Las personas dependientes de Aragón serán unas de las principales damnificadas por los cambios efectuados desde el Gobierno central en el desarrollo de la Ley de Dependencia y que, principalmente, supondrán una reducción en la inversión. Así, según un informe elaborado por el Observatorio Estatal de la Dependencia, la comunidad será la cuarta con una mayor reducción (17,3%) de la inversión pública para la atención a este colectivo, solo superada por Murcia y Baleares (18,9%) y Canarias (22,7%)

El porcentaje supondrá una merma superior a los 26 millones de euros respecto al 2011, producto de la suma de los recortes provocados por la reducción de aportaciones estatales y la posibilidad otorgada a las comunidades autónomas de implementar ahorros.

SUPRESIONES Entre las actuaciones del Gobierno central figuran la supresión del nivel convenido de financiación con las comunidades, ya reflejado en los presupuestos y que supondrá más de 11 millones de euros menos a Aragón. Además, el decreto 20/2012 del 13 de julio del 2012 modificar varios elementos sustanciales de la ley y reduce las entregas a las regiones por el nivel mínimo garantizado en una media del 13,24%. Aquí, ese recorte estatal se acercará a los 3 millones de euros. En total, el informe advierte de un quebranto económico para las arcas autonómicas superior a los 14 milones de euros, lo que supone una reducción del 27,24% sobre la financiación estatal del 2011. La Rioja (29%), Asturias (28,92%) y Castilla y León (27,42%) son las únicas que soportarían una rebaja mayor.

Además, el decreto también incluye medidas de reducción del gasto que favorecerán a las comunidades autónomas, entre las que se incluye la rebaja de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF) en un 15% a partir del 1 de agosto y la eliminación, a partir de esa misma fecha, del derecho a percibir de forma retroactiva los importes de esas prestaciones en los casos en que se hubieran devengado.

En el primer apartado, el Ejecutivo autonómico obtendrá un ahorro estimado de 3,7 millones de euros y el beneficio del ahorro de la supresión de la retroactividad ascenderá a 8,4, lo que eleva hasta los 12,1 millones el ahorro potencial para la comunidad aragonesa –305 millones en total entre todas las autonomías–.

Así, el informe del Observatorio Estatal de la Dependencia establece un impacto total, entre las dos reducciones procedentes del Estado y el ahorro del que se beneficiarán las arcas autonómicas, de más de 26 millones de euros, es decir, un 17% respecto al 2011 y un porcentaje muy superior al 11,2% de la media nacional.

El informe advierte, en este sentido, de que «los territorios que ya presentaban datos de gestión muy deficientes reducirán aún más la inversión pública en el sistema, empeorando así con toda seguridad la evolución de las atenciones que prestan» y expone que, por el contrario, las comunidades que presentaban mejores datos de gestión «tienen mucho menos margen de ahorro y se verán abocados a adoptar decisiones drásticas para salvaguardar los equilibrios presupuestarios, empeorando así sus ratios de atención».

IMPACTO POR PERSONA El recorte repercutirá en un impacto global en cinco meses –desde agosto a diciembre– de 344 euros por persona, es decir, algo más de 65 euros al mes por persona atendida. También en este apartado Aragón ocupa la tercera posición en las comunidades más afectadas, por detrás de Canarias (79,59) y Baleares (71,41). En el resto del país, esta suma apenas alcanza los 52 euros, por lo que cada dependiente aragonés percibirá unos 13 euros menos que lo que se hará a nivel nacional.

En total, la atención a las personas con derecho contará con una media de 274 euros menos de aquí a final de año, es decir, el recorte a cada dependiente aragonés será 70 euros superior a la media nacional.

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Más de 25.000 personas de Castilla y León que reciben una prestación económica por cuidados en el entorno familiar de un dependiente percibirán desde este mes de agosto un 30 por ciento menos de asignación, tras la entrada en vigor el pasado día 1 de la orden que modifica las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad.

Según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a Ical, a 1 de junio de 2012 había en la región 25.486 cuidadores familiares no profesionales que recibían una prestación mensual media de unos 380 euros, que ahora se reducirá en un 30 por ciento, un 15 por ciento como consecuencia de la reforma de la Ley de Dependencia incluida en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y otro 15 por ciento por decisión de la Junta para potenciar las prestaciones por servicios profesionales.

De esos 25.486 cuidadores familiares no profesionales, 11.744 estaban además acogidos a un convenio especial por el que el Estado también les abona una cuota a la Seguridad Social al no cotizar por otras vías, un beneficio que sí seguirán teniendo aunque se ha eliminado para los nuevos usuarios.

