Dependencia
Empresas de asistencia a la dependencia proponen al Gobierno la ocupación de 50.000 plazas residenciales vacías
El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, ha propuesto al equipo directivo de políticas sociales del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el que se ha reunido en el Palacio de Moncloa, la ocupación inmediata de 50.000 plazas residenciales, actualmente vacías, para atender a los más de 170.000 grandes dependientes que se encuentran «sin recibir los servicios a los que tienen derecho».
Según ha explicado en la reunión Echevarría, esta ocupación se realizaría mediante un plan especial del Gobierno. En opinión del presidente de la FED, esta medida produciría 38.500 nuevos empleos y 200 millones de euros de ahorro los próximos dos años.
En general, el presidente de la FED ha avisado al equipo de Rajoy de que «reducir en servicios de dependencia no reduce el déficit sino que incrementa el gasto, como son por ejemplo las derivaciones hospitalarias». Para Echevarría, «no hay que recortar en servicios sino en la eliminación de bolsas de ineficiencia».
«Resulta ineficiente que los enfermos crónicos estén atendidos en hospitales cuando perfectamente pueden estar atendidos en centros socio-sanitarios, con más calidad y a un coste sensiblemente menor», ha indicado. En este sentido, la FED ha insistido en que la disminución del déficit público debe hacerse por la vía del impulso económico en aquellos sectores capaces de consolidar fiscalmente en el año los retornos superiores al gasto.
Concretamente, el presidente de la FED ha propuesto la atención de 45.000 dependientes mediante el SAD y creación de 50.000 plazas residenciales mediante la construcción de nuevos centros, financiados por empresas privadas y, por tanto, sin gasto para la administración. Esta medida sería una inyección de 3.000 millones de Euros en el sector de la construcción, según la FED.
Según la propuesta de la patronal, esta medida se incorporaría en el Plan Especial del Gobierno Central garantizando que las plazas creadas serían ocupadas por grandes dependientes y atendidas por personas desempleadas. Esto implicaría 61.000 nuevos puestos de trabajo y reducción del déficit de 1.564 millones en los próximos dos años.
Por último, el presidente de la federación de empresas ha propuesto la transformación de camas sanitarias de crónicos-convalecientes en camas sociosanitarias, lo que, a su juicio, «produciría una mejora del servicio y ahorro de 690 millones de euros». Las tres medidas propuesta por la FED han sido «muy bien aceptadas» por el equipo de Rajoy, según la federación.
La FED, fundada en el año 2006, está integrada por 17 patronales autonómicas, que representan 150.000 plazas residenciales, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia.
Castilla-La Mancha pierde 1.330 beneficiarios dependientes en un año
La Ley de la Dependencia tal y como la hemos conocido hasta ahora va a cambiar y de hecho ya está cambiando. La crisis está haciendo que el Estado revise esta Ley, para que pueda ser sostenible, así lo confirmó el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, en una mesa redonda a finales de septiembre sobre “Cambios en los plazos de aplicación de la Ley de Dependencia y futuro del Sector”.
El Gobierno regional ha reiterado en varias ocasiones que tal y como están las finanzas de la Comunidad Autónoma el sistema de la dependencia no se puede mantener, por lo que se trabaja para la sostenibilidad del mismo. Las claves de por dónde se orienta la estrategia en este ámbito por parte del Gobierno regional las dio Echániz, al señalar que se está priorizando priorice y atendiendo de forma preferente a quienes más lo necesitan, de tal forma que la prioridad sea atender a la gran dependencia y a la dependencia severa.
En los presupuestos generales del Estado del año 2013 la partida destinada a la dependencia se reducirá en unos 200 millones de euros, lo que obligará a las Comunidades a hacer cuentas para ajustar sus fondos, reduciendo las aportaciones y el número de beneficiarios.
Datos
En Castilla-La Mancha, según los datos extraídos del Portal de la Dependencia, el número de personas beneficiarias a 1 de septiembre de 2012 (últimos datos) -y en relación a 1 de septiembre de 2011 – ha descendido en 1.333 personas, lo que porcentualmente supone un 3,3% menos.
A 1 de septiembre del pasado mes en nuestra región había contabilizadas 38.681 personas, siendo la sexta comunidad autónoma con mayor número. Todo apunta a que en los próximos meses la cifra siga descendiendo de forma más acusada.
Por lo que se refiere a las prestaciones en Castilla-La Mancha se observa una caída –que aunque todavía no es acusada- sí pone de manifiesto la tendencia que se iniciará a partir del mes de octubre (debido a la modificación en agosto de la Ley).
Así en la comunidad castellano-manchega en septiembre de 2011 se registraban 54.001 prestaciones, y en septiembre del actual ejercicio hay 53.353, 648 prestaciones menos. El ratio de prestación por persona beneficiada se mantiene en el 1,35%.
Rebaja de la paga
Por otra parte desde el 1 de agosto las comunidades autónomas pueden aplicar la rebaja de la paga, como mínimo de un 15%, que percibían los cuidadores no profesionales por atender a personas dependientes en sus domicilios. Se trata de una de las medidas incluidas en la reforma de la ley de dependencia, aprobada por el Gobierno el pasado 13 de julio, que pretende fomentar los cuidados profesionales de los dependientes sobre los familiares.
Una rebaja que en Castilla-La Mancha ya se ha comunicado por carta a los beneficiarios.
Según los datos del portal de la dependencia -Servicio SAAD- a 31 de agosto se contabilizaban 9.914 cuidadores no profesionales -beneficiarios del convenio especial, una cifra que ha descendido pues a partir del 31 de agosto los cuidadores tienen que pagar las cuotas a la Seguridad Social.
Un 21% menos de presupuesto
La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia ha denunciado que el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades para 2013 destina un 21 por ciento menos a las políticas de dependencia. El portavoz de la plataforma, José Luis Gómez Ocaña, explicó que, mientras que en 2012 el presupuesto para dependencia era de 167 millones, para el año próximo se han distribuido en dos partidas que en total suman 131 millones, es decir, un descenso del 21 por ciento.
A su entender, esta bajada implica que no solamente no se van a mantener el número de beneficiarios, sino que «se va a expulsar del sistema a mucha gente que viene cobrando», una práctica que, según ha denunciado, se hace desde un año atrás.
Los cambios en la Ley de Dependencia «son contrarios a la Constitución»
Organizaciones de la discapacidad han pedido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma aprobada por el Gobierno, el pasado 13 de julio, de la Ley de la Dependencia.
A estos cuidadores se les reduce un quince por ciento la prestación que reciben y se les exige unos conocimientos mínimos para concederles esa asignación con el fin de dar prioridad a los cuidados profesionales.
Mato afirma que está «poniendo todo el impulso preciso para consolidar la protección por dependencia» pese a la crisis
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato ha asegurado este jueves que «a pesar de la situación económica», está «poniendo todo el impulso preciso para consolidar y hacer más justa la protección por dependencia y para hacer real la atención sociosanitaria».
