Dependencia
AERTE propone medidas para el desbloqueo de las plazas concertadas de personas mayores
– Entre las medidas se planeta una reunión de urgencia entre todos los agentes del sector para establecer las bases de un nuevo modelo de concertación de plazas. Por otra parte, propone que hasta que se ponga en marcha dicho sistema se permita a las personas dependientes que obtengan una plaza concertada, la libre elección de centro entre todos los acreditados.
– Otra sentencia del TSJCV conocida ayer, también declara ilegal la exclusividad de las plazas concertadas de accesibilidad del segundo tercio y rechaza la responsabilidad patrimonial de la Generalitat por supuesto incumplimiento del contrato
Ante la decisión tomada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana de paralizar los nuevos expedientes de ingreso de usuarios en las plazas que integraban el segundo tercio de accesibilidad social, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), propone una serie de medidas para reconducir la situación actual garantizando al mismo tiempo el máximo respeto por las personas atendidas en los centros y el cumplimiento de los extremos recogidos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) del pasado trece de enero, que declaraba ilegal la exclusividad de las plazas concertadas de accesibilidad del segundo tercio.
Esta decisión de la Conselleria, coincide además con otra sentencia del TSJCV, la número 13-2016 conocida ayer, que reafirma la interpretación de que la exclusividad de plazas sólo afectaba al tercio del contrato original y rechaza la responsabilidad patrimonial de la Generalitat por supuesto incumplimiento del contrato.
Las propuestas son:
- La asociación más representativa del sector de atención a la dependencia propone, como siempre ha defendido desde hace varios años y con el fin de no perjudicar los derechos de los dependientes, que todas las personas que se encuentren en un centro de accesibilidad social, conforme a la derivación de plazas del segundo tercio declarado contrario a derecho, permanezcan en los centros en los que se encuentren en la actualidad.
En los centros de AERTE se ha vivido de primera mano el trastorno y los inconvenientes que supone para una persona mayor que ya se encuentra adaptada al entorno de una residencia el traslado a otra, como ha ocurrido en tantas ocasiones cuando personas han sido enviadas de forma obligada, para no perder el derecho a una plaza pública, a las plazas concertadas irregulares de accesibilidad social, por lo que desea que no se vean afectadas de ninguna manera.
No obstante, en el caso de que una persona que se encuentre en esos centros solicite de manera voluntaria el cambio, este se debería llevar a cabo. Así se podrá poner solución a los casos en los que las personas se han tenido que alejar de su entorno por la que la resolución les obligaba a ello.
- AERTE ha solicitado a la Conselleria que se convoque inmediatamente una reunión de urgencia a las entidades representativas del sector para establecer las bases de un nuevo proceso de concertación que regularice esta situación y permita poner al servicio de la Ley de Dependencia todos los centros acreditados para ello en la Comunidad Valenciana, donde sea el usuario el que decida en qué centro quiere ser atendido.
- Además, AERTE propone que hasta que se ponga en marcha dicho proceso, y mediante el procedimiento de urgencia, se permita a los dependientes que obtengan una plaza concertada, la libre elección de la misma entre todos los centros acreditados en dependencia para evitar que alguna persona que lo necesite no sea atendida lo que provocaría el colapso del sistema y la desatención de las personas.
- Por otra parte, AERTE desea que se aclare cómo se van a solucionar los expedientes que estén pendientes de resolución y que ya no podrían ser atendidos en residencias de accesibilidad en base al segundo tercio. No tendría mucho sentido respetar la situación de una persona que se encuentra en un centro de accesibilidad, y si permitir el traslado de las personas que están esperando la concesión de una plaza pública en otra residencia, con el consiguiente trastorno y molestias al usuario. Hoy en día, casi todas las personas pendientes de la resolución para ingresar en una plaza pública o concertada están siendo atendidas, y se encuentran perfectamente integradas, en alguna de las residencias que forman parte de la red de centros acreditados por la propia Conselleria. En esos casos, la resolución debería permitir que permaneciese en el centro en el que ya estuviera siendo atendido.
El Sistema de Atención a las personas en Situación de Dependencia se encuentra en un estado «preocupante» y de «incertidumbre»
El Sistema de Atención a las personas en Situación de Dependencia se encuentra en un estado «preocupante» y de «incertidumbre» debido a la falta de recursos y los recortes por la crisis económica, las largas listas de espera o la desigual aplicación de la ley en las distintas comunidades autónomas, entre otras causas, según el primer informe del Observatorio anual del Sistema de Atención a la Dependencia, publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
El trabajo de Sergi Jiménez-Martín y Cristina Vilaplana de la Universidad Pompeu Fabra y la de Murcia, respectivamente, señala que el Sistema de Dependencia fue «una buena idea» pero «pésimamente implantada», en especial tras los decretos de recortes aprobados por el Gobierno en 2012 y 2013. Asimismo, asevera que aunque el sistema haya crecido en un periodo corto, España sigue por debajo de la media de los países de la OCDE en el porcentaje de personas mayores de 65 años atendidas.
Los autores del documento ven «debilidades» más destacadas la brecha desigual entre personas con derecho a prestación y las que sí la reciben entre las comunidades autónomas; la composición de las prestaciones y el mayor peso otorgado al cuidado en el entorno familiar; el creciente copago de los beneficiariso; o la incertidumbre los gestores directos del sistema que no saben con qué recursos cuentan y que condiciona la oferta de servicios.
También alertan del «estancamiento» del empleo y la caída de los salarios en el sector desde 2010; el incremento «alarmante» del ‘limbo de la dependencia’ tras la incorporación de los dependientes moderados en julio de 2015; y las carencias del sistema de evaluación y de valoración del SAAD por parte de los ciudadanos.
Uno de los aspectos «más preocupantes» de la dependencia en España es, según el estudio, la «gran disparidad» regional en todos los indicadores de cobertura del sistema. Así, en términos de personas con derecho a prestación como de personas con prestación, a finales de 2014, en Murcia, Andalucía y Cantabria la cobertura teórica se situaba entre el 14 y 18 por ciento, el doble que la Comunidad Valenciana, Asturias y Navarra, entre el 6 y 7,8 por cient.
Además, indica que la probabilidad de acceder al SAAD es de más del doble en unas regiones que en otras, algo que para los responsables del informe es «inaceptable» y evidencia que el sistema de financiación y valoración de la dependencia «no está bien resuelto».
EL LIMBO DE LA DEPENDENCIA
En cuanto a la lista de espera para recibir la prestación quienes tienen derecho a ella, el estudio apunta que a finales de 2015, a nivel nacional, un 1,7% de las personas de 65 años o más se encontraba a la espera de recibir las prestaciones y a nivel autonómico hay «importantes diferencias» de cobertura.