La Junta ha demandado reiteradamente desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007 que se primen los servicios profesionales frente a los cuidados en el entorno familiar, que según la norma deberían utilizarse sólo en casos excepcionales. De hecho, es una de las comunidades autónomas que menos porcentaje destina al pago de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y más a financiar servicios.

Así, sólo el 41,2 por ciento de los 61.839 dependientes con prestación reconocida (77.778 prestaciones ya que una persona puede tener varias) que había en la región a 1 de junio eran atendidos por un miembro de su familia, mientras que en España ese porcentaje se elevaba a un 58 por ciento de los 750.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia, con un total de 435.180 cuidadores familiares con paga, de los que a 179.435 el Estado les abonaba además su cotización a la Seguridad Social. Esto supone que en la Comunidad los servicios representan el 67,94 por ciento de las prestaciones por dependencia, frente al 54,68 por ciento estatal.

Con esta reducción de la paga a los cuidadores no profesionales, la Consejería de Familia calcula que unas 25.000 personas dependientes pasarán de ser atendidas por familiares a recibir servicios profesionales, tanto residenciales como a domicilio, lo que permitiría crear 16.700 puestos de trabajo en centros residenciales u 11.000 en atención domiciliaria.

Requisitos

La normativa estatal establece que pueden asumir la condición de cuidadores no profesionales el cónyuge de la persona dependiente y sus parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado de parentesco. La reforma introduce como novedad que a partir de ahora deberán acreditar unos conocimientos mínimos para poder acceder a esta asignación, con el objetivo de dar prioridad a la atención profesional.

El importe de la prestación económica que reciben depende de la capacidad económica del beneficiario y del grado y nivel de dependencia de la persona a la que atienden. El máximo mensual establecido en 2012 para un cuidador a tiempo completo era de 520,69 euros al mes, para una persona que atendiera a un gran dependiente de nivel 2, y el mínimo de 180 euros, para el de un dependiente moderado de grado 1, unas cuantías que ahora se reducen un 30 por ciento de media.

Así, tras la simplificación de los grados y niveles de dependencia, que pasan de seis a tres, en Castilla y León los cuidadores familiares de grandes dependientes cobrarán una media de 319,23 euros; los de dependientes severos, 221,36 euros, y los de dependientes moderados, 126 euros al mes.

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Los últimos recortes del Gobierno al sistema de la dependencia tienen un resultado demoledor: entre las comunidades más perjudicadas figuran algunas de las que mejor gestionan la ley y salen ganando otras cuyos resultados eran bastante malos. La explicación es sencilla: todas han sufrido un recorte económico, pero no todas pueden compensarlo de la misma manera con las dos vías de ahorro que abre el decreto para las comunidades, a saber: rebaja de un 15% como mínimo de la paga de las cuidadoras familiares y dos años de demora en los trámites sin que se genere deuda con las familias por los atrasos. Pues bien, aquellas regiones, como Castilla y León, que resuelven los trámites en un tiempo aproximado de seis meses (la máxima agilidad) no tienen deudas con los beneficiarios, por tanto, se quedan sin premio. Y también salen perdiendo las que habían concedido más servicios profesionales (plazas de geriátrico, centros de día) que pagas de cuidadoras, tal y como manda la ley. Esas regiones podrán reducir la paga, incluso mucho más del 15%, pero no nunca ahorrarán tanto como aquellas que desvirtuaron la ley a base de ofrecer pagas económicas.

Estas conclusiones se extraen de un informe económico elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales donde se han detallado los tajos presupuestarios que han recibido las comunidades autónomas de la financiación estatal: 283 millones (el total) del llamado nivel acordado y 87,7 millones por el nivel mínimo (dependiente a dependiente). A la suma de estas cantidades se ha restado el posible ahorro por las vías antes mencionadas: 112 millones si solo reducen un 15% las pagas de las cuidadoras y 193 por la deuda de atrasos a las familias. Salen perdiendo las comunidades por 65,2 millones.

Pero pierde más Castilla y León porque presta más servicios y es ágil al tramitar; o Madrid, que en su mayoría ofrece servicios profesionales. Si estas cifras se ponen en relación con el volumen de gestión de cada comunidad autónomas, las conclusiones son aún más afinadas: Castilla y León y La Rioja son las más perjudicadas, seguidas de Madrid, Cantabria y Asturias. Se benefician, sin embargo, Canarias y Baleares, que suelen sacar pésimas notas en las evaluaciones por comunidades, donde se toman en consideración datos como la lista de espera y el tiempo de espera de los ciudadanos para recibir sus ayudas o el desequilibrio entre servicios y prestaciones económicas. También Murcia sale ventajosa. Los responsables de la asociación creen que estas decisiones “sí hacen efectivamente insostenible el sistema y deja a las comunidades sin margen de maniobra”.

