Dependencia

“Deslegitimar al sector de las residencias es faltar al respeto a las familias, a los mayores y a todos los que trabajamos por los dependientes”

LAS ASOCIACIONES DE DEPENDENCIA LARES Y ACALERTE MUESTRAN SU MALESTAR ANTE LA FALTA DE VERACIDAD EN LOS DISCURSOS VERTIDOS POR ALGUNOS CANDIDATOS EN EL DEBATE DE LOS QUE OPTAN A LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
MENSAJES QUE ATENTAN CONTRA LA DIGNIDAD DE LOS CIUDADANOS DE MÁS EDAD DE LA REGIÓN, DE SUS FAMILIAS Y DE LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES.

La Federación Empresarial de Atención a la Dependencia de Castilla y León Acalerte y la Asociación de residencias y servicios de atención a los mayores -sector solidario- (Lares) quieren expresar públicamente su malestar por las expresiones de algunos partidos políticos de desconocimiento real sobre cuál es la realidad de las personas mayores en Castilla y León en el debate político de ayer, pone en duda el Cuarto Pilar del Estado de Bienestar.

Las palabras de representantes políticos que pretenden ostentar cargos de responsabilidad, como la presidencia de la Junta de Castilla y León, en la que se habla con gran irresponsabilidad de un sector que lleva años adaptándose a las PERSONAS refleja una falta de compromiso con los ciudadanos de más edad y de sus familias.

El propio lenguaje refiriéndose a las personas mayores como “un anciano poquito demenciado que pierde todas las referencias cuando acude a una residencia”, como decía el señor Igea, es desconocer que en Castilla y León llevamos más de 10 años innovando en un modelo de atención centrada en la persona en el que vive como en su propia casa, como él o ella decida vivir.

Hablar de que las familias recluyen en un sitio donde se “abandona” y se “demencia cada vez más y se deja a su suerte a las personas mayores” según la Organización Mundial de la Salud es acusarlas de maltrato, tanto institucional como en el entorno familiar y eso no puede ser admisible.

Este tipo de declaraciones que nos llevan a los modelos centrados en la beneficencia, impersonales y hospitalarios sólo lleva a lamentar la actitud de ignorancia sobre el trabajo de progresión realizado pensando sólo en las PERSONAS MAYORES por el sector. Labor desarrollada con independencia del grado de dependencia que posean o de quien preste el servicio. Mientras unos hablan de pacientes, nosotros hablamos de mayores… de Juana, Luisa, Eusebio o Don Francisco.

Que los centros dejaron de ser hace mucho tiempo lugares cerrados y son el núcleo de la actividad de muchos barrios y de los pueblos. Son lugares abiertos a todos los vecinos, desde niños a centenarios que viven en sus casas y acuden sólo cuando quieren: a comer, lavar la ropa, a fisio, talleres cocina, musicoterapia, terapia ocupación, salas multisensoriales, terapias con animales, encuentros intergeneracionales, y que cuando lo desean o lo requieren cambian su lugar de residencia.

Que las residencias son los lugares que luchan contra la España vaciada. El 80 por ciento de los servicios para personas mayores se encuentran en el ámbito provincial y en muchos casos, los centros residenciales, son la única empresa de los municipios, generando empleo directo, profesionalizado, especializado, a jóvenes y mayores de 55 años y principalmente femenino, lo que logra crear arraigo en la tierra y eso es otro valor social añadido.

La independencia de las personas mayores está en poner por encima sus intereses y según recoge la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia lo mejor para eso son las Prestaciones Vinculadas al Servicio, ayudas directas al mayor para que decida donde quiere vivir su vida (en su casa, en su pueblo, centro de día, residencia, ayuda a domicilio, teleasistencia,… pongamos al mayor de un vez en el centro de su vida, que decida donde quiere estar y que sea atendido siempre por servicios profesionales, pero que decida el propio usuario.

La mayor medicina contra el desconocimiento: ir a los centros, conocer cómo
trabajan, mirar a los ojos de las familias y decirles a la cara lo que expresaron en el debate, y decirle a los profesionales que tratan con absoluto respeto, profesionalidad y vocación a las personas mayores que su trabajo no es digno.

Desde Acalerte (Federación Empresarial de Atención a la Dependencia de Castilla y León) y Lares (Asociación de residencias y servicios de atención a los mayores -sector solidario-) queremos poner en valor a los más de 25.000 personas que trabajan en las Residencias de Mayores en Castilla y León atendiendo a más 45.000 personas y a todas las familias que forman parte del día a día de los centros, nos tenemos que centrar en que el servicio sea excelente, que pase todos los controles de calidad, que nadie se quede fuera por su capacidad económica o su historia social en definitiva que sea como nos gustaría que nos atendiesen a nosotros independientemente de que sea público, religioso o mercantil.

Aumenta el servicio de ayuda y comedor a domicilio en 2018

TELEASISTENCIA_1En la atención en servicios sociales básicos se mantiene la dependencia y la red de familias vulnerables, en este último caso con un incremento de segundas y terceras ayudas que se conceden por emergencia

La atención a la dependencia y a la red de familias vulnerables son dos de los pilares básicos de los servicios sociales esenciales que se prestan desde el Ayuntamiento de Ávila. Un trabajo en el que se ve que durante los últimos años ha habido aumento en los servicios de ayuda a domicilio, comedor a domicilio y teleasistencia domiciliaria.

En el primer caso se observa un incremento constante desde 2014, año en el que se contaba con 540 usuarios en ayuda a domicilio mientras que en el último año se llegó a los 649. Es un «incremento positivo», reflexiona la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Patricia Rodríguez, que en este caso supera el 20 por ciento. Explica la representante municipal que «nunca se han planteado generar lista de espera a pesar de que hay más usuarios y más horas de atención». Y ello a pesar de que se presta servicio a las personas de nivel cero no incluidas en la Ley de Dependencia con el derecho subjetivo y que aquí pueden recibir la ayuda en función de sus necesidades.

El aumento de los últimos años no se ve únicamente en el número de usuarios sino también en el incremento de las horas y del coste del servicio, que ya se situó en 2018 en más de 1,6 millones de euros con un ‘precio’ de 15,28 euros la hora.

En cuanto al comedor a domicilio, a pesar de ser «muy delicado», se ve que también aumentan los usuarios por lo que este incremento habla, dice Patricia Rodríguez, «de que el grado de satisfacción de los usuarios es bueno».

En cifras, durante 2018 se contabilizaron 186 usuarios de este servicio por los 126 de 2014. También en este caso se ha ido viendo un aumento año a año, que se traduce en el número de comidas que superaron las 43.000 en 2018 con un coste por unidad de 5,46 euros y un coste total que supera los 235.500 euros.

En esta atención a la dependencia no se puede olvidar la teleasistencia domiciliaria en cuya última licitación, que correspondió a Cruz Roja, ya se encaminaba a una «teleasistencia más avanzada según las necesidades del usuario». Esto significa que en algún caso, las personas mayores o dependientes optan por tener el pulsador y recibir la llamada del profesional porque «lo consideran suficiente porque se sienten seguros», pero también hay otros «aparatos más modernos con nuevas tecnologías por ejemplo con sensores de diferente tipo que se pueden implantar y estar más controlados». Este «es el futuro», señala Patricia Rodríguez.

En la teleasistencia domiciliara se llegó el pasado año a 295 usuarios. En este caso no se ve un incremento tan importante como en los apartados anteriores puesto que ya en 2014 eran 277. Es más en este caso el coste total se ha reducido de 54.000 a poco más de 41.000 euros.

familias vulnerables

La otra parte de la atención se realiza en el apoyo a la red de familias vulnerable donde destacan las ayudas a estados de necesidad, las conocidas como ayudas de emergencia que se pueden conceder a una familia cuando tiene una necesidad en un momento determinado.

Se trata de una partida «muy importante» para el Ayuntamiento y es por ello que aunque se hace una consignación al principio se realizan las modificaciones necesarias para que se cuente con fondos.

Respecto a la evolución en esta legislatura se ve que se ha producido un descenso, de 788 en 2014 a las 685 en 2018. Señala Patricia Rodríguez que esto se debe a que hubo un pico «muy importante con la crisis pero va bajando su número». Sin embargo, sí que se nota que hay un aumento de segundas y terceras ayudas concedidas a una familia lo que permite atender «más frecuentemente» ante necesidades, lo que también se ve en que el importe prácticamente no ha bajado. Es porque «en esta situación, lo que se necesite», señala la teniente de alcalde de Servicios Sociales.

Es cierto que aunque el número de usuarios ha bajado, prácticamente con cien menos que hace cuatro años, la influencia en el presupuesto es mínima y si entonces era de unos 343.000 euros en el último año ha superado los 329.000.

Fuera del acuerdo marco con la Junta de Castilla y León también se mantienen otras ayudas como es el caso de las que hay para agua, IBI y basura.

En las ayudas del agua, se cuenta con una tarifa social mientras que el IBI y la basura se subvenciona. En datos, se ve que si bien las ayudas a IBI y basura bajan respecto a los dos últimos años (de 271 en 2016 a las 206 en 2018) sí que hay aumento desde las 123 que había en 2014.

En el caso de la tarifa social del agua, el número de ayudas fue de 184 en 2018.

En cuento a la oferta de alojamiento alternativo, se contabilizaron 254 usuarios en 2018 que usaron este servicio 290 noches y con 266 comidas. El coste se acercó a los 16.000 euros.

