Dependencia
AECAS solicita al nuevo secretario autonómico que apueste por la coordinación socio-sanitaria para garantizar la viabilidad de la red asistencial pública a mayores
El presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas, Marcos Penadés, ha solicitado al nuevo secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano, que apueste por la coordinación socio-sanitaria para poder garantizar la viabilidad de la red socio-sanitaria pública de atención especializada para mayores y personas en situación de dependencia.
Penadés ha recordado que estas políticas permiten reducir el coste sanitario y agilizar la atención a este colectivo y que, con el impulso de la definición de recursos en las residencias de mayores todavía pendiente, se podría establecer un modelo con futuro y sólido para garantizar la calidad asistencial conseguida en la Comunidad.
Así, el hecho de que el nuevo Secretario Autonómico venga del mismo cargo en Sanidad se ha entendido como un paso adelante del Consell para afrontar algunas de las reformas necesarias para garantizar la viabilidad el sistema de atención socio-sanitario público, como es el caso de la citada reordenación del mapa de recursos, partiendo de los contratos públicos vigentes, o la implementación de acuerdos entre hospitales y residencias para reducir el gasto público sanitario manteniendo los servicios y la calidad asistencial.
Para Aecas, entidad que agrupa el 40% de las plazas de la red pública y concertada de la dependencia y el 99% de las plazas concertadas de capital privado, agrupadas en los planes de modernización del sector impulsados por la propia Generalitat Valenciana, es imprescindible apostar por un modelo asistencial sostenible y sujeto a compromisos públicos que aporten seguridad jurídica y garanticen la calidad en la atención de los mayores y las personas en situación de dependencia.
No obstante, el presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas ha señalado que desde la patronal de los centros de accesibilidad estarán pendientes de que los cambios en la cúpula de Bienestar Social no sirvan de excusa para dilatar el citado proceso de reordenación de recursos y/o el pago de la deuda con el sector socio-sanitario.
Mayores retrasos de España
De hecho, la designación de Escolano se ha asumido como un intento del ejecutivo autonómico de refrescar la negociación con un perfil técnico y con conocimiento del sector, ya que pasa de la secretaría autonómica de Sanidad a la de Autonomía Personal y Dependencia, y cuenta con el respaldo del Vicepresidente del Consell, José Císcar, por lo que se espera que disponga de capacidad de maniobra con Sanidad, Presidencia y el área económica del Gobierno Valenciano, algo que no sucedía hasta la fecha.
En este sentido, Penadés ha destacado la accesibilidad y capacidad de diálogo de la ya ex secretaria autonómica, Manuela García, que espera se mantenga con Escolano, si bien, ha recordado que la capacidad operativa de Bienestar Social estaba muy mermada ante la insuficiencia presupuestaria y el estancamiento de la gestión de la atención a mayores y personas en situación de dependencia, lo que ha provocado una situación de discriminación frente a otros sectores básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.
Una situación de desamparo que ha provocado que la Comunidad Valenciana tenga el ratio de retrasos en el cobro mayor de España, con cerca de 9 meses de media, frente a los 3 que se registran en la mayoría de autonomías. Y que el sector, tras tres años sin un plan de pagos ni medidas efectivas para subsanar la deuda, carece de la estabilidad necesaria para garantizar la viabilidad de la red pública de atención socio-sanitaria. Por ello, Marcos Penadés ha incidido en la necesidad de retomar la próxima semana las reuniones para abordar la restructuración del mapa de recursos, negociar el futuro plan de pagos y el abono de la deuda restante, en las que espera esté el propio Manuel Escolano, tal y como se le solicitó el mismo día de su nombramiento.
Así, Penadés ha incidido en que es necesario establecer un nuevo punto de partida para todo el sector, que pasa no sólo por garantizar el cobro de los servicios en tiempo y forma, sino también respetar los diferentes modelos implantados, así como los concursos públicos y licitaciones vigentes. Y, en esta línea, el Presidente de Aecas recuerda que el sector ha mantenido las prestaciones y la atención con normalidad a pesar de la crítica situación en la que se ha visto inmerso por los impagos del Gobierno Valenciano. Si bien, lo que no se puede soportar es que los operadores, trabajadores y usuarios se vean abocados a vivir en la incertidumbre y la inseguridad jurídica porque la Administración no cumple siquiera los contratos administrativos firmados.
@Aecascomunica
S.Zaplana admite que ha habido fallos al informar a dependientes sobre copago
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha admitido que ha habido «fallos» en la información que desde la Administración se ha transmitido a los dependientes sobre el copago, una medida que a su juicio no atenta contra el Estado de Bienestar «sino todo lo contrario».
«No es un copago, es una participación del usuario en los servicios públicos que recibe pagados por los impuestos de todos», ha asegurado en una entrevista a EFE Sánchez Zaplana, quien ha subrayado que el Consell «garantiza que ninguna persona con discapacidad quede fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos».
A su juicio, la aportación que harán los ciudadanos que sean atendidos en residencias, centros de día o centros ocupacionales, «contribuye a garantizar la sostenibilidad y la eficacia del sistema de atención social», y ha recordado que ese copago está contemplado en la Ley de Dependencia que entró en vigor en el año 2006, cuando gobernaban los socialistas.
La consellera ha negado que en la Administración haya habido «pasividad» respecto a este problema. «Otra cosa es lo que se pueda haber trasladado de cara a la ciudadanía», según Sánchez Zaplana, quien ha confesado que «quizá ese mensaje, y hay que hacer un poco de autocrítica, puede no haber llegado de forma correcta» a la sociedad.
«Teníamos que ser capaces de explicarlo bien. Lógicamente si lo hemos hecho mal o no lo hemos hecho suficientemente bien tendremos que seguir explicándolo», ha asegurado la titular de Bienestar Social, quien ha reconocido que ha habido muchas personas «que se han visto alteradas o convulsionadas por este nuevo sistema».
No obstante, ha insistido en que «en ningún momento se ha dejado de lado al sector. Estamos trabajando mucho con las distintas entidades y colectivos y desde marzo del pasado año tenemos una mesa técnica con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)».
La consellera de Bienestar Social ha explicado que el decreto que establece la aportación de los usuarios a los recursos, aprobado por el Consell el 2 de agosto de 2013, era necesario para igualar a las personas no dependientes con las dependientes. «No podíamos hacerlo de otra forma».
Según ha indicado, la normativa anterior daba lugar a que personas del mismo centro, unas con dependencia y otras sin valoración de dependencia, recibían los mismos servicios pero unas tenían que hacer una participación económica y otras no.