Los resultados al cotejar estas cifras han levantado la ira de la asociación de gerentes de servicios sociales, cuyo observatorio de la dependencia seguía cada seis meses los avances y el desarrollo de cada comunidad autónoma en la implantación del sistema y ponían notas. Sus criterios, basados la mayoría en datos oficiales, venían aplaudiendo a comunidades como Castilla y León o La Rioja y recordando que otras, como Baleares o Canarias tenían mucho que mejorar. “Las medidas tomadas por el Gobierno son de inaudita crueldad y cinismo y no nos cansamos de decir que todas ellas hacen perder al sistema 800 millones de euros solo en 2012 que, bien invertidos en los servicios necesarios para los dependientes habrían supuesto la creación de 20.000 puestos de trabajo y retornos a las arcas públicas directos e inducidos de 520 millones”, ha señalado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

El informe señala que solo con mantener la dependencia como está, con el número actual de atendidos, cuesta 5.933 millones de euros de los cuales “el Gobierno aportará solo 1.225 por la financiación de cada dependiente, y las comunidades tendrán que poner el resto, 400 millones más que lo que pusieron en 2011. Es una demolición cruel y calculada de la ley o una torpeza que exigiría dimisiones. Para prever el resultado no hace falta una bola mágica: se destruirá la red de servicios con el cierre de empresas del sector, pérdida de empleos, menos retornos a las arcas públicas y las familias, mujeres en su mayoría, con su esfuerzo y sin compensación volverán a hacerse cargo de los suyos”, lamenta Ramírez.

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Por su interés, os dejamos el enlace con una entrevista reciente a Pilar Ramos, Directora General de AMADE.

Descárgate la entrevista.

  La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) y Unións Agrarias (UU.AA) han advertido este martes de los efectos que tendrán los recortes en dependencia entre las gallegas de este ámbito, a las que «afectarán directamente», y de la reducción de unidades escolares en las zonas no urbanas, que llevan a modelos «preconstitucionales y de los años 60».

El cuidado de las personas en situación de dependencia recae «en su mayoría, en el 90% de los casos, sobre las mujeres», en especial en el rural o los núcleos semirrurales, destaca un informe de Fademur, que apunta que las modificaciones en el sistema de atención a la dependencia afectarán a la conciliación y a la posibilidad de las mujeres del rural de generar derechos derivados de los cuidados familiares o de acceder a una ocupación de cuidadora reconocida a efectos de cotización.

La presidenta de Fademur en Galicia, Rosa Arcos, ha explicado que se cierran en torno a 40 y 50 centros y unidades escolares al año en el ámbito rural, lo que devuelve al modelo de la escuela unitaria, que reúne en una misma clase a niños de hasta 12 años de edad. En el caso de la dependencia, las modificaciones provocan el abandono de «un modelo de derechos y reparto equilibrado» por otro «asistencialista y voluntarista».

El sistema, explica Arcos, hace incompatibles las ayudas para el cuidado por parte de un familiar con el resto de apoyos, por lo que considera que un dependiente que necesita, por ejemplo, rehabilitación, deberá optar por ir a un centro a recibir esta asistencia y perder la ayuda para el hogar. La incidencia de la dependencia es mayor en los municipios rurales, agrega, y recuerda que en el 90% de los casos es una mujer quien se hace cargo del cuidado de un familiar dependiente.

«Están condenando a las mujeres a volver al trabajo sumergido, invisible y sin derechos», ha protestado Arcos, que destaca que en el rural se unen el envejecimiento de la población y la falta de servicios. «En el rural no hay alternativas», ha indicado y ha concluido que el «dibujo de Galicia es muy diferente al que hace el PP».

A su juicio, se están aprovechando los recortes para «cambiar el modelo de país» y se ha preguntado cómo se frenará la despoblación en este ámbito si no se fomenta el vínculo de los pequeños con el lugar de nacimiento ni se atiende a quien vive en el campo.

El documento destaca que, de acuerdo con los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), el año 2011 se cerró en la comunidad con un total de 94.251 dependientes. Según el Imserso, las prestaciones económicas por cuidados familiares eran 14.913, lo que duplica el número de personas beneficiarias de atención residencial (7.346).

MÁS ASISTENCIA Y MENOS AYUDAS ECONÓMICAS

Pese a los esfuerzos por cambiar la tendencia y lograr que aumente la prestación de servicios en lugar de las ayudas económicas, «la realidad es que el nuevo criterio» para el reparto del nivel mínimo garantizado «deja a Galicia en clara desventaja de partida».

Además, critica que la ley no especifica si en el reparto se seguirán teniendo en cuenta criterios como la dispersión geográfica, pese a que esto afecta «de manera muy directa» a Galicia y puede provocar que se hagan más profundas «las diferencias ya existentes entre comunidades en la aplicación de la ley».

