Dependencia
El CERMI insiste en el Congreso en la necesidad de reformar la Constitución y mejorar las políticas sobre discapacidad
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, compareció este martes en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados.
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha insistido este martes en el Congreso de los Diputados en la necesidad de reformar la Constitución Española para que se recojan derechos sociales como fundamentales, incluyendo los de las personas con discapacidad, amén de mejorar las políticas públicas, para que la vida de este grupo social sea algo “decente, digno y sugestivo”.
Así se manifestó Pérez Bueno durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja a petición del PSOE y del grupo catalán Democracia y Libertad (DYL). Dicha comparecencia sirvió para hacer una radiografía general de la situación de la discapacidad en España en la actualidad y para presentar las principales demandas de la entidad en esta materia para los próximos años.
El máximo representante de la plataforma de la discapacidad destacó que para el CERMI, una de las prioridades es “la revisión del ordenamiento jurídico estatal para acomodarlo a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el gran marco referencial político e ideológico”.
En este sentido, a fin de que se cumpla la Convención en España, urgió a los grupos políticos a reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para revertir la situación que sufren 80.000 personas que no pueden ejercer su derecho al voto por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo. “Esto es contrario a la Convención y a los derechos humanos reconocidos por la ONU”, añadió el presidente del Cermi, quien además pidió que se garantice la plena igualdad de las personas con discapacidad ante la ley, puesto que “ninguna persona debe no ser titular de sus derechos”.
Además, aprovechó su comparecencia para pedir que la Comisión de Discapacidad goce de carácter legislativo, y que por tanto pueda aprobar leyes, yendo más allá del carácter permanente que ya ha adquirido.
Asimismo, el responsable de la entidad exigió que pese a los avances en los últimos años, “hay que acabar con prácticas que consideramos inhumanas como la esterilización forzosa a las que se puede someter a algunas personas con discapacidad, fundamentalmente mujeres, porque hay aquí también discriminación de género”. En esta línea, alertó de que las mujeres se encuentran en una situación de mayor riesgo de exclusión, como a su juicio prueba el hecho de que tengan una menor inserción laboral o sufran en mayor medida violencia de género.
Por otro lado, Pérez Bueno urgió a todos los partidos políticos a que se recuperen y mejoren los recursos en materia de servicios sociales que se han visto mermados como consecuencia de la crisis económica, dado que “los imperativos constitucionales de igualdad no quedan en suspenso porque haya crisis. Siguen vigentes y existen los mismos mandatos y obligaciones de actuar”.
Así, pidió el voto afirmativo a todos los partidos a la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por el CERMI cuando sea sometida a votación para la toma en consideración del texto “y en todo caso, que sea corregido y mejorado”.
Como recordó Pérez Bueno, la ILP pretende que se modifiquen los criterios actuales de copago en materia de dependencia, aunque pidió que no se confunda la terminología entre discapacidad y dependencia, puesto que sólo uno de cada cinco ciudadanos con discapacidad está en situación de dependencia.
Educación inclusiva
El presidente del CERMI se refirió durante su comparecencia en Comisión a la necesidad de apostar plenamente por un sistema de educación inclusiva que sustituya a la segregación que todavía se practica con algunas personas con discapacidad. En este sentido, recordó que en los años 80 se consiguieron “importantes avances”, pues se pasó del 20% de los alumnos con discapacidad en la enseñanza inclusiva al 80%, pero en los últimos 15 años se ha producido un estancamiento, “nos hemos quedado en zona de confort”.
Por otro lado, el presidente del CERMI exigió que se siga avanzando en materia de accesibilidad universal en bienes y servicios de interés público, y aunque no se cumplirá el tope legal de 2017 para que estos entornos sean accesibles, pidió a los partidos que no modifiquen este límite, a fin de que sirva de presión para quienes no han cumplido esta normativa.
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos sufraguen el coste de reformas por barreras arquitectónicas, puesto que el 70% de las viviendas presentan problemas de este tipo, fue otra de las reivindicaciones del Cermi, junto a propuestas encaminadas a fomentar “la activación” de las personas con discapacidad, que a su juicio, está directamente ligada a la empleabilidad.
Apoyo de los partidos
Por su parte, los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Comisión sobre Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de los Diputados mostraron su disposición a atender las demandas del CERMI. De esta forma, la portavoz del PP en la Comisión de Discapacidad, Silvia Valmaña, declaró que escuchar al representante del movimiento de la discapacidad “es la mejor forma de empezar una legislatura”, y destacó el importante trabajo que a su juicio se ha llevado a cabo en colaboración con el Cermi durante los cuatro años del Gobierno de Mariano Rajoy.
Por parte del Grupo Socialista, Joan Ruiz hizo hincapié en los logros que se alcanzaron durante los años del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y mostró su deseo de que la legislatura siga adelante para que se continúe avanzando en materia de discapacidad y “para recuperar derechos perdidos”.
Mientras, la diputada de Podemos Miriam Alba Goveli, mostró su deseo de que la Comisión de Discapacidad adquiera carácter legislativo, y manifestó también su preocupación por la doble discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad.
En términos similares se manifestó también la diputada de Ciudadanos Orlena Miguel, quien subrayó que “esta será seguramente la Comisión que más consenso consiga entre los partidos políticos”. Además, mostró su apoyo a la iniciativa del Cermi de modificar la Constitución, y explicó que a su juicio, también debería recoger la dotación presupuestaria de los servicios sociales, “porque si eso no se hace, puede pasar como con la Ley de Dependencia, que haya buena intención y se quede sólo en el papel”.
Por su parte, el portavoz de UPN, Íñigo Alli, afirmó que “tenemos muy claro cómo tiene que ser el modelo que tiene que tener este país y Navarra en relación con las personas con discapacidad”, y enumeró la atención temprana, la sensibilización social o la igualdad como ejes fundamentales en esta materia.
Por último, la diputada del PNV Pilar Ardanza puso como ejemplo de inclusión para las personas con discapacidad al País Vasco, y celebró que en estos años de crisis no se hayan hecho recortes en este ámbito por parte de la administración autonómica. Mientras, las parlamentarias Ester Capella (ERC) y Elena Ribera (DYL) pusieron de relieve de contribuir a mejorar la situación de la discapacidad en el conjunto de España “pese a que nosotros queremos hacer la independencia”.
Fuente: Diario La Comarca de Puertollano
La ética, un factor fundamental en los profesionales que trabajan con personas mayores y/o dependientes
• Casi el 100% de los profesionales de atención a las personas mayores consideran las cuestiones éticas como muy importantes en su labor diaria.
Más del 75% de los profesionales que trabajan de forma directa con personas mayores o dependientes se enfrentan a decisiones éticas en el desarrollo de su trabajo, según se desprende de un estudio realizado por el Comité de Ética Asistencial de SARquavitae. Los datos se han presentado en el transcurso de la Jornada sobre Ética en Atención a las Personas Vulnerables celebrada hoy en Andorra.
El estudio se ha basado en una encuesta realizada a 300 profesionales de la compañía, tanto de centros residenciales como de día, para conocer si en su actividad diaria tienen que enfrentarse de forma habitual a dilemas éticos, si son importantes para ellos y cuáles son aquellas cuestiones que se plantean con mayor frecuencia.
De este estudio se desprende que el 76,2% de los profesionales sanitarios y el 87% de los profesionales no sanitarios que se dedican a la atención directa de personas mayores se han enfrentado a cuestiones éticas concretas que han tenido que resolver. Los profesionales relacionados con la dirección, la gestión y la coordinación de los centros son los que se enfrentan con mayor asiduidad a problemas éticos (84,2%).
Prácticamente, la totalidad de los profesionales de atención directa respondieron que las cuestiones éticas en el desarrollo de su labor tenían una gran importancia.
La información a familiares (57%), las sujeciones físicas o químicas (44%), la información a residentes o pacientes (42%), los temas de confidencialidad de datos y de información personal (30,6%) y el establecimiento del nivel de competencia de un usuario o familiar en la toma de decisiones (30,67%) son los temas que se plantean más frecuentemente, según los entrevistados. Estos mismos temas son precisamente aquellos que los encuestados consideran que les afectan más en su labor diaria, a los que se añade el desacuerdo entre pacientes o residentes y familiares sobre decisiones relevantes ligadas a la atención (32%).
