de todas las residencias con la Administración. Concretamente, afectará a las plazas concertadas de financiación total, destinadas a personas mayores dependientes que tienen las rentas más bajas.
Los nuevos contratos se formalizarán en base a la disponibilidad presupuestaria anual, correcta ejecución de los contratos, preferencias de los usuarios, ofertas económicas y necesidades de ordenación de la red pública. En el Acuerdo se enmarcarán más de 200 contratos existentes en la actualidad.
La adjudicación anual de los contratos que estén dentro de este Acuerdo Marco se realizará de forma simplificada y sin necesidad de someterlos a un nuevo concurso. Con esta fórmula se logra la continuidad del servicio, el ajuste de plazas adjudicadas a cada centro en función de las demandas de los usuarios y la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.
La Comunidad de Madrid está preparando un segundo Acuerdo Marco para plazas concertadas de financiación parcial.
Requisitos de las residencias
Los centros que, estando autorizados, cumplan los requisitos de solvencia económica y técnica podrán incorporarse a este Acuerdo Marco. Los residencias que quieran participar tendrán que haber gestionado de forma continuada, al menos, una residencia en los tres años anteriores por un tiempo no inferior a nueve meses. Además, tendrán que ofertar como mínimo 15 plazas.
Asimismo, tendrán que prestar los siguientes servicios de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día los 365 días del año: el alojamiento, que incluirá el uso de una habitación y zonas de convivencia, la manutención, la ropa de cama, de mesa, de aseo así como el lavado, repasado y planchado de la ropa personal.
También deberán comprometerse a la promoción de la integración y participación en la vida del centro, la animación sociocultural y las relaciones con las familias de los usuarios. También se tienen que hacer cargo del control y la protección del usuario, incluyendo todas las actividades encaminadas a la seguridad y salvaguarda de su integridad personal, como el aseo, la higiene personal, el cambio de pañales, vestido, etc.
La Xunta fija su estrategia de atención a la dependencia hasta 2020
El Gobierno gallego ha dado el visto bueno a su estrategia para la atención y prevención de la dependencia, una guía que fija el horizonte temporal de 2020 para poner en marcha medidas que permitan mejorar y prolongar la autonomía personal.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que este documento supone un «salto cualitativo» en políticas sociales y una apuesta por el ámbito preventivo y no solo asistencial.
Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, Núñez Feijóo ha explicado en conferencia de prensa que esta estrategia está centrada en seis áreas de actuación, con 28 objetivos y casi 400 propuestas de actuación.
Además, la Xunta ha acordado también la presentación de Galicia para liderar un proyecto europeo que convierta a la Comunidad en un «referente» de la vida saludable.
Núñez Feijóo ha explicado que en los próximos años se prevé que la población gallega descienda casi un 2 %, pero los mayores de 65 años aumentarán sobre un 3,5 % y se calcula que la población con dependencia aumente un 8,14 %.
Por este motivo, ha dicho, el Gobierno gallego trabaja desde hace tiempo en una estrategia para la prevención precoz de la dependencia para prolongar la autonomía personal de los ciudadanos.
Ha considerado que Galicia es «pionera» en la elaboración de esta guía que, ha dicho, «nace del diálogo, consenso y acuerdo» entre distintos grupos de trabajo de la Xunta y entidades representativas de mayores.
Las seis áreas en las que está divida esta estrategia atienden a la educación y la concienciación de los ciudadanos, al aumento de la esperanza de vida libre de dependencia, a la mejora de la calidad de vida, al estímulo a través de amigos y familiares, a la investigación y la innovación y a la mejora de los recursos de la administración.
Ha señalado que la Xunta pretende mejorar la calidad de vida de los mayores, hacer «más sostenible» el sistema de sanidad y bienestar y lograr ser un referente europeo en el envejecimiento saludable.
Según Núñez Feijóo, cada euro que se destina a prevención de la dependencia equivale a la rebaja del gasto de 129 euro al año en su tratamiento.
Por otra parte, el Gobierno gallego ha presentado hoy los datos del plan para prevenir la violencia laboral en el ámbito sanitario.
Desde 2010 se han reducido un 32 % los episodios violentos, al pasar de 255 a 188 en 2012, aunque el objetivo de la Xunta es que «la sinrazón de estos episodios violentos sea cero», ha concluido Núñez Feijóo.
En la reunión de hoy la Xunta ha decidido renovar un convenio con la Fundación Josep Carreras para buscar donantes de médula para las personas con cuyas familias estos trasplantes son incompatibles.
Desde 2008, la primera vez que la Xunta firmó un convenio con esta fundación, y hasta el 1 de enero de este año se han hecho 117 trasplantes por medio de esta colaboración.