Al hilo de ello, Fademur se remite a los datos de 2011 del IGE para destacar que la incidencia de la dependencia es mayor en los municipios con menos de 10.000 habitantes, en los que se concentra «casi la mitad del total» de dependientes de Galicia (el 46,36%) y, en consecuencia, también la mayor parte de personas que cuidan a dependientes.

Asimismo, destaca que en casos como las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar que estén reconocidas pero no percibidas, el real decreto establece una disposición adicional sobre la posibilidad de aplicaciones retroactivas. En la práctica, indica Fademur, «esta medida significa que la mayoría de las administraciones tendrán dos años para hacer efectiva esta prestación».

SEGURIDAD SOCIAL

En cuanto el régimen de los convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, una vez entre en vigor este real decreto, el convenio tendrá carácter voluntario y las cotizaciones serán a cargo de la persona que lo suscriba, indica la federación, que concluye que esto «rompe de nuevo con uno de los valores añadidos que aportaba la ley, que era la generación de derechos laborales para las cuidadoras».

«Con este convenio se producía una generación de derechos que ahora se eliminan, ya que el pago mensual de 165 euros es algo que pocas familias podrán permitirse», censura el informe.

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   La portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, Nieves Ibeas, ha asegurado que hay unos 10.000 aragoneses que están esperando a recibir las ayudas a la dependencia.

En una rueda de prensa en las Cortes este miércoles, Ibeas ha explicado que, a fecha de 1 de julio, hay unas 50.000 solicitudes de ayuda a la dependencia.

De estas solicitudes ya se han reconocido 33.000, pero 10.000, aproximadamente, no han recibido dicha ayuda, a lo que se suma, según Ibeas, que se ha alargado el periodo de tramitación de las subvenciones y las evaluaciones. Así, ha apuntado que el Gobierno aragonés lleva en el poder un año en el que «las cosas están empeorando».

Además, Ibeas ha considerado que «cualquier modificación» en el desarrollo de la Ley de la Dependencia «tiene consecuencias importantes», ya que «cientos de aragoneses se quedan sin poder recibir ayudas».

La portavoz de CHA en las Cortes ha apostillado que «quien paga las consecuencias» de que no se concedan las ayudas a la dependencia son «muchos ciudadanos con un deterioro de su vida muy grave, que cuando ya se toma una decisión y llega el apoyo muchos de ellos ya no lo necesitan porque han muerto».

Ibeas cree que Madrid no va a trasladar partidas económicas suficientes al Gobierno de Aragón para conceder las ayudas a la dependencia, lo que va a «ahogar» a la Comunidad Autónoma.

De esta forma, ha matizado que el hecho de reducir las ayudas a la dependencia «nos deja a la cola del mundo y de Europa» en la atención a personas dependientes.

COMPARECENCIA DEL CONSEJERO

Por todo ello, CHA ha solicitado la comparecencia del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, en las Cortes para que «explique el estado de las ayudas a la dependencia» y aporte los últimos datos que maneje el Ejecutivo en este ámbito.

«Las cosas están evolucionando de una forma muy rápida pero con poca transparencia, se nos están acumulando temas pero el Gobierno tiene la obligación de explicar, vamos hacia un sistema de beneficencia», ha concluido Ibeas.

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  La Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) alerta a la Fiscalía Provincial de Barcelona de la posible «desatención» de los ancianos y discapacitados ingresados en residencias concertadas y colaboradoras de Cataluña por el posible impago de las nóminas de agosto del que informó el pasado viernes la Generalitat.

«Aunque la Generalitat decida abandonar a los más débiles, nosotros les defenderemos a ultranza», ha explicado a Europa Press el vicepresidente de Ascad, Iñaki Antón, recordando que la Fiscalía tiene como principales líneas de actuación a niños, discapacitados y ancianos, colectivos especialmente frágiles.

El texto presentado ante el Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, alerta de situaciones asistenciales «críticas», especialmente para los grandes dependientes debido a las previsibles carencias de equipos humanos y materiales que se producirían de confirmarse los impagos.

Ascad lamenta en el escrito que no se haya informado a los usuarios ni a los centros asistenciales de la situación, y avanza la puesta en marcha de un «plan de choque» de confirmarse los impagos: pedir a los familiares que trasladen temporalmente a los usuarios al domicilio hasta que se normalice la situación o que asuman los costes.

Añade que las residencias son «pequeñas empresas con rotaciones muy ajustadas», asegurando que la ruptura de su círculo económico tiene como resultado una trasgresión y disfunción del plan asistencial.