En Murcia este dato se eleva al 5,5%, seguida de Andalucía (3,7%), Aragón (2,5%), Galicia (2,3%), Cantabria (2,1%) y Castilla La Mancha (2%), que superan la media nacional. Otras como Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, País Vasco y La Rioja la proporción de personas de 65 años o más que están a la espera de recibir prestaciones se sitúa cerca de la media nacional, entre el 1,5% y el 1%; Canarias, Navarra, Madrid, Ceuta y Melilla y Asturias, dicha proporción se sitúa entre 0,5% y 0,8%; y Castilla y León no llega al 0,1%.
Sobre la financiación el sistema y cómo se materializan los copagos, los autores apuntan a que éste se determinaba en algunas comunidades en función de la capacidad económica del beneficiario mientras en otras se opta por combinar información sobre renta y patrimonio, «lo que ha dado lugar, ante la ausencia de un marco legal común, a una pléyade de regímenes de copago».
Por otra parte, advierten de que las reducciones del importe mínimo acordado introducidas a partir de 2012 han impactado sobre la cuantía de las prestaciones y la contribución de los individuos al pago de los servicios, «haciéndolos prácticamente insostenibles».
De cara al futuro, y con el objetivo de que se sostenga el Sistema de Dependencia, Jiménez-Martín y Vilaplana apuntan que será necesario inyectar más recursos al sistema para poder ofrecer una cobertura razonable, así como diversificar las fuentes de financiación –pública vía impuestos y contribuciones que garanticen un mínimo de atención para todos los ciudadanos y fórmulas de aseguramiento privado complementario–.
Fuente: Europapress.
Camon Consulting Group presentó su proyecto “Donantes de Vida” a la XIII edición de los Premios ACRA
Dirigido y desarrollado por Raquel Calatayud, socia directora de Camon Consulting Group, el proyecto “Donantes de Vida” desarrolla, desde un punto de vista muy pragmático, una serie de herramientas para la implantación del modelo de Atención Centrada en la Persona, ACP.
El modelo es un conjunto de herramientas, validadas desde su actual aplicación en diferentes centros y servicios, y que colaboran a la aplicación efectiva de un modelo de atención más humanista, partiendo del respeto a la singularidad y unicidad de la persona.
Como punto de partida el modelo se sustenta en unas premisas básicas. La atención centrada en la persona debe ser una nueva mirada a la persona usuaria. Verla sobre todo como un ser humano, que, cuando accede a nuestros servicios dispone de una experiencia vital, una historia de vida, y también un estilo de vida. No podemos partir de la «etiqueta» de la patología que la hace dependiente y por tanto usuario de nuestros servicios.
Todas las personas disponen de un proyecto de vida, bajo esta filosofía de atención, debemos trabajar de forma individualizada para conocerlo y contribuir entre todas las personas usuarias de nuestros servicios a llevarlo a cabo.
La atención centrada en la persona, no es más que un cambio de perspectiva: no son las personas las que deben adaptarse a los centros y servicios sino que desde los centros, servicios y también la Administración Pública, nos debemos adaptarse para respetar la individualidad y singularidad de cada persona usuaria.
La atención centrada en la persona no la entendemos como una moda o tendencia, sino como un camino sin retorno para adaptarnos a la realidad sociológica de los actuales usuarios y sus familias.
Uno de los ejes del modelo son las “huellas de vida”. Las huellas de vida son un instrumento para conocer mejor a la persona como ser integral y humano, tratando de conocer aquellos rasgos más significativos de su historia y estilo de vida. El documento de huellas de vida es una herramienta viva, de continuidad, y que se aconseja iniciar desde el momento en que la persona ingresa en un centro o servicio y que está vivo hasta que se produce la despedida de la persona.
El modelo responde a la necesidad de desarrollar de forma pragmática, eficaz, eficiente, y sobre todo, adaptada a la realidad de los centros y servicios de atención a personas en situación de dependencia, las bases de la filosofía de la atención centrada en la persona.
Este modelo comenzó a ser diseñado en Septiembre 2013, como un paquete de herramientas en proceso de mejora continua. Actualmente, es una realidad que está siendo utilizada de forma integrada en centros y servicios de diferentes características.
Para más información sobre el modelo: www.camonconsulting.es
Mónica Oltra plantea un proceso participativo del sector para una nueva aplicación del sistema de dependencia
La consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha planteado hoy la puesta en marcha de un proceso participativo para la nueva aplicación del sistema de dependencia para «dar un mayor protagonismo al movimiento asociativo de este sector».
Oltra propone «que además de hacer sus aportaciones en este ámbito» los participantes puedan «intervenir en la evaluación del mismo», y destaca que se ha elaborado un presupuesto en un «tiempo récord» con la mirada puesta en «rescatar personas».
La vicepresidenta y consellera se ha dirigido así a los representantes de la Coordinadora de Discapacitados y Dependientes y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la Comunidad Valenciana (Cermi CV).
Se reunido hoy con estos colectivos para explicarles el presupuesto de su Conselleria para 2016, que en el apartado destinado a la nueva aplicación del modelo de dependencia ha crecido un 60,21 por ciento respecto al pasado ejercicio.
En los presupuestos, el departamento que dirige Mónica Oltra ha previsto una partida de 57,1 millones para paliar los efectos de la aportación suplementaria en centros de día y residencias.
Este presupuesto, que según les ha explicado, se ha hecho en un «tiempo récord de dos meses», pretende ser el punto de partida de una política para «rescatar personas».
También destaca que tiene como una de sus mayores prioridades «incluir» a lo largo de los tres próximos años a todas las personas en situación de dependencia en el sistema «afrontando el tapón de 45.000 personas que heredamos del gobierno antiguo».
La consellera ha explicado que en los últimos 20 años «no sólo se había gestionado desde unas prioridades que no eran las adecuadas, sino que no se hacía bien porque no se coordinaba nada».
La vicepresidenta ha recordado la situación de infrafinanciación por parte del Estado y ha explicado que esto llevado a que entre las primeras acciones de la Conselleria se dé prioridad a aquellas situaciones «urgentes» como incluir en el sistema de la dependencia a quienes el anterior Consell «había dejado fuera del sistema».
Otro de los puntos que ha centrado el encuentro ha sido el proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera (conocida como ley de acompañamiento), a través del cual la Conselleria ha eliminado completamente la aportación suplementaria de los usuarios en centros de día.
Con el cambio normativo introducido en la ley de acompañamiento se ha «encontrado un equilibrio para dar un buen servicio y ayudar a la gente que ha tenido que abandonar los servicios por ese copago confiscatorio que impuso el gobierno antiguo», según la Conselleria.