Fuente diario de ávila

En Valencia el servicio de teleasistencia de la Diputació ayuda a 26.000 personas

TELEASISTENCIAPilar Lázaro vive sola en su piso de Benetússer desde que falleció su marido. Gracias “al botón rojo”, como ella lo llama, Pilar sabe que tan solo con pulsarlo va a recibir ayuda inmediata, “así yo estoy más tranquila y mi familia también”, afirma. Pilar es una de las beneficiarias del servicio de teleasistencia que ofrece el área de Bienestar Social de la Diputació de València, a través de la empresa Atenzia.

El servicio está concebido para ayudar a personas mayores de 70 años o de 65 si tienen un grado de discapacidad del 65%, que vivan solas o con otras personas con el mismo riesgo físico o psicosocial. Más de 26.000 personas se han beneficiado de este servicio de comunicación y emergencia desde 2015, coincidiendo con el inicio de la legislatura.

El servicio de teleasistencia consiste en la instalación en el domicilio del usuario de una unidad de control remoto que pueden activar estas personas mayores, con movilidad reducida y que habitualmente viven solas en caso de necesitar auxilio. Estos dispositivos comunican con una central receptora, la de la empresa Atenzia, atendida por personal especializado para dar respuesta adecuada a la crisis presentada, bien por sí misma o movilizando otros recursos humanos o materiales, propios del usuario o existentes en la comunidad.

Con sólo apretar el botón de un pulsador portátil, los más de 17.000 usuarios con los que cuenta actualmente el servicio pueden entrar en contacto verbal “manos libres”, las 24 horas del día y los 365 días del año, con este servicio de atención telefónica subvencionado por la Diputació de València, a través del área de Bienestar y Salud que dirige la diputada Mercedes Berenguer.

Un servicio, en el que colaboran la corporación provincial y los ayuntamientos, que cuenta además con dispositivos periféricos y de seguridad como sensores que detectan fuego, humo y gas en los domicilios de los usuarios. A su vez, y bajo supervisión e indicación de los trabajadores sociales de los municipios, los usuarios pueden disponer de pulsadores especiales, dispositivos de movilidad y pasividad y periféricos de teclas grandes, si resulta oportuno.

Desde 2015, los operadores del servicio de teleasistencia han instalado más de 5.000 dispositivos periféricos en hogares de la provincia, entre los que destacan los 1.857 detectores de fuego y humo, los 1.589 de teclas grandes y los 1.048 que alertan de posibles fugas de gas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

En paralelo a la prestación del servicio, la Diputació ha puesto en marcha un programa de actividades complementarias que tienen como objetivo favorecer el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores que solicitan la teleasistencia. En 2018 se organizaron 75 actividades para los usuarios del servicio a lo largo de la provincia, haciendo partícipes a todas las comarcas y para este 2019 están previstas 80. Estas actividades son comunicadas a los usuarios de manera directa a través de sus terminales y pueden confirmar su asistencia en la misma llamada.

Más de 2.000 personas han participado en charlas de seguridad en el domicilio, talleres de prevención de caídas, programas para activar la memoria, actividades de gerontogimnasia y paseos saludables, entre otras actividades complementarias al servicio de teleasistencia, que puede solicitarse en el ayuntamiento en el que esté empadronada la persona que necesite esta ayuda.

 

Fuente: VALÈNCIA EXTRA

La residencia mixta para personas mayores de la Junta en Segovia dispondrá de más de 150 plazas completamente adaptadas para dependientes

_consejeraLa consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha visitado la residencia mixta para personas mayores titularidad de la Junta en Segovia, un centro en el que se está desarrollando un importante proceso de adaptación al nuevo modelo residencial de atención centrado en la persona.

Para esta reconversión de plazas de válidos en plazas aptas para personas dependientes, la Junta ya destinó en una fase inicial de reforma cerca de 1,5 millones de euros, a los que se han sumado otro medio millón de euros en 2018. Alicia García ha avanzado que la intención es seguir transformando todo el espacio de la residencia para que finalmente pueda disponer de más de 150 plazas para personas dependientes con espacios organizados en unidades de convivencia.

En la actualidad, la residencia cuenta con son 84 plazas para personas dependientes y con una plantilla de 107 trabajadores. Para la reconversión de esas 84 plazas en plazas para dependientes, la Junta destinó 1,5 millones de euros. Junto a esto, este centro ofrece en la actualidad 41 plazas de estancias diurnas dirigidas a mejorar y mantener el nivel de autonomía personal de las personas mayores y de un servicio de actividades de envejecimiento activo.

En este último año, la Junta ha dado un paso muy importante en su apuesta de futuro por este centro, destinando 530.000 euros al desarrollo de unas obras fundamentales de cara a poder seguir adaptando un centro al nuevo modelo de atención centrado en la persona.

Adaptaciones en 2018 que ponen las bases de la reconversión del centro

La residencia mixta para personas mayores de la Junta en Segovia fue concebida hace más de 40 años con plazas únicamente destinadas a personas válidas. Tras la reconversión que la Junta inició en este centro hace unos años, que permitió crear esas 84 plazas adaptadas a personas dependientes, en 2018, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha realizado unas obras que suponen la base que permite avanzar en este proceso de reconversión de plazas y que implican una apuesta de futuro por la mejora de un centro cuyo objetivo es, por un lado, que todas sus plazas estén adaptadas y sean aptas para personas dependientes y, por otro, que todas esas plazas acaben estando configuradas en unidades de convivencia.

Las unidades de convivencia son una forma de organizar el espacio en los centros residenciales, con unidades o zonas en las que conviven un máximo de 16 personas, y que permitan acercarse lo máximo posible al concepto del hogar familiar y dan un paso más en la personalización de la atención a las personas.

En este sentido, en las obras de 2018 se ha reubicado y mejorado la zona de fisioterapia y de actividades ocupacionales, se han instalado mamparas en espacios comunes posibilitando la separación de espacios -en el salón de actos se ha creado una zona de estas que hasta ahora no existía-, se ha instalado un nuevo ascensor accesible, se han creado dos aseos adaptados, se han ampliado las dimensiones de puertas y pasillos y se han eliminado desniveles.

Junto a esto, se ha mejorado notablemente la eficiencia energética del edificio instalando un nuevo sistema de calefacción por suelo radiante y tecnología de aerotermia que lo hace más eficiente y sostenible, además de renovar la carpintería exterior del centro y de sustituir parte de las cubiertas de la planta baja.

La mixta de Segovia será referente en una atención de calidad

Alicia García ha avanzado que las obras de 2018 permiten dar nuevos pasos en el trabajo de la Junta por este centro de Segovia. La consejera ha adelantado que en 2019 está prevista la licitación de un proyecto en la zona que en la actualidad no está ocupada por los residentes, cuyas obras se iniciarían en 2020, y a las que la Junta destinará unos dos millones de euros, para crear las primeras cuatro unidades de convivencia en este centro.

Una vez que finalice esta intervención, la previsión es continuar con la implantación de unidades de convivencia en la zona que ya está reconvertida y adaptada con esas 84 plazas para dependientes, lo que acabará transformando esta residencia en un centro organizado íntegramente en unidades de convivencia similares a un hogar y con todas sus plazas, más de 150, adaptadas para personas dependientes.

Con estas actuaciones la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con las personas mayores dependientes de Segovia, además de cumplir el compromiso derivado de los acuerdos con el Diálogo Social de reconvertir las plazas que inicialmente fueron concebidas para personas válidas a plazas para personas dependientes en las residencias públicas.

Fuente: NOTICIASDE

La devolución del Presupuesto frustra un aumento significativo de la partida dedicada a la dependencia

dependenciaLa devolución del proyecto de Presupuesto General del Estado de 2019 al Gobierno por parte del Congreso en la votación de totalidad ha dejado sin efecto el anunciado incremento en las partidas dedicadas a la dependencia, inversiones en distintos territorios y especialmente en Cataluña, donde iban a aumentar especialmente, y una serie de modificaciones de impuestos, entre ellas la subida del impuesto al diésel.

Al caer el proyecto presupuestario, quedan en el aire las distintas modificaciones tributarias con las que el Gobierno buscaba aumentar un 9,5% la recaudación, hasta los 227.356 millones de euros, y que ahora el Gobierno tendrá que decidir si aprueba a través de decretos ley.
En el Impuesto de Sociedades, los Presupuestos contenían un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para grandes empresas (del 18% para las entidades financieras y de explotación de hidrocarburos) y una rebaja de dos puntos, hasta el 23%, para las compañías que no alcanzan una facturación de un millón de euros.

En el IRPF, el Gobierno establecía una subida de dos puntos en el IRPF para rentas del trabajo superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las de 300.000 euros, mientras que para las del capital se aumentaba en cuatro puntos para rentas de ahorro de más de 140.000 euros.

LOS NUEVOS IMPUESTOS SÍ SIGUEN SU CURSO

También se incluía la subida al diésel, ya que se reducía su bonificación para aumentar el impuesto especial sobre el gasóleo en 3,8 céntimos por litro. Por contra, se rebajaba el IVA en varios productos, como los de higiene femenina (del 10% al superreducido del 4%) o a las descargas y suscripciones digitales de libros, periódicos o revistas (del 21% al 4%). El IVA a los servicios veterinarios pasaba del 21% al 10%.

Únicamente siguen su tramitación los dos impuestos de nueva creación, el impuesto de transacciones financieras y el de servicios digitales, ya que una ley de Presupuestos no puede contener nuevas figuras tributarias. Ambos fueron aprobados en sendos proyectos de ley, pero aún no han iniciado su tramitación parlamentaria, a la espera de que el Gobierno los defienda ante el Congreso.

Una de las partidas que había experimentado un aumento más significativo era la dedicada a la dependencia, que experimentaba en las cuentas una subida del 58,3%, al subir en 831 millones de euros hasta su mayor dotación en el sistema, con 2.231 millones.