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El aumento del IVA decretado por el Gobierno, que pasará del 8% al 10% en el sector residencial, podría multiplicar la tendencia actual de muchas familias que optan por desinternar a los mayores de los centros y cuidarlos en el domicilio para poder contar con los ingresos de la pensión. Según ha explicado a Europa Press el vicepresidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad), Iñaki Antón, si la subida del IVA acaba recayendo en el usuario residencial, implicará un encarecimiento de entre 24 y 30 euros mensuales en los centros privados, un gasto que se sumará al euro por receta y el aumento del copago farmacéutico.

«Esto puede provocar que se incrementen los casos de familias que sacan a los mayores de las residencias para cobrar la ayuda de cuidador no profesional y a la vez tener también la pensión del abuelo», ha concretado Antón, recordando que este fenómeno se ha ido incrementando desde el inicio de la crisis.

En el caso de los centros públicos —concertados y colaboradores—, la subida del IVA puede ser «muy contraproducente» si la Generalitat no asume parte del coste, ya que la subida caería en el usuario y en las propias residencias. Antón ha recordado que los centros públicos llevan dos años con los precios congelados «aunque el coste de las cosas ha ido subiendo cada vez más», por lo que el incremento del IVA agravaría la situación. Todo ello podría «generar una situación de estrés» entre los profesionales del sector que podría repercutir en la calidad asistencial.

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  Un total de 110 familias españolas recurrirán ante la Audiencia de Madrid el decreto de reforma de la Ley de dependencia aprobado por el Gobierno que, entre otros recortes, prevé una reducción del 15 por ciento en las ayudas a cuidadores no profesionales y un aplazamiento hasta 2015 de los pagos a dependientes moderados.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Asociación por los Derechos Civiles de los Discapacidades y sus Familias (ADCD), promotora de la iniciativa, las mayoría de las personas que se han adherido al recurso cuentan con familiares dependientes y consideran que el decreto «vulnera los derechos básicos».

«Es hora de que los padres tomemos la palabra para defender los derechos de nuestros hijos», han asegurado las mismas fuentes, recordando que serán las familias quienes asuman el coste del proceso, de unos 2.200 euros.

El recurso se presentará en la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia de Madrid en los próximos días y las familias están «dispuestas a llegar hasta el final, incluso a ir a Estrasburgo».

El consejero de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, anunció el pasado viernes su intención de recurrir el mismo decreto ante el Tribunal Constitucional (TC) al considerar que invade las competencias de las autonomías.

Asociaciones de familiares de dependientes advierten de que los recortes aprobados por el Gobierno en la Ley de Dependencia aumentarán los costes «a medio y largo plazo» y «empeorarán» la calidad de vida de estas personas. Asimismo, argumentan que «lucharán» para que sus allegados «no se queden sin los cuidadores que necesitan».

Frente a sus críticas, la Consellería de Traballo e Benestar insiste en que en la reforma era «algo inaplazable» por falta de financiación y rechaza que peligre la atención de los dependientes que ya están dentro del sistema. El departamento autonómico reconoce, no obstante, que el ritmo de atención a nuevos dependientes se verá ralentizado en todo el Estado.

En Galicia hay en la actualidad en torno a 37.000 dependientes asistidos, el 60 por ciento del total. No obstante, unos 20.000 personas con dependencia severa (grado III) y moderada (grado II) permanecen en lista de espera pendientes de recibir atención, según datos del departamento autonómico a los que ha tenido acceso Europa Press.

Ante esta situación, las distintas asociaciones y entidades, como el Colexio de Traballo Social de Galicia, consultadas por Europa Press se cuestionan los recortes y medidas como la rebaja en un 15% de la cuantía que reciben los cuidadores familiares, su exclusión de la Seguridad Social o el copago que deberán abonar los dependientes por determinados servicios.

Para el presidente de la Federación de Asociación Gallegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Fagal), Juan Carlos Rodríguez, se trata de unas medidas «preocupantes» que no valoran «adecuadamente» el apoyo de las familias, que «empeorarán» la calidad de vida de los dependientes y que supondrán «a medio y largo plazo un incremento de los costes».

Así, ha advertido del riesgo de «eliminar la atención a los dependientes en las fases iniciales que es donde más se puede hacer» y del riesgo de desarrollar un sector profesional sin contemplar, de forma paralela, medidas de apoyo a las familias.

LAS FAMILIAS NO PODRÁN CON LOS COSTES

«Si se quiere potenciar la profesionalización del sector, que nos parece bien, hay que dar apoyo a las familias», ha reivindicado. De lo contrario, el presidente de Fagal insiste en que tendrá «un efecto perverso» y que, al no poder afrontar los gastos que conlleva, una parte de los dependientes «abandonarán los recursos sociales».