Así se ha expresado en la clausura del acto organizado en el Senado por el décimo quinto aniversario del Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI), en el que además de distinguir la labor de esta organización social, se ha reconocido con una placa el trabajo de los ocho ministros responsables de la cartera de Asuntos Sociales en estos quince años de actividad, algunos de los cuales han estado presentes en la Cámara Alta.
En su intervención, Mato ha destacado que en los 15 años de tarea del Cermi «las políticas de discapacidad han recorrido un largo camino» de modo que en la actualidad, «la igualdad, la no discriminación, la accesibilidad universal o la protección de derechos son principios básicos asumidos por todos».
«Es uno de los grandes logros obtenidos en este tiempo y se trata de un éxito de todos, al haber sido fruto de un amplio consenso», ha apuntado la ministra, quien ha repasado sus principales objetivos en la materia para esta Legislatura, como sacar adelante una Ley General de Discapacidad que aúne y articule la normativa nacional e internacional vigente al respecto.
Asimismo, ha recordado que su departamento trabaja en «promover la plena icorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral en igualdad de oportunidades», para lo que impulsará «un nuevo marco legal de promoción laboral en estrecha colaboración con sus representantes y con los ministerios competentes».
Otro de los objetivos señalados es «la prestación de servicios integrales que vinculen los servicios y prestaciones sanitarias con los sociales» mediante un «catálogo básico de servicios sociales» para «conseguir la universalidad de las prestaciones y la igualdad de todos los ciudadanos con independencia del territorio donde residan».
Mato, que ha incidido en que los distintos grupos políticos se han puesto de acuerdo para hacerse eco de las demandas del Cermi y ha sido así como «se han aprobado muchas normas que han abierto camino hacia la igualdad real», ha afirmado que todos los poderes públicos tienen «la obligación de dar respuestas y soluciones» a las 3,8 millones de personas que tienen alguna discapacidad en España y a sus familias y ha asegurado que para ello, las puertas de su ministerio están siempre abiertas.
«UN ÉXITO DE LA SOCIEDAD CIVIL»
En el acto, dirigido por la vicepresidenta del Senado, Yolanda Vicente y en el que han participado el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez-Bueno y su vicepresidente, Alberto Durán; se ha presentado además el libro ‘Hoy empieza todo’, de la periodista Esther Peñas, una aproximación histórica a la organización como «motor de cambio social».
Sobre este asunto, Pérez-Bueno ha destacado que el Cermi es «ejemplo del éxito de la sociedad civil» que exige a sus políticos y que no se conforma con votar cada cuatro años, sino que ejerce «una ciudadanía activa y participativa» y que busca mediante la articulación en una organización «la influencia política e incidir allí donde se toman las decisiones» para que la discapacidad, no sea un tema marginal.
Según ha dicho, «la discapacidad, más allá de la situación concreta, genera déficits de ciudadanía y falta de derechos» y es por eso que la organización no ceja en su empeño de ser escuchada por los distintos gobiernos. «Con el tiempo habéis comprendido que el Cermi es exigente pero que coopera. Ha podido haber tensión, pero creo que somos gente noble y buena en la que se puede confiar y en la que cualquier gobierno puede encontrar un aliado», ha dicho a los ex ministros presentes en el hemiciclo.
OCHO MINISTROS, QUINCE AÑOS DE CERMI
Éstos han intervenido en el orden en el que ocuparon el cargo, por lo que el primer discurso ha sido de Javier Arenas que, en formato vídeo, ha dicho que en el ministerio vivió «la erótica del problema, que no del poder» y si bien sufrió «quebraderos de cabeza con la Seguridad Social y con el empleo» también «satisfacciones en torno a los asuntos sociales» y entre otras, haber conocido al Cermi.
A renglón seguido, Manuel Pimentel, presente en el Senado, ha destacado que la organización ha «aportado muchísimo, no sólo a las personas con discapacidad sino a todos los españoles para hacer una sociedad más justa», y Juan Carlos Aparicio, también en el hemiciclo, ha puesto en valor que «una sociedad debe sentirse satisfecha si es capaz en todo momento de lograr que quienes lo tienen más difícil para llevar una vida normal puedan ejercer el conjunto de sus derechos».
También estaba presente Eduardo Zaplana, quien ha destacado que «la política merece la pena» cuando se comprueba lo conseguido trabajando «gracias al impulso del Cermi» en los últimos 15 años, justo antes de que se proyectase un vídeo de su sucesor en el cargo, Jesús Caldera, que ha hecho un alegato en defensa de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y ha pedido al sector de la discapacidad que exija su cumplimiento, porque generó un derecho subjetivo y es «un yacimiento de empleo».
A continuación han hablado Mercedes Cabrera, para quien el «mayor logro» del Cermi es haber hecho entender a la sociedad que «el concepto de ciudadano era muchísimo más amplio del que se venía manejando desde el siglo XIX», una idea «coja» porque no incluía a las personas con alguna discapacidad. Le han seguido, como en el cargo, Trinidad Jiménez, quien ha lamentado «todo aquello que no se pudo conseguir» y se ha comprometido a trabajar siempre por los derechos de las personas con discapacidad, y Leire Pajín, que ha enviado una carta en la que expresa su «orgullo» por ver a España reconocida en Naciones Unidas por sus avances en la materia.
Una mujer impedida de 102 años lleva 2 esperando a cobrar la dependencia
Higinia Maestre Micó, conocida por todos los que la conocen como Etelvina, pasa sus días entre la cama y el sillón. Casi no oye y apenas puede moverse, lo que no es raro porque ya ha cumplido 102 años. Como no tiene hijos, la cuida una asistenta en su propia casa cuyo salario lo pagan varios de los sobrinos de la anciana ya que ella sólo recibe una pensión de 395 euros mensuales. Mientras a sus sobrinos les fue bien, no hubo problemas, pero ahora con la crisis, tienen más dificultades para ocuparse de su tía por lo que en 2010 decidieron solicitar la prestación acogiéndose a la Ley de Dependencia que les ayudara a mantener a Etelvina en buenas condiciones. Dos años después siguen esperando.
El de Etelvina es sólo uno de los miles de casos que hay en la provincia de personas a las que se les ha reconocido el derecho a percibir una prestación por la Ley de Dependencia pero que aún no la cobran. Según los datos de Bienestar Social, hay más de 7.300 personas a las que les corresponde el dinero pero que no lo reciben aún, casos como el de Etelvina quien, según teme Carmen Maestre, una de sus sobrinas, «puede que no llegue ni a cobrarlo» dada su avanzada edad.