Los Presupuestos recuperaban además la financiación de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, lo que habría afectado a 180.000 personas en una partida a la que las cuentas dedicaban 315 millones de euros.

Por otro lado, se eliminaba también el copago farmacéutico para los pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros y para las personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo.

AUMENTO DE BECAS Y BAJADA DE TASAS UNIVERSITARIAS

Por otra parte, las cuentas contemplaban un aumento del 10,2% para el sistema general de becas y ayudas al estudio, presupuestadas con 1.620 millones de euros y establecían una bajada de las tasas universitarias para dejarlas a niveles anteriores a la subida experimentada en 2012, habilitando para ello a las comunidades autónomas.

También se habilitaba a las entidades locales para flexibilizar la aplicación de la regla de gasto en su gasto en escuelas infantiles, considerando las escuelas infantiles de 0 a 3 años como una inversión financieramente sostenible. Por otro lado, se dotaba de 100 millones de euros la financiación de la cobertura de libros de texto y material didáctico, duplicando su cuantía respecto a 2018.

VIVIENDA

Respecto a vivienda, el Presupuesto tumbado por el Congreso dedicaba un 41% más que el del año pasado, dotando con 137 millones de euros al Plan 20.000 viviendas para incrementar el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales.

Asimismo, se presupuestaban 25 millones de euros más para el programa de protección familiar y de lucha contra pobreza infantil en proyectos para mejorar la situación de familias en situación de vulnerabilidad y se dotaban 30 millones de euros para aumentar los recursos de las entidades públicas autonómicas de protección de menores extranjeros no acompañados.

INFRAESTRUCTURAS

En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno había esbozado un aumento de las inversiones en infraestructuras de un 18% más que en las cuentas de 2018, alcanzando el mayor importe inversor desde 2012 con 10.029 millones de euros. De todas ellas, la alta velocidad se ‘comía’ uno de cada cuatro euros presupuestados, al acumular 2.660 millones, más de la mitad de los 5.041 millones dirigidos al ferrocarril.

Otra de las partidas que se quedarán por ahora sin ver la luz es la relativa a la inversión real territorializada, que en el proyecto presupuestario contempla un alza del 20%, hasta los 12.181,94 millones de euros, con incrementos para Catalunya (+52%), Andalucía (+44%) y Comunidad Valenciana (+61%), frente a las regiones más castigadas: La Rioja (-39%), Galicia (19%) o Comunidad de Madrid (congelada).

15 MILLONES PARA VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Respecto al Ministerio de Justicia, las cuentas de Sánchez proyectaban un aumento del 5% respecto a los últimos Presupuestos de Rajoy, elevando su cuantía hasta los 1.869 millones de euros, 15 millones de los cuales se reservaban para impulsar iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y el Franquismo.

Asimismo, las partidas presupuestadas financiaban la creación de nuevas unidades judiciales y la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, las nuevas Unidades Forenses de Valoración Integral y plazas en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, comprometidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la puesta en marcha de las nuevas oficinas judicial y fiscal.

LA SUBIDA DE SALARIO MÍNIMO Y PENSIONES YA ESTÁ EN VIGOR

Las estimaciones que maneja el Gobierno, tras no aprobar los Presupuestos, es que el déficit se eleve al 2,2% o al 2,4% del PIB, frente al 1,3% comprometido con la Comisión Europea en la senda de estabilidad vigente. Asimismo, el Ejecutivo calcula que se perderá además una renta de 4.174 euros por ciudadano en forma de prestaciones y servicios públicos.

No obstante, el Gobierno ya ha aprobado varias medidas a través de la figura del real decreto ley, como el aumento del 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 900 euros mensuales, así como la revalorización de un 1,6% de las pensiones (a la que se añadirá una décima más por el IPC antes de abril) y de un 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, con un coste total de 2.591,65 millones de euros.

Igualmente, aprobó en diciembre la subida salarial de los empleados públicos para 2019, que será como mínimo del 2,25%, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales, hasta un máximo del 2,75%.

Además, ya dio luz verde a la subida del 1,25% de la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos, hasta los 944,40 euros al mes, ya que el tipo de cotización ha pasado a ser del 30%, aunque se incluían mejoras para el colectivo de autónomos como el acceso a la prestación por cese de actividad (paro), flexibilizando los requisitos y ampliando la duración de la prestación.

También se ha prorrogado de manera indefinida el subsidio extraordinario por desempleo (SED) de más de 400 euros para los parados sin prestaciones hasta que se cuente con un modelo nuevo, y se ha reducido el número mínimo de jornadas requeridas para acceder al subsidio por desempleo o renta agraria en el régimen de trabajadores temporeros, pasando de 35 a 20 jornadas.

Fuente: Catalunyapress

Cada día mueren seis catalanes esperando la residencia

dependenciaEl Govern admite que de 2013 a 2017 fallecieron 11.194 dependientes en lista de espera.

Los profesionales lo achacan a los recortes y piden «urgentemente» aumentar las prestaciones.

Desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017 murieron 11.194 catalanes que estaban esperando para ingresar en una residencia de la tercera edad. El 74% de los difuntos ya habían sido valorados por los servicios sociales y tenían el derecho reconocido, pero no pudieron ingresar por falta de plazas públicas. Son datos que la Conselleria d’Afers Socials reveló el 18 de enero tras una interpelación parlamentaria. Tanto la patronal de las residencias como los trabajadores sociales culpan a los recortes del 2012 que aplicaron los gobiernos de Rajoy y de Artur Mas, y piden “medidas urgentes”. Según las previsiones demográficas, en treinta años se van a duplicar el número de personas mayores dependientes en Catalunya.

La ley de la dependencia establece que la espera para ingresar en una residencia no puede superar los seis meses. Pero la realidad se ha comido con patatas este marco teórico. Año tras año, centenares de catalanes, la mayoría abuelos de más de 80 años, mueren sin poder entrar en el centro asistencial que han pedido. El año de este periodo en el que hubo menos defunciones fue el 2013, con 1.598 fallecidos. El peor, el 2015, con 2.943 personas que perdieron la vida en esta lista de espera. “Estamos hablando de los últimos años de las vidas de estas personas, ¿qué nos cuesta tratarles con dignidad?”, lamenta Cinta Pascual, directora de la Asociació Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA).

En los últimos dos años las defunciones de los beneficiarios han ido a menos. Sin embargo, según demuestran los datos oficiales, se ha multiplicado por cinco el número de personas que mueren incluso antes de ser valoradas por el trabajador social. Si en 2013 fallecieron 168 solicitantes en 2017 ya eran 849.

Pero el panorama en la actualidad no es muy esperanzador. En estos momentos hay 18.438 personas catalogadas con el “máximo grado de dependencia”, es decir, que tienen el derecho reconocido para entrar en una residencia, pero están en lista de espera. Tres de cada cuatro piden plaza en un centro de la demarcación de Barcelona. Además, hay 52.865 solicitantes pendientes de valorar en los servicios sociales. El 40% esperan la primera valoración, que recae en un equipo especializados de la Generalitat , y el otro 60% aguardan al referente de los servicios sociales municipales que deberá pactar con ellos qué tipo de ayuda quiere y dónde quieren pedir plaza. De estas, solo una de cada cinco solicitudes están dentro del plazo legal.

“El sistema debe hacer un reset”, aseguran los responsables de la Comisió de Dependència del Col·legi de Treball Social de Catalunya. En parte, explican, porque ante las ayudas de la ley de dependencia están los tres niveles de la administración en juego pero no se coordinan. Aunque señalan como causa principal del drama la falta de recursos por los “brutales recortes” que se aplicaron en 2012. “Faltan manos en los servicios sociales, plazas en las residencias y ayudas económicas a los dependientes”. En muchos casos, los trabajadores ven que cuando las personas ingresan en los centros necesitan otro recurso porque empeoran.

En la misma línea opina la principal patronal del sector, ACRA, que agrupa la mayoría de residencias de Catalunya. “En el 2012 una persona que estaba en lista de espera podía cobrar 1.000 euros y mientras tanto pagarse una plaza en la privada. Ahora solo cobran 400 euros. Con esto es imposible financiar nada”, asegura su directora Cinta Pascual. Pascual gestiona una residencia de titularidad de la Generalitat que cuenta con 94 plazas. Tiene 800 ancianos en lista de espera. En algunos casos las personas pueden estar cinco años esperando.

De hecho, la situación es especialmente alarmante en Barcelona y alrededores. “Es donde faltan más plazas asistenciales”, asegura Pascual. En los casos de mayor emergencia y de extra vulnerabilidad, por ejemplo abuelos desahuciados o los que tienen problemas de salud graves y ningún familiar de quien se haga cargo, los mismos ayuntamientos tienen que recorrer a llevarles a zonas más lejanas, a veces desplazándolos de provincia. Pero normalmente los familiares tienen que acabar renunciando a tener a su padre o madre cerca de casa, y lo mandan a aquellas residencias donde la demanda es más baja. “Les estamos obligando a pasar el resto de su vida lejos de donde han vivido, desarraigados. Es vergonzoso”, añade Pascual.

Aunque ellos no pueden poner más recursos, ni abrir residencias, los profesionales de servicios sociales que valoran los casos son los que reciben la angustia de las familias. “Es muy doloroso llamar para decir que ya hay plaza y que te respondan que el familiar ha muerto”, comentan los profesionales de la comisión de dependencia del Col·legi de Treball Social.

