Generalitat valenciana
La Generalitat valenciana blinda por ley los fondos para la Dependencia, que no podrán desviarse a otro fin
Las transferencias del Estado o de cualquier ente que reciba el Consell para financiar la Dependencia estarán blindadas el próximo año legalmente y no podrán destinarse a otros fines, según una cláusula introducida en la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2014. Es la principal novedad de las cuentas de la Conselleria de Bienestar Social que ayer presentó en la comisión de Economía de las Corts la titular del departamento, Asunción Sánchez Zaplana. La citada cláusula establece de forma taxtativa que «durante 2014, todas las aportaciones, ya sean del Estado o de cualquier otro sujeto, público o privado, para financiar las prestaciones de la ley 39/2066 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de ésta».
Pero además añade: «En el supuesto de tratarse de ingresos superiores sobre los totales previstos, así como de ingresos no previstos, y que estén vinculados en origen a la materia, habrá de tramitarse la correspondiente generación de créditos con vistas a formalizar la mencionada afectación». De este modo, se pretende impedir legalmente una práctica del pasado, que permitía gestionar temporalmente a lo largo del ejercicio transferencias recibidas para financiar la Dependencia con el fin de cubrir otros huecos. Aunque a finales de año esos recursos se dedicaran finalmente a la Dependencia, la inversión se producía con un retraso de meses. No obstante, como no eran fondos finalistas, podía desviarse una parte a otros objetivos. La consellera Sánchez Zaplana ha peleado por la inclusión de esta cláusula que blinda por ley los recursos de que dispondrá para Dependencia.
En la comisión, Sánchez Zaplana defendió que su conselleria incrementa su presupuesto para 2014 en un 2,1 % para «mejorar la gestión y mantener los niveles de atención social a los colectivos más vulnerables». Con 703,8 millones, centrará su actuación en discapacidad, menores, cooperación e integración. Admitió que le hubiera gustado que sus presupuestos de 2014 «subieran más» pero defendió que son «ajustados a la realidad social».
El socialista José Manuel Sánchez calificó las cuentas de «decepcionantes, ineficientes e injustas con los más débiles» y lamentó que la Cooperación suponga un «exiguo» 0,4 %, así como que no añadan «ni un euro más» para la violencia de género. Según el socialista, pese a los «datos dramáticos» de paro y pobreza, el presupuesto es «más de lo mismo: lleno de recortes».
Empresas y sindicatos exigen a la Generalitat valenciana el pago inmediato de más de 100 millones de deuda al sector de atención a personas mayores
Organizaciones sindicales y asociaciones empresariales han acordado hoy un calendario de movilizaciones, y reuniones con administraciones locales, autonómicas y nacionales.
Solicitan una reunión urgente al presidente de la Generalitat para que conozca y resuelva la grave situación.
El sector de las residencias y centros de atención a personas mayores en la Comunidad Valenciana sufre una constante marginación por parte de la Administración valenciana debido al impago de la deuda acumulada que mantiene, de manera continua, desde hace más de doce meses y que asciende a más de 100 millones de euros.
La incapacidad de la Consellería de Bienestar Social por solventar esta situación y el constante incumplimiento y asimetría con respecto a otros sectores de los calendarios de pago comprometidos, pone en peligro de extinción a corto plazo a todo el sector de atención a la dependencia, a sus más de 300 centros y mas 15.000 trabajadores directos que atienden diariamente a alrededor de 30.000 personas mayores en la Comunidad Valenciana (la mayoría ancianos).
Ante el agravamiento continuo de la situación y la falta de actuación de la Administración, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana(AERTE); La Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES); la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS); la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP); y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, han acordado hoy realizar una serie de concentraciones, movilizaciones, paros y reuniones con administraciones locales, autonómicas y nacionales para que, de forma urgente,la Generalitat valenciana resuelva el desbloqueo de la deuda comprometida de un sector necesario socialmente, más en tiempos de crisis, y que además genera empleo (por cada dos personas atendidas se crean un puestos de trabajo directo).
Concretamente, el sector exige a la Generalitat Valenciana, que dé al sector el mismo trato de financiación que a los conciertos sanitarios y educativos, además de un compromiso totalmente firme para establecer un plan de pagos real y urgente que se ejecute en tiempo y forma que permita solventar la situación de colapso por la que atraviesan los centros, evitando así impagos masivos de salarios a los profesionales antes de final de año: de los mas 15.000 puestos de trabajo directo que genera actualmente el sector, 10.000 pueden desaparecer a corto plazo.
Acciones:
– El miércoles 6 de noviembre, a las 11 de la mañana, se hará entrega de las primeras 4000 quejas de los trabajadores del sector de atención a personas mayores, al Sindic de Greuges en su sede en la calle Pascual Blasco, 1 – 03001 Alicante.
El pasado día, 30 de octubre, se solicitó por vía de urgencia una reunión con el President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, de cara a que pueda conocer personalmente la situación insostenible por la que atraviesa el sector en la Comunidad Valenciana, donde el periodo de tiempo sin cobrar las cantidades pendientes es cuatro veces superior a la media, algo insólito en otras autonomías. Por ello, se reclama la actuación del President para que adopte de forma inmediata acciones para solventar esta dramática situación.
Suma de otros agentes sociales
El sector de atención a personas mayores invita, a otros colectivos que se vean afectados directa o indirectamente por el incumplimiento de la administración valenciana y asociaciones afines se sumen a esta iniciativa reivindicativa con el propósito de reclamar una actuación creíble que no puede ser aplazada por más tiempo.
Deuda acumulada.
Deuda acumulada de la administración autonómica valenciana a 31 de octubre con el sector de centros y residencias de atención a personas mayores en la Comunidad Valenciana.
– 44 millones de euros correspondientes a los servicios públicos de gestión privada. Pendientes de cobro desde noviembre de 2012, es decir once meses sin cobrar.
– 40 millones de euros correspondientes a los servicios de accesibilidad social. Pendientes de cobro desde diciembre de 2012, es decir, diez meses sin cobrar.
– 9 millones de euros correspondientes a los Bono-residencias. Pendientes de cobro desde enero de 2013, es decir, nueve meses sin cobrar.
– 9,3 millones de euros correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
* El impago en el mes de noviembre, generará otros diez millones mas de deuda.
A la cola del resto de España
Según los datos a los que tienen acceso las asociaciones empresariales junto a CCOO y UGT, la Comunidad Valenciana se sitúa a la cola de España con respecto al pago a proveedores en las Comunidades Autónomas, siendo la única que tarda más de nueve meses en realizar los pagos.