Los conflictos de convivencia, el vacío existencial y el deseo de morir con su consecuente negativa a recibir tratamiento y alimentación, la negativa de los familiares al tratamiento sin existencia del documento de voluntades anticipadas, los conflictos en la transmisión de la información, la autonomía del paciente frente a los deseos de la familia, son algunos de los casos en los que se han centrado los dictámenes realizados por el Comité de Ética Asistencial de SARquavitae durante estos diez años. Con este conocimiento ha producido diferentes documentos entre los que destaca diversos protocolos para estandarizar la atención a las personas vulnerables como los malos tratos, la renuncia al tratamiento o dieta terapéutica, el registro de no prolongación de la vida artificialmente, el documento de voluntades anticipadas, entre otros.
Nueva edición del curso «Atención Centrada en la Persona, ACP»
Debido al éxito que tuvo el curso “CÓMO APLICAR LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA EN MI CENTRO”, Amade organiza una nueva edición del mismo para aquellas personas que estabais interesadas y no pudisteis asistir.- Día 10 de Mayo de 9 a 15:30hrs. en la sede de AMADE, C/ Castelló, 95- 2ºB.
Objetivos
Plantear la Atención Centrada en la Persona, ACP, como un cambio de paradigma social necesario para adaptarnos a un nuevo perfil de persona usuaria y familias actuales. Porqué ahora y en qué consiste el cambio.
Presentar la filosofía de atención integral y centrada en la persona desde una perspectiva práctica y realista.
Entender la Atención Centrada a la Persona, ACP, como un cambio personal e individual de cada profesional en la relación con las personas.
Aportar entusiasmo y motivación a los equipos para llevar a cabo una transformación en la metodología de atención dónde la persona usuaria si sitúa en una esfera central.
Facilitar técnicas y instrumentos facilitadores de la intervención personalizada y orientada a la persona.
Destinatarios
Profesionales de atención directa e indirecta de cualquier centro o servicio de atención a personas en situación de dependencia que quieran conocer y disponer de instrumentos para poder aplicar la filosofía de atención centrada en la persona.
Contenidos
El curso presenta los siguientes contenidos:
– Reflexión sobre el cambio de paradigma social y la necesidad de adaptar el actual modelo biopsicosocial a la realidad de la persona usuaria actual.
– Definición y principios de la Atención Integral Centrada en la Persona. Lo que es y no es la atención centrada en la persona.
– Propuesta organizativa para una implantación de éxito.
– Instrumentos para conocer a la persona.
– El papel de la familia y entorno.
– Readaptando roles y orientaciones de los diferentes perfiles profesionales en un centro de atención a mayores.
– Aspectos ambientales cómo complemento necesario en la aplicación de un modelo de Atención Centrado en la Persona.
– La comunicación interna y externa como instrumento fundamental para la divulgación de una forma diferente de cuidar a las personas.
Metodología
El curso combina exposiciones teóricas con dinámicas y videos para asimilar los conceptos y cambios de paradigma, así como para conocer experiencias prácticas de éxito en la implantación del modelo.
Docente
Raquel Calatayud. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Licenciada en Derecho. Máster en Gerontología Social Aplicada. Cofundadora y socia-directora de Camon Consulting Group. Docente en diferentes cursos de postgrado especializados en personas mayores y dependencia.
Si estás interesado, mándanos la hoja de inscripción rellena, junto con el justificante de pago, para hacer la reserva. PLAZAS LIMITADAS
Más de 22.500 catalanes han muerto esperando la prestación de la dependencia
22.588. Esta es la cifra de ciudadanos de Catalunya que han fallecido desde el 2011 al 2015 esperando percibir la prestación de la Ley de Dependencia, la “cuarta pata” del estado del bienestar. Una demora que ha obligado a la Generalitat a abonar 105 millones de euros a los herederos de los solicitantes que no llegaron a percibir la prestación.
Así lo indica una respuesta parlamentaria de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies a una pregunta de Ciutadans sobre el balance de la prestación por la dependencia. La respuesta, firmada por la consellera Dolors Bassa, detalla las defunciones de solicitantes por años e incluso sino se llegó a tiempo de realizar la valoración del solicitante.
En el 2011 fallecieron 3213 solicitantes sin valoración; 2057,en el 2012; 1487, en el 2013; 1577 en el 2014 y 1697 en el 2015. Cifras un tanto similares a los que finaron pendientes de su Programa Individual de Atención (PIA), es decir, con la valoración pero sin establecer la prestación o servicio. Así en el 2011, los solicitantes que murieron sin tener el PIA fueron 4566; en el 2012, 3287; 1632 en el 2013; 1423 en el 2014 y 1649 en el 2015.
Medidas de mejora
La consellera, pero, insiste en que su departamento ha implementado medidas para mejorar la gestión de la tramitación de la Ley de Dependencia, como el incremento de equipos interdisciplinarios de valoración o las situaciones de alto riesgo.
Según el mismo informe, hasta el uno de enero de 2016 se han resuelto un 97,1% de las solicitudes iniciables valorables. También se han cerrado un 93,7% de las peticiones de revisión de grado así como un 80,8% de los programas individuales de atención realizables, que suponen 258.311 solicitudes.
La lentitud en la resolución de los casos no ha eximido a la administración catalana de pagar las prestaciones que correspondían a los solicitantes que han fallecido esperando. Hasta el 31 de diciembre de 2015, la Generalitat ha abonado un montante de 105 millones de euros a los herederos.
El profesional de referencia una figura clave en la Atención Centrada en la Persona
Con esta nueva entrada que nos ofrece la Dra. Martínez en su blog “La atención centrada en la persona, un camino por recorrer”, prosigue enriqueciendo el enfoque gerontológico de la atención centrada en la persona con una propuesta sobre el profesional de referencia, poniendo en valor su papel esencial en la aplicación de este modelo de atención.
Comienza así: “La figura del profesional de referencia es una metodología de trabajo que se viene aplicando en los servicios gerontológicos, sobre todo en los centros donde participan en el cuidado diversos profesionales, con el propósito de personalizar la atención y lograr una mejor coordinación entre éstos. Es una figura que aunque ya se exige en nuestro país en distintas normativas autonómicas, su conceptualización todavía es escasa y su aplicación bastante diversa”…….
Aquí os dejamos el enlace del post recomendado para su completa lectura: clickar aquí.
*Psicóloga. Dra. en Ciencias de la Salud y experta en gerontología social. Autora de distintas publicaciones técnicas y científicas relacionadas con la gerontología aplicada y la discapacidad. Entre sus publicaciones en relación a la Atención Centrada en la Persona cabe destacar: La atención gerontología centrada en la persona, guía para profesionales (2011); Avanzar en atención gerontológica centrada en la persona, instrumento para la revisión participativa (2013); Modelo de atención centrada en la persona, cuadernos prácticos (2014), Cuidar, cuidarse y sentirse bien: Guía para personas cuidadoras según el modelo de atención integral centrada en la persona (2015) y Atención centrada en la persona. Sus aportaciones al cuidado de personas con Alzheimer (2015) y de la reciente investigación sobre la Atención Centrada en la Persona en residencias y centros de día españoles. Creadora de la web www.acpgerontologia.com para la difusión de los modelos afines a la ACP @acpgerontologia
La Ley de Dependencia, el ‘cuarto pilar’ del Estado de bienestar está siendo boicoteado por el Gobierno y varias autonomías
“Todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a ser una persona dependiente o vamos a vivir con una dependiente”. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS), trata de humanizar el discurso al hablar de las cifras que se desprenden de casi una década de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (Lapad), más conocida como Ley de Dependencia. Porque las cifras deshumanizan.
