Dependencia
La dependencia se tramita solo en 67 días en Bizkaia
La Diputación Foral tarda una media de 67 días en valorar la asignación de un servicio de Ley de Dependencia, uno de los plazos más bajos del Estado y muy lejos de los 475 días que registra Asturias o los 438 de la Comunidad Valenciana.
La media en el Estado es de 219 días de espera para un servicio del que están beneficiándose en la actualidad 19.900 vizcainos con diferentes grados de dependencia, según indicó ayer la diputada foral de Acción Social, Pilar Ardanza. La responsable del área tuvo la oportunidad de radiografiar este servicio ayer al contestar a una pregunta del grupo juntero del PSE sobre la tardanza en evaluar y asignar una ayuda a las personas que se quieren acoger a la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno Zapatero en 2006.
Antes de aclarar las dudas expuestas, Ardanza expuso cómo, en Bizkaia, esta Ley se está cumpliendo gracias al esfuerzo financiero foral, ya que de los 300 millones que invierte al año la Diputación, tan solo llegan del Gobierno Rajoy 30 millones vía Cupo. Además, recordó cómo la ley socialista había quedado desvirtuada por dos decretos del Gobierno de Rajoy de 2011 y 2012 que han supuesto modificaciones a la baja tanto en el calendario de incorporación de los beneficiarios como en las cuantías de la prestación y la financiación por parte del Estado.
Ardanza indicó sobre este último aspecto que «ni antes, ni después de la crisis el Estado ha aportado más de un 20% de la financiación cuando el compromiso era que fuera a medias». La diputada criticó en este sentido el hecho de que en el Estado las personas valoradas con Grado I-2 no perciban prestación alguna, mientras que, en Bizkaia, 2.017 personas se benefician de estas ayudas.
CIFRAS DESCUADRADAS
El juntero socialista, Juan Isidro Otermin, preguntaba por las 5.293 personas que, según las estadísticas que maneja el Imserso en Madrid, estaban pendientes de ser valoradas aquí.
Ardanza aclaró que son cifras de todo el País Vasco y que, según las herramientas de conteo con que cuenta la propia Diputación, había un descuadre importante. En julio pasado, la administración del Estado y la foral intercambiaron datos y concretaron que la lista de espera era de 537 personas, «una cifra que se mantiene en la actualidad», aseguró la diputada. También prosiguen estables otros parámetros como el número de beneficiarios en torno a los 19.900 referidos, así como a las solicitudes que «se mantienen en base a la progresión demográfica», apuntó la diputada. Así de 2012 a 2013, las asignaciones de ayuda oscilan entre los 257 y 307 para las personas con dependencia de grado III, entre 560 y 780 para el grado II y entre 94 y 101 para el grado I.
Con todo esto resumió que, «aunque no es para sacar pecho», sí especificó que «en Bizkaia la atención a las personas en dependencia no ha sido desfigurada, gracias al esfuerzo y compromiso económico de esta Diputación». Por ello quizás el Observatorio Estatal de Gerentes y Directores Sociales calificó con 8,3 puntos, sobre 10, la atención a la dependencia en Bizkaia.
“Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia”, de Josep de Martí
Hace unos años creímos que España era un país rico. Que teníamos el sistema bancario más saneado del mundo, que estábamos alcanzando a nuestros vecinos del norte en nivel de vida y renta per cápita, incluso que les llegaríamos a superar. Nos veíamos avanzando por un prometedor sendero rodeados por miles de grúas, montañas de pisos, flamantes aeropuertos, vías de AVE y aun más pisos y filas de adosados.
Y allí, en el horizonte, justo al alcance de nuestra mano, el oasis del pleno empleo. Fue entonces cuando España decidió que sus ciudadanos merecían un derecho más: el de recibir atenciones si algún día la edad o la enfermedad les hacía necesitar de ayuda para hacer aquello que casi todos hacemos por nosotros mismos. Pero no sería un “derechillo” más, ¡No señor! Éste sería subjetivo, universal y se convertiría en el cuarto pilar del estado de bienestar, al lado de la sanidad, la educación y las pensiones. O sea, sería, para todos: ricos y pobres, altos y bajos, catalanes y asturianos… Sería caro pero ¡Qué narices!, nos lo merecíamos y nos lo podíamos permitir.
Nuestros gobernantes, que sabían que de verdad no éramos tan ricos, que el oasis era un espejismo y que crear ese nuevo derecho saldría demasiado caro, decidieron que, a pesar de todo, sacarían adelante el proyecto y en el proceso, nos engañarían a todos.
EL AUTOR
Josep de Martí es uno de los opinadores más reconocidos y con una visión privilegiada del sector de la atención a mayores dependientes. Durante los últimos veintitrés años ha trabajado tanto en la administración, siendo inspector de servicios sociales, como profesor, impartiendo clases en diversos cursos de postgrado de dirección de residencias o gerontología social y también como promotor/director del portal de internet www.inforesidencias.com, que en 2000 fue primer buscador on-line de plazas libres en residencias para mayores y recientemente se ha convertido en la primera web que permite comparar residencias según su nivel de transparencia. Estas labores las combina con trabajos de consultoría, impartición de conferencias y lo que según sus palabras, más satisfacción le produce, la escritura de un blog en el que analiza de forma crítica lo que pasa en el sector de la dependencia.
Licenciado en Derecho, gerontólogo social y especialista en derecho público. A pesar de haber colaborador en varios libros colectivos y publicado en casi todas las revistas especializadas en atención a mayores, ésta es su primera obra en solitario. Una ocasión que ha aprovechado para ordenar y contextualizar diez años de reflexiones sobre la Ley de Dependencia con un curioso hilo argumental: todo fue un engaño.
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Bienestar retiene expedientes de la Dependencia desde hace tres años
La Comunidad Valenciana se ha convertido en la región de España donde más problemas burocráticos se producen en la tramitación de las ayudas de la Dependencia. En el último informe de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) se detalla que la valenciana es la comunidad que más retrasos sufre a la hora de resolver cada Programa Individual de Atención (PIA) en el que, de forma individualizada, se indica la capacidad económica del beneficiario y el importe de la prestación económica a percibir.
