Los trabajadores sociales alertan de la «muerte lenta» de la Ley de Dependencia con la reforma local

Ana Isabel LimaLa presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Ana Isabel Lima, reconoció ayer que Castilla y León es una de las regiones que ha mostrado «más sensibilidad» con su modelo de servicios sociales, pero advirtió de que la reforma local «va a picar aquí más que en ningún otro sitio».El presidente del Consejo Autonómico, Juan José Compadre, matizó que a pesar de la «buena posición» que ocupa esta Comunidad a nivel nacional, presenta «un nivel muy básico».

Los máximos representantes de los trabajadores sociales de España y Castilla y León se referían así al Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales presentado hace dos años por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en el que se destaca la «trayectoria ejemplar» seguida por la Comunidad. «Es verdad que según ese índice Castilla y León queda muy bien representada, pero su modelo es muy municipalista por la gran dispersión poblacional que tiene, y la reforma local afectará sobre todo a los pueblos pequeños, que se van a quedar aislados y sin servicios», prosiguió Lima en declaraciones recogidas por Ical.

En este sentido, advirtió de que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ya aprobada por el Gobierno y publicada en el BOE del pasado 30 de diciembre, «va a picar más aquí que en ningún otro sitio precisamente por su dispersión poblacional, porque deja a los pueblos pequeños sin ni siquiera acceso a los servicios sociales». Castilla y León, añadió, «es una de las comunidades que, en mi opinión, ha tenido una gente a nivel técnico y de funcionariado con más sensibilidad con los servicios sociales, otra cosa es lo que pase a partir de ahora», lamentó Lima, antes de participar en el Foro-Debate sobre Servicios Sociales: Cuarto Pilar de la Sociedad de Bienestar, organizado en Segovia por la Asociación Juan Bravo.

«La reforma local es una gran amenaza tal y como está planteada», prosiguió la presidenta del Consejo General de Trabajo Social, quien consideró que el nuevo escenario normativo no apunta de manera explícita al desmantelamiento de los servicios sociales, «pero es uno de sus objetivos» como «un efecto secundario», porque acaba con la red de programas y servicios que todavía hoy mantienen los ayuntamientos, que dejarán de ser competentes para ello. «Ahora no va a pasar nada, se prevé poner en marcha el 1 de enero de 2016, después de las elecciones locales. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la gente vota en función de los servicios que tiene y cómo está atendido en su Ayuntamiento», expuso.

Lima puso de ejemplo que habrá centros de salud, sobre todo en los pueblos pequeños, donde se atenderán exclusivamente las urgencias. «Los ayuntamientos perderán su capacidad de intervención integral» y, con ellos, sus programas de igualdad de oportunidades, violencia de género, protección de menores o familia. En resumen, «sobre el papel el objetivo es repartir las competencias, que no haya duplicidades, pero realmente lo que se pretende es un ahorro de casi 4.000 millones aplicando la reforma de servicios sociales», continuó Lima. «Las dos consecuencias más graves van a ser, por un lado, la reducción de centros y servicios, con el cierre de muchos de ellos y la reducción de algunas prestaciones; y por otro, la privatización de lo que quede», opinó.

Copago de un seguro

Bajo la reforma local, para Lima subyace un cambio de modelo que conduce hacia «una muerte lenta» de la Ley de Dependencia: «Todo lo que haya de servicios sociales dedicado a dependencia se lo llevan a un subsistema que se llama espacio sociosanitario, donde se incluye al mundo de los seguros y la privada. Aquí quien quiera algo tendrá que hacerse un seguro de dependencia, y va a tener que copagar», aseguró. «Lo único que va a dar el Gobierno es un cheque servicio a quien corresponda. Quien pueda tener su pensión y un seguro, más copago y un cheque servicio podrá pagarse una buena residencia, y el que no, quien sólo tenga su pensión y el cheque servicio, no sé qué ocurrirá con él. Ese es el cambio de modelo, el que quiera algo que se lo pague»

Un cambio de sistema que coincide con el fuerte incremento de la necesidad de este tipo de asistencia registrado en los tres últimos años. Según el ‘Informe de los Servicios Sociales en España’ (ISSE), presentado el pasado mes de octubre por el Consejo General del Trabajo Social, la demanda creció a nivel nacional un 74% dos puntos más en Castilla y León, y más de la mitad «eran personas de clase media que nunca habían acudido a Servicios Sociales», indicó Lima. Y en ese mismo periodo, el número de trabajadores empleados en esta área en la región se redujo un 25%; un porcentaje que, por otro lado, es muy inferior al registrado en Murcia (52,5), Canarias (44,6), Castilla-La Mancha (44), Madrid (40,2) o la Comunidad Valenciana (38,8).

Además, advirtió de que esa pérdida de empleo se agudizará en los próximos años y no solo para los trabajadores sociales. En esta línea, puso de ejemplo que la ayuda a domicilio municipal emplea actualmente a unas 34.000 auxiliares en España y ese servicio, «según la reforma, desaparece totalmente», porque los ayuntamientos «tendrán prohibido» mantenerla por no ser su competencia.

El presidente del Consejo Autonómico de Castilla y León también suscribió»una visión muy negra» del futuro de los servicios sociales a partir de 2016: «Se había creado una red de servicios básicos, pero esta ley va a dinamitar el sistema, lo poco que había». Compadre vaticinó que en dos años se impondrá «la dictadura de los interventores» de las administraciones locales, porque «cada ayuntamiento interpretará qué es lo que debe hacer». En su opinión, España retrocede 40 años en esta materia y acaba prácticamente con la Ley de Dependencia, con la que reconoció que Castilla y León «ha sido diligente».

El concejal de Servicios Sociales de Segovia, Andrés Torquemada, por su parte, lamentó la pérdida de ayudas regionales y estatales sufrida en los últimos años y los consecuentes problemas para mantener programas y servicios como «las aulas de envejecimiento activo, las ludotecas municipales, la ayuda a domicilio o la teleasistencia».

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