Discapacidad
La tasa de discapacidad en la infancia crece un 16 por ciento en la última década
Los niños de hoy con una discapacidad son un 16,3 por ciento más numerosos que hace una década, un incremento que es mayor en el caso de familias con ingresos elevados, según un estudio que se presentará este domingo en la reunión anual de la Academia de Sociedades de Pediatría que se celebra en Washington (Estados Unidos).
La investigación también encontró que los problemas relacionados con las condiciones de salud física han disminuido. «Cerca de 6.000.000 niños tenían una discapacidad en el periodo 2009-2010, casi un millón más que en el 2001-2002», destacó la autora principal, Amy J. Houtrow, director de la División de Medicina de Rehabilitación Pediátrica del Hospital Infantil del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh y profesor asociado de Medicina Física y Rehabilitación y Pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos).
Houtrow dijo que estudios anteriores ya habían indicado que la prevalencia de la discapacidad en la infancia es cada vez mayor, por lo que esta experta y sus colegas querían ver más de cerca las condiciones y los factores sociodemográficos asociados a la discapacidad.
Los investigadores analizaron los datos de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud llevada a cabo por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en el periodo 2001-2002 y los datos de la encuesta de 2009-2010.
Un total de 102.468 padres de niños de 0 a 17 años participaron en las entrevistas, en las que se les preguntó sobre si sus hijos habían tenido algún tipo de limitaciones en el juego o actividad, recibían servicios de educación especial, necesitaban ayuda con el cuidado personal, tenían dificultad para caminar sin ayuda, problemas con la memoria o cualquier otra limitación.
Si respondían que sí a cualquiera de estas preguntas, se les preguntó si las limitaciones de su hijo se debía a una visión o un problema de audición, asma o problema de respiración, articulaciones, huesos o problemas de músculos, déficit intelectual o retraso mental, problemas emocionales o de conducta, epilepsia, problemas de aprendizaje, del habla, trastorno de déficit de atención, defectos de nacimiento, lesiones u otras alteraciones de desarrollo.
Los investigadores clasificaron las condiciones en tres grupos: neurodesarrollo mental, físico y otros. Los resultados mostraron que la prevalencia de la discapacidad se incrementó un 16,3 por ciento desde el periodo 2001-2002 al 2009-2010.
Mientras las discapacidades relacionadas con la salud del desarrollo neurológico y mental aumentan, las debidas a las condiciones físicas disminuyen. Esta tendencia fue más notable entre los niños menores de 6 años de edad, cuya tasa de discapacidades del desarrollo neurológico casi se duplicó durante el periodo de estudio de 19 a 36 casos por cada mil niños. «Sospechamos que una parte del incremento en discapacidades del desarrollo neurológico se debe al aumento de la incidencia o el reconocimiento de los trastornos del espectro autista», dijo Houtrow.
Los datos también mostraron que los niños que viven en condiciones de pobreza experimentaron las mayores tasas de discapacidad en los dos periodos de tiempo, pero no el mayor crecimiento, que se vio entre los niños que viven en hogares con ingresos iguales o superiores al 300 por ciento del nivel federal de pobreza (alrededor de 66.000 dólares o 50.254 euros por año para una familia de cuatro miembros).
«Nos preocupa que los que viven en la pobreza puede estar teniendo problemas con ser diagnosticados y recibir los servicios necesarios», concluyó Houtrow.
Clece recibe el Certificado DisCert por su compromiso con la discapacidad
El Grupo Clece ha sido reconocido con el Certificado DisCert, distinción europea que valora y reconoce a las empresas y organizaciones que integran a personas discapacitadas. Este certificado verifica que Clece cumple con los requisitos que establece la ley con respecto a la integración social de personas con discapacidad.
El certificado fue recogido por Iñigo Camilleri, Director de Selección y Desarrollo de Clece, que, además de agradecer el reconocimiento, compartió con los asistentes en una ponencia posterior la experiencia de la compañía en Responsabilidad Social Corporativa, centrándose principalmente en la contratación y gestión de personas con discapacidad como parte sustancial del modelo de Responsabilidad Social de Clece.