En este sentido, recuerda que así lo han alertado ya directores de centros de día «que hablan de que se va a perder usuarios porque las familias no podrán sostener los costes», apostilla Juan Carlos Rodríguez.

Con todo, admite que en la reforma hay «cosas interesantes» en alusión a la formación o la revisión de la propia ley. «Hay problemas que hay que revisar como disminuir los costes de burocratización», ha señalado. También apoya que la ley desarrolle «todas las posibilidades en el ámbito profesional».

«BARRA LIBRE» A LAS AUTONOMÍAS

Por su parte, Carmen Vilaboa, miembro de la Asociación Gallega contra Enfermedades Neuromusculares (Asem) y de la plataforma «PasoVigo», que aglutina a distintas asociaciones, señala que «de un plumazo» se han recortado en Dependencia en todo el Estado «485 millones de euros» lo que para Galicia supone, según datos de la Consellería, la reducción de 21,5 millones este año.

La portavoz de Asem cree que las reformas dan «barra libre» a las autonomías al ampliar a dos años los plazos para realizar una valoración y otorgar las prestaciones a un dependiente y cuestiona que, sin aportación económica, vayan a entrar más dependientes con las modificaciones realizadas, como sostiene la Xunta.

«Si quisieran financiación para atender a los dependientes y sus familias que hubiesen aprobado el IBI a la Iglesia», argumenta Carmen Vilaboa, quien advierte también del «empobrecimiento de los dependientes por el repago de medicamentos, prótesis o transporte sanitario».

«¿Dónde queda la autonomía personal y el derecho del usuario a decidir donde quiere estar?», se pregunta también la representante de Asem, que coincide con el presidente de Fagal en que los dependientes carecerán de recursos para acudir a «servicios institucionalizados que son siempre más caros», añade.

Carmen Vilaboa afirma, no obstante, que este colectivo ha aprendido «a luchar» por sus derechos. «Lucharemos para que nuestros hijos o padres no se queden sin los cuidadores que necesitan y a los que tienen derecho», añade al asegurar que con esta reforma «se retrocede 20 años».

UN MODELO DE «BENEFICENCIA»

El Colexio de Traballo Social de Galicia, que cifra en 94.251 el número de dependientes en Galicia, su presidenta, Juana Tubío, admite que la Xunta tiene «poco margen de maniobra», pero recalca que «si se retrasa continuamente» las resoluciones sobre los dependientes con derecho a recibir una prestación «la persona puede morir en el camino», indica en referencia al envejecimiento de la población gallega.

Asimismo, subraya las consecuencias en ámbitos como el rural gallego «con un montón de núcleos dispersos» y afirma que, tras los recortes en financiación de los servicios municipales de los ayuntamientos, «no hay personal para atender a las personas».

«Se está promocionando un modelo de servicio social basado en la beneficencia», señala Juana Tubío quien replica a Traballo que para ampliar la ayuda a más dependientes «hay que dotar al sistema de recursos económicos», sentencia.

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   La consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, pedirá el viernes a las diputaciones forales que «no apliquen» los recortes aprobados por el Gobierno central en las ayudas a la dependencia y que sigan adelante con las medidas que contempla en este ámbito la Ley vasca de Servicios Sociales.

Zabaleta hará este emplazamiento a los gobiernos forales este próximo viernes, en el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales del País Vasco, foro en el que Gobierno autonómico, diputaciones y ayuntamientos planifican sus políticas sociales, según ha informado en un comunicado el Departamento de Empleo.

La consejera pedirá a las diputaciones que «no apliquen» las reformas del Gobierno central que afectan a la Ley de Dependencia y que todas las instituciones –Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos– «sigan adelante» con el desarrollo de la Ley vasca de Servicios Sociales.

El objetivo del Gobierno autonómico es que, dentro de la cartera de prestaciones vascas, se mantengan las relacionadas con la Ley de  Dependencia original, las anteriores a la reforma ahora aprobada.

«RESPETO» AL CALENDARIO

De esa forma, el Gobierno vasco propone «respetar» el calendario original de la Ley de Dependencia. Según ha indicado, la reforma aprobada por el Ejecutivo central «suspende» la incorporación de dependientes moderados hasta el 1 de julio de 2015, mientras que en su momento figuraba que los dependientes moderados seguían entrando en 2012. El gabinete de Patxi López propone a las diputaciones mantener el calendario original y seguir aceptando la entrada de los dependientes moderados en el sistema.

También apuesta por mantener el régimen de compatibilidad, de forma que plantea que sean compatibles las ayudas económicas a los cuidadores en casa con los servicios externos, como un centro de día o con el servicio de ayuda a domicilio.