«El Gobierno valenciano no está haciendo nada diferente a otras autonomías», ha señalado la consellera, quien ha recordado que estamos «dentro de un marco legal».
En este sentido, ha destacado que la Comunitat Valenciana y la de Madrid eran las dos únicas autonomías que no tenían regulada la participación de los ciudadanos con discapacidad en los servicios que recibían y «por eso nuestra situación era más complicada».
«No es que al Gobierno valenciano se le ha ocurrido de repente que el usuario participe, sino que la Ley de la Dependencia propuesta por el Gobierno socialista, y que se aprueba por consenso de muchos grupos políticos, ya recoge en su articulado esa participación», aclara.
Respecto a los recursos de alzada presentados por centenares de dependientes al Decreto de la Generalitat que establece el copago, la consellera indica que se han detectado errores en algunos de los expedientes y resoluciones individuales que han recibido los usuarios porque «puede haber un cruce de datos que no sean correctos».
Según ha explicado, se remitieron 7.137 expedientes y resoluciones, y en unos 150 o 160 de ellos el propio equipo técnico de la Consellería ha detectado errores «que está corrigiendo en estos momentos».
No obstante, ha reiterado que no aportarán nada aquellos usuarios que estén por debajo de los 532 euros del IPREM -unos 2.130- ni los 1.800 niños de cero a seis años usuarios de los centro de atención temprana.
Además, solo el 2,17 % de los usuarios -155 personas con rentas superiores a 26.000 euros- aportará el 90 % del coste de los recursos por la atención que recibe (39 en el ámbito de las residencias, 26 en los centros de día y 90 de centros ocupacionales).
«A partir de ahí, los que aportan lo harán en función de su capacidad económica, y esta no es una decisión caprichosa, sino basada en datos contrastados», ha explicado.
Sánchez Zaplana ha señalado que ningún centro de atención a dependientes «va a cerrar» porque las subvenciones para el mantenimiento de los mismos se incrementa este año en un 3,6 por ciento, al pasar de los 65,8 millones en 2013 a los 68,4 millones en 2014.
También ha destacado que desde que asumió el cargo, se han realizado pagos de algo más de 550 millones de euros, el 65 % de ellos para la discapacidad y dependencia. Entre ellos se incluyen los 80 millones, cuyo pago se inició a finales de 2013 a través del excedente del FLA.
De esos 80 millones, más de 48 son para la atención de personas en situación de dependencia, y entre ellos destacan los cerca de 22 millones en concepto de retroactividad, así como otras cantidades que se distribuyen entre bono residencia, nómina mensual de dependencia o gestiones integrales de centros para personas con discapacidad.
Asimismo, 9 millones se distribuyen entre distintos Ayuntamientos de la Comunitat para la financiación de centros residenciales de titularidad municipal, y 7 para el pago de Renta Garantizada de Ciudadanía.
En el área de cooperación e integración, se han abonado cerca de 700.000 euros para la red de Agencias AMICS de los ayuntamientos que ofrecen atención a la población inmigrante, y para proyectos de Formación e Investigación desarrollados con las universidades públicas.
Asimismo, se han abonado 6’2 millones de euros para el mantenimiento de centros de menores, y más de 2 millones para centros y servicios de la dirección general de Familia y Mujer.
Las prestaciones por la ley de la dependencia en Catalunya bajan un 5%
El número de beneficiarios catalanes de la Ley de la dependencia se ha reducido un 1,4% en un año, al pasar de 158.589 en diciembre de 2012 a 156.333 en diciembre de 2013, y la cifra de prestaciones ha caído un 5,5% –han pasado de 122.011 a 115.656 en un año.
La directora del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials(Icass), Carmela Fortuny, ha atribuido el descenso de beneficiarios y prestaciones a dos factores: a la muerte de una media de 2.200 usuarios al mes –más de la mitad superan los 80 años– y a las reformas del Estado, que ha obligado a aplazar hasta 2015 los pagos a los dependientes moderados.
La reducción de prestaciones se contrapone al aumento de los servicios, teniendo en cuenta que «el Estado paga menos a las comunidades si no priorizan ofrecer servicios antes que pagar ayudas», ha recordado Fortuny. Ha recordado que, al margen de los dependientes moderados que no pueden entrar en el sistema, en Catalunya «ya están resueltos el 96,4% de los casos», y ha recordado que la mayor afluencia de solicitudes para cobrar la dependencia se produjo en los primeros años de la ley.
«Ahora lo que más hay son revisiones porque el estado de la gente con dependencia empeora con los años», ha dicho, y ha recordado que el Estado también ha endurecido los criterios de concesión de los grados, por lo que muchos evitan solicitar revisiones por miedo a perder su nivel.
Derecho reconocido
Los datos también revelan que 66.887 catalanes no recibirán ninguna ayuda hasta julio de 2015 porque su grado de discapacidad es moderado, una catalogación a la que el Estado pospuso del cobro por la falta de recursos económicos.
La cifra supone un 15% más que hace un año, cuando el Gobierno central decretó que los dependientes moderados deberían esperar al menos 36 meses para recibir alguna ayuda económica y eliminó la retroactividad, por lo que los afectados nunca recuperarán el dinero que no han percibido durante el tiempo de espera. Entre los dependientes moderados hay personas que necesitan ayuda para algunas actividades básicas –comer, ir al baño o vestirse– y tienen necesidades de apoyo intermitente.
Fortuny ha recordado que estos usuarios «están atendidos a través de otros sistemas de ayudas de la Generalitat», como el apoyo a la acogida residencial, las prestaciones a discapacitados y las subvenciones a programas de autonomía en la propia vivienda. Al aplazamiento hasta julio de 2015 del pago a los dependientes moderados, se suma el recorte del 15% en la prestación de los cuidadores familiares que el Estado decretó en paralelo.
Cuidador familiar
En Catalunya hay ahora 161.436 dependientes que se benefician de algún tipo de prestación o servicio, de los que 109.600 tienen un cuidador familiar, figura que desempeñan principalmente mujeres, por las cuales el Estado ha dejado de cotizar.
«Si una familia quiere cuidar a un dependiente no vamos a negarle esta opción, pero la figura está mutilada por los recortes estatales», ha lamentado Fortuny, que ha recordado que la Generalitat cuenta con programas propios de formación y apoyo a los cuidadores no profesionales.