Fuente: La Vanguardia
Evaluar los servicios desde la ACP Atención Centrada en la Persona
Teresa Martínez Rodríguez* ha publicado una nueva entrada en su Blog titulada: “Evaluar los servicios desde la Atención Centrada en la Persona”
Donde comienza comentando que, «hoy día, casi nadie pone en duda la importancia de evaluar los servicios gerontológicos. Evaluar y asegurar su calidad son objetivos que han ido cobrando importancia tanto desde la responsabilidad del buen hacer institucional, empresarial y profesional como por la obligación inherente a las administraciones públicas de garantizar unos mínimos de calidad asistencial. Evaluar permite conocer, mejorar, documentar y reforzar los logros, así como detectar áreas de mejora»…… “Ver íntegramente el Post: https://acpgerontologia.blogspot.com.es
*Psicóloga. Dra. en Ciencias de la Salud y experta en gerontología social. Autora de distintas publicaciones técnicas y científicas relacionadas con la gerontología aplicada y la discapacidad. Entre sus publicaciones en relación a la Atención Centrada en la Persona cabe destacar: La atención gerontología centrada en la persona, guía para profesionales (2011); Avanzar en atención gerontológica centrada en la persona, instrumento para la revisión participativa (2013); Modelo de atención centrada en la persona, cuadernos prácticos (2014), Cuidar, cuidarse y sentirse bien: Guía para personas cuidadoras según el modelo de atención integral centrada en la persona (2015) y Atención centrada en la persona. Sus aportaciones al cuidado de personas con Alzheimer (2015) y de la reciente investigación sobre la Atención Centrada en la Persona en residencias y centros de día españoles. Creadora de la web www.acpgerontologia.com para la difusión de los modelos afines a la ACP.
Jornada Imserso «Presente y Futuro de la Ley de Dependencia»
El próximo día 4 de noviembre el Imserso celebrará la Jornada «Presente y Futuro de la Ley de Dependencia».
En esta Jornada, que forma parte del Plan de Formación Especializada 2015 del Imserso, se expondrá la situación actual del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, los resultados de las medidas adoptadas para su mejora, así como las previsiones de su evolución futura.
La asistencia a esta Jornada, que se celebrará en los Servicios Centrales del Imserso, Avda de la Ilustración c/v Ginzo de Limia 58, es gratuita y la inscripción se llevará a cabo por riguroso orden de inscripción hasta completar el aforo.
La inscripción puede realizarse a través de la web del Imserso:
http://www.imserso.es/imserso_01/innovacion_y_apoyo_tecnico/formacion_especializada/index.htm
Consideramos que el contenido de esta acción formativa resultará de gran interés para todos los relacionados con la atención a personas en situación de dependencia, directivos públicos, responsables de gestión y estudiosos de la materia.
Granada tiene 2.000 mayores en residencias públicas y otros 2.000 dependientes severos sin atender
Granada tiene 2.000 mayores en residencias públicas y otros 2.000 dependientes severos sin atender y susceptibles de necesitar una plaza, pero la Junta dice no poder ofrecer más camas, aunque aún le quedan 200 por ocupar.
La familia de una anciana granadina con una dependencia severa pidió una plaza en una residencia pública porque ya no podía cuidar de la enferma en casa. Pasó más de un año hasta que llegó la respuesta -en este caso afirmativa- de la administración, pero para entonces la viejecita llevaba tres meses enterrada. «Hace una semana entró en una residencia concertada de la provincia -gracias a nuestra mediación- otra abuela que llevaba casi un año a la espera de una cama residencial», explica Manuel Martín, Defensor del Ciudadano, acostumbrado a que le lleguen quejas por la tardanza de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en resolver estos expedientes.
Manuel Martín y el resto del sector vinculado a la geriatría saben que hoy día las plazas en las residencias públicas -y concertadas- de Andalucía están totalmente dedicadas a la Ley de la Dependencia. Es casi imposible que un anciano con autonomía pueda ocupar una cama en un centro financiado con dinero público. La consejera del ramo, María José Sánchez Rubio, explicó -el pasado jueves- en comisión parlamentaria que la atención residencial «es el último recurso para la Consejería». Por delante de él, para la Junta, están las ayudas a domicilio, unidades de día, cuidados en el hogar…
La administración quiere fomentar el envejecimiento activo y las vidas independientes de los mayores y eso está bien. El problema es que -según los afectados- la Junta tiene sin resolver demasiados casos de personas que no se pueden valer por sí mismas y cuyas familias buscan un recurso residencial donde dejarlas sin tener que hipotecar todos sus ahorros, en caso de tenerlos. El coste de una plaza en los centros públicos es dispar, pero generalmente los que logran entrar aportan el 75% de su pensión o de sus ingresos mensuales.
Según denuncian el Defensor del Ciudadano de Granada, el Defensor del Pueblo Andaluz y las familias, a un centro público -el recurso más barato- se llega por un camino demasiado largo para quienes viven en una cama o padecen alzhéimer. Muchos demandantes no tienen fuerzas para completar el trayecto y se quedan en el intento. Muchas familias -las que pueden pagarlo- escapan por la tangente y abonan como pueden las mensualidades de un centro privado, que ronda como mínimo los 1.500 euros al mes.
Tal panorama se traduce en convivencias familiares con ancianos impedidos y donde son comunes los problemas para conciliar el cuidado con la vida laboral. Eso en el mejor de los supuestos, ya que también se amontonan los expedientes donde el cuidador principal cae enfermo y necesita una atención sobrevenida. El Defensor del Pueblo Andaluz se ha hecho eco, por ejemplo, del caso de un hombre con alzhéimer, asistido por su mujer, con quien se tardó más de dos años sólo para cambiarle la paga para cuidados en el entorno familiar y la teleasistencia por una plaza en una residencia. El estado de salud de la mujer se resintió, no podía ejercer de cuidadora y hasta se murió antes de que su marido entrase en la residencia. Los hijos se vieron obligados a pagar una plaza privada ante las demoras de la Junta y en la búsqueda de una cama asumible para su ajustada economía terminaron mandando al anciano a un centro lejos de su pueblo.
Casos de ancianas dependientes de 90 años que solicitaron en verano de 2012 una plaza en una residencia y que ingresaron en la misma en diciembre de 2014 también se han dado. Esos plazos maneja la administración, que aclara que en Granada, el pasado verano, había 19.425 personas en situación de dependencia que se beneficiaban de 25.862 prestaciones, principalmente servicios de proximidad como la ayuda a domicilio y centros de día. «En atención residencial, la provincia de Granada cuenta con más de 2.665 plazas concertadas, tanto para personas mayores ( 2.056) como personas con discapacidad», apostilla la administración.
