Reforma
En el XIV Dictamen de la Dependencia solo aprueban 8 Comunidades Autónomas
La reducción de la financiación estatal del sistema de dependencia, además de incrementar el copago de los usuarios en 2012, ha conllevado un quebranto acumulado para las comunidades autónomas de 1.409 millones de euros en los tres últimos años.
Esta desinversión ha provocado que algunas autonomías presenten graves deficiencias en la atención a las personas dependientes. Si tomamos como referencia el número de beneficiarios, personas con derecho o el gasto público por habitante y año, entre otros doce indicadores, las comunidades que peor posición ocupan durante el último año son Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana. Así se desprende del XIV Dictamen de la Dependencia, aplicado por comunidades, que la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha presentado este jueves.
En 2014, la Comunidad Valenciana ha incrementado ligeramente (un 0,3%) el número de personas atendidas, sin embargo, hay 8.339 personas valoradas menos y el número de personas con derecho se ha reducido en 6.281. Además se han perdido casi 1.700 atenciones en plaza residencial. Tras ocho años de implantación de la ley, la comunidad no ha activado ningún servicio de Ayuda a Domicilio.
Canarias ha aumentado el número de atendidos un 10,7% y un 6,3% las personas valoradas, lo que de acuerdo con el informe denota un importante esfuerzo. Aun así, descienden las personas con derecho y el sistema presenta una desatención cercana al 50%. «Canarias muestra un gravísimo retraso en la implantación del sistema», según los autores del estudio.
En Aragón, comunidad que ocupa la tercera peor posición, también caen los principales indicadores: mantiene un grado de desatención superior al 20%. Al igual que la Comunidad Valenciana, tampoco ha puesto en marcha ningún servicio de Ayuda a Domicilio y registra un importante número de bajas sin reposición de personas que cobraban la prestación económica por cuidados familiares: 1.566.
Si atendemos al indicador de gasto público en dependencia por habitante y año, las tres comunidades se sitúan por debajo de la media, que alcanza los 104,49 euros. La Comunidad Valenciana, 57,95 euros; Canarias, 39,20; y Aragón, 83,52. Por el contrario, las autonomías mejor valoradas, Castilla y León, País Vasco y Andalucía, superan con creces la media e invierten 139, 160 y 121 euros anuales por habitante, respectivamente. A nivel nacional, la reducción de la financiación pública ha provocado que las personas dependientes ya aporten más al sistema que el Gobierno.
Según se desprende del informe, estas últimas son comunidades que han resistido relativamente bien el impacto de las reformas y las restricciones presupuestarias. Los autores señalan que Andalucía acumula un deterioro del sistema desde mediados de 2012 pero destaca que se ha frenado e invertido la pauta en 2014.
Respecto a Ceuta y Melilla, el estudio informa de que se situarían por detrás de Aragón a causa de la falta de servicios. Sin embargo, debido al tamaño de las ciudades autónomas y considerando que el sistema depende directamente del Imserso, no se han incluido como uno de los tres territorios donde peor se ha desarrollado la ley.
En Holanda las personas dependientes pasan a ser una obligación moral para familiares, amigos y vecinos
Holanda introduce una polémica medida, la “Sociedad participativa”, para ahorrar 2.300 millones de Euros, el 10% del coste de este tipo de atenciones. Pero la razón es más profunda. Se trata de acostumbrar a la sociedad a otra visión de las relaciones comunitarias y sobre todo familiares. La causa radica en el envejecimiento creciente de la población y la multiplicación que comporta en el número de personas que no poseen una autonomía personal suficiente, que necesitan de una acierta atención. Y esto sucede en un país donde funciona la eutanasia, una vía de reducción de ancianos que perciben que son de “descarte”, y de un generoso aborto, totalmente libre hasta los 24 meses (aunque, eso sí, severamente prohibido y penado después, con rigor calvinista, bajo la acusación de infanticidio). Los Países Bajos además cuentan con una sólida tradición de estado del bienestar, unos ingresos fiscales importantes por parte del Estado, un fraude fiscal mucho menor que el español, y una afectación por la crisis de un nivel escasamente perceptible, con una tasa de paro del 6,5%, y de menos del 10% para los jóvenes menores de 25 años.