Amade alerta de que el plus de transporte incluido en la base de cotización generará desempleo
La Asociación Madrileña de Asistencia a la Dependencia (Amade) alertó este jueves de que la cotización de las empresas a la Seguridad Social por el llamado plus de transporte generará desempleo en el sector de la dependencia, para el que la aplicación de la medida supondrá, solo en la comunidad madrileña, un gasto de más de siete millones de euros al año.
La aplicación del decreto que regula la cotización a la Seguridad Social por conceptos por los que hasta ahora no cotizaban las empresas conllevará para Amade un gasto de más de siete millones de euros al año, «teniendo en cuenta los ajustes que ya se han venido haciendo en los precios de plazas concertadas con la Administración y considerando que el 70% del gasto del sector es en personal», afirmó la entidad en un comunicado.
Según dijo, esta decisión del Gobierno «generará desempleo y podría suponer el cierre de muchas empresas ya agotadas financieramente tras largos años de crisis». Por todo esto, las patronales madrileñas han solicitado que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) «se oponga rotundamente a esta medida», dadas las «graves consecuencias» que podría suponer su puesta en práctica.
Bienestar Social reduce su deuda hasta los 60 millones de euros
Asunción Sánchez Zaplana
La Conselleria de Bienestar Social ha equilibrado sus cuentas de manera significativa en el último año, reduciendo su deuda en más de 500 millones de euros. Así, según fuentes del Área que lidera Asunción Sánchez Zaplana, solo quedan pendientes de abonar unos 60 millones de euros a las residencias de mayores. El resto de las partidas están al día.
Precisamente, el pasado mes de noviembre, los centros para discapacitados cobraron 65 millones de euros. El resto de la deuda con el sector se saldó en diciembre, cuando llegó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Y es que desde que Sánchez Zaplana aterrizó en Bienestar Social su objetivo fue pagar las facturas pendientes, para lo que se reunió con cada uno de los representantes del sector. Además, estrechó las relaciones con la Conselleria de Hacienda, para priorizar los pagos a los colectivos afectados.
Cabe recordar que durante el mandato de su antecesor en el cargo, Jorge Cabré, los dependientes, discapacitados y demás asociaciones se manifestaban casi semanalmente. Algunos centros incluso se vieron obligados a cerrar por los impagos. Las sucesivas ayudas económicas del Gobierno central han ayudado en gran medida a solventar esta situación, aunque todavía están pendiente de pago algunas facturas de los centros subvencionados de atención a personas mayores.
La Comunidad de Madrid destina 70 millones a la atención de dependientes en la capital
El presidente de la Comunidad, Ignacio González, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella, han suscrito un convenio, por valor de 71 millones de euros, para la atención a las personas en situación de dependencia así como para la prevención y atención de familias y menores en riesgo o dificultad social en la ciudad de Madrid.
El Gobierno regional destina 70 millones de euros del importe total del convenio, con un incremento de 7 millones (casi un 10% más) con respecto al año anterior, y el Consistorio madrileño destina el millón restante. De esta manera, la Administración autonómica financia íntegramente los servicios del catálogo de dependencia relativos a Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Centros de Día y Residencias.
La Administración municipal aportará la plantilla de personal de la atención social primaria -con más de 600 trabajadores sociales más el correspondiente personal administrativo-, la red municipal de Centros de Día y Residencias municipales, el equipamiento de la atención social primaria del municipio integrada por 36 Centros, y los programas que contribuyen a la promoción de la autonomía personal e integración de personas en situación de dependencia.
El responsable del Gobierno regional ha destacado que tanto este convenio como los demás acuerdos con las entidades locales de la región son un claro reflejo del compromiso de la Comunidad con las políticas sociales. En este caso, “renovamos la estrecha colaboración y el trabajo conjunto” con el Ayuntamiento de Madrid que facilitará la atención de las personas en situación de dependencia en la capital, a través de los Centros de Día y Residencias así como la Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia.
Eliminación de duplicidades
El presidente regional ha incidido en que este convenio servirá para profundizar en la eliminación de duplicidades entre ambas administraciones y en un uso más eficaz de los servicios públicos, política en la que el Gobierno regional viene trabajando desde el inicio de la crisis con las corporaciones locales.
González ha remarcado, además, en el “esfuerzo sin precedentes” hecho por el Gobierno regional para impulsar los servicios públicos y la atención a los que más lo necesitan. Según ha explicado, “hoy la Comunidad destina el 90% de sus recursos al gasto social, “algo que no hace nadie en España. Porcentaje que hemos aumentado 17 puntos en los últimos años, ya que al inicio de la crisis dedicábamos a este capítulo el 73% de nuestro presupuesto”. Este año, el Ejecutivo autonómico dedica 1.303 millones de euros, 54 millones más que el año pasado, a Asuntos Sociales.
El convenio firmado por González y Botella incluye actuaciones de carácter preventivo y de atención para las familias en riesgo o dificultad social, especialmente para aquellas con menores a su cargo. Además, se contemplan las iniciativas de prevención, atención y reinserción para la protección social de menores en situación de vulnerabilidad como el Servicio de Educación Social y la colaboración a través de los Centros de Atención a la Infancia. En lo referente a la financiación de los programas para menores y familias se destinará 2 millones aportados por la Comunidad y el Ayuntamiento a partes iguales.
AERTE solicitará una reunión de urgencia con Manuel Escolano para solventar la crítica situación del sector de la dependencia
Medidas de urgencia: plan de pagos serio, liquidar la deuda acumulada y resolver los más de 13.000 expedientes paralizados de personas con dependencia.
Copago: Aerte encuentra necesario tratar a todos los dependientes por igual. Propone una reevaluación de la situación de las personas con discapacidad, pero también de los mayores que ya vienen abonando desde hace un año el aumento del copago al 90%, incluso hay alrededor de 3.000 personas mayores que asumen más que ese porcentaje en residencias.
Ante el nombramiento del secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano, Aerte desea comunicar:
La Junta Directiva de Aerte quiere agradecer el interés y esfuerzo demostrado por Manuela García como secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, en un contexto extremadamente complejo, tanto en lo económico como en lo social. Quiere subrayar especialmente su disponibilidad y atención en todo momento para intentar encontrar soluciones a los múltiples frentes que afectan al sector de la dependencia, lamentando a su vez el escaso éxito conseguido y carecer del tiempo necesario para poder avanzar y llevar a cabo las reformas que necesita el sector.
La Junta Directiva de Aerte felicita a Manuel Escolano por su nombramiento como secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, poniéndose a su disposición para agilizar los trabajos y temas propuestos al departamento, dirigidos a dar una solución rápida a los diferentes problemas que afectan desde hace tiempo al sector y a colaborar de forma conjunta para impulsar soluciones sostenibles y de futuro que permitan mejorar de forma sustancial la asistencia a personas dependientes de una forma eficiente, alcanzando logros con una utilización óptima del presupuesto.