Clece supera el límite mínimo exigido por la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad –LISMI- que obliga a las empresas de más de 50 personas, tanto privadas como públicas, a reservar un 2% de los puestos de trabajo a personas con alguna discapacidad. En la actualidad cuenta con más de 2.600 personas con alguna discapacidad.
Compromiso social con colectivos en riesgo de exclusión
Dentro de sus políticas de responsabilidad social (RSE), Clece cuenta con acuerdos con diversos organismos, tanto a nivel nacional como regional, para la integración de personas con discapacidad. Una labor cada vez más activa y que complementa con el trabajo de técnicos especializados en inserción laboral.
Este compromiso de la compañía con colectivos vulnerables, no sólo se limita a personas con discapacidad sino también a personas en riesgo de exclusión social y mujeres que sufren violencia de género. En este sentido, Clece colabora con más de un centenar de asociaciones y entidades sociales como fuente de reclutamiento de estos colectivos.
Igualmente, el compromiso de Clece con la igualdad de oportunidades llevó a la compañía, en 2007, a incorporar a su red su propio Centro Especial de Empleo. Adquirió entonces Integra CEE, cuyo objetivo es facilitar la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad. El centro cuenta hoy con cerca de 1.000 trabajadores, donde más de un 90% tiene una discapacidad superior al 33%.
El Certificado DisCert©se obtiene después de una verificación por entidades homologadas, en función del cumplimiento no sólo de la legislación vigente sino también de otras acciones que mejoran el compromiso real de la empresa con las personas discapacitadas. Según Discapanet (informe 2009) el 84% de las empresas españolas incumple la legislación actual y un 90% de las entidades públicas o de participación pública.
Acerca de CLECE
CLECE es una empresa de multiservicios, líder en servicios integrales a empresas. Con 61.400 personas y presencia en todo el territorio nacional, CLECE ofrece servicios de limpieza, mantenimiento, energía, logística, aeroportuarios y servicios sociales, así como otros servicios profesionales, para todo tipo de instituciones y empresas en todos los sectores.
La contratación de personas con discapacidad crece un 3,33%
La contratación de personas con discapacidad crece un 3,33 por ciento en el primer trimestre de 2013, lo que supone un total de 14.455 nuevos contratos realizados en los primeros meses del año, frente a los 13.987 que se efectuaron en el mismo periodo de 2012, según los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), recogidos por la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros de Empleo (FEACEM).
Asimismo, la Federación ha señalado que la contratación de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (CEE) en el primer trimestre del año muestra un aumento respecto al año anterior, con un total de 9.687 contratos en CEE en 2013, frente a los 8.958 en el mismo trimestre del pasado año, lo que supone el incremento del 8,13 por ciento. Si embargo, FEACEM ha indicado que la contratación en el resto de empresas continua descendiendo.
En cuanto a las comunidades autónomas, Cataluña, con 326 nuevos contratos; y Castilla León, con 202, han sido las regiones donde más ha crecido el índice de contratación de personas con discapacidad. Por el contrario, Andalucía y Aragón recogen 74 y 56 puestos de trabajos menos –respectivamente– con respecto al mismo trimestre de 2012.
Además, el documento revela un cambio de tendencia respecto al año anterior con el incremento de estos contratos en Cataluña, Castilla y León, Valencia y Galicia; así como con el decrecimiento que muestran Madrid, Canarias y Asturias en este 2013.
El deporte, clave para la inclusión de personas con discapacidad
Según el Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), la práctica deportiva permite impulsar un cambio de actitud fundamental entre los niños y niñas de cara a la inclusión de personas con discapacidad.
El deporte es una de vías que permite poner en contacto a jóvenes con y sin discapacidad. Cuando a los chicos y chicas sin discapacidad se les da la oportunidad de practicar deporte junto a personas con discapacidad, su actitud hacia la inclusión se vuelve más positiva, según explican desde el CEDI. Igualmente, es importante que en la escuela se utilice una metodología inclusiva, y para ello el papel de los profesores de Educación Física es fundamental.