El informe de Aerte urge al Consell a «resolver de forma inmediata todos los PIAS paralizados de los expedientes pendientes desde marzo de 2011, utilizando el presupuesto existente a tal fin».
En el mismo texto, que ha sido remitido con forma de carta al secretario autonómico de Bienestar Social, Manuel Escolano, se detalla también que «al menos, se debería notificar a los dependientes los PIAS que se encuentran pendientes desde marzo del 2011, y que han elegido como recurso la prestación vinculada al servicio (PVS) -plaza en una residencia-, ya que esta acción no tiene ningún coste económico, y la situación de intranquilidad de las familias se reduciría».
Esta situación supone un problema para las familias que saben que tienen un dependiente en casa aunque no pueden cobrar las ayudas.
La situación es kafkiana porque aunque el dependiente ya haya sido valorado y se le haya adjudicado un grado con derecho a prestación (2 ó 3) todavía debe esperar la propuesta que conlleva el informe PIA que determina la cuantía de la prestación a la que ya tiene derecho.
Un informe determinante porque sin su resolución las familias no pueden pedir las ayudas con retroactividad cuando fallecen las personas mayores que habían había sido catalogadas ya como dependientes. Se ha de tener en cuenta que tres años para estos ancianos con una esperanza de vida muy acotada supone mucho tiempo y si fallecen sin el PIA las cuantías económicas que sus familias han adelantado a las centros se las queda la Administración valenciana, donde haya paralizados 13.000 expedientes de Dependencia sin que Bienestar Social haya aclarado a qué años se corresponden.
Informe médico
Programa Individual de Atención (PIA) es elaborado por los profesionales (Técnicos PIA) del SEPAD en función del contenido del informe médico, de valoración y social de la persona y siempre que ésta tenga reconocido un grado y nivel de dependencia que se encuentre dentro del calendario de aplicación de la Ley. Dicho programa determinará los servicios y prestaciones que le correspondan a cada dependiente en función del grado y nivel de dependencia reconocido y de lo que establezca la normativa vigente en materia de régimen de compatibilidad entre servicios y prestaciones del catalogo en cada comunidad, y que sean considerados más adecuados a su situación personal. Una vez llega el PIA y lo acepta la familia sólo queda la resolución de la ayuda. El tiempo entre la resolución y el ingreso de la ayuda no puede superar los seis meses. En otras comunidades los casos de dependencia paralizados se producen una vez ha llegado la resolución PIA.
Directores de Servicios Sociales denuncian que los dependientes fallecidos sin atender financian el déficit del Estado
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que «los fallecimientos» de personas con derecho a recibir un servicio o prestación por dependencia «financian el déficit del Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento» del Sistema de Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD).
La organización llega a esta conclusión tras analizar los datos del SAAD al cierre del mes de febrero publicados por el IMSERSO, que arrojan 6.748 beneficiarios menos, es decir, que cada día se dejó de atender a 241 personas, un beneficiario de la ley menos cada cinco minutos y un trabajador del sistema despedido cada hora.
«Todo indica que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas», denuncia, y pone el acento en que «todas las comunidades autónomas presentan datos negativos» en febrero: 6.748 beneficiarios menos que el mes anterior, 6.838 dictámenes menos, 9.303 solicitudes menos, 4.326 grandes dependientes menos y 2.872 dependientes severos menos que en enero.
«¿Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste, o se está dejando de atender a quienes más lo necesitan?», plantean los directores y gerentes.
En cuanto a prestaciones y servicios, destacan que también los datos son «todos negativos», con una caída de 1.371 servicios de teleasistencia, 1.290 en Ayuda a domicilio, 140 plazas residenciales, 1.001 prestaciones vinculadas al Servicio y 4.162 prestaciones de cuidadores familiares menos. Esto, concluyen, «supone que en este mes se han producido 1.000 despidos de trabajadores».
En paralelo, la lista de espera para recibir la prestación se ha reducido «de la manera más cruel, eliminando personas acreedoras al derecho a ser atendidos». A su juicio, «la reducción de beneficiarios en espera se ha conseguido cercenando el acceso al sistema y abandonando a los que ya son titulares del derecho», por lo que concluyen que «los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes».
«La estrategia ha sido doble: por un lado impedir que nuevos dependientes accedan al sistema y por otro lado, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos o a los que se les revisa el grado para bajarlos al Grado I. Durante este último mes 8.935 personas con derecho menos figuran en el Sistema», explican los directores y gerentes.
La financiación del Estado a la Ley de Dependencia ha caído un 46%
La financiación de la Ley de Dependencia por parte de la Administración General del Estado para Navarra ha caído, entre 2009 y 2013, un 46%, según la senadora de UPN, Amelia Salanueva, quien va a preguntar al Gobierno sobre esta cuestión durante el pleno del Senado del próximo martes.
El descenso de la aportación estatal ha hecho que «la participación en el coste de las ayudas recaiga principalmente en las arcas de la Hacienda Foral«, según indica la senadora en un comunicado.
Mediante una interpelación, Salanueva preguntará en concreto a la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales sobre «la aplicación justa y equitativa de la Ley de Dependencia, especialmente en Navarra».
En opinión de la senadora regionalista, «la última regulación del cálculo del nivel mínimo de protección ha provocado un sistema injusto de aportación del Estado a las comunidades autónomas, especialmente a Navarra».
El baremo aprobado mediante el Real Decreto 1050/2013, así como la supresión de niveles dentro de cada grado, establecida en el Real Decreto-ley 20/2012, han tenido como propósito que esta situación «se vaya empezando a corregir», ha explicado.