Para ello, solicitará esta semana una reunión de cara a retomar aquellos puntos más críticos para la supervivencia de la dependencia, como son:
– Elaborar un plan de pagos estable, equilibrado y equitativo con las empresas y centros de atención a personas dependientes para evitar más cierres a corto plazo. Cada mes de impago supone 15 millones de deuda.
– Agilizar el segundo tramo del FLA, de cara a solventar la deuda acumulada, situación insólita en otras comunidades autónomas.
– Agilizar de forma prioritaria los más de 13.000 expedientes paralizados durante años de cara a que personas dependientes perciban las prestaciones que por Ley les corresponde.
Copago.
Con referencia al Copago. Aerte encuentra necesario tratar a todos los dependientes por igual. Propone una reevaluación de la situación de las personas con discapacidad, pero también de los mayores que ya vienen abonando desde hace un año el aumento del copago al 90%, incluso hay alrededor de 3.000 personas mayores que asumen más que ese porcentaje en residencias. Una situación, que hace que a la mayoría de ellos les supere con creces lo que tienen que pagar con respecto a sus ingresos mensuales, problema que ya ha sido denunciado por Aerte en varias ocasiones.
La Asociación tiene la esperanza de que el nuevo secretario autonómico entre con la energía y la capacidad de decisión necesarias para asumir cambios imprescindibles, y aplicar medidas que, sin embargo en otras CCAA ya se han aplicado, ante la insostenibilidad del formato actual que provoca desde hace años una situación caótica.
La lista de espera para la dependencia se reduce un 37,7%
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha emitido este martes un balance bianual del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que arroja un descenso del 37,7 por ciento desde enero de 2012 en la cifra de personas en lista de espera para recibir una prestación o servicio.
Según explica en un comunicado, más de 305.000 personas estaban a la espera de prestación dentro del modelo de dependencia a 1 de enero de 2012 frente a las 190.503 que se encontraban esperando en las mismas fechas de 2014, el número más bajo desde que empezara a funcionar el sistema. El 22% de estas personas son grandes dependientes.
El director general del IMSERSO, César Antón, afirma que «más de 190.000 personas en la lista de espera siguen siendo muchas, por lo que entre todas las administraciones hay que seguir trabajando para que la atención que reciban sea lo más ágil y eficiente posibles».
En paralelo, se ha producido un balance positivo en el número de nuevos usuarios. En concreto, al cierre de 2013 se contaban 15.255 beneficiarios más que cuando terminó 2011, compensadas las altas y las bajas.
Otro de los datos que ofrece el departamento que dirige Ana Mato tiene que ver con el empleo. El balance indica que el 56,7% de las prestaciones que se conceden actualmente ya van destinadas a financiar la asistencia en el sector de los servicios sociales, un 2% más que a 31 de diciembre de 2011, lo que ha repercutido en la creación de puestos de trabajo.
«Había 335.929 afiliaciones el 1 de enero de 2013. Doce meses después, se corrobora un aumento hasta las 342.147, es decir, 6.218 más en un año», explica Sanidad, para aclarar, no obstante, que en enero de 2012 el registro era negativo, por cuanto se sumaron más bajas de empleados, 1.771 trabajadores menos dentro del sector.
Antón considera que «el Sistema avanza ya hacia su sostenibilidad» y que «se ha iniciado un cambio de tendencia que hará de la Dependencia un sistema robusto, viable y ágil».
En este sentido, destaca las reformas aplicadas sobre el SAAD, como la que obliga desde el 1 de enero de este mes a las comunidades autónomas a certificar mensualmente y por escrito las variaciones registradas en el sistema y, anualmente, el uso que han dado a los fondos que reciben del Estado para dependencia.
Ensayan una nueva teleasistencia GPS para localizar a ancianos con Alzheimer
Más de 200 personas mayores de 75 años con enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Alzheimer, han comenzado a probar en Barcelona un nuevo dispositivo GPS de teleasistencia que ayuda a localizar a los ancianos en la calle en caso de pérdida o desorientación.
Este dispositivo lo ha presentado este jueves el alcalde de la ciudad, Xavier Trias, que ha hecho balance del servicio municipal de teleasistencia, que ha finalizado el 2013 con 67.414 usuarios, el 88% de ellos mayores de 75 años. El alcalde ha valorado como un «éxito» la instalación durante el 2013 de un total de 2.427 dispositivos.
Las principales novedades de cara al 2014 son el dispositivo GPS, que pretende ayudar a personas mayores con enfermedades neurodegenerativas en caso de pérdida o desorientación en la calle, y la tableta táctil Easy Tablet, que quiere poner en contacto a los familiares cuidadores de ancianos para que éstos puedan compartir información útil con otras personas en su misma situación.
De momento han distribuido en fase piloto 15 tabletas a cuidadores de personas dependientes, para evitar su aislamiento social. En cuanto a los GPS individuales, ya hay operativos 218, de los cuales 207 han sido subvencionados por el Ayuntamiento de Barcelona porque los ingresos mensuales de los beneficiarios son inferiores a 850 euros.
Además, se han comenzado a incorporar nuevos servicios de teleasistencia: cuatro dispositivos periféricos que permiten detectar posibles fugas de gas butano y natural, de humo y fuego; controlar la apertura de puertas, y controlar la movilidad de un usuario, respectivamente.
Inversión en solitario
La inversión realizada por el Ayuntamiento en materia de teleasistencia ha sido de 20 millones de euros, el 100%, pues desde el año pasado el consistorio ha dejado de contar con el 37% que hasta entonces aportaba el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). «Nuestra principal obsesión es la atención a las personas», ha explicado Xavier Trias, que ha destacado la importancia de impulsar un modelo de ciudad que «lidere en nuevas tecnologías siempre en pro de las personas».
Por su parte, la teniente de alcalde de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, Maite Fandos, ha señalado que «el gran éxito» del servicio de teleasistencia municipal es que permite que muchas personas mayores puedan vivir solas en casa. «Se trata de un servicio que beneficia no solo a la persona anciana, sino también a toda la familia», ha subrayado Maite Fandos, que ha añadido: «actualmente, Servicios Sociales no tiene lista de espera para ofrecer este tipo de servicio». La teniente de alcalde ha informado de que el 76% de los ancianos que tienen instalado en sus casas el equipo de teleasistencia son mujeres y que el 62% viven solos.