El caso de esta mujer resulta especialmente penoso cuando se escucha a su sobrina Carmen hablar de ella y recordar toda una vida de trabajo. Cuenta Carmen que Etelvina «fue una de las modistas más importantes de Elche», ciudad en la que ha pasado la mayor parte de su vida aunque nació en Petrer. «Era muy famosa, hacía trajes de noche, de fiesta para lo mejor de la sociedad de Elche. Estudió en Alicante y se convirtió en una de las mejores en lo suyo. Toda la vida la recuerdo cosiendo hasta que ya no tuvo edad para seguir», dice.
Efectivamente, Lolita, una de las discípulas de Higinia, ya jubilada, cuenta que «era la mejor haciendo trajes de novia, aunque apuraba hasta el último momento y antes de una boda nos pasábamos la noche cosiendo y luego llevábamos con prisa el vestido a la novia, pero eran los más bonitos». También recuerda Lolita que «en los juegos Florales que se hacían en Elche ella hacía unos trajes maravillosos, era una artista e incluso ganó varios premios».
Higinia no se casó ni tuvo hijos. «Su amor fue la costura», cuenta su discípula ya jubilada. «A ella le salieron muchos novios pero como era la única hija, se quedo con sus padres, así que dedicó su vida a coser y siguió trabajando hasta los 90 años enseñando además a un montón de gente el oficio de modista».
A Lolita y a Carmen les da lástima ver a Higinia tan mayor. «Ha estado toda la vida trabajando y ha ayudado a mucha gente, sobre todo a sus hermanos. es una bellísima persona», dicen. Etelvina, ajena a los halagos de su sobrina y de su discípula, dormita en el sillón en casa de su cuidadora. Antes vivía de alquiler, «pero era imposible pagar el alquiler y a la mujer que la cuida» dice Carmen, por lo que los sobrinos optaron por el traslado a casa de su asistenta a la que ayudaron para empezar a pagar el piso. «El problema que tenemos es que las cosas están mal, y la ayuda por la dependencia, que le corresponde, es fundamental porque no toda la familia puede ya aportar dinero para ayudar a mi tía. Somos cuatro sobrinos dando lo que podemos, pero cada vez es más difícil».
Carmen asegura que desde que se le concedió a su tía la situación de dependencia, en grado 3 y nivel 2, «he reclamado varias veces y siempre me dicen que ya llegará. La asistente social también nos ha dicho que seguirá intentando hablar con Valencia pero que no puede hacer nada y en el Ayuntamiento de Elche tampoco. Desde que cumplió 100 años nos mandan una carta de felicitación por su cumpleaños y una plantita. Eso es todo». La puntilla para los familiares de la anciana ha sido el tener que abonar parte de las medicinas de Etelvina, «sobre todo los pañales, que son muy caros». Se supone, como en el caso de todos los jubilados desde que entró en vigor el copago farmacéutico, que con la paga de este mes la Conselleria abonará el gasto de medicinas, pero de momento, una vez más, el sobrecoste ha corrido a cargo de los sobrinos.
El nivel 3 grado 2 de dependencia que sufre Etelvina es el grado máximo reconocido, por lo que, según ha señalado el portavoz de la Plataforma por la ley de Dependencia, Miquel Martorell, «tendría que recibir casi 600 euros de paga aunque con los últimos los recortes se le rebajaría un 15%». En cualquier caso, esos quinientos y pico euros supondrían un gran alivio para los familiares de la anciana.
Más de 30.000 personas han muerto esperando a cobrar
El portavoz de la Plataforma por la Dependencia en Alicante, Miquel Martorell, considera que la situación es dramática y que el retraso llega hasta el punto de que en la Comunidad hay más de 30.000 personas que han fallecido esperando la prestación. A su juicio, «en la dependencia está ocurriendo lo mismo que en otras partidas del presupuesto para reducir el déficit. El Gobierno ha eliminado partidas a la dependencia para contrarrestar el déficit y está ahogando a las autonomías y a los ayuntamientos». Tal como ha señalado el portavoz, «como las autonomías no tienen dinero y se ha reducido el mínimo que el estado da para unas prestaciones, se ha recortado en 200 millones, lo que supone que en la Comunidad Valenciana hay unos 6 millones menos para la dependencia». Además, según señala Martorell «está la parte del nivel acordado que es un dinero que se acuerda con las autonomías en función de la población, dispersión geográfica, pobreza, número de dependientes, etc.. Ahí había 283 millones que se daban a las comunidades y ahora no se van a dar. Eso son unos 20 millones y pico menos en la Comunidad que se utilizaban para dependencias, mayores, etc. Al final, las comunidades, al no recibir el dinero, paralizan la dependencia».
Por otra parte, y según los datos facilitados por la plataforma, no se dan resoluciones definitivas de dependencia desde marzo del año pasado. Martorell ha señalado a este respecto que «las que se están dando son las solicitudes que hicieron hasta 2009 y, por otra parte, por Real Decreto se les concede a las comunidades un plazo de dos años y medio para resolver, y si ya estaban esperando a una resolución definitiva, ahora puede tardar dos años». A juicio del portavoz de los afectados, «esto es un secuestro del derecho a los dependientes, muchos de los cuales han fallecido sin recibir la prestación».
Ruiz y Cleries prevén pagar atrasos el martes con partida del Fondo Liquidez
Los consellers de Salud, Boi Ruiz, y de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, prevén que la Generalitat perciba 560 millones de euros procedentes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) entre los próximos lunes y el martes, día en que se pagarían los atrasos pendientes a proveedores y entidades.
Los dos consellers han señalado que esperan que el dinero llegue el próximo lunes, según se habría comprometido el gobierno central, con lo que «prevemos pagar los conciertos el mismo martes, si no hay ningún cambio imputable al Govern de la Generalitat», ha señalado Boi Ruiz.
«Se dio toda la semana pasada de margen y falló a última hora», ha añadido Josep Lluís Cleries, quien ha pedido «lealtad al gobierno del Estado para que responda con estos recursos, porque está afectando a asociaciones y otros que dependen del concierto».
Los dos consellers han realizado estas declaraciones en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que se ha celebrado en Sabadell.
¿La reforma de la Ley de Dependencia se dicta desde Alemania?
Salvados llega este domingo a La Sexta, para preguntarse ¿Quién gobierna en España?, ¿tiene algo que ver Alemania con la reforma de la ley de dependencia? ¿Y con la subida del IVA? ¿Y con el copago sanitario? Todas las respuestas a estas preguntas desde las 21.30 horas.
Mariano Rajoy reconoció hace unas semanas que «no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios, no tenemos libertad». ¿Cuánto poder tiene Alemania en la Unión Europea? ¿Están de acuerdo los alemanes en rescatar a países como España, Grecia y Portugal?