Sin embargo, Salanueva ha lamentado que «esta mejora no ha afectado a Navarra que, a pesar de que fue pionera en la utilización de dichos baremos de dependencia, ahora se le castiga disminuyendo la financiación a recibir por parte del Estado»
El modelo de atención a personas mayores ‘En mi casa’ se extenderá forma progresiva a todos los centros de CyL
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha anunciado que el nuevo modelo de atención a personas mayores ‘En mi casa’ se extenderá de forma progresiva a todos los centros de la Comunidad.
Marcos, quien ha inaugurado este viernes en el Fórum Evolución de la capital burgalesa una jornada organizada por la Federación Castellana y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte), ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el nuevo modelo se pondrá en funcionamiento de forma consensuada con las entidades implicadas.
En este sentido, ha señalado que, tras evaluar los «buenos resultados» obtenidos del pilotaje de este programa, «ha llegado el momento de dar el paso definitivo para su extensión» y ha adelantado que en 2015 están operativas en la región, al menos, 100 unidades de convivencia.
Para la implantación del programa, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pondrá en marcha un plan de formación permanente a distancia para ayudar a los centros que lo deseen en el proceso de transformación, además de proporcionar formación y acompañamiento técnico a los centros interesados en adherirse al proyecto.
El modelo ‘En mi casa’ tiene como base el fomento de los servicios profesionales, la implantación de centros multiservicios, la creación de unidades de convivencia y de unidades de convalecencia sociosanitaria.
En la actualidad, el modelo se oferta en 150 centros, que prestan un total de 536 servicios, a lo que hay que sumar 50 unidades de convalecencia sociosanitaria y 44 unidades de convivencia, que se sitúan en todas las provincias de la Comunidad, tanto en centros públicos como privados.
En Burgos, el modelo de cuidado a personas mayores ‘En mi casa’, impulsado por la Junta, cuenta ya con cuatro unidades de convivencia en centros propios de la Gerencia de Servicios Sociales, dos de las cuales radican en la residencia de Cortes de la capital burgalesa.
Este centro, en el que se desarrollan desde 2012 trabajos de adaptación al nuevo modelo, se crearán en breve tres nuevas unidades de convivencia, que conllevarán la contratación de 21 auxiliares de enfermería.
Antes de que finalice el próximo año, las 151 plazas para personas en situación de dependencia de la residencia de Cortes funcionarán como unidades de convivencia o habrán iniciado, al menos, el proceso de transformación impulsado por la Junta.
Cuidados profesionales
Según los datos que maneja la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el 70 por ciento de las personas en situación de dependencia elige cuidados profesionales, frente al 30 por ciento restante que opta por cuidados familiares.
Actualmente, el nivel de ocupación de las residencias de la Comunidad, a las que se han sumado 1.200 plazas en los últimos años, es del 88 por ciento y el número de personas en situación de dependencia que reciben servicios profesionales se ha incrementado en un 26 por ciento desde agosto de 2012.
Estas circunstancias, han convertido a Castilla y León en la comunidad autónoma que más empleo genera vinculado a los servicios a las personas dependientes, con 6,28 empleos por cada 1.000 habitantes, casi el doble de la media nacional.
La provincia de Burgos cuenta con una cobertura de plazas residenciales del 8,1 por ciento, frente al 7,61 por ciento de media de la Comunidad y del 4,3 por ciento del promedio de España.
Fermosel asegura que Madrid está ‘en los puestos de cabeza’ en atención a la dependencia
El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, realizó una visita a la Residencia y Centro de Día ‘Las Vegas’ en la localidad de Ciempozuelos. Este centro, que fue inaugurado en 2011, cuenta con un total de 98 plazas, donde se ofrece atención individualizada y especializada a personas mayores que están en situación de dependencia.
En su visita, el consejero recorrió la zona donde se desarrollan actividades de terapia ocupacional, de rehabilitación y de fisioterapiam, así como la enfermería y el Centro de Alzheimer. También visitó algunas de las habitaciones de los residentes.
Fermosel aprovechó para asegurar que la Comunidad de Madrid está en los puestos de cabeza en la gestión de la dependencia y se remitió a datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que sitúan a Madrid como la segunda comunidad autónoma en atención de centro de día y ayuda a domicilio, y la tercera en atención residencial y en teleasistencia.
Más presupuesto
La Comunidad de Madrid ha aumentado este año un 4,11% el presupuesto para la partida destinada a la atención de mayores, situándose en 286.750.000 euros, de los cuales la casi totalidad está dirigido a la red de plazas para personas dependientes. El compromiso del Gobierno regional con la dependencia, aseguró Fermosel, se ha plasmado en que las cuentas se han incrementado en 50 millones de euros, pasando de 941 millones en 2013 a 990 millones.
La red de atención para personas mayores dependientes cuenta con casi 29.000 plazas distribuidas entre residencias, centros de día y pisos tutelados, que ofrecen una atención especializada y de calidad. De ellas, más de 15.000 están destinadas a las personas mayores más vulnerables por carencias económicas.
El programa de prevención del aislamiento inicia una nueva edición
El área de Bienestar social ha organizado una nueva edición del programa de prevención del aislamiento, dirigido a personas mayores residentes en Irun. La delegada del área, Maite Cruzado, presentó la iniciativa acompañada del director de Bienestar social, Juan de Dios Sanz; la técnico Rosa Valle y la psicóloga Mercedes Acera.
Este programa se lleva a cabo «desde el año 2009. Es una de las líneas de trabajo con el colectivo de la tercera edad», concretó Maite Cruzado. Los destinatarios de la iniciativa son las personas mayores de 75 años que viven solas en el municipio. «Nos parece muy importante la detección de casos en los que estas personas puedan encontrarse solas, sin un apoyo social o un respaldo familiar. Tratamos de prevenir situaciones de aislamiento, y que los destinatarios de este programa tengan información sobre todos los recursos que tenemos a nivel institucional y social», afirmó Maite Cruzado.