Para más información:
Dpto. de Comunicación de Aecas · comuniacion@centroaecas.con· t. 627760487
Las empresas asociadas a AERTE confirman su presagio: no podrán pagar sus nóminas en octubre
Aerte recuerda al Ministerio de Hacienda que el sector lleva más de un año sin cobrar en la Comunidad Valenciana y que el gobierno valenciano le ha comunicado que no abonará en el tiempo establecido la deuda comprometida.
La falta de efectividad de las acciones de la Conselleria de Bienestar Social genera al mes más de 10 millones de deuda al sector empresarial de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana.
AERTE volverá a solicitar al Ministerio de Hacienda que actúe de forma urgente para poner fin al continuo bloqueo de pago de deuda acumulada que mantiene la administración valenciana y que asciende a más de 100 millones. Planteará que abone directamente al sector el pago de la deuda comprometida.
El promedio de tiempo sin cobrar la deuda en la Comunidad Valenciana es cuatro veces superior a la media. Las empresas asociadas a aerte confirman su presagio: no podrán pagar sus nóminas en octubre.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, aerte, insistirá hoy al Ministerio de Hacienda para que actúe con el objeto de resolver el bloqueo del pago de deuda acumulada que, desde la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, viene manteniendo de forma continua con el sector de centros de atención a dependientes de la Comunidad Valenciana.
Para ello, la patronal de la dependencia de la Comunidad Valenciana, ya solicitó el pasado 4 de octubre una reunión con el Ministerio de Hacienda. Hoy en Madrid, volverá a reclamarla por vía de urgencia para denunciar la escandalosa y continua situación que se da en la Comunidad Valenciana, fruto de la escasa efectividad de las acciones de la Consellería de Bienestar Social encaminadas a resolver el problema, en un asunto que afecta a más de 14.000 puestos de trabajo y más de 22.0000 personas dependientes sólo en la Comunidad Valenciana.
María José Mira, directora general de aerte, ha subrayado hoy desde Madrid que “el promedio de tiempo sin abonar las cantidades pendientes en la Comunidad Valenciana es cuatro veces superior a la media. Esta actitud es inaceptable y está provocando que se generen aproximadamente unos 10 millones de euros al mes de deuda, que se acumulan a los 100 millones de euros que se adeuda a día de hoy”.
Ante este constante incumplimiento del compromiso de pago, Mira advierte: “el sector no puede esperar más: la situación para las empresas y trabajadores del sector es inaguantable socialmente, sanitariamente, económicamente y moralmente. Sólo en la patronal de empresas de la dependencia en la Comunidad Valenciana, aerte, hay adheridos más de 200 centros, en octubre algunos de ellos ya no podrán pagar las nóminas. Necesitamos una solución ya, de una vez por todas, con un compromiso firme y fiable que verdaderamente se cumpla, porque la situación de agrava cada día, dado que las empresas han superado el límite de resistencia”.
AERTE solicitará al Ministerio que abone directamente al sector el pago de la deuda comprometida
Ante la falta de efectividad de la Conselleria de Bienestar Social y la urgencia que requiere solucionar este grave problema, explica María José Mira, “plantearemos al Ministerio como solución más rápida y eficaz el pago directo por vía de urgencia de los fondos estatales de dependencia desde el estado a las empresas y beneficiarios. Entendemos que dada la falta de liquidez del Gobierno valenciano, y la falta de soluciones, ésta sería una de las únicas que permitieran “respirar” al sector”.
Mira señala que, “se trata de deudas avaladas por contratos y compromisos firmados, con línea presupuestarias fijadas para ese fin y que, obviamente, no se están destinando al mismo. Lo cual es totalmente incomprensible. ¿A dónde se ha destinado ese dinero?”.
Por otro lado, Mira recalca que “existe una latente asimetría de la deuda de nuestro sector con respecto a otros, cuyos calendarios de pago son menos dramáticos, ya que, prácticamente no hay ninguno que esté en alrededor de un año de impagos, como es el caso. Y, a su vez, una asimetría incluso dentro de la misma Conselleria con entidades y recurso que llevan más de un año sin cobrar, como es nuestro caso, y otros que están casi al día. Y si además, le añadimos que estamos hablando de un sector que trabaja con personas dependientes la situación se agrava más si cabe”.
Deuda acumulada de la Administración valenciana en el mes de octubre al sector de los centros y residencias de atención a los dependientes de la Comunidad Valenciana (Fuente: AERTE).
– 44 millones de euros correspondientes a los servicios públicos de gestión privada. Pendientes de cobro desde noviembre de 2012, es decir once meses sin cobrar.
– 40 millones de euros correspondientes a los servicios de accesibilidad social. Pendientes de cobro desde diciembre de 2012, es decir, diez meses sin cobrar.
– 9 millones de euros correspondientes a los Bono-residencias. Pendientes de cobro desde enero de 2013, es decir, nueve meses sin cobrar.
– 9,3 millones de euros correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
El geriátrico de Elda lanza un SOS
La residencia y centro de día para mayores dependientes «El Catí» de Elda, cuya titularidad depende de la Conselleria de Bienestar Social, se encuentra asfixiada económicamente porque la Generalitat Valenciana no le ha realizado ni un solo pago en todo el año 2013 y, además, sigue debiéndole el mes de diciembre de 2012. En total a la Fundación, Salud y Comunidad (FSC) que es la empresa que lleva prestando este servicio desde 2005, la Conselleria de Bienestar Social le debe 1,7 millones de euros por diez meses de impago continuado.
La situación es «límite» y la concesionaria ya ha anunciado que, si no recibe ninguna transferencia económica en las próximas semanas, a partir del próximo mes de noviembre ya no podrá hacer frente al pago de las nóminas de los 70 profesionales que trabajan en el geriátrico. Una circunstancia que se mantendría en diciembre –incluyendo la paga extra de Navidad– y que podría repercutir en el cuidado de los 110 mayores a los que se atiende tanto en régimen residencial como en el centro de día. Pero, a partir del próximo mes, la concesionaria también tendrá dificultades en adquirir los alimentos, hacer frente a las facturas de luz, agua y gas así como en pagar a los proveedores y a la Seguridad Social.