En esta misma respuesta parlamentaria, el ‘conseller’ d’Afers Socials Chakir el Homrani asegura que han aumentado un 22% la plantilla de las personas que se encargan de valorar los casos. Señala además que han impulsado medidas para resolver la lista de espera en las zonas más afectadas: los dos Vallès, Maresme, Alt Penedès y Anoia. También puntualizan que los últimos tres meses de 2018 han aumentado la plantilla en las zonas donde hay más espera en las valoraciones y que también trabajan en un “plan de choque” para contratar personal en Barcelona ciudad.

“No encuentro plaza ni pagando un dineral”

Hace cinco años que la madre de Loli vive con ella en casa. El mismo tiempo que espera para entrar en una residencia de su barrio. Fue en enero del 2014 cuando decidieron que lo mejor era que ingresara en este centro asistencial. Al medio año vino una trabajadora social y decidió que la madre de Loli tenía una dependencia severa, de grado 2. “En aquél tiempo aún podía andar, y pensé que viniera a casa porque mientras que no entrara en la residencia podría vivir mejor”. Luego Loli se quedó en el paro, y la demencia de su madre fue a peor. Dejó de trabajar, de salir a cenar, de hacer vacaciones y se dedicó a cuidar a su madre en cuerpo y alma. “No tiene a nadie más, ella me lo ha dado todo”, explica. Hace un par de meses, cuando Loli no estaba en casa, su madre se cayó y se rompió una vértebra. En cuestión de meses tendrá que regresar a casa, pero Loli se ve incapaz. “Necesita estar en un sitio que tenga grúa para moverla, que le puedan dar todos los cuidados”. Como la residencia pública no llega, ha consultado hasta 14 residencias privadas. El precio está entre los 2.000 y los 2.500 euros al mes. Loli está dispuesta a abrir un préstamo con el banco “porque dinero para pagar esto no lo tengo”. El problema es que tampoco el mercado la puede ayudar: “están todas llenas, no hay plazas”. Ante su estupor, ahora ha empezado a consultar todo el Baix Llobregat. Quizá ingrese su madre en Castelldefels. “Lo que más me duele es no poder ir a verla cada día, aquí en el barrio sería distinto».

La madre de A. P. no puede ni expresar su indignación. Murió dos años y medio después de pedir una ayuda de la dependencia. Ella tenía alzhéimer, demencia y problemas renales. “La asistenta social (que le acabó diagnosticando una dependencia de grado)  tardó dos años en venir a casa”, . Le dieron derecho a cobrar una ayuda económica de 400 euros, y una hora al día de una trabajadora familiar. Tres meses después, la ayuda fue aprobada y la trabajadora empezó a venir. La madre de A. P. murió dos días después. “Como no llegó a final de mes, nunca hemos visto este dinero”. Pero de mientras, ella y sus dos hermanas se quedaron sin ahorros. “Durante todo el tiempo que estuvimos esperando contratamos a una chica que venía por las mañanas. Por las tardes nos turnábamos las hermanas. Yo me tuve que reducir jornada, y pasé cobrar mucho menos”. Por el camino, fundieron los pocos ahorros familiares. Un ejemplo, el gasto farmacéutico subía a los 40 euros semanales. “Siempre me quedará saber que la tratamos bien”. Pero la fatiga, el dolor y los ahorros no los devuelve nadie.

Fuente: El Periódico

El Gobierno valenciano impulsa cursos y ayudas de hasta 2.350 euros para contratar asistentes de personas dependientes

asistente-personalLas prestaciones y los cursos completan el catálogo de servicios de la Generalitat diez años después de que se aprobara la norma.

La figura del asistente personal está pensada para que las personas evaluadas como dependientes participen en la vida social y desarrollen su autonomía.

La Generalitat Valenciana da la última puntada a la Ley de Dependencia. El Ejecutivo autonómico ha comenzado a abonar a las personas dependientes una prestación para poder contratar a un asistente personal que les ayude a tener autonomía y a participar en la vida pública. Una década después de que se aprobara la norma y de años de inacción, los valencianos ya pueden acceder al catálogo completo de servicios que regula esta ley, una reivindicación de las plataformas.

La prestación viene reconocida en la Ley de Dependencia de 2008, aprobada por el Gobierno socialista, que el Ejecutivo autonómico del PP no había desarrollado a nivel valenciano. El Consell del Botànic, a través del decreto que regula las evaluaciones del grado de dependencia, regula esta figura en la Comunitat Valenciana, la última del catálogo de prestaciones de la ley. El decreto establece un nivel adicional de protección para las personas con dependencia severa o con gran dependencia, cuyo coste se asume por parte de la Generalitat.

Las ayudas, desconocidas para muchas personas con dependencia, se abonan según las horas de contratación de personal hasta un máximo de 2.350 euros de complemento. El pasado año apenas varias decenas de personas las habían solicitado por desconocimiento, ya que hay cerca de 70.000 personas dependientes en la Comunitat Valenciana. La cuantía máxima está pensada para las personas con mayor dependencia, de grado 2 o 3, y beneficiará a quienes soliciten el servicio a jornada completa -más de 120 horas al mes-.

La prestación busca contribuir a la contratación de asistencia personal para facilitar a la persona dependiente que haga sus tareas diarias. Bien sea acudir al trabajo, al centro de estudios, a hacer la compra o gestiones administrativas; el objetivo es facilitar su autonomía en las actividades básicas y su participación en la comunidad, un mandato de Naciones Unidas. En otras palabras: ayudar a una persona a hacer una vida «normal». La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce su derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en comunidad de una forma digna.

Cursos de formación

Las personas que ejerzan como asistentes acompañarán a la persona dependiente en sus quehaceres dentro y fuera del hogar, aunque en el trabajo doméstico no podrán superar el 30% de horas del total, ya que para necesidades mayores existen otras figuras reguladas en la norma, como la ayuda a domicilio o el cuidador familiar.

Para ello, tendrán que superar unos cursos impartidos por las plataformas de personas con dependencia. El desarrollo de la figura se ha elaborado junto a Cermi, Cecoval, Vicoval y Codifiva, con las que se ha pactado un modelo único. Estas entidades, apoyadas por el Consell, se encargarán de impartir los cursos de formación que permitan a cualquier persona -que demuestre sus capacidades- ejercer como asistente personal.

Estos cursos tendrán una duración mínima de 50 horas lectivas, aunque no serán necesarios en el caso de técnicos en atención a personas dependientes, integración social o sociosanitaria o titulados en terapia ocupacional.

Las personas en situación de dependencia o sus representantes legales podrán contratar la asistencia personal directamente con personas físicas o a través de entidades acreditadas por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que avalará la prestación con un informe de servicios sociales.

Fuente: eldiario.es

 

La Diputación General de Aragón refuerza el apoyo a personas mayores en 85 pueblos pequeños

consejera-residencia-albalate-del-arzobispoEl Gobierno Autonómico presentó en Albalate el programa de envejecimiento activo, que incluye nueve municipios del Bajo Aragón Histórico.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, visitó este lunes Albalate del Arzobispo para dar a conocer las ayudas a programas de envejecimiento activo que el gobierno autonómico otorga entre pueblos de menos de 2.000 habitantes. Estas ayudas, convocadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) por primera vez este año, llegarán a 85 localidades y a unos 12.000 usuarios de todo Aragón.

En total, el Gobierno autonómico ha invertido 270.000 euros para estos programas en toda la comunidad, que se han desarrollado en 2018 o lo harán en 2019. En concreto, las ayudas son para 14 pueblos de la provincia de Huesca, 9 de Teruel y 62 de Zaragoza. Además de Albalate, dentro del Bajo Aragón Histórico también han obtenido ingresos La Puebla de Híjar, Urrea de Gaén, Aguaviva, Montalbán, Chiprana, Fabara, Fayón y Nonaspe. Cabe destacar que todos los pueblos que solicitaron formar parte del programa han recibido las ayudas.

Las actividades del programa de envejecimiento activo abarcan tres grandes áreas: actividad física, para fomentar el aumento de autonomía y la esperanza de vida sin discapacidad; cognitiva, con actividades preventivas destinadas a la estimulación y a mantener la agilidad mental y la memoria; y las nuevas tecnologías de la información, para fomentar la mejora en la comunicación y la participación de los mayores.

«Es un programa muy valorado por las personas porque les ayuda a mantener la actividad tanto física como mental. Nuestro objetivo es que los mayores permanezcan activos el mayor tiempo posible y que consigamos retrasar la situación de dependencia», destacó la consejera. Asimismo, incidió en el aumento económico que ha llegado por parte del IASS a la Comarca del Bajo Martín. «En la anterior legislatura se destinaron 88.000 euros, y desde que entramos en 2015 ha pasado a 309.000 euros, lo que demuestra el compromiso del Gobierno de Aragón con los servicios sociales y con las personas mayores, que además supone la creación de muchos puestos de trabajo», explicó.

Lista de espera de 140 personas

En el caso particular de Albalate del Arzobispo el programa de envejecimiento activo se desarrolla en la residencia municipal, que dispone de 54 plazas en total ocupadas por vecinos de la localidad. De ellas, 12 son para personas dependientes, y seis de estas son concertadas con el Gobierno de Aragón. El espacio cuenta con una amplísima lista de espera, de 140 personas. Por este motivo uno de los objetivos de Antonio del Río, alcalde de Albalate, es conseguir una ampliación que costaría «alrededor de 600.000 euros».