En las próximas semanas «nos vamos a poner en contacto nuevamente con aquellas personas que cumplieron 75 años el año pasado o que viven solas desde entonces, para darles a conocer este programa de prevención del aislamiento», señaló la delegada de Bienestar social. En ese primer contacto, que se realiza de forma telefónica, «se les ofrece información en torno a los recursos de los que disponemos las instituciones» y que puedan resultar de interés para este colectivo: «teleasistencia, comidas a domicilio, el servicio de ayuda a domicilio, centros de día y residencias…» En total, en las próximas semanas desde el área de Bienestar social se contactará con en torno a 300 personas.
Mercedes Acera, psicóloga que coordina el programa, explicó que cuando una persona muestra interés por este servicio «les visito en su domicilio, debidamente identificada para que no haya ningún malentendido. Las personas mayores están dispuestas a escuchar y a querer saber qué les ofrece Irun para mejorar su vida. En general, la acogida suele ser muy buena», afirmó la psicóloga. Si se detecta que la persona en cuestión puede encontrarse en riesgo de aislamiento, «se le ofrece participar en un taller para mejorar sus habilidades cognitivas y sociales. El objetivo es relacionarse con los demás, salir de casa y hacer cosas diferentes…», señaló Mercedes Acera.
Uno de los valores de este programa, según destacó Juan de Dios Sanz, es que «si se detecta alguna situación que requiera de una intervención urgente, se comunica al área de Bienestar social para que despleguemos los recursos que tenemos para situaciones de este tipo». De este modo, «podemos intervenir en el caso de personas que estén viviendo situaciones especialmente difíciles», explicó el director de Bienestar social.
En Iraso y Leka enea
El año pasado, desde el programa de prevención del aislamiento se contactó con 323 personas. El 19% de ellas, alrededor de 60, mostraron interés en saber más sobre la iniciativa y recibir más información. Los recursos más solicitados por estas personas fueron la teleasistencia, las comidas a domicilio y el servicio de ayuda a domicilio.
Respecto al taller específico para quienes efectivamente se hallen en una situación de riesgo de aislamiento, en el mismo participan actualmente un total de 36 personas. El taller se imparte tanto en el Centro Social Iraso como en los apartamentos de Leka enea, bajo el título ‘Fomento de las habilidades cognitivas y sociales’.
La Plataforma de la Ley de Dependencia acusa a Cospedal de lanzar sospechas de fraude sobre las familias
El presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y portavoz de laCoordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, José Luis Gómez-Ocaña Pérez, denuncia en un artículo enviado a elboletin.com que el Gobierno de María Dolores de Cospedal trata a las personas como “ciudadanos de segunda” que deben ser cuidados por “caridad” y por sus familiares.
La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de esta plataforma han sido las “cálidas”palabras con las que dicen fue recibida “por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha Yulissa, madre de un niño de trece años, gran dependiente, con un solo pulmón y el otro seriamente afectado por una escoliosis galopante, parálisis cerebral severa, botón gástrico para alimentación, cuando se desplazó a poner sobre la mesa la dramática situación en la que se encuentra su hijo”.
La respuesta que según esta plataforma le dieron a esta madre fue: “Si has criado a tu hijo a tus espaldas durante trece años bien puedes seguir haciéndolo». “Si tu hijo no puede seguir estudiando pues que no estudie, en la vida no se puede tener todo”.
Para José Luis Gómez-Ocaña “considerar a las personas en situación de dependencia ciudadanos de segunda, improductivos, entendiendo que debe dejarse su cuidado de forma exclusiva a sus familiares y a la caridad de los que la utilizan para ‘lavar conciencias’ puede entenderse como una ideología y un ADN intrínseco a un Gobierno”.
Añade que “parece que en el Gobierno de María Dolores de Cospedal se entienden las necesidades de las personas en situación de dependencia como un acto graciable de generosidad, obviando y pasándose por el ‘forro de sus caprichos’ el carácter subjetivo que ampara a todas estas personas, carácter subjetivo que equipara por ley todas estas prestaciones con las de desempleo, pensiones y nominas de funcionarios”.
En el escrito muy duro contra el Gobierno autonómico se recalca que “no es admisible y linda con lo delictivo” lanzar «el manto de la duda y del fraude sobre un colectivo como es el de las personas dependientes y más concretamente sobre una madre que tiene que sacar adelante ella sola a cuatro hijos con uno de ellos en una situación dramática, poniendo en duda el destino de unas prestaciones económicas que la ley les reconoce”.
Y asegura que “decir que lo que se pretende obligando a esta madre a adelantar los gastos en el cuidado del niño, y más cuando el Gobierno de la número dos del Partido Popular conoce perfectamente y de primera mano su situación, que se quiere ‘asegurar’ que la prestación llegue al niño demuestra la catadura, tanto moral como política, de la señora De Cospedal, del señor Echániz, y de todos los trotones de la política que conforman su ‘equipo político’ y que nos están metiendo la mano en nuestros bolsillos mes a mes y lo que es peor pretenden arrebatarnos lo único, que en muchas ocasiones nos queda, como es la dignidad personal”.
El programa “Sanitas Cuidado Activo” se ofrecerá en catorce centros de la red Sanitas residencial
- Los centros de día contribuyen a mejorar el bienestar físico y mental de los mayores quienes, aparte de recibir supervisión médica continuada, participan en actividades que evitan el aislamiento social
- Tres residencias de Madrid y Barcelona han desarrollado con éxito una prueba piloto de esta iniciativa, que se amplía a otros once centros a partir de marzo
- El nuevo servicio de centros de día ofrece atención asistencial con flexibilidad horaria durante las 24 horas del día.
Las personas mayores que asisten a centros de día experimentan los beneficios que esta práctica tiene sobre su bienestar físico y emocional. Tener a su alcance la supervisión de profesionales altamente cualificados y participar de forma continua en actividades que fomentan sus relaciones interpersonales repercute positivamente en su salud. Estas son algunas de las conclusiones arrojadas por “Sanitas Cuidado Activo”, un proyecto que, tras haber superado con éxito una fase piloto de tres meses, se implantará en catorce centros de la red de Sanitas Residencial.