Un total de 1.180.435 personas está en situación de dependencia reconocida en España. Eso supone que el 2,5% de la población precisa “de la atención de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria”, según enuncia la propia ley. Sin embargo, entre 2012 y 2015, 125.915 personas pertenecientes a este grupo han fallecido sin haber obtenido ninguna prestación, según los datos del último Dictamen del Observatorio Estatal de Dependencia que elabora la organización que preside Ramírez. “Es lo que se conoce como el ‘limbo de la dependencia’: todas aquellas personas que tienen una prestación reconocida por ley pero que todavía no se ha hecho efectiva”, remarca Aurelia Jerez, presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia. “Dicen que bajan las listas de espera, pero lo que no te dicen es que ahora hay un plazo de tres años y medio para hacer efectiva la retroactividad de una prestación, y en tres años y medio lo normal es que un gran dependiente de 80 años se muera”.
Y no son pocos. El 54% de las personas dependientes en el Estado español son mayores de 80 años. “Son gente con una vulnerabilidad terrible, el problema es gravísimo, y hay comunidades autónomas con listas de espera muy altas”, explica Ramírez. Muchos de ellos están entre los 384.326 dependientes –una tercera parte del total– que a comienzos de 2016 no recibía ninguna prestación. Y la situación se agrava en los 37.764 grandes dependientes de Grado III, el nivel donde más necesaria es la ayuda de los tres que reconoce la ley, que no reciben prestación alguna.
Moratorias y boicot
La ampliación del plazo para hacer efectiva una prestación, que inicialmente era de seis meses y que se ha multiplicado por siete, es sólo una de las medidas de boicot que Gobierno central y algunas comunidades autónomas han establecido para impedir el desarrollo del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), el conjunto de prestaciones y servicios que debían desarrollarse tras la aprobación de la Lapad para crear el ‘cuarto pilar’ del Estado de bienestar. “Nos han tomado como mero gasto. El recorte que se hizo hace dos años, algo más de mil millones, coincidió con el pago adelantado de la deuda. No puedes hacer eso y luego dejar a los que tienes en casa sin atender”, denuncia Jerez, madre de un niño de ocho años, gran dependiente, que padece el síndrome de Pitt-Hopkins, una rara enfermedad de la que sólo hay cuatro casos en España.
En noviembre de 2011, el entonces aspirante a presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avisaba a cuatro días de las elecciones generales: “La dependencia no es viable”. Un mes después comenzaba lo que Ramírez califica de “demolición programada” de la Lapad, con el Real Decreto Ley 20/2011. Entre la complicada maraña de decretos, moratorias y leyes autonómicas que modifican el sistema que debía desarrollar la ley, tres ordenamientos estatales destacan por sus drásticas consecuencias. El 20/2011 fue el primero. “Modificó el calendario y quitó el derecho a los dependientes moderados, lo que supuso que a 35.000 personas se les usurpó el derecho a ser atendidas”, relata Ramírez. Una moratoria que se amplió progresivamente para las afectadas en Grado I , el nivel menos severo de dependencia: hasta julio de 2015 no entraron al sistema. Pero para la presidenta de la Coordinadora esto no es un triunfo: “Debían haber entrado en enero de 2012, pero Rajoy lo retrasó cuatro años, hasta que no pudo hacerlo más”.
El segundo ordenamiento, “la auténtica derogación encubierta de la Ley de Dependencia”, tal como lo describe Ramírez, fue el RDL 20/2012, titulado “de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”. El decreto supuso una nueva moratoria para los de Grado I y simplificó el sistema de valoración de grados, lo que en la práctica endureció las condiciones para acceder a las ayudas. Pero habría más. Recortó drásticamente la aportación del Estado a los presupuestos de dependencia, redujo un 13% el llamado ‘nivel mínimo de protección’ –el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad– y redujo en un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares, dejando además la puerta abierta para que las comunidades pudieran reducir más esta cifra. El recorte llegaba así a uno de los pilares del sistema, ya que casi la mitad del total de personas atendidas lo está a través de un cuidador familiar, una figura doblemente atacada por el PP, ya que también les dejó sin cotización a la Seguridad Social. Desde aquel momento sería voluntaria. “Hasta entonces había un acuerdo entre el Gobierno y la Seguridad Social por el que éste pagaba por los cuidadores del entorno familiar 56 euros para darles, simplemente, el derecho a una pensión de jubilación. Cuando la cotización fue voluntaria, este convenio se rompió y ahora, si quieren cotizar, son 200 euros que, lógicamente, tienen que coger de la prestación económica que recibe su familiar dependiente. En el mejor de los casos son 387 euros. Si de ahí quitas 200, dejas a los dependientes con 187”, relata Jerez. La conclusión: “Más del 90% nos dimos de baja”.
Recorte brutal y sexista
La supresión de la cotización afectó a 182.021 cuidadoras, mujeres en el 92% de los casos. Tal como indica la profesora de Derecho de la Empresa en la Universidad del País Vasco Isabel Otxoa, “entre quienes estaban cuidando, algo menos de la mitad eran mujeres mayores de 51 años, una parte de las cuales probablemente no tenían un historial largo de cotización en otras actividades”. Sin embargo, relata, “hubo otras mujeres, sobre todo entre las menores de 50, que habían dejado un empleo de pocos ingresos y pasado a cuidar a algún familiar en la tranquilidad de que, si no una remuneración decente, al menos continuaban generando el derecho a la pensión de jubilación”.
En su opinión, el recorte no sólo fue brutal, también fue sexista: “Desde el feminismo criticamos la prestación de cuidados familiares de la ley porque ahondaba en la división sexual del trabajo; defendimos el reparto del cuidado y la ampliación de los servicios externos a la familia. Pero cuando el PP justificó el recorte por la conveniencia de reducir el recurso al cuidado familiar y promover la utilización del resto de las prestaciones de la Ley de Dependencia, cuya escasez y lentitud son bien conocidas, resultó insultante”.
El tercer gran hachazo legislativo al sistema fue el RD 1051/2013, que establece incompatibilidades entre los diferentes servicios y prestaciones que otorga la ley, así como la intensidad de los mismos. “Antes una persona iba a levantar de la cama a un dependiente y lo llevaba a un centro de día para que pudiese estar haciendo talleres de fisioterapia, alzheimer o lo que necesitase, pero a partir de ese decreto hay que elegir una u otra prestación”, apunta Ramírez. La creación de incompatibilidades buscaba rebajar la factura de la dependencia, al igual que lo hacía la disminución de la intensidad de los servicios. El presidente de la AEDGSS lo ilustra con un ejemplo: “Antes un dependiente podría tener hasta 90 horas al mes de ayuda a domicilio, ahora son 70”.
A todo lo anterior hay que añadir la supresión del llamado nivel acordado de financiación, que se eliminó a través de Ley de Presupuestos Generales del Estado: 283 millones anuales que se distribuían entre las comunidades con criterios consensuados de reparto.
Así, el balance que se puede hacer tras la última legislatura es que la Administración General del Estado sólo aporta el 22,6% del gasto público, lo que incumple la propia Ley de Dependencia, en la que se afirma que esa cifra debería llegar al 50%. La carga recae en las comunidades autónomas, que cubren el 77,4% del montante público, “lo que unido a la obligación de ajustarse al déficit hace que estén completamente asfixiadas”, resalta Jerez. Además, a día de hoy los propios dependientes aportan más que el Estado, ya que un 19,9% del total de aportaciones al sistema proviene de ellos mediante la fórmula del copago, establecida por el Consejo Territorial del SAAD, un copago que sigue vigente e incluso ha aumentado, a pesar de ser declarado ilegal por la Audiencia Nacional, fallo ratificado por el Supremo.
Tal como indica Ramírez, muchas de las personas que iban a un centro de día han renunciado ante la carga del copago: “Una persona con enfermedad mental que cobra una pensión no contributiva de 400 euros, si va al centro de día tiene que aportar 200 euros por el copago. ¿Cómo va a pagar eso? Lo mismo la gente que renuncia a la ayuda a domicilio porque no puede aportar el 20 o el 30% de su pensión. El copago ha sido definitivo”.