En los últimos cuatro años, el CEDI y la Fundación Sanitas han promovido iniciativas deportivas que han permitido que más de 5.600 niños y niñas, con y sin discapacidad, hayan tenido la oportunidad de practicar algún tipo de deporte inclusivo. Ambas organizaciones colaboran en el marco de la Alianza por el Deporte Inclusivo 2012-2015.
Este año, cerca de 800 alumnos con y sin discapacidad de la Comunidad de Madrid participaron en el Día del deporte inclusivo en la escuela, el pasado 26 de abril. Los jóvenes demostraron sus habilidades en diferentes deportes paralímpicos como atletismo para ciegos, boccia, goalball, baloncesto en silla de ruedas o judo. La jornada lúdico-deportiva tuvo lugar en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) y del Consejo Superior de Deportes.
El Día del deporte inclusivo se enmarca dentro del programa educativo “Deporte inclusivo en la escuela”, una iniciativa puesta en marcha con el objetivo de promover la práctica deportiva inclusiva en los centros de secundaria. En total, más de 2.800 alumnos con y sin discapacidad de entre 12 y 17 años, de 16 centros educativos de la Comunidad de Madrid, han participado en esta iniciativa promovida por el CEDI y la Fundación Sanitas, junto con el Comité Paralímpico Español, Liberty Seguros y la Fundación Adecco.
CERMI afirma que los receptores de prestaciones de la ley de dependencia son víctimas de una pésima gestión de las administraciones
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha aclarado, ante las informaciones que apuntan a la recepción de fondos de procedencia estatal por parte de las comunidades autónomas para atender a personas en situación de dependencia que habrían fallecido, que «las personas y familias que reciben prestaciones de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia no cometen fraude, son víctimas de una pésima gestión de las administraciones».
El Cermi señaló en un comunicado que «no se trata de fraude o abusos cometidos por personas mayores o con discapacidad o de sus familias, beneficiarias de las prestaciones de la ley, que se habrían aprovechado indebidamente de las ayudas públicas».
Agrega que los desfases que señala el Tribunal de Cuentas en su informe entre los fondos transferidos por el Estado a las comunidades autónomas y el número de personas beneficiarias realmente con vida, no son achacables a estas personas, «que no han participado en ninguna mala práctica, sino a las administraciones públicas que intervienen en la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia».
Por ello, el Cermi afirma que la responsabilidad es de las administraciones «y de las graves deficiencias que en materia de información y seguimiento del despliegue de la ley ha padecido esta desde el comienzo de su aplicación».
El Comité concluye señalando que, como representante de la discapacidad organizada, se rebela «contra la idea de que la opinión pública se quede con la impresión de que las personas que reciben prestaciones de la ley comenten fraude generalizado, cuando son víctimas inocentes de la pésima y hasta caótica gestión con la que las distintas administraciones han desarrollado este sistema de protección social, que ha supuesto una enorme decepción para las legítimas expectativas de contar con apoyos públicos suficientes para atender necesidades básicas de autonomía personal».
El CERMI alerta a Montoro sobre el riesgo de que se excluya a la discapacidad de los Fondos Estructurales
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha manifestado su «máxima alerta» al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre el riesgo de que se excluya a la discapacidad de los Fondos Estructurales.
A través de una carta, Cayo manifiesta el temor ante una posible desaparición de cuestiones que considera «clave» para la consecución de los objetivos de la Política de Cohesión. «Venimos trabajando en el proceso de reforma de la normativa reguladora de los Fondos Estructurales desde su inicio, habiendo logrado que determinados aspectos esenciales para el sector de la discapacidad estén incluidos en dicho proceso», ha apostillado.
De esta forma, Pérez Bueno ha trasladado la demanda del sector de la discapacidad, representado en España por el CERMI, y en la Unión Europea por el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), en el marco de la estrategia del movimiento de la discapacidad en relación con los Fondos Estructurales.
Para el Comité y para el EDF, los Fondos Estructurales y de Inversión deberán, además de fomentar la cohesión social, económica y territorial, «contribuir a los objetivos de la Estrategia Europea por un crecimiento sostenible, inteligente e integrador».