A partir de este mes de marzo, los centros de Getafe (Madrid) La Moraleja (Madrid), Luz de Estella (Estella), Zaragoza, Altanova (Barcelona), Consell de Cent (Barcelona), Iradier (Barcelona), Les Corts (Barcelona), Sagrada Familia (Barcelona), Gerunda (Girona) y Tarragona ofrecerán entre sus servicios esta modalidad de centro de día. Se unen así a las tres residencias piloto en las que “Sanitas Cuidado Activo” lleva implantado desde el pasado diciembre: Las Rozas (Madrid), Bonaire (Barcelona) y Mirasierra (Madrid). En total, el número de plazas disponibles para este servicio asciende a 286.
La iniciativa “Cuidado Activo” permite a los mayores pasar parte del día en un centro residencial de Sanitas realizando ejercicios que les ayuden a afrontar la jornada con mayor optimismo, así como desarrollar actividades, juegos y excursiones basadas en el fomento de la interacción interpersonal, pero siempre adaptadas a las necesidades físicas y emocionales de cada persona.
Sanitas ofrecerá a los interesados la posibilidad de probar los servicios durante un día de manera completamente gratuita hasta el próximo 30 de mayo. A lo largo de esta jornada de prueba, los interesados y sus familias tendrán acceso a todas las prestaciones ofrecidas por Sanitas Residencial, entre las que se incluye la disponibilidad de un servicio de atención asistencial de calidad con flexibilidad horaria: diurno, nocturno o incluso por horas.
Además, los centros de Sanitas Residencial cuentan con diversidad de espacios para el desarrollo de actividades, como gimnasio, salas de estimulación sensorial, bibliotecas, piscinas, jardines, salas de cine, huertos urbanos, etc. Asimismo, cada centro dispone de cocinas propias para poder preparar menús adaptados a las necesidades de cada usuario y en las que también se realizan talleres gastronómicos para que los mayores compartan sus recetas favoritas con sus compañeros.
Según la Jefa de Experiencia del Cliente de Sanitas Residencial, Carmen Abelanet, “durante la prueba piloto, el programa Cuidado Activo ha puesto de manifiesto la dilatada experiencia de Sanitas en ayudar a las personas mayores a hacer más cómodo su día a día, manteniendo unos niveles saludables de actividad e interacción, lo cual repercute directamente en su bienestar físico y mental”.
Por su parte, el jefe de gestión asistencial de Sanitas Residencial, David Curto i Prieto, señala la relevancia de que este programa vaya expandiéndose y que a partir de este mes se ofrezca en catorce centros. “Esperamos poder seguir ampliando el número de residencias en las que Sanitas Cuidado Activo está disponible para las personas que lo deseen. Los beneficios que hemos visto en los residentes de los centros con estas características nos hace querer compartir estos beneficios con todos los residentes que nos sea posible”, añade.
La importancia de la implicación familiar
Desde Sanitas Residencial también apuntan la importancia del papel que juegan las familias en el cuidado de sus mayores. Por ello, los centros buscan implicar a los familiares en la vida que se desarrolla dentro de cada centro a través de diversas iniciativas, como su participación en algunos de los eventos y actividades organizadas. Además, periódicamente, se les hace llegar un informe se seguimiento sobre la evolución médica del usuario y las actividades en las que este ha participado.
El actual ritmo de vida de las personas hace que cada vez sea más necesario optar por este tipo de recursos y servicios. Es habitual que el cuidado de un mayor se complique y genere una importante carga de trabajo, tanto física como emocional, lo cual puede acabar repercutiendo en las relaciones familiares y en la salud de los diferentes miembros de la casa.
Sin embargo, muchas familias todavía desconocen los beneficios positivos que tiene para los mayores desarrollar parte de su día a día en un entorno especialmente pensado para ellos. Cuando una persona llega a mayor, su actividad se reduce cada vez más en un entorno familiar en el que existe escaso contacto con personas que están en sus mismas circunstancias y necesidades. En esas circunstancias, es habitual que sufran aislamiento social o que experimenten el deterioro de habilidades físicas y cognitivas al no realizar actividades más adecuadas a sus necesidades.
Integrar en sociedad a mayores dependientes con musicoterapia
Cinco personas mayores dependientes que viven en la Residencia San José, de entre 65 y 80 años, esperan con ganas los miércoles por la tarde. Se visten, se preparan especialmente y se buscan entre ellos para salir juntos en este día especial. Al principio eran siete los que iniciaron esta experiencia piloto, ahora son cinco ya que una falleció y otra persona enfermó.
Desde el pasado octubre, los miércoles por la tarde bajan a la Escuela de Música, donde les espera la musicoterapeuta Nerea Goikoetxea y llevan a cabo una iniciativa novedosa: utilizando música de sus infancias o conocidas para ellos cantan, tocan instrumentos, realizan movimientos rítmicos (su dependencia obliga a hacerlo sentados) y en definitiva «viven, han encontrado una ilusión, esto supone un soplo de aire fresco que les recuerda que todavía no ha acabado la vida. La música les emociona, les llega y ha supuesto una mejora evidente en la calidad de vida de estas personas», señala Nerea Goikoetxea para quien la experiencia ha supuesto un regalo. «Comenzamos con siete personas para poner en marcha este programa, el segundo paso ha sido realizar una sesión mensual con otro grupo de mayores que viven en sus casas o con sus familias y otro paso será que participen en la audición de fin de curso de la Musikaeskola con niños, adolescentes, mayores.», apuntaba Nerea que recuerda con especial cariño a José Luis que falleció hace poco y fue el ejemplo claro de lo beneficioso de este programa para estas personas. «Era una persona depresiva que nunca reía, su rostro era totalmente inexpresivo hasta que vino aquí y comenzó a sonreír algunas veces» .
Compartiendo actividades
Y es que el uso de la musicoterapia fuera de centros de salud, con personas dependientes que vivan en una residencia y que son traídas a un centro educativo en el municipio, donde se relacionan con otros ciudadanos, es una experiencia totalmente novedosa.