Con todo ello, los recortes a la dependencia acumulados ascienden, según el último Dictamen del Observatorio de Dependencia, a 2.865 millones de euros, entre la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la eliminación de las cotizaciones de cuidadores familiares. Además, las diferencias entre comunidades son abismales, en prestaciones, presupuesto y desarrollo del sistema, y la Coordinadora que lidera Aurelia Jerez lleva años reclamando que se unifiquen los criterios para ser reconocido como dependiente. Ramírez, por su parte, es muy claro comparando sistemas autonómicos: “Si una persona vive en una comunidad como Canarias o Valencia tiene muchas posibilidades de fallecer sin que le llegue la Ley. Además, aunque haya cambiado de Gobierno, como en Valencia, poco se puede hacer salvo pequeñas cosas, porque no se pueden recuperar nueve años de desidia en todo el desarrollo de la Ley”. Por el contrario, continúa, “si vive en Castilla-León, País Vasco, La Rioja o Andalucía es muy probable que sea atendido en un plazo razonable, que puede estar en torno a un año”.
Por último, desde la Aedgss resaltan las posibilidades de creación de empleo del desarrollo del sistema de dependencia. Según esta organización, si se atendiera a las 384.000 personas en lista de espera actuales, y con un incremento del gasto público de 2.643 millones de euros –de los cuales se recuperarían 1.012 mediante impuestos, seguridad social, etcétera– se generarían más de 92.500 empleos directos. “Si no creen en la justicia social que cojan la calculadora, no hay una inversión pública más rentable e inteligente que la Ley de Dependencia”.
Fuente: Periódico Diagonal
Experiencia piloto en Aragón programa de estancias nocturnas en residencias
Aragón culmina la puesta en marcha de las prestaciones que prevé la Ley de Dependencia con el programa de estancias nocturnas, por el que los familiares de personas dependientes podrán dejarles en un centro residencial durante la noche.
De momento, según ha explicado a los medios de comunicación la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, se trata de una «experiencia piloto», que comienza con cuatro plazas en la residencia de mayores Romareda, en la capital aragonesa.
A partir de aquí, el servicio se irá adaptando en función de la demanda real y si los perfiles se ajustan a la misma y se podrá ir ampliando a otros centros y zonas del territorio aragonés.
Con este servicio, que estará disponible los 365 días al año, los usuarios contarán con flexibilidad de entradas y salidas, que se podrán producir entre las 19 y las 22 horas y las 8 y las 11.30, respectivamente, en función de las necesidades de cada familia.
El único requisito es que se trate de personas con grado de dependencia de entre 2 y 3, es decir, aquellas «bastante afectadas» y, «de forma extraordinaria» durante los primeros meses de aplicación, para solicitar este servicio bastará con una llamada al centro y será este el que se encargue de todos los trámites, ha detallado el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos.
En la misma residencia de Romareda, la cual tanto Santos como la consejera han aprovechado para visitar previamente, ha señalado que el objetivo de este programa es el de compatibilizar mejor la vida laboral y personal y que, en principio, va dirigido especialmente a personas que por sus dolencias tienen «un descanso agitado», por lo que su cuidado resulta más complicado para sus familiares.
Sobre la situación de la dependencia en la Comunidad, Broto ha reiterado que su compromiso es el de poner en marcha todas las prestaciones que plantea la ley y que han venido al Gobierno «para cumplirla», pese a que la DGA tiene que aportar el 81 por ciento de la financiación cuando la normativa plantea que se debe repartir a partes iguales entre autonomías y Estado.
Ha rechazado hablar de anuncios o cifras acerca de la atención a la dependencia, pero ha recordado que en lo que va de legislatura hay más de mil personas más atendidas, incluso con el presupuesto heredado de 2015, y que trabajarán «al máximo» para ello.
Cuando tomó posesión, ha recalcado Broto, destacaban dos prioridades en la Consejería, que eran la elaboración del proyecto de renta básica y el pago del Ingreso Aragonés de Inserción, pero ahora «lo más importante» es la aplicación de la Ley de Dependencia, que es «un derecho» y que en Aragón ha sido «donde más se ha desmantelado».
Fuente: el Periódico de Aragón
La cantidad de dependientes atendidos en Aragón descendió un 23 % con el último Gobierno del PP
La regulación de la atención a la dependencia en Aragón sigue siendo un problema de lenta y complicada solución. El anterior Ejecutivo autonómico (PP) tuvo el dudoso honor de hacer que la Comunidad fuera la que “mayor retroceso registró durante la pasada legislatura”. Esto provoca que, a pesar de que el número de beneficiarios subiera en 2015 (752 más, 4,44 %), en Aragón se siga hablando de un muy preocupante 44,5 % de dependientes reconocidos que no reciben ningún tipo de atención. Por detrás únicamente de Canarias (53,8 %).
En 2015 se ha conseguido virar el rumbo y evitar la caída libre, sin embargo, era tan crítica la situación que pasará mucho tiempo hasta que esté medianamente normalizada. Aragón es la tercera Comunidad peor valorada en esta materia según el XVI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Un 2,1 sobre 10 es su nota; solo están peor Valencia y Canarias.
Se ha pasado de un descenso de 1.313 personas beneficiarias en 2014 (-7 %), a un incremento de 752. Un leve crecimiento que, si bien ayuda a exornar las cifras, no es suficiente para voltear la delicada situación de la dependencia en una Comunidad en la que solo el 4,99 % de la población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema, por debajo de la media estatal, que se sitúa en el 7,15 %.
A 31 de diciembre de 2015 había en Aragón 43.141 solicitudes, 39.011 personas valoradas, 32.130 personas con derecho a prestación y solo 17.828 atendidas. La evolución en el número de atendidos desde 2011 es definitoria: 2011: 22.207; 2012: 20.527; 2013: 18.502, y 2014: 17.076.
En el global del país, hay 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida; de las cuales, tras nueve años de implantación de la Ley de Dependencia, un tercio no recibe ninguna prestación o servicio.
Recortes
En el dictamen señalan directamente a los recortes perpetrados en la anterior legislatura como la causa principal. Aragón, dice el estudio, tiene un gasto de 83,07 euros por habitante, “muy inferior a la media estatal que es de 113,15 euros”. Confían en que “el incremento del 11 % en los presupuestos sociales del Gobierno autónomo en 2016 pueda compensar estos recortes”.
También hacen mención a que Aragón tiene un “grave problema estructural en la gestión del Sistema, por el elevado componente de las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar frente a la prestación de servicios”. El 87,3 % del total de las nuevas atenciones en 2015, informan, han sido prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar, y solo un 12,7 % han sido nuevos servicios.
Fuente; ELDIARIO.ES
Nace la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias con el apoyo de Podemos
La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias se ha puesto en marcha para reivindicar «la situación de indignidad de los mayores» en la Comunidad de Madrid y «las pésimas condiciones de sus trabajadores».
Esta plataforma ha sido presentada este miércoles en la Asamblea de Madrid por la portavoz de la misma, María Ángeles, y por el diputado de Podemos en la Cámara Raúl Camargo, formación política que ha mostrado su apoyo a la iniciativa.
Se trata de una plataforma en la que se integran unas diez residencias de la región, entre las que se encuentran Peñuelas, Moscatelares, Madrid Sur, Albertia, Plata y Castañar, Arganda del Rey o Ensanche de Vallecas; aunque esperan que a raíz de la presentación se unan más afectados.
«Una vez que comprobamos que los problemas son similares y parecidos tanto en un colectivo como en otro decidimos que juntas podíamos pelear», ha señalado María Ángeles.
A su juicio, «la situación de los mayores en las residencias es verdaderamente indigna ya que están sufriendo los recortes de una manera bestial». Además, ha señalado que se ha pasado a «unas privatizaciones en las que lo único que prima es la economía y el dinero y donde las personas no importan».
Como principales críticas ha señalado que se ha recortado «en atención, en comida y en pañales» así como que los trabajos son «ínfimos». «La Comunidad o el consejero nos van a decir que cumplen ratios. No sabemos dónde estarán los ratios porque lo que es cierto es que no hay médicos de noche, no son geriatras», ha trasladado.
PODEMOS EXIGE UNA LEY
Por su parte, Camargo ha aseverado que se trata de «una buena noticia que se cree una plataforma desde la sociedad civil». El diputado ha señalado que ahora «la pelota está en el tejado de las instituciones, del partido del Gobierno y del que lo sustenta, PP y Ciudadanos».
En este sentido, ha señalado que desde su formación apoyarán una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el próximo Pleno de la Asamblea de Madrid en la que se instará al Gobierno regional a que «unifique el protocolo en residencias».