Para radiografiar esta relación entre España y Alemania, Jordi Évole parte del caso de una familia dependiente que está sufriendo los recortes de la ley de dependencia. ¿Son comparables los recortes de España con los ajustes que hizo Alemania hace 10 años? Jordi hablará con expertos en la materia, que evaluarán el poder real de Angela Merkel en la UE y viajará hasta Alemania para saber por qué nos exigen estos recortes y conocer la opinión de los alemanes sobre las ayudas a los países del sur.
Plataforma dice que se ha reducido un 21% la partida para Dependencia
La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia mantiene que el Gobierno regional ha reducido en los Presupuestos del 2013 la partida destinada para esta prestación social un 21 por ciento, pues si el pasado ejercicio fueron l67 los millones habilitados para tal fin, el próximo año va a destinar 131.
Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz de esta plataforma, José Luis Gómez, quien ha denunciado que para «enmascarar más el recorte» el Gobierno regional ha habilitado dos partidas diferentes a este servicio concreto.
El portavoz de la plataforma, que forma parte de la Cumbre Social de Castilla-La Mancha, ha alertado de que con este «recorte», añadido a la revisión de la Ley de la Dependencia que el Ejecutivo central llevó a cabo en verano, el Gobierno de María Dolores Cospedal «va a expulsar del sistema a gente que tiene reconocida esta prestación».
José Luis Gómez ha criticado la partida de 167 millones que los presupuestos regionales contemplan para los 170 altos cargos que integran el Ejecutivo ‘popular’, y que, según ha denunciado, cuestan a las arcas de la región 40.000 euros al año.
«Mientras, los dependientes de la región cuestan al Gobierno de Castilla-La Mancha 2.275 euros al año», ha explicado el portavoz de esta plataforma.
El TSJ ordena pagar por la Ley de Dependencia a una heredera
La oriolana Julia Álvarez recordaba ayer aquel día, a comienzos de 2009, en que le llegó a casa una carta de la Conselleria de Bienestar Social desestimando una petición que había hecho dos años antes para que, a través de la Ley de Dependencia, se reconociese que su padre, Manuel Álvarez, de 80 años, era un «gran dependiente» (el grado máximo que concede la legislación) y, por tanto, tenía derecho a una percepción mensual de algo más de 500 euros para pagar los gastos por su cuidado.
Manuel, cuando llegó aquella carta, ya había fallecido, concretamente cuatro meses antes, sin que las pruebas que presento Julia por un cuadro de obesidad mórbida, incontinencia, inmovilidad, demencia senil y artrosis hubieran hecho mella en la Administración valenciana y todo porque ésta argumentaba que no había hecho costar que hubiese acreditado haber recibido los servicios previstos en el catálogo del decreto del Consell.
La mujer había comenzado en 2007, cuando se publicó la Ley de Dependencia, una batalla para conseguir la ayuda y cuando ésta llegaba, su padre se había ido.»¿Llorar?, no lloré, soy más mujer de enfadarme que de llorar», recordaba ayer.
Cinco años después ha ganado una de las primeras sentencias que dicta el TSJ reconociendo que un heredero tiene derecho a la percepción hasta la fecha del fallecimiento y desde que se presentó la solicitud. Algo más de 9.000 euros que ahora tendrá que esperar a cobrar cuando se ejecute el fallo y algo que no será fácil porque, tal y como recordó ayer Manuel García, presidente de la Asociación de Discapacitados, la Conselleria no ha pagado a una buena parte de los 4.500 perceptores reconocidos en la Vega Baja ni julio ni agosto, y nadie sabe qué pasará a final de septiembre.
La Asociación que preside García lleva 20 casos en los tribunales parecidos al de Julia y todos denegatorios de un derecho. El TSJ recuerda en su resolución que «…es forzoso concluir que con anterioridad incluso a la fecha de presentación de la solicitud, de fecha 2 de junio de 2o07, la persona dependiente ya era beneficiaria de los servicios contemplados en la citada normativa, debiendo reconocerse la prestación económica desde la fecha de la solicitud».
Rojas avisa de que Canarias no puede dar ´ni un alta más´ en dependencia
El Gobierno canario denunció ayer que los Presupuestos del Estado para 2013 reducen un 39,8% el dinero que destinan a los servicios sociales del Archipiélago, lo que provocará, entre otras cosas, que no se pueda tramitar «ni una sola alta» más en el sistema de dependencia.
Así lo explicó la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo canario, Inés Rojas, quien además subrayó que ese descenso de fondos de casi el 40% se produce tras un ejercicio en el que la Comunidad Autónoma ya ha sufrido un recorte en ese mismo ámbito del 45%.
En conferencia de prensa, la consejera destacó que los 49,9 millones de euros transferidos en 2012 por el Estado para los programas de servicios sociales se verán recortados a 30 millones de euros el próximo año.
Asimismo, Rojas recordó que en las últimas memorias de los 88 ayuntamientos canarios, las corporaciones locales atendieron a 481.147 personas en los centros de servicios sociales municipales.
En el área de políticas sociales, la titular del área destacó la desaparición del nivel acordado con el Estado, que ascendía a 283 millones de euros, y un recorte de 200 millones en el nivel mínimo garantizado, que se quedará en 1.087 millones en el 2013.
De igual manera, la consejera subrayó que el Estado solo aportará en 2013 el 18% de la financiación del Sistema de Dependencia cuando, por ley, lo debería sufragar al 50 %, lo que supondrá la imposibilidad de tramitar nuevas altas en este servicio. «El Estado solo nos deja el dinero justo para las personas que ya están dentro del Sistema de Dependencia», señaló la consejera.
Igualmente, la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda apuntó que se demorará hasta julio de 2015 la incorporación al sistema de dependencia de nuevos «dependientes moderados», que se reduce en un 15% las cuantías e la prestación económica por cuidado en el entorno familiar y que se eliminan de la financiación estatal las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.
Rojas también resaltó la supresión de los programas contra el maltrato infantil y el de medidas alternativas para jóvenes infractores, así como la reducción de 500.000 euros en el presupuesto para atención de menores extranjeros, que en este ejercicio es de 1,8 millones. La consejera enfatizó que esa partida ya fue recortada de 10 a 1,8 millones de 2011 a 2012.
Rojas aseguró que el Ejecutivo canario luchará con «las herramientas que da la democracia» para que se corrijan los Presupuestos del Estado. Si de esta manera no lo consigue, «solo nos quedará que la población actúe también en consecuencia y que sea la que tenga algo que decir, conjuntamente con sus instituciones».
«Vamos a luchar con enmiendas en el Congreso y Senado, en el marco de la Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas y en el de las denuncias administrativas ante los juzgados que correspondan para que el Gobierno central no aísle a Canarias y sume más paro y pobreza, cuando es el territorio que más difícil lo tiene en España», adelantó la consejera del Ejecutivo canario.