Sin embargo, el CERMI advierte de que «los objetivos de la Estrategia Europa 2020 no se alcanzarán si los Fondos excluyen a las mujeres, a las personas con discapacidad o a las personas en situación de pobreza».
En este sentido, Bueno subraya que la prevención de las desigualdades o discriminación por motivo de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual está «claramente establecida» en el Tratado de la Unión Europea, y en la Carta de Derechos Fundamentales.
Asimismo, agrega que la Unión Europea como tal, así como los Estados miembro han firmado la Convención de la ONU, y, de esta manera, si se retirase la condicionalidad ex-ante, «se violaría estas disposiciones de los Tratados fundamentales», y «pondría en riesgo la consecución de la cohesión económica, territorial y social de Europa».
Lanzan un «lazarillo virtual» para ayudar a invidentes a utilizar el autobús
El investigador del Grupo de Aplicaciones Biomédicas y Tecnológicas para la Autonomía Personal de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Jordi Roig de Zárate ha desarrollado la aplicación ‘OnTheBus’, una herramienta que hace de «lazarillo virtual» al ayudar a las personas invidentes a utilizar el autobús.
Según informa este viernes el centro en un comunicado, la aplicación ofrece una «guía completa en una ciudad», además de avisar del tiempo de espera del autobús, del momento en el que el usuario tiene que solicitar la parada para bajar, y de si un bus está habilitado para personas con movilidad reducida, entre otros.
Precisamente, ‘OnTheBus’ se ha presentado en el proyecto europeo Iktimed, que concluye el 20 de marzo en Barcelona, y en el que han participado un total de 11 regiones del mundo, en las que se puede exportar la aplicación que, de momento, es multilingüe y dispone de prototipos en Barcelona, Christchurch (Nueva Zelanda) y Laval (Canadá).
Becerril reconoce que le «agobia» la situación de los mayores, dependientes y menores y espera que no se recorte más
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, reconoce que le «agobia» y «preocupa» las personas mayores, con discapacidad, dependientes, los menores o inmigrantes, entre otros colectivos, que en los últimos años sufren las consecuencias de los ajustes por la crisis. «Espero que no sean necesarios más recortes», afirma en una entrevista con Europa Press.
«La (partida) más sensible es la de la asistencia socio-sanitaria porque es básica y fundamental para nuestras vidas, sobre todo para la de un determinado grupo social: mayores, dependientes, familias con niños, enfermos crónicos… Esto es lo que más nos agobia y preocupa. Eso es lo que esperemos que no haya de tocar y tratar de superar esta situación lo antes posible para volver a tener la situación que años atrás pudimos tener», asevera.
Si bien indica que no hay «más remedio» que reducir gastos y partidas que «no han sido necesarias en los últimos años», como las obras «muy ambiciosas que no eran imprescindibles», como «palacios de congresos, ciudades de la cultura, de la música, de la justicia» y que, a su juicio «ahora hay problemas para mantenerlas y sostenerlas».
Mujeres con discapacidad alertan de que su situación es «dramática» como consecuencia de la crisis
La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) alerta de que su situación es «dramática» como consecuencia de la crisis económica y pide al Gobierno que cumpla y haga cumplir la normativa nacional e internacional para no incrementar la precariedad y pobreza de este colectivo.
«El Estado de Bienestar es una importante conquista alcanzada a través de la lucha de muchas mujeres y muchos hombres que nos precedieron y que no debemos dejar que desaparezca solamente porque se insista en que se trata de un modelo insostenible», argumenta esta organización con motivo de la celebración este viernes del Día Internacional de la Mujer.
Por ello, insta a los dirigentes políticos de todos los niveles que remuevan los «obstáculos» existentes, ya sean legislativos o sociales, para el «ejercicio real» en la igualdad de trato y de oportunidades para las mujeres con discapacidad.
Asimismo, pide que se mantenga una red de servicios públicos especializados en materia de prevención y tratamiento de casos de violencia que tengan en cuenta la realidad de las mujeres con discapacidad, se garantice la existencia de un sistema sanitario universal, público y gratuito, «totalmente accesible» para las mujeres con discapacidad y un sistema público de pensiones que permita a estas mujeres llevar una vida digna, sin tener que recurrir a modelos privados.