Según un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el total de camas en la provincia -públicas más privadas- son 4.450, de lo que resulta que el 64% del parque total es estrictamente privado. La Junta colabora en el pago de una pequeña parte de algunas plazas de los dependientes ingresados en los centros privados con acreditación.
200 plazas vacías
Según los datos proporcionados por la diputada popular Ana Vanessa García, vicesecretaria de Igualdad y Políticas Sociales del PP andaluz, el número de plazas concertadas, pero vacías, en la provincia de Granada ronda aproximadamente las 200. «La Junta se está ahorrando al año no ocupando todas las camas 2,3 millones. Mantenerlas sin usar les sale más barato. Una plaza bien empleada le cuesta a la administración dinero todos los meses puesto que el usuario no puede pagar más del 75% de su pensión al mes», denuncia la popular.
La amortización de camas -según Ana Vanessa García- va a desembocar en la privatización total de residencias puesto que los centros concertados deben tener un personal y unos servicios determinados en función de las plazas que oferten, estén ocupadas o no. «Si la Junta no ocupa las plazas y tampoco las paga, se hace insostenible mantener al personal y al resto de servicios», describe la parlamentaria.
Lo que narra Ana Vanessa García ocurre también en las unidades de estancia diurna. Según ha consultado IDEAL, los centros privados son reticentes a concertar sus plazas de día con la Junta porque «luego la administración las deja sin usar o tarda mucho en reemplazar a los usuarios». «Pero el personal hay que pagarlo todos los meses, son muchos trabajadores», se queja un empresario del sector que prefiere omitir su nombre.
Pese a todo, en el mundo de las residencias privadas hay quien opina que las cosas están siendo gestionadas aceptablemente bien por la Junta. Es el caso de A., directora de una residencia privada de mayores de algo más de 80 plazas y de una unidad de estancia diurna -con capacidad para 30 usuarios- de gran categoría en plena capital granadina. El geriátrico -con todas las plazas completas- cuenta con amplios jardines, fuentes, luminosas habitaciones… y cuesta desde 1.800 a 2.500 euros al mes, en función de que el anciano sea independiente o precise asistencia total.
«Nosotros no estamos muy al tanto de las listas de espera porque nuestros usuarios no se plantean recursos públicos previamente. Vienen aquí directamente, digamos que son de clase alta. Sí es cierto que algunos beneficiarios de la Ley de Dependencia reciben una ayuda económica de la Junta para pagar una parte mínima de la plaza, ya que somos un centro acreditado. Actualmente la administración les puede dar alrededor de 300 euros al mes, cuando antes llegaba a los 700 u 800 euros», explica la directora de la residencia, quien reconoce que la Junta les ha pedido concertar plazas y ellos se han negado. No les sale rentable porque saben que tienen el público garantizado.
A. añade que su centro lleva 11 años abierto y que hubo una época en la que se dieron ayudas públicas a familias que «no las necesitaban tanto». La diferencia tan abismal que existe en lo que se refiere al coste de una plaza en este tipo de establecimientos tampoco ayuda a hacer los cálculos. En las residencias totalmente privadas, la cantidad se puede incrementar hasta los 3.000 euros cuando se trata de lugares en los que impera el lujo. En el extremo opuesto, en algunos centros de beneficencia, basta con que el anciano pague el 75% de su pensión para ser atendido, aunque esa paguita apenas llegue a unos pocos cientos de euros.
La brecha sigue abierta. El Defensor del Pueblo Andaluz ha hecho hincapié en su memoria de 2014 -presentada hace unos días en sede parlamentaria- en que se siguen produciendo incidencias por la insuficiencia de plazas residenciales y/o de centros destinados a dependientes adultos con necesidades específicas por su discapacidad, como son las personas gravemente afectadas, bien por psicodeficiencias o por discapacidad intelectual grave, así como quienes presentan situaciones de parálisis cerebral o discapacidad física motora.
Fuente: http://www.ideal.es/
Castilla y León apuesta por el envejecimiento activo
Alicia García ha reiterado en su visita al centro de día para personas mayores Ávila II la prioridad que supone para la Junta de Castilla y León el compromiso con las personas mayores y ha señalado que la prevención, la detección precoz de la dependencia y la promoción de la autonomía personal son los pilares de actuación de la Consejería. Todo ello para que las personas mayores puedan disfrutar de una vida más saludable e independiente, envejecer de forma activa y añadir vida a los años, no sólo años a la vida.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado que Castilla y León fue pionera en España en la implantación de programas dirigidos a la promoción del envejecimiento activo, programas desarrollados a través de la colaboración de la Junta, ayuntamientos y diputaciones y entidades privadas. Programas como los que se desarrollan en los centros de día, como el centro Ávila II, y que pretenden potenciar hábitos y estilos de vida saludables, adquirir competencias que promuevan la autonomía e independencia en la vida diaria, el desarrollo personal y la participación activa y solidaria.
García ha desgranado algunos de los datos de los programas de envejecimiento activo que se desarrollan en Castilla y León, entre los que se encuentran los casi 310.000 socios del ‘Club de los 60’, con un incremento del 88 % de personas respecto a 2007 (22.592 socios en Ávila); 28.830 plazas de viajes a 30 destinos nacionales e internacionales en 2015, un 6,6 % respecto a 2014 (1.759 plazas en Ávila), este año con un viaje especial sobre las huellas de Santa Teresa en Castilla y León, que llevará a más de 250 mayores a Ávila; más de 3.500 plazas en el programa de termalismo; 4.309 personas mayores matriculadas en el Programa Interuniversitario de la Experiencia; 5.773 personas en los programas de convivencia intergeneracional o 44 experiencias de alojamientos compartidos.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha reiterado el compromiso de seguir avanzando por las personas mayores y las personas dependientes y ha recordado que la Consejería está trabajando para poner en marcha una Estrategia de prevención de la dependencia para personas mayores y promoción del envejecimiento activo. Será una estrategia integral, desde una perspectiva global, que integrará todos los programas que ya se desarrollan y otros nuevos para mejorar la calidad de vida de los mayores, y que tendrá especial atención con la situación del medio rural.
AERTE se pone a disposición del gobierno valenciano para colaborar en la atención a refugiados en situación de dependencia
Lanza el programa AYUDAERTE para colaborar y proponer soluciones para las personas dependientes afectadas por esta grave crisis humanitaria.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) se ha puesto a disposición del Gobierno valenciano, a través de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, para ayudar, en la medida de lo posible, en la atención a refugiados en situación de dependencia procedentes de países en conflicto.
Para ello, AERTE ha puesto en marcha la iniciativa AYUDAERTE para recabar entre todas las entidades asociadas (cerca de 200) las posibilidades de colaboración que puedan aportar en función de las circunstancias de cada residencia y recurso.