En este aspecto, tal y como señala Nekane Plazaola, directora de la Residencia San José y Jexux Oteiza (estudiante de educación social en prácticas y uno de los impulsores de la iniciativa) «en colaboración con entidades socio-culturales y educativas de Azkoitia, estamos desarrollando el Programa ‘Ekintzak Elkarbanatuz’ con el objetivo de fomentar la participación activa de los residentes en la comunidad, es decir, que aún viviendo en la residencia sigan manteniendo relación con grupos de igual o diferente generación y el contacto con el municipio» para añadir que «semanalmente acuden a musicoterapia y comparten la actividad con otros jubilados; acudieron a la ikastola y participaron en el programa ‘Amama’ con jóvenes. Van a compartir ‘las experiencias de vida’ con los jóvenes de Alai-Batza y un sábado realizaremos manualidades y jugaremos al futbolín.; el 31 de marzo toca campeonato de cartas con los chavales de la ludoteca y en abril recibiremos una clase de bertsolarismo participando en el karaoke en la Bertso Eskola. Así conseguimos que grupos generacionales se encuentren, estén juntos y vayan creando entre ellos nuevas relaciones, lazos y vínculos beneficiosos para todos».
La Ciudad del Mayor asistirá a dependientes sin límite de edad
«No será un servicio encasillado sólo para personas mayores. Se atenderán a personas en situación de dependencia, sin limitación de edad». La Ciudad del Mayor asistirá a personas dependientes de todas las edades, según confirman fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La decisión se ha tomado en la reunión de trabajo celebrada hace unos días en Madrid entre representantes de la Junta de Castilla y León, el Imserso y el subdelegado del Gobierno de León. Al encuentro, en el que los representantes de las tres administraciones «van aquilatando» el modelo de asistencia, asistió también el presidente de Asprona, la asociación de atención de personas con discapacidad intelectual que está asesorando al Imserso para la puesta en marcha de un centro que está terminado y equipado desde hace un año.
El nuevo planteamiento de asistencia llevará aparejado un cambio de nombre. El centro será ahora para la promoción y la prevención de la dependencia, en el que las personas usuarias con alguna discapacidad recibirán un tratamiento específico para su rehabilitación.
El Imserso baraja la posibilidad de que el edificio cuente con ocho camas de respiro para las familias con estancias nocturnas para los pacientes, pero el fuerte de la asistencia estará en el centro de día, en el que la atención llevará aparejada una asistencia individualizada y siempre con carácter temporal. «Habrá usuarios que necesiten un mes de atención y otros un año, eso dependerá de la rehabilitación que necesiten o de las atenciones individuales de cada uno».
El Imserso tiene previsto abrir el edificio este año. El instituto tiene un crédito de 700.000 euros para poner en funcionamiento este año tres centros de similares características en España —uno en Valencia, otro en Soria y el de León— que están totalmente terminados pero cerrados.
La construcción de la Ciudad del Mayor ha costado siete millones de euros, una obra pagada por el Ministerio de Política Social, Educación y Deportes del Gobierno de Zapatero. El edificio se levanta sobre una parcela de 8.344 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de León.
La teleasistencia domiciliaria a mayores aumentó un 11 % en 2013
El servicio vasco de teleasistencia domiciliaria a personas mayores, normalmente mujeres y que viven solas, aumentó el número de usuarios un 11,38 por ciento en 2013 y llegó a los 30.393 al incrementarse en 3.106 personas.
Los viceconsejeros de Políticas Sociales, Iñigo Pombo, y de Salud, Guillermo Viñegra, han presentado hoy en Bilbao el balance del servicio BetiON en 2013 y han anunciado que para finales de año estará también disponible en los 14 pequeños municipios que todavía no lo disfrutan por falta de cobertura de transmisiones, según ha informado el Gobierno Vasco en una nota.
Este dispositivo, que se lleva en una pulsera o un medallón, permite a los mayores o personas con discapacidad que viven solas estar permanentemente conectados a un centro de atención atendido por profesionales.
De los 30.393 usuarios de BetiOn, 17.592 residen en Bizkaia, mientras que 8.708 viven en Gipuzkoa y 4.093 lo hacen en Álava.
El 80 por ciento de las personas que usan BetiOn son mujeres y el 77 % tiene más de 80 años.
El pasado año el centro de asistencia realizó 723.975 llamadas a los usuarios para hacer seguimiento de su situación y los técnicos realizaron casi 25.000 visitas a los domicilios de los usuarios para resolver incidencias o para atenderles en casos de caídas sin lesiones o por problemas sociales.
La Innovación Social tiene nombre de mujer
Nace “Juntos, puedes”, una empresa social que responde a la demanda de cuidados especializados de las personas mayores en el domicilio, acorde a la situación actual de la “ley de dependencia”.
Un grupo de mujeres especialistas en geriatría de diferentes titulaciones relacionadas con la salud (psicología, enfermería, trabajo social y terapia ocupacional entre otras) impulsan Juntos, puedes una respuesta de mujeres profesionales, para mujeres cuidadoras. Hay que tener en cuenta que más del 80% de las personas cuidadoras de mayores en situación de dependencia, son mujeres.
“Juntos, puedes” tiene como misión garantizar apoyo profesional, integral, especializado y personalizado a personas mayores que viven en su domicilio y a su familia, promoviendo la excelencia en los cuidados, asegurando la calidad de vida y la mayor promoción de autonomía posible.
El “envejecimiento del envejecimiento”
El “envejecimiento del envejecimiento” es una realidad que en la población española actual. Ha aparecido un grupo poblacional nuevo que hace 20 años no existía: la “cuarta edad” o etapa de vejez avanzada, fase que viven personas con más de 80 años. La esperanza de vida al nacer en España ha pasado, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) de 80,9 años en el año 2006, a 82,1 en 2011. Las personas de más de 65 años suponen el 16,7% de la población de nuestro país y de éstas, el 27,8% supera los 80 años. El INE proyecta para 2060 un total de 15,6 millones de personas con más de 65 años, lo que supondrá el 29,9% de la población total.