Dos llamadas al mes
Cada mes, el servicio de teleasistencia realiza 180.000 llamadas a sus usuarios, «como mínimo dos llamadas al mes a cada persona y otra para su aniversario, teniendo en cuenta que muchas de estas personas será la única llamada que recibirán en el día de su cumpleaños», ha señalado Maite Fandos. También se les llama en Navidad para desearles felices fiestas.
Por su parte, el centro de teleasistencia recibe 52.000 llamadas al mes, lo que significa una media de 1.800 llamadas al día, y realiza unas 1.876 visitas a domicilio al mes, «lo que supondría una media de 62 visitas presenciales al día», ha explicado Fandos.
Además, 159 emergencias son atendidas cada día y uno de los principales avances que se han logrado a lo largo del 2013 es «la reducción del tiempo de asistencia», ha recalcado Maite Fandos, ya que actualmente el servicio cuenta con cinco equipos móviles de emergencia -solo uno a principios del 2013-. «Ahora, nuestro principal objetivo es llegar al sitio de la urgencia, como máximo, en treinta minutos», ha subrayado la teniente de alcalde, que ha añadido que «la capacidad de reacción es muy importante en este tipo de situaciones». Otro de los objetivos alcanzados en el 2013 ha sido la disminución del tiempo en la instalación del servicio: «Antes tardábamos unos 3 meses en completar todo el proceso, ahora en 15 días ya lo podemos tener todo listo», ha concluido Maite Fandos.
El servicio de teleasistencia municipal es totalmente gratuito, está gestionado por Servicios Sociales y pueden beneficiarse de él todas aquellas personas mayores de 75 años -o, en algunos casos, menores con un certificado médico que lo avale- que lo soliciten y cuando un médico certifique que realmente lo necesitan.
Sin lista de espera
El servicio de teleasistencia del Ayuntamiento de Barcelona ya no cuenta con listas de espera y atiende a casi 68.000 usuarios frente a los 50.000 de hace dos años, han subrayado el alcalde, Xavier Trias, y la cuarta teniente de alcalde, Maite Fandos, durante su visita a las dependencias de Tunstall Televida, la empresa que gestiona este servicio.
Según el alcalde, el hecho de que Barcelona sea «la capital de los móviles» también se refleja en la universalización de prestaciones como la asistencia, una política pública que se impulsa pese a que se hayan reducido a cero el apoyo económico del Estado a este proyecto.
AERTE fortalecerá programas de formación continua durante este año para profesionales de sus centros
Con la colaboración del SERVEF, iniciará en breve diez cursos que suponen un total de 340 horas. Durante 2013 desarrolló más de 3.000 horas repartidas en más de 40 cursos dirigidos tanto a profesionales en asistencia sociosanitaria como a gerentes y gestores de centros.
La Asociación empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha planificado para este año nuevos programas formativos de carácter continuo, siguiendo con su objetivo de impulsar aún más la calidad en los servicios profesionales de atención residencial a las personas dependientes. Un amplio programa dirigido a los más de 13.000 profesionales que trabajan en sus más de 200 centros adheridos.
La Asociación, en colaboración con el SERVEF, iniciará en breve diez cursos que suponen un total de 340 horas. Cursos que trataran temas de máximo interés como: el trabajo en equipos interdisciplinares en el sector de la dependencia; la gestión de la farmacia y auxiliar de salud mental y toxicomanías; servicios básicos del centro residencia de día; tratamientos en el mayor con enfermedad crónica; planes de control e higiene en la industria alimentaria o protocolos, programas y procedimientos en residencias.
El curso relativo a la gestión de la farmacia y auxiliar de salud mental y toxicomanías, se inició el pasado mes de diciembre y tiene una duración de 90 horas. Aborda, entre otros temas: el marco conceptual de salud mental; los principales trastornos psíquicos, como por ejemplo, trastornos de ansiedad, de personalidad, en alimentación de afectividad; las distintas tipológicas de enfermos psicóticos y psiquiátricos; las normas de actuación en salud mental; las modalidades terapéuticas o los modelos de planteamiento, evaluación e intervención en la rehabilitación psicosocial.
Aerte desarrolló el pasado año más de 3.000 horas repartidas en más de 40 cursos, tanto a profesionales en asistencia sociosanitaria como a gerentes y gestores de centros.
Asistencia de 360 grados
La franquicia de centros de día Vitalia Barcelona y la empresa de atención sanitaria domiciliaria Saps han lanzado una servicio conjunto para ofrecer asistencia de 360 grados a personas de la tercera edad, las 24 horas, 365 días al año. La fórmula bautizada como In & Out 3600 combina la estancia de los mayores en el centro de día Vitalia del barrio barcelonés de Sarrià, donde reciben atención personalizada a través de diferentes actividades terapéuticas y talleres dedicados a la tercera edad, con asistencia por la noche en sus respectivos domicilios particulares. «Un servicio pionero en España que pretende cubrir las necesidades de muchas familias que tienen problemas para poder cuidar de las personas mayores que tienen a su cargo por las noches, durante los fines de semana o los periodos vacacionales», dice Bruno Sanllehí, gerente de la franquicia Vitalia para Catalunya.
El coste mensual del nuevo servicio, que es totalmente adaptable a las necesidades de agenda de cada familia, oscila entre los 1.200 y los 2.500 euros. «Un precio muy razonable si lo comparamos con el de una residencia de personas mayores que aún sería más elevado, y con la diferencia de que las personas siguen viviendo en su casa, y están continuamente realizando actividades que les estimulan», añade Borja Cumella, director de Saps.
El directivo afirma además que las familias reciben un seguimiento exhaustivo del servicio, que posee una plantilla inicial de 50 profesionales sanitarios. «Actualmente contamos ya con más de una decena de personas que han contratado el servicio y muchas otras que se han interesado por él», comenta Sanllehí.
El perfil de los clientes a los que se dirige In & Out 3600 son familias de un poder adquisitivo medio-alto, residentes en el área metropolitana de Barcelona, que tienen familiares a su cargo de unos 70 años en adelante.
Por el momento, el servicio se testeará en Catalunya y, en función de su éxito, se exportará a otros puntos de la geografía española durante el 2015. Vitalia es la primera red de franquicias de centros de día en España que aplica el método Hofmann y cuenta con 23 centros repartidos España y recientemente ha iniciado su expansión internacional en países como Brasil y México.
Por su parte, Saps ofrece servicios de atención sanitaria a domicilio a personas de todas las edades desde el año 2009.