Por último, CEMUDIS pide al Ejecutivo que cuente con los recursos necesarios para dar «plena efectividad» a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, «pilar fundamental para la emancipación y la vida independiente de las mujeres con discapacidad».
UMU y Down España formarán a agentes que ayuden a discapacitados intelectuales a hacer una vida independiente
La Universidad de Murcia (UMU) y Down España (Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down) han firmado este viernes un convenio para la puesta en marcha de una iniciativa pionera en España, consistente en la formación de agentes que ayuden a personas con discapacidad intelectual a hacer una vida independiente.
Esta formación específica, destinada a alumnos y profesionales, la llevará a cabo el Centro de Estudios de Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal de la Universidad, cuya directora e iniciadora del convenio, la profesora Nuria Illán, ha señalado que el proyecto responde a un encargo de la Federación.
«La iniciativa es innovadora en el ámbito nacional», en el extranjero se está ensayando en Argentina, «además de tener un valor añadido en unos momentos en que la ley de la dependencia está en peligro por la crisis económica», ha agregado Illán.
El convenio ha sido suscrito en Convalecencia, la sede del Rectorado, con el presidente de Down España, José Fabián Cámara, quien ha asegurado que la Universidad de Murcia «va a ayudar para que el movimiento de padres y familias que constituye la Federación realice su objetivo, que es la independencia de las personas con Síndrome de Down».
El otro firmante, el rector de la Universidad, José Antonio Cobacho, ha calificado de «extraordinaria» la labor que realiza el Centro de Estudios de Discapacidad en aras de cumplir con una de las funciones que tienen las universidades en tanto servicio público que son, como es la sensibilidad social y la formación de personas.
En este sentido, ha recordado el convenio, también promovido por Nuria Illán, que permite que personas con discapacidad trabajen en el campus de Espinardo.
Los recortes en la ley de dependencia también afecta a menores
APPEII promoverá una Iniciativa Legislativa Popular contra la supresión de la tarjeta roja sanitaria a los menores con discapacidad
APPEII promoverá una Iniciativa Legislativa Popular contra la medida adoptada por el Gobierno Valenciano de María del Carmen González Asensi, presidenta de la Asociación de Pacientes Pediátricos con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (APPEII), ha presentado en la Consellería de Sanidad una carta remitida al Conseller Llombart, en la que le solicita la realización de una reunión urgente para trasladarle las gravísimas consecuencias que está teniendo en el colectivo de los menores con discapacidad, la supresión del párrafo segundo del artículo 16 del Estatuto de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana.
Sanitas Residencial El Viso, un ‘Centro Libre de Sujeciones’
Sanitas Residencial El Viso ha recibido la acreditación ‘Centro Libre de Sujeciones’ que le ha otorgado la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma). La directora de Sanitas Residencial El Viso, Carmen Barreda, que recibió la acreditación de manos del presidente de Ceoma, José Luis Méler, ha destacado que desde el comienzo, “la formación del personal ha sido uno de los puntos clave para conseguir el éxito del programa que se inició con los casos más sencillos para, posteriormente, hacerse extensible al resto de residentes”.
El acto también ha contado con la presencia del director de Operaciones de Sanitas Residencial, Pedro Sánchez, quien ha incidido en que después de más de 2 años de trabajo e investigación de Sanitas Residencial, “el nº de residentes con sujeciones que vive en los centros de la compañía hadisminuido de un 22% a menos de un 8%, cuando la prevalencia en España supera el 30%”. Para el presidente de Ceoma resulta imprescindible que “la sociedad tome conciencia de la importancia de eliminar el uso de sujeciones entre los mayores. La experiencia de países vecinos ha demostrado que se pueden llegar a erradicar por completo y que, por tanto, este programa resulta imprescindible en España, donde ya es pionero e innovador”.