Pero ha señalado que creen que tiene que haber «una norma con rango legal que en la Comunidad de Madrid establezca los mínimos imprescindibles» por los que se tienen que gestionar las residencias. «Estos mínimos hacen referencia a instalaciones, a las ratios de auxiliares por planta y por residente. La dignidad en el trato y en las condiciones laborales de los trabajadores debe ser una realidad», ha explicado.
Además, ha señalado que en la región «solo hay 25 residencias de gestión enteramente pública frente a las más de 500 que hay», lo que supone «un porcentaje de privatización enorme».
El problema radica, a su entender, en que pese a que hay inspecciones y controles se parte de «un modelo equivocado» en el que «desde hace muchísimos años se establece que las residencias es mejor que se gestionen desde empresas aunque la administración pública dé dinero».
Fuente: lainformacion.com
AERTE plantea una colaboración público-privada eficaz para generar empleo y atender los retos sociosanitarios de forma viable
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana mantuvo ayer una reunión con el Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Turismo, Rafael Climent. AERTE trasladó al Conseller el hecho de que la atención a la dependencia es un sector económico estratégico que crea empleo constante, especialmente femenino, tanto directo como indirecto.
La junta directa de la asociación expuso la necesidad de potenciar una colaboración público – privada eficaz. Según ha manifestado hoy José María Toro, director general de AERTE, “es una colaboración posible porque es viable económicamente y sostenible para el sistema, además de ser clave para atender un gran número de personas que necesitan atención socionsanitaria profesional. Volumen que se incrementará con creces en los próximos años por el aumento del envejecimiento de la población con las consecuencias sociosanitarias que ello implica”.
En ese sentido, la asociación recalcó que el sector puede ofrecer al sistema potentes soluciones en tres direcciones: la excelencia en los servicios prestados a través de profesionales, la creación de empleo y la reducción del déficit público. Cada nueva plaza sociosanitaria ocupada implica la creación de una gran cantidad de empleo directo, en concreto uno por cada dos plazas tal y como marca la propia normativa, e indirecto de forma inmediata. Un empleo muy flexible y de imposible sustitución por los avances tecnológicos. Además, el sector genera retornos presupuestarios positivos en el mismo ejercicio en el que se crean las plazas por diferentes vías: reducción del gasto en prestaciones por desempleo, farmacia y sanitario, incremento de la recaudación tributaria y de la seguridad social, etc.
Por tanto, es un sector que se debería potenciar dentro de una nueva política económica de desarrollo de la Comunidad Valenciana, ya que, posiblemente es el único que posibilita beneficios sociales inherentes al mismo y mejoras de los ratios de empleo, al mismo tiempo que no genera más déficit público.
AERTE también hizo hincapié en que la colaboración público-privada eficaz logra liberar servicios sanitarios para permitir un uso eficiente de los recursos existentes. Por ejemplo, en la utilización de recursos sociosanitarios para las cuestiones relacionadas con enfermos crónicos, convalecientes o necesitados de actividades rehabilitadoras la Administración puede obtener un gran ahorro en el sector sanitario.
En esta línea, la asociación más representativa de la atención a personas dependientes insistió en ventajas añadidas: no es necesario nuevas inversiones en infraestructuras; las residencias ya están en activo y la Comunidad Valenciana dispone de una red asistencial muy amplia y de calidad equiparable a la de los países europeos más avanzados.
Por último, señaló que: lograr estos objetivos de la manera más óptima posible, económicamente hablando, dependerá de la política de inversiones en los recursos sociales que se lleve a cabo, ya que primar servicios profesionales y especializados tiene una mayor repercusión positiva sobre el empleo y los retornos económicos. Al tiempo, un modelo de concertación abierto y que prime la libre elección de usuarios, alcanzado por tanto al mayor número de operadores, conllevaría un mejor retorno de la inversión posible.
El Tribunal Constitucional refrenda los recortes en Dependencia
El Gobierno central sí tenía derecho a reformar la Ley de Dependencia y establecer los recortes en la financiación que fijó a través del Real Decreto Ley 20/2012. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia que recoge el BOE de este lunes sobre el recurso que presentó Cataluña contra los recortes en dependencia introducidos por este decreto. Concretamente, la citada norma estableció en varios de sus artículos una reforma que implicó, entre otras medidas, el retraso de las ayudas a los dependientes moderados de grado I hasta 2015, la reducción de la cuantía de prestaciones por cuidados familiares, la eliminación de los niveles intermedios de dependencia dentro de cada grado, la incorporación de nuevos copagos por dependencia y el establecimiento de incompatibilidades en el cobro de distintas ayudas.
Contra estas medidas Cataluña presentó un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias autonómicas en el que alegó además que la vía por la que se habían establecido estas medidas, el Real Decreto Ley 20/2012 exigía de una situación de urgencia que no se daba en la práctica. Cataluña argumentaba que las competencias estatales «cuando se incide en un ámbito material de exclusiva competencia autonómica como la asistencia social» la regulación estatal «ha de tener una menor intensidad o grado» y no menoscabar las competencias de las autonomías.
A esta argumentación, el Abogado del Estado contestaba en la sentencia explicando que parte del objetivo de la reforma legal era «perseguir una homogeneidad en los servicios que reciban las personas dependientes» lo que «evitará desigualdades entre comunidades autónomas y supondrá sin duda un ahorro».
Vistas las dos argumentaciones, el Tribunal Constitucional ha concluido que efectivamente el Gobierno central sí tenía competencias para los recortes acometidos y ha detallado en su sentencia que «desde la perspectiva el control externo que nos corresponde, podemos concluir que la definición de la extraordinaria y urgente necesidad, que fundamenta la aprobación de las normas controvertidas, es explícita, razonada y concreta, no se realiza mediante fórmulas rituales o genéricas, aplicables de modo intercambiable a todo tipo de realidades, sino por referencia a una situación de recesión y de crisis económica y financiera, real y conocida, y a la exigencia de cumplimiento de unos compromisos internacionales de déficit igualmente notorios, que tienen por objeto atender a lo que cabe calificar como una coyuntura económica problemática, -en los términos expresamente aceptados por la doctrina constitucional».
Además, el Constitucional estima que «sin adentrarnos en el juicio político que este Tribunal tiene vedado, debemos apreciar la conexión de sentido de las medidas impugnadas con la situación de urgencia definida, pues todas ellas buscan, de uno u otro modo, redefinir el sistema de atención a la dependencia en la forma que el Gobierno ha considerado necesaria para asegurar su sostenibilidad, pues se orientan, fundamentalmente, a generar ahorros inmediatos en el gasto público dedicado a dependencia».
Fuente: Diario Médico
Casi 400.000 dependientes están a la espera de recibir las prestaciones reconocidas por la Ley
Nueve años después de que se aprobara la Ley de Dependencia (LAPAD) un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio. Además, desde el año 2012, más de 125.000 personas han fallecido sin recibir la ayuda reconocida por el Estado. Así lo certifica el XVI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, presentado esta mañana por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Según este informe, en España hay más de 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida, 100.000 menos que hace cinco años. Del total de las personas que se encuentran en esa situación, solo dos tercios están recibiendo la atención indicada en la Ley, mientras que el resto se encuentra desatendida a la espera de recibir las prestaciones.
«La dependencia es un problema de Estado al que el Partido Popular le ha dado la espalda» ha afirmado Jose Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación, quien asegura que las medidas adoptadas por el último Gobierno han supuesto un retroceso en el desarrollo de la Ley de Dependencia.
No obstante, en el año 2015, se ha producido un incremento significativo de las personas atendidas, dato que coincide con la entrada al sistema de los dependientes «moderados», quienes después de ocho años de espera fueron incluidos en la Ley el pasado 1 de Julio.
Se incumple la financiación
En cuanto al modelo de financiación, el dictamen señala que la Administración General del Estado ha incumplido lo previsto en la Ley, según la cual debería de aportar el 50% del gasto público destinado a la dependencia. La Asociación acusa a la Administración de «abandono» y considera que el sistema de financiación es «insostenible» para los gestores autonómicos, quienes aportan el 77,4% del gasto, frente al 22,6% del gasto estatal. La aportación de los usuarios se estima en un 20% sobre el total del gasto, lo que provoca una situación de copago, que no está al alcance de muchas familias.