Ambas empresas estiman ofrecer el servicio In & Out 3600 a más de un centenar de usuarios durante el 2014 y facturar dos millones de euros.
Más de 9.300 cuidadores dejan de cotizar por los recortes en dependencia
Los recortes en materia de dependencia se han llevado por delante las cotizaciones de más de 9.300 cuidadores no profesionales en la provincia. La decisión del Gobierno hace poco más de un año de dejar de financiar las cuotas de estas personas, en su mayoría mujeres, ha provocado que vuelvan a engrosar las listas del paro. Así, las últimas estadísticas disponibles del Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestran que a fecha de 30 de noviembre de 2013 sólo había 732 cuidadores afiliados en Málaga, frente a los 10.131 que estaban dados de alta en octubre del año anterior, justo antes de que entrara en vigor la medida del Ejecutivo.
Esto supone que apenas el 7% siguen cotizando para poder cobrar una pensión en un futuro, haciéndolo de su propio bolsillo. Al suprimirse el régimen especial de cuidadores no profesionales en la Seguridad Social, la Administración del Estado ‘invitó’ a los afectados a costearse sus cotizaciones extinguiéndose así el convenio especial suscrito en 2007 para que los cuidadores no profesionales pudieran regularizar su actividad. Durante los primeros meses, hasta final de 2012, se bonificaron las cuotas de quienes decidieran seguir afiliados, con un descuento del 15%.
Pero son pocos los que pueden hacer frente al pago de las cotizaciones, que ascienden a 163,04 euros al mes, máxime cuando la reforma de la Ley de Dependencia de 2012 -Real Decreto 20/2012, de 13 de julio- estipuló además un recorte del 15% en las prestaciones que venían recibiendo. El hecho de que una persona deje de cotizar a la Seguridad Social no significa que no pueda continuar como cuidadora no profesional a efectos de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Esta cantidad, que reciben más de 20.000 personas y que rondaba los 370 euros al mes, se vio reducida en unos 55.
Cobrar una pensión
La figura del cuidador no profesional es una de los recursos que la ley reconoce a los dependientes y su valor reside en que se trata de una persona cercana al enfermo o anciano que posibilita que su vida diaria se desarrolle en casa. Aunque hay más de 20.000 en la provincia, solo han llegado a estar afiliados en el régimen especial aproximadamente la mitad porque el resto ya cotiza por otros trabajos o bien están jubilados, como explica el presidente de la Asociación Española de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, que señala que los 732 cuidadores que continúan afiliados -654 mujeres y 78 hombres- lo hacen en su mayoría «porque necesitan cotizar para garantizarse una pensión al estar cercana su jubilación».
Para este especialista, la expulsión de la Seguridad Social de la mayor parte de los cuidadores al no costear el Gobierno sus cotizaciones supone «la pérdida de un derecho subjetivo». Además, a su entender, «desde la perspectiva feminista se trunca un estatus reconocido a las mujeres en 2007». «Las políticas sociales no son políticas de género, pero las mejores políticas de género son las políticas sociales», señala. «Para el Gobierno supone un ahorro, pero es un recorte de mil millones de euros al dejar de pagar las cotizaciones y fastidiar a las mujeres», denuncia Ramírez.
A nivel nacional se han perdido más de 154.000 cotizantes desde la entrada en vigor de la medida que suprime el pago de las cuotas por parte de la Administración. Tras Madrid (881) y Barcelona (2.038), Málaga es la provincia con más personas afiliadas como cuidadores en el ámbito familiar, aunque esta cantidad cae mes a mes desde noviembre de 2012.
Una dependiente de 84 años denuncia al Consell por «quedarse» su pensión y la extra
Felisa Trampal Navarro, residente del geriátrico público de Torrevieja, ha decidido pasar de la protesta a la acción. Con la ayuda de UGT, acaba de presentar un recurso de alzada contra la decisión de la Dirección General de Personas con Discapacidad y Dependencia de la Conselleria de Bienestar Social de «llevarse» las pagas extraordinarias de los mayores que tienen plaza en una residencia pública. Una decisión que la Generalitat justifica en la necesidad de establecer un copago de los servicios públicos, pero que supone un auténtico mazazo para un sector de población que ya vive asfixiado por otros recortes. Los usuarios de residencias públicas ya empleaban antes de esta decisión la mayor parte de su pensión en pagar la plaza.
Con la meridiana lucidez que le da una experiencia de 84 años, Felisa explica que llevará su oposición a esta medida hasta «donde sea». Como ella dice, «a estas alturas de mi vida no le tengo miedo a nada», así que ha decidido dar orden al banco de devolver uno de los dos recibos que en junio le pida la residencia, «…y luego, Dios dirá«. Cerca de 11.500 personas en la Comunidad reciben una prestación residencial. La medida les afecta a todos en el caso de las pagas extra y en distintos grados en la pensión mensual. Bienestar Social «se come» hasta el 90% de las más altas y deja más margen a las más reducidas. La afectada critica el «lenguaje vacío de políticos y Conselleria que temen hablar con claridad, de ahí que hayan estado un año con rumores y sin que se aclarara nada» hasta recibir notificación escrita el 16 de diciembre. Pero cansada de protestas testimoniales, Felisa decidió plantarse entonces en UGT y recurrir.
La Generalitat valenciana abona 13 de los 25 millones de deuda acumulada que Bienestar Social se comprometió a pagar en Navidad
La deuda acumulada de la Administración valenciana con el sector asciende a 80 millones de euros.
La Administración autonómica ha abonado, a través del mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), 13 de los 25 millones de euros de deuda acumulada que la Conselleria de Bienestar Social se había comprometido con AERTE a pagar entre el 30 de diciembre de 2013 y el 2 de enero de 2014.
Según las primeras estimaciones realizadas por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, estos trece millones contabilizados hasta el momento corresponden a:
– Del programa Bono-residencias, 4 millones de euros aproximadamente.
– De Gestiones Integrales, servicios públicos de gestión privada, se ha abonado 1,5 millones aproximadamente, sólo de atención a personas con discapacidad.
– Respecto a las Prestaciones Vinculadas al Servicio, se ha abonado algo más de 3 millones de euros.
– De plazas concertadas unos 4,5 millones de euros.
María José Mira, directora general de AERTE “aunque es puntual e insuficiente, valoramos positivamente esta inyección extraordinaria del FLA que supone un pequeño respiro para algunos centros, no para todos, ante la asfixiante situación por la que atraviesan fruto de la deuda acumulada que mantiene la Administración valenciana desde hace años”. Aunque se ha abonado esta cantidad, a día de hoy la deuda acumulada que mantiene el Gobierno valenciano con el sector se eleva a más de 80 millones de euros.