‘Impulsando Pymes’
Por otro lado, Sanitas participó junto con otras 9 empresas en el encuentro de la II edición ‘Impulsando Pymes’ que se ha celebrado en Lorca. Rosa Martínez, directora de Sanitas la Comunidad Valenciana y Murcia, ha intervenido como ponente y ha explicado a los asistentes la importancia que tiene para las empresas, especialmente para las Pymes, disponer de un buen plan de retribución flexible que pueda adaptarse perfectamente a las necesidades de los empleados, lo que permite mejorar su relación con la empresa: “Ofrecer a los empleados una retribución flexible permite optimizar los salarios de los empleados sin un mayor coste para la empresa”. En esta línea se sitúa el seguro médico, cuyo coste para las empresas es deducible del impuesto de sociedades.
El Servei Català de la Salut emite una nueva tarjeta sanitaria para pacientes que necesitan una atención especial
A lo largo del mes de enero, el Servei Català de la Salut ha empezado a tramitar una nueva tarjeta sanitaria que identifica a aquellas personas que por sus características clínicas necesitan un conjunto de actuaciones diferenciadas en su relación con los profesionales y los servicios sanitarios.
La nueva tarjeta sanitaria es un elemento identificador que facilita una atención más personalizada porque identifica a las personas que pertenecen a colectivos con enfermedades que comportan limitaciones relacionales, las cuales por sus características clínicas específicas necesitan un conjunto de actuaciones diferenciadas y el acompañamiento de un cuidador en sus contactos asistenciales.
La tarjeta Cuida’m no conlleva ninguna modificación en relación con el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria a cargo del CatSalut, ni con respecto al nivel de cobertura; es decir, no otorga ningún derecho adicional pero permite una atención más accesible y adaptada a las necesidades de ciertos colectivos.
Las características clínicas específicas comportan al necesitado de atención específica, de acuerdo con un determinado nivel de capacidad y de dependencia, que se asocia a un diagnóstico principal.
La solicitud de la nueva tarjeta Cuida’m tiene que hacerla el médico del paciente, el cual la solicita ya sea a petición propia o de su representante o tutor. En todo caso, siempre se tendrá en cuenta la opinión del médico. Una vez llevada a cabo la solicitud, el CatSalut hará la tramitación y la entregará al paciente o tutor.
La prueba piloto se implanta en diferentes centros de la red de utilización pública de las localidades de Cornellà de Llobregat, Manresa y el Maresme Central.
De acuerdo con el correspondiente procedimiento establecido por el CatSalut, pueden disponer inicialmente de la tarjeta las personas con demencias (con un nivel de afectación cognitivo moderado), discapacidad intelectual grave o profunda, discapacidad intelectual leve o moderada con trastornos de conducta, trastornos del espectro autista y daño cerebral.
Sánchez Zaplana considera «necesaria» la colaboración entre Generalitat y las entidades del sector de la discapacidad
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha considerado este lunes «necesaria» la colaboración entre la Generalitat y las entidades representativas del sector de la discapacidad en la Comunitat Valenciana, según ha informado en un comunicado el Gobierno autonómico.
Sánchez Zaplana ha realizado estas declaraciones durante su presencia en Petrer (Alicante), donde ha visitado el Centro de Atención Integral (CAI) para grandes dependientes, «un recurso que es ejemplo de trabajo conjunto entre las administraciones central, autonómica, provincial y local, las obras sociales de Caja Madrid e Ibercaja, y gestionado por la Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría».
En el mismo sentido, ha recordado que el Consell invirtió 2,5 millones de euros para su construcción y puesta en marcha, y destinó otros 400.000 al mantenimiento de sus plazas en 2012. «El CAI de Cocemfe Alicante responde a las demandas trasladadas por la entidad a Conselleria y, además, se ha constituido como un centro de referencia nacional por su accesibilidad y diseño, domótica y control del entorno», ha agregado.
El recinto tiene una capacidad para 40 personas en régimen residencial y para 30 en centro de día. Es un recurso de alojamiento especializado y dirigido a personas con discapacidad física u orgánica de gran dependencia, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años.