El informe destaca el gran impacto de las medidas de recorte de la última legislatura que ascienden a 2.865,3 millones de euros. Frente a estos datos, Luis Barriga Martín, socio fundador de la Asociación, asegura que la Ley de Dependencia es «absolutamente rentable desde el punto de vista económico» debido a su sorprendente capacidad de creación de empleo. Los datos demuestran que la Ley ha generado 35 empleos directos por cada millón de gasto público y una tasa de retorno del 38,3%.
Respecto a las comunidades autónomas, se mantienen grandes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Andalucía, Castilla y León y Cantabria mantienen altos porcentajes de personas beneficiarias de la Ley, frente a comunidades como Aragón, Canarias, o la Comunidad Valenciana, cuyo porcentaje de beneficiarios se sitúa separado más de tres décimas de la media estatal. Además, únicamente seis comunidades autónomas aprueban en la escala de valoración de la dependencia elaborada por este organismo.
«Debe de haber un Pacto de Estado concreto que incluya a la Ley de Dependencia» han señalado los ponentes en relación al acuerdo firmado el pasado miércoles entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Para la asociación, las medidas del acuerdo en relación a la dependencia son demasiado genéricas. «El sufrimiento de los dependientes es de tal magnitud que ya no valen sólo las palabras» afirma su presidente quien exige que el primer punto del pacto sea el verdadero cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Fuente: eldiario.es
Cada día es más difícil desvincular el servicio doméstico de la ayuda a domicilio a dependientes
‘La ayuda a domicilio como servicio de proximidad en el contexto social actual’ es el título de la tesis doctoral de Mª Luisa Revuelta, profesora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, en cuyo trabajo de investigación se recoge la situación vigente de los servicios de proximidad y de la ayuda a domicilio que reclaman familiares dependientes.
Este trabajo, dirigido por Susana Rodríguez Escanciano, catedrática de Derecho del Trabajo y S.Social, y calificado de Sobresaliente ‘Cum Laude’ por el tribunal formado por Josefa Cantero Martínez (Universidad de Albacete), Juan Carlos García Quiñones (Universidad Complutense de Madrid) y Mª Jesús Domínguez Pachón (Universidad de León) surgió –como explica su autora- “ante la preocupación que me suscita como Trabajadora Social el hecho de que quienes necesitan ayuda, la puedan recibir en las condiciones más humanas y profesionales posibles. Soy plenamente consciente de que los servicios sociales institucionales, principalmente los centros residenciales, no pueden desaparecer, pero quisiera manifestar mi deseo de que las personas permanezcan el mayor tiempo posible en el que ha sido su medio habitual. De aquí surge la inquietud por los servicios de ayuda a domicilio”.
El estudio desgrana como principales objetivos de este servicio, evitar el internamiento innecesario de personas que con una alternativa adecuada pueden permanecer en su medio habitual, favorecer el desarrollo de sus capacidades personales, atender situaciones de crisis personal o familiar y potenciar las relaciones sociales con su entorno comunitario. En este sentido, Mª Luisa Revuelta destaca que a través de la investigación “las personas manifiestan abiertamente su preferencia por mantenerse en el que ha sido su medio de vida el mayor tiempo posible, pues este hecho les facilita sus relaciones sociales y aporta mayor calidad de vida”.
Pese a estas preferencias el servicio “se ve amenazado por la dificultad de prestarse en el medio rural y por su encarecimiento al comprobar que se trata de personas que necesitan mayor nivel de dependencia”. Esta necesidad de un mayor número de horas de atención concluye que “ya no es posible su consideración como opción más económica que la residencial”. A esto se une el proceso de crisis económica en el que se desarrolla la Ley de Dependencia donde se ha sometido a continuos ajustes y reducciones de horas del servicio “y esto ha repercutido negativamente en las personas dependientes”, concluye Revuelta.
“Habrá mayor presencia de hombres como cuidadores familiares”
La Ley de Atención a las personas en situación de Dependencia contempla que una de las figuras principales que integran el equipo de este servicio asistencial, es el Auxiliar de Ayuda a Domicilio, una persona encargada de realizar en colaboración con la familia, todas las actividades cotidianas que la persona dependiente no puede hacer.
A juicio de María Luisa Revuelta, esta profesionalización y formación “ha sido un gran reto que se ha logrado gracias a la constante exigencia de que las personas tuvieran el correspondiente certificado de profesionalidad”.
Sin embargo, el Servicio de Ayuda a Domicilio amparado por la Ley de Dependencia choca en la actualidad con los denominados servicios domésticos y cuidado de personas, llegando incluso a ser equiparados, “de manera que cada vez se hace más difícil desvincular el servicio doméstico de la ayuda a domicilio, y esto supone un riesgo en las prestaciones de atenciones personales ya que quienes las realizan no cuentan con la cualificación requerida, pero las familias se ven obligadas a ello por el abaratamiento de costes”.
La tesis doctoral alude además a la dificultad de implantar políticas de igualdad en la asistencia a domicilio “pues siempre se atribuye a las mujeres su desempeño, aunque la realidad actual conllevará un cambio en el perfil del cuidador familiar y la incorporación de la mujer al mercado laboral unido a otros factores de diversa índole hacen predecir un cambio de roles y una mayor presencia de hombres”.
Fuente: León Noticias
Una herramienta para la Evaluación de la Atención Centrada en la Persona, ACP
El enfoque centrado en la persona en Gerontología: nuevas evidencias de validez del Cuestionario de Atención Dirigida a la Persona para la Evaluación de Profesionales.
Esta prueba, de origen norteamericano, ha sido adaptada y validada para población española y los resultados obtenidos permiten su utilización tanto en residencias como en centros de día. El estudio de sus propiedades psicométricas en una muestra de residencias españolas acaba de ser publicado en la International Journal of Clinical and Health Psychology.
La atención centrada en la persona es un enfoque innovador que busca mejorar la calidad asistencial de los servicios para personas mayores que precisan cuidados. Ante el creciente interés hacia este enfoque es necesario contar con instrumentos de medida que permitan evaluar en qué grado los servicios gerontológicos llevan a cabo una atención centrada en la persona. El objetivo de este trabajo es la adaptación y validación del Staff Assessment Person-directed Care (PDC) en población española. Se llevó a cabo la traducción y adaptación del PDC al español y se aplicó a una muestra de 1.339 profesionales de atención directa, pertenecientes a 56 residencias para personas mayores. La evaluación se realiza a través de la respuesta de los profesionales de atención directa a un total de 50 ítems. Se obtiene una medida total en ACP, además de puntuaciones en sus 8 factores: autonomía, perspectiva de la persona, conocimiento de la persona, bienestar en los cuidados, relaciones sociales, ambiente personalizado, profesionales de atención directa y organización.
La versión espanola del PDC confirma los resultados encontrados en otras poblaciones, presentando unas excelentes propiedades psicométricas para su uso en la evaluación de residencias de personas mayores, tanto con fines profesionales como de investigación.
La ACP es un enfoque escasamente aplicado hasta ahora en los servicios gerontológicos españoles; sin embargo es un aspecto clave en la calidad asistencial que cuenta con un amplio respaldo internacional tanto en el campo de salud como en el de cuidados a las personas dependientes. Propone una atención que sitúa a las personas mayores en el centro de los servicios, frente a otros intereses u objetivos, apoyando que éstas puedan seguir teniendo control sobre su vida y cuidados cotidianos.
Aurelia Jerez: «Necesitamos un gran Pacto de Estado por la Dependencia para volver a poner en marcha algo que está casi destruido»
Aurelia Jerez tiene un hijo de ocho años, uno menos de los que ha cumplido la Ley de Dependencia en enero. Su pequeño Alberto padece el síndrome de Pitt-Hopkins, una mutación del cromosoma 18 de la que sólo hay cuatro casos en España y 150 en todo el mundo. «No anda, no habla, no tiene control de esfínteres y es prácticamente ciego», confiesa su madre. La lucha en casa es diaria, pero también lo es fuera de ella.