Tal y como se recoge en el Informe “La salud de los españoles” publicado por el INE, casi el 50% de las personas que supera los 80 años tiene algún tipo de discapacidad o patología que les limita y este porcentaje aumenta a medida que lo hacen las horquillas de edad (superando el 60% de la población con discapacidad a partir de los 85 años).
Irónicamente, aunque existe una demanda en aumento de la población en general de servicios que incidan en garantizar el bienestar de las personas mayores y de mejorar, su calidad de vida, especialmente en su domicilio, la ley conocida como “Ley de dependencia” ha sufrido grandes recortes con la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012 y las sucesivas políticas de ajuste.
Juntos, puedes es la primera empresa en ofrecer un servicio de valoración interdisciplinar a domicilio en la Comunidad de Madrid, personalizado y coordinado por profesionales del Trabajo Social.
Valoración interdisciplinar
“Juntos, puedes” ofrece un servicio de valoración interdisciplinar en el domicilio que denominamos “Servicio Saber para actuar”. Se trata de un análisis del estado de una persona desde diferentes perspectivas profesionales. Es una herramienta imprescindible en los centros hospitalarios y residenciales para establecer planes de cuidados personalizados a sus pacientes.
La valoración interdisciplinar la realizan hasta siete profesionales de diferentes ramas (psicología, trabajo social, fisioterapia, enfermería, terapia ocupacional, logopedia y dietética y nutrición). En definitiva, se ejecuta y diseña bajo la coordinación de expertos en Trabajo Social, los únicos presentes en el sistema sanitario, de servicios sociales y de dependencia.
Esta valoración interdisciplinar proporciona un conocimiento en profundidad del estado de la persona mayor, de sus capacidades y situación en general, posibilitando a los cuidadores principales la información y herramientas necesarias para un cuidado más esmerado. De esta manera se buscará el mantenimiento de las habilidades, la promoción de la autonomía y la mayor calidad de vida posible de las personas mayores.
Entre sus servicios, “Juntos, puedes” ofrece asesoría y gestión de la conocida como “Ley de dependencia” a manos de trabajadores sociales especialistas en la materia.
Susana Camarero, nueva secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad
El Consejo de Ministros hizo efectivo el pasado viernes el nombramiento de Susana Camarero Benítez como secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en sustitución de José Manuel Moreno Bonilla, que renunció al cago para afrontar la candidatura del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Madrileña de nacimiento, Camarero es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y máster del IESE en Gestión Pública, y desde 2000 es diputada por Valencia en el Congreso de los Diputados, donde en este momento es portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular. Fue presidenta de Mujeres para la Democracia de Valencia y secretaria general del Partido Popular de Valencia. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional y de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, actualmente es secretaria ejecutiva de Formación Nacional del Partido Popular.
En peligro el empleo de 40 trabajadoras de ayuda a domicilio en Vélez Rubio por la cesión del servicio
Tras dos décadas prestando el servicio de ayuda a domicilio en el municipio almeriense de Vélez Rubio, las 40 empleadas de la empresa Franalú S.C.A ven peligrar sus puestos de trabajo tras conocer la decisión del Ayuntamiento velezano de ceder el servicio de ayuda a domicilio a la Diputación Provincial de Almería, institución que pondrá estas prestaciones en manos de la empresa Clece.
La decisión municipal ha puesto en pie de guerra a las trabajadoras de Franalú, que este miércoles protagonizarán una marcha reivindicativa. Una manifestación que partirá desde la sede de la empresa y culminará en la Plaza del Ayuntamiento.
Las afectadas, en su totalidad residentes en el pueblo, han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma change.org solicitando la continuidad de este servicio a cargo de la empresa velezana. Su petición se basa en que “esta empresa está formada en su totalidad por personal del municipio, por lo que sus dirigentes conocen a la perfección las particularidades y costumbres de las personas usuarias del servicio y sus familiares”.
Los trabajadores afectados presionarán para que la junta de gobierno del Ayuntamiento de Vélez Rubio replantee la cesión del servicio y mantenga dichos trabajos a cargo de la empresa local Franalú.
La empresa Franalú, en activo en el municipio almeriense desde 1995, presta un servicio integral e individualizado con “unos altos niveles de calidad reconocidos mediante encuesta directa a las personas usuarias, sus familiares y los técnicos de los Servicios Sociales Comunitarios”, explican sus responsables.
«Hemos pasado de un modelo basado en las subvenciones a un modelo centrado en la persona y sus derechos»
Así lo ha señalado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos. Subraya como prioridad el desarrollo de la figura del asistente personal que contempla la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de DependenciaLa consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos, ha señalado este miércoles que la Comunidad ha pasado de un sistema de servicios sociales “basado en las subvenciones” a un sistema “centrado en la persona y sus derechos”. Así lo ha asegurado, durante un desayuno informativo celebrado en la sede de Servimedia en Madrid, donde ha destacado que las políticas sociales son “una prioridad” para la Junta y un “compromiso político”. Así, ha puntualizado que “más del 90% del presupuesto de la Comunidad está destinado a sanidad, servicios sociales y educación”.
Marcos ha afirmado que “cuando se plantea un cambio de modelo siempre se tienen dudas”, pero “cuando la situación es complicada y hay que tomar decisiones, lo importante es tomar decisiones juntos”. Este cambio, ha recalcado, se ha podido llevar a cabo “gracias a la implicación del sector de la discapacidad”, para quien “no ha supuesto pérdida de poder adquisitivo”, ha puntualizado.
En Castilla y León, ha explicado, es la Comunidad quien define los criterios y los contenidos de las prestaciones y esto, ha recalcado, “está permitiendo que cada usuario tenga lo que necesita”. El paso que se está dando en la actualidad, ha dicho, “es que el usuario decida donde recibir esos servicios”. Por tanto, ha señalado, “cada usuario tiene su plan individualizado y cada uno aporta en función de su capacidad económica”. Además, Marcos ha asegurado que esto ha permitido “optimizar recursos” y establecer “criterios únicos”.