Mira ha puntualizado, “la mayoría de los centros soportan una tremenda carga de deuda por parte del Gobierno valenciano y total falta de liquidez desde hace demasiado tiempo. Hay centros y servicios que todavía no han percibido nada desde octubre de 2012. La consecuencia directa es la imposibilidad de hacer frente a gastos diarios y al pago a trabajadores profesionales, lo que hace peligrar su continuidad a corto plazo”.
Por ello, AERTE insiste de forma reiterada en pedir a la Generalitat Valencianaun plan de pagos para este año, que huya de la asimetría y el incumplimiento, así como agilizar cuanto antes el abono del segundo tramo del FLA, que solucionaría la deuda anterior a mayo de 2013.
De este modo, desde la asociación se quiere evitar a toda costa cierres, impagos a los trabajadores y despidos, que perjudique al conjunto del sistema de atención sociosanitaria a la dependencia de la Comunidad Valenciana. Cada mes de impago por parte de la Administración genera más de 15 millones de deuda al sector.
El copago ahoga a más de 3.000 discapacitados y ancianos de Castellón
Más de 3.000 discapacitados y personas mayores de la provincia de Castellón están en pie de guerra contra el copago que la Conselleria de Bienestar Social tiene previsto aplicar desde este mismo mes de enero. Una nueva tasa que, en el caso de los discapacitados, llega hasta a quintuplicar la aportación que ya venían realizando y que en la mayoría de los casos les deja casi sin recursos propios, ya que supone el 90% de su renta personal.
La situación es “dramática”, según denuncian de forma unánime los 15 colectivos de discapacitados de la provincia a los que afecta el copago, ya que auguran que muchos de los 1.500 usuarios a los que perjudica no podrán hacer frente a la nueva cuantía y se darán de baja del servicio. Tanto es así que desde hoy mismo afectados y familiares empezarán a presentar en la Delegación Territorial de Bienestar Social en Castellón un “aluvión” de recursos de alzada con el objetivo de que la Conselleria escuche sus demandas y anule esta medida, que además contempla 14 mensualidades en vez de 12. De momento, el departamento de Asunción Sánchez Zaplana guarda silencio y declina pronunciarse.
Y es que hay casos en los que un discapacitado que hasta ahora abonaba 400 euros al mes por una plaza de residencia deberá pagar 1.800 euros al mes. Además, asociaciones como Afanías, Aspropace, Síndrome de Down o Frater han detectado “graves” errores en el cálculo realizado por Bienestar Social, por eso llaman a las familias a recurrir.
SOLIDARIDAD // “En Afanías van a presentar recurso casi todos los usuarios -hay 160 personas- hasta aquellos a los que les sale a pagar cero por solidaridad con el resto”, aseguró ayer el presidente de esta asociación de discapacitados intelectuales, Juan Bru.
Al revisar las distintas notificaciones de copago, las asociaciones han advertido que aquellas personas discapacitadas más golpeadas por el nuevo copago son las que perciben una pensión por orfandad, así como las que cuentan con algún inmueble a su nombre o dinero a plazo fijo, que su familia les ha previsto de cara a un futuro. “Es injusto que alguien que ha perdido a su progenitor, que era quien sustentaba la economía familiar, vea ahora cómo sufre un mayor copago al contabilizar esta pensión como renta”, denuncia la gerente de la Fundación Síndrome de Down de Castellón, Mar Tirado.
De igual modo la gerente de Aspropace, María Dolores Tirado, califica de “injusto” que la Conselleria tenga en cuenta este tipo de pensión a la hora de calcular el copago de cada usuario.
“Es muy duro pasar de tener cierta autonomía, como ocurría hasta ahora, a tener casi que pedir limosna, porque hay usuarios a los que solo les quedarán poco más de 100 euros al mes para sus necesidades”, criticó la directora de la residencia de Frater Castellón, Rosa Gual.
RECAUDADORES // Sin duda, uno de los aspectos que más preocupa a los colectivos que dan voz a los discapacitados es el hecho de que se van a convertir en entidades recaudadoras, ya que serán ellas las que deberán cobrar a los usuarios y sus familias el nuevo copago. Esta cantidad será la que la Conselleria de Bienestar Social les restará de las subvención anual que reciben. “Nos va a tocar perseguir a la gente para que pague y, cobremos o no, nos lo van a descontar de la subvención”, denunció el presidente de Afanías.
TERCERA EDAD // El nuevo copago también afecta a entre 1.500 y 2.000 personas mayores que se encuentran en residencias de mayores de la provincia de Castellón ocupando plazas públicas o concertadas, según cálculos del sindicato CCOO. Así, según expresó su portavoz, Encarna Barragán, pasarán a pagar 14 mensualidades en lugar de las 12 actuales, además de sus pensiones les quedará menos dinero porque ha cambiado el sistema de cálculo.
En este sentido, Barragán denuncia que a los ancianos les van a dejar con 100 euros al mes, “con lo cual no les va a llegar ni para pagar sus propias medicinas”. La patronal de las residencias de mayores, Aerte, teme que el aumento de las cuantías lleve a los usuarios a dejar los centros, “ya que las familias no pueden tampoco pagar este incremento”.
El servicio ‘+60’ mejora la calidad de vida de ancianos con respuesta rápida en caso de accidente doméstico
El servicio de emergencia personal ‘+60’, de la compañía de teleasistencia Tunstall Televida, pretende buscar mejorar la calidad de vida de las personas mayores poniéndoles en contacto en poco tiempo con cualquier profesional de la compañía, con un familiar o servicio de emergencia en caso de que la persona haya sufrido un accidente en su casa.
‘+60’ contiene un pequeño terminal de alarma conectado con la línea telefónica y un pulsador integrado en un collar, pulsera o llavero que permite poner en contacto al usuario con la central de asistencia de la compañía todos los días del año a cualquier hora. En el caso de que una persona de avanzada edad haya sufrido un accidente en su casa, la velocidad de respuesta es un aspecto «fundamental» para garantizar la seguridad de esta parte de la población.
De este modo, el sistema ofrece más seguridad a los ancianos que se encuentran solos en sus casas. En España, cada 30 segundos se produce un accidente doméstico, de los cuales el 80 por ciento son producidos por caídas, principalmente en el baño o en la cocina, según Tunstall Televida.