La medida holandesa nos permite subrayar unos fundamentos menospreciados por nuestros partidos, instituciones y cultura mediática: (1) Sin sociedad del bienestar no hay estado de tal naturaleza, y Europa se aleja de las condiciones que lo hacen posible. (2) Los efectos de no tener hijos unido al envejecimiento son demoledores y los serán todavía más. (3) La familia sin disfunciones, que no genera costes sociales, formada por un padre y una madre, hijos, capacidad educadora, y red de parentesco estable, es la institución básica del sistema de bienestar, porque es su fundamento y su principal agente realizador; es la única que hace más con menos.
El problema de Holanda, como el de nuestro país, es si después de hacer creer a la gente durante tanto tiempo que el Estado podía suplir a la familia y a la comunidad, ahora el cambio va a ser fácil. Quizás por esto, los holandeses anticipan su reforma, a pesar de que tienen algo que a España le falta, tiempo. Aquí, en una peor situación en todos los parámetros básicos: nacimientos, envejecimiento, ocupación y productividad, solo se plantea el cuento de la lechera o la carta a los Reyes negando la evidencia y prometiendo más y más gasto público.
El eurodiputado de Podemos Pablo Echenique ha abogado por financiar cuidadores para todas las personas dependientes
En una rueda de prensa en Toledo, Echenique ha explicado que esta medida «sería una inversión directa en empleo» y el coste para estas contrataciones «sería nulo». «Además sería una buena medida de estímulo económico y se solventaría una violación histórica de derechos humanos, y si echas cuentas sale lo comido por lo servido», ha indicado.
Compromís quiere cambiar el modelo asistencial de la Comunitat Valenciana
Compromís interpela a la Consellera Asunción Zaplana sobre un nuevo modelo asistencial. En nuevo modelo debería desmontar el entramado organizado en torno a las residencias de Cotino y debería centrarse en la libertad de la persona, en la libertad de optar por asistencia residencial o domiciliaria.
Cantabria tarda en reconocer la prestación por dependencia casi un año, seis meses más de lo establecido en la Ley
Cantabria tarda en reconocer la prestación por dependencia casi un año, según el último informe de fiscalización del Sistema para la Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que ha elaborado el Tribunal de Cuentas con datos del primer cuatrimestre de 2013,
El Tribunal de Cuentas pone de manifiesto las graves deficiencias existentes en la aplicación de la ley de dependencia
El Tribunal de Cuentas en su informe ‘Informe de fiscalización sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las Comunidades Autónomas para la adecuada aplicación de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia’ denuncia incoherencia normativa, demoras, diversidad de criterios de clasificación,…
Munté lamenta que los discapacitados intelectuales no hayan podido votar
80.000 discapacitados intelectuales que están incapacitados judicialmente en España, no han podido ejercer su derecho al voto, algo que «vulnera derechos y es contrario al principio de igualdad».
Debate sobre el pasado, presente y futuro de la ley Dependencia
El próximo 29 de Mayo a las 19h tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) el acto de presentación del libro «Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia«, escrito por Josep de Martí, jurista, gerontólogo social y director del portal Inforesidencias.com.
El acto será presentado por el Dr. Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona y contará con la participación, además del autor del libro de la Dra. Dolors Quera, Geriatra presidenta de la sección colegial de médicos sociosanitarios del COMB y la Dra. Anna Olivé, vocal del la Junta de Gobierno del COMB y vicepresidenta de la sección colegial de médicos sociosanitarios del COMB.
Debido a que el aforo es limitado, todos aquéllos que deseen asistir deberían confirmar su asistencia rellenando el formulario que aparece en este enlace.
Nuevo cálculo del copago para dependientes, renta y patrimonio
Para los dependientes catalanes se utiliza una nueva fórmula para el cálculo del copago, se utilizará tanto la renta disponible como el patrimonio del dependiente. La nueva fórmula despierta recelo entre las entidades del sector.
Ley de Dependencia Europea, una demanda de la Agrupación de Electores de Discapacitados y Enfermedades Raras
Está claro que para construir un espacio europeo común tenemos que avanzar en la harmonización de muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. La Agrupación de Electores de Discapacitados y Enfermedades Raras, grupo político que se presentan a las próximas elecciones europeas, solicitan una Ley de Dependencia común para todo el ámbito de Europa.
Dependientes 2, Bienestar Social 0
Dos sentencias del TSJ valenciano dan la razón a dependientes que reclamaron en contra de la resolución de la consejería de Bienestar Social que rebajaba su grado de dependencia. Los dependientes que luchan consiguen revertir las resoluciones arbitrarias de Bienestar Social.