A su juicio, el Estado «aísla» a Canarias a la hora de darle lo que le corresponde, pero no para recaudar. En este sentido, recordó que el Archipiélago «aporta 3.525 millones de euros a la Seguridad Social y, de esa cifra, las Islas se quedan 3.060 millones de euros en pensiones». En su opinión, los casi 500 millones de euros de diferencia sirven para financiar a las comunidades que no recaudan lo suficiente –»por lo visto son muchas en España»– y que con ese dinero las islas ya se arreglaban.
La Ley de Dependencia apenas ha impulsado las plazas en geriátricos
Llegó la ley y llegó la crisis. Eso es lo que le ha pasado al sistema de dependencia, que apenas entró en vigor la norma ya asomaba la recesión económica. Esa es una explicación, aunque hay más, que responde al escaso florecimiento de los servicios profesionales de atención a los dependientes, que debieron haber experimentado un auge al amparo del nuevo derecho de los ciudadanos. Pues no, las plazas de residencia crecen a un ritmo similar al de años atrás, y lo mismo con los centros de día. En el caso de la ayuda a domicilio es peor aún: el número de usuarios atendidos crece cada año menos que el anterior.
Entre 2007 y 2008, los dos primeros años de la ley, el número de plazas experimentó un incremento de un 5,3%, apenas un punto más que entre 2006 y 2007. Los años siguientes, hasta 2010, la variación apenas se ha movido unas décimas. No es de extrañar, por tanto, que la cobertura que presta este servicio (número de plazas por cada 100 ciudadanos mayores de 65 años, que así se mide) siga rondando la misma cifra que en 2006: entonces era un 4 y ahora un 4,56. La recomendación de la OMS es de 6 plazas por cada 100 ciudadanos que pasan de 65 años.
Prácticamente lo mismo ha ocurrido con los centros de día: 63.446 plazas tenían en 2008 y 81.390 en 2010. Ese crecimiento no ha impedido que la cobertura a la población apenas haya pasado de un 0,83 a un 1,01.
Los datos de la ayuda a domicilio (unas horas al mes de asistencia en el hogar propio) son aún peores: crecen los usuarios atendidos, pero cada año a un ritmo más mortecino. Entre 2002 y 2003 crecieron en un 39%. Entre 2009 y 2010 apenas un 0,2%. La tendencia, año a año, no deja lugar a dudas. Y no cabe buscar una explicación en que se ha llegado a un momento de estabilidad, porque hay cerca de 240.000 personas en lista de espera.
Todos estos datos, que se paran en 2010, pertenecen al informe sobre servicios sociales para personas mayores que hacía público el Gobierno cada dos años. En 2010 no se publicó, ni en 2011. Y este año, en pleno verano, ha aparecido en la página web del Imserso, sin mayor publicidad. El de 2008 tenía cerca de 500 páginas, este 67. La estadística en servicios sociales, comunidades autónomas mediante, nunca ha sido un capítulo notable. Sin ser exhaustiva, sin embargo, permite atisbar la poca repercusión que ha tenido la ley en los servicios profesionales. En las residencias se ha notado, eso sí, un esfuerzo de las Administraciones, aunque desigual por territorios. Se ha trasvasado dinero público a las residencias privadas para que cualquier anciano pueda entrar en ellas. Son los llamados conciertos, subvenciones para convertir en públicas las plazas privadas. Mientras las plazas públicas perdían peso entre 2008 y 2010 (de un 2,3% de incremento a un 1%), las públicas lo ganaban (de un 8,8% a un 9,4%) vía conciertos, sobre todo. A pesar de ello, los empresarios no han dejado en ningún momento de expresar su malestar por el diseño y la deriva de la ley, una “norma de subsidios, no de servicios profesionales”, suelen decir.
En parte tienen razón, porque la prestación económica para que un familiar cuide al anciano en casa ha sido la reina de las ayudas concedidas, y eso que se concibió como algo excepcional. De 776.000 personas atendidas, 440.000 tienen una de estas ayudas, ahora muy mermada, como mínimo un 15% menos.
“No nos engañemos”, dice un empresario que no quiere dar su nombre, “un uso masivo de las residencias es para países con pleno empleo y una fuerte incorporación de la mujer al mundo laboral. Tampoco es cierto que hayan estado sacando en masa a los ancianos de las residencias para llevárselos a casa ahora con la crisis, es que han dejado de entrar y, además, este colectivo presenta un 25% de bajas anuales, que en la mayoría de las comunidades no se cubren con nuevas entradas. En Castilla-La Mancha muchas plazas se están amortizando. Las deudas con los empresarios son fuertes, o no se les pagan los conciertos o se les paga mal”, dice. “Pero también es cierto que todos nos tenemos que apretar el cinturón. En Castilla y León y Andalucía se ha llegado a un acuerdo para rebajar el precio de los conciertos alrededor de un 10% y un 15%”, dice.
“La ley no ha supuesto una mejora sustancial en las atenciones a las personas en situación de dependencia”, lamenta el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. “La mejora de cobertura en residencias no procede de los esfuerzos e inversión de la iniciativa privada. Solo desde la inversión pública se ha logrado esta mejora”, afirma. “Los recortes actuales hacen prever que estas prestaciones solo se mantendrán para quien pueda complementar las ayudas públicas con sus propios medios económicos. Y no hay que descartar una regresión destructiva de este sector en el ámbito privado-concertado ante la falta de pago por parte de las Administraciones. Es posible que se asista a la paradoja del cierre de empresas mientras existe una demanda potencial enorme”, añade.
La dependencia entra en la UCI
En estado reservado. Esté es el pronóstico que administraciones, instituciones y agentes sociales y económicos del sector dan a ley de dependencia. Los recortes presupuestarios del Gobierno central y la apatía de la Junta de Andalucía, que no reacciona ni jurídica ni económicamente a diferencia de otros ámbitos, auguran una evolución crítica. Las ayudas se seguirán otorgando, pero en menor cuantía y calidad. Las prestaciones económicas (recortadas) prevalecerán sobre los servicios. Cinco años después del inicio de la ley, la crisis comienza a demoler lo que fue denominado como el cuarto pilar del Estado de bienestar.
Septiembre supone un punto de inflexión, la grieta que descubre el impacto. Los beneficiarios de las ayudas han descendido a niveles de enero. No existe tasa de reposición, es decir, los que fallecen no son sustituidos por nuevos dependientes, pese a la cuantiosa lista de espera de personas que tienen reconocido el derecho y aún no perciben la ayuda; éstos pertenecen al limbo de la dependencia.
En la comunidad, a 1 de septiembre, 258.198 andaluces tienen reconocido el derecho, de los 381.757 a los que los técnicos ya han valorado y dado un dictamen. De ellos, sólo 194.794 reciben una ayuda. El número es similar que a principios de año (194.877) y 1.200 menos que en junio.