Además, dentro de esta iniciativa, ha puesto en marcha una campaña de recogida de alimentos y material higiénico en cada uno de los centros para destinarlo a las entidades que atiendan a estos colectivos.
José María Toro, director general de AERTE, “entendemos que Europa, España y la Comunidad Valenciana deben dar una respuesta rápida y eficaz para acoger a ese gran número de refugiados. Todos tenemos la responsabilidad de colaborar en función de nuestras posibilidades. La empresas que trabajamos en el sector sabemos que realizamos una función social muy importante, cuidar a las personas, y esta es otra oportunidad de volver a demostrar nuestro compromiso con la sociedad.”
Toro ha apuntado además “el colectivo de personas mayores con el que trabajamos, entre otros en situación de dependencia, es ya muy sensible en condiciones sociales normales, por lo que entendemos las dificultades que encuentran estas personas en la situación que tienen que afrontar actualmente. Por todo ello, AERTE ha decidido poner en marcha estas actuaciones con la esperanza de que esta iniciativa sea verdaderamente eficaz y ayude a paliar el sufrimiento que están padeciendo todas estas personas”.
Aragón ‘suspende’ en ley de dependencia con la mayor tasa de desatención a los afectados
El Observatorio de la Dependencia ha vuelto a suspender a Aragón con un 3,8 -cinco décimas por encima del año pasado- en el cumplimiento de la ley de dependencia y advierte de que la situación en esta comunidad es «tremendamente preocupante» porque no presenta ningún indicador en positivo.
El observatorio ha analizado la evolución de los datos básicos de gestión de la dependencia, contando como intervalo entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de este año, y considera que en Aragón es especialmente grave la tasa de desatención, del 30,9 por ciento de los dependientes con derecho a prestación, la más alta de España.
Además, alerta de que la tasa de desatención se va a elevar aún más, hasta el 47 por ciento, con la incorporación de los dependientes moderados a 1 de julio.
Según los datos proporcionados por el observatorio, el número de dependientes atendidos en Aragón ha descendido en un año un 6,45 por ciento, al pasar de 17.826 a 16.677, y el de personas con derecho a prestación también ha bajado, el 5,39 por ciento, de 25.496 a 24.122, lo que supone que el 30,9 por ciento de las personas con derecho a prestación no estén atendidas.
Asimismo, ha descendido el número de personas valoradas, un 9,01 por ciento (de 42.408 a 38.588) y el de solicitudes, un 3,83 por ciento (de 44.304 a 42.609), así como el de servicios entregados (un 1,03 %, de 8.151 a 8.067) y las prestaciones por cuidado de un familiar (un 10,59 %, de 9.683 a 8.658).
El observatorio destaca además que el gasto público por habitante en Aragón si sitúa en 83,52 euros, por debajo de la media de España, de 104,49 euros.
Los Presupuestos para el 2016 «abandonan» a 455.000 dependientes en lista de espera
El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha alertado de que los Presupuestos Generales del Estado para 2016 «abandonan» a 445.000 personas dependientes que están en la lista de espera pues considera que para atenderles no es suficiente el incremento de 75 millones que recoge el proyecto de PGE.
El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha asegurado que la organización está estudiando presentar un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional (AN) para forzar al Gobierno a aportar los recursos necesarios para «cumplir la Ley de Dependencia«, particularmente en lo referente a la atención a los dependientes moderados.
Según ha explicado, en el marco de la presentación del XV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, la organización está en proceso de «buscar sinergias y alianzas» con otras entidades y con abogados con el fin de «plantear una acción colectiva» para reclamar el cumplimiento de la ley según los plazos de implantación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), según los cual, a partir del 1 de enero de 2016 deberían estar atendidos tanto los dependientes graves como los moderados con derecho reconocido.
Ramírez ha indicado que «por benevolencia» no se planteará la demanda hasta enero del año que viene, pero ha asegurado que, con los actuales presupuestos y con los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo ha presentado este martes para 2016, los recursos «no dan» para atender a los dependientes que tienen derecho a ello.
Así, ha criticado particularmente las aportaciones del Estado al SAAD debido a que, a su juicio, suponen el «incumplimiento» por parte del Gobierno de la obligación legal de cofinanciar el sistema en igual proporción a las administraciones autonómicas.
En este sentido, ha recordado que desde el pasado 1 de julio ha entrado en vigor el derecho de las personas en situación reconocida de dependencia moderada a recibir prestaciones y cifra el número de dependientes de este tipo que se han incorporado al sistema en 314.570.
En total, sumando las 130.694 personas dependientes con derecho pero desatendidas a las que se han incorporado desde el pasado mes de julio, el número de personas en esta situación se sitúa en una cifra cercana a las 445.000 personas.
Para la asociación, cumplir con el derecho de todas estas personas a recibir prestación exigiría una aportación total (entre el Estado y las comunidades autónomas) de 3.100 millones de euros. Sin embargo, denuncia que la cantidad destinada por el Estado para estas prestaciones es de370 millones de euros, un 12% del total necesario.
Según ha explicado Ramírez, el actual nivel de financiación supone una «asfixia financiera» para las comunidades autónomas que «se ven obligadas» a compensar la falta de aportaciones por parte del Estado, lo que a su vez da lugar a «desigualdades» en el desarrollo del SAAD según la comunidad autónoma. De hecho, ha asegurado que en algunas regiones la aportación de los usuarios (debido al copago) al sistema «prácticamente iguala» a la del Estado.
LOS NUEVOS GOBIERNOS NO PODRÁN MEJORARLO
En la actualidad, la media de aportación se sitúa en un 78% por parte de las administraciones autonómicas y en un 22% por parte del Estado, según ha explicado.
«Si al ataque económico que se produce a las arcas de las comunidades autónomas se le añade la obligación de cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, podemos entender que las comunidades autónomas no pueden soplar y sorber a la vez«. ha manifestado.
De este modo, ha subrayado que la aportación de las administraciones regionales al sistema supone ya «un quebramiento económico» al que ahora se añade la obligatoriedad de atender a los dependientes moderados, por lo que se ha mostrado convencido de que, para los nuevos gobiernos autonómicos, «por mucho que busquen la eficiencia, el presupuesto para el año que viene no da» lo necesario para responder a las obligaciones legales.
En este sentido, ha calificado de «fraude» el incremento presupuestario anunciado por el Gobierno este martes para 2016 y que finalmente se quedará en 70 millones de euros, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Ramírez ha asegurado que, a ese ritmo de incremento, «se tardaría 25 años en llegar a atender a todas las personas con derecho a prestaciones» y ha acusado al Ejecutivo de «haber hecho una canallada al levantar expectativas».