El Principado de Asturias reclama «las mismas reglas del juego» en el cálculo de la financiación de la dependencia
La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, ha reclamado este domingo «las mismas reglas del juego para todas las administraciones en el cálculo de la financiación de la dependencia».
Así, el Gobierno asturiano presenta alegaciones al anteproyecto del Tribunal de Cuentas y solicita la homogeneización de los criterios para fijar los tiempos de espera y el reparto de la financiación entre las administraciones públicas, ya que considera que «el cambio de modelo aplicado por el ente fiscalizador provoca un aumento ficticio de la aportación estatal».
De hecho, la consejera ha subrayado que la contribución del Gobierno del Principado a la financiación de la dependencia en 2012 «fue muy superior a la del Ejecutivo central».
«El Tribunal de Cuentas se sale del ámbito de lo estipulado en la propia ley de la dependencia y considera oportuno incorporar como aportación estatal otros recursos adicionales para el sostenimiento del Estado de Bienestar y que no están dirigidos en exclusiva a la dependencia», señalan desde el Gobierno asturiano en nota de prensa.
Por tanto, desde el Principado consideran necesario que el Tribunal de Cuentas «unifique los criterios y fórmulas para evaluar la financiación de las administraciones públicas».
Asimismo, la titular de Bienestar Social coincide con el informe del Tribunal de Cuentas en que existen importantes diferencias en cuanto a modelos de gestión entre las comunidades autónomas. «Mientras en algunas autonomías la resolución de dependencia reconoce el derecho del dependiente y se inicia el disfrute de un servicio o prestación, como en el caso de Asturias, en otras, esa misma resolución solo reconoce un derecho, pero no implica el inicio inmediato del servicio, ya que el dependiente deberá esperar a que se lo asignen», dice.
«Esto genera que las listas de espera no sean homogéneas. Dependiendo de la comunidad autónoma, en unas se computa el tiempo para la concesión del derecho y en otras para la asignación o disfrute del servicio o prestación», añaden desde el Gobierno autonómico.
Por ello, el Principado ha solicitado al Tribunal de Cuentas que, una vez constatada esta diferenciación entre dos sistemas de gestión y su efecto distorsionador, «figuren diferenciadas unas y otras comunidades autónomas, así como el tiempo medio de espera de cada modelo de gestión».
“Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia”, de Josep de Martí
Hace unos años creímos que España era un país rico. Que teníamos el sistema bancario más saneado del mundo, que estábamos alcanzando a nuestros vecinos del norte en nivel de vida y renta per cápita, incluso que les llegaríamos a superar. Nos veíamos avanzando por un prometedor sendero rodeados por miles de grúas, montañas de pisos, flamantes aeropuertos, vías de AVE y aun más pisos y filas de adosados.
Y allí, en el horizonte, justo al alcance de nuestra mano, el oasis del pleno empleo. Fue entonces cuando España decidió que sus ciudadanos merecían un derecho más: el de recibir atenciones si algún día la edad o la enfermedad les hacía necesitar de ayuda para hacer aquello que casi todos hacemos por nosotros mismos. Pero no sería un “derechillo” más, ¡No señor! Éste sería subjetivo, universal y se convertiría en el cuarto pilar del estado de bienestar, al lado de la sanidad, la educación y las pensiones. O sea, sería, para todos: ricos y pobres, altos y bajos, catalanes y asturianos… Sería caro pero ¡Qué narices!, nos lo merecíamos y nos lo podíamos permitir.
Nuestros gobernantes, que sabían que de verdad no éramos tan ricos, que el oasis era un espejismo y que crear ese nuevo derecho saldría demasiado caro, decidieron que, a pesar de todo, sacarían adelante el proyecto y en el proceso, nos engañarían a todos.
EL AUTOR
Josep de Martí es uno de los opinadores más reconocidos y con una visión privilegiada del sector de la atención a mayores dependientes. Durante los últimos veintitrés años ha trabajado tanto en la administración, siendo inspector de servicios sociales, como profesor, impartiendo clases en diversos cursos de postgrado de dirección de residencias o gerontología social y también como promotor/director del portal de internet www.inforesidencias.com, que en 2000 fue primer buscador on-line de plazas libres en residencias para mayores y recientemente se ha convertido en la primera web que permite comparar residencias según su nivel de transparencia. Estas labores las combina con trabajos de consultoría, impartición de conferencias y lo que según sus palabras, más satisfacción le produce, la escritura de un blog en el que analiza de forma crítica lo que pasa en el sector de la dependencia.