El primer edil albalatino valoró muy positivamente la inclusión del municipio en el programa de envejecimiento activo. «Es fantástico, un complemento a la asistencia base que permite hacer más actividades gracias a DGA, algo que no podríamos desarrollar con nuestros medios y nuestra capacidad. A quien hay que preguntar la utilidad del programa es a los propios usuarios, ¡mira lo contentos que están!», señaló en referencia al buen ambiente que se respiraba en la residencia. Pilar Calvo, la directora, explicó que el espacio es muy valorado por los vecinos de Albalate. «Entran siendo plenamente válidos y para ellos es un premio: no son una carga para sus hijos, están bien atendidos, en el centro del pueblo, pueden salir, tienen a la familia cerca…», comentó.

Taller contra la violencia de género

La consejera aprovechó su visita a Albalate para conocer también el curso de defensa personal organizado por la Comarca del Bajo Martín y el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). El objetivo es prevenir situaciones de violencia de género, trabajando en técnicas de prevención y autoprotección. En él participan una quincena de mujeres de la localidad.

Fuente: La Comarca

Las Unidades de Convivencia: cómo envejecer sintiéndote como en casa

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  • Son espacios asistenciales creados en las residencias asistidas para estimular con elementos, ambientes y tareas habituales en su vida anterior a las personas usuarias con mayor grado de dependencia

El incremento de la esperanza de vida en el mundo occidental ha disparado la demanda de servicios asistenciales y generado también una mejora sustancial en la calidad de las residencias y centros de día, que diversifican prestaciones para dar respuestas individualizadas a las diferentes tipologías de personas usuarias que precisan de sus servicios. En este contexto de cambio, y para responder a los desafíos que plantean las personas de más edad y con un grado de dependencia tan notable que hace que sólo conserven determinadas capacidades sensoriales, han nacido unos nuevos espacios en los centros asistenciales denominados unidades de convivencia. En dos residencias de las Terres de l’Ebre ubicadas en las poblaciones de Tortosa y Sant Carles de la Ràpita y gestionadas por L’Onada Serveis, funcionan dos unidades de este tipo.

Para el profano, las Unidades de Convivencia son toda una sorpresa. Desde una cocina a un tendedero de ropa y, desde una cafetera italiana a un lavadero o un huerto; todo ello se conjuga en estos espacios para ofrecer un entorno en el que las personas usuarias ven estimuladas las capacidades que todavía conservan por elementos habituales a su vida anterior. “Intentamos crear un espacio similar a un hogar y lo llenamos de elementos que sabemos motivan a las personas que harán uso del mismo. Por ejemplo, aquí en La Ràpita hemos dispuesto un huerto y preparamos conservas de verdura porque conocemos las historias de vida de los usuarios y sabemos que, muchos de ellos, han sido agricultores y disponían de pequeñas huertas en sus viviendas o cerca”, señala Penny Subirats, directora de L’Onada La Ràpita.

Otro centro donde funciona también una Unidad de este tipo es L’Onada Tortosa, donde se dispone también de un jardín para que las personas usuarias puedan disfrutar de la horticultura y de un agradable espacio interior donde, si lo desean, tienen la posibilidad de degustar un café, cocinar o practicar diferentes juegos de mesa habituales a su vida anterior. “Jugar a cartas o a dominó es algo que hacen muchos de los residentes, pero si tenemos que identificar una actividad que destaca por su valor estimulativo esa es sin duda la de tender la ropa. Lo que buscamos es potenciar las capacidades que todavía conservan los usuarios y lo hacemos con estímulos que conocen y les hacen recordar momentos. Lo llamamos trabajo de reminiscencia”, explica Andrea Labòria, directora de L’Onada Tortosa.

Fundació Aymar i Puig invierte 2,5 M€ en la ampliación y reforma de su complejo residencial en Alella

IMG_4391El Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, M. Hble. Chakir el Homrani presidió el acto de inauguración, que tuvo lugar el sábado 17 de noviembre.

El centro residencial se amplía 1500 m2 y supondrá la contractación de 30 personas.

Después de 18 meses de obras, la Fundació Aymar i Puig inauguró este fin de semana la ampliación del centro residencial situado en el municipio de Alella, en la comarca del Maresme. El proyecto ha significado la ampliación de 1.500 m2 construidos con una inversión de 2,5M €, y está previsto una ampliación de la plantilla del 30%. Las nuevas instalaciones permitirán disponer de 47 nuevas plazas (un 53% más) alcanzando una capacidad para atender a 118 personas, y 30 nuevas plazas más como centro de día, lo que supone un total de 60 plazas en esta modalidad.

El Conseller Chakir el Homrani ha felicitado a la entidad por estas obras de mejora y ha subrayado que «una de las principales tareas que haga entidades como la suya es la de generar seguridad a las familias para que en la atención de personas con alta dependencia las familias necesitan sentir que estas personas estarán tan bien como en casa «. «Lleve décadas de trabajo en la atención a personas y con vosotros sabemos que esto es así», ha afirmado el Conseller.

El Homrani también ha destacado que desde el Departamento se apuesta por un «envejecimiento a kilómetro 0» y un modelo de atención centrado en las personas. En este sentido, el consejero ha explicado que el objetivo es fomentar que «las personas puedan ser atendidas cerca de su entorno personal y comunitario y evitar un corte con su entorno, alejándolos de los lugares que conocen».

Precisamente, esta ampliación del centro responde sobre todo a la voluntad de Fundació Aymar i Puig de ampliar el alcance de la atención y los recursos disponibles para las personas. Según la Directora General de la Fundació, Silvia Vázquez, «no pretendemos crecer únicamente de forma cuantitativa, sino que nuestro valor es crecer cualitativamente». A lo largo de los años, la entidad ha desarrollado un concepto de centro que ofrece una profesionalidad desde la proximidad, adaptada a las necesidades de cada persona, y sobre todo, especializada en el acompañamiento y apoyo en todas las etapas del proceso de envejecimiento y / o dependencia.

Fundació Aymar i Puig es una entidad privada de orientación social sin ánimo de lucro que centra su actividad en la atención a las personas, y apuesta decididamente por una relación ágil y fluida con el ámbito público y privado, estableciendo apoyos, colaboraciones y acuerdos con agentes del conocimiento (Fundación Salud y Envejecimiento – UAB, Observatory of Entrepreneurship and Happiness – UPC, Instituto Guttmann, CAMON Consulting, así como Administraciones Públicas (Generalitat de Cataluña, Diputación de Barcelona, ​​Consejos Comarcales, Entidades Municipales) y participando activamente en el sector (miembro de la Junta Directiva de ACRA), entre otros. Actualmente, también se ocupa de la gestión del servicio de atención domiciliaria de 10 municipios de la provincia de Barcelona.

La Fundació ha demostrado también su implicación en establecer un modelo basado en la innovación, la mejora continua, la profesionalización, la gestión del talento y la dignificación del sector de la atención a las personas. Por ello, impulsa y participa activamente en diferentes proyectos como el Acompañamiento Integral al Profesional – AIP (nuevo modelo de gestión competencial de los recursos humanos específicos del sector de atención a la dependencia en col • colaboración OEH-UPC y CAMON), SINAPSIS ( centro innovador en el enfoque de la neurorrehabilitación cognitiva y física en colaboración FSIE-UAB, DIBA y F. de Arriba), REMI (nuevas intervenciones en el ámbito de las terapias de reminiscencia en colaboración con FSIE-UAB) ; y programas dentro de la atención a la dependencia en el marco del envejecimiento activo, la felicidad en las organizaciones, las relaciones con la comunidad y intergeneracionales, la prevención de la soledad, la atención al paciente complejo crónico y en situaciones de final de vida, la detección del maltrato y proyectos para la promoción de la ética asistenciales.

A lo largo de estos 70 años de experiencia, la entidad ha ido alcanzando y haciendo crecer sus hitos, siendo galardonada con diferentes premios y reconocimientos en Cataluña (premios ACRA a la Calidad e Innovación del servicio) y en España ( premio Fundación Pilares a la innovación en la gestión por el modelo AIP). Su modelo de organización y atención a las personas ha sido divulgado en numerosos congresos y jornadas.

La filosofía de la Fundació Aymar i Puig es garantizar una atención facilitadora de espacios de vida significativos para las personas atendidas y sus familias, pero también por los profesionales que conforman la entidad. Según Silvia Vázquez, «creemos que nuestro prestigio nos es dado por cada persona que está siendo atendida y ha sido atendida en nuestra entidad, por cada familia que ha formado parte de nosotros y por la implicación de nuestros profesionales.»

La organización cuenta actualmente con casi 100 trabajadores y profesionales de un amplio abanico de perfiles del ámbito social y sanitario para la gestión, atención directa e indirecta de los servicios. Con la ampliación, el centro tiene previsto incrementar hasta un 30% la plantilla, con profesionales a los que se les pide, más allá de su capacidad técnica, que dispongan de competencias sociales y emocionales, motivación y actitud hacia las personas que atienden. «Son las personas quienes nos definen como organización y quienes aportan el valor añadido a nuestro proyecto y en nuestra razón de ser: trabajar con y para las personas» destaca la directora del centro.

Fundació Aymar i Puig se constituyó en 1947 por tres hermanos provenientes de una familia acomodada y reconocida de Alella que decidieron destinar su legado económico a dar respuesta a una necesidad latente en el municipio: un servicio de atención profesionalizada para personas con diferentes demandas sociales, económicas y asistenciales. Fundació Aymar i Puig cerró 2017 con una facturación de 3M € y tiene previsto cerrar 2.018 con un crecimiento del 5%. La Fundació continúa reinvirtiendo los resultados de su actividad en la mejora de la atención a las personas en nuestra sociedad.


Un cojín previene las úlceras de las personas en silla de ruedas

cojinEl ingeniero industrial Pedro Aguilera ha ideado Prev UPP, un cojín con sensores inteligentes que previene las úlceras por presión en personas en silla de ruedas.