¿Está el sistema en coma? José Luis Rocha, secretario general de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud y Bienestar Social, admite una «ralentización» en la tramitación de ayudas por el «shock administrativo» que atribuye a los cambios normativos aprobados por el Gobierno desde diciembre. Reconoce otros factores «internos», provocados por el cambio de competencias tras las elecciones andaluzas, la tardanza en la elección de delegados provinciales o el verano para explicar lo que funcionarios de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia describen como un «atasco»: los técnicos aprueban los PIA (Programas Individuales de Atención), pero éstos no pasan de las delegaciones provinciales. Los expedientes se guardan en un cajón. No entran dependientes nuevos desde hace meses. No hay dinero.
Rocha confía en que se normalice la situación, pero advierte: lo que viene no es favorable. El responsable en la Junta no sólo no prevé una recuperación, sino que espera una caída progresiva en el número de dependientes atendidos. «Estos números que vemos ahora irán disminuyendo, sin duda», repasa los últimos datos publicados por el Imserso.
¿Motivos? Como todo en la actualidad, de índole económico. En Andalucía la aplicación de esta ley en los últimos años rebasó de largo los mil millones de euros. La aportación del Gobierno apenas llegó a un tercio. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha recortado en los fondos destinados a las comunidades sobre un 20% y a los usuarios (recorte de un 15% en la paga económica, baja en las cotizaciones a la Seguridad Social, incompatibilidad de tener más de una prestación,…).
La Junta, anuncia Rocha, no tiene intención de paliar esta merma, de sufragar casi en exclusiva la aplicación de la ley. No es cuestión única de Salud; no hay hasta el momento apuesta política de la Junta, pese a que la dependencia fue uno de los estandartes en campaña de los actuales dirigentes, la raya roja de las políticas sociales. Así que la consigna es mantenerse, sobrevivir, ya con eso sería un «milagro».
«No podemos, estamos atados de pies y manos, tenemos un objetivo de déficit que cumplir», subraya Rocha. Ahora toca la supervivencia a la espera de una reanimación sin fecha.
Las políticas de dependencia las gestiona la Consejería de Salud tras la desaparición de Igualdad y Bienestar Social. El objetivo de los nuevos gestores es implantar el modelo del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Hablan de revisión y planificación, de «evaluación de la calidad», benchmarking (comparación y clasificación de los servicios) o «eliminación de la variabilidad», conceptos populares en la gestión sanitaria y que pasarían por aumentar la «eficiencia» para reducir los costes.
Habrá decisiones polémicas, sobre todo, por lo que respecta a los gestores de las residencias y centros concertados. «El coste-plaza con las aportaciones actuales es inviable. Van a tener que hacer ajustes muy notables», avanza Rocha.
Se mantiene la filosofía de la Junta de no «institucionalizar» a los dependientes ingresándolos en centros. «Hay pocos dependientes en residencias e intentaremos que sean menos», subraya Rocha.
¿Alternativa? Preferentemente, la prestación económica, la paga (entre 500 y 300 euros al mes). Sin los complejos de los anteriores gestores, que pese a la mirada de soslayo la convirtieron en la ayuda favorita (110.841 de los 194.794 beneficiarios, el 56,9%), Rocha desafía a debatir por qué no es una opción adecuada, e incluso sugiere que presiones de las residencias provocaron que la paga se recogiese en la ley como una ayuda «excepcional».
El espíritu de la norma fue que los familiares (el 95%, mujeres) no fuesen dependientes del dependiente y, si no había posibilidad de darle un servicio (ayuda a domicilio, residencias, centros de día,..), tuviesen una paga cotizando a la Seguridad Social. Las administraciones se abonaron a esta fórmula cómoda y barata, aunque la fórmula tampoco desembocó en la agilidad de un sistema que se ha caracterizado por amplias demoras desde la solicitud de la ayuda.
La paga por lo tanto tomará carta de naturaleza en un nuevo modelo, de supervivencia, para un paciente maltrecho, con problemas de inanición presupuestaria y en riesgo de colapso.
Recurren ante TSJC para paralizar el descuento del 15% a cuidadores familiares
El representante de la Associació pels Drets Civils dels Discapacitats, Antonio Moreno, ha presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un recurso para paralizar la reducción del 15% de la prestación a los cuidadores familiares que establece la reforma de la Ley de la Dependencia.
El contencioso, que se dirige contra el gobierno de la Generalitat, que es la administración competente en la aplicación de la ley, también pide al TSJC que eleve «cuestión de inconstitucionalidad» al Tribunal Constitucional para que no se aplique este recorte de prestación.
Esta misma asociación ya presentó el pasado mes de agosto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto ley 20/2012 de reforma de la Ley de la Dependencia, en los apartados que establecen recortes en las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar y la decisión de dejar de cotizarles en la seguridad social.
El Ministerio de Sanidad destinará el 75% de su presupuesto para 2013 a «consolidar» la Ley de Dependencia
El presupuesto previsto para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 2013 será de 2.970 millones de euros, un 28,5 con respecto a las cuentas de este año, y el 75 por ciento de esta partida irá destinada a «consolidar» la Ley de Dependencia.
Así lo han asegurado desde el departamento que dirige Ana Mato, destacando que el presupuesto representa «uno de los mayores esfuerzos realizados por el Gobierno dentro del contexto de austeridad», con el objetivo de «proteger a las personas en situación de dependencia y el interés por proteger la sanidad pública».
Una gran parte de este presupuesto irá destinado a hacer frente al pago de la deuda de 1.034 millones de euros contraída en la pasada legislatura por el impago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, acusando al anterior Gobierno de haber hecho una «mala previsión presupuestaria» entonces.
De hecho, las cuentas presentadas este sábado en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, muestran que, si se excluyen las obligaciones de ejercicios anteriores y el cambio de modelo en las aportaciones a la Seguridad Social, el presupuesto de Mato bajaría un 22,6 por ciento, pasando de los 536 millones de euros de 2012 a los 415 millones de euros que tendrá para el próximo año.
Sin embargo, fuentes ministeriales han precisado a Europa Press que este descenso del 22,6 por ciento obedece a la exclusión de otras dotaciones que sí pertenecen a su departamento, como el presupuesto del Ingesa y parte del Imserso, por lo que el «descenso real» del presupuesto para 2013 sería de en torno a un 15 por ciento.
SANIDAD
De este presupuesto, Mato destinará 338 millones de euros al área de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, lo que considera «un «esfuerzo para que la sanidad pública quede completamente protegida».
Además, asegura que se priorizan las partidas destinadas a la aplicación de la ‘e-salud’ y la tarjeta sanitaria interoperable en todas las comunidades para garantizar la cohesión del sistema y la igualdad de los ciudadanos.
Este presupuesto permitirá el desarrollo de proyectos como la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones Sanitarias, un instrumento para mejorar la eficiencia del Sistema nacional de Salud.