Licenciado en Derecho, gerontólogo social y especialista en derecho público. A pesar de haber colaborador en varios libros colectivos y publicado en casi todas las revistas especializadas en atención a mayores, ésta es su primera obra en solitario. Una ocasión que ha aprovechado para ordenar y contextualizar diez años de reflexiones sobre la Ley de Dependencia con un curioso hilo argumental: todo fue un engaño.
LA EDITORIAL
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MARTES, 1 DE ABRIL, 19´30h.
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«Moreno es el Terminator de la Ley de Dependencia y de las medidas contra la violencia de género»
La diputada nacional del PSOE por Almería Consuelo Rumí ha manifestado este miércoles que su grupo tiene «muy claro cuál es el currículo» del candidato a la Presidencia del Gobierno andaluz del PP-A, Juan Manuel Moreno, a quien ha definido como «el ‘Terminator’ de la Ley de Dependencia y de las medidas contra la violencia de género».
En rueda de prensa, Rumí ha asegurado que Moreno es «cómplice de la ministra Ana Mato de los repagos farmacéuticos y del atentado contra la sanidad pública española» en su cargo institucional como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. «En definitiva, Arnold Schwarzenneger al lado del Moreno es un angelito», ha apostillado la diputada.
Rumí ha estado acompañada del senador socialista Juan Carlos Pérez Navas y de la diputada nacional Gracia Fernández, quien ha asegurado que el candidato a presidir la Junta «es conocido por sus malos hechos y obras» ya que «ha sido el responsable de implantar las políticas sociales que han agravado en nuestro país la pobreza y la desigualdad», según ha valorado.
Fernández ha afirmado que Moreno deja una Ley de Dependencia «prácticamente derogada» dado que «el Gobierno ha dejado de asumir sus responsabilidades y de aportar el 50 por ciento para el pago de las prestaciones» que ahora «tienen que asumir las comunidades autónomas». En este sentido, ha señalado que Andalucía «asume el 72 por ciento de los costes» de los servicios derivados de esta ley al tiempo que sufrido «una pérdida de 314 millones de euros» de aportaciones del Estado.
«La Junta ha tenido que hacer esfuerzo para garantizar la atención a la dependencia a 15.627 beneficiarios», ha explicado la diputada, quien ha valorado la «aportación extra» de más de 851.000 euros que el Gobierno andaluz ha dedicado al pago de los servicios de trabajadoras en la provincia.
Con esto, ha criticado también que Moreno «no haya tenido como prioridad» la integración de personas con discapacidad ni el desarrollo de políticas para luchar contra la violencia de género, cuyas partidas se han visto mermadas mientras que, en el caso de los discapacitados, sus políticas de integración o acceso a los medicamentos de manera gratuita se ha deteriorado, según ha defendido.
Para Fernández, Moreno «no está en condiciones de dar lecciones a nadie y menos en Andalucía» con lo que considera que «tiene mucho que hacer para demostrar que los andaluces le preocupan», sentido en el que además le ha invitado a participar en una concentración contra el anteproyecto de la ley del aborto.
La nueva reforma local recortará 300 millones en servicios sociales
Los efectos de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que retira a los ayuntamientos competencias en materia de educación y bienestar social, supondrá un recorte presupuestario de 300 millones de euros en servicios sociales en el conjunto de la Comunidad Valenciana, lo que afectará a 112.000 usuarios y causará la pérdida de 3.000 puestos de trabajo, 850 de ellos correspondientes a técnicos. Así lo explicó el martes en una charla-coloquio en Quart de Poblet el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, que ha elaborado un informe a partir de datos oficiales.
La asociación, cuyos estudios sobre la implantación del sistema de atención a la dependencia se han convertido en una fuente de referencia sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia en España, maneja numerosos indicadores y se basa para cuantificar el recorte en que 300 millones de euros “es la cantidad que aportan los ayuntamientos a estas ayudas y que ahora desaparecerá”.