¿De qué forma se puede progresar en la calidad de vida de las personas que van en sillas de ruedas, de quienes tienen que pasar mucho tiempo sentados o tumbados? Según la Organización Mundial de la Salud, en el planeta hay 65 millones de personas que requieren de una silla de ruedas para desplazarse. Una de ellas es el ingeniero industrial Pedro Aguilera. Natural de Chile, Aguilera ha creado Prev UPP, una almohadilla inteligente que previene las úlceras por presión, una de las enfermedades más comunes entre las personas con movilidad reducida.

El dispositivo de Aguilera está formado por un cojín que incorpora una batería y unos sensores ubicados en zonas estratégicas. Los sensores están programados con un algoritmo que recoge información en tiempo real y es capaz de advertir los cambios en la presión. Los diferentes datos se registran en una aplicación móvil, que señala al usuario de forma individualizada en qué momento ha de comenzar a prevenir una posible úlcera. Además de esto, la aplicación manda alarmas cuando advierte que el usuario debe cambiar de posición. De esta forma, este emprendedor chileno logra que sea más fácil encontrar posibles alteraciones, incluso antes de que se desarrolle la enfermedad.

Aguilera, que ha sido escogido como Innovador menor de 35 de Latinoamérica 2017 por MIT Technology Review en español y ha recibido premios como Jump Chile 2015, es consciente de que en el mercado existen servicios parecidos. Sin embargo, son bastante complicados de transportar y cuentan con una tecnología más difícil de utilizar, lo que hace que sean muy costosos.

El creador chileno ha desarrollado un producto de bajo coste sencillo de transportar gracias a su batería ligera. Además de esto, ha recibido el apoyo del Hospital del Trabajador en Chile, con el que efectúa una investigación para crear un proyecto capaz de pronosticar, con el mínimo rango de fallo posible las probabilidades de que alguien padezca una úlcera. A finales de marzo de 2017, 60 pacientes del centro de salud ya habían probado el prototipo de Prev UPP y participaron en la mejora del diseño. El objetivo es hallar la forma de lograr un producto adaptado para la situación y enfermedad de cada usuario.

El impacto de Prev UPP podría llegar a pacientes de todo el planeta. Por ejemplo, según la Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado de la Salud de Estados Unidos, alrededor de 2,5 millones de personas tienen úlceras por presión solo en el país estadounidense. Para Aguilera, “estar en la piel” de las personas que padecen estas enfermedades le deja estar más cerca de ellas. Absolutamente nadie mejor que una persona que ya está en silla de ruedas puede conocer lo que se precisa. Con Prev UPP, Aguilera puede progresar en su propia calidad de vida, pero no es su única motivación. Sacar partido de su situación para algo tan primordial como “ayudar a los demás” también le importa.

Fuente: La Vanguardia

El ayuntamiento de Donostia publica el nuevo Reglamento Regulador del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio

hospitalización a domicilioLa asistencia domiciliaria, que presta el Ayuntamiento de Donostia por medio de una contrata de trabajadoras que atienden las tareas del hogar y los cuidados personales a ciudadanos dependientes, cambiará sus reglas próximamente. Un nuevo reglamento, incluido en el orden del día de la junta de gobierno de hoy, ya no fijará en tres horas el máximo de atención que podrán recibir los usuarios. La nueva normativa cambiará la intensidad del servicio, que podrá ser de cuatro horas o más al día, en función de las especiales circunstancias de cada persona o de cada hogar.

Otras modificaciones que están incluidas en el nuevo Reglamento Regulador del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, que sustituirá al vigente desde 2006, se dirigen a modificar el nuevo precio público por el servicio, que será de un máximo de 15 euros a partir del año que viene, un euro más que este año. Las familias pueden pagar esta cantidad o sumas inferiores, en función de su renta, o incluso resultarles gratuito.

El encarecimiento en un euro en el precio máximo es la primera subida desde hace varios años, ya que la cantidad ha ido bajando. A lo largo de 2018, la hora ha tenido un precio máximo de 14 euros, dos menos que en 2017, y cuatro menos que hace tres años. El Consistorio fue decidiendo estas rebajas con el objetivo de frenar la disminución de las horas solicitadas por los ciudadanos. De hecho, hace tres años se contabilizaban 1.750 personas atendidas, una cifra que ha descendido hasta las 1.500 en la actualidad (en 1.200 hogares), todas ellas con algún nivel de dependencia o enfermedad y la gran mayoría, de la Tercera Edad.

El nuevo reglamento prevé también la creación de una nueva modalidad de acceso urgente al servicio, con el fin de que los ciudadanos que se vean repentinamente necesitados de ayuda domiciliaria no tengan que esperar en exceso. La normativa también contempla establecer otras modalidades de servicio para personas no dependientes.

La asistencia domiciliaria incluye tareas que van desde la ayuda para el aseo personal, levantar a la persona de la cama, la limpieza del hogar, la toma de medicación y la comida. Las trabajadoras también puede acompañar a los usuarios fuera del hogar para gestiones personales, compras o asistencia al Centro de Día.

La concejala de Acción Social, Ai-tziber San Román, explicó que las novedades del reglamento son necesarias para adaptarlo a las nuevas leyes. Asimismo, añadió que la normativa “pretende vincular al usuario a los servicios sociales y favorecer el seguimiento de cada caso, así como mejorar el control de la calidad del servicio, ajustar las necesidades y su intensidad, además de garantizar las habilidades profesionales necesarias”. También tiene como objetivo “avanzar hacia una atención sociosanitaria en el domicilio” y “conseguir un empleo estable, regulado y transparente”.

Fuente: Diario de Gipuzkoa

Compromís considera que el impulso de un nuevo modelo residencial para personas mayores es uno de los mayores éxitos de la legislatura

Mónica OltraLa conselleria que dirige Mónica Oltra ha conseguido crear en tres años más de 4.000 nuevas plazas sostenidas con fondos públicos.

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís, Mònica Àlvaro, ha realizado una valoración muy positiva del nuevo modelo residencial impulsado por el gobierno del Botánico en esta legislatura, «debe considerarse un éxito que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas haya alcanzado en tres años un incremento del 32,2% en la oferta de plazas sostenidas con fondos públicos en centros residenciales para personas mayores, pasando de las 12.829 plazas que habían en 2015 a las 16.969 actuales, lo que supone la creación de 4.140 nuevas plazas».

Para Álvaro «todo esto a pesar del punto del que se tuvo que partir tras el cambio de gobierno en 2015, cuando se tuvo que poner en orden el sector residencial ya que el anterior modelo del PP había sido declarado ilegal por el TSJCV y en consecuencia la adjudicación de 2.000 plazas públicas fueron declaradas ilegales».

La buena gestión de Mónica Oltra y su equipo ha logrado revertir esta situación impulsando un nuevo modelo residencial que ya está dando sus frutos. Con este nuevo modelo se ha conseguido que el 86% de las nuevas plazas dependan de gestores que quedaron fuera del modelo de accesibilidad del antiguo gobierno. Un modelo residencial del PP que tenía como único objetivo llenar residencias para fines lucrativos de unos pocos, como corroboramos en la comisión de Investigación sobre ese modelo que llevamos a cabo en Les Corts en esta legislatura y como se desprende de las investigaciones del caso Brugal con escuchas en las que se escucha como presionaban a alcaldes y trabajadores sociales para que se influyera en las familias usuarias para elegir los centros de la familia del entonces conseller del PP Juan Cotino.

Frente a esto se ha instaurado un modelo en el que el objetivo es ofrecer una vida digna en la que se atiendan las necesidades de las personas mayores. Por ello, se ha potenciado la autonomía personal, paraque el recurso residencial sea una opción más y no la única, ni un elemento de especulación a costa de las políticas de bienestar.

En este nuevo modelo participa la Generalitat Valenciana con plazas públicas y con ayudas para elegir plaza cerca del municipio de residencia, ayuntamientos con plazas públicas, entidades sin ánimo de lucro y empresas privadas.

Según explica Álvaro «ya no basta con ‘llenar’ residencias. Ahora se pide calidad. Para ello se han tenido en cuenta criterios para adjudicar las plazas pensando en lo mejor para las personas mayores: centros que ofrezcan servicio de enfermería, centros que ofrecen doble menú, habitaciones con sistema de climatización y baño interior, centros que ofrezcan acompañamientos gratis al médico o gestiones externas, podología, y peluquería y enfermería 24 horas».

La adjudicación de las plazas de este nuevo modelo residencial ha sido el resultado de un proceso abierto, transparente y garantista, con cláusulas antimonopolio para evitar situaciones anteriores que perjudicaron a la mayoría de empresas y donde se han valorado criterios sociales. De hecho, frente a las 9 empresas que resultaron adjudicatarias con el anterior ejecutivo, con el nuevo proceso han sido 29 empresas.

«Estamos ante un nuevo modelo residencial que nos hace pasar a los valencianos y a las valencianas de la vergüenza al orgullo. Nuestros mayores ya no son utilizados para el enriquecimiento de unos pocos, ahora están en el centro de las políticas que tienen como objetivo la dignidad a las personas», ha concluido Álvaro.

Fuente: elperiodic.com

Igualdad regula la habilitación de profesionales de recursos de atención a la dependencia para garantizar el empleo y la calidad de los servicios

dependenciaLa Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha regulado, a través de una orden, el procedimiento para obtener las habilitaciones de las categorías profesionales de auxiliar de ayuda a domicilio, cuidador o cuidadora, gerocultor o gerocultora y auxiliar ocupacional de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de la Comunitat Valenciana.