La Generalitat ha indicado que la Comunitat dispone en la actualidad de 10.733 plazas residenciales y diurnas en 295 centros de diferentes tipologías, destinados a personas con discapacidad. De ese total de puestos, el 86,8 por ciento son financiadas por el Ejecutivo valenciano.
AUMENTO DE LOS RECURSOS
Sánchez Zaplana ha subrayado que en los últimos cinco años «han aumentado en un 33 por ciento los recursos dirigidos» a este colectivo, y ha enfatizado que «desde los distintos departamentos del Consell se están volcando todos los esfuerzos para atender las necesidades» de estas personas.
Así, ha recalcado que se preservarán los equipamientos disponibles y se hará «un uso eficiente» de los mismos, «trabajando de forma coordinada y transversal entre los servicios de discapacidad y los de asistencia sanitaria».
Durante su visita a las instalaciones de Petrer, ha expresado su felicitación a Cocemfe por la labor que desarrolla, «haciendo valer los derechos y trasladando las demandas» de este colectivo. Además, ha resaltado la profesionalidad del personal del centro, «por el magnífico trabajo que realizan día a día en la atención que ofrecen a quienes acuden a ellos».
Más de 56.400 andaluces reciben el reconocimiento de grado de discapacidad en 2012, un 7,36% más que en 2011
Los centros de valoración y orientación de la Consejería de Salud y Bienestar Social emitieron en 2012 56.462 resoluciones de reconocimiento de grado de discapacidad, 29.207 de hombres y 27.255 de mujeres, del total de 82.000 solicitudes que se recibieron, según ha informado este viernes el departamento del ramo.
Del total de resoluciones, más del 68 por ciento (56.462) tenían un 33 por ciento o más de grado de discapacidad. La mayoría de éstas (25.238) presentaban varias discapacidades al mismo tiempo; 16.576 tenían una discapacidad física; 11.845 tenían discapacidad psíquica y 2.803 personas tenían discapacidad sensorial.
Con este dato, son ya 491.907 las personas en Andalucía que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Un total de 241.047 son varones y 250.860, mujeres.
Por provincias, Sevilla registró el mayor número de personas atendidas en los centros de valoración en el año 2012, con 19250, seguida de Málaga (16750), Cádiz (12.706), Granada (9.486), Córdoba (7.191), Jaén (5.919), Huelva (5.409), y Almería (5.398).
En 2011 fueron 73.000 las solicitudes de valoración y 52.532 resoluciones de reconocimiento de grado de discapacidad, 26.839 de hombres y 25.696 de mujeres, lo que significa que un 71,93 por ciento de las resoluciones emitidas reconocieron un grado igual o superior al 33 por ciento. Así, en 2012 han aumentado en un 7,36 por ciento las valoraciones que finalmente han recibido el reconocimiento de discapacidad.
Asunción Sánchez Zaplana tiene previsto saldar la deuda con los centros de discapacitados en un plazo máximo de tres meses
Asunción Sánchez Zaplana
La Conselleria de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, reconoció ayer que el departamento que dirige desde diciembre tiene previsto saldar la deuda con los centros de discapacitados en un plazo máximo de tres meses, aunque prefirió no «garantizar» una fecha hasta que no finalice la negociación que mantiene con la Conselleria de Hacienda.
«Creo que en dos o tres meses vamos a tener respuestas para todos los colectivos. Es lo que creo, pero no lo puedo garantizar hasta que no acabe de trabajar con Hacienda», explicó la titular de Bienestar Social, quien destacó el desembolso de 32 millones realizado por el departamento que dirige el pasado mes de enero, como pago de parte de las deudas que arrastraba con los centros.
Así se mostró ayer Asunción Sánchez Zaplana durante su visita al centro de personas con discapacidad psíquica Camp Santa Faz de Alicante, que depende íntegramente de la Generalitat, atiende residencialmente a 90 personas, con 69 plazas más del centro de día y está especializado en personas adultas con discapacidad psíquica profunda y severa. Durante el recorrido oficial, la consellera señaló que «una de las prioridades» del Consell es «ofrecer la mejor atención» a este colectivo, «garantizando su bienestar y su integración social».