Para evitar llegar a este extremo los responsables de FSC han remitido una carta al Ayuntamiento de Elda solicitando al equipo de gobierno popular que medie ante el Consell para acabar con este problema. También han pedido ayuda a los grupos parlamentarios de Compromís, EU y PSPV y están a la espera de mantener otra reunión con Asunción Sánchez Zaplana, que es la titular de la Conselleria de Bienestar Social a quien este diario ha preguntado, en los últimos días, por la problemática que atraviesa «El Catí» sin obtener respuesta alguna a pesar de la insistencia.
La Conselleria no paga y los bancos no financian
El subdirector del área de Atención a la Dependencia de FSC, Ismael Estevan, admitía ayer que su empresa se encuentra en una encrucijada. «La Conselleria no nos paga lo que nos debe, ni siquiera una parte, y los bancos ya no nos dan más crédito porque no se fían. Por lo tanto ya no tenemos capacidad de financiarnos y sin nuevos créditos es imposible seguir pagando a nuestros trabajadores y a quienes nos abastecen de todo lo que necesitamos», explica Estevan recordando que FSC siempre ha pagado en tiempo y forma a sus operarios y a sus proveedores. «Algo que, por desgracia, ya no vamos a poder hacer si la Generalitat no nos abona lo que nos debe», advierte Ismael Estevan mostrándose proclive, no obstante, a acordar un plan de pagos con Bienestar Social para acabar con la «agonía».
La Vall d’Albaida dispone de una red asistencial para mayores con 952 plazas
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha asistido al homenaje a las personas mayores que ha organizado el Ayuntamiento de L’Olleria, donde ha destacado que la participación activa de los mayores en la sociedad «es fundamental para promover la autonomía, prevenir la dependencia y mejorar la calidad de vida».
En este sentido, la consellera ha indicado que desde la Generalitat «vamos a seguir fomentando el asociacionismo entre las personas mayores, con la finalidad promover la plena participación social del colectivo».
Este año la Conselleria de Bienestar Social destina más de 1’5 millones de euros a financiar actividades y proyectos desarrollados por 464 asociaciones de personas mayores de toda la Comunitat.
Plan de Envejecimiento Activo
En la Comunidad Valenciana actualmente viven alrededor de 900.000 personas mayores de 65 años, lo que supone el 17’5% de la población.
La consellera de Bienestar Social ha subrayado la importante aportación de las personas mayores a la sociedad «por su carácter dinámico, comprometido y generoso», y ha añadido que desde la Generalitat «trabajamos para conseguir que el envejecimiento sea para ellos una experiencia positiva y una etapa muy activa».
El Plan de Envejecimiento Activo de la Generalitat promueve la salud, ocio y tiempo libre de 400.000 personas mayores de la Comunitat Valenciana, con el objetivo principal de fomentar su autonomía personal y contribuir a mejorar su calidad de vida a través de programas, recursos y actuaciones que promocionan la autonomía y previenen la dependencia. El Plan incluye, entre otros, los programas de Termalismo, Vacaciones Sociales, «No estés solo en Navidad», o «Coneix la teua Comunitat», así como los Centros Especializados de Atención a Mayores (CEAM).
Recursos para mayores en La Vall d’Albaida
Las personas mayores de la comarca de La Vall d’Albaida disponen de una red asistencial de 21 centros con 952 plazas. Concretamente, cuentan con 8 centros residenciales con 574 plazas, 9 centros de día y 378 plazas, 1 Centro Especializado de Atención a Mayores y 3 Centros Sociales.
Asimismo, 47 personas mayores de 65 años de la comarca son beneficiarias del programa ‘Menjar a Casa’ de la Conselleria de Bienestar Social, un servicio de atención domiciliaria que ofrece a las personas mayores una dieta saludable en su propio domicilio y adaptada a sus necesidades.
AVREP alerta que la deuda del Consell con el sector aumenta 3 millones de euros cada mes ante la pasividad del Gobierno valenciano
La deuda que mantiene la Generalitat Valenciana con las empresas encargadas de la gestión de residencias públicas se incrementa mensualmente en más de 3 millones de euros, ante la ausencia de medidas para paliar esta situación por parte del Consell. Actualmente, el impago al que tienen que hacer frente las empresas agrupadas en la supera los 38,5 millones de euros.
La operatividad de la red de centros públicos compuesta por 40 centros socio-sanitarios, podría verse afectada en las próximas semanas, e incluso terminar por reducirse a sólo 12 recursos ante la situación desesperada en la que se encuentran 28 centros, al no ser incluidas estas empresas en el Plan de Pago a Proveedores impulsado por el Gobierno Valenciano.
Y, lo más grave, es que la pasividad y falta de respuesta del Gobierno Valenciano puede afectar al funcionamiento de éstos recursos socio-sanitarios en los próximos meses, lo que pondría en peligro el 70% de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mediante gestiones integrales.
En este sentido, y con el constante incremento de la deuda, de no afrontar el Gobierno Valenciano los impagos mediante recursos propios, en diciembre la deuda ascendería a casi 50 millones de euros y superaría el año de retraso, situación que no se ha producido en ninguna otra autonomía y que deja en una posición insostenible a gestores, trabajadores y dependientes valencianos.
De hecho, la no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas en los planes de pago, supone condenar a más de 2.600 dependientes y cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos, con riesgo de continuidad en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante (6), Castellón (3) y Valencia (16).
Deuda validada por intervención
Por ello, desde la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas, que agrupa a prácticamente el 100% de los operadores y centros del sector, se ha solicitado al Consell el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y, en este sentido, se ha demandado que se salde la deuda con estos centros con la partida presupuestaria correspondiente, que se encuentra validada por la intervención.
La reducción de la operatividad de los recursos de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mermará la calidad de vida de muchos dependientes y sus familias. Y, paralelamente, provocará la pérdida de empleo no deslocalizable, que mayoritariamente beneficia a mujeres en municipios con poca masa de población activa.
AVREP reclama, por tanto, un esfuerzo de los gobernantes autonómicos y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para priorizar los servicios sociales a los colectivos más necesitados, garantizando el derecho adquirido por Ley.
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Aerte cifra en más de 100 millones la deuda acumulada con todo el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte), junto con la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), solicitará este viernes una reunión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de cara a abordar el «desbloqueo necesario y urgente» de las cantidades pendientes de pago, que a día de hoy Aerte cifra en más de 100 millones de euros entre todo el sector de la dependencia de la Comunitat Valenciana.