La alcaldesa de Quart de Poblet, la socialista Carmen Martínez, que presentó a Ramírez en el acto celebrado en el Centro Cultural El Casino, abogó por recurrir la nueva ley ante el Tribunal Constitucional y dijo que “no ofrece soluciones, es decir, recursos a quienes tienen que asumir estas competencias, las diputaciones y la Generalitat, pero en cambio sí crea un grave problema a la ciudadanía que se queda sin estos servicios”.
Ramírez explicó que la Comunidad Valenciana ocupa el último puesto en la clasificación de comunidades autónomas por el desarrollo de su sistema de servicios sociales, aunque apuntó que se da la paradoja de que es la que más incrementó el presupuesto en servicios sociales entre 2009 y 2012, con un 14,69%. Pese a lo que calificó como “un meritorio esfuerzo”, dada su débil situación de partida, la Comunidad Valenciana está muy por debajo de la media estatal en gasto y en oferta de prestaciones.
Los datos que aportó el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales señalan que el gasto en servicios sociales ha pasado en la Comunidad Valenciana de 662,2 millones de euros en 2009 a 759,6 millones en 2012. Aún así, en términos relativos pasa de 129,5 euros por habitante en 2009 a 151,5 euros por habitante en 2012, lo que supone 123,6 euros menos que la media estatal, de 275,1 euros por habitante y año.
También el porcentaje del gasto en servicios sociales, que es del 5,6%, se sitúa por debajo de la media española, del 7,7%. En general, la cobertura de la Comunidad Valenciana en servicios sociales se sitúa en 0,6 puntos sobre 5. Entre los indicadores que empeoran figura la extensión del sistema de atención a la dependencia, que a finales de 2011 beneficiaba al 0,86% de los habitantes de la Comunidad Valenciana y a finales de 2012 había bajado al 0,83%.
El duodécimo dictamen sobre el desarrollo del sistema de atención a la dependencia, que la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hizo público la semana pasada en Segovia, coloca a la Comunidad Valenciana como la peor, con 0,4 puntos sobre 10. “En Valencia, una persona dependiente tiene la mitad de posibilidades de ser atendida que en el resto de España. hay 18.213 personas dependientes, una de cada tres, que tienen reconocidos los derechos pero figuran en lista de espera”, explicó Juan Manuel Ramírez. “Y lo más grave, en 2013 murieron más de 3.000 personas que tenían el derecho reconocido sin poder disfrutarlo”.
Los recortes «ponen en riesgo la atención a 560 dependientes de Ronda»
El secretario general del PSOE de Málaga y diputado nacional, Miguel Ángel Heredia, ha advertido hoy de que los recortes del Gobierno del PP en materia de Ley de Dependencia ponen en riesgo la atención a los 560 dependientes del municipio de Ronda. Heredia ha visitado hoy el centro de participación activa para personas mayores de la localidad junto a la portavoz socialista, Teresa Valdenebro.
El responsable socialista ha denunciado que el PP «se ha empeñado en eliminar la atención a la dependencia, un derecho de los ciudadanos que puede ser historia a pesar de los esfuerzos de financiación de la Junta de Andalucía». Así, ha expuesto que en dos años el Gobierno ha recortado a Andalucía el presupuesto en esta materia en 214 millones (89 millones en 2012 y 125 millones en 2013). Además, ha dejado de financiar las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes (en torno a 10.000 en la provincia de Málaga) y ha reducido en un 15% su prestación económica. Ha retrasado hasta 2015 la entrada en el sistema de personas valoradas con dependencia moderada y ha endurecido las condiciones para acceder a las prestaciones. «Y por si fuera poco este año 2014 el presupuesto para atención a la Dependencia se contrae un 46,6%», ha agregado.
Con estas decisiones, según Heredia, «los 560 beneficiarios de la ley de dependencia en el municipio de Ronda y las 736 prestaciones en la localidad están en riesgo». El responsable socialista ha señalado que aunque la presidenta Susana Díaz «reiteró recientemente que Andalucía no iba a dejar morir la Ley de Dependencia, el Gobierno nos lo pone muy difícil». «Esta ley nació para ser financiada a partes iguales entre el Gobierno Central de España y las comunidades Autónomas. Actualmente el Estado aporta un 30%, mientras que la Junta de Andalucía sufraga el 70%. Andalucía no puede asumir todo lo que el Estado decide unilateralmente dejar de sufragar», ha asegurado.