Asimismo, se abordarán trabajos esenciales para hacer frente a las enfermedades más frecuentes, como la Estrategia de abordaje de la cronicidad, cuyo desarrollo se completará en 2013. El Ministerio también mantiene su compromiso con las iniciativas destinadas a investigar y mejorar el tratamiento de las enfermedades raras.
Sanidad destaca además su apuesta por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que mantiene su dotación, al igual que la Estrategia del Plan Nacional sobre el Sida.
En cuanto a las políticas de protección de los consumidores, crece el peso porcentual presupuestario del Instituto Nacional de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN).
SERVICIOS SOCIALES
En el capítulo de Servicios Sociales, el departamento de Mato destaca la «especial atención» prestada a los mayores, ya que 8 de cada 10 euros del presupuesto total está comprometido con las personas mayores y la dependencia.
Los créditos dirigidos a fomentar el envejecimiento activo alcanzan los 114,7 millones de euros. Esta apuesta se traduce en programas como los de Turismo Social, con 68,2 millones de euros, y termalismo Social, con 34,2 millones. Estas actuaciones, además, contribuyen a mantener 90.000 puestos de trabajo.
La partida del Imserso, que es una agencia con presupuesto propio, por su parte, se incrementa en 1.274 millones de euros. De este modo, aumenta en un 22,92 por ciento la dotación asignada para financiar el pago de las pensiones no contributivas.
El compromiso del Ministerio con el tercer sector se pone de manifiesto en Presupuestos de 2013, pues salvaguardan la aportación del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales. Inicialmente son 105 millones, ampliables en función de la decisión de los contribuyentes Asimismo, priorizan con más de 20 millones de euros las ayudas dirigidas a las entidades que apoyan a los colectivos más vulnerables.
Los servicios de Familia e Infancia mantienen sus programas más importantes, de demostrado beneficio social, que garantizarán la puesta en marcha del Plan Nacional de Infancia y Adolescencia y del de Apoyo a la Familia durante el próximo ejercicio. Se trata de un reconocimiento al imprescindible papel de esta institución como red de protección frente a la exclusión.
El Ministerio continúa contribuyendo con 6,6 millones de euros al fomento de la autonomía de las personas con discapacidad, en colaboración con las entidades que trabajan por la protección social de estas personas.
En materia de juventud, han avanzado que mantiene el mismo presupuesto que en 2012, 27,5 millones de euros, para estas políticas, con especial incidencia en el fomento del empleo juvenil.
En cuanto al Plan Nacional sobre Drogas, dispone de un presupuesto de 14,8 millones de euros. Los programas derivados del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito se mantienen sin cambios.
IGUALDAD
Por otro lado, recuerdan que la lucha contra la violencia de género sigue siendo «una de las principales prioridades» del Ministerio, de ahí que se hayan presupuestado 22,1 millones para hacer frente a los objetivos estratégicos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
Todos los créditos destinados a mejorar la seguridad y la protección de las víctimas se mantienen o se incrementan. Así, el Sistema de Seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento, se incrementa un 8 por ciento y se queda en 5,2 millones.
También se mantiene el crédito de 7,6 millones para financiar los servicios que tienen incidencia directa en las víctimas (016, Atenpro, etc.). También se mantiene la partida para sensibilización para prevenir las distintas formas de violencia de género.
En lo referente a otras políticas de igualdad, se ha priorizado el empleo y el emprendimiento femenino. Para luchar contra la discriminación y fomentar el empleo y la formación de las mujeres se han presupuestado 18,9 millones de euros. En este sentido, cabe destacar que se han creado cuatro nuevos programas que serán cofinanciados con cargo a fondos del Espacio Económico Europeo, por un total de 2,3 millones de euros. Asimismo, se ha mantenido la dotación para la implantación de planes de igualdad en las pequeñas y medianas empresas.
La dependencia pierde otros 200 millones para 2013
El anteproyecto de presupuestos para dependencia sufre otro severo recorte para el año que viene. La partida destinada a las comunidades autónomas, es decir, lo que el Gobierno financia por cada dependiente, pierde 200 millones y se queda en 1.087, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico. El presupuesto refleja así el recorte que se decretó en julio de alrededor de un 15% en las cantidades que perciben los dependientes por el llamado nivel mínimo.
Solo para atender a las personas que hay actualmente en el sistema se necesitaría sumar a esos 1.087 millones unos 300 más, según cálculos de los expertos. Pero es que, además, en el presupuesto, el Ministerio de Sanidad estima que en 2013 el número de dependientes atendidos crecerá hasta los 850.000. De ser así, se precisarían otros 200 millones más, en cifras redondas.
Las comunidades autónomas recibieron con enojo aquel decreto de julio, que ahogaba aún más sus arcas para sacar adelante el sistema de dependencia. Y han ido rebajando en un 15% o más el dinero que reciben los cuidadores familiares, un ahorro que, en principio, se destinaría a conceder más ayudas profesionales, es decir, plazas en residencias, en centros de día o ayuda a domicilio. Pero las estadísticas del sistema, en número negativos, demuestran que poco o nada se está haciendo porque no hay dinero para ello. Este presupuesto colapsará aún más la situación.
El año pasado el programa de la dependencia (31.34) tuvo un presupuesto de 1.407 millones de euros, del que se habían eliminado unos 283 millones, una partida completa, la del nivel acordado. El proyecto para este año se eleva hasta 2.205 millones. No hay que llevarse a engaño. De esa cifra hay que descontar 1.034 millones, que es la deuda contraída por Sanidad con la Seguridad Social en todos estos años en los que se ha hecho cargo de las cotizaciones de los cuidadores familiares. Pero no se han ido pagando. El ministerio anunció en julio que el Gobierno ya no pagaría esas cuotas y que las personas que cuidan a ancianos en casa deberían abonarlas por su cuenta de forma voluntaria. Pero la deuda acumulada durante estos años hay que pagarla. Así lo ha admitido el secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, en una reciente reunión privada con empresarios del sector, donde se mostró “realista” con la mala situación económica, según los presentes en aquella reunión.
Por tanto, el presupuesto total para la dependencia pierde esos 200 millones. “Si estos son los datos para 2013, nos tememos que existe una demolición controlada de la Ley de Dependencia que afectará a una reducción en el número de beneficiarios, a la calidad de las atenciones, al predominio de la prestación más barata, que es la del cuidador familiar y, por consiguiente, al desmantelamiento de la red de centros y servicios con el efecto directo en la destrucción de empleo en el sector”, ha dicho el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. “Lo afirmado por el ministro de Economía, [Luis de Guindos, cuando dijo que de seguir la situación actual los servicios sociales no podrían pagarse] va camino de hacerse realidad”, ha lamentado.