Acaba de asumir la presidencia de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y de la Coordinadora Estatal en sustitución de José Luis Gómez-Ocaña. ¿Qué testigo recoge de su antecesor en el cargo?
Ha dejado el listón muy alto. Fue el creador de la plataforma en Castilla-La Mancha y se ha dejado el alma y la piel en este proyecto. Lo conseguido hasta ahora ha sido, en gran medida, gracias a su esfuerzo. Espero estar a la altura y agradezco al resto de representantes de las plataformas agrupadas en la coordinadora estatal que hayan depositado su confianza en mí para continuar con esta labor.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia está destinada a ser el cuarto pilar del Estado de bienestar pero, a juzgar de algunas situaciones, la realidad es que ha estado cerca de convertirse en un derecho en vías de extinción. ¿En qué punto nos encontramos?
La Ley de Dependencia surgió en un primer momento como un derecho subjetivo hacia las personas más vulnerables que tiene la misma consideración legal que las pensiones de los jubilados, los subsidios de los desempleados y los sueldos de los funcionarios. Desafortunadamente, el Gobierno de Rajoy no lo entendió así y, a unos meses antes de llegar al poder, en el año 2011, ya decía que no era viable. Efectivamente, la acabó haciendo prácticamente inviable. No la derogó, porque le daba vergüenza hacerlo y porque, ante la opinión pública, hubiera quedado bastante mal. Pero ha ido recortando los presupuestos a la espera de que le ley muriera sola. Esperamos en el futuro un Gobierno central con una sensibilidad social distinta para que vuelva a ocupar el lugar que no debió dejar nunca.
De hecho, la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español presentó en agosto una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra Rajoy por incumplir la norma.
Así fue, pero la Fiscalía General del Estado entendió que no había ningún tipo de delito y la echó atrás. Acatamos su decisión, aunque a veces la Justicia no nos parezca justa.
Con tres años de retraso sobre lo previsto, los dependientes moderados se incorporaron al sistema el pasado mes de julio. Y eso ha aumentado de manera considerable la lista de espera. Pero, en el llamado «limbo de la dependencia» sigue habiendo personas cuya situación revista mayor gravedad sin su programa de atención individual (PIA). ¿Tiene solución este atasco?
Tenían que haberlo hecho en enero de 2012. Más de 400.000 personas que han sido valoradas con grado I han entrado a formar parte del sistema de Dependencia en el mes de julio de 2015 con una incorporación más o menos dudosa, según la región en la que viven. Están en el limbo, sin saber que hacer con ellas. Hay muchísimos dependientes grado II (severos) y III (grandes dependientes) que aún no han recibido una prestación económica o un servicio pese a tenerlo reconocido. A todos ellos hay que sumar los 127.000 que durante la pasada legislatura fallecieron esperando. No queremos acusar al Gobierno de haber provocado sus muertes, pero sí es cierto que podrían haberse ido de una manera mucho más digna.
La Consejería de Bienestar Social ha contratados a nueve profesionales (dos valoradores, tres auxiliares administrativos y cuatro técnicos PIA) para engordar la plantilla hasta los 34 trabajadores. ¿Son suficientes?
Es el paso para desatascar las lista de espera, porque la verdadera herencia que nos ha dejado el Gobierno de Cospedal son miles de expedientes sin siquiera mecanizar. El ejecutivo actual lo tiene que solucionar, pero con unos presupuestos tan complicados le va a resultar lento y farragoso. A, pesar de ello, la diferencia con los anteriores, en cuanto a Dependencia se refiere, es abismal. Será de 166,2 millones de euros, 70 más que los 96 millones del presupuesto de 2015. Casi se ha duplicado y eso es una grata noticia.
¿Le parece farragoso el protocolo que se sigue desde la presentación de la solicitud a la concesión de la ayuda?
Uno de los planteamientos que hemos hecho a la Consejería de Bienestar Social es que, ante una enfermedad degenerativa o una gran dependencia, lo primero que hay que hacer es valorar un grado de discapacidad que no tiene nada que ver con el de dependencia. En los casos en los que esa discapacidad genera una clara dependencia, el expediente debería de iniciarse en el mismo momento en el centro base, donde hay médicos, trabajadores sociales, psicólogos…
Están trabajando para devolver los derechos a los dependientes cuyas prestaciones o grados han sido rebajados como consecuencia de una legislación que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declaró nula. ¿Eso le complica aún más al Gobierno de García-Page?
Ese es otro problema. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) declaró nula de pleno derecho la Orden del 29 de julio de 2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos sociales . Y eso le lleva a tener que revisar los miles de expedientes (más de 20.000) que se vieron afectados a la baja.
Los recortes llevaron a un sistema de atenciones low cost, que los dependientes empezaron a denunciar ante una retirada de la prestación económica, que trataban de compensar con un aumento de las horas de asistencia a domicilio. ¿Había informes técnicos que así lo avalaran?
No. Por fortuna, el TSJCM nos dio la razón, porque llevaban años haciendo revisiones de oficio ilegales con el único fin de eliminar derechos al bajarles de grado o reducirles la ayuda, cuando las circunstancias de la mayoría no habían variado ni un ápice.
¿Cuáles son los casos más sangrantes con los que se ha encontrado?
Para mí el más sangrante ha sido el de Jomian Leonel, un niño de 13 años con un grado de minusvalía del cien por ciento para el que el Gobierno de Cospedal no le reconoció el derecho a la prestación económica por ser cuidado en su domicilio. Su madre tenía que justificar el agua que bebía para poder llegar a una ayuda económica de 387 euros. Al final, fue obligada a trabajar a más de cien kilómetros de su hijo, al que no vio ni siquiera morir. A la primera persona a la que llamó fue a mí.
¿Qué recortes ha llegado a sufrir en su caso?
Mi hijo es gran dependiente y tiene una prestación de cuidados en el hogar que, en un primer momento, era de 520 euros. A esa cantidad había que unir mi cotización a la Seguridad Social. Con la llegada al poder del Gobierno del PP, la ayuda se vio reducida en un 15 por ciento, a 442 euros, y dejé de cotizar como tantas otras personas. Ahora la cotización es voluntaria. También se eliminó un acuerdo por el que cotizaban por nosotros 56 euros para darnos derecho a la pensión mínima de jubilación. Ahora si nosotros la queremos pagar son 200. Y el 90 por ciento de los cuidadores pues nos hemos negado (en la provincia había 156 a finales de 2015). Lo que no podemos hacer es coger ese dinero de las prestaciones que recibimos y que van orientadas al pago de pañales, terapias, medicinas…
¿Qué opinión le merece el nuevo Decreto del Catálogo de Prestaciones, Intensidades y Compatibilidad del Sistema de Protección de la Dependencia en Castilla-La Mancha?
Nos hubiera gustado que hubiera profundizado más en la eliminación de incompatibilidades, pero para nosotros es un paso bastante importante porque hasta este momento todas las ayudas eran compatibles entre sí a excepción de la prestación de cuidados en el entorno familiar, con la paradoja de que podías encontrarte un grado un grado III (gran dependiente) que, tras los recortes de Cospedal, tuviera una ayuda económica de 190 euros sin derecho a una prestación vinculada al servicio para poder recibir terapias.
Entonces, ¿hay una buena sintonía con el nuevo Gobierno regional? ¿Cuáles son sus sensaciones?
El primer Consejo de Gobierno que se hizo en Castilla-La Mancha después de las elecciones fue un monográfico de Dependencia al que nos invitaron. Nos hemos sentido arropados desde un primer momento y hemos mantenido varias reuniones con la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra. Presentamos 25 adendas y, aunque algunas no han sido aceptados, el simple hecho de poder sentarte en una mesa y dialogar ha sido un gran avance. En la última reunión, el pasado día 4, nos dijeron que nos van a hacer llegar los datos por provincias, porque el Imserso sólo los ofrece por regiones. Y el 22 nos incluyeron en una reunión del grupo de trabajo de Mayores, Discapacidad y Dependencia.
«Nuestra sociedad aún no se ha dado cuenta de que dependientes vamos a ser el cien por cien de la población», aseguraba recientemente en una entrevista. ¿Por qué cree que aún falta sensibilidad?