En su visita, Heredia ha criticado las políticas del Gobierno de Rajoy «que se están cebando con los más vulnerables de nuestra sociedad: los mayores y los enfermos». Así, además de a la dependencia, se ha referido al copago y a la reforma de las pensiones, «que empobrecerá aún más a nuestros mayores». Por el contrario, ha destacado que el Gobierno andaluz ha subido este año 2014 un 2% el complemento a las pensiones mínimas, lo que beneficiará a un total de 6.476 rondeños. «Desde Andalucía los socialistas no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás en la defensa del Estado del Bienestar», ha subrayado.
Al mismo tiempo, ha afirmado que en apenas unos días «hemos conocido dos noticias que sin duda ponen a cada uno en su sitio». Así, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado, «después de una gran movilización ciudadana», el modelo de privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. Días después, ha dicho, la presidenta Susana Díaz anunció en el Parlamento de Andalucía el refuerzo de profesionales en las urgencias para atender el incremento de la demanda asistencial. «El modelo de privatización sanitaria que defiende el PP, tumbado por la ciudadanía y por la justicia, frente al sistema público, de calidad y universal que tenemos en Andalucía», ha añadido.
En este punto, ha pedido al presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, y a la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, que aclaren si prefieren el modelo de privatización sanitaria del PP en Madrid o el sistema público, de calidad y universal andaluz. «Los dirigentes del PP tienen que decidir si quieren para los malagueños y rondeños medidas como el copago tal y como defiende el Gobierno o, en cambio, están con Andalucía que ha decidido que no se va aplicar este impuesto a la enfermedad», ha concluido.
Los trabajadores sociales alertan de la «muerte lenta» de la Ley de Dependencia con la reforma local
La presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Ana Isabel Lima, reconoció ayer que Castilla y León es una de las regiones que ha mostrado «más sensibilidad» con su modelo de servicios sociales, pero advirtió de que la reforma local «va a picar aquí más que en ningún otro sitio».El presidente del Consejo Autonómico, Juan José Compadre, matizó que a pesar de la «buena posición» que ocupa esta Comunidad a nivel nacional, presenta «un nivel muy básico».
Los máximos representantes de los trabajadores sociales de España y Castilla y León se referían así al Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales presentado hace dos años por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en el que se destaca la «trayectoria ejemplar» seguida por la Comunidad. «Es verdad que según ese índice Castilla y León queda muy bien representada, pero su modelo es muy municipalista por la gran dispersión poblacional que tiene, y la reforma local afectará sobre todo a los pueblos pequeños, que se van a quedar aislados y sin servicios», prosiguió Lima en declaraciones recogidas por Ical.
En este sentido, advirtió de que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ya aprobada por el Gobierno y publicada en el BOE del pasado 30 de diciembre, «va a picar más aquí que en ningún otro sitio precisamente por su dispersión poblacional, porque deja a los pueblos pequeños sin ni siquiera acceso a los servicios sociales». Castilla y León, añadió, «es una de las comunidades que, en mi opinión, ha tenido una gente a nivel técnico y de funcionariado con más sensibilidad con los servicios sociales, otra cosa es lo que pase a partir de ahora», lamentó Lima, antes de participar en el Foro-Debate sobre Servicios Sociales: Cuarto Pilar de la Sociedad de Bienestar, organizado en Segovia por la Asociación Juan Bravo.
«La reforma local es una gran amenaza tal y como está planteada», prosiguió la presidenta del Consejo General de Trabajo Social, quien consideró que el nuevo escenario normativo no apunta de manera explícita al desmantelamiento de los servicios sociales, «pero es uno de sus objetivos» como «un efecto secundario», porque acaba con la red de programas y servicios que todavía hoy mantienen los ayuntamientos, que dejarán de ser competentes para ello. «Ahora no va a pasar nada, se prevé poner en marcha el 1 de enero de 2016, después de las elecciones locales. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la gente vota en función de los servicios que tiene y cómo está atendido en su Ayuntamiento», expuso.
Lima puso de ejemplo que habrá centros de salud, sobre todo en los pueblos pequeños, donde se atenderán exclusivamente las urgencias. «Los ayuntamientos perderán su capacidad de intervención integral» y, con ellos, sus programas de igualdad de oportunidades, violencia de género, protección de menores o familia. En resumen, «sobre el papel el objetivo es repartir las competencias, que no haya duplicidades, pero realmente lo que se pretende es un ahorro de casi 4.000 millones aplicando la reforma de servicios sociales», continuó Lima. «Las dos consecuencias más graves van a ser, por un lado, la reducción de centros y servicios, con el cierre de muchos de ellos y la reducción de algunas prestaciones; y por otro, la privatización de lo que quede», opinó.