De hecho, asegura que, incluso Castilla y León, que hasta ahora tenía una lista de espera del 0.8%, con el actual marco presupuestario y la incorporación de los dependientes moderados al sistema (que añade al sistema en torno a 20.000 personas con derecho a recibir prestaciones en esta comunidad) no va a poder hacer frente a la obligación de cumplir la ley.
37% DE DEPENDIENTES SIN ATENDER
En cuanto al informe presentado hoy, señala que en España hay un total de 1.191.406 personas dependientes con derecho reconocido a recibir prestaciones, de las cuales en torno a 750.000 reciben prestaciones, y, a fecha del pasado 30 de junio, 75.646 personas están a la espera de valoración. Así, cifra en un 37% el porcentaje de personas que, pese a tener reconocido su derecho, no reciben prestación de ningún tipo.
Además, señala que, pese a que se ha reducido la lista de espera para recibir prestaciones en un total de 175.000 personas, ello «no se debe a un incremento en el número de personas atendidas» sino al fallecimiento tanto de personas en lista de espera como personas que estaban recibiendo prestaciones.
Según ha asegurado Ramírez, la media de edad de las personas con derecho a prestaciones por dependencia supera los ochenta años y la lista de espera para comenzar a recibir prestaciones es de en torno a dos años.
Asimismo, ha indicado que, de acuerdo con los datos que aporta el informe, se ha reducido en 68.424 el número de expedientes de tramitación de valoraciones de personas que solicitan el reconocimiento de un nivel de dependencia de grado III (gran dependencia) y en 27.400 el número de personas que solicitan un nivel II, respecto a junio de 2012.
«El procedimiento (solicitud, valoración, resolución PIA y acceso real a servicios o prestaciones) sigue siendo lento, farragoso, ineficaz y una auténtica tortura para las familias», denuncia la organización.
Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que se incrementará «notablemente» la partida destinada a la atención a la dependencia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que se incrementará «notablemente» la partida destinada a la atención a la dependencia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, que serán presentados este martes por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
En rueda de prensa en Moncloa, Sáenz de Santamaría ha indicado que uno de los pilares sobre los que se fundamentan los Presupuestos que se presentarán este martes es el afianzamiento del Estado del Bienestar, de forma que «más del 53 por ciento del gasto de los presupuestos es gasto social».
Concretamente, ha precisado que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, «a diferencia de otros, verá incrementado el volumen de sus cuentas en un 5,3 por ciento» lo que le permitirá «incrementar alguna de sus partidas notablemente como la de la dependencia».
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya anunció el pasado viernes que habría un aumento «significativo» de fondos para la atención a las personas en situación de dependencia.
«Sí que habrá una subida importante en I+D y una subida significativa en los temas de atención a la dependencia», indicó el líder del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, que comienzan ahora su tramitación parlamentaria.
Rajoy, que no quiso concretar ninguna partida alegando que las presentará este martes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en el Congreso de los Diputados, indicó que el aumento de los fondos para dependencia «ayudan a los temas de familia».
El año pasado, el 60% del dinero destinado a acción social, 1.177 millones, fueron para Dependencia. De ellos, 1.087 millones, la misma cuantía que el año anterior, constituían el nivel mínimo de financiación (la aportación del Estado al sistema); y 5 millones eran para apoyar el desarrollo de infraestructuras. El nivel acordado (cantidad que se transfiere a las comunidades), eliminado hace dos años, siguió sin dotación en 2015.
Oltra paga la deuda a los dependientes y anuncia un cambio de sistema
La Generalitat valenciana ha pagado los retrasos que debía a los dependientes y establecerá un nuevo sistema para agilizar la incorporación al sistema de protección creado por la Ley de Dependencia, ha anunciado este miércoles la vicepresidenta y consejera de Bienestar Social, Mònica Oltra.
Los pagos se harán efectivos entre hoy y mañana y a partir de julio se harán «a mes vencido», y no con 60 días de demora como hasta ahora.
El Consell ha abonado en total 36,1 millones de euros por conceptos que incluyen también el pago de retrasos en la renta garantizada de ciudadanía, los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género, familias de acogida y otros colectivos especialmente «vulnerables». Atenderlos preferentemente fue «el primer punto del Acuerdo del Botànico», el pacto que llevó a la formación del actual Gobierno valenciano ha recordado Oltra.
La vicepresidenta ha reconocido que la Generalitat está lejos de aplicar adecuadamente la Ley de Dependencia. Hasta 33.0000 están a la espera de que se valore su grado de discapacidad o, tras haber pasado ese examen, aguardan que se firme la resolución que les permita empezar a cobrar la ayuda. El Observatorio de la Dependencia ha valorado en los últimos años la política de la Generalitat al respecto con «entre cero y dos puntos» sobre 10, ha indicado Oltra, que ha calificado de «muy mala» la gestión realizada por los anteriores Ejecutivos valencianos.
La consejera ha afirmado que parte de los problemas en la aplicación de la ley se deben a que solo hay «14 valoradores» en la comunidad autónoma para atender miles de demandas. Y ha indicado que la Generalitat adoptará el sistema de Castilla-León, en el que son los servicios sociales municipales los que examinan el estado de los dependientes, lo que permite agilizar las valoraciones.
A Oltra se le ha preguntado cómo ha conseguido los 36,1 millones el Consell, que está reclamando un nuevo modelo de financiación al Gobierno con la advertencia de que no puede afrontar los gastos regulares. «No hemos atracado ningún banco», ha contestado Oltra, «antes la prioridad era desviar fondos públicos a determinados intereses de empresas particulares de personas muy vinculadas al Gobierno, y nosotros hemos reordenado lo prioritario».
La vicepresidenta ha añadido que los fondos provienen de «créditos liberados por Hacienda que antes iban para otras cuestiones».
Como aplicar la Atención Centrada en la Persona, ACP, en mi centro
AMADE acogerá el miercoles 9 de septiembre una jornada profesional sobre el Modelo de Atención Centrado en la Persona, ACP, «Como aplicar la ACP en mi centro». La jornada tendrá lugar en la sede de AMADE en la C/ Castelló 95, 2ºb, Dentro de esta jornada, Raquel Calatayud, socia de Camon Consulting Group y Dependencia Social Media, plantea la Atención Centrada en la Persona como un cambio de paradigma social necesario para adaptarnos a un nuevo perfil de persona usuaria y familias actuales. Para la implantación de este nuevo modelo hay que aportar entusiasmo y motivación a los equipos para llevar a cabo una transformación en la metodología de atención dónde la persona usuaria si sitúa en una esfera central. Será necesario técnicas y instrumentos facilitadores de la intervención personalizada y orientada a la persona. Y sobre todo, se transmitirá la experiencia en la implantación práctica del modelo ACP.