Por edad, accidente o enfermedad vamos a ser dependientes todos, a excepción del que tenga una muerte instantánea. La sociedad no lo termina de entender. Ve la dependencia como algo que le pasa siempre al otro y no lo vive en carne propia. Pero eso con el tiempo va a ir cambiando. Falta sensibilidad y sensibilización, porque es una ley muy nueva y no está tan arraigada como puede ser la educación y la sanidad pública y universal. Hacerla llegar a la sociedad son años.
Como presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, ¿qué le pide al nuevo Gobierno central?
Hace unos días hicimos público un comunicado en el que se pedía a los partidos políticos altura de miras para empezar a revertir todos los recortes sociales efectuados en una legislatura que todos tenemos ganas de olvidar. Ha sido un verdadero desastre para las personas en situación de dependencia. Esperamos una mayor equidad entre el Gobierno central, que aporta en estos momentos aporta el 17 por ciento del presupuestos, y las distintas autonomías, que están asfixiadas. Necesitamos un gran Pacto de Estado por la dependencia para acabar con las desigualdades existentes entre regiones. Queremos una cartera de servicios unificada, los mismos criterios para las valoraciones en todas las autonomías y la recuperación de la cotización de los cuidadores familiares, a los que hay que formar. En definitiva, que se vuelva a poner en marcha algo que está casi destruido.
¿Cómo está Castilla-La Mancha con respecto al resto de autonomías de España?
El Gobierno de Cospedal inició la legislatura con un 9,5, mérito del equipo de Barreda. Según el Observatorio de la Dependencia estábamos a la cabeza del país, pero la última nota concedida fue un suspenso. No llegamos ni al cinco. El recorte presupuestario y la aplicación de la Orden del 29 de julio de 2013, que sólo ha traído sufrimiento, la ha dejado por los suelos.
¿Qué metas se ha fijado al frente de las plataformas de la región y del país?
En la región espero que se vayan ampliando progresivamente los presupuestos destinados a servicios sociales, porque hay zonas rurales con muchísimos dependientes. En el conjunto del país mi meta es conseguir un gran Pacto de Estado por la dependencia, en la que todos los partidos y las autonomías se vean implicados para que la dependencia cale en la sociedad como un derecho social y no como una ayuda que cuando hay dinero, se da, y cuando no lo hay, se quita.
Fuente: LaTribunadeCiudadReal.es
El Comité de Empresa denuncia la situación de centros dependientes de Bienestar Social en Cuenca
Los representantes de los trabajadores critican que faltan tres auxiliares en la residencia ‘Las Hoces’ de Cuenca y que es necesario personal en la residencia de mayores de Priego.
Desde el Comité de Empresa de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Cuenca han emitido una nota de prensa para hacer pública la situación que se arrastra en varios centros dependientes de este organismo.
Concretamente en la residencia de Mayores ‘Las Hoces de Cuenca’, en la capital de la provincia, denuncian una sobrecarga en la plantilla de trabajadores debido a la no cobertura de plazas tanto vacantes como en situación de baja laboral.
Según el Comité de Empresa, actualmente existen tres plazas de Auxiliar Sanitario que están sin cubrir, además de otras tantas de personal de limpieza», señalaron. Desde el Comité de Empresa se hizo hincapié en que «estas plazas de Auxiliar Sanitario, según marca el Convenio Colectivo vigente para el personal laboral de la Junta, son de cobertura urgente por el trato directo que se tiene con las personas, en este caso personas con una gran dependencia».
Por otro lado también los representantes del Comité de Empresa denunciaron la grave situación que se vive en el Centro de Mayores de Priego, dependiente igualmente de la administración regional, y que se alarga ya desde hace siete meses.
«Es un centro de trabajo, con el mínimo de personal, dos ordenanzas, dándose la situación que uno lleva de baja laboral ya siete meses, sobrecargando al otro compañero que está activo y a la Dirección del Centro», comentaron; al tiempo que añadieron que «se ha tenido que ajustar el horario del Centro a esta situación, debiendo cerrar dos días en semana por las tardes, por lo que los usuarios se han visto afectados por el cierre del mismo a la hora de realizar sus actividades»
Por último, los representantes legales de los trabajadores en la Dirección provincial de Bienestar Social insistieron en que «no es un tema de reivindicaciones salariales, sino de solucionar cuestiones sencillas, que en el fondo es defender un adecuado servicio a las personas que lo precisan, y en este caso son sobre todo personas mayores». Y confiaron que se resuelvan, lo antes posible, estos problemas cotidianos que se dan en los centros de trabajo dependientes de la administración regional.
Fuente: Vocesdecuenca.es
El plan de atención y vida dentro de la ACP
Teresa Martínez
Nuevo post del blog de *Teresa Martínez experta psicogerontóloga.
Con esta nueva entrada que nos ofrece en su blog “La atención centrada en la persona, un camino por recorrer”, la Dra. Martínez prosigue enriqueciendo el enfoque gerontológico de la atención centrada en la persona.
Comienza así: “El plan individualizado de atención (plan personalizado o de cuidados) es una metodología ampliamente utilizada en los servicios de cuidados de larga duración a personas mayores. Su principal propósito, como su propio nombre indica, es planificar una atención individualizada para las personas usuarias coordinando las actuaciones/intervenciones técnicas.
Cabe destacar que esta metodología se ha convertido en uno de los requisitos de índole organizativo- funcional habitualmente exigidos por las diferentes normativas españolas que regulan la autorización y acreditación de residencias, centros de día o servicios de ayuda en el domicilio”. …….
Lectura completa del post: http://acpgerontologia.blogspot.com.es/
*Psicóloga. Dra. en Ciencias de la Salud y experta en gerontología social. Autora de distintas publicaciones técnicas y científicas relacionadas con la gerontología aplicada y la discapacidad. Entre sus publicaciones en relación a la Atención Centrada en la Persona cabe destacar: La atención gerontología centrada en la persona, guía para profesionales (2011); Avanzar en atención gerontológica centrada en la persona, instrumento para la revisión participativa (2013); Modelo de atención centrada en la persona, cuadernos prácticos (2014), Cuidar, cuidarse y sentirse bien: Guía para personas cuidadoras según el modelo de atención integral centrada en la persona (2015) y Atención centrada en la persona. Sus aportaciones al cuidado de personas con Alzheimer (2015) y de la reciente investigación sobre la Atención Centrada en la Persona en residencias y centros de día españoles. Creadora de la web www.acpgerontologia.com para la difusión de los modelos afines a la ACP.
El Gobierno quiere ocultar información sobre el Sistema de Dependencia, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad quiere ocultar información sobre el Sistema de Atención a la Dependencia con una nueva estadística y pide al nuevo Congreso de los Diputados y a las comunidades autónomas que lo eviten.
Según indica esta organización en un comunicado, el nuevo sistema no incluye información «tan básica» como las altas y bajas que se producen, especificando sus motivos, los tiempos de espera para la resolución de las solicitudes o los datos económicos de financiación del sistema y del copago. «Con ello se oscurece por completo información relevante, impidiendo constatar los efectos de los recortes que se han llevado a cabo en la actual legislatura», alerta.
Para esta asociación, la nueva estructura y contenidos de la Estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con los datos que presentará el ministerio en este mes de febrero, se basa en un acuerdo del año 2014 que aprobó la Comisión Delegada, en la que participan las comunidades autónomas.
Sin embargo, estos directores y gerentes recuerdan que los representantes autonómicos «han cambiado desde mediados del año pasado», y, desde entonces, «el ministerio no cuenta con mayoría en esta comisión» y «se ha limitado a informar por carta» a las comunidades sobre cómo serán publicados los datos correspondientes a este mes.
El Consejo Territorial de la Dependencia, según recuerda, «rechazó» la Evaluación del Sistema de Atención a la Dependencia en 2014 que presentó el ministerio porque «no ofrecía los datos reales» de gestión económica –aportación de las CCAA a través de certificado de gasto– o los datos de bajas en el sistema –solo se publican las altas–, entre otros.
En la nueva propuesta, esta organización asegura que se presenta «prácticamente la misma información» que ya fue rechazada, con nuevos gráficos y «de forma absolutamente sesgada y tendenciosa para presentar una interpretación positiva del balance del Sistema».