Copago de un seguro
Bajo la reforma local, para Lima subyace un cambio de modelo que conduce hacia «una muerte lenta» de la Ley de Dependencia: «Todo lo que haya de servicios sociales dedicado a dependencia se lo llevan a un subsistema que se llama espacio sociosanitario, donde se incluye al mundo de los seguros y la privada. Aquí quien quiera algo tendrá que hacerse un seguro de dependencia, y va a tener que copagar», aseguró. «Lo único que va a dar el Gobierno es un cheque servicio a quien corresponda. Quien pueda tener su pensión y un seguro, más copago y un cheque servicio podrá pagarse una buena residencia, y el que no, quien sólo tenga su pensión y el cheque servicio, no sé qué ocurrirá con él. Ese es el cambio de modelo, el que quiera algo que se lo pague»
Un cambio de sistema que coincide con el fuerte incremento de la necesidad de este tipo de asistencia registrado en los tres últimos años. Según el ‘Informe de los Servicios Sociales en España’ (ISSE), presentado el pasado mes de octubre por el Consejo General del Trabajo Social, la demanda creció a nivel nacional un 74% dos puntos más en Castilla y León, y más de la mitad «eran personas de clase media que nunca habían acudido a Servicios Sociales», indicó Lima. Y en ese mismo periodo, el número de trabajadores empleados en esta área en la región se redujo un 25%; un porcentaje que, por otro lado, es muy inferior al registrado en Murcia (52,5), Canarias (44,6), Castilla-La Mancha (44), Madrid (40,2) o la Comunidad Valenciana (38,8).
Además, advirtió de que esa pérdida de empleo se agudizará en los próximos años y no solo para los trabajadores sociales. En esta línea, puso de ejemplo que la ayuda a domicilio municipal emplea actualmente a unas 34.000 auxiliares en España y ese servicio, «según la reforma, desaparece totalmente», porque los ayuntamientos «tendrán prohibido» mantenerla por no ser su competencia.
El presidente del Consejo Autonómico de Castilla y León también suscribió»una visión muy negra» del futuro de los servicios sociales a partir de 2016: «Se había creado una red de servicios básicos, pero esta ley va a dinamitar el sistema, lo poco que había». Compadre vaticinó que en dos años se impondrá «la dictadura de los interventores» de las administraciones locales, porque «cada ayuntamiento interpretará qué es lo que debe hacer». En su opinión, España retrocede 40 años en esta materia y acaba prácticamente con la Ley de Dependencia, con la que reconoció que Castilla y León «ha sido diligente».
El concejal de Servicios Sociales de Segovia, Andrés Torquemada, por su parte, lamentó la pérdida de ayudas regionales y estatales sufrida en los últimos años y los consecuentes problemas para mantener programas y servicios como «las aulas de envejecimiento activo, las ludotecas municipales, la ayuda a domicilio o la teleasistencia».
Madrid, asuntos sociales asegura que está al día con la ley de dependencia
El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, aseguró este lunes que la región está al día con la Ley de Dependencia y dijo que Madrid cree en la ley y en el espíritu de la ley.
La Comunidad de Madrid emitió un total de 4.260 nuevos dictámenes sobre personas en solicitud de situación de dependencia entre mayo y diciembre de 2013, pasando de 167.854 expedientes en mayo a 172.114 a 1 de diciembre del año pasado, según datos del Sistema Nacional de Dependencia publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En un acto que se celebró hoy en la residencia de mayores Goya, el consejero valoró los datos publicados y subrayó que Madrid está a la cabeza de la prestación de servicios de la cartera de servicios de la Ley de Dependencia.
En este sentido, manifestó que siempre hemos dicho y seguiremos diciendo que la Comunidad de Madrid cree en la ley y en el espíritu de la ley y aseguró que la región está totalmente al día con la dependencia.
Asimismo, explicó que hemos hecho un gran esfuerzo y hemos simplificado el procedimiento administrativo de tal manera que con un solo acto valoramos y damos el PIA (programa individual de atención) y destacó que hemos hecho una encomienda de gestión a los ayuntamientos para que sean ellos mismos quienes realicen el informe social y el baremo de la dependencia de cada usuario para facilitar el proceso.