Tal y como establece la Ley de Dependencia, corresponde al Consejo Territorial del SAAD la fijación de criterios comunes sobre acreditación de centros, servicios y entidades para garantizar la calidad de la atención que ofrecen, siendo competencia de las respectivas administraciones realizar la legislación, reglamentación y ejecución procedente.

De acuerdo a la Ley, y en este sentido, el Consejo Territorial del SAAD publicó en diciembre de 2017 un acuerdo con medidas como la habilitación excepcional de personas con experiencia demostrada y la habilitación provisional para aquellas que no cumplan con el requisito de experiencia establecido.

Para el cumplimiento de este acuerdo que pretende garantizar la estabilidad en el empleo y la calidad en la atención a las personas en situación de dependencia, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha publicado una orden en la que se establece el procedimiento para habilitar a trabajadores que no cuenten con la acreditación oficial de la cualificación correspondiente a su categoría profesional en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Así, los auxiliares de ayuda a domicilio, los cuidadores o cuidadoras, gerocultores o gerocultoras y auxiliares ocupacionales que hayan prestado servicios de atención domiciliaria, atención diurna o atención residencial en centros y servicios acreditados por el SAAD, podrán obtener una habilitación excepcional o provisional de acuerdo a los requisitos establecidos en la normativa.

La habilitación excepcional se otorgará a dichos profesionales que no tengan la acreditación oficial de cualificación profesional de su categoría y hayan desempeñado con anterioridad al 1 de enero de 2018 las funciones correspondientes a esos puestos en centros o servicios acreditados. La experiencia laboral acumulada será de al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años.

Por otro lado, la habilitación provisional se establece para aquellos profesionales que sin tener la acreditación oficial de cualificación no alcancen la experiencia laboral para solicitar la habilitación excepcional. En este caso, los solicitantes deberán comprometerse a participar en los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia laboral o a realizar la formación vinculada a los correspondientes certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional antes del 1 de enero de 2023.

Los procedimientos de habilitación excepcional y provisional de auxiliares de ayuda a domicilio, los cuidadores o cuidadoras, gerocultores o gerocultoras y auxiliares ocupacionales se iniciarán con la presentación de la solicitud y la documentación acreditativa por parte del interesado. El plazo para ello finaliza el próximo 31 de diciembre.

Fuente: NOTICIASDE

Implantación práctica del Plan de Atención y Vida en Centros Sociosanitarios

IDEACon este modelo aprendemos a mirar a través de las personas respetando su proyecto de vida, dignidad, sus derechos, sus preferencias, así como la búsqueda del bienestar. Mediante el uso de la empatía y el respeto a las personas y a sus familiares, reconocemos el papel central de la persona usuaria en la gestión propia del centro. Efectuamos una valoración integral con el objetivo de atender las necesidades personales de cada usuario, según los deseos y gustos de cada individuo, a partir de los recursos materiales, humanos y organizativos disponibles.

Los objetivos que se persiguen en la jornada son los siguientes:

  • Mejorar la calidad de vida de las personas que necesitan cuidados
  • Dotar a los servicios actuales de un enfoque individualizado que reconozca la singularidad de la persona
  • Incorporar nuevas metodologías: técnicas e instrumentos que facilitan la atención integral centrada en la persona
  • Diseñar un cronograma de implantación del modelo adaptado a cada centro
  • Saber interpretar el mundo desde la perspectiva del usuario del servicio
  • Promover las condiciones necesarias para la consecución de mejoras en el bienestar de las personas
  • Definir e implantar Modelos de Plan de Atención y Vida Individuales

Mediante el cumplimiento de estos objetivos, conseguimos mayor participación de usuarios, familias y profesionales en la organización, aumento de la satisfacción con la atención recibida y cualificación de la labor asistencial.

 

Para ello, repasamos los siguientes contenidos:

  • Concepto de Atención Centrada en la Persona.
  • Personalización de servicios.
  • Cambios en la organización para mejorar la calidad de vida de las personas.
  • Modelo aplicado de ACP en el Complejo Gerontológico Can Serra de Barcelona.
  • Cronograma de implantación de la ACP en los centros.

Nos dirigimos a los profesionales y directores de centros del sector de la dependencia que deseen conocer la nueva metodología del modelo de Plan de Atención y Vida y quieran mejorar la calidad de vida de las personas. El programa combina teoría y práctica. Realizaremos diferentes focus groups con el objetivo de que cada asistente sepa implantar el modelo en su centro.

La jornada se llevará a cabo en: MADRID. Residencia Hermanas del Amor de Dios. C/ General Lacy, 5. 28045 Madrid.

22 NOVIEMBRE 2018 | HORARIO 10.00 – 18.00H

 

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El drama de la dependencia. Recortando a los más vulnerables

Por Carmen Alemany Panadero

mayores_Hace algunos días leímos en El País la historia de Genoveva, una señora de 95 años aquejada de Alzheimer y que reside en una pequeña aldea de Galicia. Los recortes y las políticas de austeridad causaron el cierre del centro de día al que acudía a diario, obligándola a un desplazamiento de más de una hora diaria hasta otro centro en Muros. No dispone de ayuda a domicilio, a pesar de tener reconocido un Grado II de dependencia, y su hijo de 70 años ya no puede con ella para vestirla o asearla. Los servicios sociales creen que necesita una residencia, pero llevan más de dos años esperando una plaza que nunca llega.

La historia de Genoveva refleja una situación que se repite con frecuencia en muchas comunidades autónomas de España y que he encontrado en numerosas ocasiones en el Centro. Personas mayores, dependientes, que necesitan cuidados y asistencia y cuyas familias hacen lo que pueden, pero trabajan, tienen problemas de salud o edad avanzada y no pueden realizar todas las tareas necesarias. También hay personas en situación de dependencia que no cuentan con familiares cercanos. En estos casos, los servicios y prestaciones públicas reconocidos por la Ley de Dependencia son esenciales para garantizar una vida digna a miles de personas. Esta ley creó el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que cuenta con una serie de servicios y prestaciones que constituyen un derecho.

Casi 200.000 personas dependientes han fallecido entre 2012 y 2017 en España sin recibir la prestación a la que tenían derecho. Más de 100 personas al día. El Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales alerta de que actualmente hay 310.120 personas en lista de espera. Una cuarta parte de las personas en situación de dependencia no tienen acceso a ninguna prestación. Más de un tercio son personas dependientes con Grados II o III, los más vulnerables por tener una mayor necesidad de apoyo.

El recorte de la Administración del Estado en dependencia asciende ya a 4600 millones de euros, teniendo en cuenta la reducción del nivel mínimo, la supresión del nivel acordado y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. Las prolongadas políticas de austeridad y los recortes han supuesto la asfixia financiera del sistema. Las cifras son frías, pero detrás de ellas hay miles de dramas personales.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid emitió un demoledor informe en diciembre de 2017 sobre la situación de la atención a la dependencia en esta Comunidad.

“No se destinan anualmente los recursos necesarios para atender puntualmente las prestaciones de dependencia ni se utilizan los instrumentos presupuestarios que permitieran subsanar el déficit, lo que sería fundamental para atender las necesidades de un colectivo especialmente vulnerable.
El 84% de los que murieron en los seis meses siguientes a la petición de la asistencia lo hicieron sin percibir ayuda alguna. De los que murieron a partir de los seis meses siguientes de solicitar la ayuda del sistema, hasta el 62% falleció igualmente sin recibir ninguna prestación económica o servicio.
Estos hechos podrían dar lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración y en estos términos se pronuncia la Defensora del Pueblo, al ser éste un derecho invocable ante los tribunales, dado el carácter público de las prestaciones del Sistema, la universalidad en el acceso a las mismas, y el derecho de los ciudadanos a iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa de este derecho. Los beneficiarios con mayor grado de dependencia que solicitaron la atención residencial como modalidad principal, sin haber solicitado una prestación económica como modalidad transitoria, al ser los más vulnerables, habrían sido los más perjudicados”. (Cámara de Cuentas Comunidad de Madrid)

La situación de la dependencia es difícil para todos los afectados, pero en algunos casos existen circunstancias agravantes. Vivir en unos barrios u otros, o en unas regiones u otras, determina la calidad de vida de las personas y afecta especialmente a las personas en situación de dependencia. Algunos de esos factores condicionantes son:

  • Factores individuales: Escasez de familiares con disponibilidad para cuidar, vivir solo/a, falta de redes familiares o sociales, aislamiento.
  • Condicionantes de género: La mayoría de las personas dependientes suelen ser mujeres, muchas de ellas mayores, debido a una superior esperanza de vida. Estas mujeres dependientes suelen contar con pensiones reducidas, por haber asumido las tareas de cuidado de familiares (niños, enfermos, mayores) a lo largo de su vida, suelen tener cotizaciones inferiores o no haber cotizado jamás, y por tanto, cuentan con pensiones muy reducidas. Esto les complica el acceso a servicios asistenciales privados.
  • Residencia en zona rural: las personas dependientes que residen en zonas rurales suelen disponer de escasos recursos asistenciales próximos. Pueden requerir desplazamientos largos a un centro de día o no disponer de servicios de proximidad.
  • Residencia en zona urbana: Las personas que residen en zonas urbanas tendrán más o menos calidad de vida en función del barrio en el que residan. Por ejemplo, en Usera (Madrid) el estudio de Factores Determinantes de Salud 2017 (Ayuntamiento de Madrid), señala que la tasa de discapacidad es claramente superior a la del resto de Madrid, y la salud y calidad de vida son inferiores a todos los niveles: más problemas de obesidad, diabetes, problemas de salud mental, ansiedad y depresión, y una peor percepción de salud y calidad de vida.
  • Factores relativos a la vivienda: La calidad de vida de la persona dependiente dependerá de cuestiones como el estado del inmueble, grietas, humedades, mal aislamiento climático, carencia de muros de contención, barreras arquitectónicas, desniveles en el suelo, etc. Por desgracia, muchas personas mayores y dependientes de Usera habitan en viviendas con deficiencias estructurales.
  • Factores relativos a las vías públicas: Las vías públicas pueden facilitar o dificultar el desplazamiento de la persona en situación de dependencia por su entorno (solo o acompañado). Aceras en buen estado y rampas facilitan los movimientos. Aceras levantadas, rotura del pavimento, falta de adoquines, raíces de árboles sobresaliendo, desprendimientos de ladrillos, árboles sin podar con riesgo de caída de ramas, implican un riesgo para las personas dependientes, que pueden sufrir caídas o accidentes. En distritos como Usera y Villaverde el estado de las vías públicas es mejorable.
  • Los datos de las pensiones medias: El Mapa Social de la Ciudad de Madrid 2017 recoge que Puente de Vallecas y Usera son los distritos con las pensiones más reducidas de la capital, seguidos de cerca por Villaverde, Latina, Carabanchel y Villa de Vallecas.
  • La esperanza de vida: Existen diferencias significativas en la esperanza de vida de las personas incluso dentro del mismo municipio. Por poner un ejemplo, el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid, muestra diferencias de esperanza de vida entre los distritos. Salamanca, Chamartín y Retiro son los distritos con una esperanza de vida más elevada. Los que tienne la esperanza de vida más reducida son Centro, Usera, Puente de Vallecas, Carabanchel y Villaverde. La OMS advierte que las condiciones de la vivienda tienen influencia directa en la salud, especialmente para las personas más vulnerables, como niños, mayores y personas con discapacidad (OMS, 2011). También el Estudio Técnico sobre la Pobreza Energética del Ayuntamiento de Madrid (Sánchez-Guevara et al, 2015) señala la influencia de la climatización de las viviendas en la salud.

Debido a la confluencia de todos estos factores, las personas en situación de dependencia de las zonas urbanas más desfavorecidas se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad. Y las personas dependientes de zonas rurales pueden tener dificultades para el acceso a servicios asistenciales próximos. La mayoría de las personas mayores y dependientes son mujeres, y la mayoría de las mujeres (y más aún las mujeres de esa generación) han cotizado menos que los varones y se encuentran en una situación económica más precaria.

En los doce años de vida que tiene la Ley de Dependencia, el 3% de la población española ha sido reconocida como dependiente, es decir, que necesitan ayuda para realizar las necesidades básicas de la vida diaria. Miles de personas pueden verse abocadas a situaciones de riesgo, vulnerabilidad o desatención. La Ley de Dependencia vino a reconocer unas prestaciones y servicios como derecho subjetivo, como garantía de una vida digna para todas las personas con independencia de su capacidad. La financiación adecuada y suficiente del Sistema de Atención a la Dependencia es un derecho exigible, un deber legal para los poderes públicos y un derecho para los ciudadanos. El Estado debe cumplir con ese 50% de financiación de los servicios del SAAD. El ahorro económico no puede correr a cargo del sector más vulnerable de nuestra sociedad.

Además, es necesario tener en cuenta que los servicios del SAAD generan empleo. En el actual contexto de crisis, precariedad laboral y desempleo de larga duración, los servicios de asistencia a ese 3% de población en situación de dependencia pueden generar miles de empleos, alimentar a miles de familias, y aumentar la demanda y el consumo. En una sociedad envejecida, este sector puede constituir un motor de empleo y crecimiento económico. Según el Observatorio Estatal para la Dependencia, si se atendiera ya a las 310.000 personas dependientes en lista de espera, se generarían más de 75.000 empleos directos, sumados a los 220.000 empleos actuales del SAAD.

Fuente: Medium

El gasto medio por dependiente es 8.225 euros, el 83,7 % lo aportan las CCAA

dependenciaEl gasto medio por dependiente en 2017 ascendió a 8.225 euros anuales, de los que el 83,7 por ciento lo aportan las comunidades autónomas y el 16,3 % la administración central.

Son datos facilitados por el Ministerio de Sanidad al Observatorio Estatal para la Dependencia, que arrojan una inversión pública total certificada de 7.459 millones de euros, de los que la aportación finalista del Gobierno fue de 1.218 millones (16,3%), mientras que las CCAA gastaron 6.241 millones de euros (83,7%).

Las cifras muestran un descenso de la aportación del Gobierno al sistema de la dependencia del 17,4 por ciento en 2016, al 16,3 por ciento de 2017.

En un comunicado, el observatorio destaca que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social cumple con uno de los cinco puntos del acuerdo por la Dependencia, facilitando, por primera vez, la información de la financiación del Sistema y remitiéndola hasta esta organización.

Recuerda que el impacto acumulado para el gasto público de las medidas de recorte del Real Decreto-Ley 20/2012, hasta diciembre del 2017, ha sido de 4.600 millones de euros.

El Observatorio Estatal de la Dependencia denuncia la «incapacidad» del anterior Gobierno de ejecutar el presupuesto de la dependencia que había recortado. Así de los 1.262 millones presupuestados para 2017, no gastó 44 millones.

Atribuye la mejora de los datos sobre el incremento de personas atendidas y de reducción de la lista de espera en el aumento de los servicios de bajo coste, dirigidos a Dependientes Moderados (Grado I), «abandonando a los más graves y que requieren atención con mayor urgencia, los Dependientes Severos (Grado II) y Grandes Dependientes (Grado III)».

«El Gobierno debe cumplir el Pacto por la Dependencia firmado por todos los grupos políticos (a excepción del PP) y recuperar los recortes producidos desde el año 2012, lo que requiere una inversión de 470 millones de euros anuales, que permitirán atender a cien mil personas del ‘limbo de la dependencia’ y generar más de 30.000 puestos de trabajo directos», reclama.

El siguiente cuadro muestra el gasto en el sistema de la dependencia por CCAA en 2017, detallando la aportación de la administración central (Nivel Mínimo AGE) y de los gobiernos autonómicos:

CCAA Gasto CCAA N.Mínimo AGE Total %CCAA %AGE
Andalucía 936.417.554 228.072.671 1.164.490.226 80,40% 19,60%
Aragón 176.456.757 32.388.773 208.845.530 84,50% 15,50%
Asturias 159.414.337 26.099.466 185.513.803 85,90% 14,10%
Baleares 113.946.751 17.604.112 131.550.864 86,60% 13,40%
Canarias 130.918.732 26.947.728 157.866.460 82,90% 17,10%
Cantabria 81.326.843 20.635.635 101.962.478 79,80% 20,20%
CyLeón 448.652.031 117.163.436 565.815.468 79,30% 20,70%
C-LM 348.607.195 60.601.733 409.208.928 85,20% 14,80%
Cataluña 1.066.073.982 172.782.212 1.238.856.194 86,10% 13,90%
Valencia 551.853.044 78.203.077 630.056.121 87,60% 12,40%
Extrem. 255.199.532 38.258.621 293.458.154 87,00% 13,00%
Galicia 255.764.992 84.070.180 339.835.173 75,30% 24,70%
Madrid 851.837.448 171.859.494 1.023.696.942 83,20% 16,80%
Murcia 156.818.532 46.290.940 203.109.472 77,20% 22,80%
Navarra 97.469.863 13.443.344 110.913.207 87,90% 12,10%
PVasco 553.265.756 74.066.224 627.331.980 88,20% 11,80%
L.Rioja 56.714.818 9.650.751 66.365.570 85,50% 14,50%
TOTAL 6.240.738.175 1.218.138.403 7.458.876.579 83,70% 16,30%

— Los datos de La Rioja son estimaciones del Observatorio por no disponerse de certificado.

— Los datos en País Vasco son estimaciones por no disponerse del certificado del territorio de Guipúzcoa.

 

Fuente: COPE

 

 

Un total de 5.275 cuidadores no profesionales atienden a los 19.560 dependientes onubenses

psoe-ana-perezLa senadora por el PSOE de Huelva, Ana Pérez, destacó ayer «el interés» del nuevo Gobierno central por recuperar los derechos de las cuidadoras no profesionales de la Ley de Dependencia. En concreto, el número total de cuidadores no profesionales se eleva a 5.275 en Huelva.

De este modo, Pérez resaltó que las medidas a desarrollar «vendrán a poner en práctica la filosofía política del PSOE, que es el sumo cuidado de los derechos más elementales, el rescate de las personas que peor lo pasan y la transformación del sistema sanitario y social, para alcanzar de verdad a toda la población, sea cual sea su condición, como se viene haciendo en Andalucía».

Una de las medidas a adoptar y que dependen exclusivamente del Gobierno central será la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de la Ley de Dependencia. El 90% son mujeres y se verán beneficiadas unas 180.000 personas.

Concretamente, en Huelva hay en estos momentos 19.560 prestaciones de diferentes grados de dependencia. El número total de cuidadores no profesionales se eleva a 5.275, por lo que estas son las personas que se beneficiarán de las cotizaciones a la Seguridad Social. En este sentido, en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y de 2020 se pretende recuperar la financiación del nivel mínimo de dependencia fijado con anterioridad en el Real Decreto Ley 20/2012. Así, se atiende al pacto estatal por la dependencia que se firmó en 2016 y se da una respuesta a las conclusiones del informe de la comisión de análisis de personas dependientes conocido el año pasado. Se recuperará igualmente el marco de cooperación con las comunidades autónomas.

Fuente: Huelva Información