Los objetivos de la jornada «Como aplicar la ACP en mi centro» son:
- Plantear la Atención Centrada en la Persona como un cambio de paradigma social necesario para adaptarnos a un nuevo perfil de persona usuaria y familias actuales. Porqué ahora y en qué consiste el cambio.
- Presentar la filosofía de atención integral y centrada en la persona desde una perspectiva práctica y realista.
- Entender la Atención Centrada a la Persona como un cambio personal e individual de cada profesional en la relación con las personas.
- Aportar entusiasmo y motivación a los equipos para llevar a cabo una transformación en la metodología de atención dónde la persona usuaria si sitúa en una esfera central.
- Facilitar técnicas y instrumentos facilitadores de la intervención personalizada y orientada a la persona.
Durante el curso se presentan los siguientes contenidos:
- Reflexión sobre el cambio de paradigma social y la necesidad de adaptar el actual modelo biopsicosocial a la realidad de la persona usuaria actual.
- Definición y principios de la Atención Integral Centrada en la Persona. Lo que es y no es la atención centrada en la persona.
- Propuesta organizativa para una implantación de éxito.
- Instrumentos para conocer a la persona.
- El papel de la familia y entorno.
- Readaptando roles y orientaciones de los diferentes perfiles profesionales en un centro de atención a mayores.
- Aspectos ambientales cómo complemento necesario en la aplicación de un modelo de Atención Centrado en la Persona.
- La comunicación interna y externa como instrumento fundamental para la divulgación de una forma diferente de cuidar a las personas.
La jornada se desarrolla en horario de mañana y tarde, de 10,00h a 14,00h y de 15,30h a 18,30h.
Durante el curso se combinan exposiciones teóricas con dinámicas y vídeos para asimilar los conceptos y cambios de paradigma, así como para conocer experiencias prácticas de éxito en la implantación del modelo ACP.
Raquel Calatayud es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPF. Licenciada en Derecho por la UOC. Master en Gerontología Social por la UB. Socia-directora de Camon Consulting Group. Quince años de experiencia en el ámbito de la Dependencia. Profesora en programas de Grado y Post-grado especializados en el mundo de la empresa y de la Dependencia.
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Por fin los dependientes grado I entran en el sistema, fin de la moratoria que los excluía
En Catalunya, un total de 58.864 personas con un nivel de dependencia moderado –de grado uno– se incorporarán progresivamente desde el miércoles 1 de julio al sistema de protección que garantiza la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (Lapad).
El departamento destinará inicialmente 18 millones de euros para que estos pacientes opten a centros diurnos para mayores y personas discapacitadas, atención domiciliaria, ayudas económicas para cuidadores no profesionales y viviendas para personas con enfermedades mentales y personas con discapacidad.
Se trata de personas que ya están diagnosticadas por los Equipos de Valoración de la Dependencia, y se priorizarán los expedientes más antiguos y las personas en riesgo de exclusión social.
En declaraciones a las medios este martes, la secretaria de Inclusión Social y Promoción de la Autonomía Personal de la Conselleria de Bienestar Social y Familia, Carmela Fortuny, ha indicado que «estaba previsto que en el 2011 la totalidad de las personas dependientes entraran en la Ley de la dependencia pero el Gobierno español aplazó la entrada del grado uno hasta el 2015».
Según los datos del Ejecutivo catalán, el año pasado asumió el 82,52% del gasto en dependencia, mientras que el Estado se hizo cargo del 17,48%, «aunque, según está establecido, la Generalitat y el Estado deben finanzarlo a partes iguales», ha precisado Fortuny.
Concretamente, el Estado proporciona 44,33 euros por persona y mes a las personas beneficiarias del grado uno, cantidad que, según Fortuny, es «claramente insuficiente si se tiene en cuenta que, por ejemplo, un servicio de prestación diurna supone casi 300 euros por persona y mes».
Según Fortuny, «sería muy atrevido concretar exactamente cuándo estarán en el sistema todos los beneficiarios porque se desconoce la situación real de todas estas personas», pero lo que sí ha asegurado es que a partir del próximo miércoles se irán incorporando progresivamente al sistema.
La Generalitat ha destacado que aunque la legislación estatal no prevé que se puedan simultanear diferentes prestaciones para estos dependientes, el Govern lo hará «y asumirá el coste integro de esta compatibilidad».
La prioridad del nuevo gobierno valenciano por la dependencia genera una gran expectación en el sector
AERTE se pone a disposición del nuevo gobierno para colaborar en la reordenación del sector, la excelencia en el servicio y la mejora de la eficiencia de los recursos públicos.
La apuesta por lo social, y en particular por la mejora de la atención a personas dependientes, como uno de los pilares de la hoja de ruta que se plantea para la nueva legislatura de Les Corts está generando expectativas muy positivas. La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) espera que, por fin, se trate al sector con la importancia que requiere.
José María Toro, director general de AERTE, “hay mucha esperanza en que se acometan las medidas necesarias para que se resuelvan los principales problemas, como la urgente resolución de los expedientes de dependencia y la dotación de recursos necesarios para que sea efectiva. Estaremos encantados de poder colaborar con el nuevo Consell para lograrlo”.
En este sentido, dos de los puntos clave son en primer lugar, lograr la tan esperada libertad de elección de centro o servicio donde quieren ser atendidos las personas dependientes. En segundo lugar, conseguir que los centros puedan participar en los conciertos de la Conselleria de Bienestar Social de forma igualitaria, logrando así el equilibrio del sector.
Toro apunta, “creemos que las todas las administraciones deben trabajar con transparencia para garantizar una adecuada gestión de los recursos y la igualdad de oportunidades en la contratación que evite distorsiones y privilegios en los concursos públicos. Creemos que la despolitización de los órganos de control ayudará a que la gestión sea más eficaz y se consiga un mayor nivel de responsabilidad en la actuación administrativa”.
AERTE tiene claro que la lucha contra la corrupción y el clientelismo es un requisito indispensable para mejorar el nivel de excelencia en el servicio al ciudadano, ya que fomenta la sana competencia entre empresas, por lo que entiende que la creación de una oficina de lucha contra el fraude y la corrupción tendrá un impacto extraordinario en la dinamización del sector.
Por otro lado, es necesario mejorar el procedimiento de contratación de las empresas y servicios públicos ya que las entidades deben ser valoradas por la calidad de sus propuestas y no sólo por el criterio económico. Aumentar los mecanismos de control y transparencia es clave para favorecer la mejora de la calidad.