Este tipo de accidentes pueden estar causados por una mala iluminación de algunas zonas del hogar, alfombras, presencia de humedad o grasas, la utilización de productos de limpieza resbaladizos o falta de agarraderas en la ducha, señalan. Además, también apuntan que las caídas pueden ser propiciadas por pequeños despistes y a la falsa seguridad de un entorno conocido.
El servicio ‘+60’ resulta útil también al conocer que las personas mayores viven actualmente hasta los 80 ó 90 años y buscan ser más activas, tener una mejor salud y tener una mayor independencia, indica Tunstall Televida.
Madrid, asuntos sociales asegura que está al día con la ley de dependencia
El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, aseguró este lunes que la región está al día con la Ley de Dependencia y dijo que Madrid cree en la ley y en el espíritu de la ley.
La Comunidad de Madrid emitió un total de 4.260 nuevos dictámenes sobre personas en solicitud de situación de dependencia entre mayo y diciembre de 2013, pasando de 167.854 expedientes en mayo a 172.114 a 1 de diciembre del año pasado, según datos del Sistema Nacional de Dependencia publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En un acto que se celebró hoy en la residencia de mayores Goya, el consejero valoró los datos publicados y subrayó que Madrid está a la cabeza de la prestación de servicios de la cartera de servicios de la Ley de Dependencia.
En este sentido, manifestó que siempre hemos dicho y seguiremos diciendo que la Comunidad de Madrid cree en la ley y en el espíritu de la ley y aseguró que la región está totalmente al día con la dependencia.
Asimismo, explicó que hemos hecho un gran esfuerzo y hemos simplificado el procedimiento administrativo de tal manera que con un solo acto valoramos y damos el PIA (programa individual de atención) y destacó que hemos hecho una encomienda de gestión a los ayuntamientos para que sean ellos mismos quienes realicen el informe social y el baremo de la dependencia de cada usuario para facilitar el proceso.
El Consell renueva las 2.000 plazas a geriátricos impulsados por Cotino
La historia se repite. Los beneficios que otorga la Conselleria de Bienestar Social a los geriátricos impulsados por el presidente de las Cortes, Juan Cotino, siguen año tras año. Los motivos no están claros, no se sabe si se debe al continuismo de la política del Consell o la ‘alargada sombra’ o poder del presidente de las Cortes.
Sea por un motivo o por otro, y a pesar de las quejas del sector, las 2.000 plazas que el pasado año concertó la Conselleria de Bienestar Social a las residencias del modelo Cotino serán renovadas en los próximos días para darles continuidad en 2014.
La Conselleria ubicada en el complejo 9 d’Octubre ya tiene preparada una orden para mantener el concierto al grupo de geriátricos que disponen de plazas de accesibilidad, entre las que se hallan las quehan pertenecido al sobrino del político valenciano, Vicente Cotino Escribá: Gerocentros y Savia. En concreto, este grupo de residencias consolida el segundo tercio de las plazas de que ya disfrutaba y amplía su concierto con 2.000 plazas que se suman a las 2.000 que ya tenía desde 2001.
Con lo cual los geriátricos AECAS -9 empresas- mejoran su situación al pasar a tener un total de 4.000 plazas concertadas, que son las primeras que se cubren cuando exista demanda de la población y las que primero cobran, para colmo del resto de residencias que no disponen de estos privilegios.
El hecho de que se vuelva a concertar las plazas a los centros del ‘modelo Cotino’ ha generado la consiguiente sorpresa y malestar en el resto de geriátricos porque el equipo actual de Bienestar Social -tanto la consellera Asunción Sánchez Zaplana, como la secretaria autonómica Nela García– habían dado esperanzas de no beneficiar sólo a 9 empresas.
De hecho, el ex conseller Jorge Cabré y el ex secretario autonómicoJoaquín Martínez rechazaron por escrito la ampliación de plazas para las residencias que estuvieron vinculadas a los Cotino ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De forma oficial, Bienestar Social se negaba a asumir el convenio que les permitía conseguir además del tercio de plazas del que ya disponen, que posteriormente recibieran los otros dos tercios restantes, hasta completar el 100% de las plazas. Desde Bienestar Social se argumentó que estos geriátricos no pueden beneficiar «un derecho de monopolio».
Estos geriátricos privilegiados habían consolidado el primer tercio de las plazas porque lo obtuvieron en 2001 y en repetidas ocasiones han reclamado a la Administración que cumpla con el convenio y les ceda el segundo y el tercer tercios, que les permitirían lograr 6.000 plazas.
No en vano, EL MUNDO denunció en mayo de 2010 que Juan Cotino benefició a las empresas de su familia al crear y poner en marcha varias normativas de gestión de residencias de la Tercera Edad que mejoraban sus condiciones de negocio mientras él era responsable de Bienestar Social, entre el 29 de junio de 2007 y el 28 de agosto de 2009. Con la orden del 5 de diciembre de 2007, Cotino amplió el número de plazas financiadas por la Conselleria que él dirigía. En aquella orden, el político de Xirivella eliminó la limitación contractual de un tercio que había en un principio y la amplió para que el grupo de residencias entre las que su familia había impulsado llegaran al 100% de las plazas existentes.
Esta trayectoria de mejoras para los geriátricos que promocionó Cotino se han venido repitiendo con contratos puntuales, pero desde el 31 de marzo de 2012 el contrato no se había renovado.
Por ello, llama la atención que Bienestar Social haya cambiado radicalmente sus argumentos y siga con condiciones más ventajosas para estas residencias a pesar de que había criticado que el convenio de 2001 se realizó «con reconocimiento expreso de la absoluta preferencia de estos centros para la cobertura de las plazas» y que «resulta inexplicable que se pida [por parte de los centros del modelo Cotino] la contratación de la totalidad de las plazas y se reconozca responsabilidad patrimonial».
Incluso, desde Bienestar Social se llegó a criticar que para aumentar el concierto se había forzado a que los geriátricos redujeran un 9% del precio de las plazas. De esta forma pasaron de cobrar 1.850 euros por paciente a 1.600 euros.
Desde la Administración también se recordó que se había consultado al resto del sector, a las asociaciones Aerte y Lares, para que mostraran su conformidad por carta sobre la ampliación de plazas concertadas a sólo un grupo de empresas. Una cuestión generó grancabreo a la mayoría de empresas porque consideran que han sido agraviadas frente a las impulsadas por la familia Cotino.
Este diario llamó a Bienestar Social para conocer el motivo de la renovación de la concertación de las plazas con las residencias impulsadas por el presidente de las Cortes pero, tras varios días de espera, no ha recibido respuesta.