La consellera -exconcejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante- también se mostró contraria a la eliminación de programas de atención básica hacia los colectivos más vulnerables pese al recorte presupuestario del 9%. «Vamos a intentar que el descenso en el presupuesto afecte lo menos posible. Trabajamos para ser capaces de mantener el 100% de la atención. Nuestro objetivo es priorizar la atención a discapacitados y dependientes. Por ello, en este 2013, pido un esfuerzo a los centros», afirmó Sánchez Zaplana, quien matizó que, en caso de prescindir de alguna actuación, estaría relacionada con algún programa «complementario».
Bienestar Social de Valencia dice que «ha duplicado» en diez años la inversión para atender a personas con discapacidad
La consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha subrayado este lunes que el Consejo «ha duplicado» en diez años la inversión destinada a atender a las personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana, al haber pasado de 88 millones de euros en 2003 a 150,9 en 2013, según ha informado en un comunicado la Generalitat.
Sánchez Zaplana ha realizado estas declaraciones durante su visita al Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica Camp Santa Faz, en Alicante, donde ha afirmado que «una de las prioridades» del Gobierno valenciano es «ofrecer la mejor atención» a este colectivo, «garantizando su bienestar y su integración social».
A lo largo de su intervención, ha explicado que la provincia alicantina dispone de 84 centros para atender a personas con discapacidad –de los cuales 76 son recursos específicos en la asistencia de carácter psíquico–, con un total de 3.577 plazas, de las que la Generalitat financian 2.897.
En cuanto a las instalaciones de titularidad pública que ha visitado en la ciudad, ha explicado que disponen de 90 plazas residenciales y 69 de centro de día, en las que se atiende a personas con discapacidad psíquica profunda y severa.
La consejera ha indicado que su departamento destinó el pasado año cerca de 5,8 millones de euros a este centro, que cuenta entre sus servicios con una sala de estimulación multisensorial que favorece la asistencia a los usuarios que presentan patologías físicas y altos niveles de dependencia. Por su parte, en el centro de día se realizan talleres de alambre, cerámica, madera, carpintería, avalorios y batuca.
«PROFESIONALIDAD» Y «VOCACIÓN»
En este sentido, ha trasladado su felicitación al personal de Camp Santa Faz por el «magnífico» trabajo que llevan a cabo «en beneficio de las personas que necesitan de cuidados especiales», y ha agregado que en los citados empleados «no solamente prima su profesionalidad, sino también su vocación».
«Disponemos de una amplia oferta de servicios para cubrir las necesidades específicas de cada usuario y de sus familias, ya que la red de recursos para personas con discapacidad psíquica está formada por centros de Atención Temprana, centros de Día, centros ocupacionales, residencias y viviendas tuteladas», ha manifestado Sánchez Zaplana.
Las TIC para personas con discapacidad suponen un mercado potencial por valor de 1.300 millones, según CENTAC
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación suponen un mercado potencial por valor de 1.300 millones de euros según se desprende del informe ‘Mercado y oportunidades de negocio de las TIC accesibles en España’ que la Fundación Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) presentará el próximo 8 de febrero.
El documento señala que el gasto medio de las personas con discapacidad en productos y servicios TIC es un 25 por ciento superior a la media general. Además, el grado medio de discapacidad de las personas de más de 65 años (el 17,4 de la población) varía entre el 44 y el 70 por ciento.
Por otra parte, estima que, en 2049, el porcentaje de población mayor de 65 años será del 31 por ciento, por lo que concluye que «las TIC para las personas con discapacidad y los mayores constituyen un mercado con grandes oportunidades de negocio».
El objetivo del estudio es, por un lado, mostrar las posibilidades de inversión para estimular a las empresas a invertir en el desarrollo de tecnologías accesibles. Por otra parte, pretende ayudar a mejorar la operativa de las empresas del sector a través de la propuesta de algunas líneas de actuación o recomendaciones.
La presentación del documento, que se celebrará en la sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), contará con la presencia del director del CENTAC, Juan Luis Quincoces, del director general de Red.es, Borja Adsuara, y del director general de AMETIC, José Manuel de Riva.