Incrementar la dotación presupuestaria es necesario para prestar unos servicios adecuados. Durante estos años de crisis el sector ha estado al borde de la quiebra por los continuos impagos del Gobierno. A pesar de ello, las empresas del sector han mejorado los ratios de eficiencia de la Administración, sumando lo mejor de la gestión pública con lo mejor de la gestión privada. Toro señala “en tiempos de crisis, hemos sido un gran colaborador de la Administración pública, hemos servido de amortiguador para mantener el pago de las nóminas, el de las facturas de los proveedores y los centros abiertos a pesar de las graves dificultades de la administración para cumplir sus compromisos de pago. Hemos demostrado nuestro compromiso social”.
AERTE siempre ha planteado la necesidad de establecer un modelo de atención a las personas a largo plazo, con una planificación adecuada que favorezca la mejora continua. Y para ello la colaboración público privada, no sólo es necesaria, sino imprescindible. Toro señala “para lograr este objetivo es necesario utilizar todos los recursos disponibles, centros de día, servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros residenciales y recursos preventivos centrados siempre en la persona. El esfuerzo realizado en esta materia, en concreto en la prevención, permite reducir de manera significativa las necesidades posteriores de recursos económicos y personales. Sectores como el de salud mental sufren las consecuencias de la ausencia de un modelo de atención que prevenga más que cure”.
Cómo abordar las resistencias en Atención Centrada en la Persona ACP
De especial interés para centros y servicios que apuestan por progresar en este enfoque, ACP.
Ya está disponible el segundo documento técnico de la serie Docs.ZonaCalidad, iniciativa puesta en marcha desde el Servicio de Calidad e Inspección de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias con el propósito de transferir el conocimiento generado en el proyecto Zona Calidad.
Este segundo número lleva por título Vencer las resistencias en el progreso hacia la Atención Centrada en la Persona, ACP. Estrategias y técnicas. Elaborado por distintos profesionales de servicios sociales integrantes de la Red Zona Calidad, ofrece un análisis de las resistencias más frecuentes que se producen en los centros y equipos ante el proceso de avance hacia modelos de calidad de vida y de atención centrada en la persona, ACP, así como una selección de técnicas para abordarlas.
De especial interés para centros y servicios que apuestan por progresar en este enfoque. Acceso libre clickando aquí.
Fuente: asturias.es
AERTE solicita a los partidos la comparecencia en Les Corts del Presidente del CJC
Para aclarar el informe del CJC sobre el programa de adjudicación de plazas concertadas de dependencia. La patronal cree que debe aclararse la existencia de un posible conflicto de intereses.
Exige que no se resuelva el segundo informe solicitado por Bienestar Social al CJC hasta que se le haya dado audiencia en este organismo.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha solicitado esta semana al PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos que soliciten la comparecencia en Les Corts, en cuanto se constituyan, del presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), así como del ponente del informe, que este órgano emitió en noviembre de 2014, sobre la ampliación en 2008 del Programa de acceso a plazas residenciales de accesibilidad social de 2001 y la continúa adjudicación de plazas residenciales concertadas a determinados centros.
El objetivo de esta petición es aclarar las dudas suscitadas por un posible conflicto de intereses en el dictamen de dicho informe, y para explicar si han podido participar en la toma de decisiones más miembros de dicho órgano que deberían haberse abstenido de la participación en el mismo.
-Proceso irregular de concertación de plazas concertadas a centros residenciales
La Conselleria de Bienestar Social puso a mediados del año pasado en marcha un procedimiento de revisión de oficio de varias normas relacionadas con el Programa de Acceso a Plazas Residenciales del Sistema de Servicios Sociales del año 2001. Dicho programa ponía en marcha un concurso por el que las entidades adjudicatarias construirían 9.000 plazas residenciales nuevas de atención a personas mayores, en unas zonas, con unos plazos y precios determinados, poniendo a disposición de la Administración hasta un tercio de esas plazas, es decir, hasta 3.000 plazas que ésta concertaría.
En diciembre de 2007, siendo conseller de Bienestar Social y vicepresidente del Consell Juan Cotino, se varía el objeto del contrato aumentando de forma presuntamente irregular, según denunció Aerte, hasta el 100% las plazas construidas.
En septiembre de 2013 se publica la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que implica la “prohibición de discriminación a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación pública”. Apoyados en dicha norma, tanto la Abogacía General de la Generalitat como la Junta Superior de Contratación Administrativa entienden que no se pueden seguir concertando de esa manera las plazas por encima del primer tercio , es decir, a partir de esas 3.000 primeras y, que por lo tanto, serían irregulares las plazas concertadas actualmente en el segundo tercio.
Después de todos estos informes, la Conselleria de Bienestar Social entendió que debía declarase la nulidad de pleno derecho por encontrarse viciados de la interpretación de 2001, los acuerdos posteriores de 2008 y las Ordenes citadas de 2007 y 2012. Para ello solicitó informe del CJC, para intentar anular este proceso de aumento de plazas concertadas.
El informe del CJC resolvió en noviembre de 2014, “que no cabe la revisión de oficio y por tanto la nulidad de los actos y disposiciones objetos de la consulta”, aunque consideró irregular adjudicar por el procedimiento actual más de un tercio de las plazas de accesibilidad, ya que la Ley de Emprendedores no lo permite.
– AERTE considera que el informe del CJC podría estar viciado por posible conflicto intereses
AERTE entiende que este informe podría estar viciado ya que, según algunos medios de comunicación, el ponente del mismo es un abogado que trabajó en un cargo relevante para el bufete que ha llevado los intereses jurídicos de determinados centros de accesibilidad, y que, por tanto, debería haber informado de dicha circunstancia y haberse abstenido de participar en el mismo.
En Febrero de 2015, Esquerra Unida y el PSPV pidieron la comparecencia en Las Cortes Valencianas de dicho ponente y de la autora del voto particular que recogía el informe del CJC, para que pudieran explicar el posible conflicto de intereses el primero, y los motivos del voto particular, la segunda. Además, se pidió la comparecencia del Presidente de dicho órgano para aclarar si habían participado en la aprobación de dicho informe más personas que deberían haberse abstenido. Dichas comparecencias fueron impedidas por el PP que votó en contra de ellas. Ahora AERTE solicita estas comparecencias.
– Petición de un segundo informe y audiencia ante el CJC
Vista la incompatibilidad de los informes de la Abogacía General de la Generalitat y de la Junta Superior de Contratación Administrativa sobre la nulidad de la normativa con el informe del Consell Jurídic Consultiu, la Conselleria de Bienestar Social solicitó a principios de 2015 un segundo informe a dicho órgano.
Por su parte AERTE solicitó el 5 de mayo que se le diera audiencia ante el CJC en el mismo para aportar sus alegaciones, sin que hasta el momento se le haya contestado. La Asociación entiende que no se puede aprobar, en ningún caso, dicho informe hasta que se haya concedido audiencia, ya que se podría estar produciendo indefensión de una de las partes afectadas.