En concreto, ha indicado en un comunicado, la deuda se divide en 44 millones correspondientes a los servicios públicos de gestión privada, pendientes de cobro desde noviembre de 2012; 40 millones de los servicios de accesibilidad social, pendientes de cobro desde diciembre de 2012; nueve millones correspondientes a los bono-residencias, pendientes de cobro desde enero de 2013; y 9,3 millones correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
La directora de Aerte, María José Mira, ha apuntado que «la situación por la que atraviesan todos los centros y residencias, diez meses seguidos sin cobrar, se hace cada vez más insostenible a medida que la deuda se acumula», por lo que «tienen serias dificultades para pagar no sólo a sus profesionales, sino para poder seguir desarrollando unos servicios de asistencia de calidad a más de 22.000 personas dependientes en la Comunitat Valenciana, en su mayoría mayores y discapacitados».
María José Mira ha subrayado que, además, «muchos centros están pagando altos intereses a las entidades bancarias a las que, por falta de financiación de la administración, han tenido que pedir prestado, haciendo así mas insostenible su situación». «Raro es el día que no contacta algún asociado con nosotros por problemas de embargos o sanciones de hacienda», ha lamentado.
La situación del cobro al sector de la dependencia es «especialmente grave» en la Comunitat Valenciana, donde, según Aerte, el promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces superior a la media.
«SITUACIÓN ASFIXIANTE»
«Esto, unido a que no se ha abonado la deuda integrada en la primera fase del plan de pagos a proveedores, junto al aplazamiento del pago de otra parte de la deuda establecida para la segunda fase de dicho plan, hace que la situación para muchas residencias y sus dependientes sea asfixiante», ha denunciado.
En este sentido, Mira ha añadido que «la administración central no puede dar la espalda a la Comunitat Valenciana, más aún cuando nuestras empresas han sido un referente a seguir por otras comunidades en distintos modelos de colaboración sociosanitaria con la administración».
La Generalitat Valenciana acumula una deuda de 35 millones de euros con el sector y es la única autonomía española que tiene retrasos en los pagos superiores a 9 meses
Se ponen en peligro cerca de 2.000 puestos de trabajo no deslocalizables en los 25 municipios en los que dan servicios estas empresas.
La Generalitat Valenciana acumula una deuda de 35 millones de euros con el sector que engloba a las empresas de atención socio-sanitaria encargadas de la gestión de residencias públicas, con una media de impagos superior a los 9 meses, la ratio más alta de España, según datos aportados por las organizaciones sindicales y la propia Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP).
Desde la Entidad, se considera inadmisible que se mantenga una deuda con los operados que gestionan los centros públicos, máxime cuando esta gestión está regulada por contratos administrativos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, que se licitan mediante concursos públicos por periodos de 4 años, y que cuentan con una asignación y partida presupuestaria plurianual validada por la Intervención.
Si bien la realidad, tal y como se denuncia desde AVREP, es que, mientras que la media de retrasos en el pago a proveedores en España está en 90 días, la Comunidad Valenciana triplica este periodo, alcanzando picos de hasta 12 meses de impagos a las entidades que atienden a los mayores y las personas en situación de dependencia, especialmente aquellas vinculadas a residencias públicas. Ver Anexo I (mapa).
En este sentido, desde la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas se ha reclamado al Gobierno Valenciano que busque los medios necesarios para hacer efectivo el pago de la deuda que mantiene con los operadores del sector desde noviembre de 2012, dado que éstos no han sido incluidos en el primer tramo del Plan de Pago a Proveedores, que finalizó el 6 de septiembre, y que teóricamente estaba destinado a cubrir los impagos que mantenía la Generalitat Valenciana hasta el 30 de abril de 2013.
La no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas, supone condenar a más de 2.600 dependientes y cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos, dado que la situación se ha convertido en insostenible para muchos de los gestores, con riesgo de continuidad en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante (6), Castellón (3) y Valencia (16).
Desmantelamiento de la red pública
El incremento mensual de la deuda y el sistemático incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público por parte del Gobierno Valenciano ha provocado que la red pública de atención a personas en situación de dependencia pueda desaparecer en los próximos meses ante la pasividad de los gobernantes autonómicos y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el consiguiente perjuicio social y reducción de la calidad de vida para muchos dependientes y sus familias.
La Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP), constituida recientemente para defender a las empresas, trabajadores y usuarios de estos centros, representa al 97% de los gestores de éste sector, agrupando a las entidades que coordinan los servicios de 26 de los 28 recursos disponibles en la red pública de la Generalitat Valenciana.
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Asunción Sánchez Zaplana participa en el homenaje a los mayores de Llíria
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha asistido al homenaje que realiza el Ayuntamiento de Llíria a las Personas Mayores de la localidad en el marco de las Fiestas Patronales.
Sánchez Zaplana ha estado acompañada por el alcalde, Manuel Izquierdo, representantes de las tres asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Lliría y más de 2.000 mayores de la localidad que han participado en el encuentro.
La consellera ha destacado «la importante labor de las asociaciones de personas mayores de nuestra Comunitat que desarrollan actividades culturales, programas de ocio y tiempo libre, acciones de formación, en definitiva, iniciativas dirigidas a fomentar el envejecimiento activo y la participación de los mayores».
Asimismo, ha recordado alguno de los programas impulsados por la Generalitat para el colectivo como ‘Vacaciones Sociales’, ‘Coneix la teua Comunitat’, ‘Termalismo Valenciano’, ‘No estés solo en Navidad’, además de otros servicios de atención domiciliaria.
Asunción Sánchez Zaplana ha animado a las personas mayores a solicitar la Tarjeta del Mayor, «que ofrece numerosos beneficios para los mayores», y se ha dirigido a las empresas y los comercios de Llíria para que se adhieran a esta iniciativa.
«Desde los distintos departamentos del Consell trabajamos cada día para defender los derechos de las personas mayores y para ofrecerles una red de recursos y servicios dirigidos a mejorar su bienestar y calidad de vida», ha señalado, ha concluido la consellera.
La patronal AERTE sigue a la espera de una solución a los impagos
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), tras haberse reunido esta mañana con las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda, sigue a la espera de un compromiso y de la firma de una regulación segura de los pagos comprometidos con el sector de forma equitativa.
La Administración valenciana se compromete a que no aumente la deuda actual con un mecanismo de pago mensual.