Asimismo, se ha referido a la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis, una iniciativa puesta en marcha el pasado noviembre por la Junta y compuesta por 23 programas de apoyo a las personas más afectadas por la situación económica actual de forma global, un modelo que, ha explicado Marcos, ya se daba en Castilla y León con la aplicación de la Ley de Dependencia. Está previsto, ha asegurado, que este programa beneficie en su primer año a más de 100.000 personas.
Esta Red, ha puntualizado, “parte de las necesidades no cubiertas con motivo de la crisis y los problemas derivados de los impagos hipotecarios o de la no distribución de determinados productos básicos. “Era necesario optimizar los recursos a la par que las necesidades iban creciendo”, ha afirmado. Se trata, ha dicho, de una respuesta conjunta dada por el Tercer Sector, las corporaciones locales y la Junta “que trabajan en red para prevenir las situaciones de carencia de medios” y “evitar que esta carencia de medios se transforme en situaciones de exclusión social”, vinculando las políticas sociales a las políticas de empleo con programas de inserción y de búsqueda de empleo, entre otras iniciativas.
Tres de cada diez dependientes en lista de espera vive en Andalucía
El Tribunal de Cuentas vuelve a la carga contra el caos autonómico en el sistema de atención a la Dependencia. Aunque, desde su primer informe, reconoce los progresos que ha logrado el Imserso para acabar con las deficiencias existentes, una fiscalización de la gestión y control de las comunidades pone de relieve que aún queda tarea por hacer y les pone deberes. Si bien es cierto que la situación varía mucho de unas a otras, entre los males que lastran el sistema se encuentran la maraña de normas, las demoras en la información facilitada y en el reconocimiento de las prestaciones, las listas de espera y las diferencias en la valoración de la capacidad económica del afectado.
Más de 800 normas
El informe del Tribunal de Cuentas, pendiente de alegaciones, incide en la «excesiva dispersión normativa» que ha generado el desarrollo de la ley de Dependencia de 2006 por parte de las comunidades, «muchas veces solapada con la normativa de los servicios sociales preexistente», lo que, apunta, «no se compadece con los principios de universalidad, igualdad y transparencia que informan el sistema». De hecho, el «repertorio normativo» abarca 671 normas autonómicas de diverso rango, además de las 134 estatales.
No obstante, admite que «en el ámbito estatal se observa un esfuerzo por refundir el desarrollo reglamentario» de la ley en un menor número de textos, como se hizo en el decreto del pasado 27 de diciembre que regula las prestaciones del sistema y unifica todas las normas relativas a prestaciones y servicios. Además, el Tribunal indica que «se han efectuado o están en trámite otras modificaciones normativas destinadas a homogeneizar el sistema e introducir nuevos elementos de control que permitan disponer de información y estadísticas ajustadas a la realidad».
Demoras de más de un año
El Tribunal advierte de las «excesivas demoras» por parte de las comunidades a la hora de introducir los datos mensuales requeridos en el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD). De hecho, solo siete comunidades –Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia y La Rioja– registran los datos en un plazo inferior a un mes desde la fecha de la solicitud. En el caso de la Comunidad Valenciana, se tarda 479 días de media (Murcia llega a 925, pero el Tribunal no lo considera significativo porque esta comunidad acordó con el Imserso un proceso de regularización entre los sistemas de información, por lo que no registró información nueva de enero a octubre de 2013).
La existencia de diversos sistemas de gestión de datos se apunta como una de las razones. Seis de las siete comunidades que no superan el mes de plazo utilizan el SISAAD directamente como sistema de gestión, mientras que la mayor parte de las que exceden ese tiempo emplean sus propios sistemas. También continúan produciéndose «importantes demoras en las resoluciones de reconocimiento de la prestación», con incumplimiento por las comunidades del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud. El plazo medio entre 2011 y 2013 se eleva a más de ocho meses. Aunque el Tribunal reconoce una «evolución positiva», en la mitad de los 67.468 expedientes registrados en el primer cuatrimestre de 2013 se había sobrepasado el plazo de seis meses.
Listas de espera
Las comunidades han logrado reducir «significativamente» entre 2012 y 2013 el número de solicitudes pendientes de resolución de reconocimiento de la prestación, pero su número sigue siendo «elevado», según el Tribunal de Cuentas. Mientras que a final de 2011 eran 305.901 las personas en lista de espera, al acabar 2012 habían pasado a 231.119; y en diciembre de 2013 a 190.503. Este último dato supone que el 20,17% de los 944.345 dependientes a los que ya se les ha reconocido esta condición, estaban a final del pasado año pendientes de recibir prestación.
Pero la situación no es igual en todas las comunidades. En las ocho que superan la media nacional (el citado 20,17%), se concentra el 75% de los pendientes de prestación, y «resulta particularmente llamativo el excesivo porcentaje de Canarias», con el 52,74%. En términos absolutos, es Andalucía la que concentra el mayor número de beneficiarios en espera, 53.981. Esto supone que más del 28% de las personas con derecho a prestación por dependencia pero que no la reciben, están en la comunidad andaluza. Es decir, tres de cada diez dependientes en lista de espera viven en Andalucía. Por el contrario, el Tribunal destaca favorablemente la gestión de Castilla y León, con solo un 1,66% de beneficiarios pendientes de prestación.
Desigualdad entre españoles
Las diferencias entre comunidades a la hora de hacer efectivas las prestaciones, concluye el órgano fiscalizador, «implican un claro elemento de desigualdad entre los dependientes por razón de la residencia».
El informe también advierte de «gran disparidad» entre comunidades en cuanto a la valoración de la capacidad económica de los beneficiarios. La ley prevé que se calcule teniendo en cuenta la renta y el patrimonio para determinar qué cantidad deben aportar para costear las prestaciones. Aunque algunas han dictado disposiciones que incorporan, al menos parcialmente, los criterios mínimos de cómputo, otras «no han efectuado hasta la fecha esa necesaria adaptación normativa».