Desde el Ejecutivo vasco se ha advertido de que la eliminación de las compatibilidades que plantea la Administración central «impediría la complementariedad entre servicios y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a los dependientes».

Por otra parte, pide que no se aplique la decisión del Ejecutivo central de «limitar» la capacidad de elección de las personas dependientes en el caso de la prestación económica de cuidados familiares.

PRESTACIONES

Otra de las propuestas de Zabaleta consiste en el mantenimiento de la cuantía de las prestaciones económicas, por lo que ha expresado su rechazo a la reducción de un 15 por ciento de la cuantía de las ayudas a los cuidadores en el entorno familiar aprobada en la reforma.

Frente a esta medida, el departamento propone a las diputaciones mantener los actuales niveles de protección. «El Estado penaliza con su reforma a los cuidados familiares», ha criticado, para asegurar a continuación que el modelo vasco «apuesta por los servicios en el domicilio, compaginándolos con la profesionalización de servicios externos».

El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales muestra su oposición a la ampliación del plazo para el reconocimiento del derecho y el pago de la prestación económica por cuidados familiares, por lo que pide a las diputaciones que no secunden esta medida.

COPAGO

Frente al incremento de las aportaciones de los usuarios para pagar los servicios que propugna el Gobierno central, plantea a las diputaciones mantener los criterios actuales fijados en la Ley de Servicios Sociales de Euskadi, en la que «en ningún caso se tiene en cuenta la vivienda habitual a la hora de fijar la parte que debe aportar el usuario para costear el servicio que se le presta».

Por otra parte, el Gobierno vasco rechaza la supresión del convenio con la Seguridad Social que recoge la reforma de la Administración central. Según ha explicado, en el País Vasco, en la actualidad, hay cerca de 10.000 cuidadores familiares que cotizan a la Seguridad Social y van a dejar de hacerlo si se aplican las nuevas medidas del gabinete de Mariano Rajoy.

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   La consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, ha reconocido que no puede estar de acuerdo ni con «la forma» en la que el Gobierno central ha decidido hacer nuevos recortes en los fondos que destina a las comunidades para la atención a los dependientes, ni con «el fondo», que supone un recorte este año de 21,5 millones de euros en las transferencias que recibe Galicia para afrontar las prestaciones de la Ley de Dependencia.

Durante la firma de un convenio de colaboración en materia de servicios sociales con la Diputación de Orense, Beatriz Mato se ha quejado de que el recorte del 13 por ciento de las transferencias del nivel mínimo que recoge el real decreto del 13 de julio «no fue comunicado como debería» a las comunidades autónomas, puesto que no se explicó en el Consejo Territorial y fue publicado directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

«De forma no puedo estar de acuerdo con ese ajuste y de fondo, evidentemente, tampoco», ha admitido la responsable de los servicios sociales autonómicos. Al respecto, ha reprochado que Galicia «ya lleva el peso más importante de la atención al sistema de dependencia», al asumir «todos los gallegos» el 70 por ciento de la financiación, por sólo el 30 por ciento que afronta el Estado.

Con los nuevos recortes, las arcas autonómica acabarán por asumir aproximadamente un 77 por ciento de los costes, frente al 23 por ciento del Estado, mientras que la ley apostaba por equilibrar el reparto de la financiación en el entorno del 50 por ciento para cada administración.

Al último ajuste decidido por el Gobierno de Mariano Rajoy, que en Galicia supondrá un recorte de 4,5 millones de euros, hay que sumar que ya se había eliminado el nivel acordado, lo que ya había significado una caída de 17 millones en la aportación del Estado a la atención a la Dependencia en este ejercicio, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Xunta de Galicia.

«MEJOR COMPORTAMIENTO» DEL ESTADO

Por consiguiente, Beatriz Mato reclama del Estado «un mejor comportamiento» con las comunidades que, como Galicia, apuestan por implantar la Ley de Dependencia mediante la prestación de servicios «de calidad», frente a aquellas que dan pagas a familiares, un sistema más barato. De hecho, en Galicia el 63 por ciento de los dependientes son atendidos por profesionales o en un centro de día o residencia y apenas el 30 por ciento por una persona cercana que percibe un subsidio.

Ante esta coyuntura, la consejera de Bienestar ha retomado su demanda de que se haga realidad de forma inmediata, el próximo mes de agosto y no en enero del 2013, la ponderación económica positiva sobre la prestación de servicios, frente a las pagas a familiares.

Pero además, el Gobierno gallego reclama que la ponderación no sea gradual en cinco años, como ha aprobado el Ministerio de Sanidad, sino efectiva en su integridad desde su puesta en marcha. «Esta medida es absolutamente necesaria para esta comunidad, deberían ponderar más a Galicia por prestar más servicios frente a comunidades que recurren a las pagas simplemente por criterio económico. Esta demanda la hice y la mantengo y volveré a darle traslado al Ministerio», ha aseverado Mato.