Aerte, que había solicitado a las administraciones valencianas un plan de pagos que pueda garantizar la sostenibilidad del sector, sigue sin una contestación clara ni con la seguridad de que se vaya a afrontar la deuda que mantiene con la administración, aunque desde las Consellerias de Bienestar Social y de Hacienda se han comprometido a que no se eleve la deuda contraída desde 2012 mediante un mecanismo de pago mensual que podría estar listo a finales de este mes.
Desde la patronal valenciana le han insistido a las administraciones que el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana se encuentra en una situación muy compleja y delicada al no poder hacer frente por más tiempo a la carga de deuda que mantiene la Generalitat Valenciana y que sólo en los centros de atención a dependientes de titularidad pública asciende a más de 50 millones de euros, correspondientes a las facturas desde octubre de 2012. Cabe recordar que estos centros atienden a más de 5.000 personas, entre dependientes y discapacitados, y dan empleo a más de 3.000 profesionales.
Por otra parte, Aerte le ha solicitado una vez más a la Administración que es necesaria la ordenación del sector con iniciativas como la existencia del mismo número de plazas concertadas que de ayudas directas al usuario con un presupuesto que se distribuya equitativamente entre ambos programas, respetando siempre la libertad de elección del usuario. Por último, desde la patronal valenciana han insistido en la necesidad de la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, así como la atención de los más de 11.000 personas dependientes, ancianos y discapacitados en su mayoría, que tienen reconocido el derecho a asistencia pero no reciben ninguna prestación.
La Generalitat valenciana adeuda más de 35 millones de euros a los centros de atención a dependientes
El viernes 13, Aerte se reune con las consellerías de Hacienda y de Bienestar Social. Los centros sufren también las bajas de los residentes que esperaban el pago de su dependencia reconocida, y no llega.
En junio, la Generalitat se comprometió con Aerte, la asociación que aglutina a la mayoría de estos centros, a pagar en agosto toda la deuda de 2012. Pero no ha sido así. Ha habido algunos pagos, pero no el total. Con la suma de todo 2013, la deuda es ya de más de 35 millones de euros. La presidenta de Aerte, Mª José Mira se reune el próximo viernes con los secretarios autonómicos de las consellerías de Hacienda, Eusebio Monzón y de Bienestar Social, Álvaro Cuadrado.
A esta situación tan grave, se une el drama de las personas que tienen reconocido un nivel de dependencia y el cobro de una ayuda, y no la han cobrdo núnca. Aerte denuncia que once mil expedientes se encuentran en esta situación. Muchos de ellos, que han venido pagando la residencia como adelanto de lo que tenían que recibir, ya no pueden pagar más, y están abandonando las residencias.
Alertan contra la desprofesionalización de los servicios de ayuda a domicilio
Aerte, principal patronal de la dependencia en la Comunidad Valenciana, ha celebrado este miércoles la I Jornada sobre Nuevas Perspectivas en el Servicio de Ayuda a Domicilio: retos y perspectivas, un foro de reflexión que ha contado con la asistencia de Asunción Sánchez Zaplana, consellera de Bienestar Social, de Alberto Echevarría -presidente de la FED- representantes de la Comisión de SAD de Aerte, más de 100 alcaldes, empresarios e interesados en el sector.
La jornada que ha contado con una amplia acogida, teniendo en cuenta el incremento experimentado en la demanda de este servicio, que de desde 1999 hasta 2012, casi ha cuadruplicado su demanda pasando de 112.979 usuarios a más de 400.000, en un contexto en el que que hoy por hoy, más del 78% de los mayores de 55 años nos afirman que en un futuro escogerán permanecer en su vivienda habitual.
La I Jornada de Aerte centrada en el SAD, ha analizado la realidad del servicio desde diversas perspectivas que han permitido analizar factores como la desprofesionalización de los servicios de atención a la Dependencia, su estructura de costes, la reforma de las Entidades Locales y su impacto sobre el SAD, la tecnología que actualmente se está aplicando al SAD, su evolución y tendencias futuras.
En este contexto, José María Moreno -presidente de Aerte– ha calificado al SAD como un servicio polivalente, de gran utilidad, destacando factores de gran relevancia social como su versatilidad y capacidad de adaptación, y su potencial de generación de empleo, sin olvidar su influencia en la calidad de vida de las personas.
En el curso de su intervención, el presidente de Aerte ha denunciado licitaciones publicadas en ayuntamientos de la Comunidad Valenciana cuyos precios no alcanzan tan siquiera los costes laborales asociados a los convenios vigentes, con trabajos realizados por empresas que no cumplen con los requisitos mínimos exigidos, e incluso prestando servicios a la mitad del precio por hora que marcan los convenios, entrando en graves casos de ilegalidad, competencia desleal, intrusismo…
Durante su intervención, José María Moreno ha incidido en el verdadero problema que suponen estas situaciones: la calidad del servicio que reciben lo susuarios, que pone en peligro la atención y el ciudado de la población dependiente, por lo que ha pedido a los alcaldes asistentes compromiso para combatir estas situaciones, aludiendo a las graves responsabilidades que pueden derivarse de haber problemas.
El presidente de Aerte ha concluido manifestando la importancia de este servicio, dirigido a una población en constante crecimiento con una progresiva demanda que genera empleo y es estratégico por el servicio que presta. Por ello, Moreno ha demandado más recursos, teniendo en cuenta la posición que ocupa la Comunidad Valenciana en algunos indicadores de servicios sociales recientemente publicados.
Paralelamente, José María Moreno ha incidido en reivindicaciones clásicas para este sector, pero de gran importancia para cientos de personas, destacando los miles de expendientes de personas en situación de dependencia, con sus derechos reconocidos, pero que tienen su expediente bloqueado en Consellería y por ello, no están recibiendo ninguna prestación, lo que supone un incumplimiento de la Ley.
100.000 normas autonómicas y 10.000 de la Administración central
Por su parte, Alberto Echevarría -presidente de la FED- se ha mostrado crítico en su intervención respecto de la duplicidad de competenias en cuanto a la normativa emanada de las CC.AA. frente a la estatal, aludiendo a las 100.000 normas de carácter autonómico que se han registrado en 2011 frente a las 10.000 de la Administración General del Estado.
Para Echevarría, esta dualidad normativa entorpece y dificulta la actividad del sector, abocado a duplicar en ocasiones el cumplimiento de una normativa que necesita adecuarse en un contexto de criterio único. En este sentido, y aludiendo también al gasto que se general, el presidente de la FED ha demandado la necesidad de racionalizar la normativa, teniendo en cuenta el ahorro de tiempo y dinero que se alcanzaría con una normativa emanada de una Administración.