Esther Díaz critica las «trabas» que pone el Gobierno de Rajoy para aplicar en Asturias la Ley de Dependencia
La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, la socialista Esther Díaz, ha dicho este martes en la reunión del pleno del Consejo Asesor de Discapacidad del Principado que el Gobierno central presidido por Mariano Rajoy está poniendo «trabas de todo tipo» de cara a que Asturias pueda seguir aplicando la Ley de Dependencia.
Segun ha informado el Principado a través de una nota de prensa, la consejera destacó las medidas en las que está trabajando el Gobierno del Principado «para minimizar los recortes en la ley introducidos por el Gobierno de España». Unos ajustes, según Díaz, con los que «literalmente se han cargado la ley y la función que perseguía está absolutamente paralizada».
La titular de Bienestar Social confía en que las propuestas en las que está trabajando su departamento sirvan para minimizar esos recortes y espera que las «zancadillas permanentes» que les están poniendo no les impidan alcanzarlo.
En el pleno celebrado esta mañana, la consejera de Bienestar Social también señaló que su consejería informará a finales de año a las entidades de discapacitados sobre «cuál será el escenario de trabajo para el próximo ejercicio, de cara a que puedan planificar su estructura y su propio funcionamiento».
AYUDAS
Además, en el Consejo de Discapacidad se informó de que se destinarán 600.000 euros para «Programas de Discapacidad», una línea de ayudas dirigida a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de diversos programas.
Asimismo, Díaz anunció también que próximamente se convocarán las ayudas individuales para alojamiento y transporte, por un importe de 200.000 euros.
La Ley de Dependencia puede crear 635.000 empleos potenciales
La Ley de Dependencia puede generar más de 600.000 empleos antes de 2015, según un informe de la Fundación Alternativas. “No hay otro sector donde se pueda conseguir un crecimiento tan rápido y con tan poca inversión” asegura Ángel Rodríguez Castedo, uno de los autores del estudio. El documento arguye que se puede conseguir hasta 300.000 empleos en un año con una inversión de 6.000 millones de euros al año, una cifra que consideran poca, comparada “por ejemplo con los más de 34.000 millones destinados a financiar Bankia”.
Los autores defienden que los servicios a personas con dependencia ofrecen oportunidades de empleos a los jóvenes que buscan su primer empleo y a los desempleados con mayores dificultades de inserción.
El documento se hace público el mismo día que el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, ha manifestado que la atención de estas personas «crearía puestos de trabajo» y ha subrayado que por cada dos dependientes graves en un centro residencial se genera un puesto de trabajo, informa Europa Press. El presidente de esta patronal ha recordado, además, que hay más de 200.000 dependientes graves que todavía no reciben ninguna prestación al tiempo que ha destacado la “grave situación” por la que atraviesa las empresas del sector.
«Es muy improbable que España pueda resolver su problema estructural de desempleo sin una expansión notable de su sistema de bienestar y, en concreto, del sector de los servicios sociales, en el que el diferencial en relación con países más desarrollados es muy alto», ha manifestado Antonio Jiménez Lara, uno de los autores del informe y colaborador del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Según el estudio, España se encuentra por debajo de la media europea en cuidados sociales y necesitaría crear más de un millón de empleos en el subsector de sanidad y servicios sociales, en el que se incluyen las actividades relacionadas con la atención a la dependencia para ponerse al día.
Para Jiménez Lara la ley de la dependencia está “herida de gravedad” y con respiración asistida, en referencia a los recortes del presupuesto al sector de servicios sociales y la reforma de la norma aprobada este verano por el Ejecutivo que incluye el aplazamiento de la atención a las personas de dependencia leve hasta 2015, la reducción del 15% como mínimo de las pagas que recibe el cuidador familiar y la supresión de las cuotas a la seguridad social de estos cuidadores, que pagaba el Gobierno.
Uno de los problemas, reconocen los autores, es la identificación y clasificación de los servicios que se prestan en el ámbito de la atención a la dependencia para poder cuantificar la llamada economía social dentro de los servicios sociales. El sector de los servicios sociales ha sido el único que ha generado empleo según los datos del INE y la Encuesta de Población Activa (EPA)
Los autores del documento La economía social y la atención a la dependencia entienden que actualmente los subsidios a la dependencia se han convertido en una renta más que entra a las familias, especialmente en épocas de crisis, lo que consideran un uso abusivo de la ley que ha perjudicado a las empresas que gestionan residencias, centros de días u otros servicios. Sin embargo, conciben que es lo normal, porque generalmente los mayores se sienten más cómodos con sus familiares que con desconocidos, al igual que muchos usuarios pueden sentir aprehensión a que un desconocido vaya a su casa.
Según Ángel Rodríguez Castedo, coautor del estudio, las medidas actuales reflejan que el Gobierno considera que los ajustes y recortes del gasto son la única vía para superar la crisis. El exdirector del IMSERSO considera «sorprendente», que no se incluya en la agenda política y social la creación de un pacto por el crecimiento y el empleo. “¿Qué más tiene que pasar para que se aborde la economía social de forma prioritaria y paralela al plan que se está desarrollando de consolidación fiscal?”, cuestiona Castedo.
«la ley de dependencia está herida de gravedad», sostiene Ángel Rodríguez Castedo ex-director del Imserso
El sociólogo y antropólogo social, Antonio Jiménez Lara y el ex director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Imserso, Ángel Rodríguez Castedo, concluyeron este martes que «la Ley de Dependencia está herida de gravedad».
Ambos especialistas realizaron este análisis durante la presentación del estudio «La Economía Social y la atención a la dependencia» del que ambos son autores y que se presentó hoy en la sede de la Fundación Alternativas. El informe ha contado con la financiación de Cepes, Suara Cooperativa, Fundación Cajamar y la Fundación Gredos San Diego.
«La Ley de Dependencia está herida de gravedad, con respiración asistida y si no se actúa pronto su estado empeorará», señaló Jiménez.
Por su parte, Rodríguez Castedo abogó por impulsar un «gran pacto nacional con los empresarios del sector de servicios sociales porque este sector podría generar 300.000 puestos de trabajo ya».
El informe también asegura que la economía social representa un 10% de la oferta en las ramas de actividad de servicios sociales y realiza una serie de propuestas para mejorar el sector como reequilibrar la prestación y los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Saad), desarrollar prestaciones inéditas como la asistencia personal, potenciar el servicio de ayuda a domicilio, desarrollar el equilibrio del Saad en las Comunidades Autónomas y mejorar la atención en el medio rural, entre otras.
El estudio también concluye que para que España se homologue a la media de la UE en cuidados sociales «necesitaría crear más de un millón de empleos en el subsector de sanidad y servicios sociales, en el que se incluyen las actividades relacionadas con la atención a la dependencia».
«Es muy improbable que España pueda resolver su problema estructural de desempleo sin una expansión notable de su sistema de bienestar y, en concreto, del serctor de los servicios sociales, en el que el diferencial en relación con países más desarrollados es muy alto».