Pese a los reproches a un gobierno central del mismo signo político que el de Galicia, Beatriz Mato ha reconocido que el Ejecutivo de Mariano Rajoy «dio un paso adelante» al asumir una reforma de la Ley de Dependencia que juzga «absolutamente inaplazable y necesaria» porque esta norma nació hace cinco años «sin financiación». «No es una ley viable, en el sentido de que no le da respuesta a los dependientes de toda España, a los derechos que se recogen», ha puntualizado.

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   La Plataforma para la defensa de los derechos de las personas con dependencia (Paddep) ha mostrado su «luto» por «la muerte del espíritu de la Ley de Dependencia» con la «reforma terminal de la Ley de Autonomía Personal», que es a su juicio un «finiquito de derechos y una voladura de garantías que obvia el grave impacto humano y social».

Tras criticar que la forma se lleve a cabo a través de Real Decreto y no proyecto de ley, la Plataforma ha apelado al Parlamento de Navarra para que actúe en defensa de los ciudadanos con dependencia, «activando el marco competencial y fiscal de la Comunidad foral para hacer frente a la responsabilidad pública sobre los más vulnerables».

Ha criticado que la reforma se ha materializado «por la gatera», «sin exposición previa, ni opinión de afectados y agentes sociales, sin ninguna oportunidad de debate parlamentario, a golpe de decretazo».

A su juicio, «los gobiernos de Navarra y del Estado, por la vía de abruptos recortes, han finiquitado derechos y garantías, tachándolos del compromiso presupuestario y trasladando un mensaje social de irresponsabilidad ante las personas en situación de vulnerabilidad». «En este sistema agonizante va a ser inviable una atención con un mínimo de dignidad en uno de los tramos más delicados de la vida de las personas», ha opinado la Plataforma.

«VACIADO DE CONTENIDO»

Según ha expuesto, «se ha vaciado de contenido la ley de dependencia; se ha alterado su espíritu, tendiendo a la instucionalización; se disuade el acceso al Sistema de Atención, y se incrementan los costes para dependientes y familiares, además de reducir sus recursos». «En una significativa frase, pagan más quienes más necesitan».

En su opinión, «se cierra por tanto la puerta a la aplicación y desarrollo de una ley que supondría la creación de puestos de trabajo personificados en personal socio-sanitario, servicios de atención domiciliaria y personal contratado; se cierra la puerta a la conciliación laboral y personal de familiares, con un peso mucho mayor de las mujeres, que deberán añadir esta situación a su ya precaria incorporación laboral, y se cierra la puerta a apuntalar un auténtico cuarto pilar del Estado de Bienestar».

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Un total de 57.083 catalanes que han sido reconocidos como dependientes moderados no cobrarán su ayuda hasta julio 2015, tal y como dicta la reforma de la ley de dependencia aprobada mediante decreto por el Gobierno.

Según ha anunciado este lunes el consejero de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, los pagos a los dependientes moderados que presenten su solicitud a partir de ahora se aplazarán un mínimo de tres años y, además, se podrán hacer sin retroactividad.

La reforma del Gobierno también implica que los 106.957 cuidadores familiares que hay en Cataluña verán su ayuda recortada un 15% a partir de agosto, además de someterse «a controles más estrictos», como demostrar que conviven las 24 horas del día con el dependiente beneficiario.

Además, todas las prestaciones dejarán de ser compatibles, por lo que los dependientes solo podrán percibir una ayuda, y el Estado dejará de cotizar por los cuidadores.

A partir del 1 de agosto, los cuidadores de dependientes severos pasarán de cobrar 520,69 euros mensuales a 442, mientras que las nuevas incorporaciones percibirán 387,64 euros.

En el caso de los dependientes moderados, la prestación caerá de 416,98 a 354,43, cifra que descenderá a 268 euros para los nuevos beneficiarios.

Por último, los cuidadores de dependientes leves pasarán de percibir 300 euros mensuales a 255, siendo la ayuda de 153 euros para las nuevas altas.

Cleries ha avanzado que el Gobierno solo pagará el 9,5% del coste de una residencia a los dependientes severos –grado 3–, por lo que sufragará 177,86 euros de los 1.869 que cuesta.

Hasta ahora, el Estado estaba obligado a abonar un mínimo de 266 euros, siendo el importe establecido por la ley de 833 euros.

Con el nuevo recorte, la Generalitat deberá sufragar más del 90% del coste, aunque Cleries ha avanzado que Cataluña «mantendrá» el presupuesto en dependencia, por lo que el aumento del copago del usuario se prevé inminente.

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