Bienestar Social reclama 25.000 euros a una mujer sin recursos tras retirarle la pensión
La Generalitat Valenciana reclama 25.000 euros a una mujer sin recursos tras retirarle la pensión por invalidez no contributiva que le concedió en el año 2002. La Conselleria de Bienestar Social considera que la mujer perdió el derecho a cobrar la pensión en el año 2007 porque su marido empezó a percibir un subsidio por invalidez de 625 euros. La afectada, Nieves Pozuelo, pidió ayer al titular del juzgado de lo Social número dos de Valencia que revoque la decisión de la conselleria. El abogado de la Generalitat Valenciana se opuso.
Nieves Pozuelo y su marido Bernabé Coleto, con el que lleva casada cuarenta años, subsisten gracias a las bolsas de alimentos que semanalmente les proporcionan Cáritas y una ONG latina. La pareja, que no tiene hijos, paga mensualmente 286 euros de hipoteca y con el resto del dinero hacen frente a las facturas de agua, luz, gas y comunidad. «Nos queda algo para comida. A veces compramos una carcasa de pollo para hacer caldo», aseguró Bernabé Coleto mientras esperaba a que empezara el juicio en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
La mujer, que tiene 62 años, padece fibromialgia desde hace más de una década y ha sido operada veinticuatro veces. «Tengo reconocida una minusvalía del 67% y en el año 2002 me concedieron la pensión de invalidez no contributiva por la que cobraba 347 euros», precisó Nieves.
El marido, que ahora tiene 56 años, trabajaba como albañil, pero tuvo que dejarlo porque físicamente no aguantaba. La Administración le concedió a Bernabé una pensión de 624 euros por invalidez el 26 de febrero de 2007.
La Conselleria de Bienestar Social realizó una inspección de oficio al caso de Nieves Pozuelo en el año 2011 y llegó a la conclusión de que no tenía derecho a percibir la prestación desde que su marido comenzó a cobrar la pensión de 624 euros. La abogada del turno de oficio que asiste a la pareja explicó que la Administración entiende que la pareja supera el mínimo que les daría derecho a las dos prestaciones.
La Conselleria de Bienestar Social reclama ahora a la mujer 18.000 euros por los 347 euros mensuales que percibió entre los años 2007 y 2011 y otros 7.000 euros por intereses de demora.
La abogada de la familia interpuso una demanda contra la Generalitat en el juzgado de lo Social número dos de Valencia para que rectifique y reconozca el derecho de la mujer a cobrar la pensión no contributiva. La letrada advirtió ayer al juez encargado del caso de que la propia administración reconoció que tenía derecho. Además, la pareja desconocía que tenía la obligación de comunicar que la mujer percibía la pensión de 347 euros.
La situación está a punto de llevar a la ruina a la pareja, que carece de recursos para pagarle a la Generalitat los 25.000 euros que le reclama. «No nos negamos a pagar, pero no tenemos dinero. Nos han dicho que nos pueden embargar la mitad de nuestro piso y todavía nos quedan por pagar doce años de hipoteca», lamentó Bernabé Coleto. El matrimonio se compró un piso en la calle Síndico Mocholí de Valencia -que está situada entre el barrio de San Marcelino y La Torre- en el año 2002. La pareja todavía adeuda al banco 41.000 euros de la vivienda.
«Ahora la mitad del dinero se nos va en la hipoteca y el resto en los gastos básicos y en los seguros de la vivienda y el de deceso. No tenemos para comer», insistió Nieves.
Su marido reconoce sin avergonzarse que recoge patatas de desecho en campos de las inmediaciones de Valencia con el permiso de los agricultores para poder comer. «Son patatas picadas que quedan en el campo tras la cosecha. También todo los sábados voy a la ONG Mira -una organización colombiana- porque nos dan verdura. El otro día me dieron garbanzos y algo más», añadió Bernabé.
La pareja confía ahora en que el juez de lo Social les dé la razón y les libere de pagar los 25.000 euros que les reclama la Generalitat Valenciana por una pensión a la que creían que tenían derecho.
«Ella tenía obligación de comunicar la paga del marido»
El abogado de la Generalitat Valencia defendió ayer en el juicio que la mujer «tenía la obligación de comunicar la otra pensión» cuando su marido comenzó a cobrarla en el año 2007. El letrado advirtió al magistrado del caso de que la unidad familiar superaba los límites para tener derecho a la pensión no contributiva. «Todos los años superó el límite y por eso la Generalitat reclama lo que cobró de forma indebida entre los años 2007 y 2011», indicó el abogado de la Generalitat Valenciana en un juicio que duró cinco minutos.
Fuentes jurídicas explicaron que la Administración ha incrementado las inspecciones de oficio ante la caída de ingresos. Las mismas fuentes incidieron en que «la falta de sensibilidad de la Generalitat puede abocar a la ruina» a familias como la de Nieve Pozuelo y Bernabé Coleto que carecen de recursos y de posibilidad de generarlos por sus limitaciones físicas. Bernabé Coleto aseguró que la Generalitat ya les ha enviado cartas comunicándoles que les embargarán si en las próximas semanas no hacen frente al pago de 25.000 euros que les reclaman. «Yo no tengo hijos, pero me gustaría que mis sobrinos pudieran heredar mi casa cuando muramos. No sé qué va a pasar ni qué vamos a hacer», admitió.
Aerte recurre el bloqueo de los expedientes aprobados que no reciben prestación
Aerte ha reclamado un acuerdo estatal que implique tanto a Gobierno Central como a CCAA, y en general, a todos los agentes involucrados en el sistema para evitar la desaparición de la Ley de Dependencia y con ello, el abandono en que entrarían miles de personas cuya atención no es compatible con los recortes que aplica el Gobierno, ni con los retrasos en los pagos, ni con la ausencia de resolución de expedientes que han sido aprobados.
Esta es la posición fijada por Aerte, en un contexto de recortes aplicados sin contar con los agentes del sector que, contradiciendo los argumentos esgrimidos por el Gobierno, no suponen una aplicación de la Ley de Dependencia con criterios de calidad y racionalidad, ni implican una derivación hacia la contratación de servicios profesionales, ni tampoco la incorporación de dependientes reconocidos al sistema, más bien al contrario, se han disminuido a los dependientes las cuantías de las prestaciones sin justificación aparente alguna.
Frente a esta situación, calificada como grave error por Aerte -a tenor de la rentabilidad que supone para la arcas públicas la inversión en Dependencia- en la última Asamblea de Aerte, se aprobó la ejecución de acciones jurídicas en contra de la actual política en materia de dependencia llevada a cabo por la Administracion Valenciana consistente en una actuación pasiva en la resolución de los expedientes, algunos de ellos desde el año 2009. Esto provoca que en algunos casos, personas dependientes fallecen sin haber visto resuelta su ayuda.
En respuesta a esta situación, la patronal ha pedido a sus asociados que soliciten a la Administración una interpretación del silencio administrativo en aquellos expedientes con un plazo superior al que establece la Ley, esto es, de los seis meses desde el inicio del mismo sin haber recibido resolusión de la PVS a pesar de tener derecho a ésta según establece la Ley de la Dependencia.
A su vez, Aerte ha puesto a disposición de los Dependientes, un servicio de asesoramiento jurídico para aquellos que se encuentren en esta situación de desamparo por incumplimiento de la ley por parte de la Administración y que posteriormente puedan interponer un Recurso Contencioso Administrativo en contra de la Consellería.
Con respecto a la minoración de las cuantías de las PVS sin comunicación previa, Aerte esta trasladando cada una de dichas disminuciones al Sindic de Greuges, teniendo en cuenta además que la Comunidad Valenciana ha sido la única autonomía donde se han aplicado recortes sin notificación ni aclaración previa a la población dependiente, dejando en una situación de indefensión a los receptores, de pleno derecho, de dichas ayudas.
Para Aerte, las medidas de “ahorro” anunciadas por el Ejecutivo no están alineadas con la voluntad de potenciar la Atención Profesional en el sector de la Dependencia, sino que tal y como se han planteado, suponen un claro recorte muy perjudicial para la población en situación de dependencia, y a su vez, insostenible para el sistema.
Así lo ha manifestado la Directora General de Aerte, María José Mira, para quien el Gobierno aplica medidas en teoría más racionales y equitativas pero al mismo tiempo, la Comunidad Valenciana no resuelve las prestaciones vinculadas al servicio de los dependientes con expedientes aprobados desde hace años, y disminuye las cuantías de los que ya tenían un derecho reconocido por tener una resolución administrativa, sin comunicarlo previamente, hechos que sumados a los retrasos que ha experimentado y aún experimenta el sector, hacen insostenible la atención profesional.
Frente a esta situación de dificultades económicas que sufre el sector y el bloqueo en la resolución de expedientes, Aerte considera necesarios acuerdos políticos, económicos y sociales que hagan viable el sistema de atención a la dependencia, que afecta a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
Ayer se puso en marcha en IESE la Mesa de Debate sobre Dependencia, promovida por la Federación Empresarial de Asistencia a la Depenencia (FED) y la Fundación Economía y Salud. Un espacio de reflexión de carácter itinerante que contó con la presencia de César Antón, Director General del Imserso, quien negó la existencia de nuevas medidas de ahorro en el sistema de dependencia, en alusión a los 1.108 millones anunciados en el Plan de Reformas que, según el Director del Imserso, proceden de actuaciones acordadas en el Consejo Territorial de Junio 2012.
En el curso de su intervención, César Antón transmitió su intención y compromiso de impulsar y continuar con la profesionalización de los servicios para atender a las personas en situación de dependencia”.
Estas palabras han sido valoradas positivamente por María José Mira, Directora General de AERTE, para quien ha calificado de contradictorio que la Comunidad Valenciana sea la única autonomía que no sigue las directrices del Imserso relativas a salvar la Ley de Dependencia mediante resoluciones de Prestaciones Vinculadas al Servicio, el tratamiento igualitario de personas con mismo nivel de dependencia y capacidad económica y en particular, reconociendo a todas estas personas los servicios profesionales acreditados como dentro de la red de servicios sociales y no sólo a una parte de esta población dependiente.
Frente a la necesidad de establecer unas reglas igualitarias en el sector que redunden en un mejor servicio global al dependiente, la directora general de Aerte ha aludido a un contrato que ha aportado a diez empresas importantes beneficios, concertándoles 2. 000 plazas que deberían haber salido a concurso público y que por ello, está llevando a la muerte de las empresas del sector y a la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Más de 12.800 valencianos tienen ya la tarjeta del mayor
La Conselleria de Bienestar Social ha emitido desde que se inició el programa en junio del pasado año un total de 12.871 tarjetas del mayor, un documento que permite a los portadores, mayores de sesenta años, beneficiarse de un sinfín de ventajas en numerosos establecimientos de la Comunitat Valenciana.
Según los datos actualizados del Departamento que dirige Asunción Sánchez, en la provincia de Valencia hay 8.870 beneficiarios, en la Alicante, 2.798 y en la de Castellón, 1.503. Además, el 51 por ciento del total son mujeres y el 49 por ciento, varones.
En cuanto a las solicitudes, dicha área recibió un total de 13.672. La mayoría de ellas, de personas de edad comprendida entre 65 y 75, el 55 por ciento, lo que se traduce en 7.583 ciudadanos. Rellenaron también los papeles 2.711 menores de 65 años y 2.879 entre 75 y 85 años. Mayores de 85, tan solo registraron 499 peticiones.
La tarjeta del Mayor es una iniciativa de la Generalitat que tiene por objetivo que sus titulares puedan acceder a una serie de ventajas y descuentos en establecimientos y servicios sociosanitarios como ópticas, clínicas dentales, agencias de viajes o casas rurales. En total, hay adheridas al programa 312 entidades.
Pese a que destaca la participación de empresas ortopédicas, ópticas y odontológicas, en el catálogo hay establecimientos de todo tipo. Desde funerarias hasta panaderías, pasando por una tienda de informática.
De la tarjeta pueden beneficiarse todas aquellas personas que hayan cumplido ya 65 años o que sean pensionistas mayores de 60. Además, han de residir en alguno de los municipios de la región valenciana. Las solicitudes deben presentarse en las direcciones territoriales de la Conselleria de Bienestar Social, en las oficinas Prop de la Comunitat, en los centros Especializados de Atención a mayores o en los servicios sociales de los Ayuntamientos.
La directora general de Acción Social y Mayores, Pilar Albert, mostró su satisfacción por la acogida del proyecto, «como muestra el número de documentos acreditativos expedidos y de las empresas y comercios que participan».
En esta línea, aseguró que las personas mayores «merecen» todo este esfuerzo del Consell, «para mejorar su calidad de vida».
«Se trata de una iniciativa muy importante de apoyo a nuestros mayores, el Gobierno valenciano es consciente del papel tan importante que están jugando en la sociedad por su inestimable experiencia y porque, en una época complicada como la actual, están siendo el pilar y apoyo de muchas familias y cualquier descuento o ventaja que puedan obtener es una gran ayuda».
La consejera valenciana de bienestar social recuerda que se han pagado 32 millones a asociaciones en las últimas semanas
La consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana, recordó hoy en el Fórum Europa. Tribuna Mediterránea que durante esta semana y la pasada el Gobierno autonómico ha realizado pagos por valor de casi 32 millones de euros que tenía pendientes de abonar a asociaciones y empresas dedicadas a la discapacidad, un sector con el que el Consell mantiene una importante deuda a pesar de que dichos gastos forman parte de los capítulos de gastos corrientes de la Generalitat.
Sánchez Zaplana explicó que desde que su equipo desembarcó en la Consejería de Bienestar Social el pasado mes de diciembre, después de la última reestructuración del Consell de Alberto Fabra, el trabajo que hemos estado haciendo con la Consejería de Hacienda es pagar los servicios y prestaciones de organizaciones y empresas del ámbito de los servicios sociales.
Tenemos que ser capaces de que las empresas que prestan los servicios sociales del ámbito de la discapacidad, las personas mayores, o cualquier familia, mujer, etcétera, puedan cobrar en tiempo y forma, subrayó la consejera durante su participación en el citado encuentro informativo, organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum.
COMPROMISO CON EL SECTOR SOCIAL
Sánchez Zaplana, que estuvo acompañada en el acto por numerosos representantes del ámbito social, además de compañeros de partido, gobierno y otras administraciones públicas, adquirió un compromiso firme con el sector, al borde del colapso ante los impagos del Consell de Alberto Fabra: Voy a trabajar para que tengan garantizado el pago de los servicios. Creo en ello, aseguró la consejera del ramo.
En este punto, y para concluir su intervención al respecto, Asunción Sánchez Zaplana destacó el papel indispensable que juegan las ONG y el Tercer Sector en general.
Las ONG», manifestó la consejera, «son un reflejo de nuestra sociedad, prestan servicios fundamentales y desempeñan una valiosa articulación de la sociedad civil.
Plataformas de Ley de Dependencia plantean vías para evitar el ‘copago’ farmacéutico
Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana remitirán a la Generalitat un escrito con las diferentes «vías» que existen para evitar aplicar en la Comunidad la normativa estatal que establece «copago» farmacéutico para las personas con discapacidad.
Representantes de estos colectivos se han reunido este martes con los consellers de Sanidad, Manuel Llombart, y de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, para pedir la derogación del artículo 160 de la Ley 10/2012 de 21 de diciembre que suprime la gratuidad de los productos farmacéuticos y ortoprotésicos a los discapacitados.
El encuentro, que se ha celebrado en la sede de la Conselleria de Sanidad, también ha contado con la presencia de miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Concemfe).
La portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Valencia, Palmira Castellano, ha explicado tras la reunión que la Conselleria de Sanidad «se enroca» en que el «copago» está establecido en una normativa estatal y, por tanto, aunque la Generalitat «no quiere» aplicarlo, «no tiene más remedio».
Sin embargo, la abogada del colectivo ha asegurado a los consellers que existen «vías» para no aplicar la norma en la Comunidad Valenciana, por lo que los miembros del Gobierno valenciano le han pedido que se las explique por escrito. Así, las plataformas enviarán al Consell las «alternativas» que hay y la Generalitat las estudiará y contestará en un plazo de 15 días, ha asegurado Palmira Castellano.
Asimismo, la portavoz de la plataforma ha hecho hincapié en la actitud «conciliadora» de la consellera de Bienestar Social, que busca «integrar las diversas problemáticas de Bienestar Social con las distintas consellerias», ha subrayado.
Aerte asegura que la Generalitat se compromete a liquidar la deuda de 2012 en junio como «mes límite»
La patronal del sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana, Aerte, ha asegurado este jueves que la Generalitat se ha comprometido a liquidar la deuda de 2012 en junio «como mes límite» y que a partir de julio se resuelva la de 2013 «hasta que todos los centros queden en una situación de pago de 90 días».
Así lo ha indicado en un comunicado en el que ha indicado que estos han sido los compromisos «más apremiantes» asumidos por la Generalitat en el transcurso de una reunión mantenida este miércoles con la entidad, que contó con la presencia del vicepresidente del Consell, José Císcar y la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, con varios miembros de la Junta Directiva de Aerte, encabezados por su presidente, José María Moreno, y Alberto Echevarría, presidente de la Federación Española de la Dependencia.
Aerte planteó en el encuentro, del que ha destacado el «clima cordial favorable al entendimiento mutuo», la resolución de los expedientes pendientes. En este sentido, ha asegurado que los responsables de la Administración valenciana vieron «viable» la resolución de las Prestaciones Vinculadas al Servicios (PVS Residenciales), de Centro de Día y de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) «en un corto plazo de tiempo», un compromiso «que condicionaron a ser ratificado con Hacienda, por tratarse de un asunto presupuestario, pero que fue bien recibido por la capacidad de generación de riqueza y empleo que se reconoció al sector de la dependencia».
La asociación ha calificado como «viable» su objetivo de que al menos 4.000 prestaciones –entre Bonos y PVS Residenciales– y otras 1.400 prestaciones existentes –entre Bonos y PVS de Centro de Día– «puedan resolverse y mantenerse en el sistema, a pesar de que la asociación esperará los 30 días de plazo solicitados para recibir una respuesta en firme por parte de la Administración».
«PASO ADELANTE ESENCIAL»
José María Moreno ha valorado haber podido trasladar «de primera mano» la problemática del sector a «altos niveles» del Consell, así como los compromisos asumidos por parte de la Generalitat valenciana, «de gran relevancia pues garantizan la supervivencia del sector dependencia valenciano, de las empresas y centros representados por Aerte y en particular, garantizan la atención a los más de 20.000 pacientes a los que presta servicio».
El presidente de Aerte ha mostrado su «gratitud» a los miembros del Consell presentes en la reunión «por su disposición, la voluntad de resolución de problemas manifestada y en particular, su actitud positiva frente al carácter estratégico del sector